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 Normativa >> Decreto Ejecutivo 42713 >> Fecha 09/10/2020 >> Articulo 1
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Normativa - Decreto Ejecutivo 42713 - Articulo 1
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Artículo 1
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N° 42713-MEIC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA

Y COMERCIO

De conformidad con las facultades y atribuciones que les conceden los artículos 140 incisos 3), 8), 18) y 20); y 146 de la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1) y 28 inciso 2), acápite b) de la Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978 y la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley Nº 7472 del 20 de diciembre de 1994.

Considerando:

I.—Que el artículo 46 de la Constitución Política estableció como derecho inalienable de los consumidores la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a un trato equitativo.

II.—Que el 20 de diciembre de 1994 se promulgó la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley Nº 7472, publicada en La Gaceta Nº 14 del 19 de enero de 1995.

III.—Que mediante Decreto Ejecutivo Nº 37899-MEIC del 08 de julio del 2013, publicado en el La Gaceta Nº 182 del 23 de setiembre del 20013, se emite el Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor con el fin de alcanzar, de una mejor manera los objetivos de la Ley Nº 7472.

IV.—Que mediante Directriz número 073-S-MTSS del 09 de marzo de 2020, Sobre las medidas de atención y coordinación interinstitucional ante la alerta sanitaria por Coronavirus (COVID-19), se dispuso la implementación temporal de la modalidad de teletrabajo en las instituciones públicas, como medida complementaria y necesaria ante la alerta por coronavirus, mediante procedimientos expeditos, según los lineamientos y recomendaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

V.—Que, mediante el Decreto Ejecutivo N° 42227-MP-S del 16 de marzo del 2020, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 51 del 16 de marzo del 2020, Alcance N° 46, se declara Estado de Emergencia Nacional en todo el territorio de la República de Costa Rica, debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19.

VI.—Que ante el estado de emergencia nacional, las diferentes instancias públicas deben asegurar lo establecido en el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978, en el sentido de que la actividad de la Administración Pública debe estar sujeta a los principios fundamentales del servicio público “(….) para asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios.”

VII.—Que ante la situación epidemiológica actual del COVID-19 en el territorio nacional, así como su condición de pandemia, amerita inexorablemente que el Poder Ejecutivo refuerce, con apego a la normativa vigente, las medidas de prevención por el riesgo en el avance de dicho virus. Debido a las características de tal enfermedad, resulta de fácil transmisión mayormente con síntomas, pero también en personas sin síntomas manifiestos, lo cual representa un factor de aumento en el avance del brote y con ello, una eventual saturación de los servicios de salud y la imposibilidad de atender oportunamente a aquellas personas que enfermen gravemente.

VIII.—Que mediante la Directriz N° 077-S-MTSSMIDEPLAN del 25 de marzo del 2020, Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 60 del 25 de marzo del 2020, Alcance N° 59, se instruyó a la Administración Central, a establecer un plan de servicio básico de funcionamiento, de manera que se garantice la continuidad de aquellas tareas estrictamente necesarias para asegurar el fin público institucional. Para dichos efectos, las instituciones podrán requerir la asistencia máxima del 20% del total de su planilla.

IX.—Que, asimismo, se dispone tal proceder al tenor de las disposiciones del artículo 226.1 de la indicada Ley General de la Administración Pública, cuyo texto reza: “1. En casos de urgencia y para evitar daños graves a las personas o irreparables a las cosas, podrá prescindirse de una o de todas las formalidades del procedimiento e incluso crearse un procedimiento sustitutivo especial”.

X.—Que el artículo 56 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, señala que para establecer la sanción correspondiente, la Comisión Nacional del Consumidor debe respetar los principios del procedimiento administrativo, establecidos en la Ley General de la Administración Pública.

XI.—Que considerando la asistencia máxima de los servidores públicos en la Instituciones, esto en acatamiento de la Directriz N° 077-S-MTSS-MIDEPLAN del 25 de marzo del 2020, la Comisión Nacional del Consumidor, mediante el Acuerdo Adoptado en la Sesión virtual N° 2020-39-O de fecha 26 de mayo del 2020, tomo el siguiente acuerdo:

“1. Dar por aprobado el texto de la propuesta. 2. Se comisiona a la Unidad Técnica de Apoyo para que presente al despacho de la Sra. Ministra, la propuesta de reforma al reglamento a Ley 7472 con el fin de garantizar el acceso a la justicia administrativa, así como el adecuado trámite de las denuncias que han sido presentadas a conocimiento de esta Comisión; de modo tal que se posibilite el ejercicio de los derechos del consumidor, la realización de audiencias y la notificación de actuaciones por medios virtuales. Acuerdo de mayoría que se toma en firme. Salva el voto el Comisionado Gabriel Boyd Salas, al argumentar que el proyecto violenta el principio de inmediatez de la prueba. Comuníquese.”

XII.—Que tal y como, lo ha indicado la Procuraduría General de la República el debido proceso es la base de toda resolución- sea judicial o administrativa-, en el tanto y cuanto, garantiza el acople perfecto a la normativa vigente, en respeto absoluto de las garantías y derechos del investigado, contenido en los artículos 39 y 41 de la Constitución Política.

XIII.—Que conforme a la doctrina y jurisprudencia Constitucional, son Principios del procedimiento administrativo, y por consiguiente garantías procesales: el Debido Proceso, la Intimación e imputación, la Informalidad, la Motivación del acto administrativo, la Comunicación de los actos, la Celeridad del Proceso, la Oralidad y el Acceso al expediente administrativo.

XIV.—Que la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, N° 7472 del 19 de diciembre de 1994, establece en su artículo 32 inciso f) como un derecho del consumidor, el establecimiento de mecanismos efectivos de acceso para la tutela administrativa de sus derechos e intereses legítimos, conducente a prevenir adecuadamente, sancionar y reparar con prontitud la lesión que sufran con motivo de su relación con productores y comerciantes.

XV.—Que el artículo 55 de la Ley N° 7472, dispone que antes del inicio formal del procedimiento y cuando se trate de intereses puramente patrimoniales, se deberá convocar a una audiencia de conciliación a las partes en conflicto, en la que las partes pueden realizar sus presentaciones por cualquier medio que lo permita el Reglamento a dicha Ley.

XVI.—Que las tecnologías de información son hoy en día parte esencial y necesaria de la Administración Pública; su empleo se propicia no solo como una forma de modernización administrativa sino también como una necesidad ante el nuevo escenario que plantea la emergencia nacional. Por ello, debe buscarse la forma en que los administrados puedan beneficiarse de las tecnologías y de las comunicaciones en sus necesarios intercambios con los servicios públicos, de forma que no solo que acceda rápidamente a todas las informaciones sino que obtenga una ayuda personalizada por medios digitales de sus diferentes gestiones o trámites administrativos, de manera que evite su desplazamiento a las distintas instancias administrativas.

XVII.—Que es necesario proceder a la reforma del Decreto Ejecutivo N° 37899-MEIC del 08 de julio del 2013, Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, N° 7472, Publicado en la Diario Oficial La Gaceta N° 182 del 23 de setiembre del 2013, con la finalidad de actualizar los procedimientos a la realidad actual, a efectos de posibilitar la resolución alterna de conflictos y las comparecencias orales y privadas a partir del uso de sistemas informáticos, tales como las videoconferencias, ya que su utilización se ajusta a los principios de oralidad e inmediación; así como la maximización de la comunicación célere y expedita, que permite la utilización de medios tecnológicos para la notificación de las actuaciones dentro del procedimiento administrativo y la gestión de trámites administrativos en los procesos de ventas a plazo.

XVIII.—Que mediante aviso publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 209 del 21 de agosto de 2020, se sometió a consulta pública el presente Decreto Ejecutivo; lo anterior de conformidad con el artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública; en dicho periodo se recibieron observaciones las cuales fueron debidamente analizadas.

XIX.—Que el presente Decreto Ejecutivo, no requiere ser sometido al Análisis Regulatorio de la Dirección de Mejora Regulatoria, considerando que la propuesta no genera cargas administrativas que se impongan mediante trámites, requisitos o procedimientos por lo cual la misma no deberá de pasar por Control Previo Regulatorio por medio del Sicopre. Por tanto;

Decretan

REFORMA AL REGLAMENTO A LA LEY DE PROMOCIÓN

DE LA COMPETENCIA Y DEFENSA EFECTIVA

DEL CONSUMIDOR, N° 7472, DECRETO EJECUTIVO

N° 37899-MEIC DEL 08 DE JULIO DEL 2013, PUBLICADO

EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA N° 182 DEL 23

DE SETIEMBRE DEL 2013

Artículo 1º—Reformas. Refórmense los artículos 107 inciso e), el párrafo segundo del inciso b), del apartado de “A la reparación en garantía le aplican las siguientes reglas”, del artículo 109, el párrafo primero y el párrafo final del artículo 147, 150, el párrafo final del artículo 153, 160, 188 y 242, todos del Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, N° 7472, Decreto Ejecutivo N° 37899-MEIC del 08 de julio de 2013, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 182 del 23 de setiembre del 2013, para que en adelante se lean:

“Artículo 107.—Sobre el documento de garantía. (…)

e) Procedimiento para hacerla efectiva. El consumidor deberá poner a disposición del comerciante el artículo para el efectivo cumplimiento de su garantía, en el punto de venta en el que se adquirió o en su defecto, en cualquier otra sucursal abierta al público. Una vez recibido el artículo, el comerciante deberá entregar un diagnóstico al consumidor, en el cual se hará constar el estado general del bien y las causas del daño. En caso de que el punto de venta se encuentre temporalmente cerrado, imposibilitando que el consumidor presente un reclamo por garantía, se entenderá que puede hacerlo a partir del momento en que el punto de venta reestablezca su normal operación o habilite mecanismos alternos que le faciliten al consumidor hacer efectiva la garantía, siempre y cuando, se informe de manera suficiente y generalizada a los consumidores”.

“Artículo 109.—Reglas especiales para los casos de reparación en garantía.

(…)

A la reparación en garantía le aplican las siguientes reglas:

b) (…)

En los casos en los que aplique la excepción indicada en el párrafo anterior y el tiempo de reparación supere el plazo de quince días naturales, el comerciante deberá suministrar al consumidor un bien de características similares en calidad de préstamo, para ser utilizado durante este plazo.”.

“Artículo 147.—Requisitos de la denuncia. Toda denuncia deberá presentarse por medio de formulario incluido en el sistema de administración de casos y expediente digital, establecido en la página web www.consumo.go.cr; o bien por escrito firmado, en idioma español y cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

(….)

La denuncia no está sujeta a otras formalidades ni requerirá de autenticación de la firma del denunciante”.

“Art. 150.—Conciliación. Cuando se trate de intereses puramente patrimoniales, antes de la apertura formal del procedimiento, la Unidad Técnica de Apoyo a la Comisión Nacional del Consumidor iniciará la etapa de Resolución Alterna de Conflictos.

Durante esta etapa las partes podrán realizar sus ofrecimientos o propuestas de arreglo por cualquier medio que lo permita. También podrán suscribir acuerdos que pongan fin al conflicto, de lo cual deberán remitir la debida constancia para el archivo de la denuncia.

En caso de no lograrse un acuerdo en la etapa previa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley N° 7472, la Unidad Técnica de Apoyo convocará a las partes en conflicto a una audiencia de conciliación, la cual será confidencial y podrá desarrollarse bajo la modalidad presencial, virtual o mixta, siempre y cuando se garanticen los principios de libre consentimiento, autonomía de la voluntad, confidencialidad e integridad.

Una vez iniciada la audiencia de conciliación y a instancia de los interesados, a juicio del conciliador podrá suspenderla por una única vez.

Durante la Audiencia de Conciliación no se evacuará prueba, ni se rendirán testimonios.

En caso que las partes acuerden resolver su conflicto durante la Conciliación el funcionario neutral procederá a levantar un Acta de Acuerdo Conciliatorio con el detalle de los extremos en los que haya habido acuerdo, dicha acta deberá ser firmada por ambas partes y será homologada por el funcionario neutral. Dicho acto producirá los efectos previstos en el artículo 9° de la Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, Ley N° 7727.

En caso que el consumidor no asista a la Audiencia de Conciliación, contará con un plazo de diez días hábiles a partir del día hábil siguiente a la fecha fijada para la celebración de la audiencia, para manifestar su interés en continuar con el procedimiento. De no recibir manifestación por parte del consumidor, se procederá al archivo del expediente.

En caso que una o ambas partes manifiesten por escrito su voluntad de no participar en la Conciliación, así se hará constar en un acta que deberá firmar el funcionario, dando fe de lo actuado y trasladando el expediente al proceso administrativo.”.

“Artículo 153.—Comparecencia.

(…)

La citación a la comparecencia se hará con quince días hábiles de anticipación. La comparecencia se realizará de conformidad con las reglas establecidas en el artículo 188 del presente reglamento”.

“Artículo 160.—Notificaciones. Se privilegiarán los medios de comunicación electrónica sobre las direcciones materiales. Para este caso, las partes deberán señalar un medio electrónico para atender notificaciones.

En los casos en que no se haya señalado medio electrónico para recibir notificaciones, la notificación inicial a la parte denunciada deberá realizarse de acuerdo al siguiente orden de prelación:

a) En el establecimiento comercial, donde se contrató el bien o servicio, o en cualquier otra agencia o sucursal de este abierta al público.

b) En el domicilio social establecido por el Registro Público, cuando la dirección del establecimiento comercial o sus sucursales y agencias fuere imprecisa o incierta.

c) En la dirección o medio electrónico que conste en sus facturas, contratos, publicidad o en los sitios de internet.

d) En cualquier domicilio conocido de los representantes legales.

En el caso de productos que se comercialicen por medios electrónicos, en la dirección o medio electrónico que consten en las plataformas de comercio electrónico o sitios de internet.

Se producirá la notificación automática si el medio escogido por el denunciado imposibilitare la notificación; o bien si el lugar señalado permaneciere cerrado, fuere impreciso, incierto o inexistente. En caso de agotarse todas las posibilidades de notificación, se procederá al archivo del expediente administrativo.

En lo no dispuesto en el presente artículo, aplicará de forma supletoria lo contemplado en la Ley de Notificaciones Judiciales, Ley N° 8687 del 04 de diciembre de 2008.”

“Artículo 188.—Comparecencia. La comparecencia oral y privada en la cual se admitirá y recibirá toda la prueba y alegatos de las partes, podrá desarrollarse bajo la modalidad presencial o virtual o ambas modalidades, utilizando para tales efectos las telecomunicaciones, de modo tal que, permita una comunicación integral y simultanea entre las partes del Proceso. Comunicación que abarcará video, audio y datos.

Corresponderá a las partes sometidas al Proceso, el manifestar su anuencia o no a intervenir en la comparecencia mediante videoconferencia. Cuando una de las partes no pueda participar virtualmente mediante videoconferencia, la comparecencia podrá realizare de manera dual, permitiendo la presencia física de una de las partes y la virtual de la o las partes que no hayan manifestado objeción con esa modalidad.

Lo anterior, siempre que de la complejidad propia del asunto no resulte más conveniente la realización de la audiencia con la presencia física de las partes, en cuyo caso el órgano director así lo dispondrá.

En todo caso, deberá garantizarse que, en la realización de la actuación procesal, las partes cuenten con mecanismos idóneos, privados y simultáneos de comunicación, de modo que, en ningún momento se violente el derecho de estas de mantener contacto pleno y efectivo con el resto de intervinientes en la diligencia.

De estas comparecencias se levantará un acta que firmará el órgano director dando fe de lo actuado, donde conste la fecha, el número de expediente, la hora de inicio y la de finalización.

De la comparecencia se conservará un registro digital de voz y/o video que formará parte integral del expediente del procedimiento.

La Comisión Nacional del Consumidor emitirá un protocolo de actuación que será de acceso público, en el que se hará constar los requerimientos técnicos y la forma en que se desarrollará la comparecencia”.

“Artículo 242.—Causales de revocación de la autorización. En caso de incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 228, 229, 230, 231, 232 y 233 del presente reglamento, se procederá a abrir un procedimiento administrativo de conformidad con los principios establecidos en la LGAP, a efectos de revocar la autorización otorgada.

Para la dirección de este procedimiento, el órgano director podrá ser unipersonal o complejo y estará integrado por funcionarios del Departamento de Educación al Consumidor y Ventas a Plazo.

La comparecencia referida en el párrafo anterior, podrá desarrollarse a partir de una presencia física o virtual, utilizando para tales efectos las telecomunicaciones de modo tal que permita una comunicación integral y simultanea que comprenda video, audio y datos.

Corresponde a las partes sometidas al procedimiento, manifestar su anuencia o no a intervenir en la comparecencia mediante videoconferencia. Cuando una de las partes no pueda participar virtualmente mediante videoconferencia, la comparecencia podrá realizare de manera dual, permitiendo la presencia física de una de las partes y la virtual de la o las partes que no hayan manifestado objeción con esa modalidad. Lo anterior, siempre que de la complejidad propia del asunto no resulte más conveniente la realización de la audiencia con la presencia física de las partes, en cuyo caso el órgano director así lo dispondrá.

En todo caso, deberá garantizarse que, en la realización de la actuación procesal, las partes cuenten con mecanismos idóneos, privados y simultáneos de comunicación, de modo que en ningún momento se violente el derecho de estas de mantener contacto pleno y efectivo con el resto de intervinientes de la diligencia.

De estas comparecencias se levantará un acta que firmará el órgano director dando fe de lo actuado, donde conste la fecha, el número de expediente, la hora de inicio, la de finalización y la firma del órgano director. De la comparecencia se conservará un registro digital de voz y/o video que formará parte del expediente.

Una vez instruido el procedimiento el Jefe del Departamento de Educación al Consumidor y Ventas a Plazo recomendará a la DAC si procede o no la revocación de la autorización quien procederá a dictar la resolución administrativa correspondiente. En caso de proceder la revocación de la autorización deberán ordenarse las medidas útiles y necesarias así como la presentación de un finiquito a efectos de resguardar los derechos e intereses legítimos de los consumidores que hubieren adquirido planes con la empresa investigada. De no cumplirse con la presentación del finiquito, se procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 244 del presente reglamento, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que puedan proceder.

Este acto administrativo tendrá recursos de revocatoria y apelación, para lo cual deberán ser interpuestos dentro del plazo de tres días hábiles. El recurso de revocatoria lo resolverá la DAC por medio del departamento correspondiente y el de apelación el Superior Jerárquico Supremo.”


 

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