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 Normativa >> Directriz 022 >> Fecha 23/06/2023 >> Texto completo
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Texto Completo Norma 022
Implementación de medidas inmediatas para fortalecer la integridad en la función pública



N° 022-PLAN



EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA



Y LA MINISTRA DE PLANIFICACIÓN NACIONAL



Y POLÍTICA ECONÓMICA



En uso de las facultades establecidas en los artículos 130, 140, incisos 3), 8) y 20) de la Constitución Política; 25.1, 27.1, 28 párrafo segundo inciso b), 99 y 100 de la Ley General de la Administración Pública, Ley Nº6227 del 2 de mayo de 1978; 46 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, N°2166 de 9 de octubre de 1957, reformada y adicionada por el Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N°9635 de 3 de diciembre de 2018; 3 de la Convención Interamericana contra la Corrupción, Ley N°7670 del 17 de abril de 1997; 7 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, Ley N°8557 del 29 de noviembre de 2006; Acuerdo sobre los términos de la Adhesión a la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Ley N°9981 del 21 de mayo de 2021; 3 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley N°8422 del 6 de octubre de 2004; 13 de la Ley General de Control Interno, Ley N°8292 del 31 de julio de 2002; Ley de Marco de Empleo Público, N°10159 de 8 de marzo de 2022; el Estatuto de Servicio Civil, Ley N°1581 de 30 de mayo de 1953; el Reglamento al Estatuto de Servicio Civil, Decreto Ejecutivo N°21 de 14 de diciembre de 1954; Decreto Ejecutivo 40736-MP-H-MIDEPLAN "Creación de la Base de Datos de Empleo para el Sector Público" del 26 de octubre del 2017.



Considerando:



I.-Que el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) es el Rector de Empleo Público, para unificar y simplificar el empleo en el sector público y dotarlo de coherencia, orientándose hacia la eficacia y eficiencia administrativa según la planificación institucional, regional y nacional.



II.-Que los ministerios, las instituciones descentralizadas y demás instituciones creadas al amparo de los artículos 188 y 189 de la Constitución Política forman parte de la Administración Pública y dentro del ámbito de competencias y atribuciones de dirección política del Poder Ejecutivo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 140 inciso 8) de la Constitución Política, les corresponde vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas, de manera que sus actividades y sus recursos se utilicen bajo altos estándares de Integridad Pública, para salvaguardar el interés general.



III.-Que la Convención Interamericana contra la Corrupción, Ley Nº 7670 del 17 de abril de 1997, en su artículo III, establece que se deben crear, mantener y fortalecer normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas y prevenir los conflictos de interés, así como instrucciones al personal que aseguren su adecuada comprensión.



IV.-Que la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, Ley Nº 8557 del 29 de noviembre del 2006, artículo 5, le solicita a los Estados parte procurar el establecimiento y fomento de prácticas eficaces encaminadas a prevenir la corrupción y, artículo 7, solicita promover programas de formación y capacitación para los funcionarios que les permitan cumplir los requisitos de desempeño correcto, honorable y debido de sus funciones y les proporcione capacitación especializada y apropiada para que sean más conscientes de los riesgos de corrupción inherentes al desempeño de sus funciones.



V.-Que la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley Nº 8422 de 6 de octubre de 2004, establece imperativos sustanciales de orden ético y legal que imponen deberes de conducta acordes con principios elementales de objetividad, imparcialidad, neutralidad política partidista, eficacia, transparencia, resguardo de la hacienda pública, respeto al bloque de legalidad y sometimiento a los órganos de control.



VI.-Que el artículo 3 de la Ley Nº 8422, establece el deber de probidad aplicable a toda persona servidora pública, el cual obliga a cumplir las funciones que le confiere la ley con rectitud, buena fe y estricto apego a la legalidad, asegurando que las decisiones que se adopten en cumplimiento de las atribuciones públicas se ajusten a la imparcialidad y se orienten a la satisfacción del interés general, identificando y atendiendo las necesidades colectivas prioritarias de los habitantes de la República y administrando correctamente los recursos públicos, rindiendo cuentas.



VII.-Que con la adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico el país adquiere el compromiso de respetar los estándares establecidos por esta organización, siendo uno de ellos la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública, del año 2017, que la define como: "La Integridad Pública se refiere a la alineación consistente con, y el cumplimiento de los valores, principios y normas éticos compartidos, para mantener y dar prioridad a los intereses públicos, por encima de los intereses privados, en el sector público".



VIII.-Que el artículo 13, inciso a) de la Ley General de Control Interno, Ley Nº 8292 de 31 de julio de 2002, establece como deber de los jerarcas y titulares subordinados, tomar acciones para promover la integridad y el cumplimiento de los valores éticos de la función pública a nivel institucional.



IX.-Que el artículo 4, inciso h) de la Ley Marco de Empleo Público, Ley Nº 10159 del 8 de marzo de 2022, establece como uno de los principios rectores del empleo público el Principio de Prevalencia del Interés General, descrito como "la gestión del empleo público, en todos sus componentes, debe estar orientada a dotar a la Administración Pública de personas servidoras públicas idóneas en lo técnico y lo moral, objetivas, independientes, imparciales e íntegras, estrictamente, sujetas al principio de legalidad, como garantía para la satisfacción del interés general."



X.-Que el artículo 7, inciso k) de la Ley Marco de Empleo Público, Ley Nº 10159 del 8 de marzo de 2022, establece la emisión de las disposiciones de alcance general, las directrices y los reglamentos, para la instrucción de las personas servidoras públicas sobre los deberes, las responsabilidades y las funciones del cargo, así como los deberes éticos que rigen la función pública.



XI.-Que con el fin de fomentar la integridad en la función pública, resulta indispensable fortalecer las medidas de formación básica y continua de las personas servidoras públicas y los instrumentos y mecanismos necesarios para lograr con efectividad este cometido. Por tanto,



Emiten la siguiente Directriz dirigida a todas las entidades y órganos bajo la Rectoría del Sistema General de Empleo Público.



DIRECTRIZ GENERAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN



DE MEDIDAS INMEDIATAS PARA FORTALECER



LA INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA



Artículo 1º-Integridad en la función pública. La Integridad Pública es el posicionamiento consistente y la adhesión a valores éticos comunes, así como al conjunto de principios y normas destinadas a proteger, mantener y priorizar el interés público sobre los intereses privados. Su fortalecimiento es responsabilidad de todas las personas que ejercen la función pública porque es crucial para asegurar la buena gobernanza pública y la confianza ciudadana en el sistema social y democrático de derecho.






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Artículo 2º-Compromiso de la Alta Dirección. El Presidente de la República y la Ministra de Planificación Nacional y Política Económica exhortan a Ministros, Presidentes Ejecutivos y demás jerarcas institucionales para que guíen con integridad a los organismos del sector público y asuman como prioritaria la adopción de medidas dirigidas a asegurar un sistema de integridad pública, coherente y coordinado, como herramienta de prevención en la lucha contra la corrupción en la función pública y la indispensable asignación de los recursos necesarios para el cumplimiento de tal fin.




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Artículo 3º-Objetivos. Sin menoscabo de otras medidas que se encuentren en curso o diseñadas para cumplir con el mismo propósito en cada entidad y órgano, para la adopción de las medidas institucionales se requiere que sean considerados los contenidos de esta Directriz en forma prioritaria, centrada en cinco objetivos:



a) Instruir a las personas servidoras públicas sobre las normas de integridad que rigen la función pública.



b) Fortalecer el marco regulatorio institucional de integridad pública.



c) Tramitar adecuadamente las denuncias administrativas sobre presuntos actos de corrupción y faltas al deber de probidad.



d) Promover la debida gestión de los conflictos de intereses.



e) Adquirir un compromiso con la idoneidad moral como criterio de selección, nombramiento y promoción para los cargos públicos.




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Artículo 4º-Divulgación de instrumentos de prevención. Se deberá poner en conocimiento de todas las personas servidoras públicas, los instrumentos desarrollados por la Procuraduría de la Ética Pública para fortalecer la integridad en la función pública, tales como la "Guía básica para ejercer con probidad la función pública" y el "Manual básico para prevenir la corrupción en la función pública", así como cualquier otro que dicho órgano elabore. Los instrumentos deben estar disponibles en el sitio web de la Procuraduría General de la República y se deben divulgar en los sitios web de cada entidad y órgano.




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Artículo 5º-Formación de las personas servidoras públicas en materia de deberes éticos. Cada entidad y órgano deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar que todas las personas servidoras públicas tengan el conocimiento y la comprensión de los deberes éticos de la función pública, generales y particulares de la Institución y del cargo, aplicando al menos, las siguientes:



a) Formación mínima uniforme: Durante el año 2024 todas las personas servidoras públicas deben aprobar el curso de autoaprendizaje denominado "Integridad en el ejercicio de la función pública: aspectos básicos del deber de probidad", elaborado por la Procuraduría de la Ética Pública. Este curso también se debe incorporar al procedimiento de inducción de las personas de nuevo ingreso en cada entidad y órgano.



Además, todas las personas servidoras públicas deben recibir un programa de formación básica que, al menos, ponga en conocimiento el marco normativo general y la regulación interna sobre los deberes éticos de la función pública. Estos contenidos comprenden:



i. Convención Interamericana contra la Corrupción, Ley Nº 7670 del 17 de abril de 1997,



ii. Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, Ley Nº 8557 del 29 de noviembre de 2006,



iii. Aprobación del Canje de Notas entre el Gobierno de la República de Costa Rica y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) Constitutivo para la Adhesión a la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, Ley Nº 9450 del 11 de mayo de 2017,



iv. Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley Nº 8422 del 6 de octubre de 2004,



v. Responsabilidad de las personas jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno transnacional y otros delitos, Ley Nº 9699 del 10 de junio del 2019,



vi. Ley General de la Administración Pública, Ley Nº 6227 del 2 de mayo de 1978,



vii. Ley General de Control Interno, Ley Nº 8292 del 31 de julio de 2002, viii. Código Penal, Ley Nº 4573 del 4 de mayo de 1970,



ix. Reglamento de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Decreto Ejecutivo Nº 32333-MP-J del 12 de abril de 2005,



x. Reglamento al Título II de la Ley de Responsabilidad de las Personas Jurídicas sobre Cohechos Domésticos, Soborno Transnacional y otros Delitos, Ley N°9699 del 10 de junio del 2019, denominado "Modelo Facultativo de Organización, Prevención de Delitos, Gestión y Control", Decreto Ejecutivo 42399-MEIC-MJP del 4 de junio del 2020,



xi. Principios Éticos de los Funcionarios Públicos, Decreto Ejecutivo Nº 33146-MP del 24 de mayo del 2006,



xii. Directriz D-2-2004 emitida por la Contraloría General de la República, denominada "Directrices Generales sobre principios y enunciados éticos a observar por parte de los jerarcas, titulares subordinados, funcionarios de la Contraloría General de la República, Auditorías Internas y servidores públicos en general", del 12 de noviembre del 2004,



xiii. El Código de Ética y Conducta Institucional interno de cada entidad u órgano.



xiv. El Reglamento sobre prevención y manejo de conflictos de intereses interno de cada entidad u órgano.



xv. Cualquier otra regulación interna en materia de Integridad Pública.



Para garantizar uniformidad de contenidos, estructuras y requisitos, tanto los Códigos de Ética y Conducta Institucional, como los programas y actividades de capacitación en materia de integridad pública deberán someterse a la consideración de la Procuraduría de la Ética Pública.



b) Formación continua: Cada entidad u órgano deberá incluir en sus Planes Institucionales de Capacitación o similares, actividades periódicas de formación en materia de Integridad Pública: ética y probidad, que le permita al personal contar con las competencias, habilidades y conocimientos necesarios para aplicar los valores, principios y normas de Integridad Pública.




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Artículo 6º-Marco regulatorio institucional. Cada entidad u órgano deberá contar con normativa interna para vincular los principios y normas de integridad que regulan el correcto ejercicio de la función pública con los riesgos específicos de corrupción identificados a lo interno de cada una de las instituciones.



En caso de que no se cuente con la normativa, el jerarca institucional adoptará las medidas que correspondan para emitirla y ponerla en vigencia dentro del plazo de 12 meses contados a partir de la entrada en vigencia de esta Directriz. Si no se implementa dentro de ese plazo, el Jerarca deberá justificar ante el Sr. Presidente de la República los motivos de su incumplimiento, como acto previo a la presentación de una solicitud de ampliación de plazo ante la Sra. Ministra de Planificación Nacional y Política Económica.



En la emisión de normativa interna, cada entidad y órgano deberá considerar, al menos, la inclusión de los siguientes tópicos:



a) Revelación de intereses privados que comprometen la imparcialidad y objetividad.



b) Actividades y relaciones privadas incompatibles con la función pública.



c) Mecanismos para la identificación y manejo adecuado de los conflictos de intereses.



d) Deber de abstención.



e) Uso correcto del cargo y de los recursos públicos.



f) Régimen de recepción de donaciones y obsequios.



g) Revelación de agendas, reuniones, visitas y viajes.



h) Regulación para los riesgos específicos de conflictos de intereses.



Estos contenidos se deben incorporar en instrumentos internos como el Reglamento Autónomo de Servicio, el Reglamento sobre Prevención y Manejo de Conflictos de Intereses y el Código de normas de conducta interno.




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Artículo 7º-Obligación de las entidades y órganos de detectar y sancionar la corrupción. Cada entidad y órgano deberá adoptar las medidas necesarias para facilitar y garantizar un trámite adecuado de las denuncias que se presenten sobre actos de corrupción y faltas al deber de probidad en la función pública, asegurando la protección de la persona denunciante y de los testigos e incorporando los siguientes contenidos:



a) Canal interno: Cada entidad y órgano deberá contar con un canal interno para la recepción de las denuncias por actos de corrupción, debidamente identificado, de fácil acceso para las personas servidoras públicas y la ciudadanía, que brinde la posibilidad de denunciar por medios electrónicos y que se publicite en forma periódica.



El jerarca institucional es el responsable de velar de que se cumpla lo anterior. Además, deberá remitir a la Procuraduría de la Ética Pública la información sobre el canal interno de denuncia establecido y actualizarla, en caso de que este varíe.



La Procuraduría de la Ética Pública debe publicar en su sitio web la información relacionada con los canales de denuncia de las diferentes entidades y órganos.



b) Tramitación: Las denuncias que se presenten en cada entidad y órgano deberán tramitarse en forma célere, diligente, transparente, conforme lo exige la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley N° 8422 del 06 de octubre del 2004 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo Nº 32333-MP-J del 12 de abril de 2005.



La gestión de las denuncias debe estar a cargo de personal capacitado, al que se le debe brindar el apoyo y los recursos necesarios. Las denuncias se deben registrar de tal manera que, tanto las personas habitantes como las entidades y órganos, puedan identificarlas, darles seguimiento con facilidad y, una vez finalizada, informar a la persona denunciante sobre el resultado.



c) Confidencialidad del denunciante: El nombre y cualquier otro dato que permita identificar a la persona denunciante constituye información confidencial por mandato de Ley. Esta protección de la identidad de la persona denunciante debe ponerse en conocimiento de todo el personal de las entidades y órganos.



Las entidades y órganos deberán adoptar las acciones necesarias para resguardar la confidencialidad de la identidad de las personas que presentan denuncias, de forma tal que se dé un ambiente propicio de confianza, que no deje duda respecto a su efectiva protección.



d) Prevención de represalias laborales: La persona servidora pública que presente denuncias por presuntos actos de corrupción o que tenga conocimiento sobre la comisión de un acto de corrupción y sea testigo en el procedimiento administrativo o penal que conoce de los hechos, no debe sufrir menoscabo en su situación laboral, a consecuencia de esto.



Las entidades y órganos deberán acoger las medidas pertinentes para prevenir todas las formas de represalia laboral y acciones discriminatorias contra las personas servidoras públicas denunciantes o testigos de actos de corrupción, incluidas las amenazas de represalias, motivadas en tales condiciones y debe brindar apoyo a quienes la sufran en caso de que sucedan.



e) Independencia del régimen de responsabilidad administrativa: El procedimiento administrativo es la vía que permite a cada entidad y órgano el establecimiento de la responsabilidad disciplinaria por los actos de corrupción y las faltas al deber de probidad. Es independiente de la vía penal que impone una responsabilidad de distinta naturaleza. Cada entidad y órgano deberá velar para que los procedimientos disciplinarios que conocen de esta materia, se realicen de forma oportuna y efectiva, asegurando que se imponga la sanción disciplinaria correspondiente.




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Artículo 8º-Oficinas de gestión de recursos humanos. Las oficinas encargadas de la gestión de recursos humanos en cada entidad y órgano constituyen una importante instancia para prevenir la corrupción. Para fortalecer este rol, es necesario desarrollar procedimientos que acrediten la idoneidad moral para desempeñar un cargo público, implementando las siguientes acciones:



a) Incorporar en el expediente personal de cada persona servidora pública, la evidencia que acredite la aprobación del curso "Integridad en el ejercicio de la función pública: aspectos básicos del deber de probidad" así como la formación mínima uniforme y la formación continua que refiere el artículo 5 de esta Directriz. En caso de requerirse, debe expedir la certificación de la formación que ha recibido cada persona servidora pública en esa materia.



b) Requerir una declaración jurada sobre parentescos durante el proceso de selección para el ingreso a cada entidad y órgano, previo a la conformación de la terna o nómina, en la que hagan constar el nombre del cónyuge o de la persona conviviente, así como las relaciones de parentesco de hecho o de derecho que tengan con personas servidoras públicas de la misma entidad u órgano, hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, padrastros, hijastros y dependientes económicos, con indicación del cargo y oficina en la que laboran. Esta información gozará de la misma tutela de protección de datos que posee el expediente personal de la persona servidora pública.



c) Llevar el registro de la información de parentescos existentes en cada entidad u órgano, el cual debe consultarse de previo a la realización de cualquier movimiento de personal y mantenerlo actualizado. Para elaborar el registro de información, debe solicitar la misma declaración de parentescos a las personas servidoras públicas actuales y se les debe informar sobre la necesidad de reportar de forma inmediata los cambios en las circunstancias declaradas. La información de este registro y su acceso gozará de la misma tutela de protección de datos que posee el expediente personal de cada persona servidora pública.



d) Consultar el Registro de Personas Inelegibles en la Plataforma Integrada de Empleo Público creada en la Ley Marco de Empleo Público, previo a la realización de cualquier tipo de nombramiento.




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Artículo 9º-Información sobre las medidas de integridad. Cada entidad y órgano deberá organizar la información sobre las medidas implementadas para la prevención, detección, investigación y sanción de los actos de corrupción y faltas al deber de probidad en el ejercicio de la función pública. Para ello, deberá disponer de datos actualizados sobre:



a) Acciones de formación en materia de integridad pública: valores, principios y normas.



b) Regulación interna para el cumplimiento del deber de probidad.



c) Proyectos, acciones o actividades adoptadas para prevenir la corrupción.



d) Denuncias administrativas presentadas por faltas al deber de probidad o actos de corrupción y su resultado.



e) Sanciones disciplinarias impuestas por faltas al deber de probidad o la comisión de actos de corrupción.




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Artículo 10.-Medidas para fortalecer la integridad en entidades y órganos bajo el ámbito de cobertura de la Ley Marco de Empleo Público. En los casos de las relaciones de empleo de las personas servidoras públicas que desempeñen funciones o labores administrativas, profesionales o técnicas, que sean exclusivas y excluyentes, para el ejercicio de las competencias constitucionalmente asignadas al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones y a los entes públicos con autonomía de gobierno u organizativa, según la determinación que realice la respectiva institución, se les insta a adoptar las medidas establecidas en la presente Directriz, en aras de fortalecer la integridad en la función pública




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Artículo 11.-Vigencia. Rige a partir de su publicación.



Dada en la Presidencia de la República, San José, a los 23 días del mes de junio del año dos mil veintitrés.




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Fecha de generación: 22/2/2024 22:34:17
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