Presentación

En un Estado Social de Derecho, la razón de ser de las oficinas públicas está íntimamente relacionada con su eficiencia y eficacia, y con su capacidad de responder oportunamente a las necesidades cambiantes de la comunidad a la cual sirven. Ello obliga a los jerarcas de las instituciones no sólo a revisar lo actuado. También deben ser redefinidas constantemente las metas y proyecciones institucionales, de modo que el servicio público de que se trate se preste eficientemente, en beneficio de la ciudadanía.

En lo que hace a la Procuraduría General de la República, mediante la promulgación de la Ley N°7666 de 14 de abril de 1997, que reformó su Ley Orgánica (N°6815 de 27 de setiembre de 1982) se pudo dotar al país de un servicio público indispensable en un Estado de Derecho, sea, el de contar con un servicio de información jurídica confiable, eficiente y con utilización de las tecnologías más avanzadas. Con ello, el Estado costarricense, a través de la Procuraduría General de la República, reafirma nuestro ideal de convivir dentro de una colectividad organizada y ordenada, de acuerdo con las disposiciones normativas que al efecto fueren emitidas. Así, administrados y administradores ajustamos nuestras actuaciones a un marco normativo previo, que ha sido debidamente publicitado y dado a conocer a todos, que es claro y seguro. Y aquí hablamos, obviamente, no sólo de la publicidad del derecho, sino también de la claridad, certeza y seguridad jurídicas.

Dicha competencia institucional la ejerce la Procuraduría a través del Sistema Nacional de Legislación Vigente (SINALEVI), en el cual el operador jurídico, o el ciudadano común, puede consultar - por el medio que desee- no sólo la legislación costarricense, sino también la jurisprudencia judicial y constitucional que con ésta se relaciona. Y si bien con dicha labor - que es actualizada y perfeccionada diariamente - podríamos afirmar que se cumple con nuestra obligación legal, creemos a lo interno de la Institución que ello no es suficiente.

De este modo, hemos decidido poner a disposición de la ciudadanía esta Revista, de publicación periódica, que constituye otro instrumento de utilidad - también amigable y fácilmente accesible - en el cual constan, especialmente, nuestros dictámenes y pronunciamientos más recientes y /o que sean más consultados; la normativa recientemente promulgada, y un aparte con comentarios jurídicos de nuestros funcionarios especializados.

Convencidos de que nuestro aporte institucional satisface una necesidad social, y que será de utilidad para la ciudadanía, ponemos a su disposición este nuevo material de consulta en materia jurídica.

Julio de 2006

Ana Lorena Brenes Esquivel   Magda Inés Rojas Chaves
PROCURADORA GENERAL   PROCURADORA GENERAL ADJUNTA