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 Normativa >> Directriz 022 >> Fecha 23/06/2023 >> Articulo 1
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Normativa - Directriz 022 - Articulo 1
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Artículo 1
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N° 022-PLAN

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE PLANIFICACIÓN NACIONAL

Y POLÍTICA ECONÓMICA

En uso de las facultades establecidas en los artículos 130, 140, incisos 3), 8) y 20) de la Constitución Política; 25.1, 27.1, 28 párrafo segundo inciso b), 99 y 100 de la Ley General de la Administración Pública, Ley Nº6227 del 2 de mayo de 1978; 46 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, N°2166 de 9 de octubre de 1957, reformada y adicionada por el Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N°9635 de 3 de diciembre de 2018; 3 de la Convención Interamericana contra la Corrupción, Ley N°7670 del 17 de abril de 1997; 7 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, Ley N°8557 del 29 de noviembre de 2006; Acuerdo sobre los términos de la Adhesión a la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Ley N°9981 del 21 de mayo de 2021; 3 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley N°8422 del 6 de octubre de 2004; 13 de la Ley General de Control Interno, Ley N°8292 del 31 de julio de 2002; Ley de Marco de Empleo Público, N°10159 de 8 de marzo de 2022; el Estatuto de Servicio Civil, Ley N°1581 de 30 de mayo de 1953; el Reglamento al Estatuto de Servicio Civil, Decreto Ejecutivo N°21 de 14 de diciembre de 1954; Decreto Ejecutivo 40736-MP-H-MIDEPLAN "Creación de la Base de Datos de Empleo para el Sector Público" del 26 de octubre del 2017.

Considerando:

I.-Que el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) es el Rector de Empleo Público, para unificar y simplificar el empleo en el sector público y dotarlo de coherencia, orientándose hacia la eficacia y eficiencia administrativa según la planificación institucional, regional y nacional.

II.-Que los ministerios, las instituciones descentralizadas y demás instituciones creadas al amparo de los artículos 188 y 189 de la Constitución Política forman parte de la Administración Pública y dentro del ámbito de competencias y atribuciones de dirección política del Poder Ejecutivo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 140 inciso 8) de la Constitución Política, les corresponde vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas, de manera que sus actividades y sus recursos se utilicen bajo altos estándares de Integridad Pública, para salvaguardar el interés general.

III.-Que la Convención Interamericana contra la Corrupción, Ley Nº 7670 del 17 de abril de 1997, en su artículo III, establece que se deben crear, mantener y fortalecer normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas y prevenir los conflictos de interés, así como instrucciones al personal que aseguren su adecuada comprensión.

IV.-Que la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, Ley Nº 8557 del 29 de noviembre del 2006, artículo 5, le solicita a los Estados parte procurar el establecimiento y fomento de prácticas eficaces encaminadas a prevenir la corrupción y, artículo 7, solicita promover programas de formación y capacitación para los funcionarios que les permitan cumplir los requisitos de desempeño correcto, honorable y debido de sus funciones y les proporcione capacitación especializada y apropiada para que sean más conscientes de los riesgos de corrupción inherentes al desempeño de sus funciones.

V.-Que la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley Nº 8422 de 6 de octubre de 2004, establece imperativos sustanciales de orden ético y legal que imponen deberes de conducta acordes con principios elementales de objetividad, imparcialidad, neutralidad política partidista, eficacia, transparencia, resguardo de la hacienda pública, respeto al bloque de legalidad y sometimiento a los órganos de control.

VI.-Que el artículo 3 de la Ley Nº 8422, establece el deber de probidad aplicable a toda persona servidora pública, el cual obliga a cumplir las funciones que le confiere la ley con rectitud, buena fe y estricto apego a la legalidad, asegurando que las decisiones que se adopten en cumplimiento de las atribuciones públicas se ajusten a la imparcialidad y se orienten a la satisfacción del interés general, identificando y atendiendo las necesidades colectivas prioritarias de los habitantes de la República y administrando correctamente los recursos públicos, rindiendo cuentas.

VII.-Que con la adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico el país adquiere el compromiso de respetar los estándares establecidos por esta organización, siendo uno de ellos la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública, del año 2017, que la define como: "La Integridad Pública se refiere a la alineación consistente con, y el cumplimiento de los valores, principios y normas éticos compartidos, para mantener y dar prioridad a los intereses públicos, por encima de los intereses privados, en el sector público".

VIII.-Que el artículo 13, inciso a) de la Ley General de Control Interno, Ley Nº 8292 de 31 de julio de 2002, establece como deber de los jerarcas y titulares subordinados, tomar acciones para promover la integridad y el cumplimiento de los valores éticos de la función pública a nivel institucional.

IX.-Que el artículo 4, inciso h) de la Ley Marco de Empleo Público, Ley Nº 10159 del 8 de marzo de 2022, establece como uno de los principios rectores del empleo público el Principio de Prevalencia del Interés General, descrito como "la gestión del empleo público, en todos sus componentes, debe estar orientada a dotar a la Administración Pública de personas servidoras públicas idóneas en lo técnico y lo moral, objetivas, independientes, imparciales e íntegras, estrictamente, sujetas al principio de legalidad, como garantía para la satisfacción del interés general."

X.-Que el artículo 7, inciso k) de la Ley Marco de Empleo Público, Ley Nº 10159 del 8 de marzo de 2022, establece la emisión de las disposiciones de alcance general, las directrices y los reglamentos, para la instrucción de las personas servidoras públicas sobre los deberes, las responsabilidades y las funciones del cargo, así como los deberes éticos que rigen la función pública.

XI.-Que con el fin de fomentar la integridad en la función pública, resulta indispensable fortalecer las medidas de formación básica y continua de las personas servidoras públicas y los instrumentos y mecanismos necesarios para lograr con efectividad este cometido. Por tanto,

Emiten la siguiente Directriz dirigida a todas las entidades y órganos bajo la Rectoría del Sistema General de Empleo Público.

DIRECTRIZ GENERAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN

DE MEDIDAS INMEDIATAS PARA FORTALECER

LA INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA

Artículo 1º-Integridad en la función pública. La Integridad Pública es el posicionamiento consistente y la adhesión a valores éticos comunes, así como al conjunto de principios y normas destinadas a proteger, mantener y priorizar el interés público sobre los intereses privados. Su fortalecimiento es responsabilidad de todas las personas que ejercen la función pública porque es crucial para asegurar la buena gobernanza pública y la confianza ciudadana en el sistema social y democrático de derecho.

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