Ley No 148 de 23 de agosto de 1943.

Artículo 3.— Anulado.
(Por resolución de la Sala Constitucional número 4682 de las once  horas y quince minutos del  6 de setiembre de 1996, se anuló el  texto del presente artículo que disponia: "Tendrán derecho a ingresar a este Régimen General de Pensiones y Jubilaciones aquellos servidores que, a la fecha de promulgación de la Ley, reúnan como mínimo diez años de servicio y cotización para cualquiera de los regímenes mencionados en el artículo anterior, según los requisitos establecidos en cada régimen especial que se deroga.")

Artículo 4.—Quedarán protegidos por el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte que administra la Caja Costarricense de Seguro Social, aquellas personas que ingresen a laborar por primera vez para la Administración Pública con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley No 7302 del 8 de julio de 1992, así como aquellas otras persona, que no cumplan con todos los requisitos establecidos en el artículo tercero de este Reglamento.

Artículo 5.—Para el cómputo de tiempo servido, no será preciso que el solicitante haya laborado para una única institución ni cotizado para un único régimen especial  de pensiones. Tampoco se requerirá que los servicios hayan sido prestados consecutivamente o en puestos de igual categoría; bastará que documentalmente se compruebe el servicio prestado al Estado y haber cotizado para cualquiera de los regímenes especiales sometidos al Régimen General de Pensiones por el tiempo requerido en el artículo 16 de este reglamento.

Artículo 6.—Las pensiones o jubilaciones que se otorguen al amparo de cualesquiera de los regímenes creados por la ley No 7302 del 8 de julio de 1992, serán inembargables, excepto por pensión alimenticia.

c) Los motivos o fundamentos de hecho y de derecho. .a fecha y la firma.

Artículo 9.—La ausencia de los requisitos indicados en los numerales b), c), d) obligará al rechazo y archivo de la petición.

Artículo 10.—La petición deberá presentarse a la Dirección Nacional de es (DNP) y esta extenderá el recibo correspondiente, cuy a fecha se tendrá como la de presentación.

h) Certificación del monto de la pensión que se recibe, cuando corresponda. Declaración jurada de que en la actualidad el solicitante no recibe pensión de ninguna institución del Estado.

Artículo 12.—Si desaparece la petición o los documentos anexos a ella, por extravío, sustracción o destrucción, podrá ser presentada la copia con el sello de recibido de la Dirección, dentro de los quince días posteriores a la notificación del hecho. Una vez aceptada como fiel exacta por la Dirección Nacional de Pensiones, ir devuelta con valor igual al del original, en este caso se tendrá por suspendido el término señalado en el artículo 27 de la ley, hasta tanto no se haga la reposición respectiva.

Artículo 13.—La prueba de los hechos en que se funde la solicitud deberá ser, lamente, documental. No obstante, cuando se requiera otro medio de prueba, la misma se apreciará de acuerdo a las reglas de la sana crítica salvo decisión expresa en contrario.

EI expediente completo será enviado inmediatamente al Ministerio de Hacienda conocimiento y resolución final.

Artículo 15.—El Ministerio de Hacienda, incluirá en la Ley de Presupuesto ordinario y extraordinario de la República del ejercicio fiscal correspondiente de cada año recursos necesarios que se requiera para cumplir con el pago de los beneficios otorguen al amparo de este régimen.

Sin perjuicio de lo anterior a quienes al entrar en vigencia esta Ley menos de dieciocho meses para poder pensionarse o jubilarse, según los ] originales de la legislación que se deroga, podrán pensionarse o jubilarse a aquellos requisitos, pero en este caso deberán cotizar con el catorce por ciento (14%) del monto de su pensión, hasta cumplir los sesenta años de edad, fecha a partir de la cual continuarán cotizando conforme les corresponda según la presente ley.

Artículo 17.—Las plazas de las personas que se acojan a los beneficios que señala la ley quedarán vacantes en forma definitiva, debiéndose suprimir el código respectivo salvo que la Autoridad Presupuestaria por resolución razonada las declare imprescindibles.

Artículo 18.—Aquellos servidores que demuestren tener treinta o más años de servicio para un régimen especial, debidamente cotizados y no contaren con la edad mínima de jubilación establecida en el artículo 16 de este Reglamento, tendrá a su jubilación cuando este último requisito se cumpla.

Se exceptúa de la anterior disposición, el régimen de los Diputados que crea el Capítulo IV de la ley, pues de conformidad con el artículo 25, las reglas del Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte son aplicables en cuanto a la determinación de beneficiarios únicamente.

Los causahabientes de los beneficiarios directos disfrutarán de este be acuerdo con las disposiciones que establece el Reglamento de Invalidez Muerte que administra la Caja Costarricense de Seguro Social.

Artículo 21.—El monto de la jubilación o pensión ordinaria, resultará del promedio de los doce mejores salarios ordinarios mensuales, tomados de los últimos veinticuatro que la persona haya percibido.

Artículo 22.—Para dar cumplimiento al artículo anterior, se entenderá por salario ordinario la suma del salario base más los ingresos que, por anualidades, dedicación exclusiva, prohibición y gastos de representación, así como los sueldos recibidos por tiempo extraordinario.

Para dar cumplimiento a lo anterior, los jefes de las Oficinas de Humanos de las Instituciones protegidas por el Régimen de Servicio Civil deberán enviar en los primeros cinco días de cada mes a la Dirección General, la totalidad de puestos de cargos fijos ocupados y el monto de los salarios base.

Artículo 24.—La Asamblea Legislativa deberá reportar a la Dirección de Pensiones, las variaciones del salario que se tenga como ingreso de un en un plazo no mayor de diez días hábiles después de decretadas estas.

Artículo 25.—El monto de las pensiones se reajustará cuando el Poder decrete incrementos para los servidores públicos activos por variaciones en el costo de la vida y en igual porcentaje que los decretados para estos.

Artículo 26.—Estos incrementos se harán de oficio por la Dirección Nacional de Pensiones. Dicho reajuste de calculará sobre el monto total de la pensión, sujeta su efectividad a la existencia del contenido presupuestario correspondiente.

Artículo 27.—Los incrementos por costo de vida se harán de conformidad con las reglas del régimen especial, que se tiene por incorporado al Régimen General y según el procedimiento administrativo que determinará la Dirección Nacional de Pensiones.

Contra la resolución del Jerarca cabrá el recurso ordinario de reposición que deberá interponerse dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la resolución respectiva. El transcurso del plazo indicado sin que se impugne lo resuelto o la resolución del recurso interpuesto, en su caso, agotará definitivamente la vía administrativa.

   Artículo 29.—La Dirección Nacional de Pensiones será la encargada de iniciar el procedimiento para declarar la caducidad, cancelación o suspensión de un derecho jubilatorio. *(Dicha dependencia dictará una resolución inicial, en la que se ordenará la retención temporal del pago del beneficio jubilatorio e iniciará el procedimiento administrativo correspondiente. Dicha retención no podrá exceder de cuatro meses a partir de que se dicte la resolución inicial.) Todas las dependencias del Estado que tengan conocimiento de alguna posible causal para la suspensión de un derecho jubilatorio deberán notificarla de inmediato a la Dirección Nacional de Pensiones.
*(Por Resolución de la Sala Constitucional N° 10380 de las 14:49 hrs del 10 de agosto de 2005 se anuló del presente artículo la frase que se encuentra entre paréntesis.)

En relación con las cuotas que no hayan sido cubiertas y las diferencias a que se refiere el párrafo anterior, al menos el cincuenta por ciento (50%) del monto total adeudado, deberá cancelarse inmediatamente y el porcentaje restante se cancelará por medio de una deducción mensual a la pensión, cuyo monto se fijará en forma tal que la deuda sea cancelada en su totalidad, en un plazo máximo de cinco años. Las sumas que se perciban en virtud de este artículo, ingresarán a la caja única del Estado.

El Ministerio de Hacienda trasladará a la Caja Costarricense de Seguro Social mediante liquidación actuarial, en la proporción y montos que esta determine corresponda, las cuotas aportadas para cualquiera de los regímenes indicados en los párrafos anteriores devolviéndole este Ministerio, al interesado las diferencias pagadas de más del porcentaje fijado por Ley, si las hubiese.

Artículo 34.—La Oficina Técnica Mecanizada, ajustará el porcentaje de la cotización en la proporción que determina la Ley para los pensionados, jubilados y servidores públicos activos, que estén cotizando para alguno de los regímenes especiales, señalados en el artículo 2 de este reglamento. No obstante, los funcionarios activos, podrán solicitar por escrito la no aplicación de este artículo y el cese de la deducción de las cuotas cuando considere que se encuentra dentro de lo estipulado en el artículo de este reglamento.

Artículo 35.—Para los regímenes especiales sometidos al Régimen General de Pensiones, los servidores activos, los pensionados y el Estado, estarán obligados a cotizar mensualmente con un siete por ciento (7%), del monto del salario o de la pensión. El Poder Ejecutivo, podrá aumentar el porcentaje de cotización hasta un máximo del nueve por ciento (9%), del monto del salario o de la pensión, cuando los estudios actuariales para evaluar y garantizar su estabilidad financiera así lo recomienden. Dichos estudios deberán realizarse de conformidad con lo establecido por la Ley.

Para tales efectos, los Departamentos de Personal, las Oficinas encargadas de tramitar las pensiones y jubilaciones, la Oficina Técnica Mecanizada y demás instituciones relacionadas con la materia, deberán enviar la información correspondiente a la Dirección Nacional de Pensiones cuando así lo solicite. Lo anterior a partir de la entrada en vigencia de este reglamento.

En todo caso, no tendrán derecho a solicitar posteriormente su inclusión en él.

Entiéndase por remuneración mensual para un Diputado, el salario base más gastos de representación.

Artículo 39.—Los pensionados y jubilados bajo este régimen tendrán derecho reajustar sus pensiones, únicamente por variaciones en el costo de la vida, que decrete el Poder Ejecutivo en el mismo porcentaje de incremento para los servidores públicos activos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 7302.

Artículo 40.—Aquellas personas que se encuentren en la actualidad disfrutando de pensión o jubilación por el régimen de Hacienda - Diputado, pasarán a formar parte de lo dispuesto en el capítulo IV de la Ley 7302.

Artículo 41 .—Solamente podrán optar por la modificación de su jubilación por el régimen que más les favorezca, aquellos ex diputados pensionados por el régimen de Hacienda - Diputado o de cualquier otro régimen especial, que suspendan el disfrute del derecho, por reingreso a la Administración Pública.

Artículo 42.—Aquellas personas que se encuentren gozando de una jubilación y que lleguen a ocupar el cargo de Diputado, deberán renunciar temporalmente a su derecho y podrán optar por los beneficios de este régimen, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 19 y 20 de la Ley. En su defecto, podrán optar al régimen que pertenecía antes de la renuncia del beneficio.

Si al momento de la muerte del beneficiario directo, no se encontraba jubila pero cumplía con todos los requisitos para estarlo, sus causahabientes tendrán de a solicitar el monto de la pensión que le habría correspondido a su deudo.

Artículo 44.—El disfrute de la pensión se suspenderá por el desempeño de cualquier cargo remunerado en la Administración Pública, con excepción de aquella! cuya única remuneración sean dietas.

Artículo 45.—Para aquellos pensionados y jubilados que laboren o reingresen a la administración pública, deberán notificarlo a la Dirección Nacional de Pensiones para que esta proceda a suspender el disfrute del derecho. Para tal efecto, el servidor deberá aportar además, certificación de la Institución la cual labora, indicando fecha de ingreso.

Para lo anterior, el interesado deberá plantear la solicitud de revisión ante la Dirección Nacional de Pensiones, dentro de los tres meses posteriores al cese de su re laboral.

c) Todas aquellas personas que de alguna forma tuvieron una participación activa en labores logísticas y actividades conexas de Guerra.

Queda a salvo de este requisito, la propiedad afectada por el régimen de Patrimonio Familiar o una vivienda de interés social.

Artículo 50.—Corresponde al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, tramitar la solicitud de pensión a través de la Dirección Nacional de Pensiones, previa gestión del interesado. Las mismas serán resueltas por la Junta Nacional de Pensiones o Indemnizaciones de Guerra.

Artículo 51.—De lo resuelto por la Junta cabrá recurso de apelación ante el Ministro de Trabajo, el cual deberá interponerse dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se notificó la resolución respectiva, sino hubiere apelación uncido este plazo, la resolución debe ser pasada en consulta a dicho funcionario.

Artículo 52.—Estas pensiones se reajustarán únicamente por variaciones en el costo de la vida, que decrete el Poder Ejecutivo en el mismo porcentaje de incremento los servidores públicos.

Artículo 53.--La administración, el control, otorgamiento de pensiones y jubilaciones y demás aspectos del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, se ajustará a lo dispuesto en este capítulo, en lo sucesivo y respecto a toda persona que ingrese a laborar al Magisterio Nacional y en consecuencia al nuevo régimen con posterioridad al día 15 de julio de 1992.

Artículo 54.—La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional a efecto de cumplir con el artículo 39 de la Ley de Creación del Régimen General de Sesiones con Cargo al Presupuesto Nacional, de otros regímenes especiales y reforma la ley 7092 del 21 de abril de 1988 y sus reformas. Ley del Impuesto de Renta, número 302, en un plazo no mayor de tres meses de la entrada en vigencia de este Reglamento, deberá elaborar un Reglamento Autónomo, que regule el régimen creado denominado fondo de Capitalización o Fondo de Pensiones del Magisterio Nacional, el cual deberá contener los requisitos y las condiciones necesarias para acceder a los beneficios de pensión o jubilación, el nivel de estos, la fórmula de cálculo y demás aspectos necesarios para garantizar el mejor funcionamiento financiero del nuevo Fondo, todo dentro de las limitaciones establecidas por Ley.

Dichos estudios deberán basarse en un sistema de financiamiento de capitalización completa, para el cual deberá considerarse una prima nivelada de un once punto setenta y cinco por ciento (11,75%) sobre los salarios y esta deberá ser igual al cociente del valor presente de todos los futuros egresos probables, entre el valor presente de todos los salarios cotizables, para que así se garantice el equilibrio financiero del Fondo.

Artículo 56.--Las hipótesis y los supuestos de tipo financiero rentable, económico, demográfico y biométrico en general, que sirven de base a los estudios actuariales, deberán ajustarse a las condiciones reales y expectativas medias económicas y sociales del país.

Artículo 57.—Una copia de los estudios aduanales ordinarios o extraordinarios que realice la Junta, así como cualquier modificación a la estructura de beneficios, serán sometidos a los Jerarcas de los Ministerios representados en la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, quince días antes a su promulgación definitiva.

Artículo 58.—Así mismo, para garantizar la estabilidad financiera, económica y actuarial del Fondo de Pensiones del Magisterio Nacional, la Junta ordenará la realización ordinaria de un estudio actuarial al menos cada tres años, sin perjuicio de que la Junta pueda en cualquier momento ordenar un estudio extraordinario total o parcial de esa naturaleza. En todo caso, la modificación a la estructura de los beneficios, los requisitos, fórmulas de cálculo y demás aspectos, deberán respaldarse con los pertinentes estudios actuariales, los cuales se harán de conformidad con las reglas contenidas en el presente Capítulo.

Así mismo la Junta de Pensiones deberá publicar en un diario de circulación nacional, al menos tres veces al año, los estados financieros del Fondo, especificando los rendimientos obtenidos de las inversiones realizadas.

Artículo 62.—La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional será la responsable de la Administración del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, por lo que la inversión de este Fondo, deberá hacerse con estricto apego a las normas unívocas de la ciencia financiera, actuarial o contables y además deberá la Junta, ajustarse a las directrices que emitiere la Comisión Nacional de Valores o la Auditoría General de Entidades Financieras.

Artículo 63.—El Fondo de Pensiones es un patrimonio independiente. La Junta de Pensiones y Jubilaciones deberá llevar contabilidad separada de este y no tendrá dominio de ese Fondo, salvo para los propósitos exclusivos establecidos por la Ley.

Artículo 65.—En condiciones de máxima seguridad y rentabilidad, procurando su necesario equilibrio, el incremento de su valor real y la liquidez necesaria, los recursos del nuevo Fondo de Pensiones deberán ser invertidos en instrumentos de oferta pública debidamente autorizados por la Comisión Nacional de Valores.