Artículo 2°.- Traducción a un idioma extranjero Junto a los rótulos y anuncios, podrá colocarse su traducción a otro idioma, siempre que no se destaque sobre lo escrito en español.

(Texto modificado por Resolución de la Sala Constitucional Nº 4764-99 de las 11:45 horas del 18 de junio de 1999).

Artículo 3°- Rechazo de la inscripción. Los registros públicos negarán la inscripción de documentos que no se ajusten a las disposiciones del artículo 1 de esta ley.

(Texto modificado por Resolución de la Sala Constitucional Nº 4764-99 de las 11:45 horas del 18 de junio de 1999)

Artículo 4°.- Uso obligatorio del español. Las normas prosódicas, ortográficas y gramaticales de la lengua española serán de uso obligatorio en la Administración Pública, la cual deberá prever el asesoramiento y los mecanismos necesarios para cumplir con esta disposición.

Artículo 5.- Creación de la Comisión Nacional para la Defensa del Idioma. Para proteger el idioma español, créase la Comisión Nacional para la

Defensa del Idioma, como órgano de desconcentración máxima, adscrito al Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Estará integrada por un representante de cada una de las siguientes instituciones:

a) Ministerio de Educación Pública.

b) Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes.

c) Academia Costarricense de la Lengua.

d) Universidades estatales, seleccionadas por el Consejo Nacional de Rectores.

e) Asociación Costarricense de Filólogos.

Los representantes deberán ser profesionales con el grado mínimo de licenciatura en Filología Española, Lingüística o Enseñanza del español. De no ser posible cumplir con este requisito, podrán ser nombrados escritores o personas con amplio conocimiento de la lengua española. Los miembros de la Comisión permanecerán cuatro años en sus cargos, podrán ser reelegidos y elegirán un Presidente. Una vez designados los representantes, el Ministro de Cultura Juventud y Deportes los nombrará.

El funcionamiento, el quórum, las votaciones, las causales de remoción, los impedimentos, las excusas y recusaciones serán regulados por el reglamento de la presente ley.

Artículo 6.- Dietas. El Consejo de Gobierno fijará el monto de la dieta que los miembros de la Comisión Nacional para la Defensa del Idioma devengarán por sesión. Para ello, tomará como referencia lo establecido para otras instituciones públicas y determinará el límite de las dietas que pueden pagarse por mes.

Artículo 7.- Funciones de la Comisión Nacional para la Defensa del Idioma. Serán funciones de la Comisión Nacional:

a) Promover el uso correcto del idioma español.

b) Fortalecer la enseñanza y divulgación de las lenguas.

c) Responder las consultas sobre las disposiciones de esta ley, que formulen personas físicas o jurídicas y organismos, públicos o privados.

d) Conocer las infracciones contra esta ley y sancionarlas.

Artículo 8.- Comisiones Cantonales. Créanse las comisiones auxiliares cantonales como órganos de la Comisión Nacional para la Defensa del Idioma. En cada cantón, existirá una comisión auxiliar integrada por tres vecinos, cuya función será ejecutar las directrices emitidas por la Comisión Nacional y velar por el cumplimiento de esta ley.

La municipalidad de cada cantón nombrará los integrantes de estas comisiones, quienes desempeñarán sus cargos por un período de cuatro años y podrán ser reelegidos por períodos sucesivos. Deberán ser mayores de edad y contar con el grado mínimo de licenciatura en Filología Española, Lingüística o Enseñanza del español. De no ser posible cumplir con este requisito, podrán ser nombrados escritores o personas con vasto conocimiento de la lengua española. Para iniciar sus funciones, será indispensable que las personas propuestas aprueben un curso que organizará la Comisión Nacional.

El funcionamiento, el quórum, las votaciones, las causas de remoción, los impedimentos, las excusas y recusaciones de estas comisiones serán regulados por el reglamento de esta ley.

Artículo 9.- Multas. Según la gravedad del hecho, las infracciones cometidas contra lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de esta ley, deberán sancionarse con una multa equivalente al monto de una a cinco veces el salario mínimo mensual establecido en la Ley de Presupuesto Ordinario de la República. El producto de las multas irá a la caja única del Estado, que lo girará a la Comisión Nacional para la Defensa del Idioma, a fin de que lo destine a financiar campañas dirigidas a la divulgación del uso correcto del español.

Artículo 10.- Reforma. Modifícase el inciso b) del artículo 31 de la Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, No. 7472, del 20 de diciembre de 1994, cuyo texto dirá:

“b) Informar suficientemente al consumidor, en español, de manera clara y veraz, acerca de los elementos que incidan en forma directa sobre su decisión de consumo. Debe enterarlo de la naturaleza, la composición, el contenido, el peso, cuando corresponda, las características de los bienes y servicios, el precio de contado en el empaque, el recipiente, el envase o la etiqueta del producto, la góndola o el anaquel del establecimiento  comercial y de cualquier otro dato determinante.

De acuerdo con lo dispuesto en el reglamento de la presente ley, cuando el producto que se vende o el servicio que se presta se pague al crédito, deben indicarse, siempre en forma visible, el plazo, la tasa de interés anual sobre saldos, la base, las comisiones y la persona, física o jurídica, que brinda el financiamiento, si es un tercero.”

Artículo 11.- Derogación. Derógase la ley de Creación de la Comisión Nacional de Defensa del Idioma, No. 5899, del 13 de abril de 1976 y sus reformas.

Artículo 12.- Vigencia Rige a partir de su publicación.

Transitorio único- (*)(Las empresas u organizaciones que, al entrar en vigencia la presente ley, no hayan inscrito en los registros su razón social, nombre comercial, marca, patente o denominación, deberán ajustarse a las disposiciones de esta ley.)

(*) Este transitorio único fue anulado mediante sentencia de la Sala Constitucional: 04764-99 de las 11:45 horas del 18/06/1999, publicado en el Boletín Judicial N° 74 del 14/04/2000.

Dado en la Presidencia de la República.-San José, a los once días del mes de setiembre de mil novecientos noventa y seis.