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 Normativa >> Decreto Ejecutivo 35334 >> Fecha 21/05/2009 >> Articulo 1
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Normativa - Decreto Ejecutivo 35334 - Articulo 1
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Artículo 1
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Nº 35334-H

Nº 35334-H

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,

EL MINISTRO DE HACIENDA

En uso de las facultades y atribuciones que les confiere los artículos 140 incisos 3), 18) y 20) y 146 de la Constitución Política; y con fundamento en los numerales 25, 27 párrafo primero, 28 párrafo 2, inciso b) y 103 párrafo primero de la Ley General de la Administración Pública, Ley Nº 6227 del 02 de mayo de 1978; y 22, siguientes y concordantes de la Ley General de Aduanas, Ley Nº 7557 del 20 de octubre de 1995, sus reformas y modificaciones; y

Considerando:

I.—En el desarrollo del comercio internacional, las políticas sobre las operaciones de ingreso y salida de las mercancías a territorio aduanero nacional deben facilitarse y agilizarse por lo que requiere actualizarse constantemente; ya sea, por la vía normativa o por la interpretación de tales normas, aspecto que se regula en el artículo 5 de la Ley General de Aduanas que establece “el régimen jurídico aduanero debe interpretarse en la forma que garantice mejor el desarrollo del comercio exterior de la República, en armonía con la realidad socioeconómica imperante al interpretarse la norma y los otros intereses públicos, a la luz de los fines de este ordenamiento”, políticas que tienen que estar en armonía con las propias sobre recaudación fiscal.

II.—Dentro de los fines del régimen jurídico aduanero, igualmente, se encuentran el facultar la correcta percepción de los tributos y la represión de las conductas ilícitas que atenten contra la gestión y el control aduanero, de tal forma que la actividad administrativa tiene que estar enfocada en la búsqueda de las formas apropiadas que logren las metas u objetivos en lo que respecta a la sana y justa recaudación de tributos, propiciando los medios procesales y sustantivos que permitan satisfacer los objetivos a cargo del Servicio Nacional de Aduanas.

III.—El control aduanero es el ejercicio de las facultades del Servicio Nacional de Aduanas para el análisis, aplicación, supervisión, fiscalización, verificación, investigación y evaluación del cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley General de Aduanas, su Reglamento y las demás normas reguladoras de ingresos y salidas de mercancías del territorio aduanero nacional, así como de la actividad de las personas físicas o jurídicas que intervienen en las operaciones de comercio exterior.

IV.—Mediante Decreto Ejecutivo Nº 33915-H del 30 de enero del 2007, se dispuso que en los procesos de fiscalización se deben instrumentalizar herramientas legales en aras de garantizar una recaudación ágil y oportuna de los tributos adeudados, considerando oportuno, razonable y conveniente permitir la regularización, reformando para tal fin el artículo 76 del Reglamento a la Ley General de Aduanas. En este sentido se hace necesario establecer las normas reglamentarias que permitan consolidar la figura de la regularización de tributos estableciendo los casos en los cuales será aplicable.

V.—En el tema de sanciones a las infracciones administrativas y tributarias previstas en la legislación aduanera debe tenerse presente que tanto la jurisprudencia como la doctrina imperante en esta materia explica que las sanciones responden a una actividad a modo de culpa y de negligencia, aspectos que deben ser demostrables a través de un procedimiento administrativo, de suerte que la regularización debe ser un trámite previo solo en aquellos casos en que se pueda determinar, prima facie, que existe una actuación del sujeto pasivo tendente a cumplir con las disposiciones legales, sin ánimo de delinquir o actuar de mala fe, siendo procedente la imposición de la multa cuando se presenten estos presupuestos y de conformidad con la reforma al artículo 231 de la ley 7557, operada por ley 8373 de 18 de agosto del 2003 que en lo que interesa dice: “Artículo 231.—Aplicación de sanciones. (…) La facultad de la autoridad aduanera para sancionar las infracciones reguladas en este capítulo, prescribe en seis años contados a partir de la comisión de las infracciones”.

VI.—Que el trámite de regularización debe conceder una oportunidad para el sujeto pasivo y personas responsables solidarios de las obligaciones tributarias que han efectuado las declaraciones aduaneras bajo los preceptos de la buena fe, bajo criterios técnicos o la diligencia razonable que se espera de parte de los contribuyentes, conductas que no podrían encuadrar en figuras típicas sancionadoras. Por tanto;

Decretan:

Reforma al artículo 76 del Reglamento a la Ley General

de Aduanas y adición de los artículos 55 bis,

536 bis, 536 Ter, y Transitorio VII

Artículo 1º—Refórmese el artículo 76 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, Decreto Ejecutivo Nº 25270-H, del 14 de junio de 1996, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 123 del 28 de junio de 1996, sus reformas y modificaciones, para que se lea de la siguiente manera:

“Artículo 76.—Terminación. Los resultados de las actuaciones de fiscalización se harán constar en el informe de conclusión de las actuaciones fiscalizadoras y se darán por concluidas cuando:

a)     A criterio de los órganos fiscalizadores, se hayan estudiado las declaraciones aduaneras, y los elementos de cada Obligación Tributaria Aduanera generada en el período analizado, considerando correcta la situación tributaria del investigado y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias aduaneras, requisitos, obligaciones y deberes, durante el período estudiado.

b)     Los órganos fiscalizadores hayan obtenido datos, pericias y pruebas necesarios que hagan presumir el incumplimiento del régimen jurídico aduanero que implique posibles ajustes o modificaciones a obligaciones tributarias aduaneras, resultados que se harán constar en el informe de conclusión de las actuaciones fiscalizadoras.

c)     Contado desde el inicio de las actuaciones, si en el término de un año, no se emite el informe de conclusión de las actuaciones fiscalizadoras, salvo que se justifique ante la Dirección General de Aduanas y ésta autorice por escrito, determinando la necesidad de prorrogar por otro período igual las investigaciones en razón de la complejidad de las actuaciones o dificultad para obtener información o datos de trascendencia tributaria.

d)     Se ponga en conocimiento, de la Dirección General de Tributación u otro órgano de administración tributaria que resulte competente, de aquellos hechos que se consideren infringen la normativa tributaria que no califica como obligaciones tributarias aduaneras según lo define el artículo 53 de la Ley 7557 y sus reformas.”


 

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