N°
42525-MOPT-S
(Nota
de Sinalevi: Mediante resolución N° 552-2020 del 3 de noviembre del 2020 del
Tribunal Procesal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, se ordenó la
suspension de este decreto ejecutivo en lo que respecta a la restricción vehicular.
Asimismo se indica en la sentencia en mención
que esta medida cautelar queda condicionada a que se cumpla lo
establecido en el numeral 26, del CPCA, que en lo que interesa dice: "Art.
26. 1) (...). 2) En caso de que la medida cautelar sea concedida, la demanda
deberá presentarse en el plazo de quince días, contados a partir del día
siguiente de la notificación del auto que la acoge; de lo contrario, se
ordenará su levantamiento y se condenará a la parte solicitante al pago de los
daños y perjuicios causados, los cuales se liquidarán por el trámite de
ejecución sentencia.", lo cual
deberá realizarse bajo este mismo número de expediente esta de medida
cautelar.)
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES Y
EL MINISTRO DE SALUD
En ejercicio de las facultades y atribuciones conferidas en los
artículos 21, 50, 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los
artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1), 28 inciso 2) acápite b) de la Ley General
de la Administración Pública número 6227 del 2 de mayo de 1978; los artículos
4, 6, 7, 147, 160, 177, 337, 338, 340, 341, 355 y 356 de la Ley General de
Salud, Ley número 5395, del 30 de octubre de 1973; los artículos 2 inciso b),
c) y e) y 57 de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, Ley número 5412, del
08 de noviembre de 1973; los artículos 95 bis, 136 inciso d), 145 inciso dd) y
151 inciso k) de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad
Vial, Ley número 9078 del 4 de octubre de 2012 y sus reformas; el Decreto
Ejecutivo número 42227-MP-S del 16 de marzo de 2020; y,
CONSIDERANDO:
I. Que los artículos 21 y 50 de la Constitución Política regulan los
derechos fundamentales a la vida y salud de las personas, así como el bienestar
de la población, que se constituyen en bienes jurídicos de interés público que
el Estado está obligado a proteger, mediante la adopción de medidas que les
defiendan de toda amenaza o peligro.
II. Que los artículos 1, 4, 6, 7, 337, 338, 340, 341, 355 y 356 de la Ley
General de Salud, Ley número 5395, del 30 de octubre de 1973, y 2 inciso b) y
c) y 57 de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, Ley número 5412 del 08 de
noviembre de 1973, regulan la obligación de protección de los bienes jurídicos
de la vida y la salud pública por parte del Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Salud. Asimismo, la salud de la población es un bien de interés
público tutelado por el Estado, y que las leyes, reglamentos y disposiciones
administrativas relativas a la salud son de orden público, por lo que en caso
de conflicto prevalecen sobre cualesquiera otras disposiciones de igual validez
formal.
III. Que desde enero del año 2020, las autoridades de salud activaron los
protocolos de emergencia epidemiológica sanitaria internacional por el brote de
un nuevo coronavirus en China. La alerta de la Organización Mundial de la Salud
del día 30 de enero de 2020 se generó después de que se detectara en la ciudad de
Wuhan de la Provincia de Hubei, en China, un nuevo tipo de coronavirus que ha
provocado fallecimientos en diferentes países del mundo. Los coronavirus son
una amplia familia de virus que pueden causar N° 42525-MOPT-S diversas
afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre
con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio, el que
ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo y el que provoca el COVID-19.
IV. Que en razón de lo anterior, desde enero del año 2020, el Poder
Ejecutivo ha activado diversos protocolos para enfrentar la alerta
epidemiológica sanitaria internacional, con el fin de adoptar medidas
sanitarias para disminuir el riesgo de impacto en la población que reside en
Costa Rica.
V. Que el día 06 de marzo de 2020 se confirmó el primer caso de COVID-19 en
Costa Rica, luego de los resultados obtenidos en el Instituto Costarricense de
Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud. A partir de esa fecha han
aumentado los casos debidamente confirmados.
VI. Que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud elevó la
situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia
internacional. La rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e
internacional, requiere la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer
frente a esta coyuntura. Las circunstancias extraordinarias que concurren
constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme
magnitud tanto por el muy elevado número de personas afectadas como por el
extraordinario riesgo para su vida y sus derechos.
VII. Que mediante el Decreto Ejecutivo número 42227-MP-S del 16 de marzo de
2020, se declaró estado de emergencia nacional en todo el territorio de la
República de Costa Rica, debido a la situación de alerta sanitaria provocada
por la enfermedad COVID-19.
VIII. Que el ordinal 22 de la Constitución Política consagra el derecho humano
que posee toda persona de trasladarse y permanecer en el territorio nacional.
Se trata de la libertad de tránsito, entendida como la libertad de movimiento,
traslado y permanencia en cualquier punto de la República; no obstante, dicho
derecho fundamental no eleva al rango constitucional el elemento de movilizarse
en un medio de transporte particular. El núcleo duro de dicho derecho radica en
garantizar a las personas la posibilidad de trasladarse libremente en el
territorio nacional. Bajo ese entendido, se deduce que existe la opción de
aplicar medidas de restricción temporal para la conducción de un vehículo
automotor durante un horario determinado sin que ello constituya un quebranto o
amenaza a la libertad de tránsito.
IX. Que de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley de Administración
Vial, Ley número 6324 del 24 de mayo de 1979, en armonía con Ley de Tránsito
por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, Ley número 9078 del 4 de octubre
de 2012, disponen que corresponde al Poder Ejecutivo, mediante el Ministerio de
Obras Públicas y Transportes, regular lo concerniente al tránsito de vehículos
en las vías públicas terrestres de Costa Rica.
X. Que el artículo 95 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y
Seguridad Vial, estipula que “(…)“El Poder Ejecutivo
podrá establecer restricciones a la circulación vehicular, por razones de oportunidad,
de conveniencia, de interés público, regional o nacional, debidamente
fundamentadas, conforme se establezca reglamentariamente (…)”. Sin embargo, de forma más específica a través de la Ley número 9838 del 3 de abril
de 2020, se reformó la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad
Vial, siendo que se agregó el artículo 95 bis, el cual
consigna que “El Poder Ejecutivo podrá establecer, en todas las vías públicas
nacionales o cantonales del territorio nacional, restricciones a la circulación
vehicular por razones de emergencia nacional decretada previamente. La
restricción de circulación vehicular se señalará vía decreto ejecutivo,
indicando las áreas o zonas, días u horas y las excepciones en las cuales se
aplicará. (…)”.
XI. Que indudablemente, la facultad reconocida en los numerales supra citados
responde a una relación de sujeción especial que el ordenamiento jurídico
dispone como categoría jurídica particular en el vínculo sostenido entre la
Administración Pública y las personas administradas para el mejoramiento y
fortalecimiento de la función pública. En el presente caso, la restricción
vehicular es una acción derivada de ese régimen para atender y proteger un bien
jurídico preponderante como lo es la salud pública y con ello, el bienestar
general, bajo criterios objetivos, razonables y proporcionales.
XII. Que ante la situación epidemiológica actual por el COVID-19 en el
territorio nacional y a nivel internacional, el Poder Ejecutivo está llamado a
mantener los esfuerzos y fortalecer, con apego a la normativa vigente, las
medidas de prevención por el riesgo en el avance de dicho brote que, por las
características del virus resulta de fácil transmisión mayormente con síntomas,
pero también en personas si n síntomas manifiestos, lo cual representa un
factor de aumento en el avance del brote por COVID-19, provocando una eventual
saturación de los servicios de salud y la imposibilidad de atender
oportunamente a aquellas personas que enfermen gravemente.
XIII. Que luego de realizar una análisis de la situación epidemiológica actual
por COVID-19 en el territorio nacional, el Poder Ejecutivo considera pertinente
ajustar la franja horaria de la medida de la restricción vehicular diurna
establecida el Decreto Ejecutivo número 42295-MOPT-S del 11 de abril de 2020,
como parte de las acciones esenciales para mitigar los efectos del COVID-19 y
así, procurar un adecuado control de la presencia de dicha enfermedad en el
territorio nacional, ya que dicha medida permite disminuir la exposición de las
personas a la transmisión de dicha enfermedad. Ante la necesidad urgente de
resguardar la salud de la población y evitar la saturación de los servicios de
salud, en especial las unidades de cuidados intensivos, el Poder Ejecutivo debe
tomar acciones específicas para disminuir el aumento en la propagación del
COVID-19 y por ende, se procede a prorrogar la presente medida de mitigación.
Por tanto,
DECRETAN
REFORMA AL DECRETO EJECUTIVO NÚMERO 42295-MOPT-S DEL 11 DE ABRIL DE
2020, DENOMINADO RESTRICCIÓN VEHICULAR DIURNA ANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA NACIONAL EN TODO EL TERRITORIO COSTARRICENSE POR EL COVID-19
ARTÍCULO 1°.- Objetivo.
La presente reforma a la medida de restricción vehicular emitida en el
Decreto Ejecutivo número 42295-MOPT-S del 11 de abril de 2020, se realiza con
el objetivo de fortalecer las acciones para mitigar la propagación y el daño a
la salud pública ante los efectos del COVID-19. Asimismo, esta medida de
ampliación se adopta como parte del estado de emergencia nacional declarado
mediante el Decreto Ejecutivo número 42227-MP-S del 16 de marzo de 2020 y en
procura del bienestar de todas las personas que radican en el territorio
costarricense.