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 Normativa >> Reglamento 1626 - A >> Fecha 03/12/2020 >> Articulo 1
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Normativa - Reglamento 1626 - A - Articulo 1
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Artículo 1
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CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISIÓN FINANCIERA

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, en el artículo 6, del acta de la sesión 1626-2020, celebrada el 3 de diciembre de 2020,

considerando que:

A. El literal a) del artículo 38, del Régimen Privado de Pensiones Complementarias, Ley 7523, establece, como una de las atribuciones del Superintendente de Pensiones, proponer al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) los reglamentos que resulten necesarios para cumplir las competencias y funciones de la Superintendencia a su cargo.

Colateralmente, según el literal b) del artículo 171 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, Ley 7732, LRMV corresponde al CONASSIF aprobar las normas atinentes a la autorización, regulación, supervisión, fiscalización y vigilancia que, conforme a la ley, debe ejecutar la Superintendencia de Pensiones.

B. El artículo 33, de la Ley 7523, establece que la Superintendencia de Pensiones autorizará, regulará, supervisará y fiscalizará la actividad de las operadoras de pensiones, de los entes autorizados para administrar los fondos de capitalización laboral y de las personas físicas o jurídicas que intervengan, directa o indirectamente, en los actos o contratos relacionados con las disposiciones de esta ley.

C. La Ley de protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos, Ley 8220, dispone, en su numeral 4, que todo trámite o requisito, con independencia de su fuente normativa, para que pueda exigirse al administrado deberá: a) constar en una ley, un decreto ejecutivo o un reglamento; b) estar publicado en el diario oficial La Gaceta, junto con el procedimiento a seguir, los instructivos, manuales, formularios y demás documentos correspondientes, y estar ubicado en un lugar visible dentro de la institución. Dicho aviso deberá publicarse en un diario de circulación nacional.

D. La Ley 7523; Ley de Protección al Trabajador, Ley 7983; Reforma integral del sistema de pensiones y jubilaciones del Magisterio Nacional, Ley 7532; Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley 7333 y el Decreto Ejecutivo 36948-MP-SP-JP-H-S, Reglamento general sobre legislación contra el narcotráfico, actividades conexas, legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y delincuencia organizada, establecen, en sus correspondientes disposiciones, que corresponde a la Superintendencia de Pensiones autorizar o aprobar los siguientes actos o contratos: i) la apertura y funcionamiento de las operadoras de pensiones y de las organizaciones sociales que administren fondos de capitalización laboral; ii) la delegación de la administración de los recursos del Fondo de Capitalización Laboral a una operadora de pensiones por parte de organizaciones sociales; iii) la acreditación y el registro de agentes promotores de ventas de las operadoras de pensiones y de capitalización laboral; iv) los contratos de las entidades supervisadas con empresas del mismo grupo o conglomerado financiero o pertenecientes a un grupo económico vinculado con dichas entidades; v) los planes de pensión, vi) los planes de ahorro voluntario; vii) la contratación de los servicios de administración a los demás entes supervisados por las operadoras; viii) la administración de fondos creados por leyes especiales por parte de las operadoras; ix) las fusiones y los cambios de control accionario de las entidades autorizadas o de los fondos administrados que no cumplan con los supuestos del artículo 89 y siguientes de la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica; Ley 9736; x) la realización actividades análogas o conexas por parte de las operadoras de pensiones; xi) la modificación de la estructura de comisiones;

xii) la bonificación de comisiones; xiii) los cambios estatutarios de las operadoras de pensiones y de capitalización laboral que correspondan; xiv) la autorización para que los oficiales de cumplimiento, titulares o adjuntos, laboren a tiempo parcial; xv) la aprobación del Reglamento del Régimen de capitalización colectiva del Magisterio Nacional y sus reformas; xvi) la aprobación del Reglamento general del Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial y, xvii) la aprobación de la remoción del auditor interno de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional.

E. De conformidad con lo que indica la Ley 8220, este reglamento tiene como objeto:

i. Establecer los plazos y el procedimiento a seguir para la atención de las solicitudes relacionadas con los trámites enumerados en el considerando anterior, y las condiciones en que se otorgan las aprobaciones y autorizaciones por parte de la Superintendencia de Pensiones.

ii. Actualizar los requisitos para los distintos trámites asociados a las solicitudes de aprobación y autorización.

F. Adicionalmente a la promulgación del reglamento, se requiere actualizar la normativa relativa al contenido de los planes de acumulación y des acumulación, los planes de ahorro voluntario, y las bonificaciones de comisiones; la regulación concerniente a los planes colectivos para pensión voluntaria, así como las reglas para la autorización de comisiones y bonificaciones correspondientes a dichos planes, considerando sus particulares diferencias respecto de los planes voluntarios individuales; el proceso de acreditación de agentes promotores de ventas, de manera que las operadoras de pensiones asuman un papel más activo en su formación; dictar las normas relativas a los cambios en la propiedad o control del capital accionario de las entidades autorizadas; definir los cambios estatutarios que requieren de la autorización de la SUPEN; e incorporar los parámetros para la determinación de las actividades análogas o conexas que pueden realizar las operadoras de pensiones, de conformidad con lo establecido en el inciso g) del artículo 31 de la Ley de Protección al Trabajador, Ley 7983, así como el procedimiento para autorizarlas.

G. Finalmente, con el dictado de esta normativa corresponde la derogatoria del Reglamento para la regulación de los regímenes de pensiones creados por leyes especiales y regímenes públicos sustitutos al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte; tomando en consideración que esta normativa resulta innecesaria, además de que ha sido sustituida por las normas de carácter general y basadas en principios que se encuentran contenidos en el Reglamento sobre Gobierno Corporativo y en el Reglamento de Riesgos.

H. El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, mediante artículo 10, del acta de la sesión 1609-2020, celebrada el 5 de octubre de 2020 resolvió, de conformidad con lo establecido en el numeral dos del artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública, Ley 6227, por un plazo de veinte (20) días hábiles, remitir en consulta a la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP), operadoras de pensiones complementarias, fondos complementarios creados por leyes especiales o convenciones colectivas, la Gerencia de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social, la Junta Administradora del Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Funcionarios del Poder Judicial, el Fondo de Pensiones del Benemérito Cuerpo de Bomberos y a la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional, la propuesta del Reglamento de Autorizaciones y Aprobaciones. Dicha consulta se realizó mediante CNS-1609/10, de fecha 13 de octubre de 2020. El plazo de dicha consulta finalizó el día 10 de noviembre del año en curso.

Las observaciones recibidas fueron analizadas y, en lo pertinente, fueron acogidas en el texto final del reglamento.

dispuso ,en firme:

aprobar el Reglamento de Autorizaciones y Aprobaciones, cuyo texto se leerá:

Reglamento de Autorizaciones y Aprobaciones

Título I

Generalidades

Capítulo I. Disposiciones Generales

Artículo 1. Objeto

El presente reglamento tiene por objeto establecer los requisitos, los plazos y el procedimiento a seguir para la atención de las solicitudes que se presenten a la Superintendencia de Pensiones y que se relacionen con actos sujetos a su aprobación o autorización, de conformidad con lo que dispone la Ley de Protección al Trabajador, Ley 7983; el Régimen Privado de Pensiones Complementarias, Ley 7523; Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, y disposiciones conexas, Ley 7786; Reforma integral del sistema de pensiones y jubilaciones del Magisterio Nacional, Ley 7532; la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley 7333; Ley General de la Administración Pública, Ley 6227 y la Ley de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos, Ley 8220.

Contra la resolución final del procedimiento de aprobación o autorización procederán los recursos ordinarios de revocatoria y apelación, según lo dispuesto en la Ley General de la Administración Pública , los cuales serán resueltos por el Superintendente de Pensiones y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), respectivamente. Los recursos deberán interponerse dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir de la comunicación de la resolución. Los recursos de revocatoria y de apelación deberán interponerse ante la Superintendencia de Pensiones y serán resueltos, respectivamente, por el Superintendente de Pensiones y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (artículo 171, inciso g) de la Ley Reguladora del Mercado de Valores).


 

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