1. Presentación
Al celebrar el Bicentenario de la República de
Costa Rica, el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y
Telecomunicaciones se complace en presentar la actualización de la Política
Nacional de Sociedad y Economía basadas en el Conocimiento (PNSEBC). Esta
política presenta una visión orientada a instituir procesos de vinculación y transformación
social y productiva, apoyados en el uso intensivo del conocimiento y el acceso
democrático a los beneficios de la ciencia, la innovación, la tecnología y las
telecomunicaciones.
La Estrategia Territorial Productiva para una
Economía Inclusiva y Descarbonizada 2020-2050, presentada por el Ministerio de
Planificación y Política Económica resume la visión liderada por el Presidente
Carlos Alvarado Quesada hacia una economía costarricense descentralizada,
digitalizada y descarbonizada. Dicha
Estrategia aporta valiosos insumos sobre la situación actual, las fortalezas y
el potencial de cada región y su puesta en marcha depende en buena parte del
conocimiento científico y tecnológico desde la investigación, la transferencia
tecnológica y la innovación, así como las condiciones habilitadoras requeridas
en material de telecomunicaciones. En este contexto, esta actualización de la
PNSEBC resulta sumamente oportuna como fundamento orientador para el sector de
ciencia, tecnología, innovación y telecomunicaciones y para las siguientes
formulaciones del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Plan
Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones.
El fortalecimiento del talento
científico-tecnológico en todos los niveles de formación y la alfabetización
digital universal, resultan elementos indispensables para una sociedad y
economía basadas en el conocimiento, y así se reconoce y aborda en la PNSEBC.
La transformación digital del país requiere tanto de una base de talento
especializado, como de capacidades y habilidades tecnológicas básicas
universales en la población para el aprovechamiento estratégico de las
tecnologías y servicios digitales y el ejercicio autónomo de derechos
fundamentales tales como la educación, el trabajo, la salud, la libertad de
expresión y el derecho a la información. Costa Rica requiere continuar
cultivando talento avanzado como elemento transformador de la realidad que
lleve a nuestro país a mejores niveles de competitividad por medio de la
investigación, la innovación y el desarrollo y transferencia tecnológica, la
creación de nuevas empresas de base tecnológica, la resolución de problemas
nacionales.
Tecnologías transversales como las Tecnologías
de Información y Comunicación, la Bioeconomía y Economía Circular, la Salud y
Ciencias de la Vida, aprovechan las ventajas nacionales y territoriales y
fomentan esta articulación de actores, desde la perspectiva inter, multi y
transdisciplinaria, así como la atracción de inversión extranjera directa, el
estímulo al sector productivo nacional y el encadenamiento productivo. Sin embargo, además del conocimiento, la
posibilidad de lograr un desarrollo justo, solidario y sostenible reside en
gran parte en la capacidad de trabajo conjunto de los sectores de ciencia,
innovación, tecnología y telecomunicaciones, donde la articulación de los
actores públicos, privados, académicos y de sociedad civil; se promueve gracias
a la reforma del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el
fortalecimiento de la rectoría de MICITT y la creación de la Promotora
Costarricense de Innovación e Investigación, y esta Política Nacional de
Sociedad y Economía basadas en el Conocimiento, en busca del mayor bien para
todos los habitantes de nuestro país.
Dr.-Ing.
Paola Vega Castillo
Ministra
2.
Introducción
La ciencia, la tecnología, la innovación y las
telecomunicaciones son herramientas que ayudan al ser humano a desenvolverse de
una mejor forma en su entorno, además de contribuir con la solución de
problemas y necesidades actuales de la sociedad. Estas herramientas aportan un
alto valor agregado como catalizadores para el incremento de la productividad y
desarrollo económico de los países, y, por ende, el bienestar de las personas.
En el escenario mundial, actualmente, el aporte
de estos catalizadores es aún más significativo, si se considera que la
automatización, el uso de tecnologías disruptivas, la integración de formas
innovadoras de crear y compartir conocimiento, así como las nuevas maneras de
intercambiar bienes y servicios; vienen marcando la pauta y reorganizando las
interrelaciones sociales a nivel nacional y global. Paralelamente, deben
aumentarse los esfuerzos por combatir la creciente desigualdad, la pobreza y la
de gradación del medioambiente, que se están agudizando drásticamente con los
efectos del cambio climático.
Ante esta situación, resulta fundamental que
las personas puedan contar con las destrezas, conocimientos y habilidades
necesarios para orientar, en pro del bienestar general, el desarrollo de
sociedades y economías, cuyas herramientas transversales sean la ciencia, la
tecnología, la innovación y las telecomunicaciones, para convertirlas en
instrumentos para resolver problemas, atender las necesidades de las personas y
alcanzar un desarrollo armónico, justo y sostenible. Para ello se requiere
implementar mejoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje, innovar en los
procesos sociales y productivos, fortalecer la construcción y gestión del
conocimiento, así como el fortalecimiento y ampliación de las interacciones
productivas y, por supuesto, disponer de redes de telecomunicaciones robustas,
seguras y resilientes, todo ello con miras a la consolidación del desarrollo
humano sostenible en el país.
En este sentido, las sociedades con altos
niveles de desarrollo han perseguido su renovación a partir de las revoluciones
industriales basadas en sociedades de conocimiento que impulsan la
productividad nacional, promueven el crecimiento económico, fomentan la participación
social, fortalezcan la cultura y buscan la armonía con el medio ambiente a
través de la generación del conocimiento y la implementación del desarrollo
tecnológico (OCDE, 1996, p.1-46).
La sociedad de información, aquella para la
cuales esencial la producción, procesamiento y distribución de la información y
que fue dominante en décadas anteriores, ha dado paso a la sociedad del
conocimiento, señalada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como una aspiración de las sociedades que no
atienden solo al crecimiento económico, sino también al desarrollo y
empoderamiento de todos los sectores sociales (Genta, 2008). En tales
sociedades, el acceso equitativo al conocimiento se considera un derecho
humano. Asimismo, el ejercicio de este derecho puede ser facilitado por las
tecnologías digitales, estas permiten codificar una gran parte del conocimiento
para ser transmitido y compartido por muchos simultáneamente a través de largas
distancias ya bajo costo.
Peter Drucker (1993) señala que "la
sociedad post-capitalista necesita una teoría económica que coloque el
conocimiento en el centro de la producción de la riqueza, pues en la sociedad
de la información el recurso básico sería el saber". Además, Castells
(1998) "visualizó estas sociedades en red, como aquellas con un desarrollo
social y económico basado en procesos de compartir el conocimiento de las
personas para crear valor e innovaciones que se traduzcan en productos,
servicios y bienestar para el ciudadano."
Consecuentemente, como se indica en la primera
versión de la Política Nacional de Sociedad y Economía Basadas en el
Conocimiento (PNSEBC) (2017):
La economía de una
sociedad del conocimiento está diseñada para maximizar el bienestar a través de la
producción, distribución y uso de todos los tipos del conocimiento y es
intensiva en la formación de talento humano con las destrezas apropiadas para
llevar a cabo estos procesos. Su objetivo final es el desarrollo inclusivo y
sostenible, considerando tanto el bienestar social como ambiental. En dicha
sociedad, todos los potenciales beneficiarios juegan un rol primordial, ya que
identifican las necesidades actuales de la sociedad y posteriormente las
comunican, orientando el uso del conocimiento científico-tecnológico que
brindará solución a tales retos (MICITT, 2017a, p.8).
En ese contexto, la PNSEBC busca, a partir de
una construcción participativa y consensuada con actores de la sociedad civil,
el sector privado y la academia; articular los esfuerzos del país en una visión
de largo plazo, con respecto al progreso científico-tecnológico, así como su
impacto económico, social y ambiental.
La PNSEBC se construye a partir de cuatro áreas
estratégicas, las cuales son vinculantes para el desarrollo de nuestro país:
Generación de conocimiento, Talento humano, Innovación transformadora y
Transformación digital. Esta última tiene dos subáreas: Gobernanza para el
Gobierno Digital y Digitalización Inclusiva; sobre estas áreas se deberán
articular acciones que permitan a todas las personas el acceso a los avances
científicos y tecnológicos del país, a través de procesos sólidos de innovación
y tomando ventaja de la utilización de las redes de telecomunicaciones para
promover la disminución de la brecha digital.
Esta política se fundamenta en las
posibilidades que brinda el desarrollo científico-tecnológico para mejorar la
productividad a través de un talento humano capaz de implementar la innovación
e impulsarla competitividad.
Es así como se orientan las acciones necesarias
para que el desarrollo científico-tecnológico y las telecomunicaciones aporten
al país desde una perspectiva integral, y con una visión compartida con la
sociedad, al desarrollo sostenible del territorio, el crecimiento económico, la
movilidad social y la inclusión.
3.
Metodología
En aras de captar la mayor cantidad de aportes
e incluir en la medida de lo posible, los planteamientos y recomendaciones de
los diferentes actores, se estableció una metodología de consulta transparente
y significativa, en cumplimiento con los tres requerimientos básicos, para
generar consultas públicas de calidad (Cerna, 2018):
1.
Inclusión y diálogo: las consultas deben
reflejar una relación equitativa entre las personas participantes, basada en la
inclusión y la no discriminación.
2.
Transparencia y acceso a la información: la información clara y
concisa sobre los alcances de las consultas, y los aspectos que están sujetos a
discusión es clave para el éxito y la sostenibilidad de la Política.
3.
Acuerdos y proceso continuo de consulta: asegurar el
involucramiento constante y bidireccional con todas las partes sobre los
acuerdos generados y los compromisos sustentables; le otorga legitimidad al
proceso y promueve el involucramiento de los sectores en la fase de la
implementación.
Por otra parte, el Ministerio de Planificación
Nacional y Política Económica (MIDEPLAN, 2016a) indica que, para determinar los
problemas, temas prioritarios y experiencias en procesos de diálogo y
concertación, es indispensable definir objetivos, acciones y metas claras de la
intervención pública, lo cual permitirá un diseño de política que prevé las
necesidades general es de la población y su consecuente calidad de la política
pública.
Desde el Ministerio de Ciencia, Innovación,
Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), se desarrolló un proceso de revisión
de las estadísticas e indicadores nacionales e internacionales de las materias
de interés, los resultados de las intervenciones públicas realizadas en los
últimos cinco años, estudios y tendencias sobre las áreas estratégicas, entre
otros, esto constituyó la base para determinar el problema público por resolver
y construir una propuesta inicial de trabajo que incluyó objetivos, ejes y
áreas estratégicas.
Seguidamente, se definió una metodología para
realizar el proceso de consulta abierta y participativa, la cual fue validada
por el grupo de actores identificados para este proceso (instituciones públicas
del sector, organizaciones privadas, personas expertas en cada una de las áreas
estratégicas) del Sector de Ciencia, Tecnología, Telecomunicaciones y
Gobernanza Digital (STTGD).
El proceso de consulta se llevó a cabo en dos
fases. La primera consistió en un taller de trabajo para la discusión de las
orientaciones de las áreas estratégicas definidas: Talento humano, Generación
del conocimiento, Innovación transformadora, Transformación digital: Gobernanza
para el Gobierno Digital y Digitalización Inclusiva. El resultado de estas
sesiones fue la descripción del estado actual de cada área estratégica, los
retos y la identificación de posibles soluciones.
Se elaboró un documento con la sistematización
de los talleres participativos y del proceso de consulta, del cual surge la
propuesta de política que fue sometida a consulta pública, constituyéndose en
la segunda fase. Las observaciones recibidas fueron incluidas y se realizaron
los ajustes pertinentes al documento de la política.
4. Estado de situación
4.1 Marco Estratégico Internacional
La Organización de las Naciones Unidas (ONU)
aprobó la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible en el 2015, en la cual se definieron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que abarcan un amplio espectro de temas;
estos, en conjunto, buscan mejorar la calidad de vida de las personas. Para
ello, se han establecido metas referidas a la erradicación de la pobreza, el
acceso a la educación, el combate al cambio climático, la igualdad de la mujer,
el diseño de nuestras ciudades, y la necesidad del fortalecimiento de los
medios de ejecución y revitalización de la alianza mundial para el desarrollo
sostenible, entre otros.
Esta agenda visualiza la ciencia, la
tecnología, la innovación y el acceso a tecnologías digitales como elementos
habilitadores para el cumplimiento de los ODS, mediante el desarrollo de nuevas
y mejores vías para satisfacer las necesidades de la humanidad y empoderar a
las personas para liderar su propio futuro. Al respecto, Giovannini et al (2015)
destacan que alcanzar estos objetivos implica que las personas hagan suyo el
conocimiento, implementen innovaciones y hagan un uso equitativo y racional de
los recursos ambientales disponibles.
La Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico (OCDE, 2021) señala a la ciencia y la innovación como esenciales para
hacer la transición hacia sociedades más sostenibles, equitativas y
resilientes, por lo que las políticas de ciencia, tecnología e innovación (CTI)
deben ajustarse para abordar esos desafíos a largo plazo. Tras la pandemia de
COVID-19, los sistemas de investigación e innovación respondieron a las
necesidades de la población, se aumentaron las colaboraciones nacionales
(alianzas públicoprivadas) e internacionales, se incrementó el uso de
herramientas digitales y se propició una mayor participación de grupos
multidisciplinarios. No obstante, se evidenciaron las limitaciones de dichos
sistemas, razón por la cual surge la propuesta de replantear las políticas de
CTI para enfrentarlas.
Igualmente, la OCDE señala algunos retos para
las políticas de CTI, tales como orientar los esfuerzos de innovación hacia
áreas donde más se necesitan, aunado al apoyo que el gobierno brinde a la
investigación e innovación en las empresas; generar investigación
transdisciplinaria la cual involucre a diferentes disciplinas y sectores con el
fin de abordar desafíos complejos (esto implica ajustar las normas e
instituciones del sistema científico);apoyar tecnologías emergentes que cuenten
con el enfoque de innovación responsable (que anticipa problemas en el
desarrollo de la innovación y dirige la tecnología hacia los mejores
resultados) e incluir a las partes interesadas en las primeras etapas del
proceso de innovación; también, es necesario promover la formación de
doctorados y posdoctorados en diversas profesiones, así como generar
profesionales e investigadores expertos en temas digitales.
Adicionalmente, los gobiernos deben generar
confianza y definir valores comunes que garanticen la igualdad de condiciones
en la cooperación científica y una distribución equitativa de sus beneficios,
así como renovar sus estructuras políticas y sus capacidades con el fin de
cumplir con una agenda de políticas de CTI más ambiciosa, desarrollar políticas
resilientes y ágiles, adquirir capacidades dinámicas (adaptarse y aprender en
entornos que cambian rápidamente), involucrar en la formulación de políticas a
las partes interesadas y a las personas ciudadanas, así como evaluar sus
políticas de CTI con el fin de mejorarlas.
La recuperación económica, tras la pandemia
provocada por el COVID-19, exige una transformación inclusiva y sostenible, que
pueda brindar crecimiento económico y satisfacer las necesidades de la sociedad
y el medioambiente (WEF, 2020). Para ello, se propone la promoción de los
"mercados del mañana" donde existe una combinación de innovación
tecnológica y socio institucional de vanguardia, con el objetivo no solo de
producir más y mejor, sino de establecer nuevos sistemas tecnológicos e
institucionales para resolver los problemas sociales más urgentes.
El desarrollo de estos mercados dependerá de
los avances de vanguardia en la innovación tecnológica, otros requerirán
estructuras sociales e institucionales radicalmente nuevas, otros seguirán siendo
una combinación de ambos. Siete son las condiciones que deben cumplirse para alcanzar la madurez de los mercados del
mañana, iniciando con inventar un nuevo producto que pueda producirse de forma
sostenible (invención), donde un conjunto de empresas pueden producirlo y
comercializarlo (producción); aunado a una demanda del producto que es
suficiente para mantenerlo en el mercado, por lo cual es comercialmente viable
(demanda), surgen estándares de mercado para el nuevo producto entre los
actores del ecosistema (estándares), la sociedad v alora el nuevo producto
(valor), y se cuenta con una estructura legal que permite identificar, mantener
e intercambiar el nuevo producto (codificación), así como la infraestructura
necesaria (física, digital, intangible) para intercambiar, distribuir y
almacenar el nuevo producto (infraestructura).
Este tipo de mercados pueden estar respaldados
por incentivos gubernamentales, inversión privada y colaboración
público-privada. Se considera que la creación de nuevos mercados ocurre cuando
un número suficiente de actores públicos y privados unen sus fuerzas, junto con
la sociedad civil y las instituciones de investigación. Los resultados sociales
óptimos de estos mercados se deben al diseño de formas justas y sostenibles de
producir y distribuir valor. Por otra parte, se considera que las instituciones
públicas desempeñan un rol clave en las alianzas público-privadas y en crear
las condiciones sistémicas para que surjan estos mercados. Finalmente, la
coordinación global y la colaboración entre industrias es necesaria para hacer
realidad los mercados del mañana.
En materia ambiental se han impulsado acciones
para la reducción de los efectos del cambio climático, siendo el Acuerdo de
París uno de los compromisos internacionales más robustos con metas y objetivos
que comprometen a los países más tecnificados a generar un cambio radical en
los modelos de producción, orientando el uso de energías más limpias; es decir,
se pretende que no se consuma la totalidad de recursos naturales, por cuanto
deben estar disponibles para las generaciones futuras.
Por otra parte, como resultado de la pandemia
generada por el COVID-19, la humanidad se ha visto en la necesidad de realizar
un uso más intensivo de las tecnologías digitales ante una "nueva
normalidad" que implica mantener las economías a flote, pero con menos
movilidad y reduciendo el contacto físico, lo cual representa un importante
desafío actual y en los años venideros.
Costa Rica ha desarrollado un amplio marco
normativo en materia de ciencia, tecnología, innovación, investigación y
telecomunicaciones, con ello se ha pretendido generar las condiciones
necesarias para que los distintos actores sociales, económicos y políticos del
país, a partir de la generación y aplicación de conocimiento; realicen un uso
intensivo de ese saber y la tecnología, con una visión de desarrollo de corto,
mediano y largo plazo económica, social y ambientalmente responsable.
Este marco normativo sustenta el trabajo del
Sector Ciencia, Tecnología, Telecomunicaciones y Gobernanza Digital (SCTTGD), y
en especial del MICITT en su rol de rectoría, por cuanto esta es una de las
principales características que refleja el amplio espectro de temas
intrínsecamente vinculados a diversas áreas, como es el caso de la normativa en
la cual se establecen sus competencias y
funciones, su vinculación al presupuesto nacional y su ejecución, rendición de
cuentas, control interno y otros.[1]
[1]
Para mayor detalle acerca de las normas jurídicas en esta sección, consultar la
tabla 4.1 de la página 156.
Como se ha esbozado en los apartados previos,
existe un consenso nacional e internacional sobre el papel de la Ciencia,
Tecnología, Innovación, Telecomunicaciones y Gobernanza Digital (CTITGD) en el
desarrollo de los países. Se cuenta con una serie de orientaciones para que a
través de estas áreas del conocimiento se atiendan problemáticas de la más
diversa índole, tales como: seguridad alimentaria, enfermedades, degradación
ambiental y cambio climático. Los avances científicos y tecnológicos aportan al
abordaje de estos temas desde una perspectiva de investigación e innovación,
para lo cual se requiere el desarrollo del talento humano en áreas de ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés).
En Costa Rica ese reconocimiento se ve
reflejado en la constitución de un marco jurídico que habilita las condiciones
para promover el desarrollo científico-tecnológico. Sumado a ello, se ha
gestado a lo largo de los años una serie de acciones de política pública que
buscan llevar a la práctica las aspiraciones y visiones consagradas en la
normativa jurídica, a través de planes y estrategias con acciones de corto,
mediano y largo plazo, las cuales orientan el desarrollo del sector y su
fortalecimiento a partir de la suma de esfuerzos de los actores públicos y privados
participantes en este.
Figura 4.1
Fuente:
Elaboración propia, con datos MICITT.
De cara a la formulación de una Política
Nacional de Sociedad y Economía Basada en el Conocimiento como instrumento de
orientación del cual se desprenden acciones puntuales que deben ser
materializadas en los próximos planes, resulta fundamental conocer cuáles han
sido esos planes y estrategias.
Existe una vinculación estrecha entre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Plan Nacional de Desarrollo e
Inversión Pública (PNDIP) y la Estrategia Económica Territorial para una Costa
Rica Inclusiva y Descarbonizada; estos instrumentos orientan de forma
intersectorial, las acciones dirigidas a impulsar el desarrollo, reducir la pobreza,
mitigar el impacto de las emisiones de carbono y los efectos del cambio
climático, con una visión centrada en la persona.
Definir las acciones de la política en un marco
en el cual hay una visión descentralizada del país, les permitirá a los planes
de acción de la política desarrollar actividades y estrategias que tengan en
consideración a los actores del sector, mediante la digitalización de las
actividades económicas, desde una perspectiva territorial y de polos de
desarrollo.
El cambio climático ha implicado grandes retos
a la institucionalidad pública, la cual debe enfrentarse desde una perspectiva
de eficiencia y eficacia, para dar grandes saltos cualitativos y cuantitativos
a través de acciones que permitan cumplir con los objetivos de la Estrategia
Económica Territorial para una economía Inclusiva y Descarbonizada.
La Estrategia Nacional de Bioeconomía pone
sobre la mesa la discusión de la aplicabilidad de la ciencia, la tecnología y
la innovación para convertir al país en un modelo de desarrollo sostenible,
transformación productiva y el uso de las capacidades nacionales para la
maximización del uso de los recursos disponibles.
Igualmente, es importante considerar que esta estrategia es
"también parte de un proceso de cambio estructural hacia una economía
basada en el conocimiento" (MICITT,
2020a), ello implica prever una economía que, además de dar valor a los
recursos naturales, toma como base la articulación del sector privado y público
para el desarrollo de iniciativas que aprovechen la generación del conocimiento
y además, a través de la transformación digital, para conectar a más personas
al desarrollo científico y tecnológico.[2]
2 Para mayor detalle acerca del marco normativo referido en
esta sección consultar la tabla 4.2 de la página 160.
La revisión anterior muestra la relación de la
sociedad con los temas de ciencia, tecnología, innovación y telecomunicaciones.
Hasta el momento se ha incentivado el desarrollo del talento humano para
promover las capacidades de generar innovación, transformación digital de los
servicios públicos y acceso equitativo a las telecomunicaciones; estas
iniciativas, combinadas entre sí, tienen la capacidad de beneficiar a todas las
personas del país de forma equitativa. Los retos de implementación de políticas
para el sector se centran en la capacidad de distribuir los beneficios que
genera el conocimiento para que la población se apropie de ellos en su quehacer
diario.
A continuación, se describen los principios de
la Política Nacional de Sociedad y Economía basadas en el Conocimiento, que
enmarcan los parámetros de acción en los cuales se van a desarrollarlas
acciones tendientes a cumplir con sus objetivos.
4.4.1 Respeto a la dignidad humana.
El respeto a los Derechos Humanos y el
cumplimiento de los diferentes tratados internacionales del Sistema
Internacional de Derechos Humanos firmados y ratificados por el Estado
costarricense; los principales tratados vigentes los cuales pueden ser
consultados en la página oficial de la Organización de Estados Americanos; son
la base de esta Política. Esta debe responder a las necesidades e intereses de
la población en condiciones de equidad,
transparencia, participación e inclusión, superando los paradigmas de la
discriminación en cualquier extensión, sea por sexo, etnia, religión, edad,
orientación sexual, identidad de género, identidad cultural, discapacidad,
nacionalidad, estrato social, ideología política, o cualquier otra
característica dentro de la amplia diversidad humana que pueda ser objeto de
exclusión social.
4.4.2 Universalidad.
La política pública debe generar las
condiciones necesarias para que los avances en la producción de conocimiento
basados en la ciencia y la tecnología estén al alcance de todas las personas,
tomando en cuenta los diversos contextos, con el fin de que puedan beneficiarse
y mejorar sus condiciones de vida. El acceso al conocimiento generado por la
investigación y el desarrollo tecnológico en estricto apego al respeto de la
propiedad intelectual, la transparencia y las disposiciones legales, en busca
de que los resultados financiados por fondos públicos sean accesibles para
todas las personas (OECD, 2007); ello incluye la distribución equitativa y
solidaria de la infraestructura de telecomunicaciones y la alfabetización
digital.
Por lo demás, una política nacional basada en
las personas como centro de acción y de visión conjunta, implica comprender la
inclusión de poblaciones vulnerables para el acceso al uso de tecnologías
digitales, así como de recibir de manera directa los beneficios del desarrollo
científico y tecnológico.
La política pública está centrada en las
personas, por lo que el desarrollo humano es un tema central, además, todas las
iniciativas públicas deben estar orientadas a mejorar las condiciones de vida
,para transformar el mundo y lograr una transición adecuada hacia la cuarta
revolución. El desarrollo humano se entiende como las condiciones alcanzadas
para todas las personas en un contexto de equidad e inclusión socioeconómica.
Considerando que la promoción de mayor
interacción entre la institucionalidad pública, la ciudadanía, el sector
privado y la academia, deriva en mayor eficiencia y transparencia de la gestión
de los recursos humanos y económicos, esta Política promueve la creación
colaborativa en todas sus etapas, desde su formulación y hasta la evaluación de
sus resultados, mediante la participación de la mayor cantidad de actores que
trabajen de manera conjunta con miras al logro de un objetivo común. La
creación colaborativa será una condición fundamental y sustantiva de las áreas
estratégicas de la política, en aras de impulsar la creación de visiones
colectivas sobre el futuro sostenible del sector y la conexión de estas
visiones con trayectorias puntuales de desarrollo.
La política dirige sus acciones a socializar el
conocimiento científico generado por la investigación y la innovación,
desarrollando acciones éticas que sigan los códigos de conducta, promoviendo la
creatividad y la productividad. Informar, justificar y asumir responsabilidades
son tareas fundamentales para que los procesos establecidos sigan preceptos
éticos. Es así como los productos de la ciencia y la tecnología surgen del
esfuerzo de personas que, en el ámbito público o privado, respetan un código de
conducta voluntariamente adoptado, el cual garantiza el ambiente idóneo para la
productividad, la creatividad y la innovación. Estas personas están dispuestas
a informar, justificar y asumir responsabilidad por sus decisiones y los
efectos derivados de estas.
4.4.6 Política pública basada en datos.
Los datos se convierten en activos estratégicos
para los gobiernos, en cuanto les permiten generar valor público y que la
prestación de servicios sea ágil y proactiva (OECD, 2019b).
La utilización de datos en la formulación de
políticas públicas asegura que las iniciativas estratégicas sean de beneficio
para la mayor de cantidad de personas, pero por sobre todo quesean adecuadas a
sus necesidades a partir de la transformación de las condiciones actuales a
mejores condiciones futuras. Los países con más alto desempeño destacan, entre
otras dimensiones, en el uso de datos en el sector público. Promover políticas
públicas e iniciativas estratégicas basadas en datos es esencial para el
aumento de la competitividad y la productividad de los países (OCDE,2019b).
4.5 Ejes
estratégicos
En esta política, los ejes estratégicos se
clasifican como ejes transversales y ejes habilitadores, como se explica a
continuación.
4.5.1. Ejes transversales.
Son elementos de carácter interdisciplinario
que permiten operacionalizar las estrategias diseñadas para alcanzar los
objetivos definidos en esta política. El conjunto de estos elementos traspasa
todas las actividades que se desarrollan a diario en el tema de CTTI y son considerados
componentes para reforzar la política.
El desarrollo sostenible implica crear un
vínculo entre el bienestar de las generaciones actuales y las futuras, así como
el reconocimiento de los derechos de los demás seres con los que los humanos
cohabitan. La política pública es determinante en la búsqueda de un balance
entre el bien común, el bienestar de las generaciones actuales y venideras de
todas las formas de vida contenidas en el planeta.
Con este enfoque, esta Política busca impulsar
las acciones propuestas por la Estrategia Nacional de Bioeconomía (2020-2030),
el Plan Nacional de Descarbonización y otras iniciativas nacionales que, junto
al respeto a los tratados actuales en la materia ratificados por Costa Rica;
abordar los17 Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, como
guía y marco del desarrollo científico y tecnológico del país. La
sostenibilidad, concebida en los ODS, se integra y refuerza al enfoque de
derechos humanos pues constituyen una agenda inclusiva que persigue las causas
de la pobreza en pro del beneficio de las personas, las generaciones futuras y
el planeta.
Dada la complejidad y segmentación de las
sociedades modernas, es fundamental desarrollar relaciones de interdependencia,
entre la diversidad de actores para la construcción de consenso acerca de la
solución de problemas, la negociación de propósito compartido, la fertilización
cruzada de perspectivas para plantear soluciones; la consolidación de alianzas,
el intercambio de recursos para implementarlas, y la evaluación conjunta de
resultados para impulsar el aprendizaje continuo.
La sinergia se refiere a la coordinación de
múltiples áreas como la ciencia, la tecnología, la innovación y las telecomunicaciones
entre sí, para lograr los objetivos planteados en la política con el fin de
mejorar la eficiencia y optimización de esta, reduciendo el grado de
incertidumbre al implementar una combinación de saberes y conocimientos.
4.5.1.3. Igualdad y
equidad de género.
El compromiso de construir una sociedad
inclusiva es ratificado por esta política, la cual considera crucial asegurar
la igualdad y equidad de género. Por ejemplo, las estadísticas demuestran
importantes brechas en la matrícula y la graduación de mujeres en carreras
científico-tecnológicas con respecto a los hombres, así también como brechas
laborales en contratación, puestos directivos y salarios. Por ello, la participación
de las mujeres en los campos científico-tecnológicos y en la innovación es de
vital importancia para alcanzar la masa crítica requerida por el país y
propagar los beneficios derivados de estos campos, así como garantizar los
derechos humanos y en especial los derechos de las mujeres en sus diversidades,
tanto como actoras y receptoras de los beneficios de la ciencia y la
tecnología.
En este sentido, en la política se entiende
igualdad y equidad de género como la igualdad de derechos, responsabilidades y
oportunidades de las mujeres con respecto a los hombres, y las niñas con
respecto ,para garantizar que las oportunidades sean de
acceso para todas las personas, tomando en cuenta las diferentes condiciones y
situaciones de las poblaciones para lograr sociedades pacíficas, con
posibilidades reales de desarrollo pleno del potencial humano y capaces de
alcanzar un progreso sostenible en sociedades que evolucionan más rápidamente
hacia nuevas relaciones humanas y económicas.
La excelencia y calidad en los bienes y
servicios públicos que se ofrecen a la población constituyen elementos básicos
para asegurar el bienestar general de esta (Vázquez, 2014. P 31-48); dados los
retos de inserción de nuestro país en procesos internacionales de mercado y de
gestión pública, como lo es la reciente incorporación de Costa Rica a la OCDE;
se necesitan establecer parámetros de calidad en los productos de la política
que se entregan, para competir de forma justa y equitativa con otros países del
mundo.
De esta misma forma, los centros educativos de
educación superior, en donde nacen las principales iniciativas de investigación
y desarrollo científico y tecnológico, deben considerarse como entidades
públicas que brindan este servicio en un entorno de mercados nacionales e
internaciones, a los cuales hay que darles respuestas oportunas y posibles
soluciones.
Esto implica que también las universidades
deben reconceptualizar sus aportes y las formas de vinculación tanto con el
sector público como con el sector privado, hacia la búsqueda de un desarrollo
sostenible con respuestas novedosas postpandemia.
Se entienden por ejes habilitadores las
condiciones específicas y necesarias para que las acciones planteadas en los
planes de políticas sean posibles, sin las cuales no se tendría capacidad de
articular esfuerzos para alcanzar los objetivos propuestos.
4.6.1
Normativa.
En un entorno que cambia aceleradamente, la
normativa debe ser visionaria, de tal manera que lleve implícita la rápida
evolución de las tecnologías, y lograr así contar con un marco jurídico
moderno, el cual incentive la transparencia, la rendición de cuentas y la participación
de una mayor cantidad de actores, aprovechando de manera eficiente los recursos
del Estado. Por ello, en aras de contar con un marco normativo que habilite las
condiciones para la ejecución de la política, resulta necesario realizar una
revisión de los aspectos resumidos en la figura 4.2.
Figura4.2
Aspectos normativos por revisar desde la PNSEBC
Fuente:
Elaboración propia, con datos MICITT.
4.6.2.
Institucionalidad.
El adecuado funcionamiento del sector requiere
de una institucionalidad robusta, eficiente, colaborativa, con una delimitación
de los roles de los actores del sector, consciente de la necesidad de articular
esfuerzos, divulgar resultados, rendir cuentas y asegurar que los beneficios de
la ciencia, la tecnología y la innovación estén al alcance de todas las
personas que habitan en el país. La creación de la Agencia Nacional de Gobierno
Digital (ANGD) y la Promotora Costarricense de Investigación e Innovación se
constituyen en ejemplos de la necesidad de contar con entidades fortalecidas,
pero capaces de ejecutar trámites ágiles y procesos atinentes a los entornos
digitalizados de hoy día.
4.6.3.Cooperación nacional e
internacional.
La ciencia, la tecnología y la innovación en el
mundo actual, son necesariamente de carácter internacional, trascienden
fronteras y requieren de la interacción de los diversos actores del sistema:
los expertos, las instancias públicas, las empresas y la sociedad civil, y de
todos los niveles para contribuir en la generación de soluciones globales, en
ámbitos de decisión multilateral; ello implica la coordinación nacional para
determinar las prioridades país en pro del desarrollo socioeconómico.
Además, como elemento fundamental, la
cooperación internacional científica y tecnológica ha sido una aliada
estratégica para impulsar acciones que mejoren las condiciones sociales,
económicas, productivas y científicas en los países beneficiarios por cuanto
contribuyen con el bienestar individual y/o colectivo de las sociedades. La
cooperación internacional juega un papel muy importante en la conformación y
ejecución de la política pública en CTTI, en los objetivos y acciones por
emprender con miras a fortalecer el desarrollo del país.
En la actualidad los países de renta media como
Costa Rica, se enfrentan al reto de responder con agilidad a esquemas de
cooperación más dinámicos, competitivos y con un alto grado de exigencia. La
cooperación internacional orientada hacia la ciencia, la tecnología e
innovación, es un eje transversal que facilita la creación de competencias, la
construcción de sociedades del conocimiento, la generación de redes entre los
distintos actores del ecosistema, e introduce criterios de excelencia en los
procesos de investigación, desarrollo e innovación.
Se entiende como cooperación al conjunto
de acciones orientadas al intercambio de experiencias y recursos entre países
desarrollados y en vías de desarrollo o ambos, así como entre estos últimos,
para alcanzar metas comunes de desarrollo basadas en criterios de solidaridad,
equidad, efectividad, interés mutuo y sostenibilidad; con el fin de alcanzar su
mejor utilización dentro de los lineamientos de la política exterior y los
planes de desarrollo (Decreto Ejecutivo 37735; 2013).
4.7 Áreas estratégicas
La importancia de la ciencia, la innovación y
las tecnologías digitales ha sido reconocida por varios organismos
internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés), el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de Estados
Americanos (OEA) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE), pues se estima que las tasas de interés de retorno social de los
procesos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), pueden alcanzar un
40%o más en las economías desarrolladas(Crespi, G.et al, 2010).
Asimismo, la evidencia internacional demuestra
que la inversión en I+D+i tiene un efecto positivo en el crecimiento de la
productividad. En otras palabras, la I+D+i es un factor crítico para el
crecimiento a largo plazo, pues permite a los países ser más competitivos y
adaptables al cambio, generar nuevos empleos y empresas. Este enfoque, de la
mano con las telecomunicaciones y la gobernanza digital, completa el entorno
requerido para la sociedad y economía basadas en el conocimiento.
Por ello, se han identificado cuatro áreas
estratégicas a partir de las cuales se busca promover un impacto en la mejora
de la calidad de vida de las personas, mediante la habilitación de soluciones a
los retos nacionales y globales, con una perspectiva científico- tecnológica,
que considere como un elemento intrínseco, la divulgación de los logros y
aportes de este sector al desarrollo. Estas áreas estratégicas son: talento
humano, generación de conocimiento, innovación transformadora, transformación
digital; esta última tiene dos subáreas: gobernanza digital y digitalización
inclusiva.
4.7.1 Talento
humano.
Uno de los desafíos más importantes en Costa
Rica se refiere a la necesidad de crear oportunidades a toda la población en el
marco de una sociedad y economía basadas en el conocimiento, que permita la
incorporación a nuevos mercados laborales más competitivos en cuanto al uso y
producción de nuevas tecnologías digitales, con especial énfasis grupos
vulnerables. Al mismo tiempo, nuestro país requiere contar con un mayor volumen
de profesionales formados en áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática)
que permitan a nuestro aparato productivo, incorporar actividades económicas
fundamentadas en el conocimiento técnico, científico y tecnológico.
a) Situación actual de Costa Rica.
Según los datos de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), Costa Rica está muy por debajo del
promedio de los países miembros de esta organización en cuanto a personas
graduadas en STEM (OCDE, 2020a), tal como se muestra en la Figura 4.3.
Figura4.3
Porcentaje
de personas graduadas en STEM entre países miembros de
OCDE
En función de abrirse a nuevos mercados
productivos en los que se requieren personas calificadas en carreras STEM,[3] Costa Rica debe
atender esta situación desde la gestión de política pública, multiplicando el
porcentaje de personas graduadas en este ámbito, así como aumentar la oferta
académica tanto pública como privada en todos los territorios del país, con
perspectiva inclusiva en relación con el género. Esto genera la necesidad de no
solo analizar las barreras existentes que encuentra la población estudiantil
para acercarse a las áreas de conocimiento STEM desde edades tempranas, sino
también de analizar cómo esto repercute en la escasa graduación de capital
humano especializado en estas áreas, lo cual impacta en la generación de
conocimiento endógeno y la capacidad de realizar I+D+i de mayor impacto en
nuestro país.
3 Nota: STEM incluye todas las personas graduadas
(educación diversificada, bachillerato universitario, maestrías y doctorados)
en áreas de ciencias naturales, matemática y estadística, tecnologías de
información y comunicación, así como ingenierías, manufactura y construcción.
LAC5 se refiere al promedio simple de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y
México. (OECD, 2020). Fuente: OECD Economic Surveys: Costa Rica 2020. OCDE
2020a.
Por su parte, el desarrollo de los mercados
productivos relacionados con carreras STEM no solo requieren de profesionales,
sino también, existe una gran demanda de apoyo y soporte de personal técnico
para hacer frente a las labores operativas en estos campos. Por ello es
importante que este personal reciba la capacitación y la formación para
adquirir destrezas en el ámbito de competencias de la Industria 4.0.
Asimismo, para Costa Rica es fundamental
potenciar aquellas habilidades y conocimientos que permitan a esta población el
acceso a mejores posibilidades de empleabilidad, lo cual repercutirá en la
disminución de brechas (como brechas de género, brechas territoriales, así como
la brecha educativa y la digital) e impulsará una verdadera transformación en
sus actividades productivas.
El advenimiento de la Industria 4.0 no solo
tiene impacto en el ámbito productivo, sino también en el ámbito social;
además, para enfrentar los desafíos que impone esta nueva era y el creciente
desarrollo de tecnologías convergentes y disruptivas es necesario preparar a la
población costarricense en la generación, adopción, uso y acceso de estas
nuevas tecnologías, igualmente, es crucial la inversión en el desarrollo de
nuevas habilidades y competencias del talento humano.
A efectos de hacer frente a las oportunidades y
desafíos de la Industria 4.0, así como de alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) definidos por la Organización de las Naciones Unidas, resulta
fundamental considerar el conocimiento como un activo clave para el desarrollo
económico y el bienestar social.
Por lo anterior, se identifican como
prioritarios los componentes de acción que se presentan a continuación.
b) Componentes de acción.
. Educación de calidad y formación en
competencias y habilidades del siglo XXI
El desempeño de las personas estudiantes (desde edades
tempranas) en destrezas claves para las áreas STEM puede verse reflejado en los
resultados de las pruebas PISA, que se detallan en la siguiente imagen. Estos
resultados reflejan que Costa Rica sigue ubicándose por debajo del puntaje
promedio obtenido por los países miembros de la OCDE, por cuanto nuestro
estudiantado sigue obteniendo bajos niveles de desempeño en cuanto a destrezas
claves como: la comprensión de lectura, la resolución de problemas y la
indagación.
Figura4.4
Tendencias en el desempeño de estudiantes de Costa Rica en las áreas de
lectura, ciencias y matemáticas en PISA 2018
Fuente:
Gráfico tomado de Economic Survey of Costa Rica Research Findingson
Productivity, OECD, 2018.
Esta tendencia es un indicativo de la necesidad
de potenciar el desarrollo de habilidades cuantitativas y de pensamiento
crítico en el talento humano nacional, siempre con miras a alcanzar una
formación analítica y creativa más sólida.
Lo anterior requiere
fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje desde etapas tempranas, de
modo que se procure equidad en el acceso y oportunidad en el desarrollo de
estas habilidades y competencias.
Asimismo, el desarrollo de capacidad es para
promover una cultura que fomente las aptitudes y el conocimiento
científico-tecnológico es fundamental para que se dé la oportuna inserción del
talento humano en los procesos productivos y generadores de bienestar nacionales.
Estos aspectos igualmente deben permear en los procesos de formación y
capacitación docente. Por último, estos componentes deben pensarse también para
que se facilite su acceso a la población excluida de la educación formal (o
bien aquella que requiere de estas competencias para ingresar a un área
productiva particular).
Estas consideraciones apuntan a facilitar la
obtención de conocimientos, habilidades y competencias que mejoren el perfil de
empleabilidad del talento humano costarricense, lo haga más competitivo
internacionalmente y lo prepare mejor para su inserción en los sectores
productivos y para una economía creativa, nacional, regional y mundial.
Enfrentar los retos presentes y futuros
requiere el desarrollo de capacidades y habilidades que permitan una mayor y
mejor inserción a la economía del conocimiento, la cual reduzca las brechas en
el uso, acceso y producción de la Ciencia y la Tecnología. Para que la
inserción sea exitosa, se demanda un abordaje integral el cual facilite a la
población un acercamiento a la producción de conocimiento desde edades
tempranas y a lo largo de la vida, promocionando no solo su uso en la
cotidianidad, sino aprovechando y potenciando el talento de la población, al
crear oportunidades de desarrollo profesional en el país.
Aunado a lo anterior, la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) impulsa el proyecto Future of
Education and Skills 2030, el cual brinda una serie de recomendaciones para
propiciar el análisis de cómo iniciar el rediseño y dar una guía a los países
para repensar sus procesos y políticas públicas. En ese proyecto se establecen
los fundamentos y las alfabetizaciones fundamentales que constituyen los
cimientos para el desarrollo de las competencias para enfrentar el desafío de
mantenerse al día con los cambios científico-tecnológico, social y económico
del siglo XXI. Estos fundamentos propuestos por OCDE se resumen en la figura
4.5.
Figura 4.5
|
|
Fundamentos
base para el desarrollo de las habilidades y competencias 2030
Fuente: Elaboración propia a partir de
propuesta OECD (OECD, 2018a)
A partir de lo anterior, se identifican a
continuación las principales habilidades y competencias
para el Siglo XXI:
Figura4.6
Habilidades
y competencias para el siglo XXI
Fuente:
Elaboración propia a partir de datos:(OECD, 2018) y (Vela, 2018)
Con base en lo anterior y según el Informe del Foro
Económico Mundial 2020 "The Future of Jobs Report" (Weforum, 2020);
se evidencia el reto de generar mayores oportunidades para que las personas
puedan optar por mejores opciones de empleo y una mejor calidad de vida. Este
informe destaca que la pandemia nos obliga a acelerar estos procesos de
transformación para potenciar el desarrollo de habilidades y competencias, lo
cual requiere el impulso de política pública y la articulación de los sectores
productivos, gobiernos y fuerza de trabajo (Weforum, 2020).
El reporte realizado en 35 países identifica
que para el 2025 el 44% de las habilidades requeridas para el desempeño del
trabajo actual cambiarán de forma efectiva e identifica como principales
habilidades para los futuros trabajos las siguientes:
? Resolución de problemas
? Autogestión
? Trabajo con personas
? Uso y desarrollo de
tecnologías
La figura 4.7, proporcionada por dicho informe,
indica los trabajos que están en crecimiento y cuáles muestran un
decrecimiento.
Figura 4.7
Panorama
laboral para el 2025
Fuente: The Future of Jobs Report 2020. World Economic Forum,
2020.
El aumento sin precedentes del desempleo en el
contexto de la pandemia Covid-19, hace necesaria la aceleración hacia estas
nuevas formas de trabajo, ante la posibilidad de que no se puede volver a la
normalidad, si no que se transite hacia una "nueva normalidad".
Se reconoce en el informe que el desarrollo de
las habilidades y capacidades de las personas a través de la educación, el
aprendizaje y el trabajo son los principales motores para el éxito económico,
el bienestar individual y la cohesión social. (Weforum, 2020). Este aspecto a
su vez lo destaca la OCDE en su proyecto "Learning Framework 2030",
mediante el cual se definen las competencias, conocimientos, habilidades,
actitudes y valores que necesitan las personas estudiantes para afrontar los
desafíos de la sociedad y así contribuir al desarrollo de sus comunidades
(OECD, 2018a).
. Cierre
de brechas en personas graduadas en STEM y Oferta en educación técnica en
ciencia y tecnología
Como se indica en la Estrategia Económica
Territorial 2020-2050 de Costa Rica hacia una Economía Inclusiva y
Descarbonizada con miras hacia una economía descentralizada, digitalizada y
descarbonizada (3D), los principales activos del país son el talento humano y
el potencial productivo de los territorios (MIDEPLAN, 2021, p.7).
Para la implementación de esta estrategia, se
propone un Plan de acción con visión territorial 3D, donde se establecen 50
macro acciones y 175 acciones específicas y asociadas a 5 dimensiones. Para
efectos del Eje de Talento Humano se considerará la dimensión de Capital Humano
e Innovación (MIDEPLAN, 2021, p.26).
Con respecto al Capital Humano, la estrategia
hace referencia a la inclusión de mejoras en la educación temprana y programas
de capacitación en el corto y mediano plazo, así como apoyo a la formación de
la capacitación avanzada en el largo plazo" (MIDEPLAN, 2019, p.26).
Además, establece como objetivo principal: "Cerrar brechas para
desarrollar la fuerza laboral potencial y responder a la economía 3D a
futuro" (MIDEPLAN, 2021, p. 28). Dentro de las macro acciones para este
eje, se propone la mejora de la educación técnica y superior, mediante la
incorporación de temas y habilidades desarrolladas desde edades tempranas y
dirigidas a impulsar un mejor aprovechamiento de los recursos territoriales y
el talento humano.
Dentro de esta estrategia se incluyen acciones
necesarias para la mejora y ampliación de la infraestructura existente, nuevas
carreras y programas basados en las ventajas comparativas de los territorios.
En cuanto a la Educación y Formación Técnica y
Profesional (EFTP) en Costa Rica, las principales instituciones públicas que
cuentan con oferta en áreas científico-tecnológicas son el Instituto Nacional
de Aprendizaje (INA) y el MEP. Adicionalmente, algunas instituciones de la
Educación Superior tanto pública como privada, tienen grados correspondientes a
niveles técnicos. Para el 2014, Costa Rica contaba con 562 programas impartidos
por estas instituciones, en tres líneas específicas: Comercial y Servicios,
Industria y Agropecuaria (Programa Estado de la Nación, 2018a).
Esta modalidad de enseñanza tiene retos
importantes referidos principalmente a la necesidad de articular con la
enseñanza académica y el sector productivo de forma sistemática y rigurosa,
para superar las brechas territoriales, de tal forma que las personas en las
diferentes regiones tengan mayores oportunidades de escoger carreras técnicas
que les permitan acceder a empleos u oficios de mayor remuneración y demanda
que los que tradicionalmente se desarrollan(Programa Estado de la Nación,
2018a).
El equilibrio entre la oferta y la demanda de
las carreras en el nivel técnico lleva un proceso de diagnóstico de intereses,
vocaciones y posibilidades futuras de empleo, lo cual puede integrarse a
estrategias como la presentada por MIDEPLAN; sin embargo, se deben considerar
las brechas de género, dado que, como indica en la Plata forma Hipatia,"
aunque las mujeres superan ampliamente a los hombres en la cantidad de
graduados de la EFTP, su situación no es favorecedora, ya que ellas no se están
graduando en las especialidades con más oportunidades laborales" (Programa
Estado de la Nación, 2018a, p.31).
Los datos que se presentan en la Plataforma
HIPATIA corresponden a 32 instituciones y organizaciones que implementan
carreras técnicas, donde se indica que del 2014 al 2019, se registran un total
de 259 433 personas graduadas en 619 especialidades, del total de personas
graduadas un 57,77% corresponde a mujeres.
Un 69,4% de personas que se gradúan en el MEP y
un 24% del INA, representa un total del 93,5% del total de personas graduadas.
Con respecto al MEP, para el periodo en estudio, se indica que en la graduación
de mujeres representa un porcentaje similar al general, esto es un 56,6% (MEP,
2020, p.30).
El informe del MEP indica que, del total de
mujeres graduadas en carreras técnicas, un 15,4% corresponde a carreras del
sector industrial, mientras que en el sector comercial se graduó un 79,9% y un
4,7%en carreras agropecuarias (MEP, 2020, p.30).
En industria se tiene una graduación de 42% de
mujeres con respecto al total de personas graduadas en el 2019, sin embargo, en
carreras como Autor remodelado y Refrigerado y Aire acondicionado, los
porcentajes en el periodo no llegan al 10% y para el 2019, específicamente, se
registran cero mujeres graduadas; mientras que en carreras como Administración,
logística y distribución, Diseño publicitario y Diseño y confección de la moda
tienen porcentajes tales como 64,1%, 66% y 91,7%, respectivamente.
Figura 4.8
MEP: Porcentaje de mujeres graduadas en
carreras técnicas del sector industrial con respecto al total de personas
graduadas, por especialidad y brecha de género 2019
Fuente: Grafico tomado de: Graduados como
técnicos medios, III ciclo y educación diversificación técnica diurna y
nocturna, 2014-2019. MEP, 2020
Las estadísticas con respecto a la educación superior ponen
en evidencia que en Costa Rica persisten todavía importantes brechas de género,
territoriales y socioeconómicas, las cuales afectan también al talento humano
en áreas STEM. La plataforma HIPATIA del Programa Estado de la Nación, muestra
el dato de las personas que han recibido algún título desde el 2000 hasta el
2019.
Al respecto, en ese periodo se muestra un
crecimiento constante del total de personas graduadas en carreras de Ciencia y
Tecnología; tales como Ciencias Agrícolas, Ciencias Exactas y Naturales,
Ciencias Médicas e Ingenierías y Tecnologías, durante el periodo se refleja un
aumento del 298% en estas áreas, se pasa de tener 2 923 personas graduadas en
el 2000 a 11 639 en el 2019.
Por sexo se encontró que, en el 2020, el
porcentaje de mujeres graduadas en estas áreas, con respecto al total de
personas graduadas fue de un 40%, lo que aumentó en un 11% en aproximadamente
20 años, para el 2019 las mujeres graduadas representaron el 50,7%. No
obstante, al analizar la distribución por género en carreras de las áreas de
mayor crecimiento económico y demanda laboral, se reflejan importantes brechas
de género.
En Ciencias Agrícolas, el incremento porcentual
de personas graduadas entre el 2000 y 2019 fue de 129%, ello evidencia un mayor
crecimiento de la cantidad de mujeres con respecto a los hombres, como se puede
observar en la tabla 4.3 de la página 160.
En esta área se experimentan aumentos
importantes en todas las carreras, sin embargo, llama la atención que la
carrera de biotecnología agrícola no existía en el 2000yel porcentaje de
mujeres graduadas es del 70%en el2019.
En el área de Ciencias Exactas y Naturales, se visualiza un crecimiento en la
graduación del 245%, pues se pasa de 406 personas a 1402 entre 2000 y 2019,
respectivamente. Las mujeres presentan un aumento del 9% con respecto a los
hombres, se pasa de representar en el 2000 el 39% de personas graduadas, a 43%
en el 2019. Esto se resume en la Tabla .4 de la página 161Sin embargo, en
carreras como Computación e Informática, se experimenta una disminución del 7%
de mujeres graduadas en el periodo 2000-2019 con respecto al total de personas
graduadas en el mismo periodo, se pasa de 31% a un 24%, respectivamente. Por el
contrario, en la carrera de Física, en el 2000 no hubo ninguna mujer graduada;
este número cambió para el 2019 donde se encuentra un total de 5 mujeres
graduadas, lo cual representa el 26% del total de personas graduadas.
En carreras como Matemática, Biología y
Química, durante el periodo, no se visualizan importantes cambios, se observan
datos más equitativos, lo cual representa el 43%, 54% y 57% de mujeres,
respectivamente.
Por otra parte, los datos observados muestran
que en el 2000 el porcentaje de mujeres graduadas en Microbiología con respecto
al total de personas graduadas fue de 67% y para el 2019 se presenta un aumento
del 5% y representa un 72% de mujeres del total de personas graduadas.
En las
áreas médicas en todo el periodo se observa un mayor porcentaje de mujeres
graduadas con respecto al total; en términos generales, se evidencia un aumento
del 256% en el 2019 con respecto al 2000, el porcentaje de mujeres graduadas
pasa de 60% a 74% en el periodo tal como se evidencia en la Tabla 4. 5..
En el área de ingenierías y tecnología, como se
muestra en la tabla 4.6 de la página 180, se observa una situación inversa al
área de las Ciencias Médicas, aunque se refleja el mayor aumento porcentual en
personas graduadas (395%) del 2000 con respecto al 2019, pasando de 1156 a
4577, respectivamente.
El porcentaje de mujeres graduadas para el 2000
fue de 25%, mientras que en el 2019 fue de 37%, esto implicó un aumento de 294
a 2116 mujeres; o sea, el porcentaje de aumento fue de un 619%. A pesar de
ello, no se logra la igualdad en los datos, especialmente por carreras.
Es importante destacar que en el 2000 no
existían carreras como Biotecnología, Biotecnología industrial, Ingeniería
mecatrónica, lo cual provoca que no se puedan tener datos comparables en el
periodo, sin embargo, para el 2019, la cantidad de mujeres graduadas en esas carreras
es de102.
Otras carreras, como la Ingeniería ambiental e
Ingeniería de materiales, no hay reporte para el 2000 pero para el 2019 el
porcentaje de mujeres graduadas es de 97 y 58, respectivamente.
Como puede observarse, estas son las carreras
con mayores posibilidades de empleo ante los retos de la Industria 4.0,
precisamente, donde hay menor representación de las mujeres.
Se evidencia un aumento de personas graduadas
en todas las carreras en Ciencia y Tecnología, acompañado de un incremento
importante de mujeres; sin embargo, se debe hacer un análisis que pueda mostrar
otros datos, tal como estadísticas de exclusión por razones de género,
identificación de programas de contención de estudiantes hombres y mujeres en
las diferentes carreras y si estos programas contienen acciones específicas, de
acuerdo con el género de las personas, entre otras brechas por evaluar para
lograr aumentar la calidad y la cantidad del capital humano en ciencia y
tecnología. Por otra parte, se deben integrar grados con respecto a las
personas que ejercen su trabajo en estas áreas y procurar identificar las
brechas salariales, jornadas de trabajo, puestos de dirección, con perspectiva
de género; todo ello para tomar decisiones acertadas en cuanto a la eliminación
de las desigualdades en estas importantes áreas del conocimiento.
Figura 4.9
Graduación de carreras con alta demanda laboral por parte de las
Universidades Públicas (2019)
Fuente:
Elaboración propia con base en datos de CONARE, 2019.
De acuerdo las Estadísticas del Sector
Telecomunicaciones que publica la Superintendencia de Telecomunicaciones
(SUTEL), se señala que para el año 2018 el total de recurso humano empleado en
el sector de telecomunicaciones es de 11 804 personas, de las cuales 8 546 son
hombres y 3 258mujeres.
En cuanto al total de personas empleadas en el
sector telecomunicaciones, del año 2013 al 2018, hay un aumento de 1362
personas. Con respecto al total de recurso humano femenino empleado en el
sector, ha crecido en los últimos años, pues se registra un aumento de 385
mujeres más del 2013 al 2018, y en recurso humano masculino un incremento de
977 hombres. Sin embargo, se evidencia una diferencia en cuanto a las mujeres
que logran colocarse en el sector, lo que representa un desafío en términos de
inclusión y la consecuente reducción de esta brecha.[4]
4 Para mayor detalle acerca del cierre de
brechas en personas graduadas en STEM y Oferta en educación técnica en ciencia
y tecnología, examinar la tabla 4.3 de la página 162,
la tabla 4.4 de la página 163, la tabla 4.5 de
la página 163, la tabla 4.6 de la página 164y la tabla 4,7 de la página 164.
Otro aspecto importante de resaltar es la
brecha territorial de personas graduadas STEM que tiene lugar entre las diferentes
provincias, según se muestra en la siguiente imagen. En ella puede observarse
cómo las personas graduadas de carreras científico-tecnológicas entre los años
2000-2019 radican principalmente en las provincias de San José, Alajuela,
Cartago y Heredia.
Figura 4.10
Porcentaje de personas graduadas en Universidades Públicas en carreras
científico-tecnológicas por provincia 2000-2019
Fuente:
Elaboración propia con base en datos de CONARE (2000-2019)
Esta brecha refleja la mayor concentración de
personas graduadas en la Gran Área Metropolitana (GAM), un 84,73%. Esto podría
significar un traslado necesario hacia los centros de estudio por no contar, en
sus lugares de procedencia, con universidades que impartan estas carreras y/u
oportunidades laborales o que las personas desestimen la posibilidad de
estudiar por las limitaciones de oferta en su zona de residencia.
Debe contarse con diagnósticos certeros para
conocer la oferta académica existente en cada provincia y si esta incluye
carreras relacionadas con CyT, así como mecanismos que permitan balancear la
oferta laboral en estas carreras en las zonas periféricas del país.
Por otro lado, existe una brecha digital
multifactorial entre diferentes sectores de la población, lo cual genera
vulnerabilidad e incide en las oportunidades de desarrollo y acceso a los
servicios digitales.
En esta coyuntura, las poblaciones
tradicionalmente excluidas de la digitalización podrían ver su brecha digital
ensanchada, conforme avanzan en sofisticación los conocimientos y habilidades
digitales requeridas en la Cuarta Revolución Industrial. Para que se cumpla la
aspiración de contar con una población verdaderamente alfabetizada en el mundo
digital, donde se reduzca al máximo esa brecha digital, se requiere que la
población, en especial la más vulnerable, tenga acceso a las oportunidades que
les permitan alcanzar un nivel semejante de exposición y preparación
tecnológica comparado con la población en condiciones socioeconómicas
favorables. De lo contrario, aunque se cuente con más personas que aprendan a
usar un computador, la brecha digital seguirá creciendo. Esta brecha se
manifestará en el acceso a información y servicios, y en gran medida en la
empleabilidad, con lo cual hay un grave riesgo de aumentarlas disparidades
económicas (MICITT, 2020d).
Por eso se requiere que en las diferentes
regiones del país se realicen acciones permanentes para el cierre de la brecha
digital por medio de programas de alfabetización digital.
. Capital humano avanzado en ciencia, tecnología
e innovación
El informe de la OCDE sobre Políticas de
Innovación (OECD, 2017b) señaló que en Costa Rica no alcanza a formar una cuota
de profesionales suficientes para las actividades científico-tecnológicas. Por
ejemplo, solamente 0.74 de cada 1000 personas de la fuerza laboral del país
trabajan desarrollando procesos de I+D+i, esto es alrededor de una décima parte
del promedio en países miembros de la OCDE, en los que la cifra ronda los 7.49
de cada 1000.
Por su parte, los indicadores de Ciencia,
Tecnología e Innovación (2017) muestran que para el 43,4% de las empresas
entrevistadas (del sector de manufactura) que innovaron y para el 38,5% que no
innovaron, el mayor obstáculo a la innovación es la escasez de personal
capacitado. Asimismo, Mongeetal (2000) encontraron en su estudio que las
empresas "invierten relativamente poco en capacitación y cuentan con pocos
técnicos y profesionales en relación con el total de empleados" (BID).
Las brechas de habilidades en Costa Rica son
agravadas, según la OCDE, por el hecho de que muchos profesionales altamente
capacitados dejan el país para estudiar y trabajar en el extranjero. De acuerdo
con datos de la Plataforma HIPATIA (mostrados en la siguiente imagen) hay una
importante cantidad de talento costarricense en ciencia y tecnología cuyos
aportes, conocimiento, capacidades e investigación se encuentran radicados
fuera de nuestro territorio. De este modo, Costa Rica requiere de mecanismos
para promover la formación y retención de una masa crítica de capital humano
avanzado que atienda las necesidades de I+D+i de los sectores académicos,
productivos y de economía creativa nacionales.
Figura4.11
Distribución de la diáspora científica costarricense
Fuente:
MICITT,2021, elaboración propia con base en datos de Plataforma Hipatia-
Conare.
Esta situación debe enfrentarse de forma
integral en el sector para generar condiciones que no solo retienen el talento
costarricense en nuestro país, sino que a la vez atraigan al talento humano avanzado
de cualquier origen hacia nuestro territorio. De este modo, es fundamental
contar con mecanismos para promover la vinculación continua de la diáspora
científica con las redes nacionales de conocimiento, ya sea por medio de
programas de atracción, mediante el mecanismo de reinserción a sitios de
investigación, centros académicos, el intercambio de estudiantes con aliados
estratégicos en el extranjero o bien mediante procesos relacionados con la
diplomacia científica.
a) Problema de política pública y acciones.
A partir de los elementos anteriormente
abordados, se identifica el siguiente problema de política pública, sus
componentes y se sugiere el abordaje de algunas acciones que podrían
fortalecerse en la construcción de planes de acción.
Figura 4.12.
Componentes
y objetivos propuestos sobre la cantidad de las personas con formación en áreas
STEM
Fuente:
Elaboración Propia, 2021.
4.1.1 Generación del conocimiento.
a) Situación actual de la I+D en CostaRica.
El conocimiento
generado por la investigación científica es una de las fuentes más valiosas
para atender las necesidades mundiales. Su utilidad se potencia cuando se
complementa con el conocimiento tradicional desarrollado a través de los años;
este igualmente ha sido fundamental en la conservación de la biodiversidad, la
cultura y otros aspectos del progreso de la humanidad.
Para el año 2018 la inversión de Costa Rica en
I+D sobre pasó la de otras economías latino americanas como Chile, Colombia,
Panamá y Uruguay. No obstante, sigue estando por debajo de la inversión que
hace México (0,49%), Argentina (0,55%) e inclusive el promedio latinoamericano
(0,64%). Actualmente, el monto de la inversión en I+D en Costa Rica como
porcentaje del PIB (0,39%) se ubica por debajo del promedio de los países
miembros de la OCDE (la cual es de un 2,4% aproximadamente) y de economías con
altas capacidades de generar innovación. Por ejemplo, en 2014 la inversión en
I+D de la República de Corea fue 7.6 veces la de Costa Rica (OECD, 2017b,
p.67).
Este comportamiento se resume en la figura
4.12.
Según el mismo informe, en 2018 la inversión en
I+D en nuestro país fue de 231.8 millones de dólares, ello revela una
disminución en 25.9 millones de dólares con respecto al año anterior. Para este
año, el 48,2% de la inversión en I+D fue aportada por el sector académico, el
37,5% por el sector empresarial, el 13,2% por el sector público y un 1,2% por
organismos sin fines de lucro. Es importante destacar que en todo el periodo
2014-2018 el sector académico ha realizado la mayor inversión, según lo indica
este informe (MICITT, 2019b).
Además, resulta de interés las actividades
científicas y tecnológicas (ACT), las cuales se entienden como aquellas
acciones sistemáticas estrechamente relacionadas con la producción, la
promoción, la difusión y la aplicación de conocimientos científicos y técnicos,
en todos los campos de la ciencia y la tecnología. Estas actividades comprenden
la investigación y desarrollo (I+D), la enseñanza y la formación científica y
tecnológica (EFCT) y los servicios científicos y tecnológicos (SCT), según el
manual de Frascati (OCDE, 2015).
Figura 4.13
Inversión en I+D como porcentaje del PIB, países seleccionados
Fuente: Gráfico tomado de MICITT. (2018a).
Indicadores Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación, Costa Rica 2018.p.
37.
Según datos de la OCDE, la inversión en I+D
como porcentaje del PIB en Costa Rica, se incrementó ligeramente en el periodo
2009-2014 hasta llegar al 0,56% (OECD, 2017b). Sin embargo, a partir de 2014 se
refleja una disminución constante en esta inversión hasta llegar al 0,39% en el
año 2018, según el informe de Indicadores Nacionales de Ciencia, Tecnología e
Innovación 2018, como se muestra en la figura 4.11(MICITT, 2018a).
Figura 4.14
|
Sector |
2014 2015 2016
2017 |
2018 |
|
Total |
1 294,31 133,8 1 186,7 1 373,4 |
|
Porcentaje de inversión en actividades científicas y tecnológicas (ACT) e
investigación y desarrollo (I+D) respecto al PIB, 2014-2018
Fuente:
Indicadores Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación, Costa Rica
2018.p.43. (MICITT, 2018a)
La inversión en ACT, en montos absolutos,
presenta una tendencia creciente a lo largo del periodo compuesto por cinco
años, tal como se observa en el cuadro anterior. La inversión promedio anual en
este lapso ronda los 1 300 millones de dólares, donde se destaca un mayor aporte
por parte del sector académico y del sector público.
Otra problemática señalada con respecto a la
inversión en I+D nacional, se relaciona con su ejecución. El Informe de
Indicadores Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación de 2018, elaborado
por MICITT (2018a) señala que Costa Rica ha enfocado la mayoría de estos fondos
de inversión en I+D en procesos de investigación aplicada y desarrollo
experimental, priorizando estas actividades por encima de la investigación en
ciencia básica (Programa Estado de la Nación, 2014, p.111-122).[5]
5 Para mayor profundización los datos sobre la
inversión en ACT consultar la tabla 4.8 de la página 165.
A su vez, se indica que la mayor parte de estos
procesos de investigación aplicada y desarrollo experimental se ejecuta por
medio del sector público, ello dista mucho de lo observado en las economías más
desarrolladas, en las que el sector privado es quien encabeza esta inversión
(OECD,2017B) (Cornell University, INSEAD, WIPO, 2020).
Las actividades de I+D nacionales se
desarrollan por parte de consorcios empresariales semiprivados (tales como
CORBANA, CANAPEP, ICAFÉ, LAICA), dependencias ministeriales y de entidades
públicas no universitarias (MAG, INA, BCCR, RECOPE, TSE, ICE, entre otras) y,
por supuesto, en empresas individuales. Sin embargo, la contribución de estos
actores parece modesta, cuando se compara con el aporte que realiza el sector
académico.
De las 5 universidades del CONARE son la
Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional (UNA) y el Instituto
Tecnológico de Costa Rica (TEC) quienes desarrollan la gran mayoría de
actividades en I+D a nivel nacional, como se resume en la Tabla 4.9. Diferentes
reportes han señalado la oportunidad estratégica de alinear temáticamente estas
actividades con los grandes retos nacionales (MongeGonzález, 2011), así como
abrir estas actividades a evaluaciones externas de pares (Programa Estado de la
Nación, 2014) y (OECD, 2017a).[6]
6 Para una mayor profundización en las actividades de I+D
nacionales se desarrollan por la Universidades de CONARE, consultar la tabla
4.9 de la página 166.
b) Componentes de acción.
. Producción
científica
La producción científica actual es diversa,
dentro de las áreas de mayor fortaleza destacan las ciencias agrícolas (con un
19,3% de participación de la inversión y desarrollo) y las ciencias exactas y
naturales (con un18,0%), mientras que las áreas de ingeniería y tecnología
(15,4%) y las ciencias médicas (8,1%) evidencian la menor participación porcentual
(MICITT, 2018a). Se ha señalado que el país tiene importantes fortalezas en
áreas de I+D relacionadas con la bioeconomía (MICITT, 2020, p.65).
Deben continuar los esfuerzos por mejorar el
registro de toda esta producción de acuerdo con su tipo y sector, para precisar
una mejor caracterización estructural de la inversión en CTI en el país y su
reporte estadístico ante organismos internacionales.
Aunado a lo anterior, se requiere mejorar el monitoreo, el seguimiento y la
evaluación del desempeño del sistema de ciencia y tecnología. Al respecto,
existen dos tipos de variables que pueden ser medidas en el marco de un sistema
de monitoreo, seguimiento y evaluación: aquellas que se refieren a los
esfuerzos realizados (variable de insumo) y aquellas relativas a los resultados
obtenidos (variable de producto). Los dos tipos de variables son necesarios
para evaluar desde un instrumento de política (ejemplo: fondos no reembolsables
para el desarrollo tecnológico) hasta un esquema de gobernanza (ejemplo: la
asignación no competitiva de recursos para la investigación en las
universidades públicas).
Ambos tipos de variables son muy variados en su
naturaleza, pero siempre presentan al menos dos dimensiones: cantidad y
calidad. Las variables de insumo son más fáciles de medir, mientras que las de
producto requieren usualmente de un esfuerzo adicional en su medición; por
ejemplo, encuestas, evaluaciones de expertos, registros obligatorios, entre
otros. Asimismo, las variables de cantidad son usualmente más evidentes y
objetivas que las que se refieren a la calidad de los esfuerzos o los
resultados.
Un sistema de monitoreo, seguimiento y
evaluación que incluya todas las variables relevantes, tanto de insumo como de
producto, es un elemento imprescindible de las políticas de ciencia y
desarrollo, tanto para su mejoramiento y actualización en el tiempo, así como
para legitimar su existencia ante las autoridades hacendarias. Asimismo, es
esencial que las variables incluidas estén definidas y sean recolectadas
mediante metodologías internacionalmente aceptadas, ya que la comparación
interpares es la base de esta evaluación.
. Infra estructura para I+D
Una segunda problemática que experimentan los
centros de I+D nacionales, según la Plataforma HIPATIA, es la reducida
disposición de equipamiento o la infraestructura idónea para el cumplimiento de
sus objetivos. Estos centros adolecen de equipamiento e infra estructuras
desactualizadas y subutilizadas, lo que priva a nuestra I+D de ventaja
competitiva y capacidad colaborativa a nivel nacional e internacional (Programa
Estado de la Nación, Hipatia, 2016).
Se ha evidenciado también la ausencia de
plataformas que permitan contar con acceso a información centralizada y veraz
sobre los equipamientos e infraestructuras disponibles en los sectores
académico, público y privado.
En la última década han surgido notorios
esfuerzos de parte de los sectores académicos nacionales por mejorar los
programas de docencia e investigación, por robustecer las infraestructuras
nacionales en estos ámbitos, así como por impulsar proyectos innovadores
(Guerrero,2013); no obstante, los efectos de estas mejoras serán observables
tiempo después.
. Personal para la I+D
Un tercer punto de atención se relaciona con la
baja cantidad de personas investigadoras y personal de apoyo dedicado a
actividades de I+D. Para dimensionar la situación en esta materia, conviene
señalar que para 2018 los países miembros de la OCDE mostraron un valor de 8.39
investigadores por cada 1000 integrantes de la población económicamente activa
(en equivalente de tiempo completo); aunque economías con grandes capacidades
para la innovación (como Irlanda o la República de Corea) presentaron valores de
entre 10 y 15 para este indicador durante el mismo periodo, como se muestra en
la figura 4.15.
Total, de investigadores por cada 1000 habitantes de la población
económicamente activa (equivalentes en tiempo completo), países seleccionados
Fuente: Elaboración propia, con datos
consultados del PortalINEC.
MICITT estima que el valor de este indicador
para Costa Rica en este mismo año rondó en 1.06 (OECD, 2017b, p.65), lo cual
ubica al país por encima de México (0.71) y Chile (1.01)y solo es superado en
Latinoamérica por Argentina.
El país carece de una masa crítica de personas
investigadoras con grado doctoral para atenderlas solicitudes y necesidades de
los sectores académicos y productivos, esto según los datos incluidos en las
publicaciones del Informe Estado de la Educación del Programa Estado de la
Nación. Una estimación para evaluar esta necesidad puede tomarse del reporte
"Education at a glance 2019" de OCDE, el cual señala que en promedio
un 1,1% de la población de países miembros de esta organización de entre 25 y
64 años cuentan con un grado doctoral.
. Articulación en I+D
Un elemento que define de manera clara la
revolución tecnológica que se vive actualmente no es el conocimiento ni la
información por sí mismas, sino la aplicación de ese conocimiento y la
información para la generación de conocimiento en un proceso cíclico donde
tanto la innovación como sus usos sean retroalimentados constantemente
(Castells, 2000).
El concepto de conocimiento aplicado exige
vinculación entre este y la habilidad de responder a una necesidad específica.
Ello se debe visualizar a través de procesos colaborativos entre los distintos
sectores. Asimismo, involucra la implementación de una estrategia que permita
gestionar el conocimiento a través de la creación colaborativa, y la
cooperación, para su posterior socialización, en busca de solventar
problemáticas reales.
Costa Rica debe articular los recursos
necesarios para crear nuevo conocimiento científico y tecnológico, difundirlo
para evitar duplicidades de esfuerzos, e integrarlo con otras formas de
conocimiento. Se debe encontrar un balance entre la generación de conocimiento
basado sin aplicación inmediata identificada, versus la generación basada en
aplicaciones específicas, con una intensa promoción de los lazos nacionales,
globales y la cooperación.
Por otra parte, se observa una limitada
articulación entre los diferentes actores del SNCTI. Existen dos tipos de
cooperación universidad-sector productivo: uno en el cual el centro
universitario de investigación resuelve un problema que aqueja a una empresa o
a un grupo de empresas (transferencia tecnológica) y otro en el cual la
investigación o el desarrollo tecnológico se ejecuta en conjunto (desarrollo
tecnológico colaborativo). En el primer caso, el centro de investigación es un
proveedor de soluciones y, en el segundo caso, es un socio de la empresa en la
actividad científica y/o de desarrollo tecnológico.
Un importante componente de esta limitada
articulación Academia-Empresa descansa sobre los modelos actuales de
nombramiento de las personas investigadoras y sus modelos de premiación (León,
Kikut, Villalobos, 2019. P 75). Como se manifestó en los Talleres de Consulta
para esta Política, la mayoría de los incentivos en la Academia están dirigidos
a la publicación de revistas arbitradas de alto nivel, lo cual es deseable,
pero no se promueve suficientemente, la integración de la investigación en el
que hacer nacional y en la productividad del país.
Además, el modelo de contratación de los investigadores
y los escalafones de carrera profesional universitaria no premian los proyectos
de vinculación con las empresas. Aunado a esto, las universidades nacionales
tienen importantes espacios de mejora para crear un modelo de vinculación con
el sector productivo, lo cual en conjunto limita la integración de conocimiento
en CTI a procesos y productos de valorización sociales y productivos (OECD,
2020b.P80).
Aparte de ello, se requiere la atracción de recursos adicionales para la
I+D a través de la articulación con el sector productivo. Sin embargo, la
cooperación de los centros universitarios de investigación con el sector
privado genera múltiples ventajas para los primeros, entre los que se
encuentran, usualmente, la transferencia de conocimiento, el aprovechamiento de
infraestructura de investigación cuando está subutilizada, la generación de
ganancia, que puede ser utilizada para sufragar otras investigaciones o
desarrollos, y la creación de redes y contactos con centros de investigación,
cuando la propuesta de desarrollo es conjunta entre varias universidades.
. Cooperación en I+D y redes de conocimiento
globales
Otro aspecto para considerar apunta a la
limitada integración de nuestra producción en I+D a las redes globales de
conocimiento. El Informe del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación (2014) señala no solo la reducida productividad y sostenibilidad de
los grupos de investigación nacionales, sino también el modesto impacto que
aportan como nodosa las redes de conocimiento regionales y globales, esto
mediante el mapeo de más de 10800 publicaciones en áreas de ciencia, tecnología
e ingenierías en el periodo 20002019, como
se resume en la figura 4.15 (Programa Estado de la Nación, 2014, p.141-164).
Esta situación se ha tratado de solventar a
través de diferentes mecanismos. Uno de ellos es la reciente incursión en
herramientas y prácticas de Ciencia Abierta y Ciencia Ciudadana que permitan el
acceso y apropiación del conocimiento por parte del costarricense.
Figura4.16
Principales países con los cuales se publica en ciencia y tecnología,
20002019(absolutos)
Nota: Se incluyen artículos
originales y revisiones con base en datos del índice Scopus en junio
2020.Fuente: ¿Quiénes hacen Ciencia y Tecnología? - Grupos de Investigación
(Programa Estado de la Nación, HIPATIA, 2021).
Es necesario que una mayor cantidad de
investigadores del país publiquen y colaboren con otros grupos alrededor del
mundo, también en las iniciativas de Ciencia Abierta. Costa Rica registró unas
131 revistas de acceso abierto en Latindex, además, todas las revistas del país
son de acceso abierto, excepto una que sí requiere suscripción (MICITT, 2020d).
La iniciativa de datos abiertos está apenas
empezando a desarrollarse en el país tanto a nivel público como privado, esta
iniciativa requiere de infraestructuras de datos, así como de herramientas de
CTI digitales para adquirir, almacenar, manejar y compartir la producción
costarricense en este ámbito (OECD, 2018c).
La diáspora científica costarricense representa
una gran oportunidad para fortalecer nuestra integración a los ecosistemas
globales de I+D. En este sentido la Red Ticotal de la Academia Nacional de
Ciencias, así como la Plata forma Hipatia del PEN han permitido mapear más de
750 costarricenses residentes en el extranjero mediante quienes se puede
vincular nuestra I+D a nivel internacional.
Otro mecanismo que apunta a la integración de
nuestros procesos de I+D con los ecosistemas globales se basa en la cooperación
internacional bilateral y multilateral. La institucionalización de los procesos
de diplomacia científica y de innovación a nivel mundial ha incluido a Costa
Rica recientemente; se espera que esto rinda frutos en la traída de cooperación
internacional en disciplinas convergentes, así como en mejoras en las
infraestructuras y capacidades de nuestra I+D.
c) Problema de política pública y acciones.
Figura 4.17.
Componentes y
objetivos propuestos ante las bajas capacidades domesticas de absorción
tecnología e innovación.
Fuente: Elaboración propia, 2021
4.1.2 Innovación transformadora.
Costa Rica enfrenta desafíos importantes
para alcanzar un crecimiento económico sostenido y para avanzar hacia un modelo
que sea capaz de disminuir las desigualdades en términos de productividad entre
distintos sectores de la economía y entre regiones.
Los modelos de crecimiento endógeno demuestran
una relación directa entre la inversión en investigación, desarrollo e
innovación (I+D+i) y productividad, y destacan su papel central en el
crecimiento económico (Monge et al., 2020. P 1-112); pero también, otros
modelos señalan la importancia de la innovación para impulsar el desarrollo
social y ambiental.
La productividad por su parte es clave para
aumentar el bienestar, reducir la pobreza, financiar la educación, la salud
pública y el medio ambiente (OCDE, 2018).
Esta política parte de un concepto de
innovación transformadora, esto es una corriente de pensamiento que invoca a
una visión de la investigación, el desarrollo y la innovación no solo como
catalizadoras del crecimiento económico, sino como componentes relevantes para
la resolución de los desafíos sociales, ambientales y económicos de la era
moderna.
Una innovación transformativa "plantea que
los países y sociedades tienen opciones sobre qué tipo de ciencia promover, qué
tecnología usar y en qué innovación invertir" (Universidad de Sussex,
Colciencias, 2018, p.9-15).
a) Situación actual de
Costa Rica.
El estudio de la situación económica de Costa
Rica realizado por la OCDE en el 2018 "Economic Survey of Costa Rica
Research Findingson Productivity" (OECD,2018b), señaló que la economía
costarricense presenta importantes brechas de productividad laboral, que para
el 2016 la situaban un 36% por debajo que el promedio de la OCDE.
Asimismo, el último estudio económico sobre
Costa Rica de la OCDE (OECD, 2020a), indicó que la producción nacional cayó del
5% en el 2009 al 3% en 2019, debido a una débil productividad y a un esfuerzo
innovador muy deficiente.
Según Mongeetal:
.la poca
capacidad doméstica de innovación y otros factores que afectan el nivel y
tasa de crecimiento de la productividad constituyen los principales obstáculos
al crecimiento económico de Costa Rica. Todo esto, a su vez, impide poder
afrontar con éxito importantes retos que aún enfrenta este país en materia
económica y social, tales como un alto nivel de pobreza (alrededor del 21%),
una importante desigualdad en la distribución del ingreso (coeficiente de Gini
del 0,508), una alta tasa de desempleo abierto (alrededor del 12,4%) y un alto
porcentaje de empleo informal (46,5%) (BID, 2020).
En este mismo contexto, la Estrategia Económica
Territorial para una Economía Inclusiva y Descarbonizada 2020-2050 de MIDEPLAN,
señala que el modelo histórico de desarrollo ha estado hiper concentrado en la
Gran Área Metropolitana, con lo cual se han profundizado las brechas y el
rezago social, y en particular que la "híper
concentración de las dinámicas de innovación junto con un desarrollo incipiente
de las zonas costeras inhibe que la economía se digitalice y diversifique a lo
largo de todo el territorio"(MIDEPLAN, 2021).
En este sentido, Steinmueller (2010) citado por
Monge et al (2020) han establecido que las decisiones de las empresas de
invertir en innovación están afectadas por tres factores: (a) acceso a
información y conocimiento productivo, b) capital humano y (c) financiamiento.
Asimismo, citan un informe de Beverinotti et al (2015) quienes encuentran que:
.con respecto al PIB, el sector empresarial
costarricense invierte en I+D un 1,12% menos que la inversión realizada por el sector privado de un
país típico de la OCDE. De esta brecha, un 31% se explica por diferencias en el
capital humano, un 25% por la incapacidad de generar o descubrir nuevos
sectores dinámicos, un 21% por la reducida provisión de información o
conocimiento productivo relevante para las decisiones de inversión en las
empresas y un18%porla falta de financiamiento.
Si bien el modelo de desarrollo de los últimos
treinta años ha permitido una transformación gradual en la composición de la
producción, hacia sectores y procesos más complejos e intensivos en
conocimiento, existe aún una enorme heterogeneidad productiva entre la economía
local (en su gran mayoría conformada por micro, pequeñas y medianas empresas) y
la vinculada al sector exportador (en su mayoría empresas grandes de capital
extranjero).
Estas diferencias se explican en gran medida
por las bajas capacidades innovadoras y
de absorción y adopción de nuevas tecnologías y conocimientos, lo que
restringe el proceso de cambio tecnológico endógeno, impacta en productividad y
limita las posibilidades de internacionalización de las empresas e integración
en cadenas globales de valor (OCDE, 2017b).
Según los datos de los Indicadores Nacionales
de Ciencia, Tecnología e Innovación (periodos 2013-2018) son muy pocas las
empresas que logran innovaciones con resultados novedosos con respecto a los
mercados internacionales. La mayoría de las empresas logran innovaciones que ya
son novedosas en otros mercados. Se deriva de esto, que muy pocas de las
innovaciones son patentables, puesto que ya existían en otros mercados.[7]
7 Para mayor detalle, los datos de los Indicadores
Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación se muestran en la tabla 4.10 de
la página 167
Al referirse al tipo de innovación, las
empresas del sector agropecuario desarrollan más la innovación de proceso,
mientras que las del sector manufactura, energía y telecomunicaciones y las de
servicios llevan a cabo mayormente la innovación de producto-servicio. Además,
al comparar los periodos dentro de cada sector, solamente el sector servicios
muestra un comportamiento estable de un periodo a otro.
Para Monge et al (2020) luego de efectuar un
análisis de los Indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación 2012-2013, en
Costa Rica hay una relación directa entre el esfuerzo innovador y el tamaño de
las empresas, al menos en el sector de manufactura. Las empresas grandes no
solo son las que más innovan, sino las que tienen más posibilidades de producir
innovaciones radicales y novedosas para los mercados internacionales. Sin
embargo, en su mayoría esas empresas son de capital extranjero.
El nivel de innovación traccionada por el
mercado en Costa Rica es bajo, una expresión de ello consiste en que, desde
hace décadas, en promedio, hay menos de diez licenciamientos al año de
tecnologías desarrolladas localmente (Maggi, 2019, p.44-60).
Los registros de patentes de residentes
nacionales también son limitados, en comparación con otros países de la región
y de la OCDE. Según datos de la Organización Mundial de Propiedad
Intelectual-OMPI, Costa Rica presentó en el año 2019, 499 aplicaciones de
patentes de las cuales solamente 16 pertenecieron a residentes y 483 a no
residentes. (WIPO, 2020).
Una de las conclusiones a las que han llegado
en diversos análisis, es que la protección de la propiedad intelectual es un
tema poco comprendido y algunas veces mal entendido. El país carece de
programas educativos que fomenten una cultura de respeto a los derechos de
propiedad intelectual y son muy pocos los programas disponibles para que la
sociedad conozca de los beneficios y el valor de la propiedad intelectual.
b) Componentes de acción.
. Vinculación efectiva con centros de
investigación y desarrollo
Costa Rica enfrenta desafíos importantes tanto
para generar como para transferir y adoptar tecnologías por parte de las
instituciones que desarrollan I+D hacia las empresas y la sociedad.
En relación con lo anterior, según lo señalado
por los Indicadores Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación (MICITT,
2017b), las interacciones de las empresas encuestadas con los generadores de
conocimiento (universidades, consultores, centros de formación, entre otros) son relativamente bajas; solamente un 10,1% de
las empresas entrevistadas en esta encuesta manifestó que la colaboración con
las universidades es muy importante para la transferencia tecnológica, mientras
que solo un 11,2% de las empresas manifestó que es muy importante contratar
investigación útil para las actividades innovadoras de las empresas. Estas
escasas interacciones también reflejan una casi nula interacción entre el
sector empresarial con organismos públicos de Ciencia, Tecnología e Innovación,
que se da solo con un 1% de las empresas.
Los datos parecen demostrar que el modelo
actual solo está permitiendo que las interacciones (aunque satisfactorias) sean
posibles para un bajo porcentaje de empresas. Entre los obstáculos más
importantes, se encuentran la falta de conocimiento por parte de las empresas
acerca de las actividades realizadas por las universidades/institutos de
investigación-una barrera muy importante según el 33% de los entrevistados
(MICITT, 2017b).
Asimismo, un estudio de Maggi para el BID
(Maggi, 2020) señala una débil adecuación de los marcos normativos y
procedimientos administrativos de centros de investigación y universidades,
ante oportunidades de colaboración tecnológica con la industria. Indica que los
costos de transacción para identificar aquellos equipos más adecuados para
responder a los requerimientos de las empresas son altos, en términos de
preparación técnica, de oportunidad de respuesta y de la carga burocrática, lo
cual desincentiva una interacción más fluida. Esto se suma a que aún hay un
camino por recorrer para seguir las mejores prácticas internacionales para
efectos de una oportuna divulgación (disclousure), gestión de la Propiedad
Intelectual y comercialización conforme a la modalidad de transferencia
adoptada en cada caso.
. Competencias organizacionales y humanas
Paralelamente, Peralta en el estudio, El sistema de innovación para las mi pymes
costarricenses: hacia un modelo de articulación de 2019, indica que, en el
caso de las mipymes, entre los obstáculos más significativos para involucrarse
en actividades de innovación está en las propias estructuras productivas de las
mipymes y en sus características organizativas, que son débiles.
Un estudio realizado por Herrera y Tristán
(2018, p. 4) señala que, si bien las empresas que formaron parte de la encuesta
reconocen la importancia de la innovación, esta "no es parte de su gestión
estratégica, lo que limita que se realice de manera sistemática. Entre más
pequeña sea la empresa, más se aleja de la gestión de la innovación".
Además, indican que "más del 40% de las MIPYMES no cuentan con ninguna
instancia/programa para fomentar la innovación".
Entre las debilidades más significativas está
el nivel de formación limitado de su talento humano. Según ese mismo estudio,
un 53, 6% de las empresas encuestadas indicó que el nivel de formación
"limita la actividad innovadora; especialmente lo señalan las micro y
pequeñas empresas (30%). Este tema es abordado con más profundidad en el Eje de
Talento Humano.
. Financiamiento y capacidades institucionales
Por último, uno de los principales retos para
incrementar las capacidades domésticas de innovación, refiere al marco
institucional de ciencia, tecnología e innovación. Para Herrera (2013):
"diversos documentos, planes, estrategias, análisis de expertos llaman la
atención sobre la urgencia de realizar cambios en la institucionalidad y en la
legislación a fin de adecuarla a los requerimientos actuales y futuros de la
sociedad en su conjunto, pero especialmente de los sectores productivos".
Aunado a lo anterior,
para Monge et al (2020):
.los instrumentos de política pública para
apoyar los esfuerzos de innovación de las empresas son muy escasos y, en la mayoría de los casos, tienen un enfoque de oferta,
dejando de lado importantes políticas para la promoción de la innovación, tales
como incentivos para la adopción de tecnologías, apoyo al desarrollo de
clústeres, innovación abierta, compras públicas, desarrollo de proveedores,
etc.
Asimismo, el SNCTI cuenta con pocos
instrumentos de financiamiento que incentiven la innovación y la transferencia
tecnológica en el sector empresarial, y los existentes han tenido un impacto
muy acotado.
Según los Indicadores Nacionales de Ciencia,
Tecnología e Innovación (2017) la principal fuente de financiamiento de las
empresas encuestadas es la reinversión de utilidades. Solo un 12,4%de los
entrevistados conocía el Fondo Propyme. Además, estos indicadores señalan que
la principal razón para no postulara las fuentes de financiamiento es por la
carencia de información para aplicar (45,5%), además de no estar interesados en
aplicar (30,3%). Entre las razones de no acceder a las fuentes, se encuentran,
no cumplir con los requisitos (50,0%) y que el monto aprobado no llenó las
expectativas (50,0%) (MICITT, 2017b).
Además, en Costa Rica aún no existe una oferta
institucionalmente consolidada de fondos de capital de riesgo, redes de ángeles
inversionistas, financiamiento accionario, financiamiento colectivo, entre
otros; orientada a la inversión de emprendimientos de base científica y
tecnológica.
Según Maggi (2020):
Hay una insuficiente oferta de instrumentos y
políticas para incentivar procesos de transferencia del tipo catching-up, en el
marco de estrategias de desarrollo de proveedores locales de empresas
internacionales mediante la absorción de nuevas tecnologías, el acceso a
licenciamientos y contratos de base tecnológica. Esto a pesar de contar con un
elevado potencial tanto por el lado de la inversión que realiza el país en
formación de capital humano, como también por la presencia de empresas multinacionales
que operan en sectores de elevada sofisticación técnica.
Por último, según el Estado de la Nación
(2018): "la mayoría de los productos que ofrece el mercado financiero
tradicional se dirige a pymes consolidadas, dejando un vacío en la oferta de
programas de capital dirigidos al apoyo de emprendimientos innovadores en fases
iniciales."
Pero, además, indica el mismo Estado de la
Nación, existe una serie de retos adicionales para incentivar el desarrollo de
los emprendimientos de base tecnológica, tales como "la falta de cultura
orientada a emprendimiento de startup y
de políticas y regulaciones pertinentes".
En este contexto, es imperante contar con una
institucionalidad capaz de construir capacidades productivas y tecnológicas que
conduzcan a la incorporación de las nuevas tecnologías en las industrias
nacionales, especialmente aquellas que enfrentan grandes barreras tecnológicas,
para lograr verdaderos beneficios en términos de eficiencia y productividad.
Pero, sobre todo, instrumentos financieros y no financieros los cuales ayuden a
disminuir las brechas de desigualdad productiva, social y territorial.
Asimismo, estos esfuerzos deben complementarse
con otras políticas productivas, tales como las que estimulan el desarrollo de
los clústeres, que pueden ser vistos como pequeños Sistemas de Innovación, y
que propician la transferencia tecnológica y la innovación a partir de las
vinculaciones productivas entre competidores, compradores y suplidores.
c) Problema del área
estratégica y acciones propuestas.
Figura 4.18.
Componentes y objetivos propuestos ante las bajas capacidades domesticas
de absorción tecnología e innovación.
Fuente: Elaboración propia, 2021
La transformación digital sucede cuando
las instituciones públicas y la sociedad son transformadas en torno a
tecnologías digitales, generalmente dirigidas por un esfuerzo de
digitalización. Idealmente, el proceso de transformación digital resulta en
potenciar el desarrollo socioeconómico de dicha sociedad y en mejorar la
calidad de vida de las personas que la conforman (MICITT, 2018).
Así, la digitalización para la transformación
digital promueve la incorporación de tecnologías digitales en las instituciones
públicas y sus modelos de gobernanza, las estrategias y prácticas productivas
de los distintos sectores económicos y el ejercicio de la ciudadanía de la
población en general, asegurando la inclusión de todas las personas de forma
provechosa y segura. Esta digitalización se plantea con objetivos tan diversos
como gestión de la información, aumento de competitividad, análisis de datos,
automatización, control remoto, educación y salud, entre otros, y en sectores
productivos que van desde el turismo hasta el sector agro, incluyendo
emprendimientos, comercio e industria.
En la construcción de una nueva sociedad y
economía digitales basadas en el conocimiento y la información en Costa Rica,
promover una transformación digital implica la implementación de un gobierno
para una gobernanza digital y una digitalización inclusiva de la sociedad
costarricense, que a su vez conllevan el despliegue y asimilación de
infraestructura, tecnologías de información y comunicación (TIC) y plataformas
digitales, la formación de capacidades digitales básicas en la población, y la
adopción de una cultura digital en las distintas instituciones públicas y
empresas del país.
a) Definición y características.
El concepto de transformación digital es amplio
y complejo, involucra diversos componentes y características, y su proyección
en la política pública depende de la definición que se acoja. Considerando la
reciente incorporación de Costa Rica como miembro de la OCDE en este 2021, la
definición y caracterización para transformación digital que se incorporarán en
esta política serán las identificadas por esta organización internacional.
En la reunión del Consejo de la OCDE de nivel
Ministerial, realizada en París, Francia, los días 30 y 31 de mayo del 2018, se
definió la transformación digital como sigue:
La transformación digital se refiere a los
efectos económicos y sociales de la digitación y la digitalización. La
digitación es la conversión de datos y procesos analógicos a un formato legible
con máquinas. La digitalización es el uso de las tecnologías y datos digitales,
así como su interconexión, que genera nuevas actividades o cambios en las ya
existentes.
Asimismo, el proyecto Going Digital de la OCDE
identifica siete dimensiones de política claves para que la transformación
digital favorezca el crecimiento y el bienestar:
1.
ampliar el
acceso a tecnologías digitales;
2.
reforzar
su uso efectivo;
3.
fomentar
la innovación digital;
4.
garantizar
trabajos de calidad para todos;
5.
promover
la prosperidad social;
6.
reforzar
la confianza; y
7.
favorecer
mercados abiertos.
Costa Rica como miembro de la comunidad
internacional y referente regional en América Latina, reconoce el uso estratégico
de las tecnologías para lograr la transformación integral de las personas y el
país, guiada por los principios básicos de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible. Nuestro país también se adhiere a los compromisos de la Agenda
Digital eLac 2020 para América Latina y el Caribe, incluyendo el desarrollo de
la infraestructura digital, la promoción de la transformación y la economía
digitales; el mercado digital regional, el gobierno digital, la cultura,
inclusión y el desarrollo de habilidades digitales, y el uso de las tecnologías
emergentes para el desarrollo sostenible.
Asimismo, los esfuerzos del Gobierno están
alineados con la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico que promueve el
uso de las TIC para mejorar la información y los servicios ofrecidos a los
ciudadanos, orientar la eficacia y eficiencia de la gestión pública, y evitar
la presentación reiterada por parte de ciudadanos y empresas, de documentos con
información que ya posee la administración pública.
b)
Principales indicadores de transformación digital.
Según un conjunto de indicadores
internacionales que se monitorean mediante el compendio estadístico elaborado y
actualizado por el MICITT y disponible en el sitio web, se presentan datos de
mediciones como el Índice Mundial de Innovación, el Índice de Desarrollo
Humano, el Índice de Desarrollo de las TIC, el Índice de Asequibilidad y el
Índice de Competitividad Global 4.0., instrumentos que permiten medir
comparativamente los avances país en el proceso de transformación digital.[8].
8 Para un
mayor detalle de los avances país en el proceso de transformación digital,
examinar la tabla 4.11 de la página 167.
c) Marco normativo.
La transformación digital, como proceso con
potencial de conducir a un mayor avance económico y social, el cual está
directamente relacionado con la investigación científicotecnológica, la
innovación, las telecomunicaciones y la gobernanza, en Costa Rica se encuadra
en un marco normativo vigente amplio y transversal que define al Ministerio de
Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) como su rector.
La Ley 7169 de Promoción del Desarrollo
Científico y Tecnológico tiene entre sus propósitos el "desarrollo
científico, tecnológico y de la innovación", y fija como objetivo general
facilitar la investigación científico-tecnológica y la innovación que conduzcan
a un mayor avance económico y social en el marco de una estrategia de
desarrollo sostenible y productividad del país, con el propósito de conservar,
para las futuras generaciones, los recursos naturales del país y garantizarle a
las personas costarricenses una mejor calidad de vida y bienestar, así como un
mejor conocimiento de sí mismo y de la sociedad.
El MICITT como rector en Ciencia, Innovación,
Tecnología, y Telecomunicaciones y Gobernanza Digital, es el encargado de
definir la política pública en materia de tecnología e innovación, así como
promover la creación y el mejoramiento de los instrumentos jurídicos y
administrativos necesarios para el desarrollo científico, tecnológico y de la
innovación del país. Entre otras funciones se encuentran las de promover la
democratización y apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación, en
el marco de los derechos humanos que hagan del conocimiento un instrumento para
el desarrollo de las comunidades del país y fomentar la participación de la
población en procesos de acercamiento y apropiación social, así como la
generación de capacidades en ciencia, tecnología e innovación, como lo indica
el Capítulo III de la Ley en mención.
Reconociendo la importancia y la necesidad del
despliegue de redes de telecomunicaciones como una base para desarrollar
tecnologías y servicios digitales que potencien la transformación digital, es
fundamental considerar la Ley General de Telecomunicaciones Nº 8642, que indica
entre sus objetivos:
ARTÍCULO 2.- Objetivos
de esta Ley
Son objetivos de esta
Ley:
a)
Garantizar
el derecho de los habitantes a obtener servicios de telecomunicaciones, en los
términos establecidos en esta Ley.
b)
Asegurar
la aplicación de los principios de universalidad y solidaridad del servicio de
telecomunicaciones.
c)
Fortalecer
los mecanismos de universalidad y solidaridad de las telecomunicaciones,
garantizando el acceso a los habitantes que lo requieran.
(.)
f) Promover el desarrollo y uso de los
servicios de telecomunicaciones dentro del marco de la sociedad de la
información y el conocimiento y como apoyo a sectores como salud, seguridad
ciudadana, educación, cultura, comercio y gobierno electrónico.
(.)
i) Procurar que el país obtenga los máximos
beneficios del progreso tecnológico y de la convergencia.
(.)
Esta Ley incluye conceptos claves para el
desarrollo de la transformación digital del país en su Artículo 6, como lo son:
1)
Acceso
universal: derecho efectivo al acceso de
servicios de telecomunicaciones disponibles al público en general, de uso
colectivo a costo asequible y a una distancia razonable respecto de los
domicilios, con independencia de la localización geográfica y condición
socioeconómica del usuario, de acuerdo con lo establecido en el Plan nacional
de desarrollo de las telecomunicaciones
2)
Acceso: puesta a disposición de terceros por parte de
un operador de redes públicas o proveedor de servicios de telecomunicaciones
disponibles al público, de sus instalaciones o servicios con fines de
prestación de servicios por parte de terceros.
3)
Agenda
digital: conjunto de acciones a corto,
mediano y largo plazo tendientes a acelerar el desarrollo humano del país,
mediante el acceso, uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones (TICs).
4)
Agenda de
solidaridad digital: conjunto de acciones a corto, mediano y largo plazo
tendientes a garantizar el desarrollo humano de las poblaciones económicamente
vulnerables, proporcionándoles acceso a las TICs.
5)
Banda
ancha: tecnología que permite el
transporte de señales utilizando medios de transmisión con un ancho de banda
suficiente para garantizar capacidad, velocidad y continuidad en la
transferencia de cualquier combinación de voz, datos, gráficos, video y audio
en cualquier formato.
6)
Brecha
digital: acceso diferenciado entre
países, sectores y personas a las TICs, así como las diferencias en la
habilidad para utilizar tales herramientas, en el uso actual que les dan y en
el impacto que tienen sobre el desarrollo humano.
(.)
8) Convergencia: posibilidad de ofrecer a través de una misma
red diversos servicios, simultáneos o no, de telecomunicaciones, información,
radiodifusión o aplicaciones informáticas.
(.)
Asimismo, la Ley General de Telecomunicaciones
(LGT) establece un Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) como
herramienta para reducir la brecha digital, promover la igualdad de
oportunidades de la población en cuanto al acceso a las Tecnologías de la
Información y Comunicación, y como potenciador del desarrollo de la Sociedad de
la Información para las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Según la
Ley, este fondo financia la formulación y ejecución de los proyectos que se
definen como mecanismos para el cumplimiento de las metas y objetivos definidos
en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT). Estas
iniciativas aportan a la reducción de la brecha digital, en particular la
brecha de acceso; además, promueven el despliegue de redes y la oferta de
servicios de telecomunicaciones en zonas que no son financieramente rentables
para la dinámica comercial, pero sí fundamentales para asegurar un acceso
universal y solidario a los beneficios de la Sociedad de Información y el
Conocimiento.
Adicionalmente, es importante considerar que,
en el año 2017, con base en la reforma del Decreto Ejecutivo N°38536-MP-PLAN,
llamado Reglamento Orgánico del Poder
Ejecutivo; se establece la rectoría de Gobernanza Digital en el MICITT,
por este motivo se inicia una reestructuración en este Ministerio que culmina
con la creación y consolidación de la Dirección de Gobernanza Digital (DGD) en
el año 2018. A la Dirección de Gobernanza Digital se le asignaron competencias
en transformación digital y gobierno electrónico, se ejecutaron iniciativas y
aglutinaron competencias, que ante el grado de descentralización institucional
del país; ha generado una atomización de mapa, este prolifera actores con roles
diversos en gobierno y transformación digital, los cuales no siempre se
encuentran bajo la rectoría de una misma institución.
d) Estrategia de
Transformación Digital hacia la Costa Rica del Bicentenario.
El conjunto de las normativas y consideraciones
presentadas permitieron que en 2018 en MICITT se contara de forma integral con
elementos y herramientas de política pública claves para el planteamiento de
una estrategia de transformación digital, llamada Estrategia de Transformación
Digital hacia la Costa Rica del Bicentenario 4.0 (ETDCR40). Esta estrategia
integra diferentes temáticas para su desarrollo, como se presenta a
continuación:
Temas
de la Estrategia de Transformación Digital hacia la Costa Rica del Bicentenario
4.0.
Fuente: Elaboración propia. MICITT (2021).
La visión definida en
la ETDCR40 es:
Una Costa Rica transformada digitalmente
acelerando la productividad, la competitividad y el desarrollo socio-económico,
tomando ventaja de la cuarta revolución industrial y las sociedades del
conocimiento, para procurar el bienestar de todos sus habitantes de manera
inclusiva y potenciar el desarrollo sostenible del país.
Figura 4.20.
Ejes temáticos de la ETDCR4.0
Ejes temáticos de la
ETDCR4.0
La adhesión de Costa Rica a la OCDE durante
este 2021, presenta el reto de marcar nuevas prioridades para el desarrollo de
una estrategia de transformación digital. Así, mediante la cooperación técnica
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante los meses de marzo a junio
de 2021, se realizó una revisión integral de la ETDCR40, tomando en cuenta la
normativa vigente y los diferentes actores, se proponen como acciones concretas
ante esta incorporación, las siguientes:
1.
Reducir la
complejidad del entorno institucional.
2.
Mejorar la
financiación de la investigación e innovación, con apoyo a la financiación
competitiva y a la colaboración público (universidades) - privada.
3.
Fomentar
la competitividad de las empresas a través de un entorno regulatorio menos
complejo, menos barreras al comercio, a la creación de empresas, limitar la
competencia desleal de las empresas públicas.
4.
El uso
obligatorio de SICOP por parte de todas las entidades públicas, reduciendo la
contratación directa.
5.
Fomentar
la creación de startups, eliminando
cargas administrativas y favoreciendo la creación de sandbox regulatorios en el caso de las fintech.
6.
Fomentar
el Gobierno Digital con más trámites en línea, fomento de la firma / identidad
digital, y aceptación de los documentos electrónicos.
7.
Mejorar la
inclusión financiera de los sectores desfavorecidos y la brecha de género,
buscando reducir los márgenes de intermediación, que impactan en las personas
más vulnerables, manteniéndoles en la informalidad, o generando mayores costes
financieros y endeudamiento por vida.
A continuación, se muestra como esta estrategia
se distribuye en los planes nacionales sectoriales:
e) Actores en la
transformación digital.
En este contexto, el levantamiento y mapeo de
actores es una herramienta fundamental que permite conocer y visualizar los
diferentes roles y las relaciones entre ellos, con el objetivo de mejorar la
gobernanza y crear estrategias con impacto, que hayan sido elaboradas desde un
punto de vista integral mediante un proceso colaborativo y de consenso entre
todos los representantes. Asimismo, este
ejercicio es de especial importancia en el proceso de transformación digital,
donde las competencias pueden diluirse entre infinidad de actores y resulta más
complejo identificar y asignar roles específicos. Además, desde el punto de
vista del gestor de proyectos, el mapa de actores permite analizar y comprender
mejor los diferentes intereses e influencias de cada actor sobre los resultados
y decisiones futuras.
El resultado de este trabajo identifica actores
clasificados como 1) actores públicos nacionales, 2) actores no públicos y 3)
actores internacionales, identificados de la siguiente forma:
Figura 4.21.
Mapa de actores para la transformación digital
BID (2021). Mapa de actores para la
transformación digital.
Así, para esta Política Nacional de Sociedad y
Economía Basadas en el Conocimiento, se identifica el siguiente problema
público en materia de transformación digital:
El proceso de transformación digital en Costa
Rica ha venido sucediendo de forma desarticulada, sin una perspectiva
estratégica amplia que incorpore la gobernanza para un gobierno digital, la
transformación digital sectorial y la digitalización inclusiva, que permita
coordinar estos esfuerzos para alcanzar una apropiación generalizada de las
tecnologías digitales y así una mayor competitividad país y mejorar la calidad
de vida de las personas.
Considerando las definiciones y características
presentados, los indicadores generales, el contexto internacional, el marco
normativo vigente, la revisión de la ETDCR40 y la identificación de los actores
relevantes, se propone dirigir el proceso de transformación digital en Costa
Rica con una visión estratégica amplia y articulada desde dos perspectivas:
? Gobierno y gobernanza
digital, que a su vez dirige y coordina la transformación digital del sector
público y otros sectores desde su gobernanza, mediante pilares como la
identidad digital, la ciberseguridad y la interoperabilidad.
? Digitalización
inclusiva, que dirige y coordina el despliegue, apropiación y aplicación
provechosa y segura de tecnologías digitales en distintos sectores de la
sociedad de forma inclusiva y solidaria, así como las condiciones habilitadoras
necesarias para que esto suceda.
El objetivo de este eje estratégico es impulsar
la digitalización con un enfoque inclusivo y solidario mediante la habilitación
de las condiciones que permitan el despliegue de redes modernas, innovadoras,
seguras y escalables, así como potencializar el uso seguro, productivo y ético
de las tecnologías digitales por parte de la población y el sector productivo.
La digitalización como integración de las
tecnologías digitales brinda un beneficio a la sociedad a través de la
generación de un valor público, y la consecuente transformación digital se
logra mediante la aplicación transversal de la tecnología; esta aspiración
demanda la capacitación y desarrollo de destrezas y habilidades en temas
digitales tanto para las empresas como para los usuarios de los productos y
servicios.
A través de ello se logra la creación de nuevos
productos impulsados por los diferentes habilitadores tecnológicos, por medio
de la arquitectura empresarial. La tecnología puede fortalecer sus capacidades
y mejorar el desempeño de una organización. Es una herramienta que permita
identificar, formular y ejecutar oportunidades para ser más competitivas con la
innovación. Además, mejora la toma de decisiones y busca establecer la cercanía
con el usuario y mejorar el servicio brindado.
Para el levantamiento de los actores se realizó
en conjunto con el BID acciones de investigación documental y de campo, así
como un análisis conceptual de campo, siguiendo el siguiente proceso liderado
por el BID:
Figura 4.22.
Hilo argumental del levantamiento de actores
transformación y gobierno digitales
BID (2021).
4.1.3.1 Gobernanza Digital y Gobierno Digital.
El Gobierno Digital en Costa Rica ha sido
gestionado mediante múltiples instrumentos de política pública nacionales. Este
tema tuvo sus inicios en el país hasta el año 2000, en Casa Presidencial. Dos
años después, se formula el "Plan de Gobierno Digital 2002-2006" y se
da la creación de la Comisión Nacional de Tecnologías de la Información y la
Comunicación (CONATIC).
Para el año 2002, se estableció la plataforma
de correos electrónicos costarricense.cr con el propósito de que las personas
con acceso a internet estuvieran conectadas. Para el año 2005 se tuvieron
importantes avances tales como, la creación de una Ley para firma digital, la
directriz N.º 040 la cual tenía como fin orientar a las Instituciones Públicas,
que aún no tenían Internet, a tomar medidas, para que lograran dicha
participación mediante el desarrollo de sitios web, la creación de sistema de
compras electrónicas en Costa Rica, por lo cual un primer paso en ello fue la
publicación del Reglamento para la Utilización del Sistema de Compras Gubernamentales
Compra RED N°32717; proyectos que han marcado una diferencia del cómo hacer las
cosas en el país.
Propiamente en el año 2006, se creó la
Secretaría Técnica de Gobierno Digital (STGD) y la Comisión Intersectorial de
Gobierno Digital, y en ese mismo año se publica el Reglamento del Sistema de
Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) Nº33452, el cual de manera
centralizada busca agilizar los trámites previos de comercio exterior.
En el periodo del año 2007, se realizó un
convenio con el Banco de Costa Rica para realizar en sus sucursales los
trámites de licencia de conducir, así como la emisión y renovación de
pasaportes. Para el año 2009, la STGD pasó a ser parte del Instituto
Costarricense de Electricidad (ICE) y se implementó el sistema de compras
públicas Merlink. El Sistema de Contrataciones Municipales (SCM) fue creado en
noviembre de ese mismo año, por parte del Instituto de Fomento y Asesoría
Municipal (IFAM), en conjunto con el Programa Nacional de Competitividad y
Mejora Regulatoria (Pronacomer). Este año se emite la primera firma digital
certificada en el país.
En el año 2010, surge el Plan Maestro de
Gobierno Digital en Costa Rica, en él se establecieron líneas de acción, como
la calidad de servicio, la transparencia y participación, así como la
eficiencia del Gobierno. En ese mismo año, se traslada al MICIT el vice
ministerio de Telecomunicaciones, que anteriormente formaba parte del
Ministerio de Ambiente y Energía y Telecomunicaciones (MINAET), a partir de lo
cual pasa a ser el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones
(MICITT), con lo que se fortalece su accionar y se obtiene protagonismo en
temas tecnológicos en el área de telecomunicaciones. Mediante el Decreto
N°36242-MP-PLAN, se oficializa el Reglamento para la Utilización del Sistema
Electrónico de Compras Públicas Mercado en Línea (MerLink), el cual viene a
sustituir el uso de CompraRed.
Para el 2012, se realiza el lanzamiento de una
plataforma llamada "CrearEmpresa", la cual facilita a las personas la
constitución y puesta en operación de empresas en Costa Rica, y en el 2013,
entra en vigor la Ley N°9162, que trata sobre el expediente digital único de
salud, ello permite iniciar un proyecto de creación de un expediente
electrónico con la información de toda la historia de atención médica de las
personas.
A partir del año 2014, la rectoría del tema de
Gobierno Digital pasó a manos del MICITT; por medio de la antigua Dirección de
Tecnologías Digitales, la cual tenía la visión de ofrecer una labor amplia en
el aspecto tecnológico para el desarrollo del país, basado en el Decreto N°
38166-MICITT. En este año, el Poder Ejecutivo emitió la directriz N°
067MICITT-H-MEIC llamada: Masificación de la implementación y el uso de la
firma digital, con esto se busca que el Estado implemente las Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC) para lograr eficiencia y transparencia en la
administración, promoviendo se utilicen medios digitales y con ello seguridad
en los servicios que brindan a sus usuarios.
Para el 2015, se toma el acuerdo de trasladar
todo el personal y los proyectos de la STGD conocida en el ICE como la División
de Gobierno Digital a la Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA), ya que esta
empresa poseía muchas similitudes con las propuestas de la STGD para
implementar en temas de Gobierno Digital.
El Ministerio de Hacienda emite la resolución
N° DGT-R-48-2016 "Comprobantes Electrónicos", en el 2016, con la cual
se autoriza el uso de la factura electrónica, tiquete electrónico, notas de
crédito y débito electrónica y los comprobantes provisionales por contingencia,
como comprobantes para el respaldo de ingresos, costos y gastos, siempre que
cumplan con los requisitos y características que se detallan en dicha resolución.
En el año 2017, con base en la reforma del
Decreto Ejecutivo N°38536-MP-PLAN, llamado Reglamento Orgánico del Poder
Ejecutivo, se establece la rectoría de Gobernanza Digital en el MICITT, motivo
por el que se inicia una reestructuración en este Ministerio, este se culmina
con la creación de la Dirección de Gobernanza Digital (DGD), la cual se
consolida en el año 2018.
Continuando con esfuerzos para avanzar con la
transformación del estado costarricense, en el año 2018, se da la elaboración
de la Estrategia de Transformación Digital hacia la Costa Rica del Bicentenario
4.0 (2018 - 2022), y se publican el Decreto Ejecutivo N°
41248-MPMICITT-PLAN-MEIC-MC denominado: "Creación de la Comisión de Alto
Nivel de Gobierno Digital del Bicentenario" y la Directriz N°019-MP-MICITT
denominada:
"Desarrollo del Gobierno Digital del
Bicentenario"; con ello se busca el trabajo colaborativo y la
modernización, basados la masificación de la firma digital, la ciberseguridad y
la interoperabilidad de los sistemas en el sector público. En diciembre de ese
año, se presentó la iniciativa el Proyecto de Ley Nº 21180 "Ley de
creación de la Agencia Nacional de Gobierno Digital" la cual fue aprobada
por la Asamblea Legislativa el 21 de enero del 2021.
Costa Rica cuenta aún con muchos trámites y
servicios basados en una cultura del papel, a pesar de que las tecnologías
digitales ocupan un rol de suma importancia en la vida de cada una de las
personas. Contar con servicios y trámites basados en papel hace que estos
procesos sean más lentos y en ocasiones ineficientes.
La necesidad de utilizar de forma más eficiente
al Estado por medio de la digitalización, la constante de los ciudadanos por
mejores servicios y trámites, así como la eficiencia en el uso de los recursos
públicos, conduce a promover el Gobierno Digital y la Transformación Digital
del País.
Uno de los principales retos que enfrentan los
países latinoamericanos es la de lograr cerrar la brecha existente de las
expectativas de los ciudadanos y las empresas ante los servicios que pueden
ofrecer las instituciones del Estado. La transformación digital y el Gobierno
Digital deben funcionar como herramienta de inclusión social, ofreciendo
servicios y trámites las 24 horas del día y con acceso en cualquier parte del país
mediante una conexión a internet.
Estudios recientes realizados por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) en América
Latina, publicados en su libro "El fin del
trámite eterno: Ciudadanos, burocracia y gobierno digital" publicado en el
año 2018, muestran los siguientes resultados:
.
El
promedio para realizar un trámite es de más de 5 horas.
.
Las
personas con menos nivel de estudio hacen menos trámites, ello implica que se
benefician menos de los servicios de gobierno y al mismo tiempo se genera una
brecha social.
.
La mayoría
de los trámites se concentran en las grandes ciudades, aumentando de esta forma
el costo y el tiempo invertido para las personas de las zonas costeras o más
alejadas.
.
Se estima
que un 90% de los trámites aún se siguen brindando por el canal tradicional.
.
Los
trámites empresariales y de pago de impuestos son los que se realizan con mayor
frecuencia por plataformas digitales, pero el resto de las transacciones se
siguen haciendo mayoritariamente de manera presencial.
Algunas de las razones que han impedido el
avance en el tema de Gobierno Digital se relacionan con:
1.
Falta de
conocimiento de la experiencia ciudadana.
2.
Existe muy
poca coordinación entre instituciones públicas, por lo cual los ciudadanos
toman el rol de "mensajeros" del gobierno, trasladando documentos de
una institución a otra, un tema que puede resolverse por medio de la
interoperabilidad.
3.
Existe una
alta complejidad regulatoria.
4.
Los altos
niveles de desconfianza generan trámites complicados y con excesos de
controles, dado que la mayoría de las validaciones se hacen de forma
tradicional y no automatizada.
El informe "Hacia la Sociedad de la
Información y el Conocimiento" desarrollado por el Programa Institucional
de Sociedad de la Información y el Conocimiento (PROSIC) de la UCR en su
edición del año 2020, en el apartado de Gobierno Digital, examina el proceso de
digitalización que ha iniciado el Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
recientemente, la creación del Portal Nacional Pura Vida Digital, el Reglamento
para efectos tributarios promulgado de forma complementaria al Sistema de
Comprobantes Electrónicos, la elaboración del Código Nacional de Tecnologías
Digitales (CNTD) y los avances en materia de Firma Digital Certificada y el
Sistema de Compras Públicas (SICOP) durante el 2019.
En CNTD entró en vigor en febrero de 2020,
integra un compendio de políticas públicas que establecen los mínimos deseables
para la adquisición, desarrollo y gestión de las tecnologías y los servicios
digitales en el sector público costarricense. El CNTD está integrado por seis
principios concretos que deben ser tomados en cuenta para todo nuevo desarrollo
digital de las instituciones, como se resume en la figura 4.22.
El CNTD se encuentra en constante actualización
y se realizó la publicación de la versión 2.0 en mayo de 2021, incorporando el
marco de interoperabilidad país.
Figura 4.22
Principios del Código Nacional de Tecnologías
Digitales
Fuente: Elaboración propia, con datos de
MICITT.
El informe de PROSIC hace referencia de un
crecimiento importante en el total de certificados digitales, en el año 2018 se
emitieron 55118 y se incrementó en 82110 representando un 49% de incremento. A
lo que se refiere a los certificados de sello y los agentes electrónicos, para
el mes de febrero del 2020 se tenían emitidos 91 certificados de personas
jurídicas (sellos electrónicos).[9] El total de firmas
digitales certificadas emitidas a marzo del 2021 es de 496.470, lo anterior se
resume en la tabla 4.12
[1] Para un mayor detalle
de las firmas digitales certificadas emitidas al 31 de marzo 2021, consultar la
tabla 4.12 de la página 169
De igual forma la CGR, en su informe titulado
"Transformación digital de la Administración Pública: Desafíos de la
Gobernanza para un modelo eficiente e integrado", publicado en el año
2020, indica que existen importantes diferencias entre la gobernanza digital y
el gobierno digital, de tal forma que la primera abarca la interacción entre
las partes en su entorno marcado por reglas y normativa, y el gobierno digital
se enfoca específicamente en la implementación y uso de tecnologías digitales
como parte de la gestión pública. Por esto, en un entorno en donde la
Administración Pública se ve inmersa en cambios constantes, tanto en la forma
en que se brindan los servicios públicos como en las necesidades que se
atienden en la ciudadanía; es necesario consolidar un modelo de gobernanza
claro, para el establecimiento de roles y trabajo conjunto con miras a lograr
una mejora en términos de eficacia, eficiencia, participación ciudadana y
transparencia, todo en un marco que propicie la rendición de cuentas y el
cumplimiento de la normativa.
Como se muestra en la figura 4.23, Costa Rica
se encuentra en la posición #56 a nivel mundial y en la posición #7 a nivel de
América del índice E-Government Development Index (EGDI) que publicó las
Naciones Unidas para el año 2020, el cual contempla componentes como el Online
Índice de servicios (OSI), Índice de infraestructura de telecomunicaciones
(TII) e Índice de capacidad humana (HCI). En el Global Competitive Ness Index
2019 del Foro Económico Mundial nos encontramos en la posición #62 y en la
posición #7 a nivel de América, además en el Global Innovation Index 2020 de la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual nos encontramos en la posición
#56 y en la posición #5 a nivel de América.
Posición
de Costa Rica en diferentes índices internacionales
E-Government Global Cybersecurity National
Global Global Innovation Development Index Index 2020: Cybersecurity Competitiveness Index
2020:
2020:. #76 Index 2020: Index 2019: . #56
. #56. Posición #8 de . #53 . #62 . Posición #5 de
.
Posición # 7 de América . Posición #5 de . Posición #7 de América
América. +39 en América
junto América . -1 en
. Sección de Muy comparación con con Rep. . -7 en comparación comparación con
Alto Desarrollo2018 Dominicana con 2018 2018
. 1. USA, 2.
Uruguay, . 1.USA, 2.
Canadá, . 1.USA, 2. . 1.USA, 2. Canadá, . 1.USA, 2. Canadá,
3. Canadá, 4. 3. Brasil, 4. México, Paraguay,
3. 3. Chile, 4. México, 3. Chile y 4. Argentina, 5. Chile 5. Uruguay,
6. Rep. Chile y 4. Canadá 5. Uruguay y 6. México
y 6 BrasilDominicana y 7. Colombia
Chile.
Fuente: Elaboración propia con datos de UN,
NCSR, WED y WIPO.
? Gobernanza
Digital para un eficiente Gobierno Digital
Con este componente de Gobernanza Digital y
Gobierno Digital se apunta a trabajar en la transformación digital del sector
público para las economías y sociedades digitales, impulsado por las personas,
la información y la transparencia, y que con ello se mejore la entrega de
servicios y se aumente la confianza en las instituciones públicas, permitiendo
economías y sociedades de escala, para generar una mejor calidad de vida para
las personas y una mejor competitividad para el país.
En cuanto al Índice de Desarrollo de Gobierno
Electrónico (EGDI), este considera una base de 193 países, en el cual Costa
Rica se ubicaba en la posición #54 para el 2014, para entonces, representaba
una significativa mejoría en el ranking,
en este se encontraba Uruguay, Chile, Argentina y Colombia, y seguido, a nivel
de la región de América Central, por Panamá. Costa Rica se ubicó en la posición
#56 para el 2018, se mantuvo entre el grupo de países mejor rankeados de la región
de las Américas, superado de nuevo por Uruguay, Chile y Argentina, y permaneció
a la delantera de Colombia y México. Esto refleja el reto que representa para
el país, reposicionarse o incluso superar a sus competidores más cercanos.
El Gobierno Digital ofrece una oportunidad para
democratizar el acceso a la información, la participación, los servicios y
trámites para el ciudadano, es el resultado de ofrecer un Gobierno al servicio
de los ciudadanos. Un Gobierno Digital basa su relación con los ciudadanos y
las empresas utilizando las tecnologías digitales, donde sus instituciones
también interactúan por medios digitales y en muchas ocasiones de forma
automatizada.
Algunas ventajas que ofrece el impulsar un
Gobierno Digital se presentan en la figura 4.24.
Figura
4.24
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Ventajas de la implementación de un gobierno
digital
Fuente: Elaboración propia, con datos MICITT.
Los países líderes, y más avanzados a nivel de
su transformación digital país, realizan una serie de buenas prácticas las
cuales presenta el BID, por medio de una hoja de ruta, para poder promover la
transformación digital de un gobierno, trabajando en tres ejes claves:
institucionalidad, marco normativo y tecnología.
La OCDE en su Manual para la Economía Digital
del 2016, plantea que existen tres modelos o tendencias para definir los marcos
de gobernanza y organización para la implementación de la transformación
digital:
1.
Creación
de una nueva organización, en el caso de que no exista alguna definida en el
país, con la misión de supervisar y coordinar el uso de la tecnología y el
suministro de servicios comunes TIC para las instituciones por medio de una
figura como la antigua STGD.
2.
La
coordinación central o una institucionalidad única rectora.
3.
Un modelo
de coordinación descentralizado o en el cual se cuenta con una institución
rectora y una unidad o agencia ejecutora de los servicios comunes y
transversales de TIC de las instituciones públicas.
Para esto se deben diferenciar conceptos claves
como lo son Gobernanza Digital y Gobierno Digital, donde el primero de estos se
refiere a que exista una rectoría y liderazgo en el tema, el desarrollo de las
Estrategias y/o la Agenda de Transformación Digital del país, como la que ya
cuenta el país para el período 2018-2022 y la nueva Agenda que se está
desarrollado que va a iniciar a partir del 2022 al 2028 aproximadamente, la
coordinación y comunicación interinstitucional tanto a nivel nacional como
internacional, el desarrollar políticas públicas, normativa y lineamientos
basados en evidencia, y que se aproveche el uso de las herramientas digitales
para la participación ciudadana e investigar las tecnologías emergentes que podrían
ser aprovechadas para nuevas soluciones digitales. Estas acciones se han venido
desarrollando por medio de la Dirección de Gobernanza Digital que inició
funciones en el 2018. El segundo concepto, se refiere al "uso de las
tecnologías digitales como parte integral de las estrategias de modernización
de los gobiernos con el fin de crear valor público. Esto se basa en un
ecosistema de gobierno digital constituido por los actores estatales,
organizaciones no gubernamentales, empresas, asociaciones de ciudadanos y
personas encargadas de la producción y acceso a los datos, servicios y
contenidos a través de interacciones con el gobierno" (OCDE, 2014).
Asimismo, la OCDE indica las facetas que
deberían conformar la Gobernanza Digital, dentro de lo cual se tienen factores
contextuales, modelos institucionales y herramientas de Política, como se
resume en la figura 4.25.
Figura 4.25
Facetas de Gobernanza para un Gobierno Digital
Fuente: Fuente OECD, E-leadershanbook 2019.
La misma OCDE ha definido el marco de política para
implementar el Gobierno Digital, en el OECD Digital Government Policy Framework
(OECD, 2020c), la cual se orienta por seis aspectos los cuales son utilizados
por esta organización para desarrollar su índice de gobierno digital a partir
del año 2020. Estos aspectos son:
1.
Proactivo,
2.
digital en
su diseño,
3.
impulsado
por datos,
4.
dirigido
por el usuario,
5.
abierto
por definición y
6.
gobierno
como plataforma.
Es de gran importancia contar con una mayor
coordinación entre los actores y una articulación a todo nivel, que se realice
una transformación integral de los procesos para la generación de trámites y
servicios que presta la Administración para la ciudadanía y las empresas, de
forma que se adquieran y adopten las herramientas digitales adecuadas y
oportunas y que, por medio de la capacitación, se transmita conocimiento y se
desarrollen habilidades digitales para aprovecharlas al máximo por parte del
gobierno y los diferentes sectores de la sociedad.
Se debe tener presente la ciberseguridad, la
identidad y firma digital certificada y la interoperabilidad, con lo cual se
busca la transparencia, la eficiencia y la eficacia para atender las
necesidades de los habitantes, la alfabetización digital, y con ello el máximo
aprovechamiento de los recursos públicos y el apoyo del sector privado en aras
de brindar más valor, permitiendo así que las personas puedan administrar mejor
su tiempo y sus recursos.
Se ha definido la ciberseguridad, identidad y
firma digital certificada y la interoperabilidad, como los tres pilares
primarios para el desarrollo del Gobierno Digital de nuestro país,
desarrollando cada uno de ellos con aliados estratégicos y países expertos en
las diferentes temáticas, como se resume en la figura 4.26.
Figura 4.26
Pilares del gobierno digital definidos por la
Dirección de Gobernanza Digital 2020
Fuente: Elaboración propia, con datos MICITT.
Tal como indica la
Contraloría General de la República:
En la actualidad, la Administración Pública se encuentra
inmersa en un entorno complejo que requiere de soluciones novedosas e
innovadoras para responder a los múltiples problemas que enfrenta la sociedad,
para lo cual es necesario alcanzar niveles altos de eficiencia a lo interno de
la gestión pública, tanto a nivel institucional como desde una perspectiva
sistémica, que permita obtener los beneficios y las bondades de una visión
integral. Es por esto, que la aplicación de nuevos modelos de gobernanza a la
gestión pública ha tomado mayor relevancia al momento de explicar las
interrelaciones entre las partes interesadas y su impacto en la generación de
valor público (CGR, 2020).
. Institucionalidad
Se ha definido el modelo de gobernanza para
generar insumos para el desarrollo de las políticas públicas en gobernanza
digital, este incluye a diferentes actores tales como lo son la sociedad civil,
el sector privado, el sector público, la sociedad civil, la academia y otros
sectores interesados. La Comisión Nacional de Alto Nivel de Gobierno Digital
brindará insumos y propuestas de priorización de proyectos digitales para el
país. El marco de gobernanza incluye la figura del órgano ejecutor de los
proyectos y servicios transversales de la política pública definida por el
MICITT. Este modelo se muestra en la figura 4.27.
Figura 4.27
Modelo de Gobernanza Digital
Fuente: Elaboración propia, con datos MICITT.
La estructura actual de la Dirección de
Gobernanza Digital, permite realizar una coordinación con instituciones en sus
proyectos individuales, tiene las competencias para investigar las nuevas
tendencias en materia de Gobernanza Digital para guiar las acciones que orientarán
la implementación de tecnologías digitales en el Gobierno Central y sus
dependencias, define política pública, estándares, normas y procedimientos,
pero carece de las atribuciones para la coordinación interinstitucional y un
marco normativo legal que habilite la implementación de una interconexión real
de las instituciones (interoperabilidad), la implementación y ejecución de los
servicios y proyectos comunes para todas las instituciones, un tema clave para
lograr la implementación del Gobierno Digital.
La institucionalidad se define con una
institución rectora o bien con una combinación de una institución rectora y una
agencia de implementación; en este sentido, los países más desarrollados en
temas del Gobierno Digital han definido alguna de estas opciones. No
encontramos evidencias de que un modelo sea mejor que el otro, pero sí es
evidente que para tener un éxito en este tema se deben tener todas las
competencias, recursos y las facultades para su implementación.
Esta institucionalidad, para trabajar en la
implementación del Gobierno Digital, debe tener las competencias necesarias
para impulsar la agenda de transformación digital del país. Esto requiere el
apoyo político, liderazgo en la gobernanza digital, un marco regulatorio que lo
soporte, así como la provisión de servicios comunes TIC para las Instituciones
del Estado, definir la política pública, investigación de nuevas tendencias, la
definición de estándares, normas, procedimientos y lineamientos en materia de
Gobernanza Digital y el presupuesto o medio de financiación, adecuado para
soportar el proceso. Esta institucionalidad debe contar, al menos, con las
características que se resumen en la figura 4.28.
Características de la institucionalidad rectora
en Gobernanza Digital
Fuente: Elaboración propia, con datos MICITT.
Los mecanismos establecidos en la normativa
actual permiten visualizar un modelo de gobernanza jerárquico, donde el MICITT
tiene la rectoría y por ello el rol coordinador y de definición de la ruta
nacional por medio del establecimiento de políticas, planes, programas y
proyectos, para el desarrollo de la Gobernanza Digital y el Gobierno Digital, y
las organizaciones involucradas como ejecutores que informan el avance y
coordinan a través de enlaces técnicos. Una Institución Rectora acompañada de
un órgano ejecutor de proyectos y servicios digitales para el Gobierno Digital
como una unidad ejecutora se define en la figura 4.23. Los actores de este
componente se resumen en la figura 4.29.
Modelo de ente rector en gobernanza digital con
órgano ejecutor de gobierno digital
Fuente: Elaboración propia, con datos MICITT.
En ese marco, Costa Rica enfrenta grandes
desafíos en el modelo actual de gobernanza digital que pueden limitar a la
Administración Pública en la implementación de las reformas institucionales
requeridas para garantizar la eficiencia, continuidad en la prestación de los
servicios públicos y la optimización de procesos. Conscientes de la importancia
de que tiene el fortalecimiento de la capacidad de gestión en el sector
público, así como el fomento del trabajo articulado entre las distintas partes
interesadas, se han identificado los siguientes retos:
. Creación de una cultura
basada en información que contribuya con la apertura, transparencia e inclusión.
. Proteger la privacidad
y garantizar la seguridad en el uso de las tecnologías de información y
comunicación
. Desarrollar marcos
organizacionales y de gobernanza digital efectivos, para la coordinación que
permitan desarrollar habilidades en la institucionalidad pública para
implementar procesos de transformación digital y seguridad cibernética.
. Fomentar la
digitalización de los servicios públicos para lograr una gestión pública
eficiente, por medio del uso de certificados digitales, identidad digital, un
marco de interoperabilidad país, proyectos y servicios transversales.
. Fortalecimiento de la
participación ciudadana por medio del uso de herramientas tecnológicas.
Figura 4.30
Principales actores involucrados en la
gobernanza digital
Fuente: Elaboración propia, con datos MICITT.
c)
Problema del área estratégica y acciones propuestas.
Figura 4.31
Problema del área estratégica y acciones
propuestas
4.1.3.2
Digitalización inclusiva.
La transformación
digital debe ser impulsada con un enfoque inclusivo y solidario mediante la
habilitación de las condiciones que permitan el despliegue de redes modernas,
innovadoras, seguras y escalables, así como potencializar el uso seguro,
productivo y ético de las tecnologías digitales por parte de la población y el
sector productivo.
La integración de las tecnologías digitales
brinda un beneficio a la sociedad a través de la generación de un valor
público. La transformación se alcanza
mediante la aplicación transversal de la tecnología, aspiración que demanda la
capacitación y desarrollo de destrezas y habilidades en temas digitales tanto
para las empresas como para los usuarios de los productos y servicios.
A través de esto se logra la creación de nuevos
productos impulsados por los diferentes habilitadores tecnológicos, por medio
de la arquitectura empresarial. La tecnología puede fortalecer sus capacidades
y mejorar el desempeño de una organización. Es una herramienta que permite
identificar y formular y ejecutar oportunidades para ser más competitivas con
la innovación. Además, mejora la toma de decisiones y busca establecer la
cercanía con el usuario y mejorar el servicio que se le brinda.
Según el Índice de Desarrollo de las TIC (IDT)
en el 2013 Costa Rica se ubicaba en la posición 55 de 166 países, siendo el
sexto lugar entre los países del continente americano, pues mostraba un nivel
medio de desarrollo de las TIC (PNDT 2015-2021, p. 26). En la medición más
reciente correspondiente al 2017 se alcanzó la posición 60. Para el año 2020 se
estará aplicando una nueva metodología, por lo que representa un desafío
continuar mejorando e impulsando políticas públicas en materia de acceso, uso y
habilidades de las TIC.
En la revisión a nivel nacional se muestra que
las telecomunicaciones se han convertido en un pilar del desarrollo, lo cual se
evidencia en el aporte que realiza este sector a la producción nacional. Según
las proyecciones disponibles para el año 2020, el Producto Interno Bruto
alcanzaría la cifra de 38 586 879,6 millones de colones, y en términos de valor
agregado en telecomunicaciones, se registra para el 2016, último año
disponible; un monto de 546 120,68 millones de colones, lo que contrasta con el
valor registrado a inicio de la década de los años noventa de 15 443,80
millones de colones corrientes, lo cual revela el evidente aumento en los
últimos 25 años.
. Fortalecimiento del servicio universal, acceso
universal y solidaridad
En el ámbito más amplio de la prestación de
servicios de telecomunicaciones en el informe Estadísticas del Sector
Telecomunicaciones, Costa Rica (2018) se presenta una disminución en la
penetración de la telefonía fija (básica tradicional y telefonía VoIP), a pesar
de ser aún muy superior a la registrada a nivel mundial, se redujo en tres
puntos porcentuales para el periodo 2014-2018,ya que pasó de 16,9% en el 2017 a
14% en el 2018, tendencia a nivel global que se "ha visto reforzada por la
introducción y cada vez mayor penetración y disponibilidad de las tecnologías
de telefonía móvil y de otras alternativas de comunicación como lo son los
denominados OTT (Over the top) y las aplicaciones móviles" (SUTEL, 2019,
p. 189).
En cuanto al servicio de telefonía móvil,
nuestro país conserva una posición entre los países con mayor penetración,
alcanzando un 170% para el año 2018, superando incluso la tasa de penetración
registrada por países desarrollados que es del 128% (SUTEL, 2019, p. 190).
La Encuesta de Acceso y Uso de los Servicios de
Telecomunicaciones en Costa Rica, que genera el MICITT, muestra que el 32% de
las personas entrevistadas poseen telefonía fija en la vivienda, de las cuales,
el 11% ha pensado eliminarlo por desuso o telefonía móvil como alternativa. En
cuanto a la telefonía móvil, el 94% de los entrevistados indican poseer una
línea celular para uso personal, siendo el servicio encuestado con mayor
tenencia entre la población, al igual que la tenencia de teléfono móvil
inteligente (smartphone) con un 87% de las personas (MICITT, 2019a). Respecto a
la portabilidad numérica, una facilidad disponible para los usuarios en Costa
Rica se tiene que el 16% de las personas encuestadas lo han utilizado.
En relación con el acceso a Internet fijo por
cada 100 habitantes en 2018 en Costa Rica se registró un 17%, con lo cual
aumentó la cifra del año anterior de un 15,1%.
En relación con las mediciones de banda ancha,
en el Índice de Desarrollo de la Banda Ancha (IDBA), para el 2016 Costa Rica
ostentaba la posición 42 y para la medición del 2018, ocupa la posición 41,
ambas considerando 65 países analizados.
Respecto a los datos sobre tenencia de internet
fija, para esta medición, el 53% de los entrevistados tienen acceso a este
servicio, siendo que el contar con un mayor nivel educativo y mayor nivel de
ingreso, resulta directamente proporcional a contar con mayor tenencia. El 47%
que no posee acceso a este servicio, indica entre las principales razones que
eso se debe a que se accede a través del teléfono móvil, el costo es elevado y
no pueden pagarlo o no le parece necesario. Lo anterior representa un elemento
por considerar en materia de política pública, en cuanto a la asequibilidad de
algunos servicios.
Respecto al crecimiento de las conexiones a
Internet de banda ancha (fijo y móvil) donde, a nivel global, se reporta en el
caso de la conexión fija, un 14%, en Costa Rica se alcanza un 17%, mientras
tanto, la móvil muestra una posición alta, esta es de un 95%, aunque su
crecimiento en los últimos años "resulta ser mucho más lento y conservador
que el registrado a nivel global" (SUTEL, 2019. P 191).
Asimismo, los indicadores presentados por la
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), referidos a suscripciones a
telefonía móvil celular por cada 100 habitantes, suscripciones a internet de
banda ancha fija por cada 100 habitantes y personas que usan internet por cada
100 habitantes. Aun cuando las bases de países en análisis no son comparativas,
evidencian que el país ocupa posiciones importantes, como se muestra en la
Tabla 4.13 de la página 167.
Por su parte, la televisión por suscripción
tiene una alta penetración en el país, ya que, un 73% de personas cuenta con
este servicio (ya sea por cable, cable digital, satelital o IPTV), el 25% posee
televisión abierta y 2% no tiene televisión (MICITT, 2019a). En cuanto a la
contratación de este servicio, mencionan mayoritariamente que lo hacen porque
no les gusta la televisión abierta, para ver películas, la variedad que proveen
estos servicios o los canales para niños. Además, hay un 8% de personas
entrevistadas que indicó tener contratado este servicio ya que no recibe
televisión abierta.[10] Lo anterior se
representa en la tabla 4.14 de la página 168.
[1]0 Para mayor análisis
los resultados de la Encuesta de Acceso y Uso de los Servicios de
Telecomunicaciones en Costa Rica se muestran en las tablas 4.13 de la página 170y
4.14 de la página 170
Respecto al componente de acceso, se presenta
una disminución en cuanto a la telefonía móvil por cada 100 habitantes, lo cual
puede ser una señal de que este mercado está llegando a un punto de madurez y
podría estabilizarse; mientras tanto, el porcentaje de viviendas con acceso a
computadora se mantiene constante y el de viviendas con acceso a Internet
crece. Estos resultados son congruentes con el contexto actual donde los
hábitos de consumo demandan ubicuidad y movilidad. En cuanto al componente de
uso, se destaca la trascendencia de Internet para la vida cotidiana, el último
periodo muestra un crecimiento en el porcentaje de usuarios de Internet, así
como el de banda ancha fija. Finalmente, en el componente de educación, el más
estable es el índice que representa un crecimiento del 4% en el último periodo.
De los resultados de la Encuesta de Acceso y
Uso de los Servicios de Telecomunicaciones para el 2017, reseñados acá, se
destaca que desde el proceso de apertura del sector de las telecomunicaciones en
el país, la incursión de nuevas tecnologías ha provocado la sustitución de
otras; por ejemplo, el descenso en la telefonía fija e Internet fija, un
aumento acelerado en tenencia de telefonía móvil, de Internet móvil y uso de
teléfonos celulares, especialmente de tipo smartphone, así como una alta
tenencia de televisión por suscripción como alternativa a la televisión
abierta. De lo anterior también se evidencia que siguen persistiendo brechas,
desde las variables combinadas debido al nivel educativo, la edad y el nivel de
ingreso por los cuales preciso direccionar las políticas públicas para lograr
un acceso y servicio universal y solidario como prevé nuestro marco normativo.
Por otra parte, el MICITT elabora el Índice de
Brecha Digital (IBD), por medio del cual se monitorea desde su primera versión
en 2014, la evolución de esta brecha digital. Mediante la más reciente
medición, que abarca la serie 2016-2018, y tomando como base el año 2016, el
valor IBD decrece 8% entre el 2016 y el 2017 y para el año 2018 se mantiene en
3,86, lo cual representa para los tres años, un índice en categoría de brecha
media. Lo anterior refleja que, aunque Costa Rica avanza en cuanto a la
reducción de la brecha digital, se deben reforzar acciones para una mayor
reducción en los próximos años.
. Promoción
del despliegue e inversión en infraestructura de telecomunicaciones
Resulta trascendental habilitar un entorno que
propicie las condiciones necesarias para un mayor crecimiento del ecosistema
digital, mediante la generación de políticas públicas que fomenten la
participación de todos los actores sociales, que favorezca la expansión de las
inversiones y la competencia efectiva en el mercado, tanto desde el punto de
vista de las políticas públicas como en materia de regulación en
telecomunicaciones, para generar un despliegue sostenible y ordenado de la
infraestructura necesaria para brindar los servicios, tanto comerciales como
solidarios, y reglas claras para el funcionamiento del mercado.
La articulación del trabajo con gobiernos
locales e institucionalidad pública para la simplificación de trámites, así
como la mejora de los reglamentos municipales o su homogeneización, son
aspectos claves para acelerar el despliegue de infraestructura, asimismo,
contar con normativa que asegure un despliegue sostenible y ordenado de la
infraestructura de telecomunicaciones necesaria para el país.
El uso de infraestructura pública, tal como la
instalación de antenas en edificios públicos y el aprovechamiento de ductos en
obra pública, así como el uso compartido de infraestructura de
telecomunicaciones pueden contribuir significativamente a la expansión de los
servicios de telecomunicaciones.
Se debe además promover fuertemente la
expansión de infraestructura de telecomunicaciones en las regiones fuera de la
Gran Área Metropolitana, considerando para ello también la participación de
proveedores locales, por cuanto presentan un interés natural por regiones que
podrían no ser del interés de operadores nacionales.
. Desarrollo de Ciudades
Sostenibles y Resilientes
El desarrollo de ciudades sostenibles y
resilientes es un objetivo en constante movimiento, de largo plazo, escalonado
y construido intersectorialmente (sociedad, sector privadoempresarial, sector
público-institucional y sector académico). En esa construcción permanente se
deben incorporar dimensiones como la sostenibilidad ambiental, la
gobernabilidad, la eficiencia energética, la seguridad social, la planificación
urbana y ordenamiento territorial, el desarrollo de espacios de intercambio
innovadores, el crecimiento económico, la participación ciudadana, entre otros
tópicos, todos necesarios para el establecimiento y consolidación de
territorios que brinden a sus habitantes la oportunidad de mejorar su calidad
de vida.
.
Habilitar
el espectro radioeléctrico para mejorar la calidad de los servicios y habilitar
nuevos servicios emergentes, incluyendo el desarrollo de Sistemas IMT
Es necesario garantizar un entorno habilitador
que asegure la disponibilidad del espectro radioeléctrico, para favorecer la
expansión de las inversiones y la competencia efectiva en el mercado, tanto
desde el punto de vista de las políticas públicas de telecomunicaciones como en
materia de regulación en telecomunicaciones. Los sistemas de Telecomunicaciones
Móviles Internacionales (IMT por sus siglas en inglés) y otras tecnologías
inalámbricas, permiten brindar capacidades escalables para la convergencia de
múltiples servicios de cara al usuario final, y cumplir con la demanda para la
implementación de tendencias como el Internet de las cosas (IoT, por sus siglas
en inglés), comunicaciones máquina a máquina (M2M), vehículos autónomos,
ciudades inteligentes, entre otras.
.
Desarrollo,
uso y adopción segura y significativa de tecnologías digitales en todos los
sectores (gobierno, empresa, sociedad civil)
Las telecomunicaciones, y las Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC) tienen un rol fundamental en el desarrollo de
las sociedades y economías; este ha resultado más protagónico como resultado de
las medidas globales tomadas para reducir la propagación del COVID-19 y que
predominan en la ahora llamada "nueva normalidad". Este cambio supone
un reto para la política pública, dado que la difusión de las TIC y la
interconexión a escala mundial tienen una gran capacidad para facilitar los
avances humanos y reducir la brecha digital, por ello en lo local se deben
considerar diversas aristas, que abarcan desde la generación de condiciones
para el desarrollo de infraestructura para el despliegue de las redes, la
universalización del acceso y los servicios de telecomunicaciones y el uso
productivo, seguro y significativo de las TIC.
La tendencia de uso intensivo de la virtualidad
y la digitalización, acelerada por la pandemia del COVID-19, continuará
consolidándose en el tiempo, afianzando aún más la influencia de las
tecnologías digitales en la sociedad y la economía. Por esta razón, resulta
imprescindible redoblar los esfuerzos de preparación de la ciudadanía y el
sector productivo, por medio de la alfabetización digital para abordar la
brecha digital de uso.
Las competencias digitales robustas habilitarán
a personas y empresas a utilizar las tecnologías de información y comunicación
de una manera productiva y significativa tanto a nivel personal, como para
apoyo para la formación, la empleabilidad, la auto empleabilidad, el
emprendimiento y en general para la inclusión social y el disfrute de los
beneficios de la tecnología. Incluso para implementar exitosamente esfuerzos
nacionales como la digitalización del Estado, debe asegurarse que la brecha
digital se reduzca al mínimo e idealmente desaparezca, para evitar la exclusión
de sus beneficios y avances.
De igual manera, la disminución de la brecha
digital y la integración de las tecnologías digitales en todos los ámbitos de
la sociedad requiere el impulso de estrategias dirigidas a los diferentes
grupos poblacionales, que promuevan el acceso y la alfabetización digital de
manera que la población pueda desarrollar las habilidades y competencias
necesarias para hacer un uso productivo, seguro y significativo de las
tecnologías digitales. Aunado a ello, la inclusión de las tecnologías digitales
dentro de los procesos y actuaciones de la Administración Pública debe tener
por objeto la modernización del Estado bajo un paradigma de un nuevo tipo de
gestión. Es necesario poner a disposición de las pequeñas y medianas empresas,
las condiciones de conectividad, asequibilidad y calidad requeridas para su
crecimiento y desarrollo, especialmente en materia de banda ancha, así como
asegurar la calidad en los servicios de telecomunicaciones.
Sobre el servicio de internet móvil, el 81% de
los entrevistados posee este servicio, el mayor porcentaje corresponde a las
personas de 18 a 24 años y 25 a 34 años, y se reduce en los de 55 años o más;
lo mismo que entre las personas con menor nivel educativo y de ingresos, donde
las cifras se reducen; aunado a esto, quienes no tienen este servicio indican
que es porque no lo usan, no saben usarlo, el teléfono celular no tiene acceso
o porque tienen Wi-Fi. Lo anterior reitera el desafío en cuanto a la brecha
generacional, alfabetización digital y asequibilidad respecto de las TIC.
En cuanto a los usos, un 98% de personas
utiliza teléfono celular para acceder a Internet, lo que destaca por encima de
otro tipo de dispositivos. En cuanto a aplicaciones móviles, WhatsApp cuenta
con un 97% de uso. El 90% afirma utilizar Internet todos o casi todos los días;
un porcentaje mayor al 90% utiliza Internet en su casa de habitación por encima
de lugares como bibliotecas u otros lugares públicos y más del 80% usa Internet
para descargar imágenes, videos, música o juegos. Esto representa también un
desafío en materia de formulación de política pública, al evidenciar los
diferentes usos de los servicios entre la población y la importancia de
Internet y la movilidad.
Como parte de los retos, se evidenció la brecha
generacional en materia de alfabetización digital en el uso y apropiación de
las TIC, al ser las personas de mayor edad y menor nivel educativo las que dan
mayor uso de teléfono móvil convencional (no smartphone) (MICITT, 2019a). Lo
mismo se evidencia respecto de la tenencia de Internet en el teléfono móvil,
donde el servicio disminuye conforme aumenta la edad, así como aumenta la
frecuencia de tenencia del servicio conforme aumenta el nivel de instrucción y
de ingresos (MICITT, 2019a).[11]
[1]1 Para un mayor
análisis, los usos con mayores porcentajes según encuesta acceso y uso de
servicios de telecomunicaciones, examinar la tabla 4.15 de la página 171
La alfabetización digital es la adquisición de
conocimientos y habilidades en el uso de dispositivos, programas, lenguajes de
programación, la carga y descarga de archivos; la búsqueda, clasificación,
integración y evaluación de información y recursos digitales tecnológicos y
contenidos, la navegación en entornos virtuales y la comunicación por
diferentes medios digitales para el uso productivo, significativo, seguro,
crítico y responsable de la tecnología para la educación, la formación, el
trabajo y la participación en la sociedad.
El abordaje de la
brecha digital de uso contempla tres aspectos:
?
El
conocimiento de las tecnologías de información y comunicación.
?
El saber
hacer, es decir, las destrezas necesarias para el uso autónomo, aplicación y
apropiación de las tecnologías de información y comunicación.
?
El saber
ser, es decir, la calidad del uso de las tecnologías de información y
comunicación: su uso ético, productivo y significativo para la superación
personal y la participación constructiva en la sociedad.
La economía basada en el conocimiento, la
Cuarta Revolución Industrial y la creciente digitalización de la vida laboral y
cotidiana exige a los habitantes competencias digitales más avanzadas para el
aprovechamiento completo de la tecnología y el disfrute de sus beneficios.
Ejemplo de esto es la creciente tendencia a la digitalización de los servicios
públicos y privados, incluido el gobierno digital, el impacto de las TIC en la
agricultura, la educación, la salud y las empresas, la reconversión de puestos
de trabajo causada por la introducción de tecnología, el teletrabajo, los
efectos de la banda ancha como primera condición habilitadora que fortalece la
empleabilidad, productividad, innovación y las cadenas de valor de
recomposición. El uso de tecnologías digitales en las diferentes actividades
económicas permitiría mejorar los niveles actuales de ingreso, sin que las
personas necesariamente tengan que cambiar de actividad.
El país ha identificado la incorporación a la
Cuarta Revolución Industrial como uno de sus temas prioritarios, según se
plasma en la Estrategia de Transformación Digital, con especial mención a la
incorporación de tecnología en el sector agropecuario. La industria 4.0
enfatiza la articulación, digitalización y cooperación de todas las partes productivas
de la economía. En ella, los procesos productivos integran sistemas ciber
físicos, internet de las cosas, automatización, robótica, control de forma
remota y el uso intensivo de datos para la toma de decisiones, tanto de forma
directa como automatizada. De acuerdo con la Estrategia de Transformación
Digital hacia la Costa Rica del Bicentenario 4.0 "resulta necesario
preparar a la sociedad y a las empresas costarricenses para que sean actores
principales en estos nuevos escenarios" (MICITT, 2018b, p.8).
A su vez destaca que para el 2025 se daría un
replanteamiento en las tareas realizadas por humanos propiciando aquellas en
las que el ser humano brinde un mayor valor agregado y automatizando aquellas
en las que no lo genere, tal como se describe en la figura 4.32.
Figura 4.32
Distribución de tareas realizadas por humanos
vs máquinas 2020 vs 2025
Fuente: CINDE, 2020
De acuerdo con CINDE, los empleadores están
acelerando los procesos de automatización de los puestos de trabajo, aspecto
que se ha incrementado por la recesión pandémica, lo que genera una doble
afectación en la persona trabajadora y plantea la posibilidad de recuperación
sin creación de empleos.
Además, es necesario promover una cultura de
impulso al cambio y con visión regional y global, para lo cual es urgente
desarrollar ecosistemas territoriales de innovación y el surgimiento de nuevos
emprendimientos con alto potencial de crecimiento apoyados por las tecnologías
digitales como herramienta transversal. Esto requiere el fomento ambientes
colaborativos en donde se amplíen los límites de la interacción tradicional
entre la ciencia, la industria y la sociedad civil, con un foco cada vez mayor
en procesos de co-creación, que coadyuve a la identificación de soluciones
innovadoras a los desafíos ambientales, sociales y productivos más destacados,
y se conviertan en vehículos que impulsen la competitividad y la productividad.
Adicionalmente, al facilitar a los habitantes
el acceso a herramientas que apoyen el proceso de creación de nuevos productos
y actualización tecnológica del sector productivo, se podrán potenciar las
posibilidades para crear emprendimientos basados en el uso de la tecnología.
Permitirán a las empresas, emprendedores y la ciudadanía en general, experimentar
y convertir ideas innovadoras en prototipos funcionales y desarrollar nuevos
productos y emprendimientos.
Ante esta situación, se plantea un esquema de
promoción del uso de tecnologías digitales que desarrolla una base de
habilidades en las personas y empresas, que promuevan la alfabetización digital
ciudadana y el desarrollo de capacidades digitales transformadoras en el sector
productivo, según las particularidades y necesidades, como se ilustra en la
figura 4.33.
Figura 4.33
Desarrollo, uso y adopción segura y
significativa de tecnologías digitales
Fuente: MICITT, 2021, elaboración propia
c) Problema del área estratégica y acciones propuestas.
Figura 4.34.
Problema del área estratégica y acciones
propuestas
La formulación de la política pública nace de la
identificación de un problema o necesidad
querequiereseratendidamedianteunaintervenciónespecíficadelEstado, y una vez
implementada, determinar si esa acción generó
un cambio o efecto en la situación previamente identificada.
La sociedad del conocimiento presupone que todo el que
hacer de las personas se realiza a partir de una base amplia de conocimiento
aplicado, por lo cual la comprensión del valor de dicha aplicación debe ser muy
evidente para todas las personas para que la apropiación social del
conocimiento maximice las posibilidades de desarrollo social y económico. La
promoción de talento humano en áreas STEM sigue siendo un tema medular en las
intervenciones del sector de ciencia, tecnología, innovación y
telecomunicaciones, ya que esto es condición indispensable para alcanzar el
cometido de un desarrollo científico y tecnológico aplicado mediante procesos
robustos de innovación.
En el año 2014, el Ministerio realizó un ejercicio
prospectivo denominado Ruta 2021, en el cual se marcó una visión de futuro al
año 2021 sobre la base de que el desarrollo científico y tecnológico es
fundamental para mejorar los índices de competitividad, prosperidad y bienestar
del país; para ello se definieron propuestas de acción que fueron insumo de los
planes e iniciativas desarrollados durante los siguientes años.
Los temas estratégicos identificados estaban referidos a
energía, alimentos, educación, agua-ambiente y salud, a su vez, se
identificaron las cuatro tecnologías que, de forma transversal, pretendían
habilitar la consecución de los retos planteados: tecnologías digitales,
biotecnología, nuevos materiales e ingeniería eléctrica y electrónica.
Con Ruta 2021, se tiene claro que las aspiraciones
nacionales de desarrollo se alcanzan a través del desarrollo de la ciencia y la
tecnología y así, a través de habilitadores clave como la articulación y
rectoría del sector, la incorporación de procesos de innovación, el desarrollo
del recurso humano y el acondicionamiento de infraestructura de
telecomunicaciones.
Un aspecto fundamental que se retoma en los objetivos y
acciones contenidas en el PNCTI y el PNDT, refieren a la importancia de
reconocer el rol habilitador de la ciencia, la tecnología y las
telecomunicaciones como herramientas para la atención de problemas públicos y
promotores de desarrollo social y económico con una visión inclusiva y solidaria.
En el año 2017 se emitió una primera versión de la
Política, con una periodicidad de 2010 a 2030. No obstante, como parte del
ejercicio de gestión y adaptación al cambio, en los últimos años han acontecido
una serie de eventos, entre los que destacan el proceso de incorporación a la
OCDE, la situación de las finanzas públicas, y quizás el de mayor impacto, la
emergencia nacional resultado de la pandemia por COVID-19,que ha puesto de
manifiesto la relevancia del conocimiento científico y el papel primordial del
acceso a las TIC, lo que ha resultado en una revaloración de las nuevas
condiciones del entorno.
En la reciente Encuesta de percepción social de la ciencia
y la tecnología (2020), los datos evidencian que la población costarricense
reconoce el valor de las áreas STEM, pero a la vez se destaca una percepción de
lejanía de la Ciencia y Tecnología (CyT), donde se indica: "Las
representaciones semánticas asociadas a las palabras ciencia,
"tecnología", "progreso" y "desarrollo" son
mayoritariamente tautológicas e instrumentales y hay una pobreza conceptual y
reflexiva en el uso de estas palabras, lo que indica distanciamiento o falta de
apropiación de los conceptos"(MICITT, 2020c).
Esto permite afirmar que, si bien se han procurado
habilitar las condiciones requeridas para la atracción de inversión, con
generación de encadenamientos y un mayor valor agregado a los bienes y
servicios que se ofrecen en el país; existe una percepción de lejanía de la
ciencia y la tecnología en lo cotidiano, lo cual resulta ser un reto para un
país aspirante a insertarse de forma exitosa en los entornos altamente
digitalizados y tecnificados que caracterizan el mundo actual.
Por lo tanto, resulta
fundamental fortalecer las acciones dirigidas para que el país desarrolle las
competencias necesarias para aumentar los niveles de competitividad y
productividad haciendo un uso estratégico del desarrollo científico y
tecnológico; asimismo, se deberán promover acciones dirigidas al desarrollo
de destrezas y habilidades digitales en todos los niveles y grupos etarios,
visualizar a la innovación como una acción permanente y transversal para el
desarrollo, promover la conectividad y la alfabetización digital como
herramienta que habilita el acceso a una plataforma, facilita la colaboración,
la innovación y promueve diferentes mecanismos para interactuar en los ámbitos
económicos, políticos y sociales.
Figura5.1
Determinación del
Problema Público
El desarrollo socioeconómico
de Costa Rica por medio del modelo de sociedad y economía basadas en el
conocimiento requiere consolidar las capacidades científico-tecnológicas y de
innovación, avanzar en la transformación digital y universalizar el acceso a
las telecomunicaciones.
Fuente: Elaboración propia, con datos MICITT.
Costa Rica requiere avanzar hacia una
estrategia de desarrollo de carácter territorial y sectorial.
Lacreacióndecapacidadesyventajascompetitivasenlasempresasyenlosterritoriosfuera
del GAM, es la combinación para disminuir las desigualdades y brechas
existentes en temas de desarrollo productivo y humano. La innovación puede
marcar la diferencia en la avanzada de la región, en tanto se preste atención
diferenciada de acuerdo con requerimientos, necesidades y fortalezas en cada
una de ellas.
6. Marco estratégico
El marco estratégico de la PNSEBC establece la
visión de política pública para los próximos años, mediante la definición de
ejes y áreas estratégicas que orientarán las acciones plasmadas en los planes
sectoriales, de manera que exista un adecuado alineamiento entre el problema
público identificado y las acciones que se ejecuten a corto, mediano y largo
plazo, enfocando los recursos de forma prioritaria en las áreas más
estratégicas para obtener los resultados esperados al final del periodo.
Figura6.1
Ejes y áreas
estratégicas de la PNSEBC
Fuente: Elaboración propia, con datos MICITT.
Promover el desarrollo social y económico
inclusivo y solidario, descentralizado, digitalizado y sostenible, por medio de
la generación y uso intensivo del conocimiento, la innovación transformadora y
las telecomunicaciones.[12]
[1]2 Consultar las fichas
de indicador del cuadro 1 de Mando de la Política Nacional de Sociedad y
Economía Basadas en el Conocimiento 2022-2050, de la página
172 para un mayor análisis de esta sección.
.
Promover
la formación en áreas STEM del talento humano necesario para dinamizar la
economía, generar nuevos modelos de negocio, fuentes de empleo e impulsar el
bienestar de la sociedad.
.
Impulsar
iniciativas estratégicas para el fomento del desarrollo científico y
tecnológico en los procesos productivos del país.
.
Potenciar
los procesos de innovación para incrementar la productividad y contribuir a un
desarrollo más inclusivo y sustentable.
.
Dirigir la
integración del sector público mediante una digitalización transparente y segura
de los servicios que ofrece a la sociedad.
.
Dirigir el
proceso de digitalización de la sociedad con un enfoque solidario e inclusivo
mediante la alfabetización digital y el desarrollo de infraestructura digital.
Es importante indicar que la operacionalización
de esta política se hará a través del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación y el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones.
En ambos planes, se organizan las
intervenciones públicas a partir de los componentes de la política que se han
definido para cada área estratégica.
Es por ello, que el seguimiento de los
indicadores de la política, además de estar enlazada con el Plan Estratégico
Nacional, tendrá vinculación directa con los planes sectoriales a cargo del
sector.
7. Modelo de gestión
|
Área |
Sub-área |
Objetivos Específicos |
Indicadores |
Línea Base |
Meta 2028 |
Meta 2034 |
Meta 2040 |
Meta 2046 |
Meta 2050 |
Plan Sectorial Asociado |
|
Innovación Transformadora |
|
Potenciar
los procesos de innovación para incrementar la productividad y contribuir a
un desarrollo más inclusivo y sustentable. |
Inversión
en Investigación
y Desarrollo
e Innovación
Empresarial
como porcentaje
del PIB
|
0,72% |
0,78% |
0,83% |
0,89% |
0,94% |
1,00% |
PNCTI |
|
Talento Humano |
|
Promover
la formación en áreas STEM del talento humano necesario para dinamizar la
economía, generar nuevos modelos de negocio e impulsar el bienestar de la
sociedad. |
Tasa
específica anual de formación
en áreas STEM por nivel educativo |
288 |
344 |
400 |
456 |
512 |
568 |
PNCTI |
|
Generación del Conocimiento |
|
Impulsar
iniciativas estratégicas para el fomento del desarrollo científico y
tecnológico en los procesos productivos del país |
Inversión
Privada
en Investigación
y Desarrollo
e Innovación
Empresarial
como porcentaje
del PIB
|
0,15% |
0,20% |
0,26% |
0,31% |
0,37% |
0,42% |
PNCTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Transformación Digital |
Gobernanza para un Gobierno Digital |
Dirigir
la integración del sector público mediante una digitalización transparente y
segura de los servicios que ofrece a la sociedad. |
Índice
de Servicios
en Línea |
0,67 |
0,72 |
0,76 |
0,81 |
0,85 |
0,90 |
ETD |
|
Digitalización Inclusiva |
Dirigir
del proceso de digitalización de la sociedad con un enfoque solidario e
inclusivo mediante la alfabetización digital y el desarrollo de
infraestructura digital. |
Porcentaje
de usuarios de Internet
|
80,50% |
82,38% |
85,50% |
88,63% |
91,75% |
93,00% |
PNDT |
|
|
Porcentaje de viviendas con acceso a Internet |
84,70% |
85,95% |
88,02% |
90,10% |
92,17% |
93,00% |
PNDT |
|||
|
Porcentaje
de viviendas con acceso a computadora |
48,20% |
52,97% |
60,92% |
68,87% |
76,82% |
80,00% |
PNDT |
El modelo de gestión de la Política Nacional de
Sociedad y Economía basada en Conocimiento (PNSEBC), expone los actores que
asumen un rol activo para la ejecución de dicha política, tomando en cuenta la
articulación existente entre estos para la implementación de actividades a
cargo, donde individualmente participen en el desarrollo de actividades que se
vinculen y sumen al entorno tanto del Sector Ciencia, Tecnología,
Telecomunicaciones y Gobernanza Digital (SCTTGD)como al país.
Figura7.1
Modelo de gestión:
Actores y su rol en la PNSEBC
Fuente: Elaboración propia, con datos MICITT.
7.1 Instancias de coordinación
La PNSEBC 2022-2040 es responsabilidad de las
instancias de coordinación quienes velarán por la implementación de esta
política. Por lo anterior, se establecen tres roles específicos para trabajar
de forma conjunta y proactiva en el desarrollo de acciones, su seguimiento y
alcance de metas, las cuales estarán contenidas en el Plan Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación (PNCTI) y el Plan Nacional de Desarrollo de las
Telecomunicaciones (PNDT), con un alcance a nivel nacional, y contemplan los
elementos de Gestión para Resultados en el Desarrollo (GpRD).
El liderazgo político para la consecución de
los resultados esperados de la PNSEBC 2022-2040 es esencial, dado que, a través
de una conducción clara asumida desde el rol estratégico, potenciado con la
relevancia y prioridad tanto a nivel del Estado costarricense como de los entes
que la integran; se logra tener un adecuado seguimiento de los avances, pero
además permite una actuación rápida ante la necesidad de ajustes y adaptación
de las políticas en las condiciones de un entorno cambiante.
El rol político estratégico es asumido por la
rectoría del SCTTGD, es decir: el Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Telecomunicaciones (MICITT), su función principal es apoyar, realizar el
seguimiento e intervenir como líder político para el alcance los resultados esperados
de la PNSEBC 2022-2040, por ende, de los diversos planes PNCTI y PNDT que se
establezcan. También, es responsable de emitir las directrices y solicitar la
rendición de cuentas sobre el avance de la política.
La estructura de staff, dentro del rol político, es la Secretaría de Planificación
Institucional y Sectorial (SPIS) del MICITT, esta vela por el cumplimiento de
los objetivos y las metas trazadas al 2040.
7.3 Rol coordinador y de articulación
El MICITT es la instancia máxima de coordinación
y articulación de la PNSEBC que, a través de la SPIS, tiene el rol de promover
la formulación de los planes de acción, dar seguimiento, monitorear y
estructurar la logística de la política, aplicando el modelo de seguimiento y
evaluación, establecido en la PNSEBC2022-2040.
Además, debe asesorar y acompañar para la
articulación e implementación de los resultados y compromisos asumidos en la
política de los actores que la ejecutan, así como velar por el buen desempeño
de los grupos de trabajo que se establezcan para la construcción de los PNCTI y
PNDT.
La labor de estos grupos de trabajo es dar
seguimiento al proceso de formulación de cada uno de los planes. Estará
integrado por los equipos responsables de la emisión de estos, y contará con la
participación de al menos uno de los miembros de los otros grupos, con la
finalidad de articular las acciones direccionadas a la PNSEBC.
Cada grupo de trabajo es liderado por un (a)
director (a) de la rectoría del SCTTGDMICITT, respetando la atinencia en la
temática y aprovechando su bagaje de conocimiento. Tiene la responsabilidad de
coordinar con los miembros que desempeñan el rol de ejecutores.
7.4 Rol de ejecutores y compromisos de implementación
El rol de ejecutores es asumido por entidades
pertenecientes al SCTTGD, diversas entidades públicas, la academia y entes
privados relacionados con la temática. Se entiende a las entidades públicas como
aquellas instituciones estatales y no estatales que por ley conforman el
SCTTGD. Mientras que las privadas son todas las organizaciones, empresas y
otros, cuyo que hacer se encuentra en las áreas de interés del sector.
Finalmente, la academia está representada por todas las entidades de educación
superior y técnicas del país.
Estos actores asumen compromisos directos para
implementar la política, siendo los responsables de llevar a cabo las
actividades que tanto a nivel individual como colectiva aportan al cumplimiento
de la PNSEBC.
7.5 Herramientas de articulación e implementación
Se utilizarán mecanismos de comunicación
diversos para facilitar la coordinación y seguimiento de los resultados
obtenidos, así como de los momentos de evaluación y los ajustes que se deban
realizar.
Estos mecanismos serán definidos por la SPIS y
puestos en conocimiento de las entidades con rolde ejecutor, quienes serán
responsables de facilitar la información conforme los plazos y formatos que
establezca la SPIS.
8. Seguimiento y evaluación
La Política Nacional de Sociedad y Economía
Basada en el Conocimiento (PNSEBC) del sector de Ciencia, Tecnología,
Telecomunicaciones y Gobernanza digital (SCTTGD) se encuentra enfocada en sus
cinco ejes:
Figura8.1
Fuente: Elaboración propia, con datos MICITT.
El cumplimiento de estos ejes se operacionaliza
a través del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PNCTI) y Plan
Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT), en los cuales se
constituyen los planes de acción para alcanzar las metas establecidas.
La PNSEBC marca la ruta a seguir durante los
próximos 28 años y con la finalidad de medir su cumplimiento, se realizarán
acciones de seguimiento y evaluación. Esto permitirá obtener información,
durante el período de ejecución, útil para la toma de decisiones, habilitarla
rendición de cuentas, y promover la transparencia y la mejora en la gestión del
SCTTGD[13].
[1]3 Con el fin de un mayor
análisis de seguimiento y evaluación de la PNSEBC, estudiar la tabla 8.1 de lapágina 174.
Figura8.2
Seguimiento y la
evaluación de la política
Fuente: Elaboración propia, con datos MICITT.
El seguimiento de la política estará a cargo de
la Secretaría de Planificación Institucional y Sectorial (SPIS) del MICITT,
cada dos años realizará un seguimiento a la PNSEBC, el cual contempla el
seguimiento del PNCTI y PNDT; ambos resultados serán comunicados al despacho
ministerial del MICITT y a los responsables involucrados para la toma de decisiones.
La definición de seguimiento utilizada para la
PNSEBC es la establecida por el Ministerio de Planificación Nacional y Política
Económica (MIDEPLAN, 2017a) este indica que es un "proceso continuo y
sistemático de recolección de datos para verificar lo realizado y sus
resultados, durante la ejecución de las actividades a su conclusión, tanto en
términos físicos como financieros, que ofrece información necesaria para
mejorar la gestión pública".
El seguimiento será un trabajo conjunto entre
los responsables de ejecutar las acciones establecidas y emitir reportes de
avance, la SPIS será la responsable de recolectar los datos y brindar
información para la toma de decisiones, mediante la aplicación del
procedimiento y los lineamientos correspondientes, y la rectoría, que utiliza
esta información para la toma de decisiones.
Figura 8.3
Fuente: Elaboración propia, con datos MICITT.
La finalidad de la labor de seguimiento es
determinar el avance en la ejecución de las acciones y el cumplimiento de los objetivos
trazados; además, identificar cualquier reto, limitación o materialización de
riesgos que requieran ser atendidos para orientar las acciones para alcanzar
los resultados esperados. A continuación, se muestra la finalidad del
seguimiento.
Objetivos del seguimiento.
Consecuentemente, la divulgación de los
resultados del proceso de seguimiento de la PNSEBC se realizará por medio de un
informe bienal, que a su vez es
resultado del seguimiento del PNCTI y el PNDT, con el objetivo de conocer
cuáles son los aportes y avances en cada uno de los ejes estratégicos de la
política.
Figura 8.5
Fuente: Elaboración propia, con datos MICITT.
El seguimiento del PNCTI y el PNDT enfocados en
los ejes de talento humano, innovación transformadora, generación de
conocimiento, gobernanza y transformación digital como una línea directa a la
esencia de la PNSEBC; constituye el mecanismo continuo de recolección y
análisis de información que permite conocer el grado de avance y retroalimentar
la gestión en el cumplimiento de la política.
La política pública como un proceso social y
político implica el esfuerzo y el consenso por parte de múltiples actores para
plasmar una ruta a seguir y las orientaciones sobre las cuales se establecen
las líneas de trabajo durante los próximos años. Sin embargo, es vital no solo
la fase de formulación si no también su implementación y evaluación, como una
herramienta que "revela la realidad" y brinda información útil para los
diferentes actores participantes y la toma de decisiones.
"La evaluación es un proceso limitado en
tiempo y alcance con el que se valoran de manera sistemática políticas, planes,
programas y proyectos de desarrollo en ejecución o concluidos yen aplicación de
criterios preestablecidos" (MIDEPLAN, 2017a). En este sentido la
evaluación de la política se plantea desde dos perspectivas.
Figura 8.6
Como una
Como una
herramienta
constructiva
herramienta de
para el diseño de políticas y transparencia y rendición de
aprendizaje
de la gestión en cuentas de la política ejecutada.
política pública.
Consecuentemente se plantea realizar dos
evaluaciones de proceso, una de resultado y una evaluación de impacto, que
pretende evaluar específicamente los impactos de la política. Estas
evaluaciones tienen la intención de permitir la rendición de cuentas en el uso
de los recursos, mejorar la gestión, el aprendizaje, el conocimiento y la toma
de decisiones. A partir de lo anterior, la siguiente figura permite visualizar
la cadena de resultados y el tipo de evaluación que se realizará.
Figura6.7
Evaluación y cadena de
resultados
Fuente: MIDEPLAN 2017a.
La evaluación como una herramienta valorativa y
ejecutada en un momento específico, permitirá identificar los resultados e
impactos, recomendaciones y lecciones aprendidas que contribuyen a aumentar la
efectividad, la eficiencia y la sostenibilidad del accionar del Sector.
La evaluación desde su punto de vista, según
agente evaluador dependerá de los recursos con que cuente la institución y del
contexto en el cual se desarrolle. Asimismo, de acuerdo con el momento en el
cual se implemente la evaluación, debe contemplar la participación de los
diferentes actores desde un punto de vista de ejecutores de la intervención,
tomadores de decisiones y sociedad civil.
Otro elemento para considerar y que es de gran
importancia es la evaluabilidad, entendida como "las posibilidades que
presenta una intervención pública para ser evaluada" (MIDEPLAN, 2017a). En
este sentido, el análisis permitiría determinar hasta qué punto es evaluable y
valorar las condiciones que la favorecen o limitan.
Por último, debe contemplarse la importancia
del uso de la evaluación, desde la óptica del aprendizaje y retroalimentación
de la gestión, enfocados no solamente en obtener los resultados de la
evaluación aplicada, sino también de implementar las acciones que permitan
avanzar hacia la mejora continua del SCTTGD.
9. Estrategia de divulgación
La comunicación de la política pública se
convierte para este caso, en la oportunidad que tiene la institucionalidad de
mostrar los efectos directos e impactos que provoca la intervención y, para que
esta sea efectiva, debe ser un proceso originado en la ciudadanía.
Más allá de los procesos de rendición de
cuentas y transparencia que obligan a los gobiernos a comunicar los avances en
las distintas intervenciones públicas desarrolladas, se encuentra el derecho de
los habitantes de mantenerse informados; esta relación describe el proceso de
comunicación de las demandas ciudadanas.
En este caso, se determina que la comunicación
de la política pública tiene dos objetivos fundamentales: potenciar la
comprensión mediante la información y aumentar la adhesión desde la
comunicación. En la figura 7.1 se muestra la relación que hay entre el MICITT y
la ciudadanía, el primero como emisor de un mensaje sobre los resultados y
efectos producidos por la implementación de la política y la segunda, como
receptor de esta información, que a su vez emite el mensaje a la
institucionalidad de sus necesidades y demandas básicas.
Para un proceso de comunicación de política
pública efectiva, se deben tener en consideración dos elementos fundamentales,
la agenda política y la agenda sistémica.
La agenda política se refiere a la
identificación de los problemas públicos por ente emisor de política y, que son
susceptibles de resolver a través de la implementación de políticas y
estrategias específicas. Mientras que la agenda sistémica corresponde a las
demandas y preocupaciones sociales sobre temas específicos.
Estas agendas son clave en la política, ya que
permitirán determinar los ajustes de los planes de acción y regular la relación
que hay entre la institucionalidad y la ciudadanía, en cuanto, deben
codificarse mensajes de ambas agendas por distintos canales de comunicación.
Proceso de comunicación
de la PNSEBC
Fuente: Elaboración propia, con datos MICITT.
Los canales de comunicación se refieren a los
medios por los cuales se lleva a cabo el acto comunicativo y son las
herramientas por las cuales se intercambiará información entre el ministerio y
la población.[14]
[1]4 Para un mayor detalle
consultar la tabla 9.1 de la página 175,
que contiene las Preguntas a las que debe responder la PNSEBC según etapa de
implementación
Se establece así, que los procesos de
divulgación de la política serán originados y gestionados desde el Ministerio
de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, que en esta tarea deberá
realizarlas siguientes acciones:
1. Promover espacios de discusión de los avances e
implicaciones de la puesta en marcha de la política.
2. Analizar los mensajes claves emitidos por los
habitantes en los distintos espacios de participación para discusión de la
política.
3. Diseñar estrategias de corto plazo (bienales)
para emisión de mensajes clave de política. Estas estrategias deberán contener
el análisis realizado de los mensajes emitidos por la ciudadanía.
4. Realizar la presentación y publicación de los
principales resultados de avance de la política de forma periódica.
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