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 Normativa >> Decreto Ejecutivo 40281 >> Fecha 13/03/2017 >> Articulo 62
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Normativa - Decreto Ejecutivo 40281 - Articulo 62
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Artículo 62
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Artículo 62- Las reasignaciones de puestos ocupados en propiedad y vacantes, que se aprueben en las entidades públicas, ministerios y órganos desconcentrados deben ser aquellas estrictamente indispensables para el cumplimiento de los objetivos institucionales, garantizando que el titular del puesto en caso de puestos ocupados, cumpla con los requisitos contemplados para la clase de puesto en el respectivo Manual de Clases de Puestos.

Las reasignaciones serán responsabilidad de la administración activa.

La reasignación procederá si han transcurrido como mínimo seis meses desde que el funcionario se encuentra realizando las nuevas actividades, siempre que haya contado con la aprobación de la autoridad competente, para iniciar el cambio sustancial y permanente de funciones.

Además, para efectuar otra reasignación al mismo puesto, deberá haber transcurrido como mínimo un año desde la última reasignación, salvo en el caso de puestos vacantes que se pueden reasignar más de una vez al año, atendiendo necesidades del servicio público.

La fecha de vigencia de las reasignaciones será el primer día del mes siguiente, en que se emita la aprobación respectiva por parte del jerarca supremo o funcionario en que éste delegue.

Las entidades públicas, ministerios y órganos desconcentrados podrán realizar las reasignaciones de puestos ocupados en propiedad y vacantes, excepto en los siguientes casos:

1) Que el ocupante del puesto esté en proceso de movilidad laboral.

2) Que la institución o dependencia en la que se encuentra el puesto se esté efectuando una reorganización aprobada por MIDEPLAN, reducción forzosa de servicios o de trabajos por falta absoluta de fondos o una reducción forzosa de servicios para conseguir una más eficaz y económica reorganización de los mismos, siempre que esta última reorganización afecte al menos al sesenta por ciento de los empleados de la respectiva dependencia.

3) Cuando la respectiva institución o dependencia no cuente con el presupuesto necesario para afrontar el costo económico que ello implica.


 

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