Artículo 2º-Naturaleza del refrendo. El refrendo es un acto de aprobación, por lo que funge como un requisito de eficacia del contrato administrativo y no como un medio por el cual la Contraloría General de la República pueda anular de forma indirecta el acto de adjudicación ni el contrato administrativo. Por medio del refrendo la Contraloría General de la República examina y verifica que el clausulado del contrato administrativo se ajuste sustancialmente al ordenamiento jurídico, en los términos previstos en el artículo 8° de este Reglamento.

Cuando la Contraloría General de la República deniegue el refrendo a un contrato administrativo, señalará a la Administración los defectos que deben ser subsanados o enmendados para obtener el respectivo refrendo en un eventual trámite futuro.

En virtud de que los procedimientos de contratación pública y todos los aspectos relativos a la formación y perfección de los contratos administrativos están imbuidos por la celeridad en la debida e impostergable atención y satisfacción de las necesidades y requerimientos públicos, el análisis de legalidad que realiza la Contraloría General de la República en el refrendo está sujeto a los principios de eficiencia y eficacia desarrollados en el inciso e) del artículo 8° de la Ley General de Contratación Pública, y a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley General de la Administración Pública.

El refrendo no constituye un procedimiento administrativo destinado a resolver intereses contrapuestos de las partes o de terceros interesados, por lo que las gestiones que con ese propósito se interpongan durante el trámite, serán rechazadas de plano. El refrendo no es un medio por el cual la Contraloría General de la República ejerce las potestades de realizar auditorías y de investigación, reguladas en los artículos 21 y 22 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. En consecuencia, el análisis de legalidad se basa en una revisión del expediente administrativo, por lo que se presume la veracidad de la documentación en él incorporada, según el principio de buena fe que rige la actividad contractual pública, todo bajo la responsabilidad de los funcionarios de la Administración encargados de la conformación del expediente.

(Así reformado por el artículo 1° de la resolución N° R-DC-00056-2023 del 30 de junio del 2023)

CAPÍTULO II

Ámbito de aplicación

Artículo 3º-Contratos administrativos sujetos al refrendo. Requerirán el refrendo contralor los siguientes tipos de contratos:

1) Todo contrato administrativo de obra pública derivado de la aplicación del procedimiento de licitación mayor para obra pública, efectuado por las instituciones que se ubican en el inciso a) régimen ordinario del artículo 36 de la Ley General de Contratación Pública, y que su cuantía alcance o supere el monto que para dicho procedimiento se encuentra establecido en dicho inciso, más un 15%.

2) Todo contrato administrativo de obra pública derivado de la aplicación del procedimiento de licitación mayor para obra pública, efectuado por las instituciones que se ubican en el inciso b) régimen diferenciado del artículo 36 de la Ley General de Contratación Pública, y que su cuantía alcance o supere el monto que para dicho procedimiento se encuentra establecido en dicho inciso, más un 15%. De conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley General de Contratación Pública, el monto de los umbrales será actualizado por la Contraloría General de la República, en la segunda quincena del mes de diciembre, y regirán del 1° de enero al 31 de diciembre del año siguiente a su publicación.

3) Todo contrato de cuantía inestimable derivado de un procedimiento de licitación mayor, cuando tenga por objeto únicamente el otorgamiento de concesión de obra pública con o sin servicios públicos.

4) Todo contrato específico celebrado entre dos o más entes, empresas u órganos públicos, en el tanto tengan por objeto la constitución de fideicomisos.

5) Todo contrato administrativo que con independencia de su objeto y cuantía deba cumplir con el requisito de refrendo contralor en virtud de requerirlo expresamente una ley especial.

Para efectos de determinar la competencia para refrendo, se considerará únicamente la estimación del precio del contrato con su plazo original.

En el caso de contratos que incluyan además del componente de obra, el diseño, suministro de bienes u otros servicios, la competencia para conocer el refrendo por este órgano contralor no se verá afectada, en el tanto el precio total del contrato habilite su conocimiento, conforme las regulaciones del presente Reglamento.

No será requerido el refrendo contralor de aquellas contrataciones que, referidas a obra pública, se encuentren definidas tanto por el tipo de contrato como por la modalidad de ejecución, como inestimables. Se entienden incorporados entre otros dentro de este tipo de contrataciones las modalidades de convenio marco.

No estarán sujetos al refrendo, los demás contratos no referidos en este artículo o en las demás disposiciones de este Reglamento.

(Así reformado por el artículo 1° de la resolución N° R-DC-00056-2023 del 30 de junio del 2023)

Artículo 4.-Modificaciones contractuales. Las modificaciones contractuales que surjan con posterioridad a un trámite de refrendo, quedarán sujetas únicamente al refrendo interno. En ese proceso la Administración deberá verificar que las modificaciones se ajusten al ordenamiento jurídico.

(Así reformado por el artículo 1° de la resolución R-DC-114-2016 2016 del 16 de diciembre de 2016)

Artículo 6º-Relaciones con sujetos de Derecho Privado no vinculadas a la actividad contractual administrativa. Están excluidos del refrendo los convenios que tengan por objeto transferencias de la Administración a sujetos privados, ya sean originadas en un porcentaje o monto fijado por el legislador o dispuestas discrecionalmente por la Administración con fundamento en norma legal habilitante.

Tampoco requerirán refrendo los simples convenios de cooperación o colaboración celebrados por entes, empresas y órganos públicos con sujetos privados, cuyo objeto no suponga para la Administración el aprovisionamiento de obras, bienes y servicios que debe realizarse mediante la actividad contractual administrativa.

Los jerarcas de la Administración serán responsables de adoptar las medidas de control interno de conformidad con la Ley General de Control Interno, para garantizar que los fondos públicos empleados de conformidad con los párrafos anteriores, sean gestionados en estricto apego al ordenamiento jurídico vigente.

(Así reformado por el artículo 1° de la resolución N° R-DC-00056-2023 del 30 de junio del 2023)

CAPÍTULO III

Alcance del análisis

Artículo 8º-Alcance del análisis de los contratos. El análisis que realiza la Contraloría General de la República para determinar la procedencia del refrendo de un contrato administrativo es de legalidad y no de oportunidad o conveniencia. Asimismo, dicho análisis no implica una revisión integral del expediente electrónico de la contratación, sino que contempla la verificación de los siguientes aspectos:

1) Que exista contenido presupuestario suficiente y disponible para cubrir el precio contractual, según lo dispone el artículo 38 de la Ley General de Contratación Pública.

2) Que para la selección del contratista se haya seguido el procedimiento que corresponda.

3) Que estén incorporados en el expediente electrónico administrativo de la contratación en el Sistema Digital Unificado, los estudios técnicos, legales, financieros, económicos y administrativos, así como cualquier otro que sustente y se requiera para la selección del contratista. Es entendido que la decisión administrativa debe encontrarse debidamente motivada en los estudios antes indicados, sin que el trámite de refrendo implique una valoración de la forma en que la Administración ha definido el objeto contractual, aspecto que es de su responsabilidad.

4) Que las partes tengan la capacidad jurídica para suscribir las obligaciones contenidas en el contrato, para lo cual se deberá aportar en el caso del contratista, una certificación notarial o registral que acredite la representación legal de la empresa para la fecha de firma del contrato o para la de una eventual adenda en caso de requerirse. Para el caso de la Administración, la representación legal se presumirá, salvo en caso de duda razonable en cuanto a dicha condición, en cuyo caso podrá requerirse a la Administración, aportar certificación de representación legal para dicho contrato.

5) Que el contratista se encuentre al día en sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social, para lo cual este órgano contralor efectuará directamente la verificación en el Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) de dicha institución.

6) Que consten en el expediente electrónico de la contratación, la garantía de cumplimiento y cualquier otra garantía requerida por el pliego de condiciones del concurso, que se deba hacer valer en la etapa de ejecución contractual, así como el pago de las especies fiscales que correspondan, según el ordenamiento jurídico.

7) Que los derechos, obligaciones y demás condiciones incluidas en el contrato, se ajusten a los términos del pliego de condiciones y sus modificaciones, a la oferta adjudicada y sus aclaraciones, así como a los términos del acto de adjudicación y de los estudios técnicos, legales, financieros, económicos y administrativos, así como cualquier otro que lo sustentan.

8) En contratos de obra pública derivados de licitación mayor conforme al artículo 3° de este Reglamento, se indique la ubicación del apartado y la secuencia del expediente electrónico en donde constan las aprobaciones del o los responsables designados a lo interno de la institución, del cumplimiento de las etapas y estudios de la fase de preinversión y planificación del proyecto, que acredita que dicha fase y planificación fue realizada de forma completa y satisfactoria, conforme al artículo 72 de la Ley General de Contratación Pública y el artículo 179 de su Reglamento.

9) En contratos de obra pública derivados de licitación mayor conforme al artículo 3° de este Reglamento, que requieran expropiaciones para la ejecución del proyecto, se incorpore dentro del expediente electrónico, una certificación por parte del jefe de la unidad solicitante de la contratación, el jerarca o a quién éste último delegue, en la que se acredite que se cuenta con la disponibilidad física de todos los terrenos o que se encuentre en alguna de las excepciones cumpliendo con las condiciones previstas en el artículo 73 de la Ley General de Contratación Pública y el artículo 181 del Reglamento a la Ley.

10) En caso de contratos de obra pública derivados de licitación mayor conforme al artículo 3° de este Reglamento, que requieran relocalización de servicios públicos, se incorpore dentro del expediente electrónico, una certificación por parte del jefe de la unidad solicitante de la contratación, el jerarca o a quién éste último delegue, en la que se acredite que se cuenta con un plan integrado y coordinado con las distintas entidades públicas. Lo anterior conforme al artículo 73 de la Ley General de Contratación Pública y el artículo 182 del Reglamento a la Ley.

11) Que los derechos, obligaciones y demás condiciones incluidas en el contrato, resulten sustancialmente conformes con la Ley General de Contratación Pública y su Reglamento. En el caso que el objeto contractual y las obligaciones de las partes, encuentren sustento, además, en normativa especial, la Administración al momento de solicitar el refrendo, deberá indicar el régimen especial que lo regula. El análisis de legalidad que realiza la Contraloría General de la República para determinar la procedencia del refrendo, se circunscribe a los aspectos detallados en este artículo. Por lo tanto, es responsabilidad exclusiva de la Administración la legalidad de los demás aspectos no abordados en el análisis descrito, los cuales están sujetos a la fiscalización posterior facultativa de este órgano contralor.

(Así reformado por el artículo 1° de la resolución N° R-DC-00056-2023 del 30 de junio del 2023)

Artículo 10.-Alcance del análisis en el reajuste y la revisión de precios. Cuando las partes hayan establecido un mecanismo de reajuste o revisión de precios, la Contraloría General lo analizará como parte del trámite de refrendo en los términos del inciso 11) del artículo 8° de este Reglamento, en lo conducente, excepto en los casos de contratos de suministros de bienes y servicios, y contratos de obra pública, en los que será de entera responsabilidad de la Administración la legalidad del mecanismo pactado. En los casos excluidos del análisis de refrendo según el párrafo anterior, la Administración deberá adoptar las medidas de control interno que le permitan gestionar los riesgos asociados con este aspecto de la contratación pública. Para tales efectos, a continuación se enuncian elementos mínimos que se consideran parte de la verificación que debe hacer la propia Administración, de conformidad con el artículo 9° anterior:

1) En contratos de obra pública:

a) Debe haber consistencia entre el pliego de condiciones, la oferta y el contrato en cuanto al mantenimiento del equilibrio económico del contrato, lo anterior de conformidad con los riesgos asumidos por cada parte al establecerse el precio pactado.

b) El mecanismo de reajuste del precio contractual previsto, según corresponda, debe permitir de manera razonable mantener el equilibrio económico de los costos directos e indirectos del contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley General de Contratación Pública y el artículo 107 y 108 de su Reglamento.

c) En el expediente electrónico administrativo deberá constar lo siguiente:

i. La estructura del precio tanto en términos absolutos como porcentuales.

ii. El presupuesto detallado que sustenta la estructura y el precio ofertado, conforme al objeto contractual desglosados los componentes de cada renglón, ítem o rubro de pago, actividad o unidad de obra, de manera que se puedan conocer el detalle de los costos directos, costos indirectos, utilidad e imprevistos, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley General de Contratación Pública y el artículo 103 de su Reglamento.

iii. El programa de trabajo elaborado de conformidad con el inciso c) del artículo 172 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública. Éste debe incorporar el programa de los desembolsos de los pagos proyectados y las cantidades planificadas a ejecutar en cada mes calendario, con el fin de dar trazabilidad a la determinación objetiva del pago y del reajuste de los precios, según corresponda. iv. Para aquellos contratos donde proceda el mecanismo de reajuste de precios:

·       La fórmula matemática o excepcionalmente por las condiciones del objeto contractual la metodología alternativa para mantener el equilibrio económico del contrato según lo establecido en el párrafo segundo del artículo 43 de la Ley General de Contratación Pública.

·       La identificación de los índices de precios a aplicar a cada costo directo e indirecto de la estructura del precio, con especificación del índice, el nombre de la Autoridad Pública Competente que lo elabora y publica en el país de origen, así como la fuente y los medios oficiales de su publicación.

·       La documentación probatoria (factura proforma o documento equivalente) presentada en la oferta, según corresponda, que será utilizada para aplicar el método analítico-documental de conformidad con lo establecido en artículo 107 y 108 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública.

2) En contratos de suministro de bienes y servicios:

a) Debe haber consistencia entre el pliego de condiciones, la oferta y el contrato en cuanto al mantenimiento del equilibrio económico del contrato, lo anterior de conformidad con los riesgos asumidos por cada parte al establecerse el precio pactado.

b) El mecanismo de revisión del precio contractual previsto, según corresponda, debe permitir de manera razonable mantener el equilibrio económico de los costos directos e indirectos del contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley General de Contratación Pública y el artículo 109 de su Reglamento.

c) En el expediente electrónico administrativo deberá constar lo siguiente:

i. La estructura del precio tanto en términos absolutos como porcentuales.

ii. El presupuesto detallado que sustenta la estructura y el precio ofertado, conforme al objeto contractual desglosados los componentes de cada renglón, ítem o rubro de pago, actividad o unidad de bien o servicio, de manera que se puedan conocer el detalle de los costos directos, costos indirectos, utilidad e imprevistos, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley General de Contratación Pública y el artículo 103 de su Reglamento.

iii. Las fechas programadas y acordadas por las partes para la entrega de los suministros de bienes y servicios.

iv. Para aquellos contratos donde proceda el mecanismo de revisión de precios:

·       La fórmula matemática.

·       La identificación de los índices de precios a aplicar a cada costo directo e indirecto de la estructura del precio, con especificación del índice, el nombre de la Autoridad Pública Competente que lo elabora y publica en el país de origen, así como la fuente y los medios oficiales de su publicación.

·       La documentación probatoria (factura proforma o documento equivalente) presentada en la oferta, según corresponda, que será utilizada para aplicar el método analítico-documental de conformidad con lo establecido en artículo 107 y 109 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública.

(Así reformado por el artículo 1° de la resolución N° R-DC-00056-2023 del 30 de junio del 2023)

Artículo 11.- (Derogado por el artículo 3° de la resolución R-DC-114-2016 2016 del 16 de diciembre de 2016)

CAPÍTULO IV

Trámite

Artículo 12.-Requisitos. A partir de la entrada en vigencia de la Ley General de Contratación Pública, la solicitud de refrendo deberá efectuarse por medio del formulario de solicitud disponible en la interfaz de la Administración y los formularios de contrato y adendas del Sistema Digital Unificado cuando así corresponda, y será en este en donde el órgano contralor resolverá la gestión de refrendo que se presente. No obstante, para aquellos casos de imposibilidad comprobada de efectuar la solicitud de refrendo por medio del Sistema Digital Unificado o bien que medie dispensa de la autoridad competente, la solicitud podrá ser dirigida a la Contraloría General de la República, la cual deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1) Nota de remisión firmada mediante certificado digital reconocido en el país, en la que se indique lo siguiente:

I. Identificación de las partes contratantes, el objeto contractual, monto de la contratación y el tipo y número de procedimiento concursal realizado en el Sistema Digital Unificado (SDU).

II. Correo electrónico para recibir notificaciones.

III. Nombre, cargo y medio de localización del funcionario responsable de atender requerimientos de información de la Contraloría General de la República, así como indicar nombre, cargo y correo electrónico de un segundo funcionario encargado de atender requerimientos, en caso de ausencia del primero.

2) Documento contractual en formato electrónico firmado por las partes, mediante certificado digital reconocido en el país. También en caso fortuito o fuerza mayor que ocasione alguna imposibilidad material, debidamente acreditada en el expediente de la contratación de que se trate, podrá remitirse el documento contractual de manera física al igual que su nota de remisión, en cuyo caso al momento de su recibo se procederá a digitalizar la documentación, la que para todos los efectos tendrá el carácter de un documento electrónico como reproducción fiel del presentado en original. El documento contractual remitido de esta forma, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

I. El documento contractual deberá ser presentado por medio de los mecanismos establecidos en el módulo de refrendo del Sistema Digital Unificado. Si el documento es presentado de manera digital, debe ser en formato PDF (documento de formato portátil por sus siglas en inglés) o bien mediante formato abierto o multiplataforma que permita su lectura, en el cual queden claramente identificadas las obligaciones de las partes y los demás elementos esenciales de la contratación.

II. En el caso que el documento contractual sea presentado en formato digital, deberá venir firmado por cada una de las partes, mediante un certificado de firma digital válido en el país, para lo cual, para efectos de cálculo de especies fiscales, garantías y otras obligaciones, se utilizará como fecha la de la última firma impuesta sobre el documento, ello para el caso en que las partes contratantes firmen en fechas diferentes. Igual solución se brindará para el caso de las adendas.

III. Para estos casos, una vez concluido el trámite de refrendo, el oficio que se emita constituirá el acto de aprobación, sin que en el documento contractual remitido se incorpore dato electrónico alguno por parte del órgano contralor. Para efectos de identificación del acto de aprobación, en éste se dejará constancia de la fecha y hora de la firma electrónica del documento contractual suscrito por las partes contratantes, así como del número de ingreso otorgado por la Contraloría General. En los casos que el trámite de refrendo sea por medio del SDU, la aprobación brindada en dicho sistema constituirá al acto de refrendo.

3) En la nota de remisión la Administración deberá indicar expresamente si la contratación remitida a refrendo, requiere de expropiaciones y relocalización de servicios, en cuyo caso deberán aportarse las certificaciones indicadas en los incisos 9) y 10) del artículo 8.

4) Certificación de contenido presupuestario por medio de la cual se indique la existencia de recursos en el presupuesto de la institución y que se encuentran debidamente identificados y disponibles para cubrir el gasto que la respectiva contratación demande, todo de conformidad con el artículo 38 de la Ley General de Contratación Pública.

5) Garantía de cumplimiento vigente, la cual debe encontrarse debidamente incorporada en el apartado respectivo del expediente electrónico tramitado en el SDU.

6) Especies fiscales respectivas aportadas por cada una de las partes, o bien indicación en la nota de remisión de la norma jurídica que exime su pago. En el caso de corresponder su pago, al igual que en el punto anterior, la información que acredite la cancelación de este monto deberá encontrarse debidamente incorporada en el apartado respectivo del expediente electrónico.

7) Que el documento contractual esté debidamente registrado en el Sistema Integrado de Actividad Contractual, con la finalidad que la Contraloría General incorpore el resultado del trámite de refrendo una vez notificado, todo de conformidad con las "Directrices para el registro, la validación y el uso de la información sobre la actividad contractual desplegada por los entes y órganos sujetos al control y la fiscalización de la Contraloría General de la República", emitidas mediante resolución N° D-42005-CO-DDI, y publicada en La Gaceta N°243 del 16 de diciembre del 2005. La ausencia de cumplimiento de uno o más de los requisitos detallados en los incisos anteriores, podrá dar lugar al rechazo de plano de la solicitud de refrendo.

(Así reformado por el artículo 1° de la resolución N° R-DC-00056-2023 del 30 de junio del 2023)

Artículo 13.-Plazo y suspensiones. La Contraloría General de la República deberá resolver la solicitud de refrendo de los contratos dentro de un plazo de veinticinco días hábiles.

Durante el trámite de refrendo, la Contraloría General de la República podrá formular un máximo de dos requerimientos de información adicionales para el estudio de fondo del documento contractual respectivo, para lo cual hará el emplazamiento a la Administración por el lapso razonable que fije a los efectos, durante el cual estará suspendido a su vez el plazo de resolución final regulado en el párrafo anterior. Si la Administración no subsana en tiempo lo requerido por la Contraloría General de la República, se procederá al rechazo de la solicitud de refrendo.

Cuando en el transcurso del trámite de una solicitud de refrendo la Administración remita un documento de modificación al texto contractual bajo examen, ya sea de oficio o en atención a requerimiento de información que podrá hacerle la Contraloría General de la República según las reglas del párrafo anterior, el plazo previsto será de quince días hábiles en todos los casos que se computará a partir del día siguiente al del recibo de la modificación en la Contraloría General de la República.

De presentarse adenda al contrato, y de ser necesario, podrá requerirse solicitud de información adicional por una única vez.

(Así reformado por el artículo 1° de la resolución N° R-DC-00056-2023 del 30 de junio del 2023)

Artículo 14.-Decisión final. Efectuado el análisis del contrato y agotadas las solicitudes de información indicadas en el artículo anterior, la Contraloría General de la República deberá resolver la aprobación o denegatoria del refrendo al contrato.

Para este propósito, en el caso de aprobación, en el acto respectivo expondrá las consideraciones y términos correspondientes al resultado del trámite, pudiendo inclusive dejar previstas observaciones para su atención por la Administración en la etapa de ejecución, las cuales serán exclusivas para ese contrato.

En el caso de denegatoria, el acto respectivo deberá indicar los puntos debidamente fundamentados que se tuvieron por incumplidos y que provocan la improbación del trámite, todo con la finalidad que una vez atendidos, la Administración pueda presentar nueva gestión de refrendo ante el órgano contralor.

(Así reformado por el artículo 1° de la resolución N° R-DC-00056-2023 del 30 de junio del 2023)

Artículo 17.-Refrendo interno. De conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y en este Reglamento, la actividad contractual excluida del refrendo ante la Contraloría General de la República, estará sujeta al refrendo interno de la Administración, únicamente en los siguientes casos:

1) Todo contrato administrativo derivado de la aplicación del procedimiento de licitación mayor no sujeta a refrendo.

2) Todo contrato administrativo derivado de la aplicación del procedimiento de licitación menor, en el tanto el precio contractual alcance el límite inferior vigente para la aplicación de dicho procedimiento en el régimen ordinario o diferenciado, según corresponda al de la Administración contratante.

3) Todo contrato administrativo derivado de la aplicación de la excepción de proveedor único, establecida en el inciso c) del artículo 3° de la Ley General de Contratación Pública, en el tanto el precio contractual alcance el límite inferior vigente para la aplicación de licitación menor en el régimen ordinario o diferenciado, según corresponda al de la Administración contratante.

4) Todo contrato administrativo de entes, empresas, u órganos públicos en competencia que se tramite por el procedimiento especial regulado en el artículo 68 de la Ley General de Contratación Pública, en el tanto el monto del contrato alcance el límite inferior de la licitación menor de acuerdo con el régimen ordinario o diferenciado al que pertenezca la Administración contratante. Para efectos de la aplicación de este artículo, la estimación del precio del contrato considerará únicamente el plazo original del contrato y no sus eventuales prórrogas.

(Así reformado por el artículo 1° de la resolución N° R-DC-00056-2023 del 30 de junio del 2023)

Artículo 18.-Refrendo interno. Trámite. El refrendo interno indicado en el artículo anterior, estará a cargo de la asesoría jurídica institucional o aquella otra con especialidad jurídica designada por el jerarca, que en ningún caso podrá ser la Auditoría Interna.

Cada institución estará en la obligación de emitir las disposiciones internas que correspondan para regular este proceso, sin embargo como aspectos mínimos deberá atenderse lo siguiente:

1) El plazo con que contará la Asesoría Jurídica o unidad interna designada para emitir el acto de refrendo interno será de quince días hábiles ello sin perjuicio de las dos prevenciones que se pueden realizar durante el trámite y que suspenden el cómputo del plazo hasta su debida atención, para lo cual la Administración se sujetará a lo dispuesto en el artículo 13 del presente Reglamento.

2) Para efectos de la verificación de requisitos, la Unidad encargada del refrendo interno se limitará a lo establecido en el artículo 8° y 10 del presente Reglamento, en el entendido que los demás aspectos no verificados, corren bajo responsabilidad exclusiva de la oficina, órgano o dependencia de la Administración encargada de la tramitación del procedimiento y de fiscalización del contrato en la etapa de ejecución. Para estos casos la dependencia encargada de otorgar el refrendo interno, en el respectivo acto de aprobación, establecerá la verificación de cada uno de esos requisitos.

3) El refrendo interno se otorgará directamente en el SDU, siempre y cuando se tenga habilitada dicha función por la oficina competente y exista operatividad en los sistemas, y se verifique al menos lo siguiente en el espacio destinado para ese efecto: identificación de las partes contratantes, el objeto contractual, el tipo y número de procedimiento concursal, el monto de la contratación, estudios técnicos, legales, financieros, económicos y administrativos, así como cualquier otro que sustentan el acto de adjudicación, plazo, aptitud legal para suscribir digitalmente el documento, garantías y especies fiscales cuando corresponda.

En estos casos, el funcionario encargado del estudio del refrendo interno, verificará igualmente cada uno de los aspectos referidos en el artículo 8° y 10 del presente Reglamento, y en caso de brindarse la respectiva aprobación, en el apartado destinado para ese fin, firmará digitalmente en la casilla de aprobación, con lo cual se entenderá aprobado el contrato. Igualmente podrá la Administración definir otros puntos de control mediante herramientas en las que verifique cada uno de los puntos indicados en dicho artículo.

(Así reformado por el artículo 1° de la resolución N° R-DC-00056-2023 del 30 de junio del 2023)