N° 075-P
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Con fundamento en los artículos 26 inciso b), 99 y 100 de la Ley General
de la Administración Pública; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos desarrolla en sus artículos
1°, 2° y 7° el Derecho a la Igualdad y a la no Discriminación.
II. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José
de Costa Rica reconoce en su artículo 11° el Derecho a la Honra y la Dignidad y
en el numeral 24° el Derecho a la Igualdad.
III. Que la Constitución Política establece en su artículo 50 que es deber
del Estado procurar por el mayor bienestar de todas las personas habitantes de
la República.
IV. Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atala Riffo y
Niñas contra Chile, ha dicho que se: “…deja establecido que la orientación
sexual y la identidad de género de las personas son categorías
protegidas por la Convención. Por ello está proscrita por la Convención
cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación
sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de
derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares,
pueden disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de una persona
a partir de su orientación sexual…”.
V. Que, en el desarrollo constitucional de los Derechos Humanos, la Sala
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha establecido en su sentencia
2010-1331 de las 16:31 horas del 10 de agosto de 2010 que: “…Frente a los
grupos que son objeto de marginación y prejuicios sociales no basta la
aplicación del principio de la igualdad real y prohibición de toda
discriminación que, normalmente, operan ex post a la perpetración del acto discriminatorio.
Por lo anterior, es preciso que los poderes públicos actúen el principio de
apoyo a tales grupos con políticas públicas y medidas normativas efectivas.
El principio de apoyo a los grupos discriminados previene y se anticipa
a las discriminaciones, de modo que tiene un efecto ex ante, respecto de
éstas. El principio de apoyo se logra cumplir cuando se dicta
legislación y reglamentación que reconoce derechos de los grupos discriminados,
aunque estos sean de configuración infra constitucional (…) Los poderes
públicos tienen, por aplicación del principio y el derecho a la igualdad
real y efectiva de las personas, independientemente del grupo al que
pertenezcan, la obligación de abstenerse de implementar políticas o
prácticas que producen una discriminación estructural o, incluso, de
utilizar las instituciones que ofrece el ordenamiento jurídico con fines
diferentes a los que se han propuesto…”.
VI. Que la Comunidad Internacional celebra el día 17 de mayo de cada año el
Día Internacional en Contra de la Homofobia, Lesbofobia y la Transfobia.
VII. Que Costa Rica, mediante Decreto Ejecutivo N° 34399-S del 12 de febrero
de 2008, siguiendo la línea a favor de los Derechos Humanos esgrimida por la
Comunidad Internacional, declaró el 17 de mayo de cada año como Día Nacional en
Contra de la Homofobia, Lesbofobia y la Transfobia, estableciendo en su
artículo 2° que: “Las instituciones públicas deberán difundir
ampliamente los objetivos de esta conmemoración, así como facilitar,
promover y apoyar las acciones orientadas a la erradicación de la homofobia,
la lesbofobia y la transfobia.”.
VIII. Que la evolución en materia de Derechos Humanos ha llevado a las
naciones y organizaciones internacionales a un proceso de deconstrucción de
paradigmas que promueven la discriminación y desigualdad hacia la población
LGBTI, ya que de esta manera se promueven acciones que se encuentran contrarias
a la protección de la dignidad humana, eje transversal en todo proceso
evolutivo en materia de la promoción de los Derechos Humanos.
IX. Que el Gobierno de la República reconoce que dentro de Costa Rica y sus
instituciones públicas aún existe discriminación hacia la población LGBTI,
donde se mantienen prácticas contrarias a sus Derechos Humanos tanto de quienes
laboran en el Estado, como de las personas usuarias de los servicios de las
instituciones públicas.
X. Que consientes de la realidad expuesta, en la cual se encuentra el país
y el Sector Público, se considera prioritario la atención a las prácticas
discriminatorias en contra de la población LGBTI, por lo que en el marco del
Día Nacional en Contra de la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia y en
concordancia con el desarrollo nacional e internacional en materia de los
Derechos Humanos, se considera de máximo interés nacional y público dictar el
presente Decreto Ejecutivo.
XI. Que mediante Decreto N° 38999-MP-RE-JP-SP-MG-H-MAG-MEIC-MINAE-MOPTMEP-
S-MTSSCOMEX-MIDEPLAN-MICITT-MIVAH-MC-TUR-MDHIS-MCMMIDEPOR denominado “Declara
a la Presidencia de la República y a los Ministerios de Gobierno como
instituciones que respetan y promueven los Derechos Humanos, libres de discriminación
hacia la población sexualmente diversa” del 12 de mayo de 2015 se
establecen entre otras cosas, procesos de capacitación para personas servidoras
del Poder Ejecutivo sobre los Derechos Humanos, velar para que en el desarrollo
normativo y administrativo no se generen disposiciones o acciones
discriminatorias contra la población LGBTI, la creación de una Comisión
Institucional para la Igualdad y la no Discriminación hacia la Población LGBTI.
Asimismo, se instruyó la reforma a las normativas internas de cada órgano del
Poder Ejecutivo para incluir, entre otras disposiciones, el establecimiento de
un régimen sancionatorio frente a acciones discriminatorias razones de
orientación sexual e identidad de género.
XII. Que ante lo anterior, se hace necesario incluir un protocolo de
denuncias así como un procedimiento administrativo para tramitarlas ante
acciones discriminatorias por razones de orientación sexual o identidad de
género, que sea de acatamiento obligatorio por parte de los órganos del Poder
Ejecutivo.
X.- Que consientes de la realidad expuesta, en la cual se encuentra el país
y el Sector Público, se considera prioritario la atención a las prácticas discriminatorias
en contra de la población sexualmente diversa, por lo que en el marco del Día
Nacional en Contra de la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia y en concordancia
con el desarrollo nacional e internacional en materia de los Derechos Humanos,
se considera de máximo interés nacional y público dictar la presente Directriz,
dirigida al sector público descentralizado.
Por tanto, emite la siguiente,
DIRECTRIZ
DIRIGIDA AL SECTOR PÚBLICO DESCENTRALIZADO
“REFORMA A LA POLÍTICA PARA ERRADICAR DE LAS INSTITUCIONES
PÚBLICAS LA DISCRIMINACIÓN HACIA LA POBLACIÓN LGBTI”
Artículo 1°.- Se instruye a los entes descentralizados para que
implementen las reformas contempladas en el Decreto N° 40422, a lo interno de
sus propias disposiciones reglamentarias.