ARTICULO 23.- El producto de los premios prescritos y no vendidos de

las loterías de la Junta, se distribuirá de la siguiente forma:

a) Un catorce por ciento (14%) para programas destinados a personas

con discapacidad. De ese porcentaje, un tres por ciento (3%) se otorgará

a las juntas administrativas de centros educativos que tengan estudiantes

con discapacidad matriculados en el sistema regular y a las de las instituciones

que ofrezcan servicios de III y IV Ciclos de educación especial.

Los recursos destinados a cumplir los objetivos de la Ley para el financiamiento

y desarrollo de equipos de apoyo para la formación de estudiantes con discapacidad

matriculados en III y IV Ciclos de la educación regular y de los servicios de III y IV

Ciclos de educación especial, deberán ser aprobados por la comisión técnica

especializada referida en esa Ley.

(Así reformado por el artículo 15 de la Ley N° 8283 de 28 de mayo del 2002,

Ley para el finaciamiento y desarrollo de equipos de apoyo para la formación

de estudiantes con discapacidad)

b) Un nueve por ciento (9%) para programas destinados a la atención

del menor huérfano, en abandono y riesgo social, así como a la prevención

del abandono y el riesgo social.

(Así reformado por Ley N° 7977 del 4 de enero del  2000)

c) Un dos por ciento (2%) para la Escuela Neuropsiquiátrica Infantil.

ch) Un sesenta y dos por ciento (62%) para hogares, asilos y

albergues de ancianos, sin fines de lucro.

d) Un nueve por ciento (9%) para centros diurnos de ancianos.

e) Un dos por ciento (2%) para los programas de la Escuela de

Medicina de la Universidad de Costa Rica.

f) Un dos por ciento (2%) para la Cruzada Nacional de Protección al

Anciano.

g) Un dos por ciento (2%) destinado a la Asociación Costarricense

para el Tamizaje y la Prevención de Discapacidades en el Niño.

(Así adicionado por Ley N° 7977 del 4 de enero del 2000)

Los programas beneficiados deberán presentar, ante la Junta, la

liquidación semestral de los gastos que financien con esos recursos, para

facilitar la fiscalización oportuna. Se exceptúa de esta obligación a la

Universidad de Costa Rica.

Para verificar la información suministrada sobre el uso de esos

ingresos, tanto la Contraloría General de la República como la Junta

tendrán acceso a toda la documentación de las instituciones beneficiadas,

a las cuales se refiere este artículo.