Artículo 2.-La ley posterior que en cualquier forma favorezca al delincuente, se aplicará de oficio si no se hubiere dictado el fallo, y a solicitud de parte interesada, dirigida al juez de la causa, si ya existiere sentencia firme.

Artículo 4.-Se aplicará también la ley costarricense:

1.-A los Agentes Diplomáticos de la República y demás funcionarios de la misma que gozaren del privilegio de extraterritorialidad, por las infracciones punibles que cometan en el extranjero.

2.-A los funcionarios y empleados al servicio de la República que delincan en el exterior con motivo y en el desempeño de sus cargos.

3.-A los nacionales y a los extranjeros que, fuera del territorio de la República, cometan un hecho punible contra los intereses políticos o económicos de la Nación.

4.-A las infracciones consumadas en el extranjero, cualquiera que sea la nacionalidad del delincuente, cuando alguno de los actos de ejecución se haya efectuado en Costa Rica, o cuando sus efectos, en todo o en parte se produzcan en el territorio nacional.

5.-A los nacionales por los hechos punibles de cualquier clase perpetrados en el exterior, y a los extranjeros por los cometidos fuera del territorio de la República en perjuicio del Estado o de un costarricense, siempre que, en uno u otro caso, el hecho esté reprimido con una pena privativa de la libertad no menor de un año, de acuerdo con la ley costarricense, y que la infracción sea punible en el país en que se ejecutó.

        Artículo 5.-En los casos previstos en el artículo anterior, no se procederá sino mediante acusación del ofendido o a instancia del Procurador General de la República, y en los indicados en los incisos 4° y 5°, para proceder contra el delincuente se requiere además que se halle en el territorio nacional.

    Artículo 6.-En los casos de piratería, se seguirán las reglas del Derecho Internacional respecto de jurisdicción.

Artículo 7.-No se podrá juzgar en Costa Rica, conforme a las disposiciones de los artículos que preceden, al nacional o al extranjero por delitos o cuasi delitos cometidos fuera del país, cuando haya sido juzgado ya en el territorio en que delinquió y esté además cumplida la condena; cuando haya sido absuelto o su pena haya sido sus­pendida; cuando haya caducado por prescripción, según las reglas de la ley costarricense, la acción penal respectiva o, en su caso, la pena infligida.

            Si el reo hubiere descontado en el exterior parte de la pena, ese tanto se le abonará prudencialmente al ser juzgado en Costa Rica.

    Artículo 8.-Las disposiciones generales del presente Código, se aplicarán a todas las infracciones previstas por leyes especiales, en cuanto éstas no dispongan lo contrario

    Artículo 10.-La facultad de ofrecer, conceder o negar la extradición, corresponde al Poder Ejecutivo previo informe consultivo de la Corte Suprema de Justicia.

        Artículo 11.-No se ofrecerá ni concederá la extradición:

l.-Cuando el reclamado fuere costarricense y hubiera tenido tal nacionalidad en el momento de cometer el delito que causa la ex­tradición.

            2.-Cuando el reclamado esté sometido a juicio o haya sido juzgado en la República por el mismo hecho.

            3.-Cuando conforme a las leyes de Costa Rica o del Estado reclamante, hubiere prescrito la acción penal o la pena.

            4.-Cuando el hecho imputado no fuere punible según la ley costarricense.

            5.-Cuando la pena no sea privativa de la libertad o cuando siéndolo fuere menor de un año.

            6.-Cuando el hecho no hubiere sido cometido en el territorio del Estado reclamante.

7.-Cuando el delito fuere político o cuando, aunque común, fuere conexo con el político, según la calificación costarricense, si no consiste en homicidio u otro atentado personal contra el Jefe del Es­tado o cualquier otro de los miembros de los Poderes Públicos.

8.-Cuando el hecho fuere castigado con la pena de muerte en el Estado reclamante, salvo formal compromiso de éste de aplicar una inferior.

9.-Cuando el reclamado tenga auto de detención o haya sido condenado por delito o cuasidelito cometido en la República con an­terioridad al recibo de la solicitud de entrega; pero si se le absolviere o una vez extinguida la pena impuesta, podrá decretarse la extradición.

    Artículo 12.-Los extranjeros que se refugiaren en Costa Rica en estado de impunidad salvo en el caso que sean perseguibles en la República de acuerdo con el artículo 4, podrán ser ofrecidos al Gobierno de la Nación en donde hubieren delinquido.

Artículo 14.-Si dos o más Estados reclamaren a un mismo individuo por razón de distintas infracciones se dará preferencia al hecho más grave conforme a la ley costarricense; caso de igual gravedad, se atenderá a la prioridad de la demanda; pero siempre tendrán preferencia los Estados con los cuales existan convenciones de extradición. Si las distintas reclamaciones se hicieren por el mismo hecho, será preferida la demanda del país de que fuere súbdito o ciudadano el reo, sin perjuicio de la regla precedente relativa a convenciones.

Artículo 15.-En virtud de la oferta o de la demanda de extradición o del aviso dado por la vía diplomática de que se intenta solicitarla, podrá el reo ser detenido preventivamente hasta por el término de dos meses, transcurridos los cuales sin que se haya formalizado la demanda con los documentos del caso será puesto en libertad; pero podrá ser detenido de nuevo si posteriormente se presentare la demanda en debida forma.

Artículo 16.-Cuando la autoridad extranjera a quien se ofreciese la extradición no la pidiere, o cuando habiéndola solicitado, no la llevare a efecto, podrá ser expulsado el delincuente del territorio de Costa Rica.

Artículo 17.-Corresponde al Poder Ejecutivo la facultad de demandar la extradición por si o a solicitud de parte.

Los jueces que conocen de un proceso pueden, aun de oficio, instarlo para ello y acompañarán al efecto copia auténtica de las piezas conducentes.

TITULO II

Delito

CAPITULO I

Principios generales

            Artículo 18.-Las infracciones por acción u omisión que penan las leyes, son delitos, cuasidelitos y faltas.

            Los cuasidelitos son acciones u omisiones no intencionales debidas a mera culpa y sólo son punibles en los casos especialmente señalados por este Código.

Las faltas se rigen por lo dispuesto en el Código de Policía.

       Artículo 19.-La acción o la omisión constituyen el hecho punible; pero la responsabilidad y la pena se eliminan, agravan o atenúan en los casos de ley.

            El dolo o intención de delinquir se presume en todas las acciones u omisiones punibles.

    Artículo 20.-Además del delito consumado es punible la tentativa.

CAPITULO II

Responsabilidad

Artículo 21.-Todo el que cometa un hecho punible será responsable, salvo los casos expresamente exceptuados en este Código.

    Artículo 22.-No eximen de responsabilidad la ignorancia de la ley penal o el error acerca de ella; pero si se tratare de infracciones de mera creación legal, los tribunales podrán apreciar la ignorancia o el error como atenuante o eximente, según las circunstancias.

Artículo 23.-El que cometiere un hecho punible incurrirá en responsabilidad aunque el mal causado fuere distinto del que se había propuesto ejecutar.

        Artículo 24.-Cuando por error o accidente el mal recaiga sobre persona distinta de aquélla a quien el delincuente se proponía ofender, no se tomarán en consideración las circunstancias que se deriven de la condición de la víctima y sí las que habrían tenido en cuenta si la infracción se hubiera cometido en la persona contra quien se dirigía la acción.

Artículo 26.-Están exentos de responsabilidad:

1.-El que obrare violentado por fuerza física irresistible. o incurriere en una omisión a causa de impedimento involuntario e insuperable.

            2.-EI que obrare en virtud de obediencia explicable por las circunstancias del hecho o por las condiciones personales del agente.

3.-EI que al ejecutar un acto lícito, o a causa de un error esencial de hecho, ocasionare, por mero accidente, un mal que no provenga de culpa.

4.-EI que obrare por disposición de la ley, o practicare un acto permitido por la misma, o procediere en el ejercicio legítimo de un derecho o en cumplimiento de sus deberes de función o de profesión.

5.-El que obrare en defensa de su persona o derechos o de la persona o derechos de otro, siempre que concurran las tres circunstancias siguientes:

a) Agresión ilegítima, debiendo tenerse por tal, el ataque que no provenga del ejercicio de un derecho o de la intervención de una autoridad en el cumplimiento de su ministerio;

b) Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; y

c) Falta de provocación suficiente de parte del que hace la defensa.

Se entenderá que concurren estas circunstancias respecto de aquél que durante la noche defiende la entrada de su casa o de sus dependencias, o emplea violencia contra el individuo extraño a ella, que es sorprendido dentro de la casa o de las dependencias, cualquiera que sea el daño causado al agresor.

6.-EI que causare un daño a las personas o en las cosas por salvar su vida o su integridad corporal, o las de otro, de un peligro grave e inminente, no evitable de otra manera, que no hubiere sido voluntariamente provocado por el agente, y que éste no tuviere el deber jurídico de afrontar.

7.-EI que por salvar de un peligro grave e inminente sus bienes, su libertad o su honor, o los de otro, causare un daño en la propiedad ajena, siempre que el mal producido fuere menor que el evitado, que el agente no hubiere contribuido voluntariamente al estado de peligro, que no hubiere podido evitarlo de otra manera, y que no tuviere el deber jurídico de afrontar.

Artículo 29.-Son agravantes, en cuanto no hayan sido previstas como constitutivas o calificativas del hecho, las siguientes cir­cunstancias:

1-Ser vago declarado.

2-El haber obrado por motivos innobles o fútiles.

3-La preparación tranquila del delito.

4-La embriaguez habitual o la contraída de propósito para cometer el hecho, o el uso habitual o adrede para delinquir de sustancias heroicas, estupefacientes o excitantes.

5-La violación de deberes especiales que las relaciones de parentesco, respeto, amistad, gratitud, dependencia u hospitalidad impongan al delincuente respecto del ofendido.

6-La alevosía, o sea, cuando el culpable cometiere cualquiera de los delitos contra la vida o la integridad corporal, empleando medios, modos o formas que tiendan directa y especialmente a asegurar la ejecución, sin riesgo para su persona, que proceda de la defensa que pudiera hacer el ofendido, o cuando éste, por sus condiciones personales o por las circunstancias en que se encuentre, no pueda prevenir el ataque o defenderse de la agresión.

            7-Cometer el delito mediante precio, recompensa o promesa remuneratoria.

            8-Ejecutar el delito por medio de inundación, incendio, veneno, explosión, descarrilamiento en línea férrea, varamiento, daños causados de propósito en cualquier medio de transporte, u otro artificio que pueda ocasionar grandes estragos o dañar a otras personas.

            9-Ejecutar el delito con ocasión de una calamidad o desgracia, públicas o privadas, o de un peligro común.

10-Cometer el delito con ensañamiento, o sea, aumentar deliberadamente el mal del delito causando otros males innecesarios para su ejecución.

11-Emplear astucia, fraude o disfraz.

12-Abusar de las condiciones de inferioridad del ofendido.

13-Cometer el delito con abuso de autoridad, cargo o función, de ministerio religioso o de profesión.

            14-Ejecutarlo con el auxilio de gente armada o de personas que aseguren o proporcionen la impunidad.

            15-Ejecutarlo de noche o en despoblado, ya sea que se elija o se aproveche una u otra circunstancia.

16-Ejecutarlo con desprecio o con ofensa de la autoridad pública o en el lugar en que ésta se halle ejerciendo sus funciones, o en el sitio destinado al ejercicio de un culto, o en la morada de la víctima, siempre que los ofendidos no hayan provocado el suceso.

            17-En los cuasidelitos, el haberse ocasionado el daño en circunstancias que lo hacían muy probable o fácilmente previsible.

Las circunstancias 5°, 11°, 12° y 15° las tomarán en cuenta los tribunales o no, según las condiciones del delincuente y la naturaleza, los motivos y los efectos del delito.

    Artículo 30.-Los tribunales fijarán, además, en cada caso, razonando concretamente sus fundamentos, cualesquiera otras circunstancias de atenuación o agravación no previstas en los dos artículos anteriores, que demuestren menor o mayor perversidad del delincuente por su analogía con las circunstancias expuestas, por la naturaleza y modalidades de la acción, por las condiciones personales del agente o por su actitud posterior al hecho.

Artículo 31.-Las circunstancias atenuantes o agravantes que consistan en la índole o disposición moral del delincuente, en sus relaciones particulares con el ofendido, o en otra causa personal, no se comunican a los codelincuentes en quienes no ocurran.

Las que consistan en la ejecución material del hecho o en los medios empleados para realizarlo, servirán para atenuar o agravar la responsabilidad de sólo aquellos partícipes que de ellas tuvieren conocimiento antes o en el momento de la acción.

CAPITULO V

Reincidencia

Artículo 32.-Habrá reincidencia siempre que el condenado en sentencia firme dictada por cualquier tribunal del país, o del extranjero si el hecho es punible en la República, cometiere una nueva infracción.

    Artículo 33.-Para constituir reincidencia en los delitos no se tomarán en cuenta las condenas por faltas de policía, ni por cuasidelitos, ni por delitos exclusivamente militares; y en cuanto a las condenas por los políticos, podrán los jueces, atendidas las condiciones del agente y las circunstancias del hecho, establecer la reincidencia o no. En materia de cuasidelitos sólo se computarán las condenas anteriores por cuasidelitos.

        Artículo 34.-Fijada la pena que corresponda en el caso, según la naturaleza del hecho, la participación del agente y las circunstancias modificativas de responsabilidad, esa pena, por la primera reincidencia se aumentará en un tercio, y por la segunda y demás, en dos tercios.

Artículo 35.- Transcurridos diez años entre la perpetración de una y otra infracción, no se tomará en cuenta la condena anterior para el aumento de pena previsto en el artículo precedente, y aun se podrá abonar como atenuante la reforma de conducta según la naturaleza y circunstancias de los hechos anteriores y el comportamiento posterior del agente.

Artículo 36.- En todo proceso criminal es indispensable la in­vestigación de los antecedentes judiciales del procesado; y para ese efecto las autoridades represivas pedirán al Registro Judicial de De­lincuentes certificación de los juzgamientos anteriores, y, cuando lo creyeren necesario, pedirán también informes a las otras oficinas del mismo ramo, a los Archivos Nacionales y al Cuerpo de Agentes de lnvestigación. Cuando hubiere noticia o sospecha de que el procesado ha cometido algún delito o cuasidelito en el extranjero, se podrá solicitar de las autoridades de otro país el informe del caso.

CAPITULO VI

Tentativa

Artículo 37.-Hay tentativa cuando la resolución de cometer un delito se manifiesta por actos exteriores que tengan relación directa con el mismo y éste no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente.

La mera instigación, proposición o conspiración para delinquir, no se estimarán como tentativa ni serán punibles, salvo las excepciones que la ley establece.

    Artículo 38.-Si no resulta indicado suficientemente el delito que se proponía ejecutar el agente, se presumirá que sus actos se dirigían a cometer el de menor gravedad entre aquéllos a cuya perpetración pudieran estar dirigidos.

Artículo 39.-La tentativa no es punible cuando el agente de modo espontáneo desiste de la ejecución del delito o imposibilita su consumación; pero se penarán los actos ya realizados que constituyan una infracción por sí mismos.

    Artículo 40.-La tentativa que no tuviere señalada pena especial, se sancionará con la ordinaria disminuida de uno a dos tercios, habida cuenta del mayor o menor desarrollo de la acción y de las circunstancias modificativas de la responsabilidad.

    Artículo 41.-Caso de primera reincidencia en delito de la misma especie, la pena de la tentativa se disminuirá sólo hasta en un tercio; y en la segunda y demás reincidencias, aunque no sean específicas, la tentativa se estimará como delito consumado.

Artículo 42.-Cuando por la ineficacia del medio empleado, o por la inexistencia del objeto, fuere imposible la realización del delito y el sujeto obró persuadido de la existencia del objeto o de la eficacia del medio, podrá disminuirse discrecionalmente la pena ordinaria y hasta eximirse de ella, según la peligrosidad revelada por el agente.

CAPITULO VII

Participación criminal

Artículo 43.-Serán sancionados como autores del hecho punible los que lo realizaren por sí mismos; los que tomaren parte en la ejecución; los que coadyuvaren con auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido ejecutarse o se habría dificultado notablemente, o los que instigaren, forzaren o determinaren a otro de modo bastante a cometerlo.

            En el cuasidelito que proviniere de la acción u omisión de más de un agente, todos tendrán la responsabilidad de autores.

    Artículo 44.-Serán sancionados como cómplices:

            1.-Los que animaren o alentaren a otro en su resolución de cometer un delito.

            2.-Los que prometieren su ayuda o cooperación para después de cometido.

            3.-Los que proporcionaren informes al culpable o le suministraren medios adecuados para realizar el delito.

            4. -Los que actuar en como intermediarios entre los partícipes para obtener la concurrencia de éstos en el hecho.

        Artículo 45.-AI cómplice de delito consumado se le impondrá la pena ordinaria disminuida de uno o dos tercios; y al de tentativa se le aplicará una pena no mayor de la mitad de la ordinaria ni menor de una sexta parte de la misma, habida cuenta, en ambos casos, de la importancia de la participación del agente y de las circunstancias modificativas de la responsabilidad.

       Artículo 46.-Si al ejecutar el delito encargado o concertado, se cometiere uno distinto por alguno de los codelincuentes sin previo acuerdo, de esta otra infracción responderán los partícipes sólo cuando haya servido como medio necesario para ejecutar el concertado o haya sido su consecuencia natural.

    Artículo 47.-El desistimiento de un codelincuente lo librará de la responsabilidad del hecho punible consumado, cuando fue re indudable que comunicó tal determinación a sus colaboradores en tiempo oportuno para obstaculizar o evitar, con su apartamiento, la ejecución del hecho.

    Artículo 48.-En las infracciones cometidas por medio de la prensa, tendrán la responsabilidad definida en el artículo 43, conjuntamente con el autor de la producción literaria o gráfica que constituyere el atentado, los editores o directores del impreso de que se trate o, en su defecto, el director o los dueños de la imprenta; pero en ningún concepto serán responsables, los impresores y demás obreros que sólo prestaren en el caso su cooperación material.

    Artículo 50.-Se considerará también como un solo delito la infracción repetida de la misma ley penal, cuando revelare ser ejecución de un designio único, y tal repetición podrá ser apreciada como circunstancia agravante.

        Artículo 51.-Al responsable de dos o más hechos punibles independientes, se le impondrán todas las penas que correspondan a las diversas infracciones y serán cumplidas sucesivamente, siguiendo el orden de su gravedad; sin embargo, el cumplimiento sucesivo de las penas de la misma naturaleza, no podrá exceder del triple de la de mayor duración o cuantía impuesta, y en ningún caso del límite legal mayor de la especie de pena de que se trate, más una mitad.

Artículo 52.-Cuando por cualquier evento no se formare un solo proceso y el delincuente fuere condenado por diversas infracciones en distintos juicios, cualquiera de los jueces que han conocido de los delitos más graves, procederá a solicitud de parte y aun de oficio, a aplicar la regla consignada en el artículo anterior, a fin de que el procesado no resulte en definitiva más severamente penado que como lo habría sido, si las diversas infracciones hubieran sido objeto de un solo fallo.

TITULO III

Penas y medidas de seguridad

CAPITULO I

Naturaleza, extensión y efectos de las penas

SECCION 1°

Diversas especies de penas

Artículo 53.- Las penas que este Código establece son las siguientes:

1 - Prisión.

2 - Extrañamiento.

3 - Interdicción de derechos.

4 -Multa.

SECCION 2°

Pena de Prisión

Artículo 54.-La pena de prisión consiste en la privación de la libertad del reo en un establecimiento destinado al efecto. Se extiende de un mes a treinta años, e implica la obligación, para el recluso, de someterse al régimen penitenciario que los reglamentos determinen y de ocuparse en los trabajos que fijen esos reglamentos.

Sin embargo, cuando liquidada la pena, no excediere de tres meses, se cumplirá la prisión en la respectiva cárcel provincial o en la que señalen los reglamentos.

Artículo 55.-Exceptúanse de la obligación de trabajar, consignada en el artículo anterior: 

            1.-Los reos que hubieren cumplido sesenta años.

            2.-Los que tuvieren impedimento físico o padecieren de en enfermedad que les haga imposible o peligroso el trabajo.

Artículo 57.-El trabajo será remunerado. Corresponde al Poder Ejecutivo la facultad de determinar a su arbitrio los salarios, tomando en cuenta que el penado debe indemnizar con su trabajo los gastos que ocasiona al establecimiento. El producto de la remuneración será inembargable y se entregará al penado al recobrar su libertad, salvo las cantidades parciales que los reglamentos destinen a satisfacer necesidades personales del reo y prestaciones alimenticias perentorias, cantidades que en conjunto no podrán exceder de los dos tercios de la remuneración. Caso de muerte del penado, se entregará el peculio al cónyuge sobreviviente, a los hijos o a los padres, y si careciere de estos parientes, se estará a lo que estatuye la legislación civil.

Artículo 58.-Las mujeres y los menores cumplirán la pena de prisión en establecimientos especiales, y de no haberlos, en secciones distintas e independientes.

            En los lugares en que las prisiones no estuvieren suficientemente acondicionadas para recibir mujeres en estado de gravidez, o dentro de los cuarenta días siguientes al parto, no se ejecutará la pena privativa de la libertad mientras la reo se encuentre en las condiciones dichas.

            A los reos políticos se les mantendrá separado de los reos comunes en los establecimientos penales.

Artículo 60.-Antes del cumplimiento de una condena o de la libertad condicional, ningún penado podrá salir del establecimiento donde se hallare, salvo lo dispuesto en el artículo 56.

            Con motivo de enfermedad grave, que no pueda ser tratada en la enfermería respectiva, o de enfermedad contagiosa que pusiere en peligro la población del establecimiento, podrá el reo ser trasladado con la debida vigilancia, al que posea mejores recursos para el caso, a un hospital o a un sanatorio, en donde sólo permanecerá por el tiempo indispensable para su curación o alivio.   

            Caso de enajenación mental será recluído el penado en un asilo u hospital de insanos, o entregado a su familia, si no fuere peligroso siempre que, en este último caso, se rinda garantía fiduciaria o hipotecaria de buena custodia por el tanto que se fije, según la naturaleza del hecho imputado; pero cuando recupere la razón, volverá al estable­cimiento penal debiendo abonarse el tiempo de la enajenación.

Corresponde a la Dirección General de Prisiones y Reformatorios(*), previa comprobación médica, ordenar los traslados y la entrega antes dichos, así como vigilar el reingreso oportuno del reo en el correspondiente centro penal. En casos de urgencia, la medida podrá ser acordada por el jefe del respectivo establecimiento: quien deberá dar cuenta inmediata por escrito al Consejo para que apruebe o revoque la medida, o al juez de la causa con el mismo objeto, si se tratare de reos no rematados.

(*)(Modificada su denominación por el artículo 2 de la ley N° 821 del 13 de diciembre de 1946, "Reforma Código Penal (1941)". Posteriormente mediante el artículo 3 de la ley N° 17 del 20 de mayo de 1948, "Crea Dirección General Prisiones y Reformatorios, reforma Código Penal (1941)", se indica que se cambie nuevamente el término por "Dirección General de Prisiones y Reformatorios")

    Artículo 62.-EI acceso a las prisiones será siempre libre para los miembros de los Poderes Supremos y de la Dirección General de Prisiones y Reformatorios(*); para los funcionarios de la Procuraduría General de la República, para los Jueces y Alcaldes del lugar en donde el establecimiento exista, para los Directores de Policía y del Cuerpo de Agentes de Investigación, para el Presidente del Patronato Nacional de la Infancia y para los directores de asociaciones de patronatos de presos, autorizadas por el Poder Ejecutivo.

(*)(Modificada su denominación por el artículo 2 de la ley N° 821 del 13 de diciembre de 1946, "Reforma Código Penal (1941)". Posteriormente mediante el artículo 3 de la ley N° 17 del 20 de mayo de 1948, "Crea Dirección General Prisiones y Reformatorios, reforma Código Penal (1941)", se indica que se cambie nuevamente el término por "Dirección General de Prisiones y Reformatorios")

        Artículo 65.-Aparte de las atribuciones que este Código indica y las que el respectivo reglamento señale en detalle para la Dirección General de Prisiones y Reformatorios(*), corresponderá a éste dictar, con aprobación del Poder Ejecutivo, su propio reglamento, los reglamentos necesarios para la ejecución de las penas privativas de libertad y los especiales que requiera cada establecimiento penal, a base de que las penas deben ser ejecutadas de modo que se ejerza sobre el reo una acción educadora, que lo prepare para el retorno a la vida libre.

(*)(Modificada su denominación por el artículo 2 de la ley N° 821 del 13 de diciembre de 1946, "Reforma Código Penal (1941)".Posteriormente mediante el artículo 3 de la ley N° 17 del 20 de mayo de 1948, "Crea Dirección General Prisiones y Reformatorios, reforma Código Penal (1941)", se indica que se cambie nuevamente el término por "Dirección General de Prisiones y Reformatorios")

SECCION 3°

Pena de extrañamiento

Artículo 66.-La pena de extrañamiento consiste en la expulsión del reo del territorio de la República, con prohibición de regresar a él durante el tiempo de la condena. Se extiende de seis meses a diez años.

SECCION 4°

Pena de interdicción de derechos

            Artículo 67.-La pena de interdicción de derechos comprende la inhabilitación y la suspensión.

            Artículo 68.-La inhabilitación produce:

1. -La pérdida de todo empleo, oficio, función o servicio públicos conferidos por elección popular o por nombramiento de cualquiera de los Poderes del Estado o de los gobiernos locales o de las instituciones sometidas a la tutela del Estado o de los Municipios.

            2. -La incapacidad para obtener los cargos y empleos mencionados, durante el término de la condena.

            3.-La privación, durante la condena, de todos los derechos políticos, activos y pasivos.

            4. -La pérdida del derecho de percibir para sí cualquier jubilación o pensión públicos, durante el período de la pena; pero la jubilación o pensión podrá ser entregada a la familia del penado que la necesitare para su subsistencia.

            5.-La incapacidad para ejercer, por el tiempo de la condena, la profesión titular, el oficio, comercio, industria o arte que especifique la sentencia y cuando así lo dispusiere ésta.

            6. -La incapacidad para el ejercicio del derecho de la patria potestad, tutela, curatela o administración judicial de bienes de otro, cuando así lo determinare la sentencia.

        Artículo 69.-La inhabilitación es absoluta cuando produce la privación de todos los derechos y funciones enumerado en los incisos 1° a 4° del artículo anterior.

            La inhabilitación es especial cuando sólo produce la privación taxativamente establecida en la sentencia, de alguno o algunos de los derechos o funciones enumerados en los incisos del artículo anterior.

Artículo 70.-La inhabilitación es de dos clases: la que se impone como pena, que comprende un lapso de seis meses a doce años; y la que por ministerio de la ley resulta de una pena como consecuencia necesaria de ésta.

En el primer caso, si la inhabilitación se impone conjuntamente con otra pena privativa o restrictiva de la libertad, se aplicará de hecho mientras dure la otra, y cumplida ésta, empezará a correr el término que se le señaló en la sentencia.

            En el segundo caso, la inhabilitación comienza y concluye con la pena de que es consecuencia.

        Artículo 71.-Será consecuencia necesaria de la pena de prisión que exceda de tres años, la inhabilitación absoluta durante el cumplimiento de la prisión, y así deberá declararlo la sentencia.

Artículo 72.-Siempre que el hecho punible se cometiere con abuso del ejercicio o con: infracción de los deberes inherentes a una profesión titular, un oficio, comercio, industria o arte, a la patria potestad, tutela, curatela o a la administración judicial de bienes, se impondrá, con juntamente con la pena que corresponda, la de inhabilitación especial a que se contraen los incisos 5° y 6° del artículo 68, por un término de seis meses a cinco años.

     En cuanto a la patria potestad, el juez podrá imponer la inhabilidad permanente para ejercerla, según el caso.

    Artículo 73.-La suspensión del ejercicio de los cargos y oficios públicos mencionados en el inciso 1° del artículo 68, con privación de los sueldos, y la del derecho de votar en elecciones políticas, se impon­drán y así lo declarará la sentencia, como una consecuencia necesaria de la pena de prisión que no excediere de tres años y sólo durante el cumplimiento de ésta, ya se imponga la prisión directamente, ya resulte de la conversión legal de la multa; pero cumplida la pena, recobrará el penado su capacidad para continuar en el desempeño del cargo o empleo, siempre que en los de período fijo, éste no hubiere transcurrido.

    Artículo 74.-Durante la tramitación del proceso podrá el juez, como medida meramente preventiva, decretar la suspensión provisional del ejercicio de la patria potestad, de la tutela, de la cura tela o de la administración judicial de bienes ajenos, atendidos los elementos de convicción aportados y la gravedad del hecho. Esa suspensión provi­sional se abonará a la inhabilitación especial que llegare a imponerse.

SECCION 5°

Pena de multa

Artículo 75.-La pena de multa consiste en el pago a la institución que la ley designe, de una suma de dinero no inferior de sesenta ni superior a ocho mil colones; sin embargo, cuando la multa consistiere en un porcentaje sobre determinado valor, no regirán esos límites.

        Artículo 76.-La multa será satisfecha dentro de las veinticuatro horas siguientes a la firmeza de la sentencia que la imponga. Sin embargo, el juez podrá en casos muy calificados, conceder un plazo, hasta de noventa días para pagar de una vez o por terceras partes la multa, siempre que el multado diere garantía suficiente de pago, a juicio del juez.

Artículo 77.-Si la multa no fuere satisfecha a su tiempo y es la única pena señalada por la ley, se convertirá en prisión a razón de dos colones por día sin que pueda exceder de dos años; pero en cualquier momento en que el reo pagare lo debido, será puesto en libertad.

Si la multa es alternativa y el reo no la pagare, se sustituirá con la otra pena aplicable al caso.

Podrá el reo descontar la multa por medio de su trabajo personal en una obra pública, siempre que rindiere fianza de cumplimiento y mediante el arreglo y condiciones que el reglamento determine.

Si el reo no fuere habido y se hallare en el caso previsto en el artículo anterior, procederán las autoridades represivas a hacer efectiva la garantía dada por la vía de apremio, de acuerdo con las disposiciones respectivas del Código de Procedimientos Civiles.

        Artículo 78.-La sentencia que condene al pago de una multa, fijará el tanto de la pena en que debe ser convertida la multa si no se pagare.

SECCION 6°

Cómputo de las penas y abono de la prisión preventiva

Artículo 79.-Ejecutoriada la sentencia, la pena empezará a cumplirse desde el momento en que la privación o restricción de la libertad o la inhabilitación fueren efectivas, y se abonará el lapso de la prisión preventiva con un valor igual al tiempo de cumplimiento de la pena; pero si ésta fuere multa, un día de prisión preventiva equivaldrá a dos colones.

CAPITULO II

Aplicación de las penas

Artículo 80.-No podrá ejecutarse pena alguna, sino en virtud de sentencia ejecutoriada, ni en otra forma, ni con otros caracteres, que los prescritos por la ley.

    Artículo 81.-Salvo indicación especial, toda pena designada por la ley debe estimarse impuesta para el autor del delito consumado y se denominará pena ordinaria.

    Artículo 82.-Dentro de sus límites, la pena ordinaria se divide en máximum y mínimum: el primero se extiende de la mitad al extremo mayor, y el segundo, de la mitad al extremo menor. Para determinar la mitad se suman los dos extremos de la duración o del valor pecuniario de la pena y el total se divide por dos, prescindiendo de toda fracción.

Artículo 83.-Cuando la ley disponga que se aumente la pena o se disminuya en una fracción determinada, el aumento o la disminución se harán, respectivamente, a partir de los extremos mayor o menor de la pena ordinaria sin que se pueda en ningún caso salir, salvo disposición expresa en contrario, de los límites legales de la especie de pena de que se trate, según lo dispuesto en el capítulo anterior.

Caso de concurrencia de distintas disposiciones para disminuir la pena ordinaria, no se podrá ir más allá del límite inferior fijado en la disposición que autorice la rebaja mayor. Esta regla no rige para los casos en que la ley ordena conjuntamente la disminución de ambos extremos de la pena.

Artículo 84.-Cuando dos o más penas deban ser aplicadas copulativamente, el aumento o la disminución se harán con cada una de las sanciones.

Artículo 85.-Para la aplicación de la pena, según haya o no circunstancias atenuantes o agravantes, se observarán las siguientes reglas:

            1°-Si el hecho no ofreciere circunstancias atenuantes ni agravantes, el juez determinará prudencialmente la duración o cuantía de la pena, dentro de los límites que tuviere señalados la ordinaria.

2°-Cuando concurriere una sola atenuante o una sola agravante, la pena ordinaria se impondrá, en el primer caso, dentro del mínimum, y en el segundo, dentro del máximum.

3°-Si concurrieren dos o más atenuantes y ninguna agravante, podrá el juez disminuir la pena ordinaria hasta en un tercio; y si concurrieren dos o más agravantes y ninguna atenuante, podrá aumentarla hasta en un tercio.

4°- Cuando concurrieren circunstancias atenuantes y agravantes, el juez compensará las que racionalmente estimare equivalentes, graduando la importancia de unas y otras, y determinará la pena con las que prevalezcan, de acuerdo con las reglas anteriores.

    Artículo 86.-Cuando el hecho no fuere del todo excusable, por no concurrir todas las condiciones o el grado requeridos para eximir de pena o de responsabilidad, la punición ordinaria se disminuirá, concurran o no, circunstancias modificativas de responsabilidad, desde uno hasta dos tercios.

    Artículo 87.-Si al cometer el hecho punible el agente fuere mayor de diecisiete años y menor de veintiuno la pena ordinaria podrá reducirse hasta en un tercio, concurran o no circunstancias modificativas de responsabilidad, y hasta en dos tercios, si concurren dos o más atenuantes, no contrarrestadas por alguna agravante.

    Artículo 88.-Los jueces al dictar sentencia determinarán a su arbitrio, dentro de los límites preestablecidos por este Código, la cantidad de pena aplicable tomando en cuenta la mayor o menor peligro­sidad del delincuente; sin embargo, cuando se tratare de la pena de multa fijarán su cuantía no sólo en relación con, las circunstancias de la delincuencia, sino atendiendo también al caudal y medios de subsistencia del culpado.

    Artículo 89.-Para fijar la duración de las penas y para los demás efectos del presente Código en que haya de hacerse estimación de tiempo, el día constará de veinticuatro horas, el mes de treinta días y el año de doce meses, prescindiendo de cualquier fracción de horas que resulte, y el día comenzado se tendrá por terminado.

CAPITULO III

Suspensión condicional de la pena

Artículo 90.-En la sentencia condenatoria podrán los jueces suspender la ejecución de la pena, por un período de prueba de siete años, si concurrieren los siguientes requisitos:

1. -Que la condena consista en prisión, extrañamiento o inha­bilitación que: no excedan de tres años o en multa que no exceda de tres mil colones.

            2. -Que el procesado no haya sido condenado anteriormente por delito.

3. -Que los antecedentes del reo, investigados suficientemente demuestren que no se trata de un vago, de un ebrio o toxicómano habitual de una persona de mala conducta en general.

4.-Que la naturaleza o las modalidades del hecho imputado, el carácter o los antecedentes del reo y los móviles que lo impulsaron a delinquir, manifiesten que el agente no es peligroso.

            5.-Que al dictar sentencia el procesado se halle a derecho.

Artículo 91.-Cuando se impusieren dos o más penas conjuntamente, los jueces podrán suspender la ejecución de todas, algunas o alguna de ellas.

Artículo 92.-Los jueces deberán necesariamente suspender la ejecución de la pena, cuando además de darse las condiciones indicadas en, el artículo 90, se estuviere en uno de los casos siguientes:

            1.-Cuando concurriere la mayor parte de los requisitos exigidos para eximir de responsabilidad.

2. -Cuando se tratare de un caso de responsabilidad disminuída por anomalía mental de que no resulte enajenación completa; pero el agente será sometido a la medida de seguridad aplicable.

            3.-Cuando se tratare de un sordomudo mayor de diecisiete años declarado responsable.

            4.-En los delitos de acción privada, salvo en la violación y en el rapto, si mediare solicitud expresa de la parte acusadora.

        Artículo 93.-La suspensión no podrá otorgarse más de una vez al mismo reo, ni afecta las responsabilidades civiles contraídas por el delincuente.

Artículo 94.-La suspensión será motivada, con expresión de las razones legales y de moralidad en que se fundare. Se especificarán también las condiciones a que se subordina, entre las cuales podrán figurar, la fijación de residencia en determinado lugar, la abstención de bebidas alcohólicas y la sujeción a las medidas de vigilancia que se determinen.

Una vez firme la sentencia, el juez de la causa hará al reo personalmente, las advertencias necesarias acerca de la naturaleza del beneficio otorgado y de los motivos que pueden producir su cesación, y lo hará constar en el expediente por acta.

       Cuando la suspensión fuere solicitada, la denegación deberá también motivarse.

    Artículo 95.-Si durante el período de prueba el delincuente reincidiere o violare los deberes especiales que se le hayan impuesto, se hará efectiva la primera sentencia, además de la segunda, en la cual el reo será considerado como reincidente; y esa circunstancia se podrá en conocimiento del juez de la primera causa, para que revoque la suspensión y ordene el cumplimiento de la pena.

    Artículo 96.-Si a partir de la resolución ejecutoria que suspenda la condena, transcurriere el período de prueba de siete años sin que el penado incurra en los hechos de que trata el artículo anterior, la condena se tendrá por extinguida, en cuanto a sus efectos penales, mediante resolución del tribunal sentenciador, y aquélla no será certificada en lo sucesivo por el Registro Judicial de Delincuentes.

        Artículo 98.-En los casos de concurso o acumulación de deli­tos, o de primera reincidencia, no podrá concederse la libertad condicional sino cuando el delincuente haya cumplido las cuatro quintas partes de la pena y reúna, además, los requisitos señalados en el artículo anterior. Después de la segunda reincidencia no se otorgará la libertad condicional.

Artículo 99.-El penado que obtuviere la libertad condicional, quedará sujeto por todo el tiempo que falte de la condena, a las siguientes obligaciones:

1°-A residir en el lugar que determine el auto de soltura.

2°-A abstenerse de bebidas alcohólicas.

3°-A adoptar en el plazo que dicho auto señale, ocupación adecuada, si no tuviere medios bastantes de subsistencia.

    Artículo 100.-La libertad condicional será revocada cuando el penado reincidiere o violare sin razón suficiente cualquiera de las obligaciones que le impone el artículo anterior. En ese caso se hará efectivo el resto de la pena sin computar el tiempo de la libertad y no podrá el penado obtenerla nuevamente.

CAPITULO V

Medidas de seguridad

SECCION 1°

Disposiciones generales

Artículo 104.-No se impondrá medida de seguridad sin disposición legal que la establezca, o fuera de los casos que la ley determina.

    Artículo 105.-Las medidas de seguridad sólo se podrán decretar, con motivo de la ejecución de un hecho punible y por el juez que conociere de la causa, en la sentencia, sea condenatoria o absolutoria; pero en cualquier momento del proceso, antes del fallo, podrá ordenar, con carácter provisional, la internación del enajenado, o del ebrio o toxicómano habitual, en el establecimiento correspondiente.

    Artículo 106.-Salvo disposición en contrario, las medidas de seguridad son por tiempo indeterminado.

    Artículo 107.-Cuando procediere la aplicación de más de una medida de seguridad, podrán los jueces decretar la aplicación simultánea o sucesiva de las que se requieran.

    Artículo 108.-Los jueces pueden reformar o revocar en cual­quier tiempo sus resoluciones sobre medidas de seguridad, si se modifica o cesa el estado de peligro del agente.

Artículo 109.- La imposición de medidas de seguridad no impedirá la expulsión administrativa del extranjero en los casos previstos por la ley.

SECCION 2.

Internación en un manicomio o en un departamento de toxicómanos

Artículo 111.-Los jueces que declaren exento de pena a un procesado por causa de enajenación mental o de sordomudez, ordenarán la internación de éste en un manicomio o en otro lugar adecuado.

Podrán ordenar también que, después de cumplida la pena y cuando estimen peligroso al infractor, se interne al sordomudo mayor de diecisiete años, declarado responsable, o al condenado a pena disminuída por anomalía mental de que no resulte enajenación completa.

Caso de suspensión condicional de la pena, la medida de seguridad se hará efectiva una vez firme la sentencia.

    Artículo 112.-La internación no cesará sino en virtud de resolución judicial dictada, con audiencia de la Procuraduría General de la República, previo dictamen médico, que demuestre que el agente puede ser sometido a libertad vigilada sin peligro de que cause daño.

    Artículo 113.-Cuando estuviere comprobado que el reo es toxicómano habitual, podrán los jueces disponer que, antes o después de cumplida la pena, si fuere de privación de libertad, o simultáneamente con ella, si fuere de otra clase, sea internado aquél en un departamento de toxicómanos hasta que se demuestre, previo dictamen médico, que puede ser sometido a libertad vigilada.

SECCION 4°

Prohibición de frecuentar determinados lugares

Artículo 115.-La prohibición de concurrir a determinados lugares consiste en privar al agente del derecho de presentarse, por un lapso de seis meses a tres años, en los establecimientos o lugares que el fallo indique y que los jueces fijarán, atendiendo a los móviles de la acción, a las tendencias viciosas del delincuente, y, en general, al pro­pósito de apartado de sitios donde su presencia sea peligrosa.

SECCION 5°

Clausura de establecimientos

Artículo 116.-Podrá ordenarse la clausura de un establecimiento, por un período de uno a treinta días, cuando su propietario hubiere cometido el hecho punible con abuso de la licencia o con violación de los reglamentos administrativos o de policía, o cuando el establecimiento hubiere servido de medio o pretexto para la comisión del hecho delictuoso.

SECCION 6°­

Suspensión de sociedades y asociaciones

Artículo 117.-Cuando el representante de una sociedad o de una asociación, cometiere un hecho punible con los medios que para tal objeto aquellas entidades le proporcionen, de modo que resulte cometido a nombre o bajo el amparo de la representación social o en beneficio de ella, se podrá decretar la suspensión de la sociedad o asociación por un término que no exceda de tres meses.

SECCION 7°

Expulsión de extranjeros

Artículo 118.-El juez que impusiere una pena de prisión superior a tres años a un extranjero, o cuando éste fuere reincidente, cualquiera que sea la pena, podrá decretar su expulsión del territorio nacional, la cual se llevará a cabo una vez cumplida la pena.

También podrá acordar el Poder Ejecutivo la expulsión indefinida del extranjero condenado a la pena de prisión, después de que haya compurgado una parte prudencial, no inferior a una mitad, sin necesidad de gestión de parte y previa consulta a la Corte Suprema de Justicia.

    Artículo 140.-El juez o autoridad de la causa, háyase sus­pendido la condena o no, una vez firme la sentencia, remitirá un resumen auténtico de ésta al Registro Judicial de Delincuentes, que com­prenderá todos los datos indicados en el artículo anterior. La omisión o el retardo en el envío de esos resúmenes dará lugar a que el Jefe del Registro ponga el hecho en conocimiento de superior del juez o autoridad morosos, los cuales serán corregidos disciplinariamente: la primera vez, con amonestación y las sucesivas con suspensión del cargo, hasta por un mes.

    Artículo 141.-Con los datos que suministre el Registro y con los que debe enviar la Dirección General de Estadística, el Jefe del Registro rendirá al Ministerio de Justicia, para su publicación, un informe detallado anual sobre el movimiento criminal del país, con indicaciones del aumento o disminución de las diferentes clases de delincuencia, más las conclusiones y sugestiones pertinentes.

SECCION 2°

Modificación y cancelación de asientos

Artículo 142.-El Jefe del Registro podrá rectificar por sí, bajo su responsabilidad, los errores u omisiones cometidos por la oficina y los que provengan de una repetición de resúmenes.

            El contenido de los resúmenes sólo podrá rectificarlo en virtud de oficio auténtico de la autoridad expedidora del resumen.

    Artículo 146.-Cancelado un asiento, no podrá ser certificado, excepto que lo solicitare el propio interesado, o que lo pidiere una autoridad represiva con motivo de la apertura de un nuevo proceso, si la cancelación se había hecho de acuerdo con el artículo 144.

    Artículo 147.-Si el reo fuere condenado nuevamente, recobrará su vigor el asiento cancelado de acuerdo con el artículo 144, y así se hará constar de oficio al margen de ese asiento; pero las nuevas sentencias por cuasidelitos o faltas de policía, no afectarán las cancelaciones de asientos referentes a delitos.

TITULO V

Extinción de la acción penal y de la pena

CAPITULO I

Causas que extinguen la responsabilidad penal

Artículo 148.-La responsabilidad penal se extingue:

1°.-Por la muerte del delincuente.

2°.-Por el cumplimiento de la condena.

3°.-Por el perdón del ofendido, o de sus representantes legales cuando fuere incapaz, en los delitos privados.

            4.-Por la amnistía o el indulto general o particular, en los delitos políticos.

5°.-Por el indulto o la rehabilitación, en los delitos comunes.

6°.-Por la prescripción.

7°.-Por las demás causas que expresamente determine la ley.

Artículo 150.-Además de las personas que pueden ejercer la acción privada, según lo dispuesto en los artículos 2, 10, 12 y 13 del Código de Procedimientos Penales, corresponde también esa acción a la Procuraduría General de la República, cuando los representantes legales del incapaz fue­ren los delincuentes, y, por muerte del ofendido, a cualquiera de los que sean o hubieren de ser sus herederos legítimos.

Cuando los ofendidos sean menores abandonados o se estuviere tra­mitando el depósito legal de los mismos, por irresponsabilidad de los padres u otra causa similar, corresponderá la acción privada en los casos de los incisos 1) y 2) del artículo anterior, cuando ésta sea necesaria, al Patronato Nacional de la Infancia o a la Procuraduría General de la República.

Para proceder en las causas de contagio venéreo, o de violación, rapto, abusos deshonestos e incesto cuando estos delitos no sean de acción pública, se necesita por lo menos la denuncia hecha a la justicia por alguna de las personas especificadas en este artículo. En los demás delitos de acción pri­vada, a que se refiere el inciso 2) del artículo 149, pueden revalidarse las gestiones hechas por las autoridades en virtud de denuncia de las personas llamadas a acusar, siempre que establezcan en forma la acusación dentro de los treinta días siguientes a haberse iniciado tales gestiones.

(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 2464 del 9 de noviembre de 1959)

    Artículo. 151.-Cuando fueren varios los delincuentes, el perdón acordado a uno de ellos aprovecha a los demás.

    Artículo 152.-El perdón no puede ser condicional ni a término.

    Artículo 153.-El perdón del agraviado no dará derecho a la restitución de las sumas pagadas como multa, y en cuanto a terceros, respecto de los delitos a que se refiere el inciso 4° del artículo 149, las cosas volverán al mismo estado que tenían antes de la iniciación del proceso criminal, sin perjuicio de lo que la ley civil disponga.

CAPITULO III

Amnistía e indulto general o particular en los delitos políticos

Artículo 154.-La amnistía y el indulto general, aplicables exclusivamente a los delitos políticos o a los conexos con ellos, y el particular relativo a esos delitos, los concederá el Poder Ejecutivo a su libre arbitrio.

Se estimarán como conexos, los delitos comunes que sirvieren de medio para perpetrar el atentado político o que fueren su natural consecuencia.

    Artículo 155.-La amnistía implica derogación de la ley respecto del hecho o hechos sobre que recae, y extingue la acción penal a ellos relativa, así como la pena, si ya hubiere sido aplicada.

Artículo 157.-La concesión de la amnistía o del indulto no afecta en modo alguno los derechos del ofendido o de sus causahabientes respecto de la reparación civil.

CAPITULO IV

Indulto y rehabilitación en los delitos comunes

SECCION 1ª

Condiciones de la gracia

Artículo 158.-El indulto particular en los delitos comunes y la rehabilitación, los concederá el Poder Ejecutivo, en casos excepcionales, para satisfacer graves y evidentes necesidades de justicia, moralidad o conveniencia pública o de adecuación de la condena, respecto de condiciones o circunstancias que no fueron o no pudieron ser materia del pronunciamiento judicial.

Artículo 159.-No podrá ser concedida ninguna de estas gracias:

1.-A los reos de traición a la Patria, ni a los de homicidio perpetrado en ascendiente, descendiente, hermano o cónyuge, excepto cuando la recomiende el tribunal sentenciador.

2.-A los reos que hubieren incurrido en más de una reincidencia, quebrantado alguna condena, fueren ausentes o hubieren observado notable mala conducta durante el cumplimiento de la pena.

3.-A los condenados con el beneficio de suspensión de pena, ni a los que obtuvieren la libertad condicional, en cuanto a la pena suspendida o interrumpida.

    Artículo 160.-El indulto puede concederse de toda la pena, o de parte de ella, o de todas las penas, parte de ellas, o de alguna o algunas de las impuestas.

Artículo 161.-El indulto de la pena de prisión comprende la de interdicción de derechos que sea consecuencia de aquélla, salvo que en el acuerdo respectivo se limiten los efectos del indulto.

            El indulto de la pena de multa exime al reo del pago de la cantidad no satisfecha aún, sin derecho a la restitución de lo pagado.

        Artículo 162.-Los jueces podrán en la sentencia definitiva re­comendar al Poder Ejecutivo el indulto total o parcial:

1.-Cuando tuvieren convicción de que el hecho punible o el cargo son falsos o muy inferiores a lo que resulta del proceso, aunque conste lo contrario en la causa.

2.-Cuando el reo haya prestado servicios eminentes a la República y su conducta haya sido constantemente buena, debiendo con­tarse en este número, desde luego, a los que por la ley hubieren sido declarados Beneméritos de la Patria.

3.-Cuando el delincuente sea un pueblo, un cuerpo de tropas o una porción de individuos que pase de cincuenta.

Artículo 163.-Después de descontada la mitad de la condena de interdicción de derechos, se podrá otorgar la rehabilitación, siempre que esa pena no haya sido impuesta como consecuencia de la de prisión, y que el penado hubiere demostrado enmienda con su buena conducta.

    Artículo 165.-El indulto y la rehabilitación se entenderán da­dos bajo la condición de que quedarán sin efecto, si el penado re incidiere dentro del término que hubiere sido necesario para prescribir la pena remitida. En tal caso, la sentencia posterior que lo condene hará la revocatoria y ordenará que se sume a la nueva pena, la remitida, salvo que se trate de gracia concedida por recomendación de los jueces en la sentencia.

        Artículo 167.-La solicitud se dirigirá al Ministro de Gracia y debe acompañarse a ella, certificación literal íntegra de la sentencia condenatoria y del auto de liquidación de la pena; los documentos probatorios de la razón o motivos invocados para solicitar la gracia, y la prueba del parentesco si el reo no hace la solicitud personalmente.

Los informes testimoniales se harán constar en información levantada ante un Alcalde, con citación de la Procuraduría General de la República, y es preciso que los declarantes sean personas conocidas y de notoria honradez. La prueba del parentesco puede consistir en una constancia de la autoridad judicial o política del lugar de donde es vecino el petente, puesta al pie del escrito o en documento separado, en que asegure que, por el conocimiento del interesado o por informes fidedignos, le consta que existe el parentesco requerido.

    Artículo 168.-No se dará curso a la solicitud que comprenda más de una persona, salvo en el caso previsto por el inciso 39 del artículo 162, ni la que se haga a favor de un reo ausente; al efecto, el petente indicará el establecimiento en que está recluído el reo, o si no estuviere reducido a prisión, el lugar dónde se encuentra y a la orden de qué autoridad. El no haberse cancelado la fianza de haz u otro motivo explicable de no estarse cumpliendo la condena, autorizarán la tramitación de la solicitud.

Artículo 169.-Si a la solicitud de gracia faltare alguno de los requisitos exigidos, o no la presentare en persona el petente sin haber sido autenticada su firma, se rechazará de plano. Caso contrario, se pedirá informe a la Dirección General de Prisiones y Reformatorios(*), si el reo estuviere preso, tanto sobre el comportamiento del recluso y la parte de pena descontada, como si ha quebrantado alguna condena y si procede la solicitud, dadas las condiciones personales del reo.

(*)(Modificada su denominación por el artículo 2 de la ley N° 821 del 13 de diciembre de 1946, "Reforma Código Penal (1941)". Posteriormente mediante el artículo 3 de la ley N° 17 del 20 de mayo de 1948, "Crea Dirección General Prisiones y Reformatorios, reforma Código Penal (1941)", se indica que se cambie nuevamente el término por "Dirección General de Prisiones y Reformatorios")

    Artículo 171.-La Corte informará a la brevedad posible, y para ello podrá pedir el proceso respectivo ad effectum videndi.

Artículo 172.- El Poder Ejecutivo concederá o denegará la gracia por acuerdo formal que expresará las razones en que se funda y hará mención del parecer emitido por la Corte Suprema de Justicia. Tal acuerdo surtirá efectos en cuanto sea debidamente comunicado a las autoridades respectivas por la vía más rápida, y será publicado en la Gaceta, de preferencia, en los cinco días siguientes a la fecha del acuerdo.

(Así reformado por el artículo único de la ley N° 39 del 17 de enero de 1945)

CAPITULO V

Prescripción

SECCION 1ª.

Prescripción de la acción penal

Artículo 173.-La acción penal prescribe:

1.-En un tiempo igual al extremo mayor de la pena ordinaria, sin que pueda exceder de quince años ni ser inferior a cuatro, cuando la aplicable al hecho fuere prisión, extrañamiento o interdicción de derechos.

2.-En tres años, cuando la sanción fuere la de multa.

3.-En un año, en los delitos privados.

Artículo 174. -Cuando la pena ordinaria fuere compuesta o alternativa, no se tomará en cuenta la pecuniaria y se estará a la de mayor duración.

    Artículo 175.-La prescripción comienza a correr, para las infracciones consumadas, desde el día de la consumación; para las tentativas, desde el día en que se perpetró el último acto de ejecución, y para las infracciones continuas, desde el día en que se efectuó el último acto; pero si no se ha operado la prescripción, el auto de enjuiciamiento, aunque no esté firme, la interrumpe y empezará a correr de nuevo, desde que el procedimiento se paralice y abandone.

    Artículo 176.-Cuando para iniciar o continuar una acción penal sea necesario que se dicte resolución previa en otro juicio civil o penal, la prescripción no comenzará a correr sino desde que se dicte y haga firme tal resolución.

    Artículo 177.-Si el delincuente reincidiere durante el término de la prescripción en curso, perderá todo el tiempo trascurrido hasta el día de la comisión del último hecho, y el plazo comenzará a correr nuevamente desde ese día.

    Artículo 178.-La prescripción será declarada de oficio por el tribunal.

    Artículo 180.-No gozarán del beneficio de la prescripción de la pena, los que hubieren incurrido en más de una reincidencia.

Artículo 181.-La prescripción de la pena comienza a correr desde el día en que la sentencia sea ejecutoria, o desde el día en que se revoque la suspensión o la libertad condicionales, o desde el día en que debe empezar a cumplirse una pena después de compurgada otra anterior, o desde el quebrantamiento de la condena, si su ejecución ya hubiere comenzado.

En este último caso, y cuando la pena infligida fuere la de prisión o extrañamiento, el tiempo de la prescripción será el que falte de la condena quebrantada, más un cuarto, sin que pueda exceder de veinticinco ni bajar de cinco años.

    Artículo 182.-Si el penado reincidiere dentro del término de la prescripción de una pena anterior, perderá todo el tiempo transcurrido hasta el día de la comisión del último hecho, y el plazo comenzará a correr nuevamente desde ese día.

    Artículo 183.-La prescripción de la pena, podrá ser declarada de oficio.

LIBRO II

PARTE ESPECIAL

TITULO I

Delitos contra las personas

CAPITULO I

Homicidio

Artículo 184.-Se aplicará prisión de veintisiete a treinta años:

1.-Al que matare a su ascendiente, descendiente o cónyuge, sabiendo que lo es.

            2.-Al que matare a otro con alevosía o ensañamiento, o por sevicias graves, precio, promesa remuneratoria o impulso de perversidad brutal, o por medio de veneno, incendio, inundación, descarrilamiento, explosión o cualquier otro medio capaz de causar grandes estragos.

3.-Al que matare a una persona para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito, o para asegurar sus resultados o la impunidad para sí o sus cooperadores.

Artículo 185.-Será castigado con prisión de cinco años, el que mate a su hermano legítimo padre, madre o hijo adoptivos, o a su bienhechor.

En igual pena incurrirá el varón que matare a su manceba o la manceba que matare a su querido, si al ocurrir el hecho llevaban públicamente vida marital desde dos años antes por lo menos y habían tenido uno o más hijos.

Artículo 186.-Se impondrá prisión de cuatro a nueve años:

1.-Al que matare a otro, si la víctima provocó el acto homicida con ofensas o injurias graves.

2.-Al que con evidente propósito de causar sólo un daño en el cuerpo o en la salud, produjere la muerte de alguna persona.

Artículo 187.-Se impondrá prisión de cuatro a ocho años a la madre de buena fama que, para procurar mantenerla, matare a su hijo durante el nacimiento o hasta 24 horas después.

 (Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 2464 del 9 de noviembre de 1959)

    Artículo 188.-Se aplicará prisión de ocho a quince años, al que matare a otro y no estuviere comprendido en ninguno de los anteriores artículos, ni en otros casos en que se señale pena distinta.

Artículo 189-Será reprimido con prisión de dos a cinco años, el que instigare a otro al suicidio o le ayudare a efectuarlo si el suicidio se consuma inmediatamente después de la ayuda o la instigación.

Se impondrá prisión de seis a diez años al que diere muerte a otro, accediendo a expreso y formal ruego suyo.

En los casos anteriores, los jueces, apreciando las circunstancias personales del culpable, los móviles de piedad o compasión de su conducta y las circunstancias del hecho, quedan facultados para dis­minuir la pena a su prudente arbitrio, sin que ésta pueda en ningún caso ser inferior a un año.

Artículo 190.-Se juzgará por cuasidelito de homicidio al que por imprudencia, descuido o negligencia causare la muerte a otro y será reprimido con prisión de uno a cuatro años o multa de setecientos veinte a tres mil colones y, además, en todo caso, con inhabilitación para el ejercicio del arte, comercio, industria o profesión, oficio o cargo en que se ocasionó la muerte, de uno a cuatro años, aunque el reo no lo tenga como medio de subsistencia.

Cuando el ofendido haya incurrido a su vez en imprudencia, descuido o negligencia, la pena ordinaria podrá reducirse hasta en una mitad, atendiendo a la propia culpa del perjudicado y a las circunstancias modificativas de la responsabilidad.

            Al reincidente en cuasidelito de homicidio, no se le aplicará la pena de multa.

Artículo 191.-Para la imputación de homicidio, es preciso que la muerte sea consecuencia de la acción o de la omisión atribuida al delincuente, y así se estimará en los casos siguientes:

            1.-Cuando una lesión produzca la muerte en el acto.

            2.-Cuando habiendo ocurrido la muerte con posterioridad, la lesión sea calificada de mortal.

3.-Cuando la muerte provenga inmediatamente de una causa distinta que se ha desarrollado como consecuencia de la lesión, aunque ésta no sea calificada de mortal.

En los casos de los incisos anteriores, no valdrá alegar contra la imputación, que la muerte ha podido evitarse con auxilios suficientes u oportunos, o que la lesión no habría sido mortal en otra persona o que lo fue a causa de la constitución física de la víctima o de las circunstancias en que la lesión se produjo.

        Artículo 192.-No se tendrá por mortal la lesión, aunque muera el que la hubiere recibido:

            1.-Cuando la muerte se deba a una causa anterior, en cuyo desarrollo no hubiere influido la lesión.

            2.-Cuando no teniendo la herida gravedad por sus caracteres, se haya vuelto mortal por una causa posterior, como la aplicación de medicamentos nocivos, operaciones quirúrgicas desgraciadas, o exce­sos o imprudencias del paciente o de los que lo rodearon o asistieron.

CAPITULO II

Aborto

Artículo 193.-EI que hiciere abortar a una mujer sin su consentimiento, será reprimido con prisión de tres a seis años; pero si el hecho fuere seguido de la muerte de ella, la pena será de seis a diez años.

Si el delincuente ejerciere fuerza o violencia sobre la mujer para obligarla a someterse al tratamiento abortivo, la pena será, en el primer caso, de cuatro a siete años de prisión y, en el segundo, de siete a doce.

    Artículo 194.-EI que con anuencia de la mujer y sin seguirse la muerte de ésta, causare un aborto, será castigado con prisión de uno a tres años, y si se siguiere la muerte, con prisión de dos a cinco años.

    Artículo 196.-Se infligirá prisión de nueve meses a tres años, cuando el hecho no ameritare responsabilidad mayor por lesiones u homicidio, al que por un acto de violencia determinare un aborto, sin haber tenido propósito de producirlo, si el estado de embarazo de la paciente le constare al agresor o fuere notorio o evidente.

    Artículo 197.-Sufrirá prisión de seis meses a tres años, la mujer que causare su propio aborto, o que consintiere en que otro se lo cause. La tentativa de la mujer soltera no es punible, cuando fuere su primera preñez.

Artículo 199.-El aborto practicado por un médico no es punible, si se ha realizado con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, si este peligro no pudo ser evitado por otros medios, y previa consulta de dos facultativos más.

En los lugares en donde sólo haya uno o dos médicos, debe avisarse, previamente a toda intervención, al Presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos para que autorice o no la operación. Si no hay telégrafo o radio en el lugar o si el caso fuere urgente, el médico procederá y dará aviso en seguida al Presidente de dicho Colegio.

CAPITULO III

Lesiones

Artículo 200.-Se comprenden bajo el nombre de lesiones, no sólo las heridas, excoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones y quemaduras, sino toda alteración de la salud y cualquier otro daño que deje huella o resultado en el cuerpo humano, si hiles efectos son producidos por una causa o agente externos.

Artículo 204.-Se infligirá prisión de seis meses a tres años, en el caso de que la lesión no tenga ninguna de las consecuencias previstas en los tres artículos anteriores, pero determine enfermedad o incapacidad para trabajar por un término que pase de diez días sin exceder de treinta, o deje al ofendido cicatriz visible y permanente en el rostro.

Artículo 206.-Si la víctima provocó el hecho delictuoso con ofensas o injurias graves, la pena será: en el caso del artículo 201, de dos a seis años; en el caso del artículo 202, de año y medio a cinco años; en el caso del artículo 203, de nueve meses a tres años; y en el caso del artículo 204, de tres meses a dos años.

    Artículo 207.-El que infiera a otro una lesión con el consentimiento de éste o a instancia suya, será penado con prisión de seis meses a tres años.

Artículo 209.-EI que por imprudencia, descuido o negligencia causare a otro una lesión, será castigado como autor del cuasidelito de lesiones con las puniciones siguientes:

1.-Si la lesión fuere de las previstas en los artículos 201 y 202, con prisión de nueve meses a dos años o multa de quinientos cuarenta a mil quinientos colones.

2.-Si la lesión fue de de la misma naturaleza de las enumeradas en el artículo 203, con prisión de seis a dieciocho meses o multa de trescientos sesenta a mil ochenta colones.

3.-Si la lesión correspondiere a una de las del tipo descrito en el artículo 204, con prisión de tres a doce meses o multa de ciento ochenta a setecientos veinte colones.

Se impondrá, además, en todo caso, inhabilitación de seis meses a tres años para el ejercicio del arte, comercio, industria, profesión, oficio o cargo en que se ocasionó la lesión, aunque el reo no lo tenga como medio de subsistencia.

            Cuando el ofendido haya incurrido a su vez en imprudencia, descuido o negligencia, la pena ordinaria podrá reducirse hasta en una mitad, atendiendo a la propia culpa del perjudicado y a las circunstancias modificativas de la responsabilidad.

            Caso de segunda reincidencia específica, no se aplicará la pena de multa.

CAPITULO IV

Disposiciones comunes al homicidio y a las lesiones

Artículo 210.-Cuando el homicidio o el delito de lesiones se, cometan por cónyuge, padre o madre, hermano o hermana contra el cónyuge, la hija o la hermana, de vida honesta, a quienes sorprenda en ilegítimo acto carnal o próximo a su consumación, o contra el copartícipe de tales actos, se impondrá la pena de tres meses a cuatro años, de prisión, salvo que el matador o heridor haya contribuido a la corrupción de su cónyuge, hija o hermana.

Artículo 211.-Cuando en riña o agresión en que pelearen varios contra varios, o varios contra uno, resultaren muerte o lesiones y no constare su autor, se aplicará a todos los que hubieren ejercido violencia sobre el ofendido la pena correspondiente a la especie, rebajados en un tercio sus extremos mayor y menor.

    Artículo 212.-Cuando el inculpado de homicidio o de lesiones haya sido herido por su adversario en la lucha habida con él, y la lesión fuere alguna de las definidas en los artículos 201, 202, y 203, la pena será la del caso, disminuidos en un tercio sus extremos mayor y menor.

CAPITULO V

Duelo

Artículo 213.-Los que se batieren en duelo y todos los que intervinieren en el mismo, serán reprimidos con prisión de tres meses a un año o con multa de ciento ochenta a setecientos veinte colones.

Los delitos que resulten con ocasión de un duelo, serán penados como delitos comunes, según las circunstancias que en cada caso ocurran.

Cuando del duelo resultare muerte o lesiones, serán considerados coautores los que lo hubieren concertado, tanto en representación del que lo provocó, como del que lo hubiere aceptado.

Serán considerados como cómplices y en todo caso castigado de acuerdo con lo que el  duelo resulte, los que faciliten armas, local o terreno para el mismo, teniendo noticia de su destino.

CAPITULO VI

Abandono de personas

            Artículo 214.-El que abandonare o dejare en desamparo en un lugar poblado a un menor de doce años, o a otra persona incapaz por causa de impedimento o enfermedad, a quien deba cuidar o mantener, será reprimido con prisión de seis meses a dos años.

La prisión será de dos a cuatro años, si a consecuencia del abandono resultare un grave daño en el cuerpo o en la salud del menor o incapaz, y de tres a diez años si ocurriere la muerte.

Artículo 215.-Los extremos mayor y menor de las penas antes dichas se aumentarán en un tercio, si el abandono o desamparo se hiciere en un lugar solitario, fuera de las poblaciones o por los pa­dres contra sus hijos o éstos contra aquéllas, o por el cónyuge, o por el hermano.

Serán disminuidos a la mitad, cuando fuere una mujer de buena fama la que abandone a su propio hijo en lugar poblado, para ocultar su deshonra, o cuando obedeciendo al mismo móvil lo haga el padre o el hermano para salvar la honra de la hija o de la hermana, siempre que la madre haya ocultado a extraños su preñez, que la acción se perpetre en los tres días siguientes al nacimiento y que el niño no haya sido bautizado aún públicamente o inscrito en el Registro Civil, o mostrado a terceras personas, que no sean el médico o la obstétrica que hubieren intervenido prestando sus servicios profesionales.

    Artículo 217.-Se infligirá prisión de tres a seis años al que abusare del error de una mujer, fingiéndose su marido y tuviere con ella acceso carnal.

   Artículo 220.-Se impondrá prisión de tres a siete años, cuando en el caso del artículo anterior, ocurriere alguna de las circunstancias de artículo 218.

        Artículo 223.-El rapto con miras deshonestas de una menor de doce años cumplidos, será castigado con prisión de tres a siete años.

El rapto de una mujer honesta mayor de doce años, pero menor de dieciocho, que se perpetrare con dichas miras o con fines matrimoniales, y con anuencia de la raptada, se sancionará con prisión de seis meses a dos años.

    Artículo 224.-En los casos previstos en los dos artículos anteriores, se presumirá que el rapto se ha ejecutado con miras deshonestas, si otra cosa no se probare o revelaren las circunstancias por modo evidente.

Artículo 226.-Comete incesto y será sancionado con prisión de seis meses a dos años, el que, conociendo las relaciones que lo ligan, tenga acceso carnal con un ascendiente o descendiente por consanguinidad o afinidad legítimas o ilegítimas, o con un hermano consanguíneo legítimo o natural, si el hecho no está comprendido en los artículos 216 y 219.

            Los menores de edad no incurren en responsabilidad alguna, si han sido seducidos por una persona mayor de edad.

Corresponde exclusivamente a la Procuraduría General de la República el ejercicio de la acción penal proveniente de este delito, cuando no haya otra persona llamada a ejercerla por la ley.

Artículo 232.-El que abusare deshonestamente de persona de uno u otro sexo, sin que haya acceso carnal, concurriendo las circunstancias expresadas en el inciso 1) del artículo 216, será penado con prisión de tres a seis años; y cuando concurren las circunstancias de los incisos 2) y 3) del mismo artículo 216, será penado con prisión de nueve meses a cuatro años. A los responsables de este delito, cuando el perjudicado sea un menor de doce años, no se les podrá otorgar el beneficio del indulto, excepto cuando lo recomiende el Tribunal sentenciador. 

No concurriendo en el abuso deshonesto ninguna de las circunstancias del expresado artículo 216, la pena será de seis meses a dos años de prisión, si la víctima fuere una doncella mayor de doce y menor de dieciocho años.

 Para los efectos de la regla anterior, rige la presunción contenida el artículo 219.

Si el autor del hecho fuere alguna de las personas mencionadas en artículo 218, los extremos mayor y menor de las penas antes dichas, serán aumentados en un tercio. 

(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 2464 del 9 de noviembre de 1959)

Artículo 234.-Se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de trescientos sesenta a mil quinientos colones, al que de cualquier modo ofenda el pudor o las buenas costumbres con hechos de grave escándalo, no penados expresamente.

TITULO III

Delitos contra el estado civil

CAPITULO I

Celebración de matrimonios ilegales

Artículo 235.-Los que contrajeren matrimonio, sabiendo el varón y la mujer que existe impedimento que lo hace legalmente imposible según el Código Civil, sufrirán prisión de uno a tres años.

TITULO IV

Delitos contra la libertad

CAPITULO I

Delitos contra la libertad individual

Artículo 242.-Se infligirá prisión de cuatro a diez años, al que, valiéndose de cualquier medio, redujere de hecho a una persona a servidumbre u otra situación análoga, y al que la recibiere y guar­dare en tal condición, para mantenerla en ella.

Artículo 256.-Se impondrá la pena del artículo anterior y, además, la de inhabilitación para el ejercicio de cargos y oficios públicos, o de profesiones titulares, en su caso, de seis meses a dos años, al que teniendo noticia por razón de su estado, de oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño y que no consista en un plan o conspiración para delinquir, lo revele sin causa que justifique su conducta.

En las mismas penas incurrirá el que divulgare actuaciones o procedimientos, que por ley deben quedar secretos.

TITULO V

Delitos contra la propiedad

CAPITULO I

Hurto

Artículo 266.-El que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, sin usar de violencia o intimidación contra las personas, ni fuerza en las cosas, salvo que la ley señale pena diferente, será reprimido:

            1.-Con prisión de nueve meses a tres años, si el valor de lo hurtado excede de cien colones y no pasa de quinientos.

            2.-Con prisión de año y medio a cinco años, si excede de quinientos colones y no es mayor de cinco mil.

            3.-Con prisión de tres a siete años, si es superior a cinco mil colones.

            Artículo 271.-Habrá fuerza en las cosas, si el robo se verificare con una de las siguientes circunstancias:

            1ª.-Con escalamiento de muros, paredes o techos.

            2ª.-Con rompimiento de muros, paredes, techos o suelos, o forzando o fracturando puertas o ventanas, interiores o exteriores.

            3ª-Con fractura o forzamiento de armarios, arcas o cual­quier otra clase de muebles cerrados.

            4ª-Con uso de ganzúa, llave falsa u otro instrumento se­mejante, o de la llave verdadera que hubiere sido sustraída o hallada.

Artículo 273.--Los extremos mayor y menor de las penas establecidas en este capítulo, serán aumentados en un tercio, sin exceder de treinta años, cuando el robo se cometiere con alguna de las siguientes circunstancias:

            1ª.-En cuadrilla, o sea, con el auxilio de dos o más malhe­chores.

            2ª-En despoblado y con armas.

            3ª.-Asaltando un vehículo en marcha fuera de las poblaciones.

CAPITULO IV

Extorsión

Artículo 277.-Será reprimido con prisión de tres a siete años, el que con violencia o intimidación o amenazas, o simulando autoridad pública u orden de la misma, obligue a otro a enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero, dinero o una cosa cualquiera, o a firmar, suscribir, otorgar, modificar, entregar o destruir algún documento capaz de producir efectos jurídicos, o a contraer alguna obligación, extinguir total o parcialmente un crédito o renunciar a algún derecho.