N° 40200-MP-MEIC-MC
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,
EL MINISTRO A. Í. DE LA PRESIDENCIA,
LA MINISTRA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO
Y EL MINISTRO DE COMUNICACIÓN
Con fundamento en los artículos 140 inciso 18) y 146 de la Constitución Política;
los artículos 25.1) y 27.1) de la Ley General de la Administración Pública, Ley
número 6227 de 2 de mayo de 1978; el artículo 19 de la Ley de Planificación
Nacional, Ley número 5525 de 2 de mayo de 1974; los artículos 1 y 2 de la Ley
de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, Ley número
7600 de 2 de mayo de 1996; el Decreto Ejecutivo número 38994 MP-PLAN-MICITT del
29 de abril de 2015, denominado Fomento del Gobierno Abierto en la
Administración Pública y Creación de la Comisión Nacional para un Gobierno
Abierto; y el Decreto Ejecutivo número 39372 -MP-MC del 7 de diciembre
de 2015, denominado Declara de Interés Público la Estrategia Nacional para un
Gobierno Abierto; y,
Considerando:
I.- Que el artículo 30 de la Constitución Política consagra el derecho
fundamental de acceso a la información pública de la siguiente manera: “Se
garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de
información sobre asuntos de interés público. Quedan a salvo los secretos de
Estado”.
II.-Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en su vasta
jurisprudencia, ha interpretado el artículo 30 de la Constitución Política como
el derecho de obtener y difundir información de naturaleza pública, siendo un
elemento esencial de la organización democrática costarricense, para garantizar
la transparencia y la publicidad en la función pública.
III.- Que en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el
derecho humano de acceso a la información pública está ampliamente tutelado
mediante diversos instrumentos, principalmente en el artículo 13 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y en los Principios sobre el
derecho de acceso a la información de la Organización de Estados Americanos
(resolución CJI/RES.147 del 7 de agosto de 2008).
IV.-Que el 10 de enero del año 2012, Costa Rica ingresó a la iniciativa
multilateral Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership), la
cual busca promover un estilo de gobernanza basado en la transparencia, la
participación ciudadana y el trabajo colaborativo interinstitucional y
ciudadano.
V.- Que el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, denominado Alberto Cañas
Escalante, dispone en su tercer pilar la lucha contra la corrupción y el
fortalecimiento del Estado transparente. Este pilar, se consolida en armonía
con la implementación del modelo de gobierno abierto que promueve la
transparencia y el acceso a la información pública
VI.-Que entre los
compromisos del Segundo Plan de Acción 2015-2017 es la promulgación de un “Decreto
de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, que permita al Poder
Ejecutivo garantizar el cumplimiento efectivo del derecho humano de acceso a la
información pública, de forma proactiva, oportuna, completa y accesible. La
emisión de dicha norma guarda relación directa con el Segundo Plan de Acción
2015-2017, como parte de la Estrategia Nacional de Gobierno Abierto.
VII.- Que mediante el Decreto Ejecutivo número 39372-MP-MC del 7 diciembre de
2015, el Poder Ejecutivo declaró de interés público la Estrategia Nacional por
un Gobierno Abierto 2015-2018. Dicha Estrategia contempla las acciones públicas
pertinentes para trabajos conjuntos entre el Estado y diversos sectores de la
sociedad civil destinados a fortalecer y modernizar los niveles de
transparencia, acceso a la información pública y participación ciudadana,
mediante el aprovechamiento de los recursos de las Tecnologías de la
Información y Comunicación.
VIII.-Que la Administración Pública cuenta con la figura del Oficial de
Simplificación de Trámite, creado por medio de la Ley de Protección al
Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley número 8220
del 4 de marzo de 2002, funcionario responsable en conjunto con el jerarca
respectivo de velar por la aplicación institucional de la Ley número 8220.
Concretamente, de conformidad con el Reglamento a la Ley de Protección al
Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Decreto
Ejecutivo número 37045 del 22 de febrero de 2012, el rol de Oficial referido es
contribuir y coordinar acciones para mejorar la eficiencia, celeridad y
tramitación de las gestiones, peticiones o solicitudes de información
provenientes de los administrados. En virtud de tan importante rol resulta
pertinente enlazar esfuerzos con esta figura y aprovechar su presencia para
reforzar las actuaciones pertinentes para el cumplimiento del derecho de acceso
a la información pública.
IX.- Que el Estado está llamado a efectuar todas aquellas acciones necesarias
para resguardar el derecho de acceso a la información pública, entendido como
un derecho democrático esencial para afianzar la gobernanza, el principio de
transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. El
Gobierno de la República está comprometido a dar los pasos necesarios para
fortalecer decisivamente el derecho a la información pública en todas sus
manifestaciones, como herramienta indispensable para el logro de una sociedad
abierta y transparente. Por tanto;
DECRETAN:
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°.- Objetivo. El presente Decreto tiene por objeto que el Estado
garantice el cumplimiento efectivo del derecho humano de acceso a la
información pública, de forma proactiva, oportuna, oficiosa, completa y
accesible.