Nº 38541-GOB-MTSS-MAG 

(Nota de Sinalevi: Mediante el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 41429 del 6 de noviembre de 2018, se acordó extender el plazo para el registro de patronos y empresas del sector agrícola dispuesto para la regularización extraordinaria de trabajadores y trabajadoras migrantes, por seis meses más a partir de la firma del decreto ejecutivo antes mencionado. Asimismo de  conformidad con el numeral 2° del decreto ejecutivo antes referido se establece que aquellos patronos físicos o jurídicos que hayan presentado su solicitud de inscripción en dicho registro en la Dirección General de Migración y Extranjería después del 10 de febrero del 2015 a la fecha, serán incluidos en este proceso. Durante el plazo de esta prórroga, no se aplicarán las multas establecidas en el artículo N° 177 de la Ley General de Migración y Extranjería, a los patronos inscritos en este registro. Posteriormente mediante el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 41908 del 15 de julio del 2019, se acordó extender el plazo para el registro de patronos y empresas del sector agrícola dispuesto para la regularización extraordinaria de trabajadores y trabajadoras migrantes, regulado en los decretos N° 41429 del 6° de noviembre de 2018 y N° 41719 23 de abril del 2019, por doce meses más, contados a partir del 15 de julio del 2019.)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,

EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA,

EL MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Y EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Con fundamento en las atribuciones y facultades conferidas en los artículos 140, incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política, 23, 25, 27; inciso a) y 28, inciso 2) y 112 inciso1) de la Ley General de la Administración Pública Ley Nº 6227 del 2 de mayo de 1978, y artículos 5, 6 incisos 3 y 4, artículos 7 incisos 1), 2), 6) y 8) y 71 de la Ley General de Migración y Extranjería, Nº 8764 del 19 de agosto de 2009.

Considerando:

1º—Que la Ley General de Migración y Extranjería N° 8764, fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 170 del 1º de setiembre de 2009, y comenzó a regir a partir del 1º de marzo de 2010.

2º—Que los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política, y el artículo 71 de la Ley General de Migración y Extranjería establecen la potestad del Poder Ejecutivo de emitir las disposiciones reglamentarias correspondientes a ese cuerpo legal, así como “establecer, mediante decreto y por un plazo determinado, regímenes de excepción con el objeto de legalizar la situación migratoria de las personas extranjeras que no estén a derecho”.

3º—Que como parte de los principios de la política migratoria que dispone la Ley 8764, así como la Política Migratoria Integral, emitida mediante Decreto Ejecutivo Nº 38099-G publicada en La Gaceta Nº 245 del 19 de diciembre de 2013), la materia migratoria es de interés público y se encuentra vinculada al desarrollo, la seguridad del país y el respeto de los derechos humanos, por lo que el control y la regularización de los flujos migratorios, es uno de los objetivos fundamentales de dicha política (art. 7 incisos 2), 6) y 8) de la Ley Nº 8764). En ese sentido, considerando que Costa Rica es un país preponderantemente receptor de migrantes laborales, resulta fundamental promover y facilitar mecanismos que aseguren que dicha migración sea regular, orientada a “las áreas cuyo desarrollo se considere prioritario, hacia actividades y ramas económicas que resulten de interés para el Estado”, según lo dispone el artículo 6 inciso 4), de forma que se cumpla con los principios indicados.

4º—Que la Ley Nº 8764, Ley General de Migración y Extranjería, establece un régimen sancionatorio ante las posibles infracciones a la normativa migratoria tanto por parte de las personas extranjeras, como por parte de terceras personas que se vinculen con su quehacer en el país, como es el caso del sector patronal. En relación con éste, el artículo 177 de este cuerpo legal, define que aquellas “personas físicas o los representantes de las personas jurídicas, públicas o privadas, que proporcionen trabajo u ocupación a personas extranjeras no habilitadas, para que ejerzan actividades laborales en el país o realicen actividades diferentes de las autorizadas, serán sancionadas por la Dirección General con una multa que oscilará entre dos y hasta doce veces el monto de un salario base…”.

5º—Que las citadas multas no se han aplicado a la fecha, con motivo de la vigencia de disposiciones transitorias tendientes a promover la regularización de las personas migrantes que se encuentran en condición irregular en el país, incluyendo las vinculadas a actividades laborales en los sectores agrícolas, construcción y servicios domésticos. Estas disposiciones transitorias se plantearon inicialmente por un período de 9 meses, desde el 17 de mayo de 2012 (con la entrada en vigencia del Reglamento de Extranjería, Decreto N° 37112-GOB, publicado en el Alcance Digital N° 64 de La Gaceta N° 95 del 17 de mayo de 2012) y fueron prorrogadas en sucesivos decretos ejecutivos hasta el 31 de julio de 2014 (según Decreto N° 37990-G publicado en La Gaceta N° 22 de octubre de 2013).

6º—Que con base en los resultados obtenidos durante la aplicación de estas disposiciones transitorias, se considera oportuno, en aras de la promoción de la regularidad migratoria laboral conforme con la realidad actual, así como considerando las necesidades expuestas por el sector agrícola y agro-exportador y la condición irregular de las y los trabajadores migrantes en éstos, se estima oportuno y pertinente establecer un nuevo modelo de regularización migratoria laboral con la participación de diversos actores institucionales como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Caja Costarricense del Seguro Social, incluyendo dicho sector productivo. Ello con el propósito de manejar de manera integral los posibles problemas ligados a las situaciones mencionadas anteriormente, evitando poner en riesgo la seguridad del país o la generación de situaciones contrarias a nuestro ordenamiento jurídico. Por tanto,

Decretan:

REGISTRO Y PLAZO EXTRAORDINARIO

DE REGULARIZACIÓN DE TRABAJADORES

Y TRABAJADORAS AGRÍCOLAS MIGRANTES

Artículo 1º—Para el caso de las personas extranjeras trabajadoras del sector agrícola, los patronos, sean persona física o persona jurídica, contarán con un plazo de 6 meses a partir del 1° de agosto del 2014, para presentar ante la Dirección General de Migración y Extranjería, conforme con el procedimiento establecido por ésta, la solicitud de ser incluidos en un registro de regularización extraordinario de trabajadores y trabajadoras migrantes.

Los patronos que se incluyan en este registro tendrán un plazo de hasta un año para acreditar a las y los trabajadores que requieran en sus actividades agrícolas, cumpliendo con los requisitos que para la respectiva categoría migratoria se requiera y los perfiles ocupacionales que recomiende el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Este período concluye el 31 de diciembre del 2015.

Durante el plazo de vigencia de este proceso extraordinario, no se aplicarán las multas dispuestas en el artículo 177 de la Ley General de Migración y Extranjería, a los patronos inscritos en este registro.