Artículo 11.—De las actas y de los acuerdos del Consejo Nacional. De cada sesión el Secretario del Consejo Nacional levantará un acta, que contendrá la indicación de las personas asistentes; así como el lugar y fecha de la sesión, la agenda del día, aspectos de la deliberación, la forma y resultado de la votación y el contenido de los acuerdos. El acta se aprobará en la siguiente sesión ordinaria. Antes de esa aprobación carecerán de firmeza los acuerdos tomados en la respectiva sesión, a menos que los miembros presentes acuerden su firmeza por votación de dos tercios de la totalidad de los miembros presentes. En caso de desacuerdo de algún miembro del Consejo sobre algún tópico específico y que no desee dar su aprobación, a solicitud del mismo, el Secretario del Consejo Nacional deberá hacerlo constar así en el acta respectiva y deberá proceder a estampar las firmas de aquellos miembros que estén en contra de lo acordado, cumpliendo así con lo indicado en los Artículos Nº 56, inciso 3 y Nº 57, inciso 1 de la Ley General de la Administración Pública Nº 6227, asimismo el miembro del Consejo quedará exento de las responsabilidades que en su caso, pudieran derivarse de los acuerdos. En todos los casos las actas serán firmadas por el Presidente y el Secretario del Consejo Nacional. Una vez firmadas las actas, en el siguiente espacio debe incluirse la leyenda “última línea”; de esa manera, lo escrito posteriormente en ese mismo folio carecerá de validez.

En temas de suma importancia, así considerados por los miembros del Consejo, los acuerdos sobre los mismos deberán ser adoptados por una mayoría calificada del 75% de la totalidad de los miembros del Consejo Nacional. Si en determinada situación se da el empate para adoptar un acuerdo, el Presidente del Consejo Nacional tendrá voto doble. Para estos efectos serán considerados como asuntos de “suma importancia” para el Consejo Nacional, los temas relativos a la coordinación en forma conjunta con la CONAGEBio en la elaboración y actualización de la estrategia nacional para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, la aprobación de las solicitudes de concesión indicadas en el artículo 39 de la Ley de Biodiversidad y la definición de estrategias y políticas relacionadas con la consolidación y el desarrollo de las áreas protegidas estatales.