ARTÍCULO II

Ámbito de Aplicación

El presente Acuerdo se aplicará a las inversiones efectuadas antes o después de su entrada en vigor, por inversionistas de una Parte Contratante, conforme a las disposiciones legales de la otra Parte Contratante, en el territorio de esta última. Sin embargo, no se aplicará a divergencias o controversias que hubieran surgido con anterioridad a su vigencia o estén directamente relacionadas con acontecimientos producidos antes de su entrada en vigor. Asimismo, tampoco afectará derechos patrimoniales adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo.

ARTÍCULO III

Promoción, Admisión y Protección de las Inversiones

1°- Cada Parte Contratante, con sujeción a su política general en el campo de las inversiones extranjeras, incentivará en su territorio las inversiones de los inversionistas de la otra Parte Contratante y las admitirá en conformidad con su legislación.

2°- Cada Parte Contratante protegerá dentro de su territorio las inversiones efectuadas de conformidad con sus leyes y reglamentaciones por los inversionistas de la otra Parte Contratante y no obstaculizará la administración, mantenimiento, uso, usufructo, extensión, venta y liquidación de dichas inversiones mediante medidas injustificadas o discriminatorias.

ARTÍCULO IV

Tratamiento de las Inversiones

1°- Cada Parte Contratante garantizará un tratamiento justo y equitativo dentro de su territorio a las inversiones de los inversionistas de la otra Parte Contratante y asegurará que el ejercicio de los derechos aquí reconocidos no será obstaculizado por acto de la Administración.

2°- Cada Parte Contratante otorgará, con arreglo a su legislación nacional, a las inversiones de los inversionistas de la otra Parte Contratante, efectuadas en su territorio, un trato no menos favorable que aquel otorgado a las inversiones de sus propios inversionistas.

3°- Cada Parte Contratante otorgará, a las inversiones de los inversionistas de la otra Parte Contratante, efectuadas en su territorio un trato no menos favorable que aquel otorgado a las inversiones de los inversionistas de un tercer Estado, si este último tratamiento fuere más favorable.

Entre el trato nacional y el trato de nación más favorecida, cada Parte Contratante aplicará el trato que sea más favorable para la inversión del inversionista, a criterio de este último.

4°- Este tratamiento no se extenderá, sin embargo, a los privilegios que una Parte Contratante conceda a los inversionistas de un tercer Estado, en virtud de su asociación o participación actual o futura en una zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica y monetaria u otras instituciones de integración económica similar.

5°- El tratamiento concedido con arreglo al presente artículo no se extenderá a deducciones, exenciones fiscales ni a otros privilegios análogos otorgados por cualquiera de las Partes Contratantes a la inversión de los inversionistas de terceros países en virtud de un acuerdo para evitar la doble imposición o de cualquier otro acuerdo en materia de tributación.

ARTÍCULO V

Libre Transferencia

1°- Cada Parte Contratante permitirá sin demora, a los inversionistas de la otra Parte Contratante la libre transferencia de los fondos relacionados con las inversiones en moneda de libre convertibilidad, en particular, aunque no exclusivamente:

a) Intereses, dividendos, rentas, utilidades y otros rendimientos.

b) Amortizaciones de préstamos del exterior relacionadas con una inversión.

c) El capital o el producto de la venta o liquidación total o parcial de una inversión.

d) Los fondos producto del arreglo de una controversia y las indemnizaciones de conformidad con el Artículo 6.

2°- Las transferencias se realizarán al tipo de cambio vigente en el mercado de divisas a la fecha de la transferencia, de acuerdo con la ley de la Parte Contratante que haya admitido la inversión.

ARTÍCULO VI

Expropiación e Indemnización

1°- Ninguna de las Partes Contratantes adoptará medida alguna que tenga como efecto, directa o indirectamente, la nacionalización o la expropiación de las inversiones de los inversionistas de la otra Parte Contratante, ni cualquier otra medida que tenga efectos equivalentes, a menos que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Las medidas sean adoptadas por causa de utilidad pública o interés público y de conformidad con la ley.

b) Las medidas no sean discriminatorias.

c) Las medidas vayan acompañadas de disposiciones para el pago al inversionista o a su derechohabiente, de una indemnización pronta, adecuada y efectiva.

2°- La indemnización se basará en el valor de mercado que la inversión expropiada tenía en el momento inmediatamente anterior a aquel en que la medida adoptada haya sido anunciada, publicada, o por cualquier medio haya llegado a conocimiento público. La indemnización incluirá el pago de intereses calculados desde el día de la desposesión del bien expropiado hasta el día del pago. Estos intereses serán calculados sobre la base de una tasa comercial establecida con base en el valor de mercado, se abonará en moneda convertible y será efectivamente realizable y libremente transferible.

3°- De la legalidad de la nacionalización, expropiación o cualquiera otra medida que tenga un efecto equivalente y del monto de la indemnización se podrá recurrir ante los tribunales ordinarios de justicia de cada Parte Contratante.

ARTÍCULO VII

Indemnización por Pérdidas

Los inversionistas de cada Parte Contratante cuyas inversiones en el territorio de la otra Parte Contratante sufrieren pérdidas debido a una guerra o cualquier otro conflicto armado, a un estado de emergencia nacional, disturbios civiles u otros acontecimientos similares en el territorio de la otra Parte Contratante, deberán recibir de esta última, en lo que respecta a reparación, indemnización, u otro arreglo en relación con su inversión, un tratamiento no menos favorable que el que concede esta Parte Contratante a las inversiones de los inversionistas nacionales o de cualquier tercer Estado.

ARTÍCULO VIII

Subrogación

Cuando una Parte Contratante o un organismo autorizado por esta hubiere otorgado un contrato de seguro o alguna otra garantía financiera contra riesgos no comerciales, con respecto a alguna inversión de uno de sus inversionistas en el territorio de la otra Parte Contratante, esta última deberá reconocer los derechos de la primera Parte Contratante de subrogarse en los derechos del inversionista, cuando hubiere efectuado un pago en virtud de dicho contrato o garantía.

ARTÍCULO IX

Solución de Controversias entre una parte contratante

y un inversionista de la otra parte contratante

1°- Las controversias que surjan en el ámbito de este Acuerdo, entre una de las Partes Contratantes y un inversionista de la otra Parte Contratante que haya realizado inversiones en el territorio de la primera, serán, en la medida de lo posible, solucionadas por medio de consultas amistosas. Con este objetivo el inversionista notificará por escrito su inconformidad a la Parte Contratante receptora de la inversión.

2°- Si mediante dichas consultas no se llegare a una solución dentro de cinco meses a contar de la fecha de la notificación escrita mencionada en el párrafo 1., el inversionista podrá remitir la controversia a:

a) Los tribunales competentes de la Parte Contratante en cuyo territorio se efectuó la inversión.

b) Arbitraje internacional del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), creado por el Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, abierto para la firma en Washington el 18 de marzo de 1965.

Con este fin, cada Parte Contratante da su consentimiento anticipado e irrevocable para que toda diferencia pueda ser admitida a este arbitraje.

El tribunal arbitral decidirá sobre la base de:

a) Las disposiciones del presente Acuerdo y las de otros Acuerdos concluidos entre las Partes Contratantes.

b) El derecho nacional de la Parte Contratante en cuyo territorio se ha realizado la inversión, incluidas las reglas relativas a los conflictos de leyes y a los términos de eventuales acuerdos particulares concluidos en relación con la inversión.

c) Las reglas y los principios universalmente reconocidos de Derecho Internacional.

3°- Una vez que el inversionista haya remitido la controversia al tribunal competente de la Parte Contratante en cuyo territorio se hubiera efectuado la inversión o al tribunal arbitral, la elección de uno u otro procedimiento será definitiva y excluyente.

4°- Para los efectos de este artículo, cualquier persona jurídica que se hubiere constituido de conformidad con la legislación de una de las Partes Contratantes y cuyas acciones, previo al surgimiento de la controversia, se encontraren mayoritariamente en poder de inversionistas de la otra Parte Contratante, será tratada, conforme al artículo 25 2) b) de la referida Convención de Washington, como una persona jurídica de la otra Parte Contratante.

5°- Las sentencias arbitrales serán definitivas y vinculantes para las partes en el litigio y serán ejecutadas en conformidad con la ley interna de la Parte Contratante en cuyo territorio se hubiere efectuado la inversión.

6°- Las Partes Contratantes se abstendrán de tratar, por medio de canales diplomáticos, asuntos relacionados con controversias sometidas a proceso judicial o arbitraje internacional, de conformidad con lo dispuesto en este artículo, salvo en el caso en que la otra parte en la controversia no haya dado cumplimiento a la sentencia judicial o a la decisión del Tribunal Arbitral, en los términos establecidos en la respectiva sentencia o decisión.

ARTÍCULO X

Solución de Controversias entre las Partes Contratantes

1°- Las diferencias que surgieren entre las Partes Contratantes relativas a la interpretación y aplicación del presente Acuerdo, deberán ser resueltas, en la medida de lo posible, por medio de negociaciones amistosas. Con este objetivo la Parte Contratante que se considere afectada comunicará por escrito su inconformidad a la otra Parte Contratante.

2°- Si no se llegare a un entendimiento en el plazo de seis meses a contar de la fecha de la comunicación de la controversia, cualquiera de las Partes Contratantes podrá someterla a un Tribunal Arbitral Ad-hoc, en conformidad con las disposiciones de este artículo.

3°- El Tribunal Arbitral estará compuesto por tres miembros y será constituido de la siguiente forma: dentro del plazo de dos meses contado desde la fecha de notificación de la solicitud de arbitraje, cada Parte Contratante designará un árbitro. Esos dos árbitros, dentro del plazo de sesenta días contados desde la designación del último de ellos, elegirán a un tercer miembro que deberá ser nacional de un tercer Estado, quien presidirá el Tribunal. La designación del Presidente deberá ser aprobada por las Partes Contratantes en el plazo de treinta días, contado desde la fecha de su nominación.

4°- Si, dentro de los plazos establecidos en el párrafo 2 de este Artículo, no se ha efectuado la designación, o no se ha otorgado la aprobación requerida, cualquiera de las Partes Contratantes podrá solicitar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia que haga la designación. Si el Presidente de la Corte Internacional de Justicia estuviere impedido de desempeñar dicha función o si fuere nacional de alguna de las Partes Contratantes, el Vicepresidente deberá realizar la designación, y si este último se encontrare impedido de hacerlo o fuere nacional de alguna de las Partes Contratantes, el Juez de la Corte que lo siguiere en antigüedad y que no fuere nacional de ninguna de las Partes Contratantes, deberá realizar la designación.

5°- El tribunal arbitral decidirá sobre la base de las disposiciones de este Acuerdo, de los principios del derecho internacional en la materia y de los principios generales de derecho reconocidos por las Partes Contratantes. El tribunal decidirá por mayoría de votos y determinará sus propias reglas procesales.

6°- Cada una de las Partes Contratantes sufragará los gastos del árbitro respectivo, así como los relativos a su representación en el proceso arbitral. Los gastos del Presidente y las demás costas del proceso serán solventados en partes iguales por las Partes Contratantes, salvo que estas acuerden otra modalidad.

7°- Las decisiones del Tribunal serán definitivas y vinculantes para ambas Partes Contratantes.

ARTÍCULO XI

Consultas

Las Partes Contratantes se consultarán sobre cualquier materia relacionada con la aplicación o interpretación de este Acuerdo.

ARTÍCULO XII

Disposiciones Finales

1°- Las Partes Contratantes se notificarán entre sí cuando las exigencias constitucionales para la entrada en vigencia del presente Acuerdo se hayan cumplido. El Acuerdo entrará en vigencia treinta días después de la fecha de la última notificación.

2°- Este Acuerdo permanecerá en vigor por un período de diez años y se prolongará después por tiempo indefinido. Transcurridos esos diez años, el Acuerdo podrá ser denunciado en cualquier momento por cada Parte Contratante, con un preaviso de doce meses, comunicado por la vía diplomática.

3°- Con respecto a las inversiones efectuadas con anterioridad a la fecha en que se hiciere efectivo el aviso de terminación de este Acuerdo, sus disposiciones permanecerán en vigor por un período adicional de diez años a contar de dicha fecha.

4°- El presente Acuerdo será aplicable independientemente de que existan o no relaciones diplomáticas o consulares entre ambas Partes Contratantes.

Hecho en la Ciudad de San José, Costa Rica a los once días del mes de julio de 1996 en duplicado, en idioma español, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por el Gobierno de la                        Por el Gobierno de la

República de Costa Rica                   República de Chile

PROTOCOLO

Al firmar el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Chile convinieron en las siguientes disposiciones que constituyen parte integrante del Acuerdo referido.

Ad Artículo V

1°- El capital invertido podrá ser transferido solo después de un año contado desde su ingreso al territorio de la Parte Contratante, salvo que la legislación de esta contemple un tratamiento más favorable.

2°- Una transferencia se considerará realizada "sin demora" cuando se ha efectuado dentro del plazo normalmente necesario para el cumplimiento de las formalidades de la transferencia. El plazo, que en ningún caso podrá exceder de sesenta días, comenzará a correr en el momento de entrega de la correspondiente solicitud, debidamente presentada.

Ad Artículo VI

1°- Para efectos de este artículo, en el caso de Costa Rica el término de "valor de mercado" corresponderá al concepto de "justo precio" utilizado en la legislación costarricense, que será equivalente al monto de la indemnización que se determine de la siguiente manera:

El dictamen deberá incluir todos los datos necesarios para individualizar el bien que se valora.

Cuando se trate de inmuebles, el dictamen contendrá la valoración independientemente del terreno, los cultivos, las construcciones, los inquilinatos, los arrendamientos, los derechos comerciales, el derecho por explotación de yacimientos y cualesquiera otros bienes o derechos susceptibles de indemnización. Cuando se trate de bienes muebles, cada uno se valorará separadamente y se indicarán las características que influyen en su valoración.

Los avalúos tomarán en cuenta solo los daños reales permanentes. No se incluirán ni se tomarán en cuenta los hechos futuros ni las expectativas de derecho que afecten el bien. Tampoco podrán reconocerse plusvalías derivadas del proyecto que origina la expropiación.

Todo dictamen pericial deberá indicar, en forma amplia y detallada, los elementos de juicio en que se fundamenta el valor asignado al bien y la metodología empleada.

2°- Las Partes Contratantes acuerdan además, que nada de lo dispuesto en este Artículo afectará la potestad del gobierno de una Parte Contratante de decidir negociar o no con la otra Parte Contratante o con terceros Estados restricciones cuantitativas de sus exportaciones, ni su potestad de definir la asignación de las cuotas eventualmente negociadas a través de los mecanismos y criterios que estime pertinentes.

Hecho en la Ciudad de San José, Costa Rica a los once días del mes de julio de 1996, en duplicado, en idioma español, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por el Gobierno de la                      Por el Gobierno de la

República de Costa Rica                 República de Chile."

Rige a partir de su publicación.