ARTÍCULO 12.-
Se considerará parte demandada:
1) La Administración
Pública autora de la conducta administrativa objeto del proceso, salvo cuando
se trate de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y del Tribunal Supremo
de Elecciones; en este caso, se demandará al Estado.
2) Los órganos
administrativos con personalidad jurídica instrumental, en tanto sean autores
de la conducta administrativa objeto del proceso, conjuntamente con el Estado o
el ente al que se encuentren adscritos.
3) Las personas físicas
o jurídicas que hayan derivado derechos e intereses legítimos de la conducta
administrativa objeto del proceso.
4) Cualquier otra
persona que haya sido llamada al proceso como responsable, en su carácter
funcional o personal.
5) La Contraloría
General de la República:
a) Conjuntamente con el
Estado, cuando el proceso tenga por objeto la conducta administrativa de aquella,
relacionada con el ejercicio de su competencia constitucional y legal.
b) Conjuntamente con el
ente fiscalizado, cuando el proceso tenga por objeto una conducta
administrativa sometida a su control, en el ejercicio de sus potestades de
fiscalización o tutela superior de la Hacienda Pública.
6) Cuando una entidad
dicte algún acto o disposición que, para su firmeza, requiera previo control, autorización, aprobación o
conocimiento, por parte de un órgano del Estado o de otra entidad
administrativa, se tendrá como parte demandada:
a) El Estado o la
entidad que dictó el acto o la disposición fiscalizados, si el resultado de la
fiscalización ha sido aprobatorio.
b) La entidad que ha
ejercido la fiscalización, si esta no ha aprobado el acto o la disposición.
7) Cuando una entidad
dicte algún acto o disposición, que en virtud de un recurso administrativo no
jerárquico -facultativo u obligatorio- deba ser conocido por parte de un órgano
del Estado o de otra entidad administrativa, se tendrá como parte demandada:
a) El Estado o la
entidad que dictó el acto, cuando este ha sido confirmado.
b) La entidad que,
conociendo el recurso, anula, revoca o reforma la conducta cuestionada.
8) Si el demandante funda sus
pretensiones en la ilegalidad de una disposición general, se considerará
también parte demandada a la Administración autora de esta, aunque la actuación
recurrida no procede de ella.