N° 9544
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
REFORMA DEL RÉGIMEN DE JUBILACIONES
Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, CONTENIDO
EN LA LEY N.º 7333, LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL, DE 5 DE MAYO DE 1993, Y SUS
REFORMAS
ARTÍCULO 1- Se reforma el título IX de la Ley N.º 7333, Ley Orgánica del
Poder Judicial, de 5 de mayo de 1993, y sus reformas. El texto es el siguiente:
TÍTULO IX
RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES
DEL PODER JUDICIAL
CAPÍTULO I
PRESTACIONES
Artículo 224- Los servidores judiciales con veinte o más años de
servicio en el Poder Judicial podrán acogerse a una jubilación ordinaria igual
a un ochenta y dos por ciento (82%) del promedio de los últimos veinte años de
salarios mensuales ordinarios devengados en su vida laboral, actualizados según
el índice de precios al consumidor (IPC), definido
por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), siempre y cuando hayan
cumplido sesenta y cinco años de edad y hayan trabajado al menos treinta y
cinco años.
Artículo 224 bis- Los servidores con veinte o más años de servicio en el
Poder Judicial podrán acogerse a una jubilación anticipada si no se cumpliera
con la edad o el número de años de servicio, citado en el artículo anterior.
Esta se calculará de la siguiente forma:
a) Si el retiro se produjera al cumplir treinta y cinco o más años de
servicio, pero sin haber cumplido los sesenta y cinco años de edad, la
jubilación se calculará en proporción a la edad del servidor:
1) Las mujeres deben haber cumplido al menos sesenta años y los hombres
al menos sesenta y dos años.
2) El cálculo se hará multiplicando la pensión obtenida según lo
establecido en el artículo 224 para el cálculo de la jubilación ordinaria, por
la edad del servidor y el producto se dividirá entre sesenta y cinco; el
resultado de esta operación constituirá el monto de la jubilación anticipada.
b) Si el retiro se produjera al cumplir el servidor sesenta y cinco o
más años de edad, pero antes de cumplir treinta y cinco años de servicio, la
jubilación se acordará en proporción a los años laborados, siempre que el
número de años servidos no sea inferior a veinte.
Para fijarla, se multiplicará el monto de la jubilación ordinaria, indicado
en el artículo 224 por el número de años servidos y el producto se dividirá
entre treinta y cinco; el resultado será el monto de la jubilación anticipada.
Artículo 225- Ninguna jubilación podrá ser superior a diez veces el
salarlo base del puesto más bajo pagado en el Poder Judicial, ni inferior a la
tercera parte del salario base del puesto más bajo pagado en el Poder Judicial.
El monto de las pensiones y las jubilaciones en curso de pago y las que se
otorguen en el futuro se reajustará por variaciones
en el índice de precios al consumidor (IPC), definido por el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INEC).
Artículo 226- Para el cómputo del tiempo laborado no será necesario que
los funcionarios hayan servido para el Poder Judicial consecutivamente ni en
puestos de Igual categoría. Se tomarán en cuenta todos los años de trabajo
remunerado, debiendo el servidor haber servido al Poder Judicial al menos los
últimos veinte años.
Se reconocerá, únicamente, el tiempo servido y cotizado en las
dependencias o las Instituciones públicas estatales. En ningún caso, podrá
computarse el tiempo servido en las instituciones de derecho público no
estatales de base corporativa.
Si la prestación del servicio, por parte del funcionarlo, se dio a
tiempos parciales, se reconocerá la proporción que corresponda respecto de ese
salario.
Será admisible todo medio de prueba para comprobar el tiempo servido por
el trabajador. Al valorar la prueba se tomará en consideración el principio in
dubio pro fondo.
Si el interesado había cotizado en otros regímenes de pensiones
establecidos por otra dependencia o por otra institución del Estado, el Fondo
de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, al momento de otorgar la
jubilación, tendrá derecho a exigir y la respectiva institución o dependencia
estará obligada a girar el monto de esas cotizaciones (obrero, patronal y
estatal) mediante una liquidación actuarial.
En el caso de que lo cotizado por el interesado, el patrono y el Estado
no alcanzara el monto que corresponde al Fondo de Pensiones y Jubilaciones del
Poder Judicial, el interesado deberá reintegrar a este la suma adeudada por las
diferencias de cotización actualizadas al valor
presente por el índice de precios al consumidor (IPC), definido por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INEC). Además, el interesado deberá cancelar
el rendimiento real promedio que se haya obtenido sobre las sumas trasladadas,
de haberlas invertido el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial
durante el período reconocido.
Artículo 227- El servidor judicial que se incapacite de modo permanente
para el desempeño de su cargo o empleo, así declarado por la Comisión Calificadora del Estado de
Invalidez de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o por la instancia que esa
institución designe, y hubiera laborado por cinco años o más para el Poder
Judicial, será separado de su puesto con una jubilación permanente. Dicha
jubilación se calculará de la siguiente manera:
a) Se determina el ochenta y tres por ciento (83%) del promedio de los
salarios ordinarios devengados en los últimos veinte años de su vida laboral o
los que hubiera disponibles, actualizados según el índice
de precios al consumidor (IPC), definido por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INEC), según se estableció en el artículo 224.
b) El resultado obtenido en el punto a) se multiplica por el tiempo
servido a un máximo de treinta y cinco años y se divide entre treinta y cinco. El resultado será el monto del beneficio.
Los montos de las pensiones por invalidez observarán los topes
establecidos en el artículo 225.
Artículo 228- Tienen derecho a pensión por sobrevivencia:
a) El cónyuge sobreviviente del servidor o jubilado fallecido que
dependa económicamente del causante, al momento del fallecimiento.
b) El compañero económicamente dependiente al momento del fallecimiento
del jubilado, que haya convivido por lo menos tres años previos al deceso y
tuvieran ambos aptitud legal para contraer nupcias, conforme la legislación
civil.
c) El cónyuge divorciado o separado judicialmente o de hecho,
excompañero, que disfruta a la fecha del deceso de una pensión alimentaria, declarada por sentencia judicial firme
o que demuestre que recibía una ayuda económica por parte del causante.
Tienen derecho a pensión por orfandad:
1) Los hijos que, al momento del fallecimiento del causante, dependían
económicamente de este, de acuerdo con las siguientes reglas:
1.1) Solteros menores de edad.
1.2) Mayores de dieciocho años, pero menores de veinticinco años, que
realicen estudios reconocidos por el Ministerio de Educación Pública (MEP), el
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), u otras instituciones a criterio de la
Junta Administradora.
1.3) Mayores de edad que, previo al fallecimiento del causante, se
encuentren inválidos e incapaces para ejercer labores remuneradas.
En ausencia de los derechohabientes por viudez, unión de hecho u
orfandad, tienen derecho a pensión los padres, si al momento de fallecer el
causante dependían económicamente de este.
Artículo 229- El monto de las prestaciones de pensión por sobrevivencia
en los casos de viudez, unión de hecho, orfandad o ascendencia será
proporcional al monto de pensión que recibía el pensionado al momento de
fallecer, y en su conjunto este monto no será mayor al ochenta por ciento (80%)
de lo que correspondía al causante. En caso de muerte de un servidor activo, la
cuantía de la pensión por viudez, unión de hecho, orfandad o ascendencia será
proporcional al monto de pensión que hubiera recibido el fallecido de acuerdo
con el cumplimiento de requisitos en el momento de la contingencia, y en su conjunto
este monto no será mayor al ochenta por ciento (80%) de lo que le hubiera
correspondido al causante.
Las proporciones para los
beneficios por viudez, unión de hecho, orfandad y ascendencia serán las que se
estipulen en el reglamento del Régimen.
Toda pensión por sobrevivencia caducará por la muerte del beneficiario, a excepción de lo dispuesto en este
artículo para la pensión que corresponde a los hijos.
Las asignaciones que caduquen acrecerán proporcionalmente las de los demás beneficiarios que se mantienen vigentes,
a solicitud de ellos y siempre y cuando los requieran, previo estudio de trabajo
social y aprobación de la Junta Administrativa del Fondo.
Artículo 230- Cuando la Junta Administradora del Fondo tenga evidencia de que, con fines de defraudación al
Fondo, una persona jubilada o pensionada realiza acciones tendentes a trasladar su derecho
a otra persona, con la pretensión de que a su fallecimiento le suceda en el beneficio, realizará la
investigación correspondiente con las garantías del debido proceso y con base en
ella podrá denegar o suspender el beneficio
sin más trámite.
Artículo 231- Excepto por pensión alimentaria, no son susceptibles de
embargo, ni de venta, cesión o cualquier otra forma de traspaso, las
jubilaciones y las pensiones, ni el Fondo establecido para cubrirlas.
Artículo 232- De presentarse algún error en el giro de las jubilaciones
y las pensiones, la Administración del Fondo queda autorizada para rebajar en
tractos proporcionales, no menores al diez por ciento (10%) del monto de la
jubilación o pensión, la suma girada de más, previa audiencia al interesado.
Artículo 233- Se le
suspenderá el goce del beneficio a la persona jubilada, durante el tiempo que esté
percibiendo cualquier otro sueldo del Estado,
sus instituciones y de las municipalidades.
Esta limitación no se aplicará cuando imparta lecciones en las
instituciones de educación superior.
Cuando el beneficio haya
sido acordado por invalidez y la persona desee reincorporarse al sector laboral, deberá
solicitar el permiso respectivo y contar
con la aprobación por parte de la Comisión
Calificadora del Estado de la Invalidez o de la instancia que la Caja Costarricense
de Seguro Social (CCSS) designe, siempre que la nueva actividad
sea diferente a aquella por la cual se le declaró inválido.
Cuando un jubilado por invalidez inicie labores remunerativas sin haber
solicitado el respectivo permiso para laborar, o bien lo haga a pesar de que se le deniegue el permiso, este
beneficio se le suspenderá luego de respetársele el debido proceso. Asimismo, el
jubilado estará en la obligación de devolver los dineros recibidos
indebidamente, sin que exista obligación del Poder Judicial de reinstalarlo en
el puesto en que se jubiló.
Todo jubilado que reingrese al servicio del Poder Judicial dejará de
percibir su pensión por el tiempo que se mantenga la relación laboral con el
Poder Judicial. Si la relación laboral se diera por terminada antes de cumplir
un año ininterrumpido, se reactivará la pensión con el mismo monto con que fue
suspendida, más los ajustes por el índice de
precios al consumidor (IPC), definido por el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INEC), que hayan sido otorgados durante los meses que reingresó al
servicio del Poder Judicial. Si la relación laboral se diera por más de un año
ininterrumpido, el exjubilado tendrá derecho a la revisión de su jubilación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 224 de esta ley.
CAPÍTULO II
EL TRASLADO DE LAS COTIZACIONES
Artículo 234- Las personas que hayan laborado en el Poder Judicial y que
hayan cesado en el ejercicio de sus cargos sin haber obtenido los beneficios de jubilación o pensión no
tendrán derecho a que se les devuelva el monto de las cuotas con que han contribuido a la
formación del Fondo de Jubilaciones y Pensiones.
Sin embargo, sí tendrán derecho a que el monto de las cuotas obreras,
patronales y estatales con que han contribuido a la formación del Fondo de
Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial se trasladen mediante una
liquidación actuarial a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), o a la
institución administradora del régimen básico en el que se les vaya a otorgar
la jubilación o pensión.
La solicitud de traslado la hará la entidad respectiva cuando vaya a
otorgar la jubilación o la pensión, indicando el monto que debe enviársele. En
el supuesto de que el monto resulte mayor al cotizado para el Fondo de
Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, solo se deberá enviar lo
determinado actuarialmente.
En caso contrario, si lo determinado actuarialmente como cotizado al
Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial fuera mayor que lo
solicitado, la diferencia de la cuota obrera se trasladará al Régimen
Obligatorio de Pensiones (ROP), administrado por la operadora de pensiones
complementaria en la que se encuentra afiliada
la persona que laboró en el Poder Judicial.
CAPÍTULO III
EL FONDO
Artículo 235- Con las cotizaciones de los servidores judiciales, el
Estado y el Poder Judicial, la Junta conformará un Fondo, el cual se incrementará
con los réditos producidos por sus inversiones.
Ese Fondo debe mantenerse separado física y contablemente, y es
independiente del patrimonio de la Junta Administrativa y del patrimonio del
Poder Judicial.
Artículo 236- El Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial
tendrá los siguientes ingresos:
1) Un aporte obrero de un trece por ciento (13%) de los sueldos que
devenguen los servidores judiciales, así como de las jubilaciones y las
pensiones a cargo del Fondo, porcentaje que se retendrá en el pago periódico
correspondiente.
2) Un aporte patronal del Poder Judicial de un catorce coma treinta y
seis por ciento (14,36%) sobre los sueldos y los salarios de sus servidores.
3) Un aporte del Estado que será un porcentaje sobre los sueldos y los
salarios igual al establecido para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de
la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
4) Los rendimientos y demás beneficios
que produzca o pueda llegar a generar, obtener el Fondo.
En ningún caso, la suma de la contribución obligatoria y la contribución
especial, solidaria y redistributiva y, en general, la totalidad de las
deducciones que se apliquen por ley a todos los pensionados y jubilados del
Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, podrá representar más del
cincuenta y cinco por ciento (55%) respecto de la totalidad del monto bruto de
la pensión que por derecho le
corresponda al beneficiario. Para los casos en los cuales esta suma supere el cincuenta y
cinco por ciento (55%) respecto de la totalidad del monto bruto de la pensión,
la contribución especial se reajustará de forma tal que la suma sea igual al
cincuenta y cinco por ciento (55%) respecto de la totalidad del monto bruto de
la pensión.
Los recursos que se obtengan con la contribución obligatoria establecida
en la presente ley ingresarán al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder
Judicial.
Artículo 236 bis- Contribución especial, solidaria y redistributiva de
los pensionados y jubilados
Además de la cotización común establecida en el artículo anterior, los
pensionados y los jubilados, cuyas prestaciones superen los montos que se fijarán, contribuirán de forma
especial, solidaria y redistributiva, de acuerdo con la siguiente tabla:
a) Sobre el exceso del tope establecido en el artículo 225 y hasta por
el veinticinco por ciento (25%) de dicho tope, contribuirán con el treinta y
cinco por ciento (35%) de tal exceso.
b) Sobre el exceso del margen anterior y hasta por un veinticinco por
ciento (25%) más, contribuirán con el cuarenta por ciento (40%) de tal exceso.
c) Sobre el exceso del margen anterior y hasta por un veinticinco por
ciento (25%) más, contribuirán con el cuarenta y cinco por ciento (45%) de tal
exceso.
d) Sobre el exceso del margen anterior y hasta por un veinticinco por
ciento (25%) más, contribuirán con un cincuenta por ciento (50%) de tal exceso.
e) Sobre el exceso del margen anterior contribuirán con un cincuenta y cinco
por ciento (55%).
En ningún caso, la suma de la contribución especial, solidaria y
redistributiva y la totalidad de las deducciones que se apliquen por ley a
todos los pensionados y jubilados del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del
Poder Judicial, podrá representar más del cincuenta y cinco por ciento (55%)
respecto de la totalidad del monto bruto de la
pensión que por derecho le corresponda al beneficiario. Para los casos en los
cuales esta suma supere el cincuenta y cinco por ciento (55%) respecto de la
totalidad del monto bruto de la pensión, la contribución especial se reajustará
de forma tal que la suma sea igual al cincuenta y cinco por ciento (55%)
respecto de la totalidad del monto bruto de la pensión.
Los recursos que se obtengan con la contribución especial, solidaria y
redistributiva, establecida en la presente ley, ingresarán al Fondo de Jubilaciones
y Pensiones del Poder Judicial.
Artículo 237- Los recursos del Fondo de Jubilaciones y Pensiones deberán
ser gestionados de conformidad con la Ley N.º 7983, Ley de Protección al
Trabajador, de 16 de febrero de 2000, y la normativa que al efecto ha
establecido el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero
(Conassif) y la Superintendencia de Pensiones (Supén).
Artículo 238- Estarán exentos de los impuestos referidos en el artículo
18 y en el inciso c) del artículo 23 de la Ley N.º 7092, Ley del Impuesto sobre
la Renta, de 21 de abril de 1988, y sus reformas, los intereses, los
dividendos, las ganancias de capital y cualquier otro
beneficio que produzcan los valores en moneda nacional o en moneda extranjera
en que se inviertan los recursos del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del
Poder Judicial.
CAPÍTULO IV
LA ADMINISTRACION
Artículo 239- Se crea la Junta Administrativa del Fondo de Jubilaciones
y Pensiones del Poder Judicial como un órgano del Poder Judicial, que contará
con completa independencia funcional, técnica y administrativa, para ejercer
las facultades y atribuciones que le otorga la ley.
Le corresponde a la Junta:
a) Administrar el Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Empleados del
Poder Judicial.
b) Estudiar, conocer y resolver las solicitudes de jubilación y pensión
que se le presenten.
c) Recaudar las cotizaciones que corresponden al Fondo y ejercer las
acciones de cobro necesarias.
d) Atender las solicitudes de reingreso a labores remunerativas de
jubilados inválidos.
e) Realizar los estudios actuariales con la periodicidad establecida en
la normativa emitida al efecto por el Consejo Nacional de Supervisión del
Sistema Financiero (Conassif) y la Superintendencia de Pensiones (Supén).
f) Invertir los recursos del Fondo, de conformidad con la ley y con la
normativa que al efecto dicte el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema
Financiero y la Superintendencia de Pensiones.
g) Cumplir con la legislación y la normativa que dicten tanto el Consejo
Nacional de Supervisión del Sistema Financiero como la Superintendencia de
Pensiones.
h) Dictar las normas para el nombramiento, la suspensión, la remoción y
la sanción del personal; así como aprobar el plan anual operativo, el presupuesto de operación, sus
modificaciones y su liquidación anual.
i) Todas las demás atribuciones que le asignen la ley y sus reglamentos.
Con base en el resultado de los estudios actuariales, y con autorización
de la Superintendencia de Pensiones, la Junta Administrativa podrá modificar los parámetros iniciales establecidos en
esta ley respecto de los requisitos de
elegibilidad, el perfil de beneficios, así como los aportes y las cotizaciones de los
servidores judiciales y de las jubilaciones y las pensiones previstos en la
ley, siempre que esto sea necesario para garantizar el equilibrio actuarial del
Régimen.
La Junta contará con personalidad jurídica instrumental para ejercer las
atribuciones que la ley le asigna, así como para ejercer la representación
judicial y extrajudicial del Fondo.
Se financiará con una
comisión por gastos administrativos que surgirá de deducir un cinco por mil de los
sueldos que devenguen los servidores
judiciales, así como de las jubilaciones y las pensiones a cargo
del Fondo. Con estos recursos se pagarán las dietas de los miembros
de la Junta Administrativa, los salarios de su personal y, en
general, sus gastos administrativos. Los recursos ociosos serán
invertidos de conformidad con lo previsto en el artículo 237 de esta
ley.
Artículo 240- La Junta Administradora estará conformada por tres
miembros que serán electos democráticamente por el colectivo judicial, así como
por tres miembros designados por la Corte Plena, con perspectiva de género en
ambos casos. Cada integrante titular tendrá un suplente para que lo sustituyan
en sus ausencias, quien deberá cumplir con los mismos requisitos del titular.
Quienes integran la Junta durarán en sus cargos cinco años, luego de los
cuales podrán ser reelectos, todo conforme con la reglamentación que al efecto
habrá de dictarse por la Corte Plena, previa audiencia conferida a las
organizaciones gremiales del Poder Judicial.
En la primera sesión ordinaria, la Junta designará a la persona que
habrá de presidir las sesiones, esta designación se hará por un espacio
temporal de un año, debiendo alternarse cada año entre los representantes del
colectivo judicial y de la Corte Plena. Además, se designará a quien le
sustituya en caso de ausencia. La persona que preside
tendrá voto calificado en caso de empate.
Los miembros de la Junta Administradora no devengarán ninguna dieta pero
sí contarán con los permisos necesarios para atender las sesiones. Para ser
miembro de la Junta se deberá cumplir con los siguientes requisitos, los cuales
deberán ser documentados y demostrados ante la Superintendencia de Pensiones
(Supén):
a) Contar con título
universitario en carreras afines a la administración de un fondo de pensiones y
estar incorporado al colegio profesional
respectivo, cuando así corresponda.
b) Ser de reconocida y probada honorabilidad.
c) Contar con conocimientos y al menos cinco años de experiencia en
actividades profesionales o gerenciales relevantes para la administración de un
fondo de pensiones, de manera que todos los miembros de este órgano posean
habilidades, competencias y conocimientos que les permitan realizar el análisis
de los riesgos que afectan a la Junta y al Fondo.
No podrán ser miembros de la Junta:
1) Las personas contra quienes en los últimos diez años haya recaído
sentencia judicial penal condenatoria por la comisión de un delito doloso.
2) Las personas que en los últimos diez años hayan sido inhabilitadas
para ejercer un cargo de administración o dirección en la Administración
Pública o en las entidades supervisadas por la Superintendencia General de
Entidades Financieras (Sugef), la Superintendencia General de Seguros (Sugese),
la Superintendencia de Valores (Sugeval) y la Superintendencia de Pensiones
(Supén).
La Integración del órgano deberá garantizar la representación paritaria
de ambos sexos, asegurando que la diferencia entre el total de hombres y
mujeres no sea superior a uno.
Artículo 240 bis- La Junta Administradora, bajo su responsabilidad,
invertirá los recursos acumulados del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del
Poder Judicial, en las mejores condiciones de mercado, de manera tal que
prevalezcan los criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad.
Dicha Junta está autorizada para colocar los recursos del Fondo de
Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, en las siguientes posibilidades de
inversión:
a) Hasta un veinticinco por ciento (25%) del Fondo, en operaciones de
crédito por intermedio de instituciones bancarias del Estado, cooperativas,
cajas de ahorro, asociaciones y sindicatos de servidores, jubilados o
pensionados del Poder Judicial, que cuenten con la plataforma que les permita
administrar dichos recursos y estén supervisadas y autorizadas por la
Superintendencia General de Entidades Financieras
(Sugef), lo anterior para financiar préstamos para construcción o mejoramiento de
vivienda y otros de carácter social para sus asociados, según el reglamento que
al efecto debe dictarse, así como para la compra de terrenos, ampliación,
remodelación, reforzamiento y construcción de edificios
destinados al Poder Judicial, conforme a la reglamentación que se emita al
efecto.
b) Al menos un treinta por ciento (30%) del Fondo, en títulos emitidos
por el sector público.
c) En instrumentos
financieros emitidos por fideicomisos:
1) Con entidades
financieras, públicas o privadas, para colocar recursos destinados a préstamos personales de
microempresas y vivienda.
2) Con entidades
financieras, públicas o privadas, para la participación en el desarrollo de proyectos
productivos y de infraestructura de
interés nacional o social.
d) Valores de oferta pública inscritos en el Registro Nacional de
Valores e Intermediarios, o en valores emitidos por las entidades financieras supervisadas por la Superintendencia
General de Entidades Financieras (Sugef).
La Junta Administradora deberá realizar, anualmente, un estudio de su
cartera crediticia según los parámetros de la Sugef, el cual deberá ser
aprobado por la Junta Directiva y enviado a la Supen, para las labores de
supervisión y regulación respectivas.
Artículo 241- La supervisión y la regulación de la Junta Administrativa
y del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial estarán a cargo de
la Superintendencia de Pensiones (Supén) y del Consejo Nacional de Supervisión
del Sistema Financiero (Conassif), respectivamente, de conformidad con las
atribuciones que les otorga la ley. La Junta Administradora estará sujeta al
cobro por supervisión previsto en los artículos 173 y 174 de la Ley N.º 7732,
Ley Reguladora del Mercado de Valores, de 17 de diciembre de 1997. Dicho cobro
se calculará sobre los ingresos anuales que haya recibido la Junta
Administrativa por la administración del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del
Poder Judicial.
Artículo 242- La Junta Administradora emitirá un reglamento general del
Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, el cual deberá ser
aprobado por la Superintendencia de Pensiones (Supén), y contemplará
necesariamente lo siguiente:
a) El perfil de requisitos
y beneficios que otorga el régimen.
b) Los períodos de espera o
calificación para cada una de las contingencias, separadamente.
c) El procedimiento administrativo para tramitar las solicitudes de los
interesados, el cual deberá sujetarse a lo dispuesto en la Ley N.º 6227, Ley
General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978, para el
procedimiento sumario.
d) Las reglas sobre la inversión de los recursos del Fondo, las cuales
deben garantizar las mejores condiciones de rentabilidad y seguridad.
e) El cobro de la comisión por gastos administrativos se ajustará a
criterios de progresividad, proporcionalidad y gradualidad al monto del salario, jubilación o pensión devengada. Para
la fijación de este cobro, la Junta deberá elaborar un estudio de las necesidades, la
proyección de los gastos y las normas de ejecución del presupuesto, con el fin de que se ajuste a medidas de austeridad
y control en el gasto.
f) Todos los otros elementos que se consideren necesarios para la
correcta administración del Fondo, la legislación y la normativa que dicten
tanto el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) como
la Superintendencia de Pensiones (Supén), y la prudencia y responsabilidad
administrativas.