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 Normativa >> Decreto Ejecutivo 41330 >> Fecha 06/07/2018 >> Articulo 1
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Normativa - Decreto Ejecutivo 41330 - Articulo 1
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Artículo 1
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N° 41330-H

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y

LA MINISTRA DE HACIENDA

Con fundamento en las atribuciones y facultades que confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949; 25, inciso 1), 27 inciso 1), 28 apartado 2 inciso b) de la Ley Nº 6227 del 2 de mayo de 1978, denominada "Ley General de la Administración Pública" y sus reformas.

Considerando:

I.- Que la Ley No. 4755 del 3 de mayo de 1971 y sus reformas, denominada “Código de Normas y Procedimientos Tributarios”, en adelante el Código, requiere para su mejor aplicación de normas reglamentarias que precisen y desarrollen el contenido de sus disposiciones.

II.- Que conforme con la misión de la Administración Tributaria y en cumplimiento del mandato legal establecido en el artículo 99 del Código, que faculta a la Administración Tributaria para gestionar y fiscalizar los tributos y de conformidad con las modernas tendencias del Derecho Tributario y la teoría de la Hacienda Pública, la Administración Tributaria ha de contar con instrumentos ágiles y efectivos para el cumplimiento de sus funciones, garantizando el respeto de los derechos constitucionales y legales de los contribuyentes y demás obligados tributarios.

III.- Que con la promulgación de la Ley No. 9416 del 14 de diciembre de 2016, denominada “Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal”, en adelante la Ley Lucha contra el Fraude, se introducen varias reformas al Código, por lo que resulta necesario modificar y adicionar artículos al Decreto Ejecutivo No. 38277-H de 07 de marzo de 2014, y sus reformas, denominado “Reglamento de Procedimiento Tributario”, en adelante el Reglamento, con el fin de armonizar su contenido con los nuevos conceptos desarrollados.

IV.- Que la Ley Lucha contra el Fraude adicionó un artículo 18 bis a la Ley No. 4755 del 3 de mayo de 1971 y sus reformas, denominada “Código de Normas y Procedimientos Tributarios”, referido a la gestión de trámites estatales, el cual establece que toda persona física o jurídica que desee obtener o tramitar cualquier régimen de exoneración o incentivo fiscal, proceso de contratación pública, concesión, permiso o autorización para explotar bienes o servicios públicos ante la Administración Central o entes descentralizados, deberá encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias materiales y formales. De igual forma, el Estado deberá verificar que los profesionales que contrate bajo cualquier condición o modalidad de empleo, se encuentren al día en las obligaciones tributarias antes citadas. Por lo anterior, se requiere reglamentar el acceso de consulta pública que debe proporcionar el Ministerio de Hacienda a aquellos funcionarios públicos para que puedan verificar la condición tributaria de los sujetos pasivos a través del acceso al listado de morosos y omisos.

V.- Que con el objeto de atender las recomendaciones efectuadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE- acerca de la necesidad de que ciertas normas de este Reglamento estén acordes con lo que establece la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, Ley N° 9118 del 07 de febrero de 2013, sobre todo en lo que se refiere al traslado de la información considerada como confidencial, se procede a reformar los artículos 47 y 48 del Decreto Ejecutivo No. 38277-H del 07 de marzo de 2014 y sus reformas.

VI.- Que en relación con la reforma introducida por la Ley Lucha contra el Fraude en los artículos 52, 53, 74 y 90 del Código, es necesario modificar todas aquellas disposiciones reglamentarias que se vean afectadas.

VII.- Que con la reforma del artículo 130 del Código, es necesario reglamentar los efectos que surgen de la presentación de declaraciones rectificativas por parte de los sujetos pasivos, una vez iniciado un procedimiento de liquidación previa.

VIII.- Que la modificación de los artículos 134, 137 y la adición del artículo 137 bis del Código, todos relacionados con el tema de notificaciones, conllevan modificaciones de gran trascendencia para la Administración Tributaria. Por ello, conscientes de los beneficios en celeridad y eficiencia -todo sin perjuicio de los derechos y garantías de los obligados tributarios- se reglamentan las reformas que regulan el uso de los medios electrónicos para enviar, recibir, trasmitir y notificar documentos en general. Por lo anterior, se contempla expresamente la notificación del acto de inicio del procedimiento tributario en un medio electrónico elegido por el obligado tributario y la obligación de indicar los medios electrónicos en sus escritos para futuras notificaciones. De allí la imperiosa necesidad de modificar el Capítulo II del Título II del Reglamento, relativo a las notificaciones. De igual forma, se incluye la notificación por medio del buzón electrónico para aquellas que realice la Administración Tributaria.

IX.- Que en relación con los artículos 144 y 192 del Código, es necesario realizar las modificaciones pertinentes a fin de ajustar el procedimiento de determinación y ejecución de obligaciones tributarias, según lo dispuesto por la Sentencia No. 2016-12496 de las 16:15 horas del 31 de agosto de 2016, de la Sala Constitucional y por la cual se declara con lugar la acción de inconstitucionalidad interpuesta contra los artículos citados.

X.- Que la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 144 del Código implica la aplicación de la norma anterior a la entrada en vigencia de la Ley No. 9069 del 10 de setiembre de 2012. Por tal motivo se hace necesario reformar los capítulos VI y VII del Título II, denominados “Del Control Extensivo” y “Del Control Intensivo”, en lo que corresponda al procedimiento que determina la obligación tributaria.

XI.- Que en cuanto a la fase de ejecución de los créditos fiscales a favor del Erario Público (artículo 192 del Código declarado inconstitucional), se debe modificar el Reglamento a efecto de que no se certifiquen los créditos fiscales originados en tributos, intereses y multas que hayan sido objeto de impugnación por el interesado en el trámite administrativo, hasta tanto el Tribunal Fiscal Administrativo no haya dictado resolución.

XII.- Que mediante informe número MEIC N° DMR-DAR-INF-015-18 del 20 de febrero de 2018, el Ministerio de Economía Industria y Comercio a través de la Dirección de Mejora Regulatoria, autorizó el presente proyecto de Decreto.

XIII.- Que en acatamiento del artículo 174 del Código, el proyecto de reforma se publicó en el sitio Web http://www.hacienda.go.cr, en la sección "Propuestas en consulta pública", subsección "Proyectos Reglamentarios Tributarios"; a efectos de que las entidades representativas de carácter general, corporativo o de intereses difusos tuvieran conocimiento del proyecto y pudieran oponer sus observaciones, en el plazo de los diez días hábiles siguientes a la publicación del primer aviso en el Diario Oficial La Gaceta. Los avisos fueron publicados en La Gaceta número 43 del 1° de marzo de 2017 y número 44 del 2 de marzo de 2017, respectivamente. Se realizó una segunda publicación, por el mismo medio antes indicado, cuyos avisos fueron publicados en La Gaceta número 137 del 19 de julio de 2017 y número 138 del 20 de julio de 2017, respectivamente. Por lo que a la fecha de emisión de este decreto se recibieron y atendieron las observaciones a los proyectos indicados, siendo que el presente corresponde a la versión final aprobada.

Por Tanto,

Decretan:

Modificaciones y adiciones al Reglamento de Procedimiento Tributario, Decreto Ejecutivo

No. 38277-H del 7 de marzo de 2014 y sus reformas

ARTICULO 1. Modifíquense los artículos 2, 3, 10, 22, 33, 43, 46, 47, 48, 51, 63, 77, 85, 86, 87, 88, 91, 96, 97, 98, 101, 112, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 125, 127, 132, 136, 139, 140, 143, 144, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 173, 179, 185, 191, 214 y 268; todos del Decreto Ejecutivo No.38277-H del 7 de marzo de 2014 y sus reformas, para que se lean de la siguiente manera:

Artículo 2.- Definiciones. Sin perjuicio de otras definiciones contenidas en el resto del articulado y demás normativa tributaria, para los efectos del presente Reglamento, se entiende por:

Administración Tributaria. Es el órgano administrativo encargado de gestionar y fiscalizar los tributos, se trate del Fisco o de otros entes públicos que sean sujetos activos de la obligación tributaria.

Tratándose de la Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda, cuando se otorga una potestad o una facultad a la Dirección General de Tributación, se entenderá que también es aplicable a la Dirección General de Aduanas, a la Dirección General de Hacienda y a la Dirección General de Policía de Control Fiscal, en sus ámbitos de competencia.

En virtud de lo anterior, todo lo relacionado con las normas de procedimiento general son de aplicación a las administraciones tributarias. Algunos procedimientos específicos regulan la materia propia de la competencia de la Dirección General de Tributación, sin perjuicio de que si son atinentes a otras administraciones tributarias, estas puedan ser aplicadas supletoriamente.

Acto administrativo de liquidación de oficio. Se refiere a la resolución que determina la obligación tributaria establecida en los artículos 127 y 163 de este Reglamento. Administración Tributaria Territorial. Cualquiera de las Administraciones con que cuenta la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda en las zonas geográficas establecidas por norma general.

Aplazamiento de pago. Autorización que otorga la Administración Tributaria al obligado tributario, para hacer el pago de una deuda tributaria y sus intereses, a más tardar dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo para el pago establecido por Ley.

Avalúo. Determinación de valor realizada conforme al procedimiento de valoración contenido en este Reglamento.

Buzón electrónico. Sitio virtual con acceso restringido, suministrado por la Administración Tributaria, destinado para que ésta realice el envío de comunicados, notificaciones y/o archivos electrónicos a los obligados tributarios.

Código. Salvo indicación en contrario, se trata del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

Comprobante de pago. Es todo aquel documento físico o de transmisión electrónica que demuestre que el pago de la deuda tributaria se ha llevado a cabo, sea de forma total o parcial.

Control tributario. Es aquel control que ejerce la Administración Tributaria mediante procesos masivos o selectivos, llevados a cabo con el fin de ejercer acciones preventivas y/o correctivas para gestionar y fiscalizar los tributos.

Cuenta integral tributaria o registro de transacciones. Base de datos que registra todos los documentos y transacciones que se generan en cada una de las funciones o procedimientos que ejecuta la Administración Tributaria frente al obligado tributario, así como los débitos y créditos generados por la presentación de las declaraciones en cada uno de los tributos.

Cuerpo policial. Los efectivos de la Fuerza Pública, de la Policía de Control Fiscal y de la Policía Municipal, según su competencia territorial.

Deuda tributaria. El principal de la deuda en concepto de tributos gestionados por la Administración Tributaria, autoliquidados o no por el sujeto pasivo, así como el monto de las sanciones administrativas establecidas por los órganos competentes.

Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales. Aquella Administración con competencia en todo el territorio nacional que agrupa a los sujetos pasivos clasificados como Grandes Contribuyentes.

Domicilio Fiscal. Es el lugar de localización de los obligados tributarios, en sus relaciones con la Administración Tributaria, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código en cuanto a la notificación de las actuaciones administrativas.

Facilidad de pago. Es el aplazamiento o fraccionamiento de pago de las deudas tributarias.

Factura o comprobante. Documento comercial generado en formato impreso, electrónico o telemático que cumple con los requisitos establecidos en la normativa tributaria, que respalda la realización de una operación económica y que se debe entregar al cliente en el acto de compra, venta o prestación del servicio, en el acto de pago de la prestación; en los casos de las imputaciones temporales de rentas, cuando se autorice llevar un sistema de percibido conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Fiscal de Cobro. Abogado de la Unidad Legal de la Oficina de Cobro Judicial de la División de Adeudos Estatales, encargado de la recuperación de adeudos a favor del Estado.

Fraccionamiento de pago. Autorización otorgada por la Administración Tributaria al obligado tributario, para hacer el pago de una deuda tributaria líquida y exigible, en varios tractos.

Información de trascendencia tributaria. Se entiende que la información de trascendencia tributaria es aquella que se considera como información previsiblemente pertinente.

Información por requerimiento individualizado. Información que obtiene la Administración Tributaria a través de un requerimiento de información individualizado a un obligado tributario, en relación con su situación tributaria, la de un sector económico o la de un grupo determinado de obligados tributarios, o de un sujeto pasivo específico.

Información por suministros generales. Información previsiblemente pertinente que obtiene la Administración Tributaria de los informantes en virtud de una obligación establecida en una norma general, la cual debe ser presentada en forma periódica, mediante declaración informativa en los medios que defina la Administración Tributaria.

Información previsiblemente pertinente. Para efectos tributarios es toda aquella información que se requiera para la administración, determinación, cobro o verificación de cualquier impuesto, exención, remesa, tasa o gravamen, o cuando pueda ser útil para el procedimiento de fiscalización o para la determinación de un eventual incumplimiento en materia tributaria de naturaleza penal o administrativa.

También se considera información previsiblemente pertinente, toda aquella información que se requiera en virtud de la suscripción de un convenio internacional de intercambio de información tributaria.

Intermediario. Persona física o jurídica que realice la labor de intermediación en la venta de mercancías o servicios, a nombre o por cuenta de un tercero.

Lugar para atender notificaciones. Es el lugar designado en forma libre por el

obligado tributario, con la finalidad de recibir las comunicaciones y notificaciones de aquellos actos administrativos diligenciados por este o tramitados por la Administración Tributaria. Este lugar puede coincidir o no con el domicilio fiscal.

Medio electrónico para atender notificaciones. Son aquellos medios autorizados en el Código y en la Ley de Notificaciones Judiciales; tales como el fax, correo electrónico, buzón electrónico o cualquier otro dispositivo tecnológico que permita la seguridad del acto de notificación y confirmar su recepción.

Notificación personal. Es la primera notificación realizada en el lugar designado por ley que se hace al obligado tributario de todo procedimiento o actuación iniciada por la Administración Tributaria. Se exceptúan los casos en que la diligencia haya sido iniciada por el interesado y este haya hecho señalamiento para atender notificaciones en el mismo expediente; en cuyo caso, se le notificará en este la primera notificación.

Obligación tributaria formal. Es aquella obligación que no tiene carácter pecuniario, impuesta por la normativa a los obligados tributarios, deudores o no del tributo y cuyo cumplimiento está relacionado con las actuaciones o procedimientos tributarios.

Obligación tributaria material. Es la obligación de pagar una suma de dinero en concepto de tributos, pagos a cuenta, sanciones administrativas pecuniarias, pago parcial o como obligación accesoria por intereses.

Obligado Tributario. Son aquellas personas físicas, jurídicas o entes colectivos sin personalidad jurídica a quienes una norma de carácter tributario impone el cumplimiento de una determinada prestación u obligación, que puede ser de carácter pecuniario o no; ya sea, en su condición de declarante, contribuyente, responsable, agente de retención o percepción, sucesor de la deuda tributaria u obligado a suministrar información o a prestar colaboración a la Administración Tributaria.

Omisos. Obligados tributarios que incumplen con la obligación de presentar las declaraciones correspondientes.

Órgano de la Administración Tributaria. Es el órgano a quien se le asigna por ley la competencia para dictar los actos administrativos.

Parámetros de valoración. Estudio de valoración de alcance general producto de una investigación de mercado para efectos de determinar un valor individual, conforme a la ley especial creadora del impuesto y que le permitan estimar en forma ágil y oportuna dicho valor, el cual debe ser publicado.

Se entiende también por parámetros de valor aquellos que establezca la ley específica creadora del tributo.

Precio corriente en plaza. Es el valor que tienen los bienes objeto de tráfico común, en los mercados en que usualmente se venden.

Procedimiento de valoración. Actos ordenados en etapas tendentes a establecer el valor de un bien.

Registro Único Tributario. Base de datos que contienen la información identificativa de contribuyentes, declarantes y responsables tributarios; así como de los deberes formales que les corresponden, de conformidad con las actividades económicas que realizan.

Requerimiento. Documento mediante el cual la Administración Tributaria formula una intimación al obligado tributario para que cumpla con lo establecido o solicitado en este.

Sellos para cierre de negocios. Material adhesivo, metálico o de cualquier otro tipo que disponga la Administración Tributaria para colocarlos en el establecimiento de comercio, industria, oficina o sitio donde se ejecuta el cierre material de estos, con el propósito de hacerlo constar públicamente.

Traspaso de Establecimiento Mercantil. Transferencia de la titularidad, por cualquier concepto, del negocio, establecimiento o de una o más ramas de la actividad, no necesariamente del negocio completo, bastando a estos efectos la transferencia de los bienes sustanciales o activos de la empresa, independientemente de la denominación que a este le hayan dado las partes. Se considera traspaso de establecimiento mercantil aquel en que se efectúe mediante compra-venta, donación, cesión, permuta, mutuo, comodato, fideicomiso, consignación, arrendamiento, dación en pago, aportación en especie, fusión, escisión, permuta de acciones, entre otros.

Valor Fiscal. Constituye un concepto económico, cuyo contenido y alcance se define en forma específica en la ley reguladora de cada impuesto.

Artículo 3.- Requisitos generales para conceder exenciones. En todos los casos en que las personas físicas, jurídicas o entes sin personalidad jurídica soliciten exenciones, deben cumplir con los siguientes requisitos, sin perjuicio de otros que se establezcan vía resolución general.

a) Utilizar los formularios que al efecto designe la Administración Tributaria, mediante resolución general establecida al efecto, debidamente publicada en el Diario Oficial y en la página web del Ministerio de Hacienda. Dichos formularios deben cumplir con el procedimiento de control previo establecido en el artículo 12 de la Ley No. 8220 del 04 de marzo de 2002.

b) Cumplir con los requisitos sustanciales y formales exigidos por las leyes y reglamentos vigentes.

c) Encontrarse al día en el cumplimiento de obligaciones tributarias materiales y formales, así como en la presentación de las declaraciones tributarias a las que estuvieran obligadas ante las dependencias del Ministerio de Hacienda.

d) Estar al día en el pago de las obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social.

La Administración Tributaria verificará a lo interno, el cumplimiento de lo dispuesto en los incisos c) y d) del presente artículo.

Artículo 10.- Plazos para efectuar el pago e intereses. El tributo debe pagarse dentro de los plazos que fijen las leyes respectivas, conforme a lo declarado por el sujeto pasivo o mediante cualquier otra forma de liquidación; incluidos los pagos parciales y retenciones.

Cuando la ley no fije plazo, el tributo debe pagarse dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que ocurra el hecho generador de la obligación tributaria.

Todos los demás pagos en concepto de tributos resultantes de resoluciones dictadas por la Administración Tributaria, conforme al artículo 127 y 163 de este Reglamento, deben efectuarse dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que el sujeto pasivo quede legalmente notificado de su obligación.

Vencido el plazo indicado en los párrafos anteriores, se incurrirá en la infracción por morosidad establecida en los artículos 80 o 80 bis del Código, según corresponda.

En el caso de los intereses, éstos se calculan a partir de la fecha en que los tributos debieron pagarse, teniendo en cuenta el plazo fijado por las leyes respectivas.

En los casos en que las resoluciones que determinan la obligación tributaria, las que resuelven el recurso de revocatoria y las que resuelven el recurso de apelación se dicten fuera de los plazos establecidos, el órgano competente debe de oficio determinar la suspensión en el cálculo de los intereses por el lapso que exceda dicho plazo, según lo establece el artículo 40 del Código. El cómputo de los intereses se reactivará automáticamente, a partir del día hábil siguiente a la notificación de las respectivas resoluciones.

Sin perjuicio de la facultad de verificación establecida en el artículo 76 del Código, las sanciones autoliquidadas por los obligados tributarios quedarán firmes en la fecha de la presentación de la respectiva liquidación ante la Administración Tributaria y devengarán intereses a partir de los tres días hábiles siguientes a su firmeza.

Artículo 22.- Obligación de inscripción.

1.- Las personas físicas, jurídicas y entidades que carezcan de personalidad jurídica, que realicen cualquier actividad económica por la que estén obligados a inscribirse en su condición de contribuyente, responsable o declarante, deben hacerlo dentro de los plazos que fijen las normas que así lo establezcan.

A falta de plazo, la inscripción debe realizarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que inicie actividades u operaciones.

En el mismo plazo señalado en el párrafo anterior, a partir de la variación o inicio de una nueva actividad, el obligado tributario debe inscribir el cambio de actividad económica primaria o secundaria, y/o la adición de otras actividades secundarias, mediante los mecanismos que determine la Administración Tributaria por resolución general.

En el acto de inscripción, o de modificación de datos, el obligado tributario deberá consignar toda la información que solicite la Administración Tributaria y que permita identificar en forma clara al obligado tributario, su actividad económica -principal y secundaria-, el domicilio de la actividad económica, el nombre del representante legal, cuando proceda, la dirección del domicilio fiscal, dirección de la casa de habitación del representante legal y la identificación personal o social del que se inscribe, datos de establecimientos auxiliares, así como cualquier otra información adicional que determine la Administración Tributaria, mediante resolución general.

La inscripción debe realizarse por los medios y en la forma que determine la Administración Tributaria.

2.- Además de lo indicado en el párrafo anterior y para efectos de lo señalado en el primer párrafo del artículo 134 del Código y 91 de este Reglamento, el obligado tributario deberá registrar un correo electrónico como medio para recibir la notificación de todo acto con que la Administración Tributaria inicie un procedimiento tributario.

El correo electrónico como medio para recibir la primera notificación del inicio de un procedimiento tributario, será aquel que el obligado tributario haya señalado en el formulario de inscripción antes de la entrada en vigencia de la “Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal”, Ley No. 9416 del 14 de diciembre de 2016.

No obstante lo anterior, el obligado tributario puede modificar la dirección electrónica ya registrada, para lo cual deberá presentar en el formulario correspondiente la modificación respectiva. La nueva dirección electrónica se tendrá como tal a partir de su inscripción.

Los obligados tributarios que no hubieren suministrado un correo electrónico al momento de su inscripción, deberán registrarlo dentro de los 30 días hábiles siguientes a la entrada en vigencia de este Decreto, mediante el formulario de modificación respectivo.

El incumplimiento con el suministro del correo electrónico, constituye la infracción establecida en el artículo 78 del Código, a partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento.

Artículo 33.- Notificación del acto administrativo que inscribe, modifica o desinscribe de oficio.

1. El formulario en que conste el acto administrativo de inscripción, modificación o

desinscripción de oficio en el Registro Único Tributario, debe ser notificado al obligado tributario cuando se varíen o incluyan los siguientes datos:

a) Cuando la Administración lo inscriba o desinscriba, salvo que se trate de actuaciones masivas de desinscripción.

b) Cuando la Administración le establezca o modifique el domicilio fiscal.

c) Cuando la Administración determine una actividad económica principal y/o secundaria diferente a la registrada por el interesado y ello incida en los impuestos a que está sujeto el obligado tributario.

d) Cuando la Administración determine establecimientos auxiliares diferentes a los registrados por el interesado.

2. No debe notificarse la modificación de datos de oficio, en las siguientes situaciones:

a) Cuando de oficio la Administración Tributaria actualice información del representante legal que conste en el Registro Nacional.

b) Cuando se actualice el teléfono fijo o celular.

c) Cuando se actualice el nombre comercial conforme al inscrito en el Registro Nacional.

d) Cuando se actualice el nombre de fantasía conforme se haya verificado.

e) Cuando se amplíen las señas del domicilio fiscal, pero no se altere o modifique el existente.

Artículo 43.- Requerimientos individualizados de información a sujetos pasivos y a terceros informantes.

1. Los órganos competentes de la Administración Tributaria a cargo del control

tributario, están facultados para requerir información individualizada que resulte previsiblemente pertinente para efectos tributarios, en los siguientes casos:

a) Al sujeto inspeccionado o a terceros relacionados con este, con el fin de procurar la correcta verificación de la situación tributaria objeto de comprobación.

b) A terceros relacionados con un sujeto pasivo específico, para el cumplimiento de planes de control tributario.

2. Las Direcciones Funcionales o Técnico Normativas podrán realizar requerimientos individualizados de información, en los siguientes casos:

a) A sujetos respecto de los cuales se realice alguna investigación, a un tercero o informante respecto de un sector económico, a un grupo determinado de sujetos pasivos o de un sujeto pasivo específico, cuando la Dirección de Inteligencia Tributaria requiera la información para el cumplimiento de las funciones propias de su competencia; y siempre que no se refiera a los requerimientos relacionados con actuaciones de liquidación previa o definitiva realizados por los órganos competentes de la Administración Tributaria. La administración de esta información es responsabilidad exclusiva de la citada Dirección, a fin de centralizar su captura, garantizar su integridad, confidencialidad y originar los insumos necesarios para los procesos de control tributario.

b) Al sujeto inspeccionado o a terceros relacionados con éste, cuando la Subdirección de Investigación del Fraude Tributario de la Dirección de Fiscalización, requiera la información para el cumplimiento de las funciones propias de su competencia.

3. Los requerimientos de referencia deben ser motivados y notificados al obligado tributario.

El obligado tributario dispondrá de un plazo de diez días hábiles para cumplir con esta obligación, contados a partir del día siguiente a la notificación del requerimiento.

No obstante, en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor o en los supuestos de especial complejidad, a criterio del superior del funcionario a cargo, podrá prorrogarse este plazo hasta por veinte días hábiles adicionales, previa solicitud del obligado tributario.

Contra el requerimiento de información no cabe recurso alguno. No obstante, la falta de los presupuestos legales necesarios para fundamentar el requerimiento, puede ser invocada como defensa o excepción en cualquier procedimiento que derive del incumplimiento de la obligación de aportar la información.

Ante el incumplimiento en el suministro de la información requerida, el órgano competente deberá realizar el procedimiento sancionador establecido en el artículo 150 del Código, y determinar si se incurrió en la infracción administrativa del artículo 82 o 83 del Código, según corresponda.

Las Direcciones Técnico Normativas citadas en el numeral 2 de este artículo podrán realizar el procedimiento sancionador e imponer la sanción respectiva, en los casos en que estas hayan requerido individualmente la información.

Artículo 46.- Información de acceso público. Es de acceso público la información referida al nombre de los sujetos pasivos, impuestos, períodos y montos de las deudas respecto de las cuales haya vencido el plazo legal para el pago de la obligación tributaria, sin que se haya cumplido esta obligación. Asimismo, el nombre de aquellos que hayan omitido la presentación de las declaraciones, una vez vencidos los plazos establecidos por ley, y el nombre de aquellos sujetos pasivos que habiendo realizado actividades económicas incumplan el deber de inscripción, también conocidos como sujetos ocultos.

Se faculta a la Administración Tributaria para publicar la lista de quienes tengan a su cargo deudas líquidas y exigibles por concepto de tributos o de sanciones, siempre que las deudas se encuentren firmes en sede administrativa y que estos no hayan acudido a la jurisdicción contenciosa-administrativa, así como de los omisos en la presentación de declaraciones y los ocultos.

En los casos en que se solicite información a la Administración Tributaria, salvo que exista una ley que autorice al requirente a tener acceso a la información confidencial, únicamente se le podrá proporcionar al solicitante la que surja de la publicación de datos estadísticos generalizados. No podrá suministrarse información individualizada que permita conocer la situación financiera del sujeto pasivo, así como la información relativa al registro de valores de bienes inmuebles de un contribuyente determinado.

Artículo 47.- Uso de la información confidencial. La información confidencial recabada por la Administración Tributaria no puede ser utilizada para fines distintos a los tributarios, salvo norma legal que así lo autorice y siempre dentro de las facultades otorgadas a la Administración Tributaria. El carácter privado de la información capturada para fines tributarios prevalece y debe resguardarse según lo dispone la ley.

Los funcionarios de la Administración Tributaria únicamente están autorizados a acceder a la información propia de la gestión administrativa que estén tramitando y conforme a los casos específicos que le han sido asignados por parte de su superior.

La información tributaria confidencial puede utilizarse para fines no tributarios por parte de otras entidades ajenas a la Administración Tributaria, cuando el acceso a esta información esté respaldado en una norma legal o convenio internacional que así lo permita.

Todos los requerimientos de información confidencial solicitados a la Administración Tributaria deben justificar el uso que se le dará a esta información, estando totalmente prohibido un uso distinto a aquel que por norma legal se les haya asignado.

Artículo 48.- Confidencialidad de la información al amparo de convenios internacionales. La información obtenida al amparo de las disposiciones de un convenio internacional que contemple el intercambio de información en materia tributaria, incluido el requerimiento de información que realiza el otro Estado Contratante, constituye información confidencial y debe ser protegida de la misma manera en que se trata la información tributaria que se recibe al amparo de las leyes nacionales.

Dicha información solo se revelará a personas o autoridades (incluidos los tribunales y órganos administrativos o de vigilancia) encargados de la determinación, recaudación o cobro, de los procedimientos declarativos o ejecutivos referidos a dichos impuestos o de la resolución de los recursos relativos a los impuestos de esa parte. Sólo las personas o autoridades mencionadas anteriormente podrán utilizar la información que será únicamente para esos fines. Estas personas o autoridades mencionadas anteriormente están facultadas para utilizar la información únicamente para dichos propósitos. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, podrán revelar la información en audiencias públicas o en sentencias judiciales que se refieran a los impuestos de cuya información se recibió.

Artículo 51.- Resguardo de la Información para el control tributario. La información tributaria que se reciba de entidades financieras producto de una orden judicial o de una solicitud de activación de un convenio de intercambio de información en materia tributaria, reviste el carácter de confidencial según lo establecido en los artículos 106 ter, 106 quater, 115 y 117 del Código.

Para estos efectos, mientras se mantenga el proceso de comprobación en ejecución, el funcionario responsable del mismo será quien resguarde la información, utilizando los mecanismos disponibles que le brinde la Administración Tributaria, estando bajo supervisión de su jefatura inmediata. Una vez concluido el proceso de comprobación la responsabilidad del resguardo de tal información, así como de los expedientes administrativos y sus accesorios, será del titular de cada Administración Tributaria Territorial, de la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales o de las Direcciones Técnico Normativas, según corresponda.

Artículo 63.- Requisitos de las consultas.

1. Sólo son admisibles las consultas que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Indicar el nombre del o los interesados en el caso.

b) Plantear la situación de hecho concreta y actual, sobre datos exactos.

c) Exponer con claridad y precisión todos los elementos constitutivos de la situación que motiva la consulta.

d) Exponer los argumentos que respaldan su opinión fundada.

e) Indicar el o los tributos afectados y los respectivos períodos fiscales.

f) Señalar medio para recibir notificaciones.

Las consultas interpuestas por escrito deben ser presentadas en original y una copia, la cual será devuelta con el recibo conforme (fecha, sello, nombre de quien la recibe, hora) al obligado tributario.

2. Las consultas tributarias presentadas por correo electrónico, deben presentarse en la dirección electrónica que señale para tales efectos la Dirección General de Tributación en el sitio web del Ministerio de Hacienda, y además deben cumplir con:

a) La consulta y el correo deben ser firmados digitalmente por quien presenta la consulta.

b) La consulta realizada a nombre de personas jurídicas, debe ser firmada digitalmente por el representante legal o apoderado de la consultante.

c) Documentos anexos. El consultante podrá remitir documentos anexos, los cuales pueden ser en formato: Word, Excel, Html, imágenes, y otros similares. Dichos documentos deberán ser firmados digitalmente por quien corresponda, cuando este requisito sea exigido para la validez del documento de que se trate. En el caso de las certificaciones digitales emitidas por el Registro Nacional, bastará con indicar el número de certificación.

En el caso de que alguno de los documentos a remitir como anexos para la admisibilidad de la consulta por correo electrónico, no se puedan presentar en forma digital, por así disponerlo para su validez la Dirección Nacional de Notariado, el consultante deberá presentar la consulta por escrito.

Artículo 77.- Competencias. La competencia en las actuaciones administrativas será determinada por el domicilio fiscal que tenga registrado el obligado tributario, en el momento de iniciarse la actuación de la Administración Tributaria, con aplicación de los siguientes supuestos:

a) En cuanto a la facultad de practicar una liquidación previa o definitiva, ésta se extiende a hechos imponibles y períodos anteriores, siempre que no hayan prescrito, aun cuando el obligado tributario no hubiera tenido el mismo domicilio al momento del inicio de la actuación.

b) La Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales tiene competencia en todo el territorio nacional sobre todos los obligados tributarios que estén calificados como Grandes Contribuyentes Nacionales al iniciarse las actuaciones.

c) La facultad de fiscalizar o en general, de practicar una liquidación previa o definitiva, por parte de la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales se extiende a hechos imponibles y períodos anteriores, aun cuando para estos el sujeto no hubiera tenido la condición de Gran Contribuyente Nacional.

d) El cambio de domicilio fiscal durante la tramitación de alguna solicitud del obligado tributario o alguna actuación tributaria no modifica la competencia de la Administración Tributaria Territorial, por lo que el procedimiento debe ser concluido por la Administración Tributaria Territorial que le dio inicio.

e) En materia de valoración de bienes inmuebles la ubicación del inmueble será la que determine la competencia de la respectiva Administración Tributaria Territorial.

f) Las Direcciones Técnico Normativas están facultadas para requerir información previsiblemente pertinente para el cumplimiento de las funciones propias de su competencia.

g) Las Direcciones Técnico Normativas tendrán competencia para imponer las sanciones que se generen, por el incumplimiento total o parcial de los requerimientos individualizados de información que estas solicitan.

h) La Dirección de Fiscalización por medio de la Subdirección de Investigación del Fraude Tributario, tiene competencia para realizar procesos intensivos de comprobación para la debida liquidación definitiva de la obligación tributaria, en todo el territorio nacional.

i) La Dirección de Fiscalización por medio de la Subdirección de Investigación del Fraude Tributario, tiene competencia y potestad de instar los procesos correspondientes ante la detección de un ilícito tributario, ya sea por infracción administrativa o delito tributario, pudiendo generar e imponer las sanciones administrativas tuteladas legalmente, así como interponer, por los procedimientos instruidos, las denuncias penales correspondientes. Para ello aplicará los procedimientos establecidos en los artículos 90 y 150 del Código.

En casos excepcionales, atendiendo incluso a razones de oportunidad, la Dirección General de Tributación podrá reasignar mediante resolución notificada a los interesados, la competencia de un caso específico. Terminada la actuación, la competencia volverá a la Administración Tributaria de origen.

Artículo 85.- Procedimiento de revisión de la resolución determinativa de la obligación tributaria. Notificada la resolución que determina la obligación tributaria a que se refieren los artículos 127 y 163 de este Reglamento, dentro de los treinta días hábiles siguientes el sujeto pasivo podrá recurrirla, interponiendo potestativamente:

a) Recurso de revocatoria ante el órgano de la Administración Tributaria que la dictó.

b) Recurso de apelación para ante el Tribunal Fiscal Administrativo.

c) Demanda en sede contencioso-administrativa, pudiendo interponerse aun cuando no se hubiere interpuesto alguno o ninguno de los recursos anteriormente señalados.

 Interpuesto el recurso de revocatoria y también el recurso de apelación, dentro del plazo establecido para recurrir, se tramitará el presentado en primer lugar y se declarará inadmisible el segundo, sin perjuicio del derecho que le asiste al interesado de interponer, si así lo decide, el recurso de apelación para ante el Tribunal Fiscal Administrativo, contra la resolución que resuelve el de revocatoria.

Artículo 86.- Recurso de revocatoria ante el órgano de la Administración Tributaria.

1. Notificada la resolución que determina la obligación tributaria, dentro de los treinta días hábiles siguientes, el sujeto pasivo podrá interponer, ante el órgano competente de la Administración Tributaria Territorial, la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales o la Dirección de Fiscalización que emitió el acto, el recurso de revocatoria que se indica en el artículo 145 del Código.

En el recurso de revocatoria, el sujeto pasivo debe señalar detalladamente los argumentos y aportar los elementos probatorios que sustenten sus consideraciones; asimismo, deberá indicar las razones por las que solicita la revisión de la resolución que determina la obligación tributaria.

El órgano que emitió el acto será el competente para resolver el recurso planteado, el cual debe analizar cada uno de los argumentos expuestos por el recurrente y valorar los hechos y elementos probatorios ofrecidos. En caso de considerarlo necesario se podrá requerir prueba para mejor resolver. La resolución que proceda debe notificarse dentro de los treinta días hábiles siguientes a la presentación del recurso, entendiéndose ese plazo con carácter ordenatorio.

La resolución que resuelve el recurso de revocatoria debe informar al sujeto pasivo sobre la posibilidad de presentar el recurso de apelación, el cual deberá ser presentado dentro de los treinta días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución.

2. Contra las resoluciones administrativas que imponen las sanciones establecidas en el artículo 150 del Código, el recurso de revocatoria debe presentarse dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que impone la sanción.

No obstante, tratándose de la infracción prevista en el artículo 81 del Código, los plazos para oponerse ante el órgano de la Administración Tributaria Territorial o Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales que emitió el acto y para presentar el recurso de apelación para ante el Tribunal Fiscal Administrativo serán los mismos establecidos en el artículo 145 del Código.

Artículo 87.- Recurso de apelación para ante el Tribunal Fiscal Administrativo.

1. Notificada la resolución determinativa de la obligación tributaria o la resolución que resolvió el recurso de revocatoria, el sujeto pasivo podrá interponer, dentro de los treinta días hábiles siguientes, el recurso de apelación para ante el Tribunal Fiscal Administrativo a que se refieren los artículos 146 y 156 del Código.

2. Tratándose de la aplicación de sanciones, también procede el recurso de apelación, contra la resolución que resuelve el recurso de revocatoria si se hubiere optado por interponerlo, o contra la resolución que impone la sanción cuando no se hubiere interpuesto aquél. En estos casos el recurso de apelación deberá interponerse dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que impone la sanción o de la que resuelve el recurso de revocatoria, según corresponda.

En el caso de la resolución que impone la sanción del artículo 81 del mismo cuerpo normativo, el plazo para presentar el recurso de apelación es de treinta días hábiles establecido en el artículo 146 del Código.

3. El recurso de apelación para ante el Tribunal Fiscal Administrativo, deberá presentarse ante el órgano de la Administración Tributaria Territorial, la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales o de la Dirección de Fiscalización que emitió el acto recurrido, quien deberá remitirlo al Tribunal Fiscal Administrativo dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su recepción, junto con el expediente administrativo y los expedientes accesorios, si los hubiera. Si se presenta directamente en la sede del Tribunal Fiscal Administrativo, ese órgano colegiado deberá comunicarlo en el mismo plazo a la Administración Tributaria que lo dictó, requiriéndole la remisión del expediente.

El Tribunal Fiscal Administrativo debe resolver el recurso de apelación interpuesto dentro del plazo establecido en el artículo 163 del Código, entendiéndose ese plazo como ordenatorio, por lo que deberá emitirse la resolución que proceda, aun después de cumplido ese plazo. Tratándose de la resolución que determina la obligación tributaria, la resolución del recurso de apelación deberá indicar la fecha a partir de la cual se tendrá por suspendido el cómputo de los intereses, así como los actos y fechas que lo reactivarán.

Cuando el recurso de apelación para ante el Tribunal Fiscal Administrativo sea interpuesto contra la resolución que determina la obligación tributaria o la resolución que impone la sanción, habiéndose presentado previamente un recurso de revocatoria contra el mismo acto, la Administración Tributaria tramitará el presentado en primer lugar y declarará inadmisible el segundo, advirtiendo al interesado que le asiste su derecho de interponer el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal Administrativo.

Artículo 88.- Liquidación de resoluciones que determinan de oficio la obligación tributaria.

1. En los casos en que la Administración Tributaria, mediante la resolución del recurso de revocatoria, o el Tribunal Fiscal Administrativo, mediante la resolución del recurso de apelación, revoquen parcialmente lo determinado en la resolución determinativa de la obligación tributaria, la Administración Tributaria deberá recalcular la deuda, así como los intereses correspondientes a la fecha de emitida dicha resolución.

Para estos efectos, la Administración Tributaria dictará y notificará una nueva resolución liquidadora, en la que se haga constar la nueva deuda tributaria y sus intereses, cuantificados a la fecha de emisión de la resolución en referencia. El cálculo de los intereses debe respetar los plazos de suspensión legalmente establecidos, los cuales deberán ser indicados por cada órgano interviniente en el proceso, sea la propia Administración Tributaria, o bien el Tribunal Fiscal Administrativo.

2. Si el cómputo de los intereses dispuestos por el artículo 40 del Código se encontrare suspendido, por haberse excedido el plazo dispuesto para el dictado de la resolución que proceda, la notificación de la resolución liquidadora reactivará el cálculo de los intereses.

3. Procede la presentación del recurso de revocatoria contra esa resolución, únicamente bajo los siguientes supuestos:

a) Inclusión en la liquidación de algún concepto que se hubiere estimado como no gravado por el Tribunal Fiscal Administrativo.

b) Exclusión en la liquidación de algún concepto que se hubiere estimado como deducible por el Tribunal Fiscal Administrativo.

c) Que el plazo sobre el que se computa el interés no corresponda.

d) Que se hubiere aplicado una tasa de interés que no corresponda.

e) Que los períodos de reactivación del cómputo de intereses no fueran los correctos.

f) Que existan evidentes y manifiestos errores aritméticos en los cálculos efectuados.

g) Alguna otra circunstancia no indicada anteriormente, pero que hubiere generado una incorrecta cuantificación en la resolución liquidadora.

La presentación en tiempo y forma de este recurso, mantendrá la suspensión del cálculo de los intereses, por haberse excedido el plazo dispuesto para el dictado de la resolución que corresponda.

Procede rechazar de plano el recurso de revocatoria contra la resolución liquidadora cuando no verse sobre los supuestos enunciados anteriormente. En este último caso, la presentación del recurso no suspende el cómputo de los intereses dispuestos por el artículo 40 del Código.

Este recurso debe ser interpuesto en un plazo de cinco días hábiles posteriores a la notificación de la resolución liquidadora, ante el órgano que la dictó, quien será el competente para resolverlo. La resolución que lo resuelva debe dictarse dentro de los cinco días hábiles posteriores a su presentación, debiendo notificarse al interesado.

Dentro del plazo de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que fuera notificada, cabe contra esa resolución, la presentación del recurso de apelación para ante el Tribunal Fiscal Administrativo. La admisión de este último recurso estará condicionada a que verse exclusivamente sobre alguno de los supuestos indicados en este artículo.

Artículo 91.- Notificación del inicio de un procedimiento de la Administración Tributaria. El acto de inicio de cada procedimiento tributario deberá notificarse al obligado tributario. Dicha notificación podrá efectuarse en el domicilio fiscal, o en el correo electrónico registrado por el obligado tributario ante la Administración Tributaria.

No obstante lo anterior, la primera notificación se podrá realizar válidamente en el buzón electrónico que le suministre la Administración Tributaria al obligado tributario, la cual produce los efectos de la notificación realizada en el domicilio fiscal constituido.

El acto de inicio de cada procedimiento tributario debe advertir al obligado tributario del señalamiento de medios para recibir futuras notificaciones, debiendo indicársele que en caso de que no lo haga, las resoluciones o actos que se dicten con posterioridad, quedarán notificados con el solo transcurso de veinticuatro horas después de dictados. Si el obligado tributario se presenta durante el transcurso del procedimiento o diligencia, una vez iniciada esta, tomará el procedimiento o diligencia en la etapa procesal en que se encuentre.

Artículo 96.- Notificación y cómputo de los plazos. Las notificaciones se deben practicar en día hábil. Si los documentos fueren entregados en día inhábil, la notificación o transmisión se debe entender realizada el primer día hábil siguiente. Salvo disposición especial en contrario, los plazos empiezan a correr a partir del día hábil inmediato siguiente a aquél en que se haya notificado el acto administrativo a los interesados.

No obstante, si existiere pluralidad de partes o destinatarios, el acto se notificará a todos, salvo si actúan unidos bajo una misma representación o si han designado un solo domicilio para notificaciones; en cuyo caso, estas se harán en la dirección única correspondiente.

En los supuestos de obligaciones solidarias establecidos en el artículo 16 del Código, bastará con notificar a solo uno de los co-obligados.

Todo plazo empieza a correr a partir del día hábil siguiente de la notificación a todas las partes.

Se exceptúan de este plazo los casos de notificación por edicto y buzón electrónico.

En el primer caso, se considera notificado al tercer día hábil siguiente a la fecha de publicación del edicto y en el segundo caso, se entenderá practicada al quinto día hábil siguiente de aquel en que el documento fue depositado en el buzón electrónico.

Artículo 97.- Señalamiento de medios electrónicos para recibir futuras notificaciones. Los medios para recibir notificaciones son el buzón electrónico, el correo electrónico o digital, el fax, así como otros medios electrónicos similares, siempre que permitan confirmar la recepción.

Los obligados tributarios deben indicar un medio electrónico para recibir futuras notificaciones, en el primer escrito en que estos presenten una petición o solicitud de su interés, o en respuesta a la primera notificación de un procedimiento administrativo iniciado de oficio por la Administración Tributaria.

El interesado podrá señalar dos medios electrónicos distintos de manera simultánea, pero deberá indicar, expresamente, cuál de ellos se utilizará como principal.

Si los medios electrónicos señalados por el interesado para recibir notificaciones generaran fallas en su transmisión, la Administración Tributaria deberá realizar tres intentos de notificación, dos el primer día en horas diferentes con intervalos de al menos treinta minutos y uno el tercer día. En caso de que todos resulten infructuosos, las resoluciones que se dicten se tendrán por válidamente notificadas con el solo transcurso de veinticuatro horas.

En cualquier etapa del procedimiento el obligado tributario puede señalar un medio distinto para recibir notificaciones, el cual será válido legalmente para el proceso o diligencia que se tramite ante la Administración Tributaria y surtirá efectos legales para todos los actos que se emitan con posterioridad a la fecha de comunicación del cambio.

Mediante resolución general la Administración Tributaria establecerá otros medios electrónicos idóneos como formas de notificación.

Artículo 98.- Notificación por buzón electrónico. Los obligados tributarios deben contar con un buzón electrónico permanente, que la Administración Tributaria les asignará a efecto de depositarles las comunicaciones, los avisos y las notificaciones de los procedimientos tributarios que se tramiten de oficio, así como las notificaciones producto de aquellos procedimientos tributarios que se inicien a gestión de parte.

Puesto a disposición del obligado tributario el buzón electrónico, es obligación de este verificar los mensajes que hayan sido depositados.

Artículo 101.- Verificación de la transmisión. Para notificar por este medio se harán hasta tres intentos para enviar el fax al número señalado, con intervalos de al menos treinta minutos; esos intentos se harán dos el primer día y uno el tercer día, este último intento debe producirse en día hábil y a partir de las ocho horas del día.

De resultar negativos todos ellos así se hará constar en el comprobante que al efecto dispone el artículo 100 de este Reglamento. En dicho comprobante se consignará el número de fax, la fecha y la hora de cada intento.

Artículo 112.- Alcance de las actuaciones. Al inicio de las actuaciones, la Administración Tributaria debe informar a los obligados tributarios el alcance de éstas, cuando se estén efectuando actuaciones emanadas de programas de control de cumplimiento de las obligaciones tributarias materiales. El alcance de la actuación debe contener un detalle de los impuestos y períodos. Las determinaciones o liquidaciones tributarias de oficio serán previas o definitivas:

a) Tendrán consideración de liquidaciones previas aquellas que son producto de las actuaciones de los órganos encargados de las funciones de control extensivo e intensivo, por medio de comprobación formal o abreviada y que no impiden la modificación posterior por parte de la Administración mediante una liquidación definitiva.

b) Tendrán consideración de liquidaciones definitivas aquellas producto de las actuaciones de los órganos de control intensivo, realizadas a través de los correspondientes procedimientos de fiscalización como paso previo a la regularización de la situación del contribuyente o responsable, o al dictado de la resolución que determina la obligación a que se refiere el artículo 163 de este Reglamento, con comprobación contable incluida, y que impiden la modificación posterior por la Administración Tributaria de los impuestos y períodos objeto de la fiscalización.

La Administración Tributaria podrá notificar requerimientos previos al inicio de las actuaciones de comprobación, en que se inste al sujeto pasivo a corregir su situación y/o se le solicite comparecer para aclarar o explicar datos que obren en poder de la Administración Tributaria. En caso de no comparecer se podrán aplicar las sanciones establecidas en el Código.

La Administración Tributaria puede iniciar actuaciones emanadas de labores de control del cumplimento formal o sancionador, sin que requiera para ello, informar de previo a los obligados tributarios de los alcances de dicha actuación.

Artículo 116.- Deber de comparecencia. La Administración Tributaria puede citar a los obligados tributarios para que comparezcan en sus oficinas con el fin de contestar las preguntas o atender los requerimientos de información necesarios para la verificación de los datos o información que esté en poder de la Administración Tributaria, que le permitan comprobar la obligación tributaria.

La citación debe dirigirse concretamente a la persona que deba comparecer y notificarse con al menos tres días hábiles de anticipación a la fecha de la convocatoria.

En caso de que el obligado tributario requiera un plazo mayor producto de fuerza mayor o caso fortuito, así lo solicitará a la Administración Tributaria, quien podrá considerar extender el plazo.

La citación debe contener los requisitos que señala el artículo 249 de la Ley General de la Administración Pública, con el apercibimiento expreso de la sanción administrativa establecida en el artículo 82 del Código.

De toda comparecencia se levantará un acta, con las formalidades que establece el artículo 270 de la Ley General de la Administración Pública.

Artículo 117.- Del Control Tributario Extensivo. La función de Control Tributario Extensivo tiene por objeto el control efectivo del cumplimiento tributario de los deberes formales y el cumplimiento tributario extensivo material, entendiendo este último como la comprobación abreviada o formal de la situación tributaria de los sujetos pasivos, utilizando los datos y elementos de prueba que estén en poder de la Administración, sin que se pueda extender al examen a los libros de contabilidad.

Lo anterior no limita la facultad de verificación de los datos o información específica de alguna(s) cuenta(s) o registro(s) contable(s), que le permitan a la Administración Tributaria comprobar la veracidad de las declaraciones presentadas por los sujetos pasivos, sin que necesariamente conlleve el inicio de un procedimiento por comprobación abreviada o formal. Tal potestad no impide que una vez efectuada dicha verificación, se pueda dar inicio a un procedimiento de liquidación previa, y que la información suministrada por los sujetos pasivos durante esa verificación forme parte de los elementos de prueba que la Administración podrá utilizar en el desarrollo de dicho procedimiento, para lo cual se le advertirá por escrito al sujeto pasivo que la prueba a obtener podría ser utilizada en los términos citados.

Artículo 118.- Plan Anual de Control Tributario Extensivo. La Dirección de Control Tributario Extensivo elaborará el Plan Anual de Control Extensivo, previa consulta con las Direcciones Regionales, la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales y las Administraciones Tributarias Territoriales, conforme a las estrategias institucionales de la Dirección General de Tributación.

Corresponderá a la Dirección de Control Tributario Extensivo ejercer el control del cumplimiento del Plan, actuando ante las Direcciones Regionales, la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales y las Administraciones Tributarias Territoriales, para garantizar su cumplimiento. Para tal efecto, éstas deberán suministrar toda la información que resulte pertinente.

Artículo 120.- Liquidación previa por comprobación abreviada o comprobación formal. La Administración Tributaria podrá practicar las liquidaciones previas, por comprobación abreviada o formal.

Serán actuaciones de comprobación abreviada aquellas que se realicen utilizando los datos y los elementos de prueba que obren en poder de la Administración o que se le soliciten al obligado tributario sobre un período o impuesto determinado, ya sea previo al inicio del procedimiento de dicha comprobación o durante su desarrollo, sin que se puedan extender al examen de los libros de contabilidad de las actividades empresariales o profesionales que se verifican. Sin embargo, ello no limita la facultad de verificación de datos o información específica de alguna(s) cuenta(s) o registro(s) contable(s), referidos a los datos o información en estudio.

En la preparación de las liquidaciones previas, la Administración podrá requerir información a terceros así como realizar comprobaciones contables a los informantes.

Cuando se efectúen liquidaciones previas, debe hacerse constar de forma precisa los hechos y elementos comprobados, los medios de prueba concretos utilizados y el alcance de las actuaciones.

En los casos en que el sujeto pasivo haya incumplido el deber de declarar y de autoliquidar el impuesto, se le concederá un plazo de diez días hábiles para que proceda a presentar la declaración; transcurrido este sin que se haya subsanado el incumplimiento o justificado debidamente la inexistencia de la obligación, se podrá proceder a una comprobación abreviada.

En las liquidaciones previas por comprobación formal se realizará únicamente una comprobación de mera constatación de la existencia de errores aritméticos o de derecho en la declaración.

Artículo 122.- Inicio del procedimiento y propuesta de regularización.

1.- El procedimiento de liquidación previa se inicia con la notificación de un acto administrativo de inicio de actuaciones de comprobación abreviada o formal, cuyo contenido mínimo será el siguiente:

a) Indicación del carácter abreviado o formal de la comprobación.

b) Impuestos y períodos a que se refiere el alcance de la comprobación.

c) Aspectos concretos a que se refiere la comprobación.

d) Tratándose de una comprobación abreviada, se indicarán los elementos de prueba que obran en poder de la Administración.

e) Tratándose de una comprobación formal, se indicará el error de derecho que se considere cometido o bien, el error de hecho o aritmético en que se incurrió.

f) Indicación del aumento o diferencia del impuesto derivado de los elementos de prueba que obran en poder de la Administración o de la corrección de los errores de derecho, de hecho o aritméticos, según corresponda.

2.- En el mismo acto de notificación del inicio de la actuación, se entregará al sujeto pasivo la propuesta de regularización de la obligación tributaria, adjuntando el formulario oficial correspondiente. En esta etapa se debe indicar al sujeto pasivo que cuenta con un plazo de cinco días hábiles contados a partir de la notificación del inicio de actuaciones, para que regularice su obligación o manifieste su disconformidad, con la advertencia de que se entenderá puesta de manifiesto la disconformidad cuando no comparezca dentro del plazo fijado.

Artículo 123.- Procedimiento cuando se solicite información o se practiquen actuaciones adicionales. Previo o conjuntamente con la notificación del inicio del procedimiento de liquidación previa, la Administración Tributaria podrá solicitar datos o justificantes al sujeto pasivo o bien, realizar actuaciones adicionales. Una vez vencido el plazo otorgado o practicadas las actuaciones, y en el tanto persistan aumentos o diferencias de impuesto, se notificará al sujeto pasivo los resultados de la comprobación y se le extenderá una propuesta de regularización en los términos del artículo 122 de este Reglamento.

Cuando el sujeto pasivo no aporte los datos o justificantes solicitados, podrá aplicarse el método de base presunta a que se refiere el artículo 125 inciso b) del Código.

Artículo 125.- Rectificación de las declaraciones.

1. Los sujetos pasivos cuentan con un plazo de tres días hábiles para rectificar, por única vez, las declaraciones tributarias, después de notificado el inicio de un procedimiento de liquidación previa.

El funcionario tributario debe proceder a verificar que los montos de la nueva declaración presentada guarden relación con la información en poder de la Administración Tributaria y con los márgenes de utilidad establecidos para el período en estudio, en cuyo caso procederá a dar el caso por concluido.

2. Vencido el plazo de los tres días hábiles mencionados, el obligado tributario podrá hacer una petición de rectificación ante los funcionarios a cargo de la comprobación, para que se consideren cualesquiera otros elementos que pudieran incidir en la determinación tributaria; debiendo aportar en ese mismo acto las pruebas que los respalden. La aceptación o rechazo de tales elementos se valorarán en el traslado de cargos y se incorporarán en la resolución que determina la obligación tributaria.

Mediante resolución general se establecerán los requisitos y condiciones en que deben aportarse las pruebas que se consideren pertinentes.

3.Una vez notificado el inicio de un procedimiento de liquidación previa no procede la presentación de declaraciones rectificativas si el sujeto pasivo no había presentado anteriormente la declaración inicial.

De presentarse la declaración inicial con posterioridad a la notificación del inicio del procedimiento de liquidación previa, esta se incorporará al procedimiento careciendo de todo efecto rectificativo, para lo cual los aspectos declarados que coincidan con la propuesta de regularización se tendrán como una aceptación total o parcial de dicha propuesta.

Si persistieran aspectos de la propuesta de regularización no aceptados total o parcialmente, se procederá a notificar el traslado de cargos u observaciones respectivo.

4. Los sujetos pasivos que presenten una declaración inicial o rectifiquen las declaraciones, cuyos montos sean diferentes a los suministrados por terceros informantes, que no aporten prueba para justificar las diferencias, y/o que los márgenes de utilidad aplicados presenten valores inferiores a los establecidos por la Administración Tributaria, podrán ser seleccionados para practicarles una liquidación definitiva.

Artículo 127.- Conclusión de las actuaciones de comprobación previa y procedimiento posterior a la propuesta de regularización. Las actuaciones de comprobación se darán por concluidas con la regularización efectuada dentro del plazo conferido, o en su defecto con la emisión de la resolución que determina la obligación tributaria.

A. Conformidad con la propuesta de regularización.

La conformidad del sujeto pasivo con la propuesta de regularización, constituye una manifestación voluntaria de aceptación de los resultados de la actuación y de las diferencias establecidas, dentro del plazo de cinco días establecido para ello y en el modelo oficial establecido al efecto.

El formulario oficial mediante el cual el sujeto pasivo manifiesta su conformidad con la propuesta de regularización constituye el acto administrativo que liquida de oficio la obligación tributaria, para todos los efectos.

Contra ese acto no cabe ningún recurso, pero ello no impide que ante manifiesto error de hecho pueda plantearse la solicitud respectiva, conforme al artículo 102 del Código, en el plazo máximo de diez días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de aceptación de la regularización.

Se entenderá por error de hecho aquél que versa sobre un suceso, dato aritmético o circunstancia de la realidad, independiente de toda opinión, apreciación o interpretación jurídica.

Una vez aceptada la propuesta de regularización se procede al registro de la deuda en la cuenta tributaria del contribuyente.

B. Disconformidad con la propuesta de regularización.

Transcurridos cinco días hábiles a partir de la notificación del inicio de actuaciones sin que el obligado tributario haya regularizado ni comparecido, se procederá a notificarle el traslado de cargos u observaciones respectivo.

C. Traslado de cargos u observaciones.

Para efectos del procedimiento de liquidación previa, el traslado de cargos es el documento que se extiende con el fin de trasladar al sujeto pasivo los resultados de las actuaciones de comprobación abreviada, en los casos en que se determine una diferencia de impuesto a cargo de éste, continuando con el procedimiento de determinación de oficio de la obligación tributaria si el sujeto manifiesta, implícita o explícitamente, disconformidad con tales resultados.

D. Impugnación por el sujeto pasivo.

Dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de notificación del traslado de cargos, el sujeto pasivo puede impugnar por escrito, por los medios que establezca la Administración Tributaria, los cargos formulados, debiendo especificar los hechos y las normas jurídicas en que fundamenta su reclamo, alegar las defensas que considere pertinentes y aportar las pruebas que considere pertinentes, con respecto a los hechos que se le atribuyan.

Vencido el plazo de diez días a que se refiere este artículo, no cabe ninguna impugnación. En caso de presentarse la impugnación de forma extemporánea, la misma será rechazada ad portas, quedando posibilitado el obligado tributario a presentar sus alegatos en las etapas recursivas subsecuentes. La Administración Tributaria deberá poner en conocimiento al interesado, notificando el carácter extemporáneo de la impugnación presentada.

El contribuyente podrá pagar bajo protesta, el monto del tributo, junto con los intereses respectivos.

E. Resolución de la Administración Tributaria.

Interpuesta o no la impugnación dentro del plazo de diez días hábiles establecido en el apartado D) de este artículo, el Gerente y Subgerente de la Administración Tributaria Territorial competente, o el Director y Subdirector de la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales, deberán dictar y firmar en forma conjunta la resolución que determina la obligación tributaria.

La Administración Tributaria deberá dictar y notificar la resolución al sujeto pasivo dentro los dos meses siguientes al vencimiento del plazo para interponer el reclamo, se haya interpuesto o no la impugnación respectiva.

Para efectos de la Administración Tributaria, este plazo será ordenatorio, debiendo notificarse la resolución, aun vencido este plazo.

La resolución deberá atenerse a lo dispuesto en el artículo 147 del Código e indicarle al sujeto pasivo los recursos que procedan contra la misma.

Artículo 132.- Facultades y competencias. Para el control del cumplimiento material de la obligación tributaria, los órganos fiscalizadores podrán llevar a cabo cuantas actuaciones sean necesarias con el fin de determinar la ocurrencia de los hechos generadores de los impuestos que administra la Dirección General de Tributación, cuantificar las bases imponibles de éstos, sus respectivas cuotas tributarias y en general, verificar los elementos que configuran la obligación tributaria objeto de fiscalización; formular la regularización que proceda, preparar los traslados de cargos, la resolución que determina la obligación tributaria y aplicar las sanciones dispuestas normativamente, cuando corresponda, así como resolver el recurso de revocatoria dispuesto en los artículos 145 y 150 del Código.

Por este medio podrán, entre otros:

a. Realizar el examen de los comprobantes, libros, registros, sistemas, programas y archivos de contabilidad manual, mecánica o computarizada del sujeto pasivo a fiscalizar. Igualmente podrán examinar la información previsiblemente pertinente para efectos tributarios que se halle en poder del sujeto pasivo o terceros.

b. Verificar las cantidades, calidades y valores de bienes y mercaderías, confeccionar inventarios de estos, controlar su confección o confrontar en cualquier momento los inventarios contra las existencias reales.

c. Verificar en todas sus etapas el proceso de producción y comercialización de bienes y servicios.

d. Entrar o acceder a fincas, locales de negocios y en general, a inmuebles o muebles donde se encuentren documentos o información previsiblemente pertinente para la determinación de los tributos.

e. Requerir a los sujetos pasivos y terceros para que, en los casos y bajo las condiciones que establece la ley, aporten cualquier tipo de documentos o información que pueda ser previsiblemente pertinente.

f. Requerir de toda persona física o jurídica, pública o privada, la información previsiblemente pertinente para efectos tributarios, que se deduzca de sus relaciones económicas, financieras y profesionales con otras personas.

g. Obtener de otras entidades públicas, en los casos y bajo las condiciones que establece la ley, copia de los informes que en el ejercicio de sus tareas de control hayan efectuado en relación con los contribuyentes, responsables o declarantes investigados, y recabar de aquellas el apoyo técnico necesario para el cumplimiento de sus tareas.

h. Realizar el control de ingresos por ventas o prestación de servicios gravados.

i. En general, efectuar todas las actuaciones necesarias para la correcta y oportuna determinación de los impuestos que permita la ley.

j. Generar la resolución que determina la obligación tributaria, determinando la correcta cuantía de la obligación tributaria a cargo del sujeto fiscalizado con carácter de liquidación previa o definitiva de conformidad con lo establecido el artículo 126 del Código, así como los intereses que correspondan y proponer la regularización que proceda, todo con arreglo a lo establecido en el artículo 144 del Código y en los artículos 152 y 157 del presente Reglamento.

k. Aplicar las sanciones por las infracciones administrativas que hubieren cometido los sujetos pasivos objeto de las actuaciones fiscalizadoras.

l. Resolver el recurso de revocatoria regulado en los ordinales 145 y 150 del Código.

Para tales efectos, podrá requerir prueba para mejor resolver.

Artículo 136.- Medidas cautelares. En cualquier momento en el desarrollo de las actuaciones, los funcionarios de la fiscalización podrán solicitar a la autoridad judicial la adopción de las medidas cautelares para la inspección de locales o el secuestro de bienes o información previsiblemente pertinente para efectos tributarios, a los fines de determinar la cuantía de la obligación tributaria, de conformidad con lo establecido en los artículos 113 y 114 del Código.

También podrán solicitar al Jefe de la Oficina de Cobro Judicial que realice las gestiones pertinentes ante la autoridad judicial competente, a fin de que esta ordene como medida cautelar, el embargo de los bienes del sujeto fiscalizado dispuesto en el artículo 196 bis del Código, en los casos en que existiere peligro de que este se ausente, enajene u oculte sus bienes, o realice cualquier maniobra tendiente a dejar insoluto el crédito.

En la solicitud, la Administración Tributaria deberá justificar ante la oficina de cobros competente, los hechos que fundamentan el peligro latente de que el sujeto fiscalizado pueda realizar las maniobras referidas en el párrafo anterior.

La solicitud deberá suscribirse por el Subgerente de Fiscalización de la Administración Tributaria territorial competente o por el Subdirector de Fiscalización de la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales, o por el Subdirector de Investigación del Fraude Tributario de la Dirección de Fiscalización, según corresponda.

El Jefe de la Oficina de Cobro Judicial deberá analizar la solicitud en un plazo no mayor de cinco días, plazo dentro del cual podrá requerir mayor información a la Administración Tributaria, caso contrario deberá remitir al juez competente la misma, a efectos de que se siga el procedimiento establecido en los artículos 196 y 197 del Código.

Artículo 139.- Iniciación de las actuaciones de comprobación e investigación. La actuación de comprobación e investigación deberá iniciarse mediante comunicación escrita notificada al sujeto pasivo, al menos diez días hábiles antes. A esta comunicación de inicio se le acompañará el requerimiento de información.

En dicha comunicación se le informará al interesado:

a) El nombre de los funcionarios encargados de las actuaciones.

b) Criterio o criterios por los cuales fue seleccionado.

c) El alcance de la actuación, detallando los tributos y períodos fiscales que comprenderá.

d) Registros, documentos y bienes que debe tener a disposición de los funcionarios.

e) Fecha en que se iniciarán materialmente las actuaciones frente al sujeto fiscalizado.

f) Los derechos que le asisten durante el procedimiento, así como las obligaciones que debe cumplir.

El alcance de la actuación podrá ampliarse con respecto a los períodos e impuestos comunicados originalmente. En este supuesto, deberá notificársele al sujeto fiscalizado tal ampliación, indicándole los alcances concretos de esta, entendiéndose interrumpida la prescripción sobre los impuestos y períodos ampliados, a partir de tal notificación.

Contra la comunicación de inicio o ampliación no cabe recurso alguno, debiendo indicarse así en dichos documentos.

Artículo 140.- Efectos del inicio de una actuación de comprobación e investigación. Una vez notificado el inicio de una actuación de comprobación e investigación, se producirán los siguientes efectos:

1) Interrupción del plazo de prescripción para determinar la obligación tributaria.

2) No procede la presentación de declaraciones autoliquidaciones tendientes a rectificar el impuesto y período objeto de comprobación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 143 de este Reglamento.

3) No procederá la respuesta a las consultas planteadas cuando la materia objeto de consulta forme parte de las cuestiones que se resolverán en el curso de dicho procedimiento, a tenor de lo establecido en el inciso c) del artículo 119 del Código.

No obstante, si por causas imputables a la Administración, la actuación material frente al sujeto fiscalizado no se iniciara efectivamente dentro del mes siguiente a la fecha de notificación de la comunicación de inicio, se entenderá nulo el inicio de tal actuación y producidos en lo que corresponda, los siguientes efectos:

a) Se entenderá no producida la interrupción del cómputo de la prescripción como consecuencia del inicio de tales actuaciones.

b) Las declaraciones sobre los tributos y períodos objeto de las actuaciones, presentadas entre la fecha de interrupción y la de su reinicio, así como el ingreso de las cuotas correspondientes, se entenderán realizadas espontáneamente a los efectos de las reducciones de la sanción dispuestas en el artículo 88 y de la excusa legal absolutoria contenida en el artículo 92, ambos del Código, así como cualquier otro efecto que corresponda.

c) Procederá la respuesta de cualquier consulta que se hubieren planteado sobre la materia objeto del procedimiento y cuya respuesta se hubiere negado, a tenor de lo establecido en el inciso c) del artículo 119 del Código.

En el evento de que posteriormente la Administración decidiera realizar la actuación, deberá notificar nuevamente su inicio, entendiéndose interrumpida la prescripción y producidos todos los demás efectos que conlleva el inicio de las actuaciones, a partir de la fecha de esta última notificación.

Artículo 143.- Improcedencia de presentar declaraciones rectificativas. Una vez notificado el inicio de la actuación de comprobación e investigación, no procede la presentación de declaraciones autoliquidaciones tendientes a rectificar el impuesto y período objeto de las actuaciones. Cualquier importe ingresado

relacionado con tales impuestos y períodos se tendrá como ingreso a cuenta de lo que en definitiva se determine mediante la resolución que determina la obligación tributaria.

No obstante, el sujeto inspeccionado podrá hacer una solicitud de rectificación ante los funcionarios a cargo de la comprobación, para que se consideren cualesquiera otros elementos que pudieran incidir en la liquidación tributaria y que fueren desconocidos por esos funcionarios. Para estos efectos, el obligado tributario deberá aportar a los funcionarios actuantes el detalle de los rubros sobre los que versa su solicitud, y en el cual se individualicen los aumentos y disminuciones correspondientes frente a lo originalmente declarado; asimismo deberá aportar los documentos o comprobantes que respalden su solicitud. Sin este detalle y sus comprobantes, la petición de rectificación se declarará sin derecho al correspondiente trámite, previo cumplimiento de la prevención establecida en el párrafo primero del artículo 59 de este Reglamento.

La petición de rectificación podrá ser planteada durante el proceso de comprobación e investigación y hasta antes de ser notificada la convocatoria a la audiencia final.

La aceptación o no de tales elementos formará parte de los resultados incorporados en la propuesta de regularización que deberá informarse en la audiencia final a que se refiere el artículo 155 de este Reglamento y hacerse constar en el acta respectiva.

Artículo 144.- Interrupción de la actuación de comprobación e investigación. Iniciada la actuación deberá seguir hasta su terminación, de acuerdo con su naturaleza y carácter, evitándose interrupciones que retarden injustificadamente la conclusión del procedimiento. No obstante, cuando la interrupción de las actuaciones por causas imputables a la Administración supere los dos meses contados a partir de la última actuación practicada, se producirán los siguientes efectos:

a) Se entenderá no producida la interrupción del cómputo de la prescripción.

b) Las declaraciones rectificativas en el impuesto y período objeto de verificación, se

considerarán válidas para todos los efectos legales. Cualquier ingreso producto de dichas declaraciones se entenderá realizado espontáneamente a los efectos de las reducciones de las sanciones establecidas en el artículo 88 y de la excusa legal absolutoria contenida en el artículo 92, ambos del Código.

c) Procederá la respuesta de cualquier consulta que se hubiere planteado sobre la materia objeto del procedimiento y cuya respuesta se hubiere negado, según lo establecido en el inciso c) del artículo 119 del Código.

La continuación de las actuaciones deberá hacerse mediante notificación al sujeto fiscalizado, entendiéndose interrumpido el cómputo de la prescripción a partir de la fecha de esta última notificación y válidas todas las actuaciones realizadas antes de la fecha de interrupción.

Se mantendrá el efecto interruptor de la notificación del inicio de la actuación, cuando en el expediente administrativo consten actuaciones frente al mismo sujeto inspeccionado o frente a terceros, a los efectos de obtener informes, estudios técnicos y en general, cualquier información previsiblemente pertinente para efectos tributarios necesaria para la correcta determinación de su obligación o cuando se active un convenio internacional de intercambio de información, a los efectos de obtener informes, estudios técnicos y en general, cualquier información previsiblemente pertinente para efectos tributarios, necesaria para la correcta determinación de su obligación.

Artículo 146.- Revisión de la documentación del sujeto pasivo. Durante la comprobación, los sujetos pasivos deberán poner a disposición de los funcionarios de fiscalización, su contabilidad, libros, facturas, contratos, correspondencia, documentación y demás justificantes concernientes a su actividad económica, incluidos los programas y archivos en soportes magnéticos.

Artículo 147.- Requerimientos de información.  Los funcionarios a cargo de la fiscalización podrán requerir información que resulte previsiblemente pertinente para efectos tributarios, al sujeto inspeccionado o terceros relacionados, con el fin de procurar la correcta verificación de la situación tributaria objeto de comprobación.

El requerimiento de referencia deberá ser notificado por los medios que autorice el Código.

El requerimiento se dirigirá al sujeto inspeccionado o al tercero relacionado o a quien ostente su representación legal, concediéndosele un plazo de diez días hábiles para que cumpla con lo requerido. En supuestos de especial complejidad el sujeto inspeccionado podrá solicitar ampliación del plazo y el funcionario a cargo podrá ampliar este plazo según lo estime razonable.

La solicitud de ampliación del plazo se conocerá siempre y cuando el sujeto la haya solicitado con tres días de anticipación al vencimiento del mismo; para ello deberá exponer y demostrar los motivos en que fundamenta la ampliación solicitada. Esta solicitud de ampliación será valorada por el funcionario encargado, en caso de otorgarla se hará una única vez por un plazo de cinco días adicionales.

Artículo 152.- Conclusión de la actuación de comprobación e investigación. Cuando a juicio de los funcionarios responsables se hayan obtenido los datos y pruebas necesarios para fundamentar la determinación de la obligación tributaria, se convocará al obligado tributario para que comparezca ante la Administración Tributaria, a fin de informarle los resultados y proponerle la regularización de su obligación tributaria.

Igualmente, para la conclusión de la actuación de comprobación e investigación cuando se determine que no hay diferencia de impuesto, o que hay un saldo a favor, se deberá de convocar al obligado tributario a que comparezca ante la Administración Tributaria.

La etapa de comprobación e investigación del procedimiento de determinación de oficio de la obligación tributaria se dará por concluida con el levantamiento y firma del acta donde conste la celebración de la audiencia final.

Artículo 153. Elaboración de la propuesta de Regularización. Siempre que los resultados obtenidos en la actuación de comprobación e investigación supongan diferencias de las bases imponibles o de las cuotas tributarias declaradas, el funcionario a cargo deberá elaborar la propuesta de regularización que establece el artículo 144 del Código, en la cual se hará constar:

a) El impuesto y período fiscal objeto de verificación.

b) Los hechos, las pruebas y los fundamentos jurídicos que motivan las diferencias con lo inicialmente declarado o lo determinado ante la omisión en la presentación de las declaraciones autoliquidativas a que estuviera obligado.

c) La cuota tributaria determinada por impuesto y período impositivo o tratándose de impuestos con devengo instantáneo, la cuota tributaria por cada hecho imponible, así como los intereses generados desde la fecha en que debió pagarse el impuesto y hasta la fecha de la propuesta.

d) Los elementos considerados en la petitoria de rectificación, en caso de haberse presentado alguna.

La propuesta será suscrita por los funcionarios actuantes del órgano de fiscalización que realizó la actuación de comprobación e investigación.

La notificación de esta propuesta de regularización se realizará en la audiencia final.

Artículo 154. Convocatoria a la audiencia final. La convocatoria a la audiencia final deberá efectuarse con tres días hábiles de anticipación a la fecha programada para su realización.

A la audiencia el sujeto fiscalizado podrá acudir personalmente o hacerse representar por medio de un representante legal, con la debida personería con no más de quince días de expedida o bien a través de un apoderado que ostente poder suficiente que expresamente le permita:

a. Comparecer en la audiencia y

b. En caso de regularizar en el mismo acto, habilitarlo para disponer sobre la totalidad de la cuota tributaria determinada y sus accesorios, debiéndose aportar, antes del inicio de la audiencia, el poder de referencia.

En caso de no concurrir a la hora y fecha indicadas, salvo que demuestre la existencia de causa justificada, se tendrá como puesta de manifiesto su disconformidad total con los resultados de la actuación de comprobación e investigación, por lo que se continuará el procedimiento conforme a lo establecido en los artículos 160 a 163 de este Reglamento.

Si el compareciente concurriera con un poder insuficiente que no le permita expresamente participar en la audiencia, se le apercibirá para que subsane ese defecto, entendiéndose automáticamente trasladada la audiencia para el tercer día hábil siguiente, a la misma hora y lugar, dejándose constancia expresa de ese hecho, en acta que se levantará al efecto. Si antes de iniciar la audiencia programada se constatara la persistencia de los errores en el poder conferido, se hará constar así en un acta, continuándose el procedimiento bajo los supuestos de no concurrencia del sujeto pasivo.

Artículo 155. Celebración de la audiencia final. En el día, hora y lugar indicados en la convocatoria, se llevará a cabo la audiencia final, que se desarrollará en el orden siguiente:

1. Comunicación de:

1.1. Las valoraciones realizadas en función de la petición de rectificación presentada.

1.2. Las determinaciones tributarias efectuadas, explicándosele al sujeto pasivo los hechos y fundamentos de derecho que motivan las diferencias en las bases imponibles y en las cuotas tributarias, con respecto a las autoliquidadas o que debieron haberse autoliquidado en supuestos de omisión en la presentación de las declaraciones a que se estuviera obligado. Asimismo, se comunicará la cuantía de los intereses correspondientes, acumulados a esa fecha.

1.3. Las disminuciones en las bases imponibles y en las cuotas tributarias o los aumentos en los saldos a favor originalmente declarados, cuando procedan, estándose bajo este supuesto a lo regulado en el artículo 165 del presente Reglamento.

1.4. Las disminuciones en las pérdidas declaradas, las cuales podrían generar repercusiones en períodos fiscales posteriores.

1.5. Que del proceso de comprobación e investigación no resultaron diferencias con respecto a lo declarado.

2. Comunicación de las posibles infracciones administrativas que se tipificarían y las respectivas sanciones.

3. Advertencia al sujeto pasivo, sobre las consecuencias jurídicas y económicas de la eventual aceptación de la propuesta de regularización practicada y de las reducciones que se producirían en las multas por las sanciones que se impusieran, según lo establecido en el artículo 88 del Código.

4. Proposición al sujeto compareciente de la propuesta de regularización de las diferencias comunicadas, informándosele de su derecho a manifestar conformidad o no con dicha propuesta, pudiendo ser esta total o parcial, todo al tenor de lo dispuesto en el artículo 156 del presente Reglamento.

Concluida la audiencia final, los funcionarios actuantes extenderán un acta dejando constancia expresa de todos los aspectos desarrollados. Esta acta se extenderá en dos tantos, que deberán ser firmados por los funcionarios actuantes y por el compareciente, entregándosele un tanto, quien se tendrá por notificado de su contenido. En caso de que no sepa o no quiera firmarla, se dejará constando ese hecho en el acta.

En este acto se pondrá a disposición del sujeto fiscalizado, el expediente determinativo y sus accesorios, así como el expediente sancionador, en el que se respaldan las actuaciones administrativas realizadas y los resultados comunicados.

Artículo 156.- Posición del sujeto pasivo frente a la propuesta de regularización. El sujeto fiscalizado deberá manifestar su conformidad o disconformidad con cada uno de los elementos que configuran la base imponible y la cuota tributaria, presentados en la propuesta de regularización que se le formuló. Su decisión será única y definitiva y debe externarse en un solo acto, haciéndose constar en el modelo establecido al efecto.

Esta manifestación podrá darse en la audiencia establecida en el artículo 155 de este Reglamento, o si así lo decidiera, evidenciando su posición verbalmente o por escrito, ante los funcionarios actuantes, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de celebración de aquella audiencia.

La conformidad podrá tener carácter total o parcial. Se entenderá como total, cuando comprenda todos los elementos que conforman la base y la cuota tributaria determinada, respecto a un impuesto y su período fiscal. Se entenderá como parcial, cuando se manifieste conformidad sobre algunos de los conceptos que conforman la base imponible determinada, para un impuesto y su período fiscal, manifestando disconformidad con otros de aquellos elementos.

Artículo 157.- Conformidad con la propuesta de regularización. La conformidad del sujeto pasivo con la propuesta de regularización, constituye una manifestación voluntaria de aceptación total o parcial de la propuesta de regularización notificada en la audiencia final a que se refiere el artículo 155 de este Reglamento. Cuando esta conformidad se manifieste con ocasión de la celebración dela audiencia, deberá dejarse constancia expresa en el acta que se expida para documentarla; si se manifiesta dentro de los cinco días hábiles siguientes, se hará constar en el modelo establecido al efecto.

La conformidad total o parcial, con la propuesta de regularización tendrá los siguientes efectos:

a. Deuda tributaria: La conformidad manifestada por el sujeto fiscalizado constituye el reconocimiento voluntario de la obligación tributaria determinada por los órganos de la fiscalización, procediéndose a elaborar el documento de ingreso y a su registro.

b. El interesado debe hacer el ingreso del importe regularizado mediante el modelo oficial establecido para ese fin, en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente en que manifestó su conformidad con la propuesta de regularización, o bien obtener, dentro de ese mismo plazo, un aplazamiento o fraccionamiento de pago. El incumplimiento en el pago dentro del plazo respectivo faculta a la Administración Tributaria a ejercer la acción de cobro por los medios que correspondan, así como de la aplicación de la sanción establecida en el artículo 80 del Código.

c. Extinción de la facultad de comprobación: La Administración Tributaria no podrá revisar nuevamente, los conceptos y períodos de los tributos sobre los que se hubiere manifestado conformidad con la propuesta administrativa de regularización y la liquidación emanada se tendrá como definitiva.

d. Reducción de sanciones: Si se hubiere estimado la procedencia de alguna de las sanciones contempladas en el artículo 81 del Código y se hubiere reparado el incumplimiento, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 159 de este Reglamento, procederán las reducciones establecidas en los incisos b) y c) del artículo 88 del Código.

e. Revisión excepcional de la regularización: El sujeto pasivo no podrá solicitar la revisión de la regularización, salvo manifiesto error de hecho, en cuyo caso deberá plantearse la solicitud respectiva de conformidad con el artículo 102 del Código, en un plazo máximo de diez días hábiles contados a partir de que manifestó su conformidad con la propuesta.

La eventual revisión de ese acto por error en los hechos, no suspende los efectos de éste, por lo que el sujeto fiscalizado igualmente debe ingresar el monto regularizado dentro del plazo indicado, sin perjuicio de la devolución si se comprueba el error, en cuyo caso deberá modificarse la liquidación, notificándose así al interesado.

Artículo 158.- Cálculo de cuotas tributarias por regularizaciones parciales. Ante la manifestación de conformidad parcial del sujeto pasivo con la propuesta de regularización que se le hubiere formulado y a los fines de asociarle a cada aumento en la base imponible la cuota o impuesto que le corresponda, deberá aplicarse el siguiente procedimiento de cálculo:

a) Cuando el tipo del tributo fuere proporcional, se aplicará ese tipo a cada uno de los aumentos a la base imponible.

b) Cuando la base imponible del tributo estuviera gravada por una escala de tipos o tarifas, deberá multiplicarse cada aumento en la base imponible por el tipo medio que resulte de la aplicación de esa escala.

c) El resultado que se obtenga mediante los cálculos de los incisos a) ó b), será el impuesto o cuota asociado con cada aumento a la base. Al resultado que se obtenga por la suma de esas cuotas se adicionará, cuando corresponda, los aumentos determinados directamente en la cuota del tributo para obtener los aumentos totales.

Las cuotas tributarias así obtenidas, en relación con cada aumento de base no aceptada por el sujeto pasivo, se pondrán en conocimiento de este en la celebración de la audiencia final, ante su manifestación de disconformidad parcial con la propuesta de regularización.

Artículo 159.- Reducción de la sanción del artículo 81 del Código, por reparación del incumplimiento material. A los efectos de las reducciones dispuestas en los incisos b) y c) del artículo 88 del Código, para la aplicación de la sanción por la infracción del artículo 81 del Código, se entenderá reparado el incumplimiento:

1) Tratándose del inciso b), si antes de notificar la resolución que determina la obligación tributaria se hubiere manifestado conformidad, total o parcial, con la propuesta de regularización y se hubiere ingresado el importe correspondiente dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de tal manifestación, en que se entiende dictada la liquidación o en su defecto, se hubiere obtenido dentro de ese mismo plazo un aplazamiento o fraccionamiento de pago.

2) Tratándose del inciso c), habiéndose notificado la resolución que determina la obligación tributaria y dentro del plazo para recurrirla, el sujeto pasivo presente un oficio en el que consten los hechos que acepta e ingrese el importe correspondiente dentro de los treinta días hábiles siguientes o en su defecto, hubiere obtenido dentro de ese mismo plazo, un aplazamiento o fraccionamiento de pago.

Sin perjuicio de lo anterior, para que proceda la reducción del cincuenta y cinco por ciento (55%) dispuesta en el inciso b) o del treinta por ciento (30%) dispuesta en el inciso c), ambos del artículo 88 del Código, el sujeto fiscalizado debe autoliquidar y pagar la sanción dentro del mismo plazo.

El sujeto fiscalizado debe informar los pagos realizados a los funcionarios actuantes, presentándoles los modelos oficiales en el que conste la cancelación del monto regularizado o la obtención del aplazamiento o fraccionamiento, así como la autoliquidación y pago de la sanción.

Artículo 160.- Disconformidad con la propuesta de regularización. La disconformidad es una manifestación voluntaria del sujeto fiscalizado de desacuerdo con la propuesta de regularización que le han formulado los órganos actuantes. Tendrá carácter total cuando la disconformidad abarque todos los conceptos incluidos en aquella propuesta y carácter parcial, cuando manifieste desacuerdo sólo sobre algunos de los conceptos de la propuesta.

Se entenderá puesta de manifiesto la disconformidad cuando el sujeto fiscalizado:

a. Lo indique expresamente, en la misma audiencia final o dentro de los cinco días hábiles posteriores a su celebración.

b. No comparezca, sin causa justificada, a la audiencia final en la fecha fijada.

c. No comparezca dentro de los cinco días hábiles referidos en el artículo 156 del presente Reglamento.

En los dos últimos supuestos, los órganos o funcionarios actuantes deberán levantar un acta en la que se haga constar esta circunstancia.

En los casos en que el sujeto fiscalizado manifieste disconformidad total o parcial con la propuesta, según lo establecido previamente, se continuará con la notificación del traslado de cargos u observaciones al sujeto pasivo.

Artículo 161. Traslado de cargos u observaciones. Para efectos del procedimiento fiscalizador, en los casos en que se determine una diferencia de impuesto a cargo del sujeto pasivo, si el sujeto manifiesta disconformidad total o parcial con los resultados del proceso de comprobación e investigación, se deberá emitir un documento en el que se le informen y trasladen los cargos, hechos y fundamentos propios de la determinación de oficio.

La emisión y notificación del traslado de cargos u observaciones determinativo deberá realizarse dentro del plazo máximo de un mes, el cual se computa a partir de la manifestación de disconformidad, total o parcial.

Los funcionarios de fiscalización extenderán los traslados de cargos u observaciones en los modelos oficiales de la Administración Tributaria, los cuales deberán ser firmados por el funcionario encargado del estudio y su superior jerárquico inmediato.

Artículo 162.- Impugnación por el sujeto pasivo. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de notificación del traslado que menciona el artículo 161 de este Reglamento, el sujeto pasivo puede impugnar por escrito, o por los medios que establezca la Administración Tributaria, las observaciones o cargos formulados, debiendo en tal caso especificar los hechos y las normas jurídicas en que fundamenta su reclamo y alegar las defensas que considere pertinentes con respecto a los hechos que se le atribuyan, proporcionando u ofreciendo las pruebas respectivas.

Vencido el plazo indicado, no cabe ninguna impugnación. En caso de presentarse la impugnación de forma extemporánea, la misma será rechazada ad portas, quedando posibilitado el obligado tributario a presentar sus alegatos en las etapas recursivas subsecuentes. La Administración Tributaria deberá poner en conocimiento al interesado, notificando el carácter extemporáneo de la impugnación presentada.

El contribuyente podrá pagar bajo protesta, el monto del tributo, junto con los intereses respectivos.

Artículo 163.- Resolución que determina de oficio la obligación tributaria. Interpuesta o no la impugnación dentro del plazo de diez días hábiles establecido en el artículo 162 de este Reglamento, el Gerente y Subgerente de la Administración Tributaria Territorial competente, o el Director y Subdirector de la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales, o el Director y Subdirector de la Dirección de Fiscalización deberán dictar y firmar en forma conjunta la resolución que determina la obligación tributaria.

La Administración Tributaria deberá dictar y notificar la resolución al sujeto pasivo dentro los dos meses siguientes al vencimiento del plazo para interponer la impugnación, se haya interpuesto o no la misma.

Para efectos de la Administración Tributaria, este plazo será ordenatorio, debiendo notificarse la resolución, aun vencido este plazo.

La resolución deberá atenerse a lo dispuesto en el artículo 147 del Código e indicarle al sujeto pasivo los recursos que procedan contra la misma.

Artículo 164.- Reducción de la sanción del artículo 81 del Código, por regularización posterior a la disconformidad con la propuesta de regularización. Procede la reducción de la sanción regulada en el artículo 88 inciso b) del Código, en aquellos casos en que el sujeto pasivo, luego de haber manifestado su disconformidad con toda o parte de la propuesta de regularización, pero antes de la notificación de la resolución que determina la obligación, repare su incumplimiento en los términos indicados en el numeral 1 del artículo 159 de este Reglamento.

La reducción establecida en el inciso c) del artículo 88 del Código, procede cuando habiéndose notificado la resolución que determina la obligación dispuesta por el artículo 163 de este Reglamento, y dentro del plazo de treinta días establecido para recurrirlo, el obligado tributario repare su incumplimiento en los términos indicados en el numeral 2) del artículo 159 de este Reglamento.

En uno u otro caso, el sujeto fiscalizado debe informar los pagos realizados a los funcionarios actuantes, presentándoles los modelos oficiales en los que conste la cancelación de la deuda reparada o la obtención del aplazamiento o fraccionamiento, así como la autoliquidación y pago de la sanción.

Artículo 165.- Conclusión de la actuación con aumento de saldo a favor o con reducción de las cuotas tributarias originalmente declaradas. Bajo el supuesto de que las actuaciones fiscalizadoras hubieren concluido con un aumento del saldo a favor o con una reducción de las cuotas tributarias originalmente declaradas por el sujeto fiscalizado, se hará constar ese hecho en el acta de la audiencia final y se procederá a emitir la liquidación de oficio del crédito para su registro.

Si el sujeto pasivo no estuviere de acuerdo con el aumento del saldo a favor o con la reducción de las cuotas tributarias originalmente declaradas, los funcionarios actuantes deben emitir un informe dentro de los diez días hábiles siguientes contados a partir de la firma del acta de conclusión de la audiencia final. En ese informe se detallará:

1) El impuesto y período fiscal objeto de inspección.

2) Los hechos, las pruebas y los fundamentos jurídicos que motivan la reducción en la cuantía de la obligación tributaria o el saldo a favor.

El informe será suscrito por los funcionarios que realizaron las actuaciones de comprobación e investigación y el jefe inmediato.

Artículo 166.- Expediente administrativo de la actuación de comprobación e investigación. La actuación debe documentarse en actas de fiscalización, requerimientos de información, hojas de trabajo elaboradas por el funcionario a cargo, documentación aportada por el sujeto inspeccionado o por terceros y cualquier otro documento que se requiera para respaldar dichas actuaciones.

Tales documentos deben consignarse en un expediente administrativo y en expedientes accesorios, cuando proceda, numerarlos en forma consecutiva.

El expediente administrativo y los expedientes accesorios contendrán todos aquellos elementos probatorios que sustentan la fiscalización realizada por la Administración Tributaria.

El sujeto pasivo tendrá derecho a acceder al expediente y a obtener copias a su costo, personalmente o a través de un tercero debidamente autorizado, una vez celebrada la audiencia final, en la cual se concluye la etapa de investigación y comprobación del proceso.

En caso de autorizar a un tercero, deberá presentarse una nota formal suscrita por el obligado tributario y debidamente autenticada.

Artículo 167.- Efecto de la determinación sobre otros impuestos o períodos. Si la actuación realizada comprende varios impuestos o períodos impositivos y los aumentos determinados implican disminuciones en otros impuestos o períodos respecto al mismo sujeto inspeccionado, las modificaciones respectivas se efectuarán cuando los aumentos determinados adquirieran firmeza en la vía administrativa. Todo lo anterior, sin perjuicio del derecho que le asiste de rectificar si así lo estimara, las declaraciones tributarias de otros impuestos y períodos que se vieran afectados y no estuvieren comprendidos dentro de los inspeccionados.

Artículo 168.- Interposición de recursos ordinarios. Contra la resolución que determina la obligación tributaria a que se refiere el artículo 163 de este Reglamento, el sujeto pasivo podrá interponer los recursos a que se refieren los artículos 84 y siguientes del presente Reglamento.

Artículo 169.- Actuaciones en materia de delitos contra la Hacienda Pública. Si en el procedimiento de comprobación e investigación de la obligación tributaria se estima que las irregularidades detectadas pudieran ser constitutivas del delito de Fraude a la Hacienda Pública, se procederá de conformidad con el artículo 90 del Código, presentando la correspondiente denuncia penal. Una vez presentada la denuncia la Administración Tributaria tendrá un mes para comunicarlo al sujeto pasivo, mediante el modelo que se establezca para esos efectos.

Salvo que transcurra el plazo de cinco años establecido en el artículo 90 del Código, si la denuncia penal fuere desestimada o sobreseída, la Administración Tributaria continuará con el procedimiento de comprobación e investigación de la obligación tributaria. Asimismo, iniciará o continuará el procedimiento sancionador administrativo.

Las regulaciones de esta sección, deberán ser aplicadas por todos los órganos de la Administración Tributaria, que en el ejercicio de sus competencias encuentren irregularidades que pudieran constituir el delito establecido en el artículo 90 del Código.

Artículo 173.- Calificación unitaria de la infracción.

1) Según lo dispuesto en el artículo 81 apartado 3 del Código, se calificarán como graves las infracciones cometidas mediante la ocultación de datos a la Administración Tributaria y como muy graves aquellas en las que se hubieren utilizado medios fraudulentos. Todas las demás se tendrán como leves.

2) Cada infracción tributaria establecida en el artículo 81, apartado 1, incisos a), b), c), y d) del Código, se califica de forma unitaria como grave, muy grave o leve, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del mismo artículo y el apartado 1 de este artículo reglamentario.

3) Conforme a lo anterior, cuando en una determinación de oficio de la obligación tributaria se aprecie simultáneamente la concurrencia de ocultación de datos, medios fraudulentos o cualquier otra circunstancia determinante de la calificación de la infracción, se analizará la incidencia que cada una de estas circunstancias tiene sobre la base de la sanción, a efectos de determinar la calificación que proceda. Una vez calificada como grave, muy grave o leve, la infracción se considerará única y el porcentaje de sanción que corresponda se aplicará sobre toda la base de la sanción.

Artículo 179.- Emisión del certificado de adeudo.

1) Una vez vencido el plazo de quince días hábiles establecido en el artículo 192 del Código, dentro de los nueve meses siguientes a la expiración del plazo legal de pago, la Administración Tributaria certificará las deudas impagas por concepto de tributos y sanciones administrativas y remitirá el certificado de inmediato al fiscal de cobro para los efectos de ejercer la respectiva acción judicial o extrajudicial de cobro.

2) No deben certificarse los créditos fiscales originados en tributos regulados por el Código, sus intereses y recargos que hayan sido objeto de impugnación por el interesado en el trámite administrativo, hasta tanto el Tribunal Fiscal Administrativo no haya dictado resolución y, tratándose de multas, no exista sentencia ejecutoria.

La Administración Tributaria certificará las deudas impagas una vez que las mismas se encuentren firmes en sede administrativa.

3) Las certificaciones de adeudo expedidas por las oficinas señaladas en este artículo, deberán ser firmadas por los gerentes de las Administraciones Tributarias Territoriales o el Director de Grandes Contribuyentes Nacionales. Tendrán el carácter de título ejecutivo suficiente para iniciar el cobro judicial.

4) Para efectos de la responsabilidad solidaria, la Administración Tributaria emitirá un único certificado de adeudo que incluya a todos o algunos de los deudores solidarios, cuando se les haya instado previamente al pago, conforme al artículo 192 del Código.

Artículo 185.- Ejecución de la garantía. En caso de incumplimiento de la facilidad de pago, la Administración Tributaria procederá de inmediato de ejecutar la garantía, de conformidad con las normas legales que rigen la materia.

Una vez ejecutada la garantía, en caso de existir una diferencia entre el monto garantizado y el liquidado al momento de ejecución de la garantía, generará, en caso de ser menor, una deuda por concepto de principal a cargo del obligado tributario, y en caso de ser mayor, un crédito que será puesto a disposición del interesado.

Artículo 191.- Notificación del requerimiento de pago. En caso de no haber sido notificado previamente, la Administración Tributaria notificará al interesado el requerimiento de pago que regula el artículo 192 del Código, como requisito previo a la resolución de facilidad de pago.

Artículo 214.- Suspensión de las solicitudes de devolución e incidencia del procedimiento de comprobación o de control tributario.

1. Si en el proceso de análisis de las solicitudes de devolución se determinan, para el impuesto y período fiscal en que se originó el crédito, elementos que ameriten el inicio de una actuación de control tributario tendiente a la liquidación previa o definitiva de la obligación tributaria del sujeto pasivo, el órgano actuante podrá suspender el trámite de la solicitud de devolución para recomendar ante los órganos de control tributario el inicio de actuaciones orientadas a la determinación de oficio de la obligación tributaria, notificando al interesado sobre la suspensión.

Si en el transcurso de treinta días hábiles no se notifica el inicio de la actuación de comprobación al contribuyente, se continuará con el trámite respectivo, sin perjuicio de que posteriormente el órgano de control tributario realice la determinación de oficio de la obligación tributaria.

2. Si se da inicio a la actuación de comprobación dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, en el caso del trámite de una solicitud de devolución, la Administración Tributaria procederá a notificar al interesado la suspensión del procedimiento, el cual se resolverá una vez que adquiera firmeza lo resuelto en el procedimiento de comprobación.

Dicha suspensión no interrumpe la generación de los intereses que legalmente correspondan a favor del solicitante, cuando se compruebe la existencia del crédito.

3. Cuando se haya iniciado previamente una actuación de control tributario tendiente a la liquidación previa o definitiva de la obligación tributaria para el impuesto y período fiscal en que se originó el crédito, la solicitud de devolución se suspenderá conforme lo indicado en el numeral 2 de este artículo.

4. En todos los casos en que se determine, ya sea en el procedimiento de devolución o en el de comprobación o de control tributario, la inexistencia, en todo o en parte del monto del crédito solicitado, se aplicará la sanción establecida en el inciso c) del artículo 81 del Código.

Artículo 268.- Procedimiento sancionador aplicable por las Direcciones Funcionales. En los casos en que a las Direcciones Técnico Normativas se les asigne competencia para llevar a cabo actuaciones de control directamente frente a determinados sujetos pasivos y otros obligados tributarios, estas deberán realizar el procedimiento sancionador si se presenta un incumplimiento por parte del obligado tributario ante la actuación de control que se le haya notificado previamente.

Tratándose de infracciones administrativas por incumplimiento de deberes formales, la Dirección competente iniciará el procedimiento sancionador mediante una propuesta motivada que emitirán los funcionarios actuantes en ese órgano, indicando la infracción que se presume, la cual se notificará al interesado y se le otorgará el plazo de diez días hábiles para que ejerza su derecho de defensa.

Dentro del plazo citado en el párrafo anterior, el supuesto infractor puede impugnar por escrito, o por los medios electrónicos que establezca la Administración Tributaria, la propuesta motivada formulada por los órganos actuantes, debiendo en tal caso especificar los hechos y las normas jurídicas en que fundamenta su reclamo, y alegar las defensas que considere pertinentes con respecto a las infracciones que se le atribuyan, proporcionando u ofreciendo las pruebas respectivas.

Vencido el plazo para impugnar, y presentada o no la impugnación contra la propuesta motivada, el Director y Subdirector competente deberán dictar y firmar en forma conjunta la resolución imponiendo la sanción, si así corresponde, dentro de los cinco días hábiles siguientes. La resolución debe estar debidamente fundamentada y cumplir con los requisitos que le sean aplicables del artículo 147 del Código.

Contra esa resolución podrán interponerse los recursos establecidos en el artículo 150 del Código.

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