Artículo 16.—Son funciones del Departamento de
Consulta y Asesoría Jurídica:
a)
Emitir criterios jurídicos en atención a consultas específicas, a solicitud de
las autoridades superiores del MEP, así como de los directores de las Oficinas
Centrales y los Directores Regionales de Educación.
b)
Brindar asesoría técnico-jurídica en la elaboración, así como el aval
definitivo, a los decretos ejecutivos, reglamentos, resoluciones y demás
instrumentos jurídicos que requiera el MEP para orientar su funcionamiento,
tanto en el nivel central como regional.
c)
Preparar y gestionar los proyectos de resolución relacionados con recursos
presentados en alzada ante el Despacho del Ministro de Educación Pública.
d)
Establecer, para efectos de consulta, un sistema de información actualizado
sobre la normativa vigente y jurisprudencia atinente al funcionamiento del MEP
y del Sistema Educativo Costarricense.
e)
Generar reportes periódicos sobre normativa y jurisprudencia de interés y
divulgarlos a las distintas dependencias del nivel central y del nivel
regional.
f)
Realizar, en coordinación con las instancias técnicas que corresponda, la
valoración de proyectos de ley consultados por la Asamblea Legislativa, así
como preparar los informes técnicos requeridos.
g)
Mantener un registro actualizado de las representaciones que, por disposición
legal o de otra naturaleza, tenga el MEP en órganos colegiados y otras
instancias, tanto públicas como privadas, nacionales e internacionales.
h)
Brindar asesoría y capacitación en temas especializados, según las necesidades
de las distintas dependencias del nivel central y del nivel regional, como base
para ejercer una coordinación técnica oportuna sustentada en principios de
aplicación general.
i)
Otras funciones inherentes, relacionadas con su ámbito de competencia y
atribuciones, asignadas por el superior jerárquico.
El Departamento de Consulta y Asesoría Jurídica podrá
contar con las unidades especializadas necesarias para el mejor desempeño de
sus funciones, cuya creación requerirá de la aprobación previa de la Dirección
de Asuntos Jurídicos y el visto bueno del Ministro de Educación Pública.