ARTÍCULO 10.- Expropiaciones y reasentamientos. Para los efectos del trámite de los procesos de expropiación de los terrenos que se requieran para la ejecución del Programa, se podrá encargar a la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) directamente de todas las actuaciones preparatorias requeridas para el dictado de los actos administrativos que deba realizar el organismo ejecutor y otros entes y órganos públicos, según su competencia. Esas actuaciones preparatorias incluyen la elaboración de los estudios técnicos, los planos catastrados para la expropiación, incluidos los derivados de relocalización de servicios públicos, los dictámenes jurídicos, las valoraciones sociales, la gestoría vial, los avalúes de bienes inmuebles y los derechos comerciales, los estudios socioeconómicos, entre otros.

Si para el desarrollo del Programa se presenta la necesidad de llevar a cabo reasentamientos involuntarios, la UEP deberá establecer un plan de acción para minimizar los riesgos socioeconómicos de los afectados vulnerables y el impacto del desplazamiento involuntario, en concordancia con las políticas y los requerimientos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

De existir limitación procedimental o presupuestaria por parte de las instituciones estatales encargadas de la implementación de las medidas sociales  establecidas en el citado plan, se faculta al organismo ejecutor el uso de los recursos del financiamiento del Programa para cubrir los procesos y los costos relacionados, de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Préstamo.

Los procedimientos de adquisiciones directas de bienes y derechos inmuebles y las expropiaciones correspondientes a estos deberán realizarse de la forma más expedita posible y se considerarán de interés público primordial. Para los efectos anteriores, se observarán las disposiciones respectivas de la Ley N. º 7495, Ley de Expropiaciones, de 3 de mayo de 1995, y se procurará la mayor celeridad.