Nº 36529-MINAET

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE AMBIENTE, ENERGÍA

Y TELECOMUNICACIONES

En el ejercicio de las facultades que les confiere el artículo 140 incisos 8) y 20) de la Constitución Política, los artículos 3 inciso m), 19 inciso b), 33 inciso b) y 34 de la Ley Forestal, Nº 7575 del 13 de febrero de 1996.

Considerando:

I.—Que el Río Tárcoles y sus tributarios principales (Virilla, Tiribí, María Aguilar, Torres, entre otros), al drenar la Gran Área Metropolitana del Valle Central del país, con una población cercana a los 2 millones de habitantes, concentrados en un territorio del 4% del total de la superficie continental del país, es uno de los ríos más contaminados, no solo de Costa Rica, sino de Centroamérica, debido que un porcentaje muy alto de las aguas residuales que se producen no son tratadas y pasan directamente a dichos cuerpos de agua para finalmente desembocar en el sistema estuarino del Golfo de Nicoya.

II.—Que según los estudios técnicos realizados en años recientes en el Golfo de Nicoya, el río Grande de Tárcoles (Estudio de modelación de la calidad del agua del Río Grande de Tárcoles y del Golfo de Nicoya y análisis fisicoquímicos en la desembocadura del Río Grande de Tárcoles y el Golfo de Nicoya) entre otros, lograron determinar que la carga de fósforo y nitrógeno es de un 70% al 75%. Por su parte,  el ingreso de materia orgánica degradable biológicamente alcanza magnitudes de 20,000 toneladas por año, mientras que la materia químicamente degradable alcanza valores de unas 270,000  toneladas por año. En este caso, el Tárcoles contribuye con un 80% de la demanda biológica de oxígeno (DBO) y un 75% de la demanda química de oxígeno (DQO) En el caso de los sólidos totales, ajustando a los 365 días del año, son del orden de 650,000 toneladas por año, contribuyendo el Río Tárcoles con  un 75% del total. Metales pesados como cobre, níquel, plomo, cinc y cromo ingresan en magnitudes desde decenas hasta centenas de toneladas por año, y en todos los casos, el Río  Tárcoles contribuye  con un alto porcentaje de lo depositado en el Golfo de Nicoya.

III.—Que el aporte de sustancias altamente contaminantes a las aguas del Río Tárcoles y sus tributarios y finalmente al Golfo de Nicoya, representan una seria amenaza a los ecosistemas fluviales y marinos, y también a la salud de las poblaciones ribereñas, así como de los pescadores y personas que utilizan con diversos fines, incluso recreativos, las aguas del Río Tárcoles y del Golfo de Nicoya, razón por lo cual, la captación y el tratamiento de las aguas residuales que se producen en el Gran Área Metropolitana representa una actividad del mayor interés y prioridad para el Estado.

IV.—Que los estudios técnicos e hidrogeológicos realizados para la Gran Área Metropolitana muestran que en el subsuelo de esta zona del Valle Central, se presentan varios acuíferos de gran valor estratégico dado que representan valiosísimas fuentes de agua para el consumo humano que son captadas tanto por pozos como por sus manantiales, y que dado a que son vulnerables a la contaminación por aguas residuales que se infiltren desde la superficie, incluyendo el cauce mismo del río cuando éste tiene un comportamiento influente, o por medio de tanques sépticos, se hace indispensable que esa carga contaminante sea controlada y tratada por un medio apropiado como lo representa un sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales.

V.—Que la captación de las aguas residuales de la Gran Área Metropolitana (GAM) por medio de un alcantarillado sanitario y su depuración mediante una Planta de Tratamiento, reduciría notablemente la contaminación del Río Tárcoles y su sistema de tributarios, lo cual representaría un gran avance en la recuperación de sus ecosistemas fluviales y ribereños que operarían como corredores biológicos metropolitanos de gran valor ecológico y de uso humano como áreas verdes protegidas de esparcimiento y ecoturismo, con lo que mejoraría la calidad de vida de los pobladores de la GAM.

VI.—Que mediante el Decreto Ejecutivo Nº 32133-S del 19 de noviembre de 2004, se declaró de “interés público y necesidad social” la recolección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales de tipo ordinario generadas en los centros urbanos.

VII.—Que debido a que el proyecto contempla la ampliación y mejora de obras ya existentes o bien, la construcción de obras nuevas que se localizan dentro de las áreas de protección de ríos o quebradas o bien áreas de aptitud forestal, en las que sería necesario generar impactos ambientales, que representarán los mínimos posibles, es requerido de un marco jurídico y técnico para que dichas actividades puedan ser llevadas a cabo.

VIII.—Que en la fase constructiva del proyecto se requiere de la corta focalizada de especies arbóreas, algunas de ellas declaradas en veda.

IX.—Que los artículos 19 inciso b), 33 inciso b) y 34 de la Ley Forestal Nº 7575 prohíben el cambio de uso de suelo y la corta de árboles en terrenos cubiertos de bosque y en áreas de protección, exceptuando aquellos proyectos estatales o privados que el Poder Ejecutivo declare de Conveniencia Nacional, en tanto sus   beneficios sociales sean mayores a los costos socio ambientales.

X.—Que para asegurar un avance más fluido de las obras de infraestructura requerida, se hace necesario eximir al AyA de los requisitos establecidos en el artículo 89 del Reglamento a la Ley Forestal, para cortar y aprovechar el recurso forestal existente en ellos, de conformidad con la Ley 2726 Ley constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Por tanto:

Decretan:

Declaración  de Conveniencia Nacional e Interés Público los estudios

y las obras del Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área

Metropolitana de San José a desarrollar por el Instituto

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Artículo 1º—En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 3º inciso m), 19 inciso b), 33 inciso b) y 34 de la Ley Forestal Nº 7575 del 13 de febrero de 1996, se declara de Conveniencia Nacional e Interés Público los estudios y las obras del Proyecto de Mejoramiento  Ambiental del   Área Metropolitana de San José, en adelante el Proyecto, las que serán construidas por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en adelante el AyA o las empresas a que éste contrate para su ejecución.