SECCIÓN III
ANÁLISIS DE CONCENTRACIONES Y CONDICIONES
ARTÍCULO 101- Análisis de concentraciones
Serán aprobadas por el Órgano Superior de la autoridad de competencia correspondiente
las concentraciones que no tengan como objeto o efecto previsible obstaculizar
de forma significativa la competencia en el mercado relevante afectado por la
transacción, o en otros mercados similares o sustancialmente relacionados.
Los indicios para determinar cuándo una concentración puede obstaculizar
de forma significativa la competencia, serán definidos por las autoridades
mediante reglamento ejecutivo de la presente ley.
La valoración de la autoridad de competencia correspondiente considerará
la creación o el refuerzo del poder sustancial, si se posibilita la
coordinación entre agentes económicos y si se generan resultados adversos para
los consumidores.
En el análisis de las concentraciones, la autoridad de competencia
correspondiente utilizará los criterios establecidos en la Ley N.° 7472,
Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, de 20 de
diciembre de 1994 y sus reglamentos, relacionados con la determinación del
mercado relevante y con la existencia del poder sustancial en este.
Si se determina que la concentración tiene el objeto o efecto
anteriormente indicado, la autoridad de competencia correspondiente, para
aprobarla, deberá valorar:
a) Si la concentración es necesaria para desarrollar eficiencias, según
se establece en el último párrafo del artículo 12 de la Ley N.° 7472, Promoción
de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, de 20 de diciembre de 1994
y sus reglamentos, cuyos beneficios sean superiores a los efectos
anticompetitivos.
b) Si la concentración es necesaria para evitar la salida del mercado de
activos productivos de uno de los agentes económicos participantes en la concentración,
como sería el caso de una situación financiera insostenible.
c) Si los efectos anticompetitivos pueden ser contrarrestados por las condiciones
impuestas por el Órgano Superior correspondiente.
d) Cualquier otra circunstancia que a juicio del Órgano Superior
respectivo proteja los intereses de los consumidores nacionales.