Ambito temporal

    Artículo 2º.- Este Código será aplicado desde que sea puesto en vigencia, aun en los procesos por delitos anteriores, salvo disposiciones en contrario.

Interpretación restrictiva

    Artículo 3º.- Será interpretada restrictivamente toda disposición legal que coarte la libertad personal, o que limite el ejercicio de un poder conferido a los sujetos del proceso, o que establezca sanciones procesales.

Normas prácticas

    Artículo 4º.- La Corte Suprema de Justicia dictará, de oficio o a propuesta de otros Tribunales o del Ministerio Público, las normas prácticas que sean necesarias para la aplicación de este Código.

TÍTULO II

Acciones

CAPÍTULO I

Acción Penal

Acción promovible de oficio

    Artículo 5º.- La acción penal pública será ejercida exclusivamente por el Ministerio Público, el que deberá iniciarla de oficio. Su ejercicio no podrá suspenderse, interrumpirse, ni hacerse cesar, salvo expresa disposición legal en contrario.

    ( Así reformado por el artículo 2 de la ley Nº 6259 de 3 de julio de 1978)

    No obstante lo anterior, en los delitos contra la seguridad de la nación, la tranquilidad pública, los poderes públicos, el orden constitucional, el ambiente, la zona marítimo-terrestre y la hacienda pública, la Procuraduría General de la República también podrá ejercer directamente esa acción, sin estar subordinada a las actuaciones y las decisiones del Ministerio Público. En los asuntos que se inicien por acción de esa Procuraduría, esta se tendrá como parte y podrá ejercitar los mismos recursos que este Código le concede al Ministerio Público.

    (Así reformado por el artículo 3 de la ley No.7455 del 29 de noviembre de 1994)

Acción dependiente de instancia privada

    Artículo 6º.- Cuando la acción pública dependa de instancia privada, como el estupro y la sodomía, sólo podrá iniciarse si el ofendido por el delito, o en orden excluyente, sus representantes legales, tutor o guardador, formularen denuncia ante autoridad competente para recibirla; pero se procederá de oficio en los casos previstos por el Código Penal.

    Será considerado guardador quien tuviere a su cargo, por cualquier motivo, el cuidado del menor.

    La instancia privada se extiende de derecho a todos los partícipes del delito.

    La acción privada se ejercerá por medio de querella, en la forma especial que este Código establece (artículo 428 y s.s.).

Obstáculos

    Artículo 7º.- Si el ejercicio de la acción penal dependiere de un pronunciamiento previo de la Asamblea Legislativa, se observarán las condiciones que al respecto establece la Constitución Política y la ley.

Orbita jurisdiccional

    Artículo 8º.- El tribunal competente deberá resolver, con arreglo a las disposiciones legales que las rijan, todas las cuestiones que se susciten en el proceso.

Sujetos

    Artículo 9º.- La acción civil para la restitución del objeto materia del hecho punible, así como la indemnización de los daños y perjuicios causados por el mismo, sólo podrá ejercida por el damnificado o sus herederos en los límites de su cuota hereditaria o por los representantes legales o mandatarios de ellos, contra los partícipes del hecho punible y, en su caso, contra el civilmente responsable.

Ejercicio por el Ministerio Público

    Artículo 10.- La acción civil deberá ser ejercida por el Ministerio Público:

1) Cuando el titular de la acción, sin constituirse en actor civil, le delegue su ejercicio;

2) Cuando el titular de la acción sea capaz de hacer valer sus derechos y no tenga quien lo represente, sin perjuicio de la intervención del Patronato Nacional de la Infancia. En estos casos, los demandados sólo podrán oponerse en el debate (artículo 389).

Oportunidad

    Artículo 11.- La acción resarcitoria podrá ser ejercida en el proceso penal sólo cuando esté pendiente la acción principal; pero la absolución del acusado no impedirá que el tribunal de juicio se pronuncie sobre ella en la sentencia (398) ni la ulterior extinción de la pretensión penal impedirá que la Sala de Casación decida sobre la acción civil.

Ejercicio posterior

    Artículo 12.- Si la acción penal no pudiera proseguir por rebeldía o enajenación sobreviniente del procesado, la civil podrá ser ejercida ante la jurisdicción respectiva.

TÍTULO III

Tribunales

CAÍITULO I

Jurisdicción

Extensión y carácter

    Artículo 13.- La jurisdicción penal se ejercerá por los tribunales que la Constitución y la ley instituyen y se extenderá al conocimiento de los hechos delictuosos cometidos en el territorio de la República.

    Además conocerán esos tribunales de los delitos cometidos fuera del territorio nacional, en los casos señalados en los artículos 5º, 6º y 7º del Código Penal.

    La competencia de los tribunales penales es improrrogable.

CAPÍTULO II

Competencia

SECCIÓN I

Competencia Material

Determinación

    Artículo 14.- Para determinar la competencia se tendrá en cuenta las penas establecidas por la ley para el delito consumado y las circunstancias de calificación del mismo.

Incompetencia

    Artículo 15.- La incompetencia por razón de la materia deberá ser declarada aún de oficio en cualquier estado del proceso. El tribunal que la declare remitirá las actuaciones al que considere competente y pondrá a su disposición los detenidos que hubiere.

    Sin embargo fijada la fecha para el debate sin que se haya planteado la excepción de incompetencia, el Tribunal de Juicio juzgará de los delitos de competencia inferior.

Nulidad

    Artículo 16.- La inobservancia de las reglas para determinar la competencia por razón de la materia producirá la nulidad de los actos, excepto los que sean imposible repetir.

    Esta disposición no regirá cuando un juez de competencia superior hubiere actuado en una causa atribuida a otro de competencia inferior.

SECCIÓN II

Competencia Territorial

Reglas principales

    Artículo 17.- Será competente el tribunal del lugar en que el hecho se hubiere cometido. En caso de tentativa, el del lugar donde se cumplió el último acto de ejecución; en caso de delito continuado o permanente, el de aquel donde cesó la continuación o permanencia.

Regla subsidiaria

    Artículo 18.- Si fuere desconocido o dudoso el lugar donde se cometió el hecho, será competente el tribunal que hubiere prevenido en la causa.

Incompetencia

    Artículo 19.- En cualquier estado del proceso, el tribunal que reconozca su incompetencia territorial remitirá las actuaciones al competente y pondrá a su disposición los detenidos que hubiere, sin perjuicio de realizar los actos urgentes de instrucción.

Nulidad por inobservancia de las reglas sobre competencia territorial

    Artículo 20.- La inobservancia de las reglas sobre competencia territorial, sólo producirá la nulidad de los actos de instrucción cumplidos después de que se haya declarado la incompetencia.

SECCIÓN III

Competencia por Conexión

Casos de conexión

    Artículo 21.- Las causas serán conexas:

1) Si los delitos imputados hubieren sido cometidos simultáneamente por varias personas reunidas; o aunque lo fueran en distintos lugares o tiempos, cuando hubiera mediado acuerdo entre ellas;

2) Si un delito hubiere sido cometido para perpetrar o facilitar la comisión de otro, o para procurar al culpable o a otros el provecho o la impunidad;

3) Cuando a una persona se le imputaren varios delitos aun cuando fueren cometidos en diferentes lugares o sean de distinta gravedad, siempre que no se trate de un hecho de competencia especial.

Efectos de la conexión

    Artículo 22.- Cuando se sustancien causas conexas por delitos de acción pública, los procesos se acumularán y será competente:

1) El tribunal competente para juzgar el delito más grave;

2) Si los delitos estuvieren reprimidos con la misma pena, el tribunal competente para juzgar el que se cometió primero;

3) Si los hechos fueren simultáneos o no constare debidamente cuál se cometió primero, el que hubiere prevenido;

4) En último caso el que indicare el tribunal de apelación o la Sala de Casación Penal, según corresponda.

    A pesar de la acumulación las actuaciones sumariales se compilarán por separado, salvo que fuere inconveniente para la instrucción, por tratarse de hechos atribuidos sólo a un imputado.

Excepción de acumulación

    Artículo 23.- La acumulación de procesos no será dispuesta cuando determine un grave retardo de alguno de ellos aunque en todos deberá intervenir el mismo tribunal, de acuerdo con las normas del artículo anterior.

    Si correspondiere unificar las penas, el tribunal lo hará así al dictar la última sentencia.

CAPÍTULO III

Cuestiones de Competencia

Tribunal competente

    Artículo 24.- Si dos tribunales se declarasen simultánea y contradictoriamente competentes o incompetentes para juzgar un hecho, el conflicto será resuelto por el tribunal de apelaciones o la Sala de Casación Penal según corresponda.

Promoción

    Artículo 25.- Durante la instrucción y hasta antes de fijar la audiencia para el debate, el Ministerio Público y las partes podrán interponer la excepción de incompetencia ante el tribunal que conoce el asunto, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 15, 19 y 371.

Declinatoria

    Artículo 26.- La articulación de incompetencia se sustanciará en la forma establecida para las excepciones de previo y especial pronunciamiento (artículos 329 y s. s.).

Efectos

    Artículo 27.- Las cuestiones de competencia no suspenderán la instrucción. No obstante, si se produjeren antes de la fijación de la audiencia para el debate, suspenderán el proceso hasta la decisión del incidente, sin perjuicio de que el tribunal ordene una instrucción suplementaria (artículo 353).

Validez de los actos

    Artículo 28.- Al resolver el conflicto, el tribunal determinará, si corresponde (16 y 20), qué actos del declarado incompetente conservan validez, sin perjuicio de que el competente ordene la ratificación o ampliación de los actos de instrucción que hubieran sido practicados antes de la decisión.

CAPÍTULO IV

Inhibición, Recusación y Excusas

Motivos de inhibición

    Artículo 29.- El juez deberá inhibirse de conocer en la causa:

1) Cuando en el mismo proceso hubiera pronunciado o concurrido a pronunciar sentencia, o hubiera intervenido como funcionario del Ministerio Público, defensor, mandatario, denunciante o querellante, o hubiera actuado como perito o conociera el hecho investigado como testigo;

2) Si fuere cónyuge, pariente dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, de algún interesado, o éste viviere o hubiere vivido a su cargo;

3) Cuando él, su cónyuge o alguno de sus parientes en los grados preindicados tengan interés en el proceso;

4) Si fuera o hubiera sido tutor o curador o hubiera estado bajo tutela o curatela de alguno de los interesados;

5) Cuando él, su cónyuge o sus parientes, dentro de los grados referidos, tengan juicio pendiente iniciado con anterioridad, o sociedad o comunidad con alguno de los interesados, salvo la sociedad anónima;

6) Si él, su esposa, padres o hijos u otras personas que vivan a su cargo, fueren acreedores, deudores o fiadores de alguno de los interesados, salvo que se trate de Bancos del Sistema Bancario o constituidos por sociedades anónimas;

7) Cuando antes de comenzar el proceso hubiera sido denunciante o acusador de alguno de los interesados, o denunciado o acusado por ellos salvo que circunstancias posteriores demostraren armonía entrambos;

8) Si hubiera dado consejos o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el proceso;

9) Cuando sea pariente al cuarto grado por consanguinidad, concuñado, tenga amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los interesados;

10) Si él, su esposa, padres o hijos, u otras personas que vivan a su cargo, hubieran recibido o recibieren beneficios de importancia de alguno de los interesados, o si después de iniciado el proceso, él hubiera recibido presentes o dávidas aunque fueran de poco valor;

11) Cuando en la causa hubiera intervenido o interviniere como juez algún pariente suyo dentro del segundo grado de consanguinidad.

    A los fines de este artículo, se consideran interesados el imputado, el ofendido, el damnificado y el responsable civil, aunque estos últimos no se constituyan en parte, lo mismo que sus representantes, defensores y mandatarios.

Oportunidad de la inhibición y excepción

    Artículo 30.- El juez deberá inhibirse en cuanto conozca alguno de los motivos que prevé el artículo 29, aunque hubiera intervenido antes en el proceso.

    Los interesados podrán solicitarle que siga conociendo del negocio, siempre que el motivo indicado no esté previsto en alguno de los cinco primeros incisos del citado artículo.

    En este caso, éste resolverá dentro de las veinticuatro horas declarándose hábil y contra dicha resolución no cabrá recurso alguno.

Tribunal competente

    Artículo 31.- El Tribunal de Apelaciones juzgará la inhibición o recusación de los jueces de instrucción, penal y de menores. El Juez de Instrucción resolverá la de los Alcaldes que actúen en procesos en que el primero sea competente; y los Tribunales Colegiados la de sus miembros.

Trámite de inhibición

    Artículo 32.- El juez que se inhiba, remitirá el expediente, por resolución fundada, al que deba reemplazarlo; éste tomará conocimiento de la causa inmediatamente y proseguirá su curso, sin perjuicio de que eleve los antecedentes en igual forma al tribunal respectivo, si estimare que la inhibición no tiene fundamento. La incidencia será resulta sin trámite.

    Cuando el juez que forma parte de un Tribunal Colegiado reconozca un motivo de inhibición, pedirá que se disponga su separación.

Recusantes

    Artículo 33.- El Ministerio Público, las partes, sus defensores y mandatarios, podrán recusar al juez sólo cuando exista uno de los motivos enumerados en el artículo 29.

Tiempo y forma de recusar

    Artículo 34.- La recusación deberá ser interpuesta, bajo pena de inadmisibilidad, por escrito que indique los motivos en que se basa y los elementos de prueba, en las siguientes oportunidades: durante la instrucción, antes de su clausura; en el juicio, durante el término de citación (349-416-461); cuando se trate de recursos, en el término de emplazamiento (466-479) o al deducir el de revisión.

    Sin embargo, la recusación que se fundamente en una causal producida o conocida después de los plazos susodichos, podrá deducirse dentro de las 24 horas a contar de la producción o el conocimiento.

    Además, en caso de ulterior integración del tribunal, la recusación podrá interponerse dentro de las 24 horas del decreto que la hubiere dispuesto.

Trámite de la recusación

    Artículo 35.- Si el juez admitiere la recusación, se procederá con arreglo al artículo 32.

    En caso contrario, remitirá el escrito de recusación y su informe al tribunal competente (31), para que el incidente se tramite en legajo separado, o si el juez integrare un tribunal colegiado, pedirá el rechazo de aquélla.

    Previa audiencia en que se recibirá la prueba e informarán las partes, el tribunal competente resolverá el incidente dentro de las 48 horas, sin recurso alguno.

Recusación no admitida

    Artículo 36.- Si el Juez de Instrucción fuere recusado y no admitiere la existencia del motivo que se invoca, continuará la investigación aún durante el trámite del incidente; pero si se hiciere lugar a la recusación, los actos serán declarados nulos siempre que el recusante lo pidiere en el término de 24 horas a contar desde que el expediente llegó al juzgado que deba actuar.

Recusación de Secretarios

    Artículo 37.- Los Secretarios deberán inhibirse y podrán ser recusados por los motivos que expresa el artículo 29 y el tribunal ante el cual actúen averiguará verbalmente el hecho y resolverá lo que corresponda, sin recurso alguno.

Efectos

    Artículo 38.- Producida la inhibición o aceptada la recusación, el juez no podrá realizar en el proceso ningún acto, bajo pena de nulidad. La intervención de los nuevos funcionarios será definitiva, aunque posteriormente desaparezcan los motivos determinantes de la recusación.

TÍTULO IV

Ministerio Público y Policía Judicial

CAPÍTULO I

Ministerio Público

Función

    Artículo 39.- El Ministerio Público, que será una dependencia del Poder Judicial, ejercerá la acción penal en forma establecida por la ley, practicará la información sumaria previa a la citación y ejercerá la acción civil en los casos previstos por el artículo 10.

    Los representantes del Ministerio Público formularán motivada y específicamente sus requerimientos y conclusiones; nunca podrán remitirse a las declaraciones del juez; procederá oralmente en los debates y por escrito en los demás casos.

Atribuciones del Fiscal

    Artículo 40.- Además de las funciones acordadas por la ley, el Fiscal del Tribunal de Juicio actuará durante el juicio y podrá llamar por intermedio del Tribunal al Agente Fiscal que haya intervenido en la instrucción, en los siguientes casos:

1) Cuando se trate de un asunto complejo, para que le suministre informaciones o coadyuve con él, incluso durante el debate;

2) Si estuviere en desacuerdo fundamental con el requerimiento fiscal o le fuere imposible actuar, para que mantenga oralmente la acusación.

Atribuciones del Agente Fiscal

    Artículo 41.- El Agente Fiscal actuará ante el Juez de Instrucción y el Juez Penal, practicará la información sumaria y cumplirá además, la función atribuida por el artículo anterior.

Poder coercitivo

    Artículo 42.- En el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público dispondrá de los poderes acordados al juez por el artículo 101.

Inhibición y recusación

    Artículo 43.- Los Miembros del Ministerio Público deberán inhibirse y podrán ser recusados por los mismos motivos establecidos respecto a los jueces.

    La recusación será resuelta por el tribunal ante el cual actúe el funcionario recusado y durante la información sumaria por el Juez de Instrucción. En cuanto al trámite, se aplicarán en lo posible las disposiciones referentes a los jueces.

CAPÍTULO II

Policía Judicial

Funciones

    Artículo 44.- La Policía Judicial será una dependencia del Poder Judicial encargada de auxiliar a los tribunales penales y al Ministerio Público en el descubrimiento y verificación científica de los delitos y de sus presuntos responsables. Funcionará con el nombre de "Organismo de Investigación Judicial".

    En sus actuaciones se aplicará lo dispuesto en este Código y, supletoriamente, lo que disponga su Ley Orgánica.

TÍTULO V

Partes y Defensores

CAPÍTULO I

Imputado

SECCIÓN I

Principios Generales

Calidad de instancias

    Artículo 45.- Los derechos que la ley acuerda al imputado podrá hacerlos valer, hasta la terminación del proceso, la persona que fuere detenida como participe de un hecho delictuoso, o indicada como tal en cualquier acto inicial del procedimiento dirigido en su contra.

    Cuando estuviere preso, el imputado podrá formular sus gestiones ante el funcionario encargado de la custodia, quien las comunicará inmediatamente al juez que corresponda.

Identificación

    Artículo 46.- La identificación del imputado se practicará, mediante la oficina técnica, por sus datos personales, impresiones digitales y señas particulares. Si se negare a dar esos datos o los diere falsamente, se procederá a la identificación por testigos, en la forma prescrita para los reconocimientos (255 y s.s.), o por otros medios que se estimaren útiles.

Identidad física

    Artículo 47.- Cuando sea cierta la identidad física de la persona imputada, las dudas sobre los datos suministrados u obtenidos no alterarán el curso del proceso, sin perjuicio de que se rectifiquen en cualquier estado del mismo o durante la ejecución.

Presunta inimputabilidad

    Artículo 48.- Si el imputado es sometido a la medida prevista en el artículo 296, sus derechos de parte serán ejercidos por el curador, si no lo tiene, por su defensor o a falta de éste, por un defensor público.

    (Así reformado por el artículo 5 de la Ley de Reforma a la Jurisdicción Tutelar de Menores No.7383 de 16 de marzo de 1994)

Incapacidad sobreviniente

    Artículo 49.- Si durante el proceso sobreviniere la enfermedad mental del imputado, que excluya su capacidad de entender o de querer, el tribunal ordenará por auto la suspensión del trámite hasta que desaparezca la incapacidad. Esto impedirá la declaración del imputado y el juicio, pero no que se investigue el hecho o que continúe el procedimiento con respecto a coimputados.

    También se dispondrá la internación del incapaz en un establecimiento adecuado cuyo director informará semestralmente sobre el estado mental del enfermo; podrá ordenarse su libertad, dejándolo al cuidado de sus padres, tutor o guardador, cuando no exista peligro de que se dañe a sí mismo o a los demás. En este caso el enfermo será examinado trimestralmente por un especialista del Departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial, y si ello no fuere posible, por el perito que el Juez designe.

Examen mental obligatorio

    Artículo 50.- El imputado será sometido a examen mental de acuerdo con el artículo 71 del Código Penal.

SECCIÓN II

Rebeldía

Casos en que procede

    Artículo 51.- Será declarado rebelde el imputado que sin grave y legítimo impedimento no compareciere a la citación judicial, o se fugare del establecimiento o lugar en que estuviere detenido, o se ausentare, sin licencia del tribunal, del lugar asignado para su residencia.

Declaración

    Artículo 52.- Transcurrido el término de la citación o comprobada la fuga o la ausencia, el tribunal declarará por auto la rebeldía y expedirá orden de detención si antes no se hubiere dictado.

Efectos sobre el proceso

    Artículo 53.- La declaración de rebeldía no suspenderá el curso de la instrucción. Si fuere declarada durante el juicio, éste se suspenderá con respecto al rebelde y continuará para los demás imputados presentes.

    Declarada la rebeldía, se conservarán las actuaciones y los efectos, instrumentos o piezas de convicción que fueran indispensables.

    Cuando el rebelde comparezca, la causa continuará según su estado.

Efectos sobre la excarcelación

    Artículo 54.- La declaración de rebeldía implicará la revocatoria de la excarcelación y obligará al imputado al pago de las costas causadas por la contumacia.

Justificación

    Artículo 55.- Si el imputado se presentare con posterioridad a la declaración de su rebeldía y justificare que no concurrió debido a un grave y legítimo impedimento, aquélla será revocada y no producirá los efectos previstos en el artículo anterior.

CAPÍTULO II

Actor Civil

Constitución de parte

    Artículo 56.- Para ejercer la acción resarcitoria, su titular deberá constituirse en actor civil (artículo 9º).

    Las personas que no tengan capacidad para estar en juicio, no podrán actuar si no son representadas o asistidas del modo prescrito por la ley civil.

    ( Así reformado por Ley Nº 6259 de 3 de julio de 1978, art. 2º)

Requisitos

    Artículo 57.- El escrito en que se apersone el actor civil deberá formularse personalmente o por mandatario y contendrá, bajo pena de inadmisibilidad: el nombre y domicilio del accionante; a qué proceso se refiere; los motivos en que la acción se basa, con indicación del carácter que se invoca y del daño que se pretende haber sufrido, aunque no se precise el monto; la petición de ser admitido como parte y la firma.

Demandados

    Artículo 58.- El ejercicio de la acción civil procederá aun cuando no estuviere individualizado el imputado.

    Si en el proceso hubiere varios imputados y civilmente demandados, la pretensión resarcitoria podrá dirigirse contra uno o más de ellos.

    Cuando el actor no mencionare a ningún imputado, se entenderá que se dirige contra todos.

Oportunidad

    Artículo 59.- La solicitud deberá formularse, cuando se proceda por instrucción, antes de su clausura (348).

    Cuando se proceda por citación directa la instancia deberá presentarse antes del requerimiento respectivo (412), y el Agente Fiscal sólo podrá pedir el embargo de bienes (524 y 525). La solicitud será considerada por el tribunal, el que ordenará las notificaciones que correspondan (60) en el auto de citación a juicio.

Notificación

    Artículo 60.- La resolución que dé curso a la acción deberá notificarse al imputado, al demandado civil y a los defensores y ella surtirá efectos a partir de la última notificación. En el caso previsto por la primera parte del artículo 58, la notificación se hará en cuanto se individualice al imputado.

Oposición en la instrucción

    Artículo 61.- Cuando se proceda por instrucción, los demandados podrán oponerse a la intervención del actor civil, bajo pena de caducidad, dentro del término de cinco días a contar de su respectiva notificación; pero cuando al demandado civil se le citare o interviniere con posterioridad, podrá hacerlo, dentro de dicho término, a contar de su citación o intervención.

Trámite

    Artículo 62.- La oposición seguirá el trámite de las excepciones (329 y s.s.); pero si con motivo de ser interpuesta se retardare la clausura de la instrucción el incidente podrá ser diferido para la etapa preliminar del juicio.

Oposición en caso de citación directa

    Artículo 63.- Cuando se proceda por citación directa la oposición sólo se podrá deducir ante el Juez Penal, bajo pena de caducidad, dentro de los primeros tres días del término que señala el párrafo segundo del artículo 59.

Caducidad e irreproductividad

    Artículo 64.- Cuando no se dedujere oposición en las oportunidades que establecen los artículos 61 y 63, la constitución del actor civil será definitiva, sin perjuicio de la facultad conferida por el artículo 65.

    La aceptación o rechazo del actor civil no podrán ser discutidas nuevamente en el debate.

Rechazo y exclusión de oficio.

    Artículo 65.- Durante la instrucción o los actos preliminares del juicio, el tribunal podrá rechazar o excluir de oficio, por resolución fundada, al actor civil cuya intervención fuere ilegal, salvo que su participación hubiera sido concedida al resolverse un incidente de oposición. La resolución del Juez de Instrucción será apelable ante el Tribunal de Apelaciones.

Efectos de la resolución

    Artículo 66.- El auto que rechace el apersonamiento del actor civil no impedirá el ejercicio de la acción ante la jurisdicción civil.

Facultades

    Artículo 67.- El actor civil podrá actuar en el proceso para acreditar el hecho delictuoso, la existencia y extensión del daño pretendido y la responsabilidad civil del demandado.

Deber de atestiguar

    Artículo 68.- La intervención de una persona como actor civil no la exime del deber de declarar como testigo.

Desistimiento

    Artículo 69.- El actor civil podrá desistir de su demanda en cualquier estado del proceso, quedando obligado al pago de las costas que su intervención hubiera ocasionado. Se considerará desistida la acción cuando el actor civil, regularmente citado, no comparezca a la primera audiencia del debate, o no presente conclusiones, o se aleje de la audiencia sin haberlas formulado oportunamente (389).

Efectos del desistimiento

    Artículo 70.- El desistimiento importa renuncia del pretendido derecho resarcitorio.

CAPÍTULO III

Demandado Civil

Intervención forzosa

   Artículo 71.- Quien ejerza la acción resarcitoria podrá pedir la citación de la persona que según las leyes responda por el daño que el imputado hubiera causado con el hecho punible, para que intervenga en el proceso como demandada.

    La gestión deberá formularse en la forma y plazos prescritos por los artículos 57 y 59, con indicación del nombre y domicilio del demandado y de su vínculo jurídico con el imputado.

Resolución de citación

    Artículo 72.- La resolución que orden la citación contendrá: el nombre y el domicilio del accionante y del citado, y la indicación del proceso a que se refiere. La resolución deberá notificarse al imputado y a su defensor.

Nulidad

    Artículo 73.- Será nula está citación cuando adolezca de omisiones o errores esenciales que perjudiquen la defensa del demandado civil, restringiéndole la audiencia o la prueba. La nulidad no influirá en la marcha del proceso ni impedirá el ejercicio ulterior de la acción ante la jurisdicción civil.

Rebeldía

    Artículo 74.- Será declarada la rebeldía del demandado civil, a petición del interesado, cuando no comparezca en el plazo de citación a juicio (349 y 416); pero no suspenderá el trámite, que continuará como si aquél estuviera presente. Sólo si hubiere sido citado por edictos se le nombrará como representante a un defensor público y mientras dure su ausencia.

Intervención espontánea

    Artículo 75.- Cuando en el proceso se ejerza la acción civil, la persona que pueda ser civilmente demanda tendrá derecho a intervenir en el proceso hasta tres días después de clausurada la instrucción (348).

    Esta participación deberá solicitarse, bajo pena de inadmisibilidad, en la forma que prescribe el artículo 57, en cuanto sea aplicable. La resolución que la acuerde será notificada al Ministerio Público, cuando ejerza la acción civil, a las partes y a sus defensores.

Oposición

    Artículo 76.- A la intervención forzosa o espontánea del demandado civil, podrán oponerse, según el caso, el citado, el que ejerza la acción civil, si no hubiera pedido la citación, o el imputado.

    Este incidente se deducirá y tramitará en la forma, oportunidad y plazos establecidos por los artículos 61, 62 y 63.

Capacidad y exclusión

    Artículo 77.- Serán también aplicables con respecto al demandado civil los artículos 56, 64 y 65.

    Cuando su exclusión haya sido pedida por el actor civil, éste no podrá intentar la acción contra aquél.

Caducidad

    Artículo 78.- La exclusión o el desistimiento del actor civil hará caducar la intervención del demandado civil (70 y 77 segunda parte).

Facultades y garantías

    Artículo 79.- El demandado civil gozará, desde su intervención en el proceso y en cuanto concierna a sus intereses civiles, de las facultades y garantías concedidas al imputado para su defensa.

CAPÍTULO IV

Defensores y Mandatarios

Derecho del imputado

    Artículo 80.- El imputado tendrá derecho de hacerse defender por abogados o por el defensor público. Podrá también defenderse personalmente siempre que ello no perjudique la eficiencia de la defensa y no obste a la normal sustanciación del proceso.

Número de defensores

    Artículo 81.- El imputado no podrá ser defendido simultáneamente por más de dos abogados. Cuando intervengan los defensores, la notificación hecha a uno de ellos valdrá respecto de ambos, y la sustitución del uno por el otro no alterará trámites ni plazos.

Obligatoriedad

    Artículo 82.- El ejercicio del cargo de defensor del imputado será obligatorio para el abogado que lo acepte, salvo excusa atendible.

Defensa de oficio

    Artículo 83.- Cuando el imputado no elija oportunamente defensor, el tribunal le nombrará en tal carácter un defensor público, salvo que lo autorice a defenderse personalmente, conforme al artículo 80.

Nombramiento posterior

    Artículo 84.- La designación del defensor público no perjudica el derecho del imputado a elegir ulteriormente otro de su confianza; pero la sustitución no se considerará operada hasta que el designado acepte el cargo y señale oficina para oir notificaciones.

Defensor Común

    Artículo 85.- La defensa de varios imputados podrá ser confiada a un defensor común siempre que no exista incompatibilidad.

    Si ésta fuere advertida, el tribunal proveerá aún de oficio a las sustituciones necesarias, conforme a los artículos 83 y 189.

Mandatario del imputado

    Artículo 86.- En las causas por hechos punibles reprimidos sólo con días multa o inhabilitación, el imputado podrá hacerse representar para todo efecto por un defensor con poder judicial.

    El tribunal, no obstante, podrá requerir su comparecencia personal.

Otros defensores y mandatarios

    Artículo 87.- El querellante y las partes civiles sólo podrán actuar con patrocinio letrado, o hacerse representar por un abogado; el primero, con mandato especial.

Sustitución

    Artículo 88.- Los defensores podrán designar un sustituto para que intervenga si tuvieren impedimento legítimo.

    En caso de abandono de la defensa, el abogado sustituyente asumirá las obligaciones del defensor, y no tendrá derecho a prórroga de plazos o audiencias.

Abandono

    Artículo 89.- Si el defensor del imputado abandonare la defensa y dejare a su cliente sin abogado, se proveerá a su inmediata sustitución por el defensor público, y no podrá ser nombrado de nuevo en el proceso.

    Cuando el abandono ocurriere poco antes o durante el debate, el nuevo defensor podrá solicitar una prórroga máxima de tres días para la audiencia.

    El debate no podrá suspenderse otra vez por la misma causa. La intervención de otro defensor particular no excluirá la del público.

    El abandono de los defensores o mandatarios de las partes civiles no suspenderá el proceso.

Sanciones

    Artículo 90.- ( ANULADO por Resolución de la Sala Constitucional Nº 1059 de las 16:00 horas del 4 de septiembre de 1990 ).

TÍTULO VI

Actos Procesales

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Idioma

    Artículo 91.- Todos los actos procesales deberán cumplirse en español, bajo pena de nulidad (253).

Fecha

    Artículo 92.- Para fechar un acto deberán consignarse el lugar, día, mes y año en que se cumpliere. La hora será indicada sólo cuando la ley lo exija.

    Si la fecha fuere requerida como pena de nulidad, ésta sólo podrá ser declarada cuando aquélla, en virtud de los elementos del acto o de otros conexos, no pueda establecerse con certeza.

Día y hora de cumplimiento

    Artículo 93.- Los actos procesales deberán cumplirse en día y horas hábiles, salvo los de instrucción. Para continuar el debate sin dilaciones perjudiciales, el tribunal podrá habilitar los días y horas que estime necesarios.

Juramento

    Artículo 94.- Cuando se requiera la prestación de juramento, el juez o el presidente del tribunal lo recibirá, bajo pena de nulidad, por las creencias del que jura, después de instruirlo de las penas que la ley impone a la falsedad. El declarante prometerá decir la verdad en todo cuanto supiere y le fuere preguntado, mediante la fórmula "Lo juro".

    Si el deponente se negare a prestar juramento en virtud de creencias religiosas o ideológicas, se le exigirá promesa de decir verdad, advirtiéndole que si faltare a ella será sancionado de acuerdo con las disposiciones del Código Penal.

Oralidad

    Artículo 95.- Las personas que fueren interrogadas deberán responder de viva voz y sin consultar notas o documentos, con excepción de los peritos y de quienes sean autorizados para ello en razón de sus condiciones o de la naturaleza de los hechos.

    En primer término, el declarante será invitado a manifestar cuanto conozca sobre el asunto de que se trate y después, si fuere menester, se le interrogará.

    Las preguntas que se formulen no serán capciosas ni sugestivas.

    Cuando se proceda por escrito, se consignarán las preguntas y respuestas usándose las expresiones del indagado. Las declaraciones podrán ser registradas taquigráficamente o por cualquier otro medio.

Declaraciones especiales

    Artículo 96.- Para recibir juramento y examinar un sordo, se le presentarán por escrito la fórmula del juramento y las preguntas; si se tratare de un mudo, responderá por escrito; si de un sordo-mudo, las preguntas y respuestas serán escritas.

    Si dichas personas no supieren leer o escribir, se nombrará intérprete a un maestro de sordomudos, o a falta de él, a alguien que sepa comunicarse con el interrogado.

CAPÍITULO II

Actas

Regla general

    Artículo 97.- Cuando un funcionario público deba dar fe de actos que realice o se cumplan en su presencia, levantará un acta en la forma prescrita por las disposiciones de este capítulo. El juez y el alcalde serán asistidos por el secretario o dos testigos; el fiscal por el secretario o por un auxiliar o un oficial de la policía judicial; los oficiales y auxiliares de policía, por dos testigos.

Contenido y formalidades

    Artículo 98.- Las actas deberán contener la fecha, el nombre y apellidos de las personas que actuaren; en su caso, el motivo de la inasistencia de quienes estaban obligados a intervenir; la indicación de las diligencias realizadas y de su resultado; las declaraciones recibidas; si éstas fueron hechas espontáneamente o a requerimiento, y si las dictaron los declarantes; previa lectura, la firma de todos los intervenientes que deban hacerlo, o cuando alguno no pudiere o no quisiere firmar, la mención de ello.

    Si una de las personas fuere ciego o analfabeto, se le informará que el acta puede ser leída y suscrita por una persona de su confianza, lo que se hará constar bajo pena de nulidad.

Testigos de actuación

    Artículo 99.- No podrán ser testigos de actuación los menores de 18 años, los dementes y los que se encuentran en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas estupefacientes.

Nulidad

    Artículo 100.- Salvo previsiones especiales, el acto será nulo si falta la fecha o la firma del funcionario actuante o la del secretario o testigo de actuación.

CAPÍTULO III

Actos y Resoluciones Judiciales

Poder coercitivo

    Artículo 101.- En el ejercicio de sus funciones, el tribunal podrá requerir la intervención de la fuerza pública y disponer todas las medidas necesarias para el seguro y regular cumplimiento de los actos que ordene.

Facultad especial

    Artículo 102.- En cualquier estado de la causa y a solicitud del ofendido, el juez puede ordenar como medida provisional la devolución de la cosa objeto del hecho punible o restablecerlas al estado que tenían antes del hecho, siempre que en el expediente obren suficientes antecedentes.

Actos fuera del asiento

    Artículo 103.- El tribunal podrá constituirse fuera de su asiento, en cualquier lugar de la República, cuando estime indispensable conocer directamente elementos probatorios decisivos.

Asistencia del Secretario

    Artículo 104.- El tribunal será asistido en el cumplimiento de sus actos por el secretario.

Decisiones

    Artículo 105.- Las decisiones del tribunal serán dadas por sentencia, auto o providencia.

    Dictará sentencia para poner término al proceso; auto, para resolver un incidente o una cuestión interlocutoria; y, providencias, cuando sean de mero trámite.

Fundamentación

    Artículo 106.- El tribunal deberá fundamentar, bajo pena de nulidad, las sentencias y los autos.

Firma

    Artículo 107.- Las sentencias y los autos deberán ser suscritos por el juez o todos los miembros del tribunal que actuare; las providencias, por el juez o el Presidente del Tribunal.

    La falta de firma producirá la nulidad del acto, salvo lo dispuesto en el artículo 395, inciso 5).

Término

    Artículo 108.- Los tribunales dictarán las providencias el día en que los expedientes sean puestos a despacho; los autos, dentro de los tres días siguientes, salvo que la ley disponga otra cosa; las sentencias, en las oportunidades especialmente previstas.

Errores materiales

    Artículo 109.- Los tribunales podrán corregir los errores puramente materiales que contuvieren sus resoluciones, en cualquier tiempo.

Aclaración y adición

    Artículo 110.- En cualquier momento anterior a la notificación de oficio, podrá aclarar los términos oscuros, ambiguos o contradictorios en que estén redactadas las resoluciones, o adicionar su contenido si se hubiese omitido resolver algún punto controvertido en el juicio, siempre que tales actos no importen una modificación de lo resuelto. Las partes o el Fiscal podrán ejercer igual derecho dentro de los tres días posteriores a la notificación.

    La solicitud de aclaración o adición suspenderá el término para interponer los recursos que procedan.

Denuncia por demora en el trámite

    Artículo 111.- Vencido el término en que se deba dictar una resolución, el interesado podrá pedir pronto despacho, y si dentro de tres días no la obtuviere, podrá denunciar el retardo a la Corte Suprema de Justicia o la Inspección Judicial, las que proveerán enseguida lo que corresponda, previo informe del denunciado.

Denuncia por demoras en el Tribunal de Juicio o en la Sala de Casación Penal

    Artículo 112.- Si la demora a que se refiere el artículo anterior fuere imputable a un miembro del Tribunal de Juicio, la denuncia podrá formularse ante la Sala de Casación Penal; si lo fuere a un magistrado, el interesado podrá ejercitar sus derechos ante la Corte Plena.

Resolución firme

    Artículo 113.- Las resoluciones judiciales quedarán firmes y ejecutoriadas, sin necesidad de declaración alguna, en cuanto no sean oportunamente recurridas y no corresponda su consulta. Sentencia firme es aquella contra la cual no cabe recurso alguno ya sea ordinario o extraordinario, excepto el de revisión.

Copia auténtica

    Artículo 114.- Cuando por cualquier causa se destruya, pierda o sustraiga el original de las sentencias o de otros actos procesales necesarios, la copia auténtica tendrá el valor de esos documentos.

    A tal fin, el tribunal ordenará que quien tenga la copia la entregue a la Secretaría, sin perjuicio del derecho de obtener otra gratuitamente.

Restitución y renovación

    Artículo 115.- Si no hubiere copia de los documentos, el tribunal ordenará que se rehagan, para lo cual recibirá las pruebas que evidencien su preexistencia y contenido. Cuando esto no fuere posible, dispondrá la renovación, prescribiendo el modo de hacerla.

Copias, informes o certificaciones

    Artículo 116.- El tribunal podrá ordenar la expedición de copias, informes o certificaciones que fueren pedidas por una autoridad pública o por particulares que acrediten legítimo interés en obtenerlos, si el estado del proceso no lo impidiere (195 in-fine) ni estorbare su normal sustanciación.

Nuevo delito

    Artículo 117.- Si durante el proceso el tribunal tuviere conocimiento de otro delito perseguible de oficio, remitirá los antecedentes al Ministerio Público.

CAPÍTULO IV

Suplicatorias, Exhortos, Mandamientos y Oficios

Reglas Generales

    Artículo 118.- Cuando un acto procesal se deba ejecutar por intermedio de otra autoridad, el tribunal podrá encomendar su cumplimiento por suplicatorio, exhorto, mandamiento u oficio; según se dirija respectivamente a un tribunal de jerarquía superior, igual, inferior o a autoridades que no pertenezcan al Poder Judicial.

    Dichas comunicaciones podrán realizarse aplicando cualquier medio que garantice su autenticidad.

Comunicación directa

    Artículo 119.- Los tribunales podrán dirigirse directamente a cualquier autoridad o funcionario de la República, la que deberá prestar su colaboración y expedirá los informes que les soliciten, sin demora alguna.

Suplicatorios a tribunales extranjeros

    Artículo 120.- Respecto a los tribunales extranjeros, se empleará siempre la fórmula de exhorto que se dirigirá por medio de la Corte Suprema de Justicia al Ministerio de Relaciones Exteriores quien lo tramitará por la vía diplomática.

Exhortos del extranjero

    Artículo 121.- Los exhortos de tribunales extranjeros serán diligenciados en los casos y formas establecidos por los tratados o costumbres internacionales y por las leyes del país, cuando lo disponga la Corte Suprema de Justicia.

Retardo

    Artículo 122.- Si el trámite de una comisión fuere demorado, el tribunal comitente podrá dirigirse al Tribunal de Apelaciones, el que oyendo de previo al Fiscal, ordenará o gestionará la tramitación.

CAPÍTULO V

Notificaciones, Citaciones y Audiencias

Regla General

    Artículo 123.- Las resoluciones judiciales se notificarán a quienes corresponda dentro de las 24 horas de dictadas, salvo que el tribunal dispusiere un plazo menor, y no obligarán sino a las personas debidamente notificadas.

Personas facultadas para notificar

    Artículo 124.- DEROGADO.

    (Derogado por el artículo 20, inciso d), de la Ley de Notificaciones No.7637 de 21 de octubre de 1996)

Lugar del acto

    Artículo 125.- DEROGADO.

    (Derogado por el artículo 20, inciso d), de la Ley de Notificaciones No.7637 de 21 de octubre de 1996)

Lugar para notificaciones

    Artículo 126.- Al comparecer en el proceso, las partes deberán señalar casa u oficina conocida, para que sean notificadas, dentro del perímetro judicial.

Notificaciones a defensores o mandatarios

    Artículo 127.- Si las partes tuvieran defensor o mandatario, las notificaciones deberán ser hechas solamente a éstos, salvo que la ley o la naturaleza del acto exijan que también aquéllas sean notificadas.

Modo del acto

    Artículo 128.- La notificación se hará entregando al interesado que lo exigiere, una copia autorizada de la resolución, donde conste el proceso en que se dictó.

    Si se tratare de resoluciones fundamentadas, la copia se limitará al encabezamiento y parte resolutiva.

Notificación personal

    Artículo 129.- Cuando la notificación se haga personalmente en el despacho del fiscal o del defensor, se dejará constancia en el expediente, con indicación de la fecha. Firmarán el notificador y el encargado de la diligencia.

    (Así reformado por el artículo 19, inciso f), de la Ley de Notificaciones No.7637 de 21 de octubre de 1996)

Notificación en la casa, oficina o en el lugar de trabajo

    Artículo 130.- DEROGADO.

    (Derogado por el artículo 20, inciso d), de la Ley de Notificaciones No.7637 de 21 de octubre de 1996)

Notificación por edictos

    Artículo 131.- Cuando se ignore el lugar donde se encuentra la persona que deba ser notificada, la resolución se le hará saber por edictos que se publicarán durante tres días consecutivos en el "Boletín Judicial" o en uno de los diarios de mayor circulación, a juicio del tribunal, sin perjuicio de las medidas convenientes para averiguar la residencia.

Disconformidad entre original y copia

    Artículo 132.- En caso de disconformidad entre el original y la copia, hará fe respecto de cada interesado la copia por él recibida.

Nulidad de la notificación

    Artículo 133.- La notificación será nula:

1) Si hubiera existido error sobre la identidad de la persona notificada;

2) Si la resolución hubiera sido notificada en forma incompleta;

3) Si en la diligencia no constare la fecha, o cuando corresponda, la entrega de la copia;

4) Si faltare alguna de las firmas prescritas; y

5) En el caso de disconformidad prevista en el artículo anterior, siempre que cauce indefensión.

Citación

    Artículo 134.- Cuando sea necesaria la presencia de una persona para  algún acto procesal, el tribunal ordenará su citación. Esta será practicada de acuerdo con las formas prescritas para la notificación, salvo lo dispuesto por el artículo siguiente.

Citación especial

    Artículo 135.- Los imputados que estuvieren en libertad, ofendidos, testigos, peritos, intérpretes y depositarios, podrán ser citados por medio de la policía judicial o administrativa, carta certificada, de telegrama con aviso de entrega, o cualquier otro medio de comunicación, que garantice la autenticidad del mensaje.

    En tal caso se les hará saber el objeto de la citación y el proceso en que ésta se dispuso, y se les advertirá que si no obedecieren la orden, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda, serán conducidos por la fuerza pública e incurrirán en las costas que causaren, salvo que tuvieren un impedimento legítimo comunicado sin tardanza alguna al tribunal.

    El apercibimiento se hará efectivo inmediatamente

Audiencias a las partes

    Artículo 136.- Sólo se dispondrá oir al fiscal y a las partes cuando la ley lo disponga. Si la ley no fijare término, éste será de tres días.

Notificación

    Artículo 137.- Cuando no se encontrare a la persona a quien se deba oir, la resolución será notificada conforme al artículo 125. El término correrá desde el día hábil siguiente a la última notificación.

    El interesado podrá retirar de la secretaría copias fotostáticas de las actuaciones, previo pago de los gastos que ellas originen.

Nulidad de las audiencias

    Artículo 138.- Las audiencias a las partes serán nulas en los mismos casos que lo sean las notificaciones.

CAPÍTULO VI

Términos

Regla General

    Artículo 139.- Los actos procesales se practicarán en los términos establecidos. Estos correrán: si son individuales, desde la notificación al interesado; y si son comunes, desde la última notificación que se practique a los interesados.

Comienzo y término

    Artículo 140.- Los términos correrán desde que comience el día subsiguiente a aquel en que se efectuó la notificación que deba tenerse en cuenta, según sean individuales o comunes, y vencerán en el instante que, según la ley, deba cerrarse el despacho del tribunal u oficina donde haya de efectuarse la diligencia de que se trate; pero serán admisibles y válidas las gestiones o diligencias que se practiquen a la hora exacta en que se cierran las oficinas judiciales.

Cómputo

    Artículo 141.- En los términos por día no se contarán los feriados; y si vencieren en día feriado se considerarán prorrogados de derechos hasta el día hábil siguiente.

Improrrogabilidad

    Artículo 142.- Los términos perentorios son improrrogables, salvo las excepciones dispuestas por la ley.

Renuncia o abreviación

    Artículo 143.- El Ministerio Público y las partes a cuyo favor se hubiere establecido un término, podrán renunciarlo o consentir su abreviación mediante manifestación expresa.

CAPÍTULO VII

Nulidad

Regla General

    Artículo 144.- Los actos procesales serán nulos sólo cuando no se hubieran observado las disposiciones expresamente prescritas bajo pena de nulidad.

Conminación genérica

Artículo 145.- Se entenderá siempre prescrita bajo pena de nulidad la inobservancia de las disposiciones concernientes:

1) Al nombramiento, capacidad y constitución de jueces o tribunales;

2) A la intervención del Ministerio Público en el proceso, y a su participación en los actos en que ella sea obligatoria; y

3) A la intervención, asistencia y representación del imputado, en los casos y formas que la ley establece.

Declaración

    Artículo 146.- El tribunal que compruebe una causa de nulidad tratará, si fuere posible, de eliminarla inmediatamente. Si no lo hiciere, podrá declarar la nulidad a petición de parte.

    Solamente deberán ser declaradas de oficio, en cualquier estado y grado del proceso, las nulidades previstas en el artículo anterior, que impliquen violación de normas constitucionales, o cuando así se establezca expresamente.

Quién puede oponerla

    Artículo 147.- Sólo podrán oponer la nulidad el Ministerio Público y las partes que no hayan concurrido a causarla y que tengan interés en la observancia de las disposiciones legales respectivas, salvo los casos en que proceda declararla de oficio.

Oportunidad y forma de la oposición

    Artículo 148.- Las nulidades sólo podrán ser opuestas bajo pena de caducidad, en las siguientes oportunidades:

1) Las producidas en la instrucción, durante ésta o en el término de citación a juicio (349 ó 416);

2) Las acaecidas en los actos preliminares del juicio, inmediatamente después de la lectura con la cual queda abierto el debate (370), o de la intimación prevista por el artículo 418;

3) En el debate, las producidas antes o inmediatamente después de cumplirse el acto que pueda causarla; y

4) Las producidas durante la tramitación de un recurso ante el Tribunal de Alzada, inmediatamente después de abierta la audiencia prescrita por los artículos 469 ó 470, ó en el alegato escrito.

    La petición de nulidad será motivada, bajo pena de inadmisibilidad, y el incidente se tramitará oyendo a los interesados por el término de tres días salvo que fuere deducida en el alegato, según la última parte del inciso 4) de este artículo.

Modo de subsanarla

    Artículo 149.- Toda nulidad podrá ser subsanada del modo establecido en este Código, salvo las que deban ser declaradas de oficio.

    Las nulidades quedarán subsanadas:

1) Cuando el Ministerio Público o las partes no las opongan oportunamente (148);

2) Cuando los que tengan derecho a oponerlas hayan aceptado expresa o tácitamente, los efectos del acto; y

3) Si no obstante su irregularidad el acto hubiera conseguido su fin con respecto a todos los interesados.

Efectos

    Artículo 150.- La nulidad de un acto, cuando fuere declarada, hará nulos todos los actos consecutivos que de él dependan.

    Al declararla, el tribunal establecerá, además, a qué actos anteriores o contemporáneos alcanza la nulidad por conexión con el acto anulado.

    El tribunal que la declare ordenará, cuando fuere necesario y posible, la renovación o rectificación de los actos de la resolución anulados.

Sanciones

    Artículo 151.- Cuando un tribunal de alzada declare la nulidad de actos cumplidos por un inferior, podrá imponer las correcciones disciplinarias que acuerde la ley.

Forma

    Artículo 153.- La denuncia podrá presentarse en forma escrita o verbal; personalmente o por mandatario especial. En el último caso deberá acompañarse el poder.

    Cuando sea verbal, se extenderá un acta de acuerdo con los artículos 97, 98 y 99.

    En ambos casos, el funcionario comprobará y hará constar la identidad del denunciante.

Contenido

    Artículo 154.- La denuncia deberá contener, en cuanto fuere posible, la relación circunstanciada del hecho, con indicación de sus partícipes, perjudicados, testigos y demás elementos que puedan conducir a su comprobación y calificación legal.

    Cuando la denuncia fuere formulada por el titular de la acción civil, podrá contener también la manifestación prevista en el inciso 1) del artículo 10.

Obligación de denunciar. Excepción

    Artículo 156.- Tendrán obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio:

1) Los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones;

2) Los médicos, parteras, farmacéuticos y demás personas que ejerzan cualquier ramo del arte de curar, que conozcan esos hechos al prestar los auxilios de su profesión, salvo que el conocimiento adquirido por ellos esté por la ley bajo el amparo del secreto profesional.

Responsabilidad

    Artículo 157.- El denunciante no será parte en el proceso ni incurrirá en responsabilidad alguna, excepto cuando las imputaciones fueren falsas o calumniosas.

Denuncia ante el Juez de Instrucción

    Artículo 158.- El Juez de Instrucción que reciba una denuncia la pondrá inmediatamente en conocimiento del Agente Fiscal. Dentro del término de 24 horas, salvo que por urgencia del caso aquél fije uno menor, el Agente Fiscal formulará requerimiento conforme al artículo 170, ó pedirá que se desestime o remita la denuncia a otra jurisdicción.

    Será desestimada cuando los hechos en que se funda no constituyen delito o no se pueda proceder. Si el Agente Fiscal pidiere que la denuncia sea desestimada y el Juez no estuviere conforme, se procederá como dispone el artículo 347.

Denuncia ante el Agente Judicial

    Artículo 159.- Cuando corresponda instrucción, el Agente Fiscal que reciba una denuncia formulará requerimiento ante el Juez en el plazo de 24 horas, salvo que la urgencia del caso exija que lo haga inmediatamente; y se procederá con arreglo del artículo anterior.

Denuncia ante la Policía Judicial

    Artículo 160.- Cuando la denuncia fuere presentada ante la policía judicial, ésta actuará con arreglo a lo dispuesto en el capítulo siguiente.

CAPÍTULO II

Actos de la Policía Judicial

Función

    Artículo 161.- La Policía Judicial, por iniciativa propia, por denuncia o por orden de autoridad competente, procederá a investigar los delitos de acción pública; a impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores; a identificar y aprehender preventivamente a los presuntos culpables; y a reunir, asegurar y ordenar científicamente las pruebas y demás antecedentes necesarios para dar base a la acusación o determinar el sobreseimiento.

    Si el delito fuere de acción privada, sólo deberá proceder cuando reciba orden del juez. Pero si fuere de instancia privada, actuará por denuncia de la persona que indica el artículo 6º.

Composición

    Artículo 162.- Serán oficiales y auxiliares de la Policía Judicial los funcionarios y empleados a los cuales la ley acuerda tal carácter.

    Serán considerados también oficiales de la Policía Judicial, los de la policía administrativa, cuando cumplan las funciones que este Código establece; y auxiliares, los empleados de ella.

    La policía administrativa actuará siempre que no pueda hacerlo inmediatamente la judicial, pero desde que ésta intervenga, la administrativa, será su auxiliar.

Subordinación

    Artículo 163.- Los oficiales y auxiliares de la Policía Judicial serán nombrados y removidos por la Corte Suprema de Justicia de conformidad con el estatuto del servicio judicial; cumplirán sus funciones bajo el control directo del Ministerio Público y deberán ejecutar las órdenes de jueces y fiscales.

    Los oficiales y agentes de la policía administrativa, en cuanto cumplan actos de policía judicial, estarán en cada caso bajo la autoridad de los jueces y fiscales, sin perjuicio de la autoridad general administrativa a que estén sometidos.

Atribuciones

    Artículo 164.- Los oficiales de la Policía Judicial tendrán las siguientes atribuciones:

1) Recibir denuncias;

2) Cuidar que el cuerpo y los rastros del delito sean conservados y que el estado de las cosas no se modifique hasta que llegue al lugar el juez o el agente fiscal;

3) Si hubiere peligro de que cualquier demora comprometa el éxito de la investigación, hacer constar el estado de las personas, cosas y lugares, mediante inspecciones, planos, fotografías, exámenes técnicos y demás operaciones que aconseje la policía científica;

4) Proceder a los allanamientos señalados en el artículo 212 y a las requisas urgentes con arreglo al 215;

5) Ordenar si fuere indispensable, la clausura del local en que se suponga, por vehementes indicios, que se ha cometido un delito grave, o proceder conforme al artículo 266;

6) Interrogar a los testigos presumiblemente útiles para descubrir la verdad;

7) Citar y aprehender al presunto culpable en los casos y forma que este Código autoriza (264-272) y disponer su incomunicación cuando concurran los requisitos del artículo 197 por un término máximo de dos horas, que no podrá prolongarse por ningún motivo sin orden del Juez de Instrucción, pero si en el lugar de la detención no existieren dichos funcionarios o fuere imposible requerir la orden, la incomunicación podrá durar el tiempo indispensable para que la autoridad policial se ponga en contacto con aquél sin que pueda exceder en ningún caso de 48 horas (artículo 44 de la Const. Pol.); en estos casos esas circunstancias se harán constar en el sumario;

8) Recibir declaración del imputado en la forma y con las garantías que establecen los artículos 189 y siguientes, pudiendo asistir al acto el defensor de confianza elegido; y

9) Usar la fuerza pública en la medida que sea necesario.

    Los auxiliares de la Policía Judicial, tendrán las mismas atribuciones para los casos urgentes o cuando cumplan órdenes de jueces o fiscales.

Secuestro de correspondencia

    Artículo 165.-( ANULADO por Resolución de la Sala Constitucional Nº 139-94 de las 15:48 horas del 11 de enero de 1994).

Información y procedimientos

    Artículo 166.- Los oficiales de la Policía Judicial informarán inmediatamente al Agente Fiscal y al Juez de Instrucción de todos los delitos que llegaren a su conocimiento.

    Cuando no intervenga de inmediato el juez o el agente fiscal, según corresponda instrucción o citación directa, dichos oficiales realizarán una investigación preliminar; observarán en lo posible las normas de la instrucción, con la salvedad del artículo siguiente.

    Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 272, las actuaciones y las cosas secuestradas serán remitidas al juez competente, dentro del plazo de tres días de iniciada la investigación; pero dicho funcionario podrá prorrogarlo por otro tanto cuando aquélla sea compleja o existan obstáculos insalvables.

Casos de citación directa

    Artículo 167.- Cuando se investigue un delito para el que proceda citación directa (401), los oficiales de la policía redactarán un acta en la que harán constar, con la mayor exactitud posible, todas las diligencias que practiquen; inspecciones, operaciones técnicas, declaraciones recibidas; también cualquier otra circunstancia útil. Previa lectura, el acta será firmada por el oficial y en lo posible, por las demás personas que hubieren intervenido.

Sanciones

    Artículo 168.- Los oficiales y auxiliares de la policía judicial que violen disposiciones legales o reglamentarias, que omitan o retarden la ejecución de un acto propio de sus funciones o lo cumplan negligentemente, serán corregidos disciplinariamente, de oficio o a pedido del Ministerio Público y previo informe del interesado, sin perjuicio de la destitución que pueda acordar la Corte Suprema de Justicia, todo de conformidad con lo establecido en el estatuto de servicio judicial y de la responsabilidad penal que corresponda.

    El Poder Ejecutivo podrá imponer a los oficiales y agentes de la policía administrativa las sanciones pertinentes.

CAPÍTULO III

Actos del Ministerio Público

Instrucción o información sumaria

    Artículo 169.- El Ministerio Público requerirá la instrucción o practicará la información sumaria previa a la citación directa, cuando tenga conocimiento de un delito por el cual una u otra corresponda (184, 401 y 402).

Requerimiento fiscal

    Artículo 170.- El requerimiento de instrucción contendrá:

1) Las condiciones personales del imputado, o si se ignoraren, las señas o datos que mejor puedan darlo a conocer;

2) La relación circunstanciada del hecho, con indicación, si fuere posible, del tiempo y modo de ejecución y la norma penal que considere aplicable; y

3) La indicación de las diligencias útiles para la averiguación de la verdad.

CAPÍTULO IV

Obstáculos fundados en Privilegio Constitucional

Disposiciones aplicables

    Artículo 171.- El juzgamiento de los miembros de los Supremos Poderes y de los funcionarios que gozan de privilegios, según los artículos 101 y 183 de la segunda parte de la Constitución Política, se regirán por las disposiciones comunes salvo las que se establezcan en este capítulo.

Acción Penal

    Artículo 172.- Si a los miembros de los Supremos Poderes y funcionarios referidos se les imputare un delito de acción pública, ésta será ejercida por el Ministerio Público, sin perjuicio del derecho de acusar que tendrá cualquier persona, si se tratare de un delito funcional, o el damnificado o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en los demás casos.

    Si se tratare de un delito de acción privada, ésta será ejecutada exclusivamente por el ofendido, o en caso de que éste falleciera después del inicio, por sus herederos legítimos.

Información sumaria

    Artículo 173.- Cuando se formule requerimiento fiscal, acusación de una persona o querella del ofendido por el presunto delito contra alguna de las personas privilegiadas, la Asamblea Legislativa podrá nombrar de su seno, una comisión especial que practicará una información sumaria que no vulnere la inmunidad del imputado, quien podrá elegir defensor o defenderse personalmente desde el primer momento.

Posible detención

    Artículo 174.- Si el imputado fuere detenido en flagrante delito -con arreglo al artículo 110 de la Constitución y 269 de este Código - el tribunal informará inmediatamente a la Asamblea Legislativa, la que podrá ordenar su libertad.

Solicitud de antejuicio

    Artículo 175.- Si la información sumaria demostrare que hay mérito para el procesamiento, la Comisión solicitará a la Cámara Legislativa el antejuicio correspondiente, expresando razones que a su criterio lo justifican y acompañando las actuaciones.

Archivo o juzgamiento

    Artículo 176.- Cuando la Asamblea Legislativa no admita la acusación, devolverá los antecedentes al tribunal actuante y archivará las actuaciones. En caso contrario enviará su resolución a la Corte Suprema, para que proceda al juzgamiento del acusado.

Formación de causa

    Artículo 178.- Cuando la Corte Suprema reciba la acusación, designará a uno de sus miembros para que practique la instrucción y los actos preparatorios del juicio oral, el que se efectuará ante la Corte en pleno.

Apertura del debate

    Artículo 179.- Al disponer la apertura del debate (artículo 370), el Presidente de la Corte ordenará la lectura de la acusación original y de la resolución de la Asamblea Legislativa.

Absolución

   Artículo 180.- Si la sentencia fuere absolutoria, el acusado será reinstalado en su puesto, a menos que hubiere expirado el período de su elección y tendrá derecho de recibir los sueldos que dejó de percibir a causa de la suspensión dispuesta. La decisión será publicada en el "Boletín Judicial".

Condena

    Artículo 181.- Si el acusado fuere condenado se ordenará la ejecución de la sentencia y si procediese se declarará vacante el cargo que aquél ocupaba, haciéndose las comunicaciones necesarias.

CAPÍTULO V

De la Responsabilidad de los Demás funcionarios

que Administran Justicia

Delitos propios de los demás funcionarios

    Artículo 183.- Corresponderá conocer a los Tribunales de Juicio, mediante el procedimiento de instrucción, los delitos que cometan en el ejercicio de su cargo los demás funcionarios que administran justicia, no comprendidos en el capítulo anterior.

TÍTULO II

CAPITULO ÚNICO

Disposiciones Generales

De la Instrucción Judicial

Regla General

    Artículo 184.- Los delitos de acción pública serán investigados de acuerdo con las normas de la instrucción salvo las excepciones establecidas por la ley.

Finalidad

    Artículo 185.- La instrucción tendrá por objeto:

1) Comprobar si existe un hecho delictuoso, mediante todas las diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad;

2) Establecer las circunstancias que califiquen el hecho, lo agraven, atenúen o justifiquen en la punibilidad;

3) Determinar a sus autores, cómplices e instigadores;

4) Verificar la edad, educación, costumbres, condiciones de vida, medios de subsistencia y antecedentes del imputado; el estado y desarrollo de sus facultades mentales, las condiciones en que actuó, los motivos que hubieran podido determinarlo a delinquir y las demás circunstancias que revelen su mayor o menor peligrosidad, todo de acuerdo con el artículo 71 del Código Penal; y

5) Comprobar la extensión del daño causado por el delito, aunque no se hubiera ejercido la acción resarcitoria.

Investigación directa

    Artículo 186.- El Juez de Instrucción deberá proceder directa e inmediatamente a investigar los hechos que aparezcan cometidos en su jurisdicción.

    Cuando sea necesario practicar diligencias fuera de su circunscripción, las encomendará a la autoridad judicial correspondiente.

Iniciación

    Artículo 187.- La instrucción será iniciada en virtud de un requerimiento fiscal (170), o de una prevención o información policial (166), y se limitará a los hechos referidos en tales actos, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 117.

Rechazo o archivo

    Artículo 188.- El juez rechazará el requerimiento fiscal de instrucción u ordenará el archivo del sumario de prevención, por auto, cuando sea manifiesto que el hecho imputado no encuadra en una figura penal o que no se puede proceder. La resolución será apelable por el Ministerio Público.

Defensor y domicilio

    Artículo 189.- En la primera oportunidad, pero en todo caso antes de la declaración del imputado, el juez lo invitará a elegir defensor; si no lo hiciere o el abogado no aceptare inmediatamente el cargo, procederá conforme al artículo 83.

    La inobservancia de este precepto producirá la nulidad de los actos que menciona el artículo 191.

    En el mismo acto, el imputado que esté en libertad deberá fijar el lugar dentro de la jurisdicción donde pueda ser citado por el tribunal.

Participación del Ministerio Público

   Artículo 190.- El Ministerio Público podrá participar en todos los actos de instrucción y examinar en cualquier momento las actuaciones.

    Si el Agente Fiscal hubiera expresado el propósito de asistir a un acto será avisado verbalmente con suficiente tiempo y bajo constancia; pero aquél no se suspenderá ni retardará por ausencia. Cuando asista, tendrá los deberes y facultades que prescribe el artículo 194.

Derecho de asistencia y facultad judicial

    Artículo 191.- Los defensores de las partes tendrán derecho de asistir a los registros, reconocimientos, reconstrucciones, exámenes periciales e inspecciones, salvo lo dispuesto por el artículo 204, siempre que por su naturaleza y características se deban considerar actos definitivos e irreproductibles; asimismo, a la declaración de los testigos que por enfermedad u otro impedimento no podrán presumiblemente deponer durante el juicio.

    El juez podrá permitir la asistencia del imputado o del ofendido, cuando sea útil para establecer los hechos o necesaria por la naturaleza del acto.

    Las partes podrán asistir a los registros domiciliarios.

Notificación

Casos urgentísimos

    Artículo 192.- Antes de proceder a realizar alguno de los actos que menciona el artículo anterior, excepto el registro domiciliario, el juez dispondrá, bajo pena de nulidad, que sean notificados el Agente Fiscal y los defensores; pero la diligencia se practicará en la oportunidad establecida, aunque no asistan.

    Sin embargo, se podrá proceder sin notificación o antes de la oportunidad fijada, cuando el acto sea de suma urgencia o no se conozcan, la enfermedad o el impedimento del testigo antes de las declaraciones mencionadas en el artículo anterior.  En el primer caso se dejará constancia de los motivos, bajo pena de nulidad.

Posibilidad de Asistencia

    Artículo 193.- El juez permitirá que los defensores asistan a los demás actos de instrucción salvo lo previsto por el artículo 275, siempre que ello no ponga en peligro la consecución de los fines del proceso o impida una pronta y regular actuación. La resolución será irrecurrible.

Deberes y facultades de los asistentes

    Artículo 194.- Los defensores que asistan a los actos de instrucción no podrán hacer signos de aprobación o desaprobación y en ningún caso tomarán la palabra sin expresa autorización del juez a quien deberán dirigirse cuando el permiso les fuere concedido; podrán proponer medidas, formular preguntas que no insinúen respuestas, hacer las observaciones que estimen convenientes o pedir que se haga constar cualquier irregularidad.

    La resolución será siempre irrecurrible. Las partes, funcionarios, empleados y demás personas que intervengan en el juicio deberán guardar secreto sobre los actos y constancias de la instrucción.

Carácter de las actuaciones

    Artículo 195.- El sumario sólo podrá ser examinado por las partes y sus defensores; pero el juez podrá ordenar el secreto, por resolución fundada, siempre que la publicidad ponga en peligro el descubrimiento de la verdad, con excepción de las actuaciones referentes a los actos mencionados en el artículo 191.

    El secreto no podrá durar más de diez días y será decretado sólo una vez, salvo que la gravedad del hecho o la dificultad de su investigación exijan que aquélla sea prolongada hasta por otro tanto.

    El sumario será siempre secreto para los extraños, con excepción de los abogados que tengan algún interés legítimo.

    ( Anulado parcialmente por Resolución de la Sala Constitucional Nº 1331-90 de las 14:30 horas del 23 de octubre de 1990.

Nota: La frase anulada indicaba lo siguiente: "después de la declaración del imputado")

Proposición de diligencias

    Artículo 196.- El Ministerio Público y las partes podrán proponer diligencias. El juez las practicará cuando fueren pertinentes y útiles; su resolución será irrecurrible.

Incomunicación

    Artículo 197.- El juez podrá decretar la incomunicación del detenido cuando existan motivos - que se harán constar - para temer que se pondrá de acuerdo con sus cómplices o estorbará de otro modo la investigación.

    La incomunicación absoluta no podrá durar más de diez días y en ningún caso impedirá que se ejerza la inspección judicial (Constitución Política, artículo 44).

    Se permitirá al incomunicado el uso de libros u otros objetos, siempre que no puedan servir para eludir la incomunicación o atentar contra su vida o la ajena. Asimismo, se le autorizará a realizar actos civiles impostergables, que no perjudiquen los fines de la instrucción, a juicio del juez y en su presencia, o de un delegado suyo.

Regla sobre la prueba

    Artículo 198.- No regirán en la instrucción las limitaciones establecidas por las leyes civiles respecto de la prueba, con excepción de las relativas al estado civil de las personas.

Duración y prórroga

    Artículo 199.- La instrucción deberá concluirse en el término de dos meses a contar de la declaración del imputado. Si resultare insuficiente, el juez solicitará prórroga al Tribunal de Apelación, el que podrá acordarla hasta por otro tanto, según las causas de la demora y la naturaleza de la investigación. En los casos de suma gravedad y de muy difícil investigación, la prórroga podrá exceder excepcionalmente de dicho plazo, no pudiendo sobrepasar de otros dos meses.

Actuaciones

    Artículo 200.- Las diligencias del sumario se harán constar en actas que el secretario extenderá y compilará conforme a lo dispuesto al Libro I, Título VI, Capítulo II de este Código.

TÍTULO III

Medios de Prueba

CAPÍTULO I

Inspección y Reconstrucción

Inspección judicial

    Artículo 201.- El Juez de Instrucción comprobará, mediante la inspección de personas, lugares y cosas, los rastros y otros efectos materiales que el hecho hubiera dejado; los describirá detalladamente y cuando fuere posible, recogerá y conservará los elementos probatorios útiles.

Ausencia de rastros

    Artículo 202.- Si el hecho no dejó rastros o no produjo efectos materiales, o si éstos desaparecieron o fueron alterados, el juez describirá el estado existente, y en lo posible, verificará el anterior. En caso de desaparición o alteración, averiguará y hará constar el modo, tiempo y causa de ellas.

Facultades coercitivas

    Artículo 203.- Para realizar la inspección, el juez podrá ordenar que durante la diligencia no se ausenten las personas halladas en el lugar, o que comparezca inmediatamente cualquier otra. Los que desobedezcan incurrirán en la responsabilidad de los testigos (232) sin perjuicio de ser compelidos por la fuerza pública.

Inspección corporal y mental

    Artículo 204.- Cuando fuere necesario, el juez podrá proceder a la inspección corporal y mental del imputado, cuidando que en lo posible se respete su pudor.

    Podrá disponer igual medida respecto de otra persona, con la misma limitación, en los casos de grave y fundada sospecha o de absoluta necesidad.

    Si fuere preciso, la inspección podrá practicarse con el auxilio de peritos.

    Al acto sólo podrá asistir una persona de confianza del examinado, quien será advertido previamente de tal derecho.

Identificación de cadáveres

    Artículo 205.- Si la instrucción se realizare por causa de muerte violenta o sospechosa de criminalidad y el extinto fuere desconocido, antes de procederse al entierro del cadáver o después de su exhumación, hecha la descripción correspondiente se le identificará por medio de testigos, y se tomarán sus impresiones digitales.

    Si por los medios indicados no se obtuviere la identificación y su estado lo permite, el cadáver se expondrá al público por tiempo prudencial en la morgue del Organismo Médico Forense, a fin de que quien tenga datos que puedan contribuir al reconocimiento, los comunique al juez.

Reconstrucción del hecho

   Artículo 206.- El juez podrá ordenar la reconstrucción del hecho, de acuerdo con las declaraciones recibidas u otros elementos de convicción, para comprobar si se efectuó o pudo efectuarse de un modo determinado.

    Nunca se obligará al imputado a intervenir en el acto, el que deberá practicarse con la mayor reserva posible.

Operaciones técnicas

    Artículo 207.- Para mayor eficacia de las inspecciones y reconstrucciones, el juez podrá ordenar todas las operaciones técnicas y científicas convenientes.

Juramento

    Artículo 208.- Los testigos, intérpretes y peritos que intervengan en actos de inspección o reconstrucción, deberán prestar juramento, conforme a los artículos 234, 240 y 254.

CAPÍTULO II

Registro y Requisa

Registro

    Artículo 209.- Si hubiere motivos suficientes para presumir que en determinado lugar existen cosas relacionadas con el hecho punible, o que allí puede efectuarse la detención del imputado o de alguna persona evadida o sospechosa, el juez ordenará por auto fundado, el registro de ese lugar.

    El juez podrá disponer de la policía administrativa y proceder personalmente o delegar la diligencia en funcionarios de la Policía Judicial.

    En este caso la orden será escrita, expresando el lugar, día y hora en que la medida deberá efectuarse y el nombre del comisionado, quien actuará conforme a los artículos 97 y siguientes.

Allanamiento de morada

    Artículo 210.- Cuando el registro deba efectuarse en un lugar habitado o en sus dependencias cerradas, la diligencia sólo podrá comenzar entre las seis y las dieciocho horas.

    Sin embargo, se podrá proceder a cualquier hora cuando el morador o su representante lo consienta, o en los casos sumamente graves y urgentes, o cuando peligre el orden público.

Allanamiento de otros locales

    Artículo 211.- Las limitaciones establecidas en el artículo anterior no regirán para las oficinas administrativas, los establecimientos de reunión o de recreo, el local de las asociaciones o cualquier otro lugar cerrado que no esté destinado a habitación particular. En estos casos deberá darse aviso a las personas a cuyo cargo estuvieren los locales, salvo que ello fuere perjudicial a la investigación.

Allanamiento sin orden

    Artículo 212.- La Policía Judicial podrá proceder al allanamiento de morada sin previa orden judicial:

1) Si por incendio, inundación u otra causa semejante, se hallare amenazada la vida de los habitantes o la propiedad;

2) Cuando se denunciare que personas extrañas han sido vistas mientras se introducían en un local, con indicios manifiestos de ir a cometer un delito;

3) En caso de que se introduzca en un local algún imputado de delito grave a quien se persiga para su aprehensión; y

4) Si voces provenientes de una casa anunciaren que allí se está cometiendo un delito o de ella pidieren socorro.

Formalidades para el allanamiento

    Artículo 213.- La orden de allanamiento será notificada al que habite o posea el lugar donde deba efectuarse, o cuando estuviere ausente, a su encargado, y a falta de éste, a cualquier persona mayor de edad que se hallare en el lugar, prefiriendo a los familiares. Al notificado se le invitará a presenciar el registro.

    Cuando no se encontrare a nadie, ello se hará constar en el acta.

    Practicado el registro, se consignará en el acta su resultado, con expresión de las circunstancias útiles para la investigación.

    El acta será firmada por los concurrentes. Si alguien no lo hiciere, así se hará constar.

Orden de requisa personal

    Artículo 214.- El juez ordenará la requisa de una persona, mediante resolución fundada, siempre que haya motivos suficientes para presumir que oculta en su cuerpo cosas relacionadas con un delito.

    Antes de proceder a la medida podrá invitársele a exhibir el objeto de que se trate.

Procedimiento de requisa

    Artículo 215.- Las requisas se practicarán separadamente, respetando en lo posible el pudor de las personas. Si se hicieren sobre una mujer, serán efectuadas por otra, salvo que esto importe demora perjudicial a la investigación.

    La operación se hará constar en acta que firmará el requisado; si no la suscribiere se indicará en la causa.

CAPÍTULO III

Secuestro

Orden de secuestro

    Artículo 216.- El juez podrá disponer que sean recogidas y conservadas las cosas relacionadas con el delito, las sujetas a confiscación y aquellas que puedan servir como medios de prueba; para ello, cuando fuere necesario, ordenará su secuestro.

    En casos urgentes esta medida podrá ser delegada en un funcionario de la Policía Judicial, en la forma prescrita para los registros (209).

Orden de presentación

Limitaciones

    Artículo 217.- En vez de disponer el secuestro, el juez podrá ordenar, cuando fuere oportuno, la presentación de los objetos o documentos a que se refiere el artículo anterior; pero esta orden no podrá dirigirse a las personas que deban o puedan abstenerse de declarar como testigos, por razón de parentesco, secreto profesional o de Estado.

Custodia o depósito

    Artículo 218.- Los efectos secuestrados serán inventariados y puestos bajo segura custodia, a disposición del tribunal. En caso contrario se ordenará el depósito.

    Podrá disponerse la obtención de copias o reproducciones de las cosas secuestradas, cuando éstas puedan desaparecer, alterarse, sean de difícil custodia o convenga así a la instrucción.

    Las cosas secuestradas serán aseguradas con el sello del tribunal y con la firma del juez y secretario, debiéndose firmar los documentos en cada una de sus hojas.

    Si fuere necesario remover los sellos se verificará previamente con su identidad e integridad.

    Concluido el acto, aquéllos serán repuestos y todo se hará constar.

Interceptación de correspondencia

    Artículo 219.- Siempre que lo considere útil para la averiguación de la verdad, el juez podrá ordenar la intercepción o el secuestro de la correspondencia postal o telegráfica o de todo otro efecto remitido por el imputado o destinado al mismo, aunque sean bajo nombre supuesto.

Apertura y examen de correspondencia

    Artículo 220.- Recibida la correspondencia o los efectos interceptados, el juez procederá a su apertura, haciéndolo constar en acta. Examinará los objetos y leerá por sí el contenido de la correspondencia. Si tuvieran relación con el proceso, ordenará el secuestro; en caso contrario, mantendrá en reserva su contenido y dispondrá la entrega al destinatario, a sus representantes o parientes próximos, bajo constancia.

Comunicaciones telefónicas

    Artículo 221.- ( ANULADO por Resolución de la Sala Constitucional Nº 1261-90 de las 15:30 horas del 9 de octubre de 1990 ).

Documentos excluidos

    Artículo 222.- No podrán secuestrarse las cartas o documentos que se envíen o entreguen a los defensores para el desempeño de su cargo.

Devolución

    Artículo 223.- Los objetos secuestrados que no están sometidos a confiscación, restitución o embargo, serán devueltos, tan pronto como no sean necesarios, a la persona de cuyo poder se sacaron. Esta devolución podrá ordenarse provisionalmente, en calidad de depósito, e imponerse al poseedor la obligación de exhibirlos al tribunal.

    Los efectos sustraídos serán devueltos, en las mismas condiciones y según corresponda, al damnificado o al poseedor de buena fe de cuyo poder hubieran sido secuestrados.

CAPÍTULO IV

Testigos

Deber de indagar

    Artículo 224.- El juez interrogará a toda persona que conozca los hechos que se investiguen, cuando su declaración pueda ser útil para descubrir la verdad.

Obligación de testificar

    Artículo 225.- Todo habitante del país tendrá la obligación de concurrir al llamamiento judicial y declarar la verdad de cuanto supiere y le fuere preguntado, salvo las excepciones establecidas por la ley.

Capacidad de atestiguar

    Artículo 226.- Toda persona está obligada a atestiguar, incluso los empleados policiales con respecto a sus actuaciones, sin perjuicio de la facultad del juez para valorar el testimonio de acuerdo con las reglas de la sana crítica.

Deber de abstención

    Artículo 229.- Deberán abstenerse de declarar sobre los hechos secretos que hayan llegado a su conocimiento, en razón del propio estado, oficio o profesión, so pena de nulidad: los ministros de un culto admitido, los abogados y notarios, los médicos, los farmacéuticos, los enfermeros obstétricos, los psicólogos y los funcionarios públicos cuando se trate de secretos de Estado.

    Sin embargo, estas personas no podrán negar el testimonio cuando el interesado las libere del deber de guardar secreto; con excepción de los ministros de un culto admitido.

    Si el testigo invoca, erróneamente, ese deber respecto de un hecho de los comprendidos en este artículo, se procederá a interrogarlo.

    (Así reformado por el artículo 1 de la ley No.7435 del 3 de octubre de 1994)

Comparecencia

    Artículo 230.- Para el examen de testigos, el juez librará orden de citación con arreglo al artículo 135 excepto los casos previstos por los artículos 235 y 236.

    En casos de urgencia, sin embargo, podrán ser citados verbalmente.

    El testigo podrá también presentarse espontáneamente, lo que se hará constar.

Residentes fuera de la ciudad

    Artículo 231.- Cuando el testigo no resida en la ciudad donde el tribunal actúa ni en sus proximidades, o sean difíciles los medios de transporte, se diligenciará la declaración, por exhorto o mandamiento, a la autoridad de su residencia, salvo que el juez considere necesario hacerlo comparecer en razón de la gravedad del hecho investigado y la importancia del testimonio; en este caso se fijarán prudencialmente las expensas que correspondan.

Compulsión

    Artículo 232.- Si el testigo no se presentare a la primera citación, se procederá conforme al artículo 135, y será conducido por la policía salvo caso de impedimento comprobado.

    Si después de comparecer se negare a declarar, se dispondrá su arresto por veinticuatro horas, al término del cual, cuando persiste en la negativa, se iniciará contra él causa penal, de conformidad con el artículo 305 del Código Penal.

Arresto inmediato

    Artículo 233.- Podrá ordenarse el inmediato arresto de un testigo cuando carezca de domicilio o haya temor fundado de que se oculte o ausente. Esta medida durará el tiempo indispensable para recibir la declaración, el que nunca excederá de 24 horas.

Tratamiento especial

    Artículo 235.-El juez recibirá declaración en sus despachos a los miembros de los Supremos Poderes, Magistrados del Tribunal Superior de Elecciones, Contralor y Subcontralor de la República, Arzobispos y Obispos Diocesanos.

    No estarán obligados a comparecer y podrán declarar por medio de informe escrito en el que expresarán que lo hacen bajo juramento, los representantes diplomáticos acreditados en el país.

    Sin embargo, los testigos indicados podrán renunciar al tratamiento especial.

Interrogatorio en el domicilio

   Artículo 236.- Las personas que no puedan concurrir al tribunal por estar físicamente impedidas, serán interrogadas en su domicilio.

Falso testimonio

    Artículo 237.- Si un testigo incurriere presumiblemente en falso testimonio, se ordenarán las copias pertinentes y se las remitirá al Ministerio Público, sin perjuicio de disponer su detención.

CAPÍTULO V

Peritos

Facultad jurisdiccional y autopsia

    Artículo 238.- El juez podrá ordenar peritajes aún de oficio, cuando, para descubrir o valorar un elemento de prueba, fuera necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica.

    En caso de muerte violenta o sospechosa de criminalidad, se ordenará la autopsia, salvo que por la inspección exterior resultare evidente la causa que la produjo.

Calidad habilitante

    Artículo 239.- Los peritos deberán tener título de tales en la materia a que pertenezca el punto sobre el que han de pronunciarse, siempre que la profesión, arte o técnica estén reglamentadas. En caso contrario, deberá designarse a personas de idoneidad manifiesta.

Obligatoriedad del cargo

    Artículo 240.- El designado como perito tendrá el deber de aceptar y desempeñar fielmente el cargo, salvo que tuviere impedimento.

    En este caso, deberá ponerlo en conocimiento del juez al ser notificado de la designación.

    Los peritos no oficiales aceptarán el cargo bajo juramento.

Excusa y recusación

    Artículo 242.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, son causas legales de excusa y recusación de los peritos, las establecidas para los jueces.

    El incidente será resuelto por el juez, oído el interesado y previa averiguación sumaria, sin recurso alguno.

Nombramiento y notificación

    Artículo 243.- El juez designará un perito, salvo que estime necesario que sean más.

    Antes de que se inicien las indagaciones periciales el juez deberá notificar al Ministerio Público y a los defensores, bajo pena de nulidad, a menos que aquéllas sean sumamente urgentes o extremadamente simples. En estos casos, bajo la misma sanción, se les notificará que realizó el peritaje.

Facultad de proponer

    Artículo 244.- En el término que el Juez fije al ordenar las notificaciones previstas en el artículo anterior, cada parte podrá proponer a su costa otro perito legalmente habilitado (239 - 241); pero si las partes que ejercieren esta facultad fueren varias, no podrán proponer en total más de dos peritos.

    Cuando ellas no se pongan de acuerdo, el juez designará entre los propuestos.

Dirección del peritaje

    Artículo 245.- El juez dirigirá el peritaje, formulará las cuestiones a elucidar, fijará el plazo en que ha de expedirse, y si lo juzgare conveniente, asistirá a las indagaciones.

    Podrá igualmente indicar dónde deberá efectuarse aquélla y autorizar al perito para examinar las actuaciones o asistir a determinados actos procesales.

Conservación de objetos

    Artículo 246.- Tanto el juez como los peritos procurarán que las cosas a examinar sean en lo posible conservadas, de modo que el peritaje pueda repetirse.

    Si fuere necesario destruir o alterar los objetos analizados o hubiere discrepancia sobre el modo de conducir las operaciones, los peritos deberán informar al juez antes de proceder.

Ejecución

    Artículo 247.- Siempre que sea posible y conveniente los peritos practicarán conjuntamente el examen, deliberarán en sesión secreta, a la que sólo podrá asistir el juez, y si estuvieren de acuerdo, redactarán el dictamen en común; en caso contrario, lo harán por separado.

Peritos nuevos

    Artículo 248.- Si los informes discreparen fundamentalmente, el juez podrá nombrar uno o más peritos nuevos, según la importancia del caso, para que los examinen y valoren, o si fuere factible y necesario, realicen otra vez el peritaje.

    De igual modo podrán actuar los peritos propuestos por las partes, cuando hubieran sido nombrados después de efectuada la peritación.

Dictamen

    Artículo 249.- El dictamen pericial podrá expedirse por escrito o hacerse constar en acta, y comprenderá, en cuanto fuere posible:

1) La descripción de la persona, cosa o hecho examinado, tal como hubieran sido hallados;

2) Una relación detallada de las operaciones, de su resultado y la fecha en que se practicaron; y

3) Las conclusiones que formulen los peritos.

Cotejo de documentos

    Artículo 250.- Cuando se trate de examinar o cotejar documentos, el Juez ordenará la presentación de escrituras de comparación, pudiendo usarse escritos privados si no hubiere dudas sobre su autenticidad. Para la obtención de ellos podrá disponer el secuestro, salvo que su tenedor sea una persona que deba o pueda abstenerse de declarar como testigo.

    También podrá disponer el juez que alguna de las partes escriba de su puño y letra en su presencia, un cuerpo de escritura. De la negativa se dejará constancia.

Reserva y sustituciones

    Artículo 251.- El perito deberá guardar reserva de todo cuanto conociere con motivo de su actuación.

    El juez podrá sustituir a los peritos en caso de mal desempeño de sus funciones.

    Cuando las actuaciones del perito configuren un hecho punible deberá comunicarlo al Ministerio Público, para lo de su cargo.

Honorarios

    Artículo 252.- Los peritos nombrados de oficio, cuando el Organismo de Investigación Judicial no esté en posibilidad de dictaminar o los designados a pedido del Ministerio Público tendrán derecho a cobrar honorarios, a menos que tengan sueldo por cargos oficiales desempeñados en virtud de conocimientos específicos en la ciencia, arte o técnica que el peritaje requiera.

    El perito nombrado a petición de parte podrá cobrarlos siempre, de previo a dar el dictamen, salvo que el perito sea miembro del Organismo Médico Forense.

CAPÍTULO VI

Intérpretes

Designación

    Artículo 253.- El juez nombrará un intérprete cuando fuere necesario traducir documentos redactados o declaraciones a producirse en idioma distinto del español, aun cuando lo conozca.

    Durante la instrucción el deponente podrá escribir su declaración, la que se agregará al acta.

Normas aplicables

    Artículo 254.- En cuanto a la capacidad para ser intérprete, obligatoriedad del cargo, incompatibilidades, excusas, recusaciones, facultades y deberes, términos, reservas y sanciones disciplinarias, regirán las disposiciones establecidas para los peritos (237 y s.s.).

CAPÍTULO VII

Reconocimientos

Casos

    Artículo 255.- El juez podrá ordenar que se practique el reconocimiento de una persona, para identificarla o establecer que quien la menciona o alude, efectivamente la conoce o la ha visto.

Interrogatorio previo

    Artículo 256.- Antes del reconocimiento, quien haya de practicarlo será interrogado para que describa a la persona de que se trata, y para que diga si la conoce o si con anterioridad la ha visto personalmente o en imagen.

    El declarante prestará juramento, a excepción del imputado.

Modo de reconocer

    Artículo 257.- Después del interrogatorio se pondrá a la vista del que haya de verificar el reconocimiento, a la persona que deba ser reconocida, quien elegirá su colocación entre otras personas de condiciones exteriores semejantes. En presencia de ellas o desde un punto en que no pueda ser visto, según el juez lo estime oportuno, el deponente manifestará si allí se encuentra la persona a que haya hecho referencia, invitándosele a que en caso afirmativo la designe clara y precisamente.

    La diligencia se hará constar en acta, donde se consignarán todas las circunstancias útiles, incluso el nombre y de ser posible el domicilio de los que hubieren formado el grupo.

Pluralidad de reconocimientos

    Artículo 258.- Cuando varias personas deban reconocer a una, cada reconocimiento se practicará separadamente sin que aquéllas se comuniquen entre sí, pero podrá levantarse una sola acta. Cuando sean varias las personas a las que una deba identificar, el reconocimiento de todas podrá efectuarse en un sólo acto.

Reconocimiento por fotografía

   Artículo 259.- Cuando sea necesario reconocer a una persona que no estuviere presente ni pudiere ser habida, podrá exhibirse su fotografía a quien debe efectuar el reconocimiento, junto con otras semejantes de distintas personas. En lo demás, se observarán las disposiciones precedentes.

Reconocimiento de cosas

    Artículo 260.- Antes del reconocimiento de una cosa, el juez invitará a la persona que deba verificarla, a que la describa. En lo demás y en cuanto sea posible, regirán las reglas que anteceden.

CAPÍTULO VIII

Careos

Procedencia

    Artículo 261.- Podrá ordenarse el careo de personas que en sus declaraciones hubieran discrepado sobre hechos o circunstancias importantes; pero el imputado no estará obligado a carearse.

    Al careo del imputado podrá asistir su defensor.

Juramento

    Artículo 262.- Los que hubieren de ser careados prestarán juramento antes del acto, bajo pena de nulidad, a excepción del imputado.

Modo

    Artículo 263.- El careo podrá verificarse entre dos o más personas. Para efectuarlo se leerán, en lo pertinente, las declaraciones que se reputen contradictorias, y se llamará la atención a los careados sobre las discrepancias, a fin de que traten de ponerse de acuerdo. De la ratificación o rectificación que resulte se dejará constancia, así como de las reconvenciones que se hagan los careados y de cuanto en el acto ocurra; pero no se hará referencia a las impresiones del juez acerca de la actitud de los careados.

CAPÍTULO IX

La intervención de las comunicaciones

(NOTA: este Capítulo fue adicionado por el artículo 30 de la Ley de Registro de Documentos Privados e Intervención de Comunicaciones

No.7425 del 9 de agosto de 1994)

 

    Artículo 263 bis.- El Juez podrá ordenar, de oficio o a petición de las partes del proceso, la intervención de las comunicaciones orales o escritas del imputado, así como el registro, el secuestro y el examen de documentos privados. Deberá actuar según el procedimiento y en los casos previstos en la ley que rige la materia.

    (Así adicionado por el artículo 30 de la Ley de Registro de Documentos Privados e Intervención de Comunicaciones No.7425 del 9 de agosto de 1994)

TÍTULO IV

Situación del Imputado

CAPÍTULO I

Presentación y Comparecencia

Presentación espontánea

    Artículo 264.- La persona contra la cual se hubiere iniciado un proceso podrá presentarse espontáneamente ante el juez a fin de declarar. Si la declaración fuere recibida en la forma prescrita para la del imputado, valdrá como tal para todo efecto.

    La presentación espontánea no impedirá que se ordene la detención, cuando corresponda.

Restricción de la libertad

    Artículo 265.- La libertad personal solo podrá ser restringida, de acuerdo con las disposiciones de este Código, en los límites absolutamente indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley.

    El arresto o la detención se ejecutarán de modo que perjudiquen lo menos posible a la persona o reputación de los afectados. Al menos cada tres meses, el tribunal examinará los presupuestos de la prisión o internación y, según el caso, ordenará su continuación, su sustitución por otra medida o la libertad plena del imputado. Este plazo se interrumpirá cada vez que la procedencia de la detención se examine a solicitud del imputado.

    (Así reformado por el artículo 3º de la ley No.7337 del 5 de mayo de 1993)

Medidas precautorias

    Artículo 266.- Cuando en el primer momento de la investigación de un hecho en que hubieran intervenido varias personas no fuere posible individualizar a los responsables y a los testigos, y no pueda dejarse de proceder sin peligro para la instrucción, el juez podrá disponer que los presentes no se alejen del lugar ni se comuniquen entre sí antes de prestar declaración, y aun ordenar el arresto, si fuere necesario.

    Ambas medidas no podrán prolongarse por más tiempo que el indispensable para recibir las declaraciones, a lo cual se procederá sin tardanza, y en ningún caso durarán más de 24 horas. Vencido este término podrá ordenarse, si fuere el caso, la detención del presunto culpable.

Citación

    Artículo 267.- Si el delito no está sancionado con pena privativa de libertad, sólo se ordenará la comparecencia del imputado mediante simple citación; pero se podrá decretar la detención de éste, cuando hubiere motivo para presumir que intentará destruir los rastros del hecho; o que se ponga de acuerdo con sus cómplices o que induzca a los testigos a declarar falso testimonio y en los casos de flagrancia.

    Podrá procederse del mismo modo cuando se investigue un delito que permita la excarcelación del imputado.

    Si el citado no se presentare en el término que se le fije ni justificare un impedimento legítimo, se ordenará su detención.

Detención

    Artículo 268.- Salvo la disposición precedente, el juez podrá ordenar que el imputado sea detenido y llevado a su presencia para recibirle declaración.

    La orden será escrita, contendrá los datos personales del imputado u otros que sirvan para identificarlo y la indicación del hecho que se le atribuya.

Aprehensión en flagrancia

    Artículo 269.- Los oficiales y auxiliares de la Policía Judicial tendrán el deber de aprehender a quien sea sorprendido in fraganti en la comisión de un delito de acción pública que merezca pena privativa de libertad.

    Tratándose de un delito de acción pública dependiente de instancia privada, será informado inmediatamente quien pueda instar, y si éste no presentare la denuncia en el mismo acto, el aprehendido será puesto en libertad.

Flagrancia

    Artículo 270.- Se considera que hay flagrancia: cuando el autor del hecho punible es sorprendido en el momento de cometerlo o inmediatamente después; o mientras es perseguido por la fuerza pública, por el ofendido o un grupo de personas; o mientras tenga objetos o presente rastros que hagan presumir vehementemente que acaba de participar en un delito.

Otros casos de aprehensión

    Artículo 271.- Los oficiales y auxiliares de la Policía Judicial deberán aprehender, aun sin orden judicial, al que intentare un hecho punible en el momento de disponerse a cometerlo, y al que se fugare estando legalmente preso.

    También podrán aprehender a la persona contra la cual haya indicios vehementes de culpabilidad, siempre que sus antecedentes hagan presumir que no obedecerá la orden de citación y aparezca procedente la prisión preventiva (291).

    (Así reformado por el artículo 4 de la Ley de Reforma a la Jurisdicción Tutelar de Menores No.7383 de 16 de marzo de 1994, que eliminó la frase final de este artículo)

Presentación del aprehendido

    Artículo 272.- El oficial o auxiliar de la Policía Judicial que practicare una aprehensión, deberá presentar inmediatamente al aprehendido ante la autoridad judicial competente.

Aprehensión privada

    Artículo 273.- En los casos que prevén los artículos 269 y 271, los particulares están autorizados para practicar la aprehensión, debiendo entregar inmediatamente el aprehendido a la autoridad policial.

CAPÍTULO II

Declaración del Imputado

Procedencia y término

    Artículo 274.- Cuando hubiere motivo bastante para sospechar que una persona ha participado en la comisión de un hecho punible, el juez procederá a interrogarla inmediatamente si estuviere detenida, o a más tardar en el término de 24 horas desde que fue puesta a su disposición.

    Este plazo podrá prorrogarse por otro tanto cuando el juez no hubiere podido recibir la declaración, o cuando lo pidiere el imputado para elegir defensor.

    Si en un proceso hubiere varios imputados detenidos, dicho término se computará con respecto a la primera declaración y las otras se recibirán sucesivamente sin tardanza.

Asistencia

    Artículo 275.- A la declaración del imputado sólo podrán asistir su defensor, si alguno de ellos lo pidiere, y el Ministerio Público. Cuando ejerzan esta facultad, se les comunicará verbalmente el día y hora del acto.

    El imputado podrá declarar en ausencia de su defensor, siempre que manifestare expresamente su voluntad en tal sentido.

    En todo caso se dejará constancia.

Libertad de declarar

    Artículo 276.- El imputado podrá abstenerse de declarar. En ningún caso se le requerirá juramento o promesa de decir verdad, ni se ejercerá contra él coacción o amenaza, ni se usará medio alguno para obligarlo, inducirlo o determinarlo a declarar contra su voluntad, ni se le harán cargos o reconvenciones tendientes o obtener su confesión.

    La inobservancia de este precepto hará nulo el acto, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria o penal que corresponda.

Interrogatorio de identificación

    Artículo 277.- Después de proceder conforme al artículo 189, el juez pedirá al imputado que le dé su nombre, apellido, o apodo, edad, estado y si fuere casado indicará el nombre del cónyuge, profesión u oficio, nacionalidad, lugar de nacimiento; además indicará domicilio, principales lugares de residencia anteriores y condiciones de vida; nombre, estado, profesión u oficio de los padres. Le solicitará también su cédula de identidad y si no la mostrare, pedirá la certificación de la misma al Registro Electoral.

    ( Texto Modificado por Resolución de la Sala Constitucional No.1438-92 de las 15:00 horas del 2 de junio de 1992. )

Declaración sobre el hecho

    Artículo 279.- Cuando el imputado manifestare que quiere declarar, el juez lo invitará a manifestar cuanto tenga por conveniente en descargo o aclaración de los hechos y a indicar las pruebas que estime oportunas; su declaración se hará constar fielmente y en lo posible con sus propias palabras.

    Después de esto, el juez dirigirá al indagado las preguntas que estime convenientes. El Ministerio Público y el defensor podrán ejercer las facultades que acuerda el artículo 194.

    El declarante podrá dictar su declaración, o las respuestas a las preguntas que se le formulen.

    Si por la duración del acto se notaren signos de fatiga o falta de serenidad en el imputado, la declaración será suspendida hasta que ellos desaparezcan.

Forma de interrogatorio

    Artículo 280.- Las preguntas serán claras y precisas; nunca capciosas ni sugestivas. Las respuestas no serán instadas en forma perentoria.

Acta

    Artículo 281.- Concluida la declaración, le será leída el acta en alta voz, bajo pena de nulidad, y de ello se hará mención, sin perjuicio de que también la lea el imputado o su defensor.

    Cuando el declarante quiera agregar o enmendar algo, sus manifestaciones serán consignadas sin alterar lo escrito.

    El acta será suscrita por todos los presentes. Si alguno no pudiere o no quisiere hacerlo, esto se hará constar y no afectará la validez de aquélla.

Declaraciones separadas

    Artículo 282.- Cuando hubiere varios imputados, sus declaraciones se recibirán separadamente, y se evitará que ellos se comuniquen antes de la recepción de todas.

Declaraciones espontáneas

    Artículo 283.- El imputado podrá declarar cuantas veces quiera, siempre que su declaración sea pertinente y no aparezca sólo como un procedimiento dilatorio o perturbador.

Evacuación de citas

    Artículo 284.- El juez deberá investigar todos los hechos y circunstancias pertinentes y útiles a que se hubiera referido el imputado.

Identificación y antecedentes

    Artículo 285.- Recibida la declaración, el juez remitirá a la Policía Judicial los datos personales del imputado, para lo que proceda.

CAPÍTULO III

Procesamiento

Término y requisitos

    Artículo 286.- Dentro del término de seis días a contar desde la declaración del imputado, se ordenará su procesamiento siempre que hubiere elementos de convicción suficientes para estimar que existe un hecho delictuoso y que aquél es culpable como partícipe del mismo.

    En el caso previsto por la última parte del artículo 274, el término se contará desde la última declaración.

Declaración como condición previa al procesamiento

    Artículo 287.- No podrá ordenarse el procesamiento, bajo pena de nulidad, sin habérsele recibido declaración al imputado, o sin que conste su negativa a declarar.

Forma y contenido

    Artículo 288.- El procesamiento será dispuesto por auto el cual deberá contener, bajo pena de nulidad: los datos personales del imputado, o si se ignoraren, los que sirvan para identificarlo; una sucinta enunciación de los hechos; los fundamentos de la decisión; la calificación legal del delito, con cita de las disposiciones aplicables y la parte resolutiva.

Falta de mérito

    Artículo 289.- Si en el término fijado por el artículo 286, el juez estimare que no hay mérito para ordenar el procesamiento ni tampoco para sobreseer, dictará un auto que así lo declare sin perjuicio de proseguir la investigación y dispondrá la libertad del detenido, previo señalamiento del domicilio o lugar donde pueda ser citado.

Carácter y recursos

    Artículo 290.- Los autos de procesamiento y de falta de mérito podrán ser revocados y reformados de oficio durante la instrucción. Contra los mismos sólo podrá interponerse apelación sin efecto suspensivo ante el Tribunal de Apelaciones; de primero, por el imputado o el Ministerio Público; del segundo, por éste último.

CAPÍTULO IV

Prisión Preventiva

Procedencia

   Artículo 291.- El juez podrá ordenar la prisión preventiva del imputado, sin perjuicio de no hacerla efectiva si previamente se le hubiera concedido la excarcelación, siempre que:

1.- Existan elementos suficientes de convicción para sostener, razonablemente, que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible.

2.- Exista una presunción razonable, por apreciación de las circunstancias del caso particular, acerca de que aquel no se someterá al procedimiento (peligro de fuga); obstaculizará la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización); o continuará la actividad delictiva.

3.- El delito que se le atribuya esté reprimido con pena privativa de libertad, cuyo máximo exceda de tres años; si fuere inferior, solo procederá si concurren alguno de los supuestos previstos en el artículo 298. La resolución deberá fundar expresamente cada uno de los presupuestos que la motivan y será apelable por el imputado o por el Ministerio Público.

    (Así reformado por el artículo 3º de la ley No.7337 del 5 de mayo de 1993)

Tratamiento

   Artículo 292.- Salvo lo previsto por el artículo siguiente, los que fueren sometidos a prisión preventiva serán alojados en lugares diferentes a los de penados.

Prisión domiciliaria

    Artículo 293.- Las mujeres honestas y las personas mayores de 60 años o valetudinarias, podrán cumplir la prisión preventiva en sus domicilios, si el juez estimare que en caso de condena no se les impondrá una pena mayor de dos años de prisión.

Cesación

    Artículo 294.- Si el juez estima prima facie que el imputado, en caso de condena, no se le privará de libertad por un tiempo mayor al de la prisión sufrida, dispondrá por auto la cesación del encarcelamiento y la inmediata libertad de aquel.

    Además, en casos excepcionales, el juez, mediante auto motivado, podrá revocar la prisión preventiva cuando así se requiera por haber variado las condiciones que justificaron su imposición.

    En todos los casos, la resolución revocatoria será apelable, sin efecto suspensivo, por el Ministerio Público.

    (Así reformado por el artículo 471 del Código Procesal Penal No.7594 de 10 de abril de 1996)

Otras restricciones preventivas

    Artículo 295.- Cuando el procesado quedare en libertad provisional, el juez podrá imponerle que no se ausente de la ciudad o población en que reside, o que no concurra a determinado sitio, o que se presente a la autoridad los días que fije. Si la ley reprime el delito que se le atribuye con inhabilitación especial, también podrá disponer, preventivamente, que se abstenga de la actividad respectiva.

Internamiento provisional

    Artículo 296.- Si fuere presumible, previo dictamen del Organismo Médico Forense, que el imputado padecía en el momento del hecho de alguna enfermedad mental que lo hace inimputable, podrá ordenarse provisionalmente su internación en un establecimiento especial.

CAPÍTULO V

Excarcelación

Procedencia:

    Artículo 297- El imputado podrá ser excarcelado de oficio; o a solicitud del interesado o de su defensor, con arreglo a las disposiciones de este capítulo.

    En virtud de la excarcelación, y mientras ésta no fuere revocada, el imputado tiene derecho a permanecer en libertad, durante la tramitación del proceso, sujeto a las condiciones que imponga el Tribunal ( 307 ).

    Sin embargo, podrá denegarse la excarcelación, cuando el extremo menor de la pena señalada al delito, fuere superior a seis años; o cuando el Tribunal considere necesario mantener la detención del imputado, ya sea para el éxito de las investigaciones, o para la seguridad personal del ofendido, de los testigos o del propio detenido, o bien para evitar escándalos probables.

    (Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 6659 de 18 de septiembre de 1981)

Restricciones:

Artículo 298.- No procederá la excarcelación:

1.- Antes de que hayan transcurrido tres meses desde que el juez ordenó la prisión preventiva, sin perjuicio de la potestad extraordinaria otorgada al juez por el párrafo segundo del artículo 294.

2.- A quien esté declarado rebelde.

3.- Cuando, a juicio del tribunal, existan vehementes indicios de que el imputado tratará de eludir la acción de la justicia.

4.- Cuando existan indicios -igualmente graves- en los antecedentes del imputado o en otros elementos de convicción, de que continuará la actividad delictiva.

    (Así reformado por el artículo 471 del Código Procesal Penal No.7594 de 10 de abril de 1996)

Cauciones

    Artículo 299.- La excarcelación se concederá bajo caución juratoria, personal o real. La caución tendrá por objeto asegurar que el imputado cumplirá las obligaciones que se le impongan y las órdenes del tribunal y que se someterá a la ejecución de la sentencia condenatoria.

Determinación de las cauciones

    Artículo 300.- Para determinar la calidad y cantidad de la caución se tendrá en cuenta la naturaleza del delito y la condición económica, personalidad moral y antecedentes del imputado. El juez hará la estimación de modo que constituya un motivo eficaz para que aquél se abstenga de infringir sus obligaciones.

Caución juratoria

    Artículo 301.- La excarcelación se concederá bajo caución juratoria:

1) Cuando se estime prima facie que, en caso de condena, ésta será de ejecución condicional o procede el perdón judicial; y

2) En caso contrario, cuando la excarcelación proceda con garantía real o personal y el juez considere que el imputado por su pobreza, no puede ofrecerla y que, no obstante, cumplirá con sus obligaciones.

Caución personal

    Artículo 302.- La caución personal consistirá en la obligación que el imputado asuma con uno o más fiadores solidarios de pagar, en caso de incomparecencia (316), la suma que el juez fije al conceder la excarcelación.

Forma de determinar la solvencia de los fiadores

    Artículo 303.- La solvencia de los fiadores, siempre que el monto de la garantía exceda de tres mil colones, se comprobará por medio de certificación expedida por el Registro Público de su inmueble o inmuebles en la cual se especificará su naturaleza, situación, medida, linderos y gravámenes. El valor de los bienes podrá comprobarse con la certificación de la Tributación Directa.

    Cuando el importe de la garantía fuere de tres mil colones o menor, queda a juicio del tribunal aceptar el fiador si no tuviere bienes inscritos a su favor, así como de exigir que se compruebe su situación económica y posibles recursos.

    En los casos de garantía personal superior a cinco mil colones, el tribunal podrá condicionar el otorgamiento de la excarcelación a que la fianza se anote previamente en el Registro Público correspondiente, en los bienes del fiador que el juez determine en la respectiva resolución, sin que esa anotación impida la inscripción posterior de documentos relativos a dicho inmueble. La anotación de la fianza se considerará como un gravamen pendiente de la propiedad y cualquier adquiriente de un bien anotado aceptará implícitamente la responsabilidad que la fianza implica. Se exigirá además informe del Registro Judicial de Fianzas sobre la solvencia del fiador propuesto.

Caución real

    Artículo 304.- La caución real se constituirá depositando dinero, efectos públicos o valores cotizables, u otorgando prendas o hipotecas, por la cantidad que el juez determine.

    Los fondos o valores depositados quedarán sometidos a privilegio especial para el cumplimiento de las obligaciones procedentes de la caución.

Oportunidad y base

    Artículo 305.- La excarcelación será acordada en cualquier estado del proceso, después de la declaración del imputado; de oficio, evitándose en lo posible su detención, cuando sea indudable su procedencia.

    Si el pedido fuere formulado antes del auto de procesamiento, el juez tendrá en cuenta la calificación legal del hecho que se atribuya o aparezca cometido, sin perjuicio de que revoque o modifique su decisión al resolver la situación del imputado; si fuere posterior al auto de procesamiento, se atenderá a la calificación contenida en el mismo.

Trámite

    Artículo 306.- De la solicitud de excarcelación se dará audiencia 24 horas al Ministerio Público. De este trámite podrá prescindirse en casos urgentes. El juez resolverá de inmediato.

Condiciones

    Artículo 307.- Al acordar la excarcelación el juez podrá imponer al imputado las obligaciones que establece el artículo 295; y cuando aplique el artículo 301, le impondrá la de presentarse periódicamente ante la autoridad que determine.

Domicilio y notificaciones

    Artículo 308.- El imputado y su fiador deberán señalar casa u oficina para oir notificaciones.

    El fiador será notificado de las resoluciones que se refieran a las obligaciones del excarcelado.

Recursos

    Artículo 309.- Cuando fuere dictado por el Juez de Instrucción el auto que conceda o niegue la excarcelación, será apelable por el Ministerio Público o el imputado, dentro del término de 24 horas. El recurso no tendrá efecto suspensivo, sino cuando la resolución deba ser de acuerdo con el artículo siguiente: interpuesta la apelación, se remitirá sin trámite alguno al Tribunal de Apelaciones el legajo de excarcelación y el expediente principal.

Consulta

    Artículo 310.- DEROGADO.-

    (Derogado por el artículo 4º de la ley No.7337 del 5 de mayo de 1993)

Trámite de la consulta

    Artículo 311.- La consulta se ordenará en el mismo auto en que se conceda la excarcelación y el juez remitirá sin trámite alguno el expediente al Tribunal de Apelaciones, el que deberá resolver dentro del término de dos días a partir del recibo del mismo.

Revocación

    Artículo 312.- El auto de excarcelación será reformable y revocable de oficio.

    Deberá revocarse cuando el imputado no cumpla las obligaciones impuestas, o no comparezca al llamamiento del juez sin excusa bastante, o realice preparativos de fuga, o cuando nuevas circunstancias exijan su detención.

Cancelación de las cauciones

    Artículo 313.- La caución se cancelará y las garantías serán restituidas:

1) Cuando el imputado, revocada la excarcelación, fuere constituido en prisión;

2) Cuando se revoque el auto de prisión preventiva, se sobresea en la causa, se absuelva al imputado o se le condene en forma condicional; y

3) Cuando el condenado se presente a cumplir la pena impuesta o sea detenido dentro del término fijado.

Sustitución

    Artículo 314.- Si el fiador no pudiere continuar como tal por motivos fundados, podrá pedir al juez que lo sustituya por otra persona que él presente. También podrá sustituirse la caución real.

Presunción de fuga

    Artículo 315.- Si el fiador temiere fundadamente la fuga del imputado, deberá comunicarlo en seguida al juez y quedará liberado si aquél fuere detenido. Pero si resultare falso el hecho en que se basó la sospecha, se impondrá al fiador una multa de doscientos a mil colones y la caución quedará subsistente.

Emplazamiento

    Artículo 316.- Si el imputado no compareciere al ser citado o se sustrajere a la ejecución de la pena privativa de libertad, el tribunal fijará un término no mayor de diez días para que comparezca, sin perjuicio de ordenar la captura. La resolución será notificada al fiador y al imputado, apercibiéndolos de que la caución se hará efectiva al vencimiento del plazo, si el segundo no compareciere o no justificare un caso de fuerza mayor que lo impida.

Efectividad de la caución

    Artículo 317.- Al vencimiento del término previsto por el artículo anterior, el tribunal dispondrá, según el caso, la ejecución del fiador o la venta en remate público de los bienes hipotecados o emprendados. El dinero que se obtenga en ambos casos será transferido al Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes de la Dirección General de Adaptación Social. Para la liquidación de las cauciones se procederá con arreglo al artículo 523.

TÍTULO V

Sobreseimiento

Facultad de sobreseer

    Artículo 318.- El sobreseimiento total o parcial podrá ser dictado de oficio durante la instrucción, salvo el caso del artículo 320 inciso 4), en que procederá de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del proceso; sin perjuicio de lo previsto por el artículo 357.

Valor

    Artículo 319.- El sobreseimiento total cierra irrevocable y definitivamente el proceso con relación al imputado a cuyo favor se dicta.

Procedencia

    Artículo 320.- El sobreseimiento total procederá cuando sea evidente:

1) Que el hecho investigado no se cometió o no lo fue por el imputado;

2) Que el hecho no esté adecuado a una figura penal;

3) Que media una causa de justificación, inculpabilidad o de inimputabilidad sin perjuicio de aplicación de la medida de seguridad respectiva cuando fuere procedente; y

4) Que la acción penal se ha extinguido.

Forma y fundamento

    Artículo 321.- El sobreseimiento total se dispondrá por sentencia, en la que se analizarán las causales, siempre que fuere posible, en el orden dispuesto por el artículo anterior.

Apelación

    Artículo 322.- La sentencia de sobreseimiento dictada por el Juez de Instrucción será apelable por el Ministerio Público y se admitirá ante el Tribunal de Apelaciones.

    Podrá recurrir también el imputado cuando se le imponga una medida de seguridad o cuando por no haberse observado el orden que establece el artículo 320 se le pueda causar perjuicio.

Consulta

    Artículo 323.- DEROGADO.-

    (Derogado por el artículo 4º de la ley No.7337 del 5 de mayo de 1993 y nuevamente por el artículo 55 de la Ley Orgánica del Ministerio Público No.7442 del 25 de octubre de 1994)

Efecto

    Artículo 324.- Dictado el sobreseimiento, se ordenará la libertad del imputado que estuviere detenido o en su caso se dispondrá el cumplimiento de la medida de seguridad que se hubiere impuesto y si fuere total, se archivarán el expediente y las piezas de convicción que no corresponda restituir; todo sin perjuicio del cumplimiento de la medida de seguridad.

TÍTULO VI

Prórroga Extraordinaria

Procedencia

    Artículo 325.- Si vencido el término prescrito por el artículo 199, incluida la prórroga allí prevista, no correspondiere sobreseer ni las pruebas fueren suficientes para disponer la elevación a juicio, el juez ordenará por auto fundado, aún de oficio, la prórroga extraordinaria de la instrucción por un término que fijará, en seis meses si la pena del delito perseguido fuera de un año o menos; y de un año si la pena fuera mayor.

Efectos

    Artículo 326.- Si el imputado estuviere detenido, en el auto deberá ordenarse su inmediata libertad.

    El proceso continuará con respecto a los coimputados a quienes la medida no se refiera.

Sobreseimiento obligatorio

    Artículo 327.- Cumplida la prórroga extraordinaria sin haberse modificado la situación que la determinó, se dictará sentencia de sobreseimiento. El imputado podrá solicitarla antes, si se hubieran recibido pruebas a su favor.

Recursos

    Artículo 328.- El auto que ordene la prórroga extraordinaria será apelable sin efecto suspensivo para ante el Tribunal de Apelaciones.

    ( Texto modificado por Resolución de la Sala Constitucional Nº 5752-93 de las 14:42 horas del 9 de noviembre de 1993 ).

TÍTULO VII

Excepciones

Enumeración

    Artículo 329.- Durante la instrucción el Ministerio Público y las partes podrán oponer las siguientes excepciones de previo y especial pronunciamiento:

1) Falta de jurisdicción o de competencia;

2) Falta de acción, porque ésta no se pudo promover, no fue iniciada legalmente o no pudiere proseguir; y

3) Extinción de la acción penal.

    Si concurrieren dos o más excepciones deberán interponerse conjuntamente.

Interposición y audiencia

    Artículo 330.- Las excepciones se deducirán por escrito y si fuere el caso, deberán ofrecerse las pruebas que justifiquen los hechos en que se basen, bajo pena de inadmisibilidad.

    Sobre las excepciones se oirá por tres días al Ministerio Público y a las partes interesadas.

Prueba y resolución

    Artículo 331.- Vencido el término dispuesto en el artículo anterior, el juez resolverá lo procedente; pero si las excepciones se basaren en hechos que deban ser probados, previamente ordenará la recepción de la prueba por un término que no podrá exceder de quince días y citará a las partes a una vista para que oral y brevemente hagan su defensa. El acta se levantará en forma sucinta.

Tramitación separada

   Artículo 332.- El incidente se sustanciará y resolverá por separado, sin perjuicio de continuarse la instrucción.

Citación directa

    Artículo 333.- Cuando se proceda por citación directa el incidente deberá deducirse y tramitarse ante el Juez de Instrucción.

Falta de jurisdicción o de competencia

    Artículo 334.- Si se admitiere la falta de jurisdicción o de competencia, excepciones que deberán ser resueltas antes que las demás, el tribunal procederá conforme a los artículos 19 ó 15.

Excepciones perentorias

    Artículo 335.-Cuando se declare con lugar una excepción perentoria, se sobreseerá en el proceso y se ordenará la libertad del imputado que estuviere detenido.

Excepciones dilatorias

    Artículo 336.- Cuando se acoja una excepción dilatoria, se ordenará el archivo del proceso y la libertad del imputado, sin perjuicio de que se declaren las nulidades que correspondan. El proceso continuará cuando se salve el obstáculo formal al ejercicio de la acción.

Recurso

    Artículo 337.- El auto que resuelva la excepción será apelable.

TÍTULO VIII

Clausura y Elevación a Juicio

Audiencia fiscal

    Artículo 338.- Cuando el juez hubiera dispuesto el procesamiento del imputado y estimare cumplida la instrucción, oirá al Agente Fiscal por el término de seis días, prorrogables hasta por otro tanto en casos graves y complejos a juicio del juez y a solicitud del propio Agente Fiscal.

Dictamen fiscal

Artículo 339.- El Agente fiscal manifestará al pronunciarse:

1) Si la instrucción está completa, o en caso contrario, qué diligencias considerada necesarias;

2) Cuando la estimare completa, si corresponde sobreseer, ordenar una prórroga extraordinaria de la instrucción o elevar la causa a juicio.

Proposición de diligencias

    Artículo 340.- Si el Agente Fiscal solicitare diligencias probatorias, el juez las practicará siempre que fueren pertinentes y útiles y una vez cumplidas, devolverá el sumario para que aquél se pronuncie conforme al inciso segundo del artículo anterior.

Requerimiento de elevación

    Artículo 341.- El requerimiento de elevación a juicio deberá contener, bajo pena de nulidad: los datos personales del imputado, o si se ignoraren, los que sirvan para identificarlo; una relación clara, precisa, circunstanciada y específica del hecho y su calificación legal.