N° 42382-MOPT-S
(Nota de Sinalevi:
Mediante el artículo 10 del decreto ejecutivo N° 42410 del 19 de junio del
2020, “Restricción temporal del tránsito vehicular en el territorio nacional para
prevenir la propagación del COVID-19”, se acordó suspender temporalmente el
presente decreto ejecutivo durante el período comprendido de las 10:00 horas
del sábado 20 de junio de 2020 hasta las 05:00 horas del 22 de junio de 2020,
inclusive)
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES Y
EL MINISTRO DE SALUD
En ejercicio de las facultades y atribuciones conferidas en los
artículos 21, 50, 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los
artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1), 28 inciso 2) acápite b) de la Ley General
de la Administración Pública número 6227 del 2 de mayo de 1978; los artículos
4, 6, 7, 147, 160, 177, 337, 338, 340, 341, 355 y 356 de la Ley General de
Salud, Ley número 5395, del 30 de octubre de 1973; los artículos 2 inciso b),
c) y e) y 57 de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, Ley número 5412, del
08 de noviembre de 1973; los artículos 95 bis, 136 inciso d), 145 inciso dd) y
151 inciso k) de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad
Vial, Ley número 9078 del 4 de octubre de 2012 y sus reformas; el Decreto
Ejecutivo número 42227-MP-S del 16 de marzo de 2020; y,
CONSIDERANDO:
I. Que los artículos 21 y 50 de la Constitución Política regulan los
derechos fundamentales a la vida y salud de las personas, así como el bienestar
de la población, que se constituyen en bienes jurídicos de interés público que
el Estado está obligado a proteger, mediante la adopción de medidas que les
defiendan de toda amenaza o peligro.
II. Que los artículos 1, 4, 6, 7, 337, 338, 340, 341, 355 y 356 de la Ley
General de Salud, Ley número 5395, del 30 de octubre de 1973, y 2 inciso b) y
c) y 57 de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, Ley número 5412 del 08 de
noviembre de 1973, regulan la obligación de protección de los bienes jurídicos
de la vida y la salud pública por parte del Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Salud.
Asimismo, la salud de la población es un bien de interés público
tutelado por el Estado, y que las leyes, reglamentos y disposiciones
administrativas relativas a la salud son de orden público, por lo que en caso
de conflicto prevalecen sobre cualesquiera otras disposiciones de igual validez
formal.
III. Que, desde enero del año 2020, las autoridades de salud activaron los
protocolos de emergencia epidemiológica sanitaria internacional por el brote de
un nuevo coronavirus en China. La alerta de la Organización Mundial de la Salud
del día 30 de enero de 2020 se generó después de que se detectara en la ciudad
de Wuhande la Provincia de Hubei, en China, un nuevo tipo de coronavirus que ha
provocado fallecimientos en diferentes países del mundo. Los coronavirus son
una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el
resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus
causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio, el que ocasiona el
síndrome respiratorio agudo severo y el que provoca el COVID-19.
IV. Que, en razón de lo anterior, desde enero del año 2020, el Poder
Ejecutivo ha activado diversos protocolos para enfrentar la alerta
epidemiológica sanitaria internacional, con el fin de adoptar medidas
sanitarias para disminuir el riesgo de impacto en la población que reside en
Costa Rica.
V. Que el día 06 de marzo de 2020 se confirmó el primer caso de COVID-19 en
Costa Rica, luego de los resultados obtenidos en el Instituto Costarricense de
Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud. A partir de esa fecha han
aumentado los casos debidamente confirmados.
VI. Que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud elevó la
situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia
internacional. La rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e
internacional, requiere la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer
frente a esta coyuntura. Las circunstancias extraordinarias que concurren
constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme
magnitud tanto por el muy elevado número de personas afectadas como por el
extraordinario riesgo para su vida y sus derechos.
VII. Que mediante el Decreto Ejecutivo número 42227-MP-S del 16 de marzo de
2020, se declaró estado de emergencia nacional en todo el territorio de la
República de Costa Rica, debido a la situación de alerta sanitaria provocada
por la enfermedad COVID-19.
VIII. Que el ordinal 22 de la Constitución Política consagra el derecho humano
que posee toda persona de trasladarse y permanecer en el territorio nacional.
Se trata de la libertad de tránsito, entendida como la libertad de movimiento,
traslado y permanencia en cualquier punto de la República; no obstante, dicho
derecho fundamental no eleva al rango constitucional el elemento de movilizarse
en un medio de transporte particular. El núcleo duro de dicho derecho radica en
garantizar a las personas la posibilidad de trasladarse libremente en el
territorio nacional. Bajo ese entendido, se deduce que existe la opción de
aplicar medidas de restricción temporal para la conducción de un vehículo
automotor durante un horario determinado sin que ello constituya un quebranto o
amenaza a la libertad de tránsito.
IX. Que de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley de Administración
Vial, Ley número 6324 del 24 de mayo de 1979, en armonía con Ley de Tránsito
por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, Ley número 9078 del 4 de octubre
de 2012, disponen que corresponde al Poder Ejecutivo, mediante el Ministerio de
Obras Públicas y Transportes, regular lo concerniente al tránsito de vehículos
en las vías públicas terrestres de Costa Rica.
X. Que el artículo 95 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y
Seguridad Vial, estipula que “(…)“El Poder Ejecutivo
podrá establecer restricciones a la circulación vehicular, por razones de
oportunidad, de conveniencia, de interés público, regional o nacional,
debidamente fundamentadas, conforme se establezca reglamentariamente (…)”. Sin embargo, de forma más específica a través de la Ley número 9838 del 3 de abril
de 2020, se reformó la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad
Vial, siendo que se agregó el artículo 95 bis, el cual consigna
que “El
Poder Ejecutivo podrá establecer, en todas las vías públicas
nacionales o cantonales del territorio nacional, restricciones a la circulación
vehicular por razones de emergencia nacional decretada previamente.
La restricción de circulación vehicular se señalará vía decreto
ejecutivo, indicando las áreas o zonas, días u horas y las excepciones en las
cuales se aplicará. (…)”.
XI. Que indudablemente, la facultad reconocida en los numerales supra citados
responde a una relación de sujeción especial que el ordenamiento jurídico
dispone como categoría jurídica particular en el vínculo sostenido entre la
Administración Pública y las personas administradas para el mejoramiento y
fortalecimiento de la función pública. En el presente caso, la restricción
vehicular es una acción derivada de ese régimen para atender y proteger un bien
jurídico preponderante como lo es la salud pública y con ello, el bienestar
general, bajo criterios objetivos, razonables y proporcionales.
XII. Que ante la situación epidemiológica actual por el COVID-19, en el
territorio nacional y a nivel internacional, el Poder Ejecutivo está llamado a
mantener los esfuerzos y fortalecer, con apego a la normativa vigente, las
medidas de prevención por el riesgo en el avance de dicho brote que, por las
características del virus resulta de fácil transmisión mayormente con síntomas,
pero también en personas sin síntomas manifiestos, lo cual representa un factor
de aumento en el avance del brote por COVID-19, provocando una eventual
saturación de los servicios de salud y la imposibilidad de atender
oportunamente a aquellas personas que enfermen gravemente.
XIII. Que, como parte de los elementos analizados en el contexto vigente del
estado de emergencia nacional, se encuentra innegablemente el factor de riesgo
a una mayor exposición al COVID-19 que enfrentan ciertas regiones del país
debido a su ubicación geográfica. Determinados cantones del territorio nacional
son más vulnerables a la propagación del COVID-19 con ocasión de su proximidad
o vínculo de conexión terrestre con las fronteras, particularmente en relación
con la frontera norte del país. Pese a los vastos esfuerzos de las autoridades
competentes para ejercer los controles migratorios, existen algunos puntos en
la línea limítrofe referida –principalmente, por
razones geológicas- que influyen en el ingreso ilegal de las personas extranjeras
al país. Tal hecho implica que estas personas migrantes se movilicen hacia
puntos específicos de la zona norte vía terrestre y dado que su ingreso no se
realiza con el requerido control o siguiendo las medidas sanitarias en materia
migratoria, surge un grado elevado de riesgo de exposición y propagación en
dichas regiones. De ahí que sea necesario adaptar la medida de restricción
vehicular nocturna con mayor rigurosidad en las zonas requeridas para mitigar
del avance del COVID-19 y así, proteger la salud de la población.
XIV. Que el Poder Ejecutivo, mediante la presente medida de restricción
vehicular, procura un adecuado control de la presencia del COVID-19 en los
cantones respectivos, ya que dicha medida permite disminuir la exposición de
las personas a la transmisión de dicha enfermedad. Dado que persiste la
necesidad de resguardar la salud de la población y evitar la saturación de los
servicios de salud, en especial las unidades de cuidados intensivos, el Poder
Ejecutivo debe tomar acciones específicas para disminuir el aumento en la
propagación del COVID-19 y, por ende, se procede a emitir la presente medida de
mitigación.
Por tanto,
DECRETAN
RESTRICCIÓN VEHICULAR NOCTURNA CON FRANJA HORARIA DIFERENCIADA EN
DETERMINADOS CANTONES DEL PAÍS ANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL
POR EL COVID-19
ARTÍCULO 1°.-Objetivo. La presente medida de restricción vehicular
nocturna con franja horaria diferenciada para determinados cantones del
país, se realiza con el objetivo de fortalecer las acciones para mitigar
la propagación y el daño a la salud pública ante los efectos del COVID-19, debido
al incremento de focos epidemiológicos que se presentan por esta enfermedad.
Asimismo, esta medida se adopta como parte del estado de emergencia
nacional declarado mediante el Decreto Ejecutivo número 42227-MP-S del 16 de
marzo de 2020 y en procura del bienestar de todas las personas que habitan en
los cantones determinados, así como en el territorio costarricense.