Artículo 2º.- El Sistema Financiero Nacional para la Vivienda estará

integrado por el Banco Hipotecario de la Vivienda, como ente rector, y por

las entidades autorizadas previstas en esta ley.

TITULO SEGUNDO

DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA

CAPITULO 1

Creación, objetivos y funciones

Artículo 4º.- Créase el Banco Hipotecario de la Vivienda, como una

entidad de Derecho público de carácter no estatal, con personalidad

jurídica, con patrimonio propio y autonomía administrativa, que será el

ente rector del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.

Esta entidad estará bajo la supervisión de la Auditoría General de

Bancos y será fiscalizada por la Contraloría General de la República.

Artículo 5º.- El Banco Hipotecario de la Vivienda tendrá los siguientes

objetivos principales:

a) Obtener recursos, coordinar la adecuada distribución de los que

recauden las entidades autorizadas, y destinarlos exclusivamente a los

fines que señala esta ley.

b) Promover, financiar, orientar y supervisar las entidades autorizadas.

c) Garantizar las operaciones de las entidades autorizadas, en los

términos de la presente ley y de sus reglamentos.

ch) Promover, desarrollar y estabilizar el mercado secundario de títulos

valores en el campo de la vivienda.

d) Velar permanentemente por el correcto funcionamiento de las entidades

autorizadas y hacer los estudios necesarios para la evaluación y

perfeccionamiento de sus operaciones.

Dentro de marco legal, el Banco Hipotecario de la Vivienda tendrá la

más amplia libertad de acción para cumplir eficazmente con los objetivos

precedentes, y plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer

obligaciones.

Artículo 6º.- Para el cumplimiento de sus objetivos, el Banco

Hipotecario de la Vivienda tendrá las siguientes atribuciones y funciones:

a) Elaborar los proyectos de reglamento de la presente ley, así como sus

reformas, y someterlos a la aprobación del Poder Ejecutivo, para que sean

promulgados mediante el o los decretos correspondientes.

b) Incentivar el ahorro interno y la inversión nacional como el medio

más importante de lograr la solución del problema habitacional en el país.

c) Disponer a cuáles instituciones podrá otorgar la condición de entidades

autorizadas.

ch) Promover, otorgar financiamiento, asesorar y supervisar las entidades

autorizadas, y velar por su correcto funcionamiento, de acuerdo con las

facultades y con las limitaciones previstas en esta ley y sus reglamentos.

d) Garantizar, si lo considerare conveniente, los depósitos en cuentas

de ahorro que se efectúen en las mutuales, y descontar la cartera de las

entidades autorizadas y darles la asesoría técnica que necesiten.

e) Avalar financiamiento interino o transitorio para la ejecución de

proyectos de conjuntos habitacionales, así como para las obras y servicios

complementarios, siempre y cuando éstos sean promovidos por medio de los

entes autorizados.

f) Contratar empréstitos en moneda nacional o extranjera, dentro y fuera

del país, destinados al cumplimiento de sus fines. En este último caso

deberá contar con la autorización previa del Banco Central de Costa Rica.

g) Crear el fondo que se requiera para estabilizar el mercado secundario

de hipotecas y de títulos valores en el campo de la vivienda; participar

en por cuenta propia y de terceros, y velar porque se mantenga y

desarrolle dentro de un clima de confianza pública.

h) Ajustar sus acciones a las política, lineamientos y directrices que

dicte el Estado en materia de vivienda, desarrollo urbano y asentamientos

humanos.

i) Determinar la política financiera general del Sistema.

j) Garantizar, si lo considerare conveniente, los préstamos hipotecarios

otorgados por las entidades autorizadas, para asegurar al acreedor

hipotecario, o al cesionario de los derechos, el cobro íntegro del

capital, de los intereses y de las demás obligaciones accesorias de la

hipoteca, incluidos los gastos del juicio de ejecución.

k) Las demás que le correspondan de acuerdo con esta ley y sus

reglamentos.

Artículo 7º.- Para el cumplimiento de sus objetivos de carácter social,

y con el propósito de poner al alcance de las familias la posibilidad de

adquirir casa propia, el Banco Hipotecario de la Vivienda podrá promover

programas de desarrollo de vivienda rural y de vivienda mínima urbana, en

condiciones preferenciales de crédito, y proyectos habitacionales que se

desarrollen al amparo de incentivos fiscales.

Artículo 8º.- Para el cumplimiento de sus objetivos, el Banco

Hipotecario de la Vivienda establecerá programas diferentes de

financiamiento, de acuerdo con el ingreso familiar de los sectores de la

población a que van dirigidos, de tal forma que las condiciones fijadas

para los de mayor ingreso permitan mejorar las que se fijen para los de

menor ingreso, de manera que para estos últimos se facilite la obtención de

casa propia, a la vez que se pueda mantener globalmente una capitalización

apropiada de los recursos totales del BANHVI. Además, para los sectores de

menor ingreso, el Banco establecerá condiciones especiales de

financiamiento, sobre todo mediante el programa de subsidios a que se

refiere el título tercero de la presente ley, con el propósito de que los

pagos estén de acuerdo con el ingreso, incluso cuando las familias sean de

ingreso mínimo.

Artículo 9º.- El Banco Hipotecario de la Vivienda no estará facultado

para hacer operaciones financieras directamente con el público. Conforme

con esta ley, sólo las entidades autorizadas podrán conceder préstamos a

las personas calificadas como usurarios del Sistema, para la construcción

o adquisición de viviendas o de lotes.

Artículo 10.- Al Banco Hipotecario de la Vivienda le está prohibido

operar directamente en el financiamiento, compra y venta, o construcción de

inmuebles, salvo que se trate de la venta de bienes recibidos con motivo de

la liquidación de garantías hipotecarias u otros que le fueren donados, o

de la compra de los que le sean indispensables para la instalación de sus

oficinas centrales o agencias.

Artículo 11.- El domicilio del BANHVI será el que corresponda al

lugar donde estén situadas sus oficinas centrales.

CAPITULO II

De la organización, dirección y administración del BANHVI

Artículo 12.- Son órganos del Banco Hipotecario de la Vivienda:

a) La Junta Directiva.

b) La Gerencia General.

c) La Auditoría Interna.

ch) Las demás dependencia que se establezcan en el reglamento o que cree

la Junta Directiva.

Artículo 13.- La Junta Directiva del Banco estará integrada por siete

miembros designados por el Consejo de Gobierno, de la siguientes manera:

a) Tres representantes del sector público provenientes de diferentes

ministerios.

b) Cuatro representantes del sector privado, quienes deberán tener, como

mínimo, grado académico de licenciatura o su equivalente, amplio

conocimiento y experiencia Economía. Finanzas, Banca o Administración, y

demostrada experiencia en problemas relativos al desarrollo económico y

social del país, particularmente en el campo de la vivienda. Dos de ellos

será representantes de los partidos políticos mayoritarios, escogidos por

el Consejo de Gobierno de ternas que enviará el respectivo directorio

político.

La Junta Directiva elegirá, por simple mayoría, a un presidente y a

un vicepresidente, los que fungirán por un período de un año y podrán ser

reelegidos. El vicepresidente suplirá al presidente durante sus ausencias.

Cuando en alguna sesión estuvieren ausentes el presidente y el

vicepresidente, la Junta Directiva deberá nombrar a uno de sus miembros

presentes como presidente ad hoc.

Artículo 14.- Para ser miembro de la Junta Directiva será necesario

a) Ser costarricense por nacimiento o por naturalización, con un mínimo

de cinco años de haber obtenido la respectiva carta.

b) Ser mayor de edad.

c) Estar en el pleno ejercicio de los derechos civiles.

Artículo 15.- No podrán ser designadas como miembros de la Junta

Directiva las personas que estén en alguna de las siguientes situaciones:

a) Ser deudores morosos del Fisco.

b) Haber sido declaradas en estado de quiebra o insolvencia, salvo que

hubieren sido rehabilitadas.

c) Estar suspendidas inhabilitadas para el ejercicio de su profesión,

así dispuesto por la autoridad competente.

ch) Estar ligadas entre sí con otro miembro de la Junta Directiva, con el

gerente general, con los gerentes y subgerentes, con el auditor interno o

con alguno de los jefes de departamento del Banco, por matrimonio o

parentesco de consanguinidad o afinidad, hasta el tercer grado, inclusive.

Artículo 16.- La función de miembro de la Junta Directiva es incompatible

con los cargos de:

a) Los miembros y empleados de los Supremos Poderes, los funcionarios que

los sustituyan durante sus ausencias temporales y los que desempeñen cargos

temporales no remunerados, salvo los tres miembros mencionados en el inciso

a) del artículo 13.

b) Los presidentes ejecutivos y demás miembros de las juntas directivas

de las instituciones de Derecho público, autónomas o descentralizadas.

c) El gerente general, los subgerentes, el auditor y el subauditor

internos y los demás funcionarios y empleados del Banco.

ch) Los accionistas o funcionarios de las empresas constructoras de

viviendas y empresas urbanizadoras que operan con el Sistema.

Artículo 17.- Los tres representantes del sector público y los dos de

los partidos políticos a que se refieren los incisos a) y b) del artículo

13, serán nombrados por un período de cuatro años, a partir del 1º de

junio del año en que se inicie el período presidencial establecido en el

artículo 134 de la Constitución Política. Sin embargo, por su condición

de funcionarios de confianza, los tres representantes del sector público

podrán ser removidos libremente por el Consejo de Gobierno. Los otros dos

miembros de la Junta Directiva a que se refiere el inciso b) del artículo

13 anterior, serán nombrados por un período de ocho años.

Artículo 18.- Los miembros de la Junta Directiva serán inamovibles

durante el período para el cual fueren designados, salvo lo expresado en

el artículo anterior, con respecto a los designados en representación del

sector público. Sin embargo, cesarán como miembros de la Junta Directiva

del Banco quienes:

a) No satisfagan alguno de los requisitos establecidos en el artículo

13, o incurran en alguno de los impedimentos e incompatibilidades

previstos en los artículos 15 y 16.

b) Se ausenten del país por más de un mes sin permiso de la Junta

Directiva, o, con esa autorización, por más de seis meses.

c) Dejen de asistir a seis sesiones ordinarias consecutivas de la Junta

Directiva, por causa que no haya sido debidamente justificada.

ch) Por resolución firme, sean declarados responsables de la infracción

de algunas de las disposiciones de esta ley o de sus reglamentos, o la

hayan consentido.

d) Resulten condenados por los tribunales penales por actos u

operaciones fraudulentas o ilegales.

e) No puedan o no quieran desempeñar sus cargos durante seis meses.

f) Renuncien a sus cargos o se incapaciten legalmente para ejercerlos.

En cualesquiera de estas circunstancias, la Junta Directiva deberá

ordenar una completa investigación y dar aviso al Consejo de Gobierno, a

fin de que determine si procede declarar o no la vacante y, de disponer

esto último, para que designe al respectivo sustituto, en cuyo caso el

nombramiento será hasta por el resto del período legal, y se hará dentro

del término de treinta días naturales contados a partir del recibo de la

comunicación.

La separación de los miembros de la Junta Directiva por cualquiera de

las causales indicadas, no los libera de las responsabilidades en que hayan

podido incurrir.

En el caso de fallecimiento de un miembro de la Junta Directiva, se

procederá a nombrar al sustituto por el resto del período legal, de

acuerdo con los lineamientos señalados en los artículos 13 y 14.

Artículo 19.- Los miembros de la Junta Directiva gozarán de absoluta

independencia en el desempeño de sus cargos, lo que harán conforme con su

conciencia, dentro del marco legal vigente y únicamente en función de los

intereses generales del Sistema. En consecuencia, serán los únicos

responsables de su gestión.

Dichos miembros deberán caucionar sus responsabilidades con una póliza

de fidelidad u otra clase de garantía aceptable para la Contraloría General

de la República, hasta por el monto que se exija para los directores de las

otras instituciones bancarias estatales.

Sin perjuicio de las demás sanciones que pueda serle impuesta, cada

miembro de la Junta Directiva responderá personalmente con sus bienes por

las pérdidas que irrogue al Banco y al Sistema en general, por la

autorización de operaciones que prohíba la ley o ajenas a sus funciones o

realizadas sin llenar los trámites requeridos por esta ley y sus

reglamentos, o en contravención de éstos, salvo que hubieren hecho constar

su voto disidente en el acta de la sesión de que se trate.

Artículo 20.- Los miembros de la Junta Directiva no podrán participar

en actividades político-electorales, salvo en la emisión de su voto y en

las actividades que les sean obligatorias por ley. Esta prohibición será

aplicable al gerente, al subgerente, al auditor, al subauditor, a los

jefes y subjefes de departamento y a los asistentes de gerencia.

Artículo 21.- La Junta Directiva deberá reunirse en sesión ordinaria

una vez por semana, en el lugar, el día y la hora que ella misma

determine, y en sesión extraordinaria las veces que sea convocada por el

presidente de la Junta, por el gerente general o por tres miembros de la

Junta.

La convocatoria deberá hacerse por escrito y con tres días hábiles de

anticipación, por lo menos, salvo que se haga durante el curso de una

sesión y haya consenso de la totalidad de los miembros para sesionar en

fecha convenida. En las sesiones extraordinarias de la Junta Directiva se

conocerán solamente los asuntos comprendidos en la convocatoria.

Artículo 22.- Cuatro miembros harán quórum para sesionar válidamente,

Los acuerdos se tomarán por mayoría de los votos presentes, salvo en los

casos en que la ley exija una mayoría especial determinada. Cuando se

produjere empate, el presidente tendrá doble voto y resolverá.

Artículo 23.- Por cada sesión a la que asistan, los miembros de la

Junta Directiva tendrán derecho a devengar una dieta por una suma igual a

la establecida por los bancos del Estado, con un máximo de ocho sesiones

mensuales pagadas, como única remuneración que podrán percibir por el

desempeño de sus funciones como directores.

Artículo 24.- A los miembros de la Junta Directiva le estará prohibido

estar presentes en las sesiones en que se vayan a resolver operaciones que

le interesen a las entidades autorizadas en las que ellos y sus parientes,

hasta el tercer grado de consanguinidad o de afinidad, sean socios,

directores o gerentes.

Igual prohibición existirá cuando la Junta Directiva tenga que conocer

una reclamación o conflicto en que sea parte alguna de las entidades

autorizadas.

Artículo 25.- El gerente y el auditor asistirán a las sesiones de la

Junta y tendrán voz pero no voto. Podrán, cuando lo estimen necesario,

hacer constar en las actas respectivas sus opiniones sobre los asuntos que

se debaten, las que deberán emitirse antes de la votación. También podrán

asistir los subgerentes, los jefes de departamento y aquellas personas

invitadas especialmente. No obstante, a juicio del presidente de la Junta,

ésta podrá sesionar estando presentes únicamente sus miembros.

Artículo 26.- La Junta Directiva tendrá las siguientes funciones:

a) En la primera sesión del mes de junio de cada año, nombrar de entre

sus miembros a un presidente y a un vicepresidente.

b) Determinar la política del Banco y del Sistema en general, aprobar sus

planes de trabajo anuales, supervisar la ejecución de éstos y coordinar las

actividades del Banco con los sectores público y privado.

c) Velar porque se cumplan los fines y las responsabilidades que esta ley

le asigna al BANHVI.

ch) Dictar las normas que se requieran para la administración interna y la

organización de las dependencias y los servicios del Banco, para lo cual

designará a los funcionarios y empleados del Banco que firmarán

comprobantes, recibos, cheques, letras, correspondencia, contratos, valores

inmobiliarios y otros. Además fijará los límites y condiciones dentro de

los cuales actuarán esos funcionarios.

d) Dictar los reglamentos que regirán el funcionamiento del Sistema y de

los diferentes programas de financiamiento que aplicará el Banco.

e) Nombrar y remover al gerente general, a los subgerentes y al auditor

interno, para lo cual se requerirán cinco votos, y asignarles sus

respectivas funciones.

f) Autorizar la contratación de empréstitos.

g) Aprobar los presupuestos anuales del Banco y sus reformas, someterlos

a la revisión final que indique la ley y conocer sobre su liquidación.

h) Acordar los programas anuales de inversiones y préstamos del Banco y

fijar los montos y las condiciones que aplicará en cada uno de ellos.

i) Fijar las reservas necesarias para la operación del Banco.

j) Aprobar o improbar la formación, el funcionamiento y la liquidación de

las asociaciones mutualistas y sus estatutos y reformas, así como

fiscalizar el funcionamiento de las entidades autorizadas en lo que

directamente les competa dentro del Sistema.

k) Vigilar el funcionamiento de las sociedades mutualistas, para lo cual

deberá aprobar o improbar, por resolución motivada, el presupuesto anual

de cada una de ellas.

l) Fijar las primas de garantía, encaje tipos de interés, derechos,

comisiones y cualesquiera otros cargos financieros que deban pagar o cobrar

las entidades autorizadas, en lo que directamente les competa dentro del

Sistema.

ll) Fijar las condiciones generales de los depósitos de ahorro que

recibirán las asociaciones mutualistas.

m) Fijar las condiciones generales de las operaciones activas y pasivas

de las sociedades mutualistas.

n) Fijar los límites globales, en relación con el capital y las reservas,

de los préstamos que puedan otorgar las sociedades mutualistas.

ñ) Fijar los límites globales del monto de los títulos valores que puedan

colocar las sociedades mutualistas y las condiciones mínimas generales de

la emisión.

o) Determinar las sanciones que les sean aplicables a las entidades

autorizadas, cuando éstas infrinjan de manera comprobada las disposiciones

de la presente ley y de sus reglamentos.

p) Conocer en alzada de los recursos que se presenten contra las

resoluciones dictadas por la Gerencia General o la Auditoría Interna, y

declarar agotada la vía administrativa.

q) Aprobar la memoria anual del Banco.

r) Encarar a la Gerencia la preparación de estudios y evaluaciones sobre

asuntos que le interesen.

s) Fijar las reservas legales de las asociaciones mutualistas.

t) Proponer al Poder Ejecutivo los reglamentos necesarios para la

ejecución de esta ley.

u) Las demás funciones que según la ley le correspondan en su carácter

de órgano supremo del Banco.

Artículo 27.- El presidente de la Junta Directiva tendrá las siguientes

funciones:

a) Presidir las sesiones de la Junta Directiva y dirigir sus debates.

b) Convocar a sesiones extraordinarias por escrito y con tres días de

anticipación, con señalamiento de los asuntos que se tratarán.

c) Resolver con su doble voto los asuntos en que haya empate.

ch) Firmar la memoria anual del Banco, conjuntamente con el gerente general.

Artículo 28.- La Junta Directiva deberá designar a un gerente general,

con el voto favorable de no menos de cinco de sus miembros. El gerente

general tendrá a su cargo la administración general del Banco, de acuerdo

con la presente ley, sus reglamentos y las políticas que fije su Junta

Directiva.

La Junta Directiva podrá nombrar a uno o más subgerentes cuando el

desarrollo del Banco así lo exija, por la misma mayoría calificada, uno de

los cuales deberá reemplazar al gerente general durante sus ausencias

temporales, según lo determine en cada caso la Junta Directiva. Los

subgerentes tendrán a su vez las funciones que el gerente general les

señale, en consulta con la junta Directiva. Tanto el gerente general como

los subgerentes deberán reunir los mismos requisitos exigidos a los

miembros de la Junta directiva, según el artículo 14 de la presente ley.

El gerente general y los subgerentes serán funcionarios de tiempo

completo y de dedicación exclusiva. Quedan sujetos a las mismas

disposiciones que para los miembros de la Junta establecen los artículos

del 14 al 16 de la presente ley.

El gerente y los subgerentes serán nombrados por períodos de seis

años y podrán ser reelegidos. Deberán tener, como mínimo, grado académico

de licenciatura, o su equivalente, y amplio conocimiento y experiencia en

Economía, Finanzas, Banca o Administración, y demostrada experiencia en

problemas relativos al desarrollo económico y social del país.

Artículo 29.- El gerente general será el funcionario de mayor

jerarquía administrativa del Banco y el responsable ante al Junta Directiva

de la eficiente y correcta operación técnica y administrativa del Banco.

Este funcionario tendrá las siguientes funciones:

a) Programar las actividades necesarias para alcanzar los objetivos del

Banco dentro de los lineamientos de la política general fijada por la

Junta Directiva.

b) Establecer las políticas generales de la institución y someterlas a

la aprobación de la Junta Directiva.

c) Ejercer las funciones que sean inherentes a su condición de administrador

y jefe de personal administrativo del Banco, vigilar la organización, operación

y coordinación de todas sus dependencias y cumplir los acuerdos de la Junta

Directiva y las leyes y reglamentos aplicables.

ch) Suministrar a la Junta Directiva la información, regular, exacta y

completa que sea necesaria para asegurar el buen gobierno y dirección del

Banco.

d) Presentar a la Junta Directiva, para su examen y aprobación, con la

necesaria anticipación, el presupuesto anual del Banco y en su oportunidad,

la liquidación presupuestaria correspondiente.

e) Proponer a la Junta Directiva la creación de plazas y servicios

indispensables para el debido funcionamiento del Banco.

f) Nombrar, promover y remover a los miembros del personal subalterno,

concederles licencias e imponerles sanciones, todo de acuerdo con los

reglamentos respectivos y con el escalafón del personal al servicio de

Banco.

Las resoluciones del gerente general en materia de personal agotarán la

vía administrativa.

El gerente general no podrá nombrar a quienes estén ligados por

matrimonio o por parentesco de consanguinidad o afinidad, hasta el tercer

grado ambos inclusive, con los miembros de la Junta Directiva, con los

subgerentes, con el auditor interno o con él mismo. Sin embargo, no será

causal de remoción de un miembro del personal el que, con posterioridad a

su designación, se nombre en dichos cargos a personas que tengan con él el

parentesco mencionado, o que llegue a ser pariente por afinidad de algunos

de aquellos.

g) Ejecutar o hacer ejecutar los reglamentos y los acuerdos y

resoluciones que dicte la Junta Directiva. Sin embargo, si el gerente

general estimare que cualquiera de éstos es contrario a las disposiciones

legales o a los intereses del Banco, deberá presentar su objeciones por

escrito, dentro de los ocho días siguientes a aquél en que se dictaron. Si

la Junta mantuviere su resolución o acuerdo, el gerente general deberá dar

cumplimiento a lo resuelto, pero quedará exento de responsabilidad en el

caso.

h) Autorizar con su firma, conjuntamente con el presidente, la memoria

anual y, con carácter exclusivo, todos los otros documentos que se señalen

en los reglamentos de la presente ley y en los acuerdos de la Junta

Directiva.

i) Ejercer la representación legal del Banco, judicial y extrajudicial,

con las facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma que

determina el artículo 1253 del Código Civil, con sujeción a las

disposiciones legales y a las instrucciones especificas que le imparta la

Junta Directiva.

j) Delegar atribuciones en el subgerente o en otros funcionarios del

Banco, salvo cuando su intervención personal fuere legalmente obligatoria.

k) Ejercer las demás funciones que le correspondan de conformidad con

esta ley, sus reglamentos y otras disposiciones legales que fueren

aplicables.

Artículo 30.- El Banco deberá tener una auditoría interna para la

vigilancia y fiscalización preventiva, y la que corresponda posteriormente,

de todas sus dependencias y de las entidades autorizadas.

La Auditoría Interna funcionará bajo la responsabilidad y dirección

inmediata de un auditor o, en su defecto, de un subauditor, nombrados por

la Junta Directiva con el voto favorable de por lo menos cinco de sus

miembros, como funcionarios de tiempo completo y de dedicación exclusiva.

El auditor interno deberá ser contador público autorizado y reunir, además,

los requisitos exigidos para el cargo de gerente general. Sólo podrá ser

removido cuando, a juicio de la Junta Directiva, previo levantamiento de la

información correspondiente, se demuestre que no cumple debidamente con las

funciones y deberes inherentes a su cargo. Por la naturaleza de su cargo y

el origen de su nombramiento, estará sujeto a las disposiciones que para

los miembros de la Junta Directiva indican los artículos 14 y 16 de la

presente ley, en cuanto le fueren aplicables. La remoción del auditor

interno sólo podrá acordarse por el mismo número de votos necesarios para

su nombramiento, previa consulta a la Contraloría General de la República.

Artículo 31.- El auditor interno tendrá las siguientes funciones,

además de las que le señale la Junta Directiva:

a) Asistir a las sesiones de la Junta Directiva, con voz pero sin voto,

y velar porque se cumplan cabalmente las resoluciones y disposiciones que

ella le encargue.

b) Vigilar y fiscalizar las operaciones, el cumplimiento de las

obligaciones, la adecuada utilización y administración de los bienes y el

correcto manejo de los recursos del Banco.

c) Fiscalizar, en cuanto tenga relación con su cargo, todos los actos,

controles y operaciones del Banco, para lo cual verificará la contabilidad

y los inventarios con los documentos correspondientes y realizará las

investigaciones que juzgue pertinentes.

ch) Hacer los arqueos y demás verificaciones que considere convenientes,

por lo menos dos veces al año, sean parciales o totales, sin previo aviso.

d) Presentar informes de sus actividades de inspección y fiscalización

a la Junta Directiva, la cual podrá solicitarle las demás actuaciones que

estime necesarias.

e) Comunicar al gerente general, por escrito, todas las irregularidades

que observe en las operaciones y en el funcionamiento del Banco, y

proponerle las medidas correctivas y preventivas necesarias. En caso de

que el respectivo funcionario no resuelva el problema dentro de un plazo

prudencial, después de recibido el informe correspondiente, deberá someter

el caso, sin pérdida de tiempo , a conocimiento y resolución de la Junta

Directiva.

f) Examinar libremente todos los libros y archivos del Banco y exigir la

presentación de balances, estados de situación, cuentas y demás antecedentes

que considere oportunos, en la forma, condiciones y plazos que conjuntamente

acuerden el gerente general y él.

g) Velar porque se cumplan estrictamente los encargos que la Junta Directiva

le encomiende.

h) Ejercer las demás funciones que se le asignen en las leyes y los

reglamentos.

Artículos 32.- Los balances, cuentas y estados del Banco deberán

remitirse mensualmente a la Auditoría General de Bancos.

Artículo 33.- El gerente general deberá preparar oportunamente el

proyecto de memoria anual y dentro de los primeros tres meses de cada año

fiscal, el Banco deberá publicar su texto final, que deberá circular

ampliamente, para dar a conocer su situación económica y las labores

realizadas en el año precedente. En la memoria deberá incluirse el balance

de situación, el estado de ingresos y egresos y el estado de la ejecución

presupuestaria así como otros estados que se consideren convenientes para

describir mejor la situación institucional.

CAPITULO III

Del patrimonio, de los recursos y de las prerrogativas del Banco

Artículo 34.- El patrimonio de Banco estará formado por sus recursos

de capital y de reservas.

Los recursos de capital estarán constituidos por los provenientes del

traspaso del patrimonio de la Caja Central de Ahorro y Préstamo del Banco

Crédito Agrícola de Cartago, y por un aporte inicial del Estado, de mil

millones de colones; por los recursos del Fondo Nacional de Vivienda y del

Fondo de Subsidios para Vivienda a que se refiere el título tercero de

esta ley, y por las asignaciones de capital posteriores que el Estado, los

organismos nacionales, las instituciones internacionales u otras personas

físicas o jurídicas le donen o entreguen en cualquier forma; además, por

las ganancias obtenidas de las operaciones financieras del Banco.

Artículo 35.- Además de los recursos mencionados en el artículo

precedente, el Banco contará con los que obtenga de créditos internos y

externos que contrate, con los que se le asignan en esta ley y con los

provenientes de la venta de los títulos valores que emita.

En el caso de los créditos externos, éstos sólo se contratarán por

medio del Banco, previa autorización del Banco Central de Costa Rica y

posterior aprobación de la Asamblea Legislativa.

Artículo 36.- Los recursos operacionales del Banco serán los

intereses, las comisiones de garantía, las participaciones y los otros

ingresos de naturaleza análoga que obtenga con motivo de la realización

de sus operaciones.

Artículo 37.- El ejercicio fiscal del Banco será el año calendario.

Artículo 38.- Para la mejor realización de sus objetivos, el Banco

gozará de la exención de tributos de toda clase, presentes y futuros.

Además tendrá las siguientes prerrogativas:

a) Sus operaciones y las que haga con las entidades autorizadas estarán

exentas de impuestos, directos e indirectos, nacionales y municipales,

incluidos los de papel sellado, timbres fiscales, timbres y otros cargos de

los colegios profesionales, y de derechos registrales. Para el

otorgamiento de escrituras referentes al desarrollo de programas de

vivienda, calificados como de interés social por parte de las instituciones

gubernamentales correspondientes, los notarios sólo cobrarán el cincuenta

por ciento de los honorarios que les correspondan.

b) Igual exención rige para la emisión y traspaso de los títulos valores

que emita o garantice.

c) Exención de rendir fianza de costas y de hacer depósitos para lograr

embargos preventivos.

ch) Inembargabilidad de sus bienes, depósitos, fondos y rentas, salvo que

contractualmente renuncie a este beneficio para obtener facilidades

crediticias determinadas.

Las certificaciones que expida la Gerencia General, refrendadas por

el auditor interno del Banco, tendrán el carácter de título ejecutivo

cuando se refieran a obligaciones en favor de ella.

Artículo 39.- Para constituir hipotecas a favor de uno de los entes

autorizados, en las que se haga uso de los Fondos del FOSUVI, bastará con

el que el contrato conste al pie de una certificación que sobre propiedad

del inmueble y sus gravámenes expida el Registro Público, siempre que el

deudor haga autenticar su firma por un notario, quien le pondrá fecha

cierta al documento. Al constituirse la hipoteca se podrán indicar las

modificaciones de naturaleza, situación y linderos del inmueble o inmuebles que

se gravan. Estas modificaciones estarán libres de todo derecho y de ellas

tomará nota el Registro Público. La cesión de créditos hipotecarios podrá

hacerse por simple endoso al pie del título del crédito, siempre que el

endosante haga autenticar su firma en la forma mencionada.

Artículo 40.- En los créditos con recursos del FOSUVI, la cancelación

de las hipotecas otorgadas o cedidas, podrá hacerse por medio de una razón

de pago puesta al pie del título, firmada por la persona o personas

debidamente facultadas por el ente autorizado. Para efectos de su inscripción

en el Registro Público de la Propiedad, deberán ser autenticadas por un abogado

y deberán tener razón de fecha cierta.

TITULO TERCERO

DE LOS FONDOS ESPECIALES

CAPITULO I

Del Fondo Nacional para Vivienda

Artículo 41.- Créase el Fondo Nacional para Vivienda (FONAVI), cuyo

objetivo será proveer recursos permanentes y del menor costo posible para

la financiación de los programas habitacionales del Sistema, que serán

canalizados a través del Banco.

Artículo 42.- El Banco deberá utilizar la totalidad de los recursos

del FONAVI en el financiamiento de los programas de vivienda que

establezca. No podrá utilizar tales recursos en gastos administrativos, los

cuales cubrirá con el rédito que este financiamiento le produzca. En

ningún caso podrá sobrepasar el veinte por ciento de este rédito.

En unión de las demás entidades autorizadas y por medio de los

diferentes programas o carteras que establezca, el FONAVI procurará que el

costo de la vivienda, con sus servicios, esté de acuerdo con las

posibilidades de las familias costarricenses.

Artículo 43.- Los recursos del FONAVI provendrán, del Régimen de

Invalidez, Vejez, y muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, de

los depósitos que capte y de los empréstitos que contrate el Banco para

ese fin.

Artículo 44.- Para los efectos del aporte de los recursos de Régimen

de Invalidez, Vejez y Muerte, la Caja Costarricense de Seguro Social

mantendrá en depósitos a plazo emitidos por el Banco, un monto mínimo

equivalente al veinticinco por ciento (25%) de su cartera de inversiones

transitorias. Estos depósitos se constituirán a plazos no mayores de tres

meses y devengarán intereses a la tasa que fije el Banco, de acuerdo con

las condiciones del mercado financiero.

Artículo 45.- El Banco establecerá programas o carteras diferentes

según el ingreso de los diferentes grupos familiares, en tal forma que las

condiciones de financiación que fije para los grupos de mayor ingreso

permitan al Fondo obtener, en conjunto, un rendimiento neto apropiado que

asegure su permanencia y su adecuado crecimiento.

CAPITULO II

Del Fondo de Subsidios para Vivienda

Artículo 46.- Con el objeto de que las familias de escasos ingresos

económicos tengan la posibilidad de adquirir casa propia y de que el

Estado les garantice este beneficio, se crea el Fondo de Subsidios para

Vivienda (FOSUVI), el cual será administrado por el Banco y estará

constituido por:

a) El treinta y tres por ciento (33%) de los recursos anuales del Fondo

de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.

b) El tres por ciento (3%) del Presupuesto Nacional de la República y de

los presupuestos extraordinarios que apruebe la Asamblea Legislativa.

c) Las donaciones y otros aportes que provengan de entes públicos y

privados, nacionales o extranjeros.

Artículo 47.- La Caja Costarricense de Seguro Social girará directamente

al Banco, en mensualidades, las sumas que correspondan al porcentaje indicado

en el inciso a) del artículo anterior, recaudadas por cuenta del Fondo de

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. El Ministerio de Hacienda girará

al Banco también en mensualidades, las sumas correspondientes al aporte estatal

indicado en el inciso b) del mismo artículo. La Contraloría General de la

República velará por el fiel cumplimiento de esta disposición.

Artículo 48.- Las entidades públicas podrán hacer donaciones al Fondo

de Subsidios para Vivienda, sin necesidad de ley especial que lo autorice.

Las donaciones que haga al FOSUVI cualquier persona natural o jurídica,

podrán considerarse como gastos para efectos del impuesto sobre la renta.

Artículo 49.- Ni el Banco ni las entidades autorizadas del Sistema

podrán cargar gastos administrativos o costos de traspaso al FOSUVI. Los

costos de administración de los programas que financien deberán cubrirse

con fondos de las demás actividades que realicen.

Artículo 50.- Los beneficiarios del FOSUVI serán las familias de

escasos recursos económicos. El Banco, conjuntamente con el Instituto

Mixto de Ayuda Social, revisará periódicamente el límite del ingreso

familiar según el cual las familias se considerarán elegibles para este

programa.

Artículo 51.- Los beneficios del FOSUVI se otorgarán por medio del

bono familiar de vivienda (BFV) que, para los efectos de esta ley, se crea

como un título nominativo, no negociable, emitido por el BANHVI a favor

del beneficiario, y que estará libre del pago de todo impuesto presente o

futuro.

El Banco Hipotecario de la Vivienda sólo pagará el BFV contra su

presentación por parte de la entidad autorizada correspondiente,

debidamente cedido y acompañado de la documentación que indique el BANHVI,

relativa a la correspondiente operación de crédito.

Artículo 52.- Unicamente serán elegibles para recibir el beneficio

del bono familiar de vivienda los núcleos familiares que no tengan

vivienda, cuyo ingreso familiar mensual no exceda en cuatro veces el

salario mínimo legal de un obrero no especializado de la industria de la

construcción.

Artículo 53.- El beneficio del bono familiar de vivienda no podrá

otorgarse para construcciones mayores de sesenta metros cuadrados.

Tampoco podrá otorgarse cuando la cifra que resulte mayor entre el avalúo

y el precio de la venta, incluidos el lote y la construcción, supere los

seiscientos mil colones. En el caso de apartamentos en condominio, el

área máxima, incluidas las áreas comunes, será de setenta metros

cuadrados, y el precio máximo de ochocientos mil colones.

Los límites establecidos en cuanto a costos serán variados de acuerdo

con los índices de los costos de construcción aprobados por el Ministerio

de Economía y Comercio. Para este efecto, la base será el índice del mes

de agosto de 1986.

Artículo 54.- Las familias que reciban un BFV deberán someter

expresamente la vivienda al régimen de patrimonio familiar.

Artículo 55.- El BANHVI podrá otorgar el bono familiar de vivienda a

las familias elegibles, según los siguientes porcentajes máximos, con

respecto al precio total de las viviendas.

Precio Monto

máximo del bono

a) Hasta ciento cincuenta mil colones ... ... ... ... ... ... 100%

b) Más de ciento cincuenta mil y hasta doscientos mil colones 75%

c) Más de doscientos mil y hasta doscientos cincuenta mil

colones ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 60%

ch) Más de doscientos cincuenta mil y hasta trescientos mil

colones ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 50%

d) Más de trescientos mil y hasta seiscientos mil colones ... 45%

Las tasas anteriores no son marginales, por lo que la tasa

correspondiente se aplicará sobre la totalidad del precio. El BANHVI

revisará los precios de referencia como mínimo una vez al año, con base en

el índice debidamente refrendado por el Ministerio de Economía y Comercio.

La base será el índice al mes de agosto de 1986.

Artículo 56.-Como condición previa para recibir un bono familiar de

vivienda, el jefe de la familia beneficiaria deberá suscribir una

obligación a favor del BANHVI por un monto igual al del bono que vaya a

recibir, garantizada con una hipoteca de segundo grado sobre la vivienda.

Esta hipoteca podrá tener un plazo de hasta veinticinco años. Cuando el

veinticinco por ciento (25%) del ingreso familiar sea superior al monto de

la cuota que le corresponda pagar al beneficiario sobre el préstamo

otorgado por la entidad autorizada, que tendrá como garantía la hipoteca en

primer grado sobre el inmueble, el excedente se destinará al servicio de la

deuda con el BANHVI. En cualquier caso, la obligación con el BANHVI deberá

comenzar a pagarse en las mismas condiciones en que la hubiere contraído el

deudor con la entidad autorizada respectiva, a más tardar un mes después de

vencido el plazo de la hipoteca de primer grado, que no podrá ser mayor de

quince años. El deudor podrá efectuar abonos extraordinarios, y cualquier

saldo pendiente deberá cancelarlo al vencimiento de la obligación. La

obligación con el BANHVI comenzará a devengar intereses sobre el saldo, a

partir del momento en que venza el plazo original de la hipoteca de primer

grado.

Artículo 57.- Los pagos sobre la obligación garantizada por la

segunda hipoteca los hará el deudor en la entidad autorizada que le

hubiere otorgado el préstamo, o en la que expresamente autorice el BANHVI

para ese efecto, que actuará como recaudador sin costo para el BANHVI.

Las entidades autorizadas deberán girar mensualmente al BANHVI los montos

recaudados por ese concepto.

Artículo 58.- Sólo el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y el

Instituto Mixto de Ayuda Social podrán actuar como entidades coordinadoras

en aquellos casos en que medie un subsidio total; o sea, cuando el bono

familiar de vivienda cubra el ciento por ciento (100%) del precio de la

vivienda. En estos casos, la obligación del beneficiario con el BANHVI se

garantizará con una hipoteca de primer grado que no devengará intereses.

El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo establecerá las cuotas que

pagarán los deudores conforme con la siguiente escala, de acuerdo con el

ingreso familiar:

Ingreso familiar Cuota como

mensual porcentaje

a) Igual o menor que el salario mínimo ... ... ... ... 5%

b) Sobre el exceso del salario mínimo y hasta dos veces

dicho salario ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 15%

c) Sobre el exceso de dos veces el salario mínimo y

hasta cuatro veces dicho salario ... ... ... ... ... 25%

En tales casos, el plazo de la hipoteca no podrá ser mayor de

veinticinco años. El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo ajustará

las cuotas mensuales, dentro de los límites antes establecidos, cuando

mejore el ingreso

familiar.

Artículo 59.- Excepcionalmente, y cuando medie impedimento físico en

forma permanente, parcial o total, de quien o quienes generen el ingreso

familiar, que resulte en una disminución significativa y comprobada de

dicho ingreso, la cual debe ser dictaminada por la Caja Costarricense de

Seguro Social, el BANHVI podrá otorgar un segundo bono familiar de

vivienda para compensar esa disminución. Si se tratare de familias

beneficiadas con el BFV por el ciento por ciento (100%) del precio de la

vivienda a que se refiere el artículo 55, la compensación se hará

disminuyendo la cuota, de manera que se ajuste al nuevo nivel de ingresos.

Artículo 60.- La responsabilidad de comprobar el nivel del ingreso

familiar y de revisar periódicamente ese nivel, en los casos en que se

otorgue el bono familiar de vivienda le corresponderá al Instituto Mixto

de Ayuda Social, el cual deberá informar al BANHVI de esos cambios,

conforme con lo que se establezca para ese efecto en el reglamento de esta

ley.

El Banco deberá contratar una firma de auditores a efecto de que

verifique, por medio de las prácticas usuales, los estudios realizados por

el Instituto Mixto de Ayuda Social con el propósito indicado.

Artículo 61.- Con recursos del FOSUVI, que en ningún caso podrán

exceder del veinte por ciento (20%) de la suma que anualmente asigne el

Banco para construcción, el INVU, como entidad autorizada y coordinadora,

podrá realizar proyectos de construcción de todo tipo, para lograr la

participación de los interesados debidamente organizados en cooperativas,

asociaciones específicas, asociaciones de desarrollo comunal o

asociaciones solidaristas, especialmente en los casos de las familias de

ingreso mínimo.

Artículo 62.- El FOSUVI dará especial importancia a los programas

habitacionales rurales.

Artículo 63.- Las viviendas financiadas en su totalidad con recursos

del FOSUVI estarán exoneradas del pago del impuesto territorial, por un

período de diez años.

Artículo 64.- Las urbanizaciones lotificaciones o construcciones de

vivienda mínima que se desarrollen para los beneficiarios del FOSUVI, que

cuenten con la aprobación previa del Banco, no requerirán de permiso ni de

visado municipal, siempre que los respectivos proyectos hayan sido

aprobados por el Departamento de Urbanismo del INVU y que se ajusten a la

zonificación establecida en el cantón en que estén ubicados.

Artículo 65.- El Banco reglamentará el funcionamiento del FOSUVI y lo

relativo al bono familiar de vivienda, de tal manera que en cuanto a su

operación cumpla cabalmente con el objetivo social establecido en el

artículo 46 de esta ley.

TITULO CUARTO

DE LAS ENTIDADES AUTORIZADAS

CAPITULO I

De las entidades autorizadas

Artículo 66.- Para los efectos de lo dispuesto en la presente ley,

podrán optar por la condición de entidades autorizadas de conformidad con

lo previsto en ella y en sus reglamentos, las instituciones siguientes:

a) Las asociaciones mutualistas de ahorro y préstamo sin perjuicio de lo

dispuesto en el transitorio VII de esta ley.

b) Los bancos del Estado y los privados, así como el Banco Popular y de

Desarrollo Comunal.

c) Otros organismos públicos especializados en el financiamiento de

viviendas.

Artículo 67.- Para obtener la condición de entidades autorizadas, las

instituciones que tengan interés deben solicitarla por escrito al Banco.

Antes de otorgar la autorización solicitada, la Junta Directiva deberá

analizar la constitución legal, la situación financiera y la sujeción de

las instituciones solicitantes a las disposiciones de sus leyes orgánicas,

a sus contratos sociales, a los acuerdos, resoluciones y dictámenes de la

Junta Directiva y a las demás condiciones que se dispongan en el reglamento

de la presente ley para estos casos.

Si como resultado de los análisis mencionados, la Junta Directiva,

por votación afirmativa no menor de cinco de sus miembros, considerara que

hay mérito suficiente para aprobar la solicitud, lo expresará así mediante

resolución razonada.

La condición de entidad autorizada que otorgue la Junta directiva, en

virtud de las disposiciones precedentes, regirá mientras la institución

calificada como tal cumpla con las condiciones y requisitos antes enumerados.

CAPITULO II

De las asociaciones mutualistas de ahorro y préstamo

Artículo 68.- Se autoriza la formación de asociaciones de duración

indefinida denominadas "Asociaciones mutualistas", sin fines de lucro y con

autonomía administrativa, en los lugares en que, a su juicio, determine el

Banco.

Artículo 69.- Las mutuales deberán organizarse y funcionar de acuerdo

con lo establecido en esta ley y sus reglamentos y según las disposiciones

generales que emita el Banco. Para la mejor realización de sus fines,

gozarán de exención de impuestos de toda clase, presentes y futuros.

Artículo 70.- Las mutuales deberán cumplir con los siguientes

requisitos:

a) Contar con un fondo inicial no menor de diez millones de colones

(¢ 10.000.000,00), constituido en ahorros en efectivo.

Para la constitución de futuras mutuales, el fondo inicial de diez

millones de colones deberá aumentarse en la misma proporción en que aumente

el índice de precios aprobado por el Ministerio de Economía y Comercio.

b) Tener un mínimo de quinientas cuentas de ahorro debidamente constituidas.

c) Las demás condiciones que se señalen en los reglamentos del Banco.

Artículo 71.- La escritura de constitución de una mutual, que el

Registro Público inscribirá sin causar derechos y sin ulterior trámite,

deberá contener los siguientes datos:

a) Los nombres y los apellidos, los números de las cédulas de identidad,

las profesiones u oficios, las nacionalidades y los domicilios exactos de

los fundadores.

b) El nombre y el domicilio de la mutual en formación.

c) El número de personas que integrará su directorio, el cual no podrá

ser mayor de siete ni menor de cinco.

ch) La nómina del directorio provisional, con indicación del nombre y los

apellidos de su presidente, que fungirá hasta que se efectúe la primera

asamblea general ordinaria.

d) Los estatutos de la mutual.

e) La autorización escrita del Banco para constituir la mutual.

f) Cualquier otra información o documentación que se disponga en el

reglamento o que el Banco exija.

Artículo 72.- Dentro de un plazo de treinta días a partir de la fecha

de la constitución, el directorio provisional convocará, en la forma

prescrita en los estatutos, a la primera asamblea general ordinaria de la

mutual, en la cual se nombrará el directorio. Una copia certificada del

acta de dicha asamblea deberá enviarse al Banco. Si éste lo aprueba,

enviará a la mutual, dentro de un plazo de quince días, un certificado de

incorporación al Sistema, que se publicará en el diario oficial "La

Gaceta".

Artículo 73.- Tendrán la condición de asociados:

a) Las personas naturales que, como organizadores, hayan presentado la

solicitud correspondiente y que aparezcan como tales en la escritura de

constitución.

b) Las personas naturales o jurídicas que tengan derecho por lo menos a

un voto en las asambleas generales.

Artículo 74.- Las mutuales tendrán personalidad jurídica propia, que

deberá inscribirse en la Sección de Personas del Registro Público, sobre

la base de la escritura de su constitución. En consecuencia, serán

legalmente capaces para adquirir derechos, contraer obligaciones e

intervenir en juicios y diligencias de cualquier índole, judicial y

administrativa. Gozarán de la exención de rendir fianzas de costas y de

hacer depósitos para garantizar embargos preventivos, así como del pago de

todo tipo de impuestos presentes y futuros. Para acogerse a esta última

exención, la entidad, en cada caso, deberá contar con la aprobación previa

del Banco.

Artículo 75.- Las mutuales tendrán las siguientes funciones:

a) Recibir depósitos en cuentas de ahorro a la vista.

b) Conceder préstamos para el financiamiento de lotes destinados a

proporcionar soluciones habitacionales, para la adquisición, construcción,

reposición y ampliación de viviendas y para obras de urbanización en

beneficio de quienes no posean casa propia, así como para la liberación de

gravámenes. Los préstamos para la liberación de gravámenes deberán

sujetarse a las normas que se establecen en el Reglamento del Banco.

c) Comprar y vender créditos hipotecarios otorgados por ellas mismas y

por las otras entidades autorizadas incluidas en esta ley, y

administrarlos por cuenta propia y de terceros.

ch) Emitir los títulos valores a que se refiere el título sexto de la

presente ley.

d) Realizar operaciones de fideicomiso en cuanto fueren necesarias para

el cumplimiento de sus fines y objetivos.

e) Llevar a cabo las actividades que les correspondan como entidades

autorizadas del Sistema.

f) En general, realizar todas las operaciones previstas en la presente

ley y en sus reglamentos, o que, de conformidad con ellos, les estén

autorizadas por el Banco.

Artículo 76.- Cada mutual deberá estar dirigida por un directorio,

que será la autoridad superior responsable ante la asamblea general y que

tendrá las siguientes atribuciones:

a) Determinar y dirigir las operaciones generales de la mutual conforme

con los fines y preceptos legales.

b) Dictar y reformar los reglamentos para el funcionamiento de la

mutual.

c) Acordar el presupuesto anual de ingresos y gastos de la mutual, y sus

modificaciones, que deberá someter a la aprobación global del Banco, con

el objeto de determinar si están de acuerdo con los fines del Banco y con

las condiciones financieras y económicas de la propia asociación.

ch) Nombrar al gerente y a los subgerentes, fijarles su remuneración y

suspenderlos o removerlos.

d) Aprobar la clasificación de puestos y la escala de salarios aplicable

a sus funcionarios y empleados.

e) Convocar a asambleas ordinarias y extraordinarias.

f) Conferir mandatos especiales.

g) Resolver cualquier otro asunto que se le señale en la ley y en los

reglamentos y, en general, ejercer todas las funciones necesarias para el

mejor desarrollo de las actividades de la mutual.

Cada uno de los miembros del directorio tendrá la obligación de velar

por el cumplimiento de los deberes y objetivos de la mutual y de

informarse, apropiada y permanentemente, de la marcha general de ésta.

Artículo 77.- En la sesión posterior a la de su instalación, el

directorio designará de entre sus miembros a un presidente y aun

vicepresidente, los cuales podrán ser reelegidos. El presidente del

directorio lo será también de la mutual de que se trate, y tendrá la

función de dirigir las sesiones del directorio y de las asambleas, así como

la obligación de cumplir y hacer que se cumplan los acuerdos, resoluciones

y demás disposiciones de esos dos cuerpos. En caso de ausencia temporal del

presidente, será reemplazado por el vicepresidente, con iguales funciones.

El presidente tendrá la representación judicial y extrajudicial de la

mutual con las facultades de un apoderado generalísimo sin límite de suma.

Acreditará su personería por inscripción de la escritura que se otorgará

en lo conducente, relativa al acta de nombramiento y aceptación del cargo,

en la Sección de Personas del Registro Público, o mediante aviso que se

publicará en "La Gaceta", lo que será potestativo. El presidente podrá

delegar esa representación en el director que indique el directorio,

cuando éste lo considere necesario.

Artículo 78.- El directorio deberá nombrar a un gerente para la

administración de la mutual, quien tendrá también las facultades de

apoderado generalísimo sin límite de suma y acreditará su personería

conforme con lo establecido en el artículo anterior para el presidente.l

El directorio podrá también, si lo estimare necesario nombrar subgerentes

con facultades de apoderados generales, uno de los cuales sustituirá al

gerente durante sus ausencias temporales, según lo determine la Junta

Directiva.

El gerente y los subgerentes deberán ser personas idóneas para el

cargo y poseer la calificación que señala el artículo 80 para los

directores.

Artículo 79.- Los directores de las mutuales durarán cuatro años en

sus cargos y podrán ser reelegidos.

En caso de muerte, renuncia o impedimento permanente, físico o legal,

de un director, se elegirá a su sucesor en la próxima asamblea general,

quien fungirá por el resto del período.

Artículo 80.- Sólo los asociados podrán ser directores de una mutual.

Para ello, deberán estar en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.

Artículo 81.- Para que el directorio sesione legalmente se requerirá

la concurrencia de, por lo menos, la mayoría de los directores. Las

resoluciones deberán aprobarse con el voto de la mayoría de los directores

presentes. En caso de empate, el presidente de la mutual tendrá doble

voto.

Artículo 82.- Los directores no podrán desempeñar ningún otro trabajo

remunerado por la mutual. Percibirán dietas por la asistencia a las

sesiones del directorio. La asamblea general de la mutual determinará el

número de sesiones mensuales y el monto de las dietas.

Artículo 83.- Habrá asambleas ordinarias y extraordinarias de

asociados. La asamblea general se reunirá en forma ordinaria en el mes de

febrero de cada año, y será convocada de acuerdo con los estatutos de la

mutual.

La asamblea general extraordinaria podrá ser convocada en cualquier

momento por el directorio, o cuando lo solicite al menos el diez por

ciento (10%) de los asociados, y además, cuando el Banco, en el ejercicio

de sus facultades de fiscalización, así lo solicite.

Las asambleas se constituirán con los asociados que tengan derecho a

voto, de conformidad con esta ley y con los estatutos de la mutual.

La asamblea general ordinaria tendrá las siguientes facultades:

a) Pronunciarse sobre el balance y el estado de ganancias y pérdidas.

b) Elegir a los miembros del directorio.

c) Nombrar al auditor externo de la mutual y fijarle sus honorarios.

ch) Conocer y pronunciarse sobre cualquier otro asunto que el directorio

o los asociados asistentes presente a su consideración.

Artículo 84.- Los acuerdos y resoluciones de las asambleas generales,

tanto ordinarias como extraordinarias, se adoptarán por mayoría absoluta

de los votos de los asociados que asistan personalmente, o por

representaciones. Los miembros podrán hacerse representar en las asambleas

por otro asociado o por terceras personas. En el primer caso, bastará una

autorización escrita debidamente autenticada y, en el segundo, será

necesario un poder especial otorgado legalmente.

Artículo 85.- Cada ahorrante tendrá derecho a un voto en las

asambleas generales, por cada quinientos colones (¢ 500,00) del saldo

mínimo que haya tenido en su cuenta de ahorros durante los seis meses

anteriores al mes en que se celebre la asamblea. Sin embargo, ningún

asociado tendrá derecho a más de cincuenta votos propios, y ninguna

persona podrá ejercer la representación de más de cincuenta votos en las

asambleas.

Artículo 86.- Cada mutual deberá destinar no menos del cincuenta por

ciento (50%) de sus utilidades anuales netas, después de acreditar a las

cuentas de ahorro sus intereses, a una reserva contra deudas incobrables,

hasta que dicha reserva represente, por lo menos, el cinco por ciento (5%)

del saldo de los préstamos hipotecarios registrados en los libros de la

mutual. En Banco podrá variar estos porcentajes en forma específica para

cada mutual, o en general para todas.

El remanente de las utilidades retenidas podrá utilizarse para el

pago de intereses a las cuentas de ahorro o para la compra, construcción

o ampliación de edificios destinados principalmente a oficinas de la

mutual o de sus sucursales y agencias. En ambos casos, se deberá contar

con la aprobación previa del Banco.

Artículo 87.- Las mutuales necesitarán la aprobación previa del Banco

para:

a) Abrir sucursales y agencias o cambiar su domicilio.

b) Efectuar inversiones en inmuebles para instalar sus oficinas, sucursales o

agencias.

Artículo 88.- Las mutuales no podrán otorgar préstamos a sus directores.

Artículo 89.- El gerente de la mutual tendrá las siguientes obligaciones y

funciones:

a) Cumplir con las disposiciones de la presente ley, de sus reglamentos

y de las resoluciones del directorio.

b) Informar al directorio, por lo menos una vez al mes, sobre la

situación financiera de la mutual.

c) Nombrar, sancionar y remover al personal de la mutual, de todo lo

cual deberá informar al directorio.

ch) Someter anualmente al directorio un plan de operación en que se

señalen objetivos y estrategias, el presupuesto, el balance general, los

estados de ganancias y pérdidas y la memoria de la mutual.

d) Responder ante el directorio por el eficiente y correcto

funcionamiento administrativo y económico de la mutual.

e) Ejercer todas las demás funciones y facultades que le confieren la

ley, los reglamentos, los estatutos y las disposiciones del directorio.

Artículo 90.- El Banco mantendrá una fiscalización amplia y permanente

de las mutuales. Para estos efectos podrá, en cualquier tiempo, examinar

los libros, documentos, archivos, actos y contratos efectuados. Las

mutuales están obligadas también a entregar al Banco toda la información

que éste les solicite, la cual deberá mantener en forma confidencial.

Asimismo, deberán tener una auditoría externa permanente a cargo de un

contador público autorizado, la que deberá llevarse a cabo de acuerdo con

el manual que con este propósito específico deberá preparar el Banco.

Artículo 91.- Las mutuales deberán presentar al Banco, dentro de los

primeros quince días de cada mes, los balances e informes de sus

operaciones correspondientes al mes anterior. Asimismo, estarán obligadas

a proporcionar cualesquiera otros datos, periódico u ocasionales, que les

sean requeridos por el Banco.

Artículo 92.- Si alguna mutual se viere imposibilitada para restituir

los depósitos de ahorro que le fueran reclamados, ésta o el depositante

deberá comunicar el hecho inmediatamente al Banco.

Cuando la imposibilidad de deba a una falta momentánea de liquidez, el

Banco deberá prestarle a la mutual afectada los recursos económicos que

sean necesarios para solventarla. Cuando la imposibilidad para devolver

los depósitos de ahorro fuere de carácter permanente, el Banco asumirá de

inmediato la dirección y la administración de la mutual y, dentro del plazo

de los treinta días subsiguientes, dispondrá, a su elección:

a) El pago de los depósitos hasta por el monto garantizado.

b) El traspaso de cada cuenta, hasta el límite garantizado, a otra

mutual que las acepte.

En este último caso, el Banco deberá asumir el déficit o faltante

hasta el límite garantizado.

Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las responsabilidades

legales que puedan afectar a la mutual y, por su gestión, a sus directores,

administradores y funcionarios.

Artículo 93.- Los depósitos de ahorro se acreditarán en cuentas

individuales a nombre de los depositantes, sean éstos personas naturales

o jurídicas, y se reconocerá el tipo de interés que el Banco deberá fijar

periódicamente. Los intereses deberán pagarse al menos semestralmente, en

cuyo caso se acreditarán al último día hábil de los meses de junio y

diciembre de cada año. Cada saldo sólo ganará intereses durante los meses

calendario completos en que se haya mantenido la respectiva cuenta, y no

se tomarán en cuenta las fracciones de mes.

Artículo 94.- Los ahorrantes podrán retirar sus ahorros en cualquier

momento. Sin embargo, cuando el Banco lo considere conveniente, podrá

establecer un preaviso de hasta treinta días para el retiro.

Artículo 95.- Las cuentas individuales de ahorro, hasta por un monto

de seiscientos mil colones (¢ 600.000,00), son inembargables, salvo en los

casos de obligaciones alimentarias judicialmente impuestas y de créditos

otorgados por la mutual.

El Banco podrá variar este límite cuando lo estime conveniente para

el mejor éxito del Sistema. Dichas cuentas tendrán carácter confidencial.

Artículo 96.- Las mutuales podrán constituirse en una federación con

personalidad jurídica propia de Derecho privado, que se inscribirá en la

Sección de Personas del Registro Público, con base en la respectiva

escritura pública de constitución.

Artículo 97.- La asamblea general de la federación se constituirá con

los directores de las mutuales incorporadas a ella. El directorio de la

federación estará integrado por un representante de casa uno de las

mutuales, elegidos por la asamblea general.

Artículo 98.- Corresponde al Banco aprobar los estatutos de la

federación, contentivos de su organización, objetivos y funcionamiento.

Además, el Banco ejercerá funciones fiscalizadoras sobre la federación,

con el objeto de garantizar que sus actividades y operaciones se ajusten

a los principios y propósitos que inspiran esta ley.

CAPITULO III

De los organismos públicos

Artículo 99.- Para los fines de la presente ley, se entiende que son

organismos públicos aquellas instituciones de Derecho público que, como

parte de sus actividades propias y legítimas, se dediquen al financiamiento de

viviendas.

Artículo 100.- Se consideran entes públicos, para los efectos de esta

ley, exclusivamente en cuanto al financiamiento de viviendas se refiere:

a) Los bancos comerciales del Estado actualmente existentes y los que se

establezcan en el futuro, que realicen operaciones de financiamiento de

viviendas por medio de sus respectivos departamentos hipotecarios.

b) El Instituto Nacional de Seguros.

c) El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.

ch) El Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

Artículo 101.- Se incorporan al Sistema las instituciones

mencionadas, que estarán sujetas a las disposiciones de esta ley en cuanto

a los programas de vivienda que específicamente acuerden con el Banco.

CAPITULO IV

Del sector cooperativo

Artículo 102.- Podrán optar por la condición de entidades autorizadas

del Sistema, las cooperativas de vivienda, de ahorro y crédito y de

servicios múltiples, organizadas o que se organicen de conformidad con la

legislación del ramo, exclusivamente en la parte de sus operaciones

dedicadas al financiamiento habitacional.

También podrán optar por la condición de entes autorizados, los

organismos de integración cooperativa de cobertura nacional que represente

a más de diez asociaciones cooperativas.

Artículo 103.- A estos entes se les aplicarán todas aquellas

disposiciones limitativas señaladas para las asociaciones mutualistas de

ahorro y crédito.

Artículo 104.- Estos entes estarán sometidos a las medidas de

fiscalización y vigilancia, por parte del Banco, a que están sujetas las

demás entidades autorizadas que contempla esta ley, en lo referente a las

operaciones que realicen con sujeción a ella y a sus reglamentos.

Artículo 105.- En todo lo no previsto por esta ley para los órganos

cooperativos regirán las disposiciones de la Ley de Asociaciones

Cooperativas, número 4179 del 22 de agosto de 1968 y sus reformas.

TITULO QUINTO

DE LAS GARANTIAS

CAPITULO I

De las garantías de los préstamos hipotecarios

Artículo 106.- El Banco estará facultado para garantizar el pago de

créditos hipotecarios otorgados por las entidades autorizadas. Tal

garantía asegurará al acreedor hipotecario, o al cesionario de esos

derechos hipotecarios, el cobro íntegro del capital, los intereses y las

demás obligaciones accesorias de la hipoteca, incluidos los gastos del

juicio de ejecución. Esta garantía estará respaldada por los activos del

Banco y por la garantía subsidiaria e ilimitada del Estado.

Artículo 107.- Cada préstamo hipotecario que otorguen las entidades

autorizadas deberá, obligatoriamente contar con un compromiso de garantía

hipotecaria emitido por el Banco, conocido como garantía F.H.A. (Fomento

de Hipotecas Aseguradas), como condición previa a la concesión del crédito.

Artículo 108.- Serán requisitos de la mencionada garantía hipotecaria:

a) Que el préstamo hipotecario pueda ser fiscalizado por el Banco.

b) Que el principal del crédito no exceda de un noventa y cinco por

ciento (95%) del valor tasado del inmueble que se hipotecará; sin embargo,

en programas especiales de vivienda para familias de escasos recursos

económicos, el Banco podrá autorizar la financiación de hasta el ciento por

ciento (100%) del valor tasado.

c) Que el crédito se garantice con una hipoteca de primer grado, salvo

que el Banco autorice una de segundo grado, lo que podrá hacerse

exclusivamente si el acreedor de primer grado es una institución del Estado

u otra entidad del Sistema.

ch) Que la operación satisfaga las demás reglas y normas que fije el Banco.

Artículo 109.- Las hipotecas que se constituyan con fundamento en la

presente ley, y que lleven la garantía F.H.A., estarán sujetas, durante

todo el plazo de la hipoteca, a las siguientes condiciones:

a) La inclusión de los seguros a que se refiere el artículo 168.

b) Tratándose de las mutuales, los prestatarios deberán continuar en su

condición de asociados.

c) Los prestatarios no podrán constituir gravámenes ni vender, donar,

arrendar o en cualquier otra forma enajenar, en todo o en parte, el

inmueble hipotecado, sin el consentimiento previo de la entidad acreedora.

El Registro de la Propiedad no inscribirá estas operaciones si no es con

la autorización del Banco.

El incumplimiento de las mencionadas obligaciones facultará a la

acreedora para tener por vencido el plazo y exigir el total de la deuda

pendiente.

Artículo 110.- El Banco establecerá la comisión o prima de servicio

que se le pagará por su garantía hipotecaria, así como el interés máximo

que pueda cargarse en la hipoteca garantizada.

Artículo 111.- Una vez que el Banco acuerde garantizar un crédito

hipotecario, le extenderá al solicitante un compromiso de garantía, que

tendrá vigencia durante un período suficiente para la tramitación de la

operación hipotecaria. En los casos de préstamos para la construcción de

una vivienda, el período de compromiso de garantía deberá incluir también

el plazo necesario para la construcción contemplada.

Una vez que la vivienda haya sido entregada al deudor hipotecario, a

satisfacción de éste y de la entidad acreedora, se le extenderá a la

entidad autorizada de que se trate el correspondiente certificado de

garantía hipotecaria, el cual quedará vigente hasta su cancelación, o la

cancelación de la deuda hipotecaria.

Artículo 112.- En los casos en que el deudor o la entidad autorizada

no cumplan con las condiciones legales, reglamentarias o materiales en que

se basó el compromiso de garantía, el Banco enviará a ambos un aviso de

incumplimiento, en el que se señalarán las condiciones de su compromiso de

garantía que no han sido acatadas, y dará un plazo razonable para su

cumplimiento. Cuando el incumplimiento fuese atribuido al deudor

hipotecario y éste no lo subsanare dentro del plazo concedido, se dará por

vencida la respectiva obligación hipotecaria y del titular del crédito

quedará facultado para ejecutar la hipoteca, sin perjuicio de sus derechos

como acreedor de una hipoteca garantizada.

Cuando el incumplimiento fuere atribuido a una entidad autorizada,

transcurrido el plazo otorgado para subsanarlo, se dará por vencido el

correspondiente compromiso de garantía.

Artículo 113.- Los créditos hipotecarios garantizados por el Banco a

que hace referencia esta ley, podrán ser cedidos de acuerdo con las leyes

vigentes sobre el particular.

Artículo 114.- Una vez emitida la garantía hipotecaria, si por

incumplimiento del deudor fuere ejecutada la hipoteca garantizada, el

acreedor hipotecario tendrá derecho a reclamar los beneficios de la

garantía, cuando haya sido adjudicado a su favor el inmueble hipotecado en

el correspondiente juicio de ejecución, o cuando haya adquirido la

propiedad del inmueble por cualquier otro medio. Este reclamo deberá

ejercitarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que

adquirieron el inmueble. Transcurrido dicho plazo sin que hubiere

presentado el reclamo correspondiente, se considerará que el acreedor

renuncia a los beneficios de la garantía, la cual quedará cancelada.

Cuando la entidad autorizada, actuando por sí o en representación de

los cesionarios, optare por los beneficios de la garantía, deberá traspasar al

Banco la propiedad del respectivo inmueble.

Artículo 115.- El Banco efectuará el pago de la garantía hipotecaria

en la siguiente forma:

a) Al recibir en propiedad el inmueble, le pagará en efectivo, al

acreedor o cesionario de la hipoteca garantizada, la suma de dinero que

debiera haber recibido si el deudor hipotecario hubiera cumplido fielmente

sus obligaciones, el principal, los intereses hasta el mes en que se haga

efectiva la garantía, los gastos judiciales, los derechos de inscripción

en el Registro de la Propiedad que cause esta operación y las obligaciones

complementarias que hubiere. También le pagará intereses sobre las cuotas

mensuales atrasadas, según la tasa establecida en la hipoteca, para

compensar el período de atraso.

b) El saldo insólito se pagará en la misma forma, condiciones y plazo

establecidos, tanto en la hipoteca como en los documentos de participación

o cesión del crédito hipotecario, de modo que los acreedores o cesionarios

no reciban menos de lo que fue pactado.

c) El pago al acreedor o cesionario se hará de acuerdo con el porcentaje

que conste en el ejemplar original del certificado de garantía hipotecaria, el

cual se conservará en los archivos del Banco.

CAPITULO II

De las otras garantías

Artículo 116.- El Banco, con la garantía subsidiaria e ilimitada del

Estado, estará autorizado para otorgar las garantías que se señalan a

continuación, en los términos y condiciones que se dispongan en el

reglamento, a saber:

a) Asegurar el pago de los títulos valores emitidos por las entidades

autorizadas, incluidos el principal, los intereses, los gastos judiciales

y las obligaciones complementarias.

b) Asegurar la devolución oportuna de los depósitos de ahorro que

reciban las mutuales, así como sus respectivos intereses.

c) Garantizar las demás operaciones de las entidades autorizadas que el

Banco determine.

Las garantías del Banco y del Estado a las que se refiere esta ley,

son solidarias con las específicas de cada operación y con las de la

propia entidad autorizada y las adicionales a ellas.

TITULO SEXTO

DE LOS TITULOS VALORES DEL SISTEMA

Y DE LA ESTABILIZACION DE SU MERCADO

CAPITULO I

De lo títulos valores del Sistema

Artículo 117.- El Banco y las entidades autorizadas podrán ceder los

derechos de que son titulares en virtud de lo preceptuado en la presente

ley, mediante la emisión de los títulos valores a que se refieren los

artículos siguientes.

Artículo 118.- Los títulos valores que emitan el Banco y las entidades

autorizadas tendrán las siguientes características:

a) Pueden ser cedidos o negociados libremente.

b) Pueden ser dados en prenda.

c) Cuando se trate de títulos nominativos, su tenedor tendrá la facultad

de designar beneficiarios, para el caso de muerte, quienes, cuando ésta

ocurra y con sólo comprobarla, asumirán, de pleno derecho y sin necesidad

de trámites judiciales o administrativos, la propiedad definitiva del

respectivo título, para lo cual sólo requerirán su identificación como

tales y si fueren menores, los de sus representantes.

ch) Constituyen título ejecutivo hipotecario cuando su garantía original

sea también hipotecaria, y título ejecutivo simple en los demás casos.

d) Cuando tengan garantía hipotecaria, para los efectos de su cobro, el

Banco o la entidad autorizada correspondiente continuará siendo titular de

la hipoteca, pero deberá actuar como representante legal especial o ad hoc

del cesionario, y, en consecuencia, la acreedora respectiva tendrá la

obligación de cobrar la deuda hipotecaria de conformidad con sus términos,

por los medios legales que procedan, sin costo alguno para el cesionario.

e) Tienen la misma confidencialidad de las cuentas bancarias y pueden

ser emitidos en forma nominativa, a la orden o al portador.

f) Tienen las exenciones que determinan los incisos a) y b) del artículo

38 de esta ley.

g) Pueden ser adquiridos sin limitación alguna por cualquier persona

natural o institución pública o privada.

h) Su garantía se pierde sólo por causas imputables el cesionario.

i) Las demás que se determinen en el reglamento.

De las participaciones hipotecarias

Artículo 119.- Los derechos individualizados podrán ser cedidos, total

o parcialmente, mediante un contrato de participación en hipotecas. Las

citadas participaciones hipotecarias gozarán de la misma confidencialidad

establecida para las cuentas bancarias, y se emitirán con los respectivos

cupones de intereses. Deberán incluir, como mínimo, los requisitos a que

se refiere el artículo 127 de esta ley.

Artículo 120.- La entidad autorizada que haya cedido sus derechos

hipotecarios continuará siendo titular legal de la hipoteca en su propio

nombre, pero actuará como agente del cesionario en lo referente a todos

los derechos de este último, adquiridos por la cesión respectiva; en

consecuencia, al acreedora de que se trate tendrá la obligación de cobrar

la deuda hipotecaria de conformidad con los términos de la hipoteca, las

regulaciones y los procedimientos establecidos, incluida la ejecución

hipotecaria.

Artículo 121.- El cesionario podrá vender o ceder a terceros, en las

mismas condiciones en que los adquirió, los derechos que le fueren cedidos,

mediante cesión que deberá registrarse ante la acreedora hipotecaria, para

todos los efectos que establece esta ley.

Artículo 122.- Las participaciones hipotecarias podrán ser dadas en

prenda, con expresa indicación de sus objetivos y a petición del acreedor

prendario o del titular de la participación hipotecaria. Este acto deberá

comunicarse por escrito al acreedor hipotecario o emisor del respectivo

contrato de participación.

Artículo 123.- Las participaciones hipotecarias podrán ser negociadas

en la Bolsa Nacional de Valores o en otra institución, previa autorización

del Banco, para lo cual bastará su inscripción directa por los respectivos

cesionarios, mediante la presentación de los contratos que el dieron origen.

CAPITULO III

De lo contratos de participaciones hipotecarias con garantía global

Artículo 124.- Podrán emitirse contratos de participaciones

hipotecarias con garantía global, que estarán respaldados con la garantía

de la cartera hipotecaria de las entidades autorizadas, de acuerdo con el

contenido de los artículos que forman el presente capítulo y del reglamento

que al efecto establezca el Banco.

Artículo 125.- El monto del volumen total de las participaciones

hipotecarias globales en circulación, no deberá exceder del noventa y

cinco por ciento (95%) del saldo acumulado de los créditos hipotecarios

que conformen la cartera de hipotecas elegibles.

Artículo 126.- Las participaciones hipotecarias globales que emitan

las entidades autorizadas serán previamente aprobadas por el Banco, en la

forma que se establezca en el reglamento.

Artículo 127.- En las participaciones hipotecarias globales se

expresará, en la forma que se indique en el reglamento, todo aquello que

permita la plena identificación del contrato y de su propietario, en caso

de ser nominativo, e igualmente se identificará la entidad emisora, la

emisión de que se trate, la fecha de emisión y los términos contractuales

relativos al propio contrato y a las relaciones de la entidad emisora con

el inversionista. Cada participación hipotecaria global estará acompañada

por tantos cupones como pagos de intereses hayan sido previstos en su caso,

y en cada cupón se indicará la serie, el número de emisión del contrato, el

número de cupón y su fecha de vencimiento.

Artículo 128.- Las participaciones hipotecarias globales representan

para el propietario los mismos derechos y privilegios que le corresponden

al acreedor hipotecario de los créditos que forme la cartera de hipotecas

elegibles. Tienen la misma fuerza y valor probatorio que un título valor.

Pueden traspasarse por endoso sin que constituyan responsabilidad para el

endosante.

Artículo 129.- Las participaciones hipotecarias globales garantizan a

los tenedores el capital principal, los intereses corrientes, los de mora y

los gastos de ejecución.

Artículo 130.- Las participaciones hipotecarias globales son títulos

valores preferenciales y como tales gozan de todos los privilegios que

tienen los títulos valores emitidos o garantizados por el Estado; son de

libre comercio y pueden ser adquiridas, sin limitación alguna, por las

instituciones del Estado, sin perjuicio de otras leyes vigentes.

Artículo 131.- Las participaciones hipotecarias globales podrán ser

negociadas en la Bolsa Nacional de Valores y serán inscritas en ésta sin

más trámite que la constancia de registro en el Banco o en otra

institución, previa autorización del Banco.

CAPITULO IV

De los certificados de inversión inmobiliaria

Artículo 132.- El Banco y las entidades autorizadas por ley, previa

autorización del primero, podrán emitir títulos valores obligacionales

denominados certificados de inversión inmobiliaria, conforme con los

artículos siguientes, y colocarlos en el mercado de capitales.

Artículo 133.- Los certificados de inversión inmobiliaria serán

títulos libremente negociables que se emitirán a la orden o al portador y

que generarán intereses pagaderos por medio de cupones.

En el texto del título se expresará:

a) La denominación del título.

b) El nombre de la entidad emisora y la firma o firmas de sus representantes.

c) El lugar y las fechas de emisión y de vencimiento.

ch) La tasa de interés y la periodicidad del pago.

d) La indicación de si es a la orden o al portador.

e) El número del título y el número y la cantidad de cupones.

f) El monto por el que se emite y el plazo.

Artículo 134.- Estos títulos estarán garantizados por todos los activos de

la entidad emitente, y por el BANHVI, si así se hiciera constar en el propio

título.

Artículo 135.- El monto total no amortizado de los certificados de

inversión inmobiliaria, emitidos por cada entidad autorizada, será

regulado por el BANHVI, sin que en ningún momento el valor no amortizado

pueda ser superior al cincuenta por ciento (50%) de los activos totales de

una entidad autorizada.

CAPITULO V

Letras inmobiliarias de vivienda

Artículo 136.- El Banco y las entidades autorizadas por esta ley,

previa autorización del primero, podrán emitir títulos valores individuales

denominados letras inmobiliarias de vivienda, conforme con los artículos

siguientes y con la normativa sobre letras de cambio del Código de

Comercio.

Artículo 137.- Las letras inmobiliarias de vivienda deberán ser

aceptadas por la entidad que las emite, y podrán contar con el aval del

Banco, lo que deberá expresarse en la letra.

Estos títulos deberán emitirse con los requisitos indicados en el

Código de Comercio.

A tales títulos se les aplicará la razón de endeudamiento expresada

en el artículo 135 de esta ley.

CAPITULO VI

De otros títulos valores

Artículo 138.- Se autoriza también al Banco y a las entidades

autorizadas, previa autorización del primero, para emitir otros títulos

valores, tales como los siguientes:

a) Bonos de vivienda, si el Banco lo estimare conveniente para cumplir

con los fines de esta ley.

b) Certificados de depósito a plazo, por parte del Banco y de las

entidades autorizadas. El Banco deberá reglamentar y autorizar, en cada

caso, la emisión de estos certificados.

c) Otros títulos valores por parte del Banco, según su conveniencia.

La Junta Directiva del Banco podrá hacer extensiva la autorización

para emitir valores a las demás instituciones del Sistema, si llegare a

considerarlo conveniente.

CAPITULO VII

De la estabilización del mercado secundario de valores del Sistema

Artículo 139.- El Banco tendrá a su cargo la organización de la

actividad estabilizadora del mercado secundario, que estará constituido por

todos los títulos emitidos por el Sistema, para lo cual las entidades

autorizadas deberán prestarle su más amplia colaboración.

Artículo 140.- Créase un fondo para estabilizar el precio y mantener

la liquidez de los títulos valores a que se refieren los capítulos II y

VII del presente título. Este fondo, que se denominará Fondo de

estabilización del mercado secundario de valores del Sistema, se formará

de la siguiente manera:

a) Con un aporte inicial del Banco de treinta millones de colones

(30.000,000.00).

b) Con aportes futuros del mismo Banco.

c) Con aportes recuperables de las entidades autorizadas, equivalentes

a un veinticinco por ciento (25%) del saldo efectivo acumulado de los

títulos en circulación de cada uno de ellos. Dicho porcentaje podrá ser

modificado periódicamente por la Junta Directiva del Banco.

Artículo 141.- El Banco deberá mantener una oferta permanente de

compra de títulos en la Bolsa Nacional de Valores y en otras entidades

similares, con cargo al fondo de estabilización, con el objeto de hacer

más activas las operaciones de compra-venta de los títulos generados por

el Sistema. En lo posible evitará las fluctuaciones bruscas en sus

precios y procurará lograr una liquidez permanente en el mercado para

facilitar las operaciones de compra y venta de los títulos valores del

Sistema.

Artículo 142.- En sus registros contables, el Banco llevará por separado

las operaciones correspondientes al Fondo de estabilización.

Artículo 143.- Los rendimientos efectivos de las inversiones del

Fondo de estabilización se agregarán a su monto total, sin derecho a

reembolso por parte de los aportantes.

Artículo 144.- La Junta Directiva del Banco reglamentará, en el curso

de los doce meses siguientes a su instalación, todo lo relativo al Fondo

de estabilización y a sus operaciones.

TITULO SETIMO

DISPOSICIONES FINALES

CAPITULO UNICO

Disposiciones generales

Artículo 145.- La inscripción de las hipotecas y las compraventas

generadas por el sistema estarán exentas del pago del ciento por ciento

(100%) de los derechos de registro, hasta por la suma de seiscientos mil

colones (¢ 600.000,00), y del cincuenta por ciento (50%), de seiscientos

mil un colones (¢ 600.001,00) hasta un millón doscientos cincuenta mil

colones (¢ 1.250.000,00). Estas sumas se refieren al valor de la

hipoteca.

Estos límites podrán ser variados por el Banco, cuando lo estime

conveniente para el mejor desenvolvimiento del Sistema. Para este efecto,

servirán de referencia los índices de variación de los precios debidamente

refrendados por el Ministerio de Economía y Comercio.

Artículo 146.- El Ministro de hacienda, previa recomendación del

Banco, podrá exonerar del pago del impuesto de traspaso los bienes

inmuebles que se financien dentro del sistema, cuando se vayan a destinar

exclusiva y específicamente a urbanizaciones para fines habitacionales de

carácter social.

Artículo 147.- Los actos y contratos entre el Banco y las entidades

autorizadas, y los fideicomisos a que se refiere la presente ley, estarán

exonerados de todo tipo de impuestos.

Artículo 148.- La construcción de viviendas de carácter social que se

financien dentro del Sistema, y la compraventa de ellas por parte del

primer comprador, estarán exentas del pago de timbres fiscales, timbres y

otros cargos de los colegios profesionales, de los derechos de registro,

del pago de permisos de urbanización y de construcción, de los derechos de

catastro de planos y de los impuestos de transferencia de inmuebles, así

como de todo otro tributo, de conformidad con el artículo 38 de esta ley.

Artículo 149.- Quedan exentas de toda clase de impuestos, las cuentas

de ahorro que se abran en las mutuales y los títulos valores y sus

interese, emitidos por las entidades autorizadas establecidas de acuerdo

con esta ley.

Artículo 150.- Para la aplicación de las exenciones tributarias que

se establecen en esta ley, el Banco en consulta con el Instituto Nacional

de Vivienda y Urbanismo, deberá definir lo que se entiende por vivienda de

carácter social y por otros tipos de vivienda, a fin de establecer

claramente sus diferencias.

En todo caso, el Banco tendrá como definiciones primarias, en este

sentido, aquellas expresadas por leyes específicas que regulen la materia.

Artículo 151.- La garantía del Estado a que se refiere la presente

ley se hará efectiva ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, si

fuere rechazado el reclamo administrativo por el Poder Ejecutivo.

Artículo 152.- En los juicios de ejecución que entablen el Banco y

las entidades autorizadas, el acreedor hipotecario será depositario de los

bienes embargados, sin obligación de rendir fianza.

Artículo 153.- En caso de ejecución de créditos otorgados de

conformidad con la presente ley, el deudor hipotecario estará debidamente

notificado si se le hace en el lugar que en la escritura de constitución

señaló como su domicilio.

En el caso de cambio de domicilio, será obligación del deudor

comunicarlo a la entidad prestamista por escrito, en cuyo caso el lugar de

la notificación lo será el domicilio que indicó en último término. En el

caso de que el notificador informare que el deudor hipotecario no se

localiza en el lugar que indicó como su domicilio, el deudor podrá se

notificado por medio de un edicto que se publicará en "La Gaceta" por tres

veces, en intervalos de ocho días.

Los acreedores hipotecarios de grado inferior serán notificados

también en el domicilio que se indique en la respectiva escritura de

constitución de la hipoteca, si no constare adecuadamente ese domicilio o

si el notificador informara que en esa dirección no se localiza; o podrán

ser notificados por edictos que se publicarán en "La Gaceta" por tres

veces.

En el caso de que se vendiera la propiedad, el nuevo adquirente

deberá ser notificado en el domicilio que indicó en la escritura de venta.

En el caso de que el domicilio que conste no pudiera localizarse, podrá

ser notificado por edictos en la misma forma indicada para el acreedor

hipotecario.

En el caso de anotaciones de embargos sobre fincas con gravamen, a

favor de algunas de las instituciones indicadas en la presente ley, el

hecho podrá ser notificado por medio de edictos en la misma forma que se

ha señalado en los casos anteriores.

En el caso de remate, para participar en él se deberá depositar el

cuarenta por ciento (40%) de la base, suma de la cual se aplicará el

veinte por ciento (20%) para el pago de daños y perjuicios y el veinte por

ciento (20%) para abono de la obligación.

Artículo 154.- Los empleadores, sean instituciones del Estado,

municipalidades, empresas o personas particulares, estarán obligados a

deducir del sueldo de los trabajadores, cuando éstos lo soliciten, los

ahorros periódicos fijos que deseen depositar en las entidades autorizadas

que esta ley faculta para ese fin, así como las cuotas mensuales de pago

de los préstamos hipotecarios que dichas personas hubieren recibido de

cualquiera de las entidades del Sistema.

Los organismos y empresas que hagan las retenciones de que trata este

artículo, quedan también obligados a girar mensualmente el monto total

retenido, a las entidades autorizadas que corresponda, bajo apercibimiento

de las sanciones que al efecto se establezcan en el reglamento de la

presente ley.

Artículo 155.- Se faculta al Banco y a las entidades autorizadas para

que se afilien a los organismos internacionales de ahorro y préstamo y

otros similares para la vivienda, asimismo, a organismos nacionales y

regionales que no tengan fines de lucro, que propendan el desarrollo del

Sistema y de las actividades relacionadas con la solución de los problemas

de la vivienda de bajo costo y de los asentamientos humanos. El Banco

deberá autorizar la afiliación de las entidades a cualquiera de estos

organismos.

Artículo 156.- Facúltase a las entidades autorizadas del Sistema para

que, de acuerdo con sus normas reglamentarias y estatutarias, otorguen

créditos hipotecarios para vivienda en fincas inscritas en el Registro de

la Propiedad mediante información posesoria, localización de derechos

proindivisos, adjudicación de baldíos y cualesquiera otros títulos que

contengan la salvedad de que la inscripción se hizo sin perjuicio de

terceros con mejor derecho, o cuando la medida de que se trate hubiese

sido rectificada con la misma salvedad, aunque la respectiva, inscripción

no tenga el plazo de convalidación correspondiente.

La acción reivindicatoria que eventualmente pudiera ser entablada

conforme con lo previsto en el párrafo anterior, no perjudicará, en ningún

caso, los derechos de la entidad acreedora, y la finca hipotecaria pasará

con el gravamen al tercero con mejor derecho que la hubiese reivindicado,

siempre y cuando éste reúna, las condiciones establecidas por el Banco

para la obtención de préstamos en el Sistema. En el caso contrario, el

reivindicante estará obligado a pagar la deuda hipotecaria en el plazo

máximo de un año a partir de la fecha de la reivindicación.

Artículo 157.- Si las operaciones o actividades de una entidad autorizada

no se ajustaran a las disposiciones de esta ley o sus reglamentos, normas,

acuerdos o resoluciones que les fueren aplicables, o a las sanas prácticas de

administración, el Banco deberá notificarle por escrito la infracción y

requerir a la entidad autorizada para que rinda las explicaciones pertinentes

o corrija las anomalías de que se trate, dentro de un plazo prudencial que no

podrá exceder de treinta días naturales.

Si después de la notificación de que trata el párrafo anterior, la

entidad autorizada requerida no pusiera fin a la infracción, falta o abuso, ni

los remediara, el Banco estará facultado para imponerle cualquiera de la

siguientes sanciones:

a) La suspensión del directorio, de los directores o de los funcionarios

responsables, por un plazo determinado.

b) La remoción definitiva de esas mismas personas.

c) La designación de una o más personas para que se hagan cargo de la

dirección y administración de la entidad infractora, por un tiempo

determinado.

ch) La disolución de la entidad, sin perjuicio de las responsabilidades

legales que puedan afectarla y, por su gestión, a sus directores,

administradores y funcionarios.

Si la sanción que impusiere la Junta Directiva fuere la del inciso

ch) del presente artículo, el Banco deberá proceder, sin más trámite, a la

liquidación de la entidad, procedimiento que deberá ajustarse, en todo lo

racionalmente aplicable, a lo previsto en los artículos del 163 al 177 de

la Ley del Sistema Bancario Nacional.

Si las infracciones de que trata este artículo emanaren de alguno de

los entes públicos o de las instituciones a que se refiere el capítulo II

del título IV de esta ley, el Banco deberá comunicar al Poder Ejecutivo la

renuencia de parte del director, de los directores o de los funcionarios

responsables, a ajustarse a las leyes, reglamentos, normas, acuerdos o

resoluciones dictados por el Banco. a fin de que el Poder Ejecutivo le

aplique las sanciones mencionadas, según corresponda. En ningún caso será

admisible el incidente de suspensión de los efectos del acto.

No serán aplicables a estos procedimientos las normas contempladas en

el libro segundo de la Ley General de la Administración Pública.

Artículo 158.- Previa autorización del Banco, en cada caso, las

entidades autorizadas estarán facultadas para otorgar financiamiento puente

o interino para la preparación y ejecución de conjuntos habitacionales, así

como también para las obras y servicios complementarios.

Las entidades autorizadas podrán otorgar este financiamiento,

individualmente o en conjunto con otras entidades que se interesen. A

petición de las entidades autorizadas, el Banco podrá, si lo estimare

conveniente para el sano desarrollo del Sistema, concederles asistencia

financiera para que hagan frente a estas solicitudes, dentro de los

términos y mecanismos que esta ley autoriza. La Junta Directiva del Banco

deberá reglamentar esta disposición.

Artículo 159.- Sin perjuicio de lo prescrito en esta ley sobre

atribuciones para otorgar préstamos a personas naturales o a familias sin

casa, las entidades autorizadas estarán facultadas para otorgar

financiamiento para proyectos de vivienda a asociaciones cooperativas,

asociaciones solidaristas y asociaciones de desarrollo de la comunidad,

mediante préstamos hipotecarios individuales a cada miembro de la

asociación interesada, siempre que reúna los requisitos necesarios. Las

cooperativas de vivienda, las asociaciones solidaristas y las asociaciones

de desarrollo de la comunidad, podrán también actuar como sujetos de

crédito en operaciones que cuenten con la garantía de la hipoteca global

y la fianza solidaria de todos los beneficiarios del proyecto respectivo.

En estos casos, las entidades autorizadas podrán establecer tasas

preferenciales de interés, dentro de los lineamientos que al efecto dicte

el BANHVI, en virtud del menor costo de administración de los créditos en

que incurran las entidades autorizadas.

Artículo 160.- En los casos en que se trate de la construcción de

unidades habitacionales en condominio, la parte del capital de

construcción que aporten los dueños del inmueble, que no sean clientes de

las entidades autorizadas que otorgan el financiamiento, deberá ser

depositada en ellas para su debida inversión.

Artículo 162.- Las entidades gubernamentales, las instituciones

autónomas y los demás organismos del Estado, así como las instituciones

públicas no estatales, quedan facultadas para invertir sus reservas en los

títulos valores que emitan el Banco y las mutuales, de conformidad con lo

dispuesto en esta ley.

Artículo 163.- Las denominaciones "asociación de ahorro y préstamo"

y "mutual", sólo podrán ser utilizadas por las entidades facultadas por el

Banco para hacerlo.

Cuando, a su juicio, el Banco considere que se está haciendo uso

indebido de alguna de estas denominaciones, o que el uso de alguna similar

pudiera producir confusión entre el público, el Banco deberá avisar de

inmediato a la persona o institución de que se trate para que desista de

hacerlo en un plazo razonable, que no podrá exceder de treinta días

naturales. Vencido el plazo que se fije, sin que se elimine el aviso, el

Banco deberá comunicar este hecho al Ministerio de Gobernación y Policía,

para que éste proceda al cierre del establecimiento por medio de las

autoridades competentes.

Artículo 164.- Las certificaciones de las entidades autorizadas,

relativas a saldos a su favor, debidamente expedidas por sus representantes

legales y refrendadas por sus auditores, constituyen título ejecutivo.

Artículo 165.- En lo no previsto por la presente ley o por sus

reglamentos, el Banco se regirá por la Ley Orgánica del Sistema Bancario

Nacional.

Artículo 166.- La propaganda, publicidad y promoción relativas a la

oferta al público de los servicios de las entidades autorizadas, deberán

sujetarse a las normas que dicte el Banco.

Artículo 167.- Además de las medidas que se disponen en esta ley sobre

la obligación de las entidades autorizadas de mantener auditorías para el

efectivo control de sus operaciones, el Banco deberá realizar una constante

auditoría externa en cada entidad, a cuyo efecto podrá, en cualquier

momento, examinar sus libros y documentos contables y solicitarles los

datos operacionales que estime convenientes, a los cuales deberá dar un

carácter estrictamente confidencial.

Artículo 168.- Toda operación hipotecaria realizada para los fines de

esta ley, otorgada por una entidad autorizada, deberá contar con el

respaldo de un seguro de incendio y terremoto, que cubra el avalúo de la

vivienda existente o de la que esté en proceso de construirse, y de un

seguro temporal de desgravamen hipotecario decreciente, emitidos ambos al

costo por el Instituto Nacional de Seguros, a cuyo efecto éste y el Banco

deberán negociar las primas correspondientes.

Artículo 169.- Los inmuebles hipotecados a favor de las entidades

autorizadas no podrán ser vendidos, donados, gravados ni enajenados en

ninguna otra forma, salvo con autorización escrita de la entidad acreedora,

sin la cual el Registro Público no podrá inscribir la correspondiente

operación.

El incumplimiento de esta prohibición dará lugar, necesariamente, al

vencimiento del plazo a favor de la entidad de que se trate y a la

exigibilidad total de la deuda pendiente, excepto de los inmuebles

afectados por el régimen de patrimonio familiar, que estarán sometidos a lo

que disponga la ley.

Esta norma se aplicará también cuando la vivienda sea perseguida por

terceros acreedores.

Artículo 170.- Facúltase a las entidades autorizadas para que

administre en fideicomiso, tratándose de operaciones relacionadas con

créditos habitacionales, aquellos bienes o derechos emitidos por ellas

mismas o por terceras personas.

El Banco reglamentará esta actividad de fideicomiso, conforme con las

normas establecidas en el Código de Comercio.

Artículo 171.- El BANHVI deberá velar por que el costo de la vivienda

y su precio de venta se mantengan dentro de los márgenes normales para la

actividad de construcción y venta de viviendas. Para este efecto, el

precio máximo de venta será regulado de la siguiente manera:

Para viviendas con financiación parcial o total del FOSUVI, el precio

final no podrá exceder en 1.33 veces el total que resulte de sumar:

a) El precio del terreno, calculado según el valor comercial de ese

terreno ya urbanizado.

b) El costo de los materiales que intervienen en la construcción de la

vivienda.

c) El costo de la mano de obra directa necesaria para la construcción.

ch) Los costos de los salarios por concepto de dirección técnica y

administrativa propias de la obra, siempre que esta labor sea necesaria

y que quienes la ejecuten laboren a tiempo completo en el sitio de la

obra.

Artículo 172.- En cuanto a los programas financiados por el FONAVI,

el costo máximo será el que resulte de la suma de los factores establecidos en

el artículo 171 multiplicada por 1.43.

Artículo 173.- Queda establecido que estos son los límites máximos que

el Banco autorizará y que estos precios incluyen la compensación necesaria

para sufragar todos los otros gastos en que incurran las empresas, tales

como administración general, gastos financieros de cualquier índole,

utilidad de la empresa y cualesquiera otros gastos.

Ante una evidente necesidad debidamente justificada, y para proteger

sus intereses y los de los destinatarios, el Banco podrá variar los límites

señalados en los artículos 171 y 172.

Artículo 174.- Las facultades conferidas en esta ley al Banco

Hipotecario de la Vivienda, en cuanto al funcionamiento de las entidades

autorizadas, sólo corresponden al financiamiento de viviendas que otorguen

éstas. En consecuencia, las otras funciones para las que tengan facultad

las entidades autorizadas quedan fuera de la competencia y del control del

Banco.

Artículo 175.- Modifícase el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Caja

Costarricense de Seguro Social, Nº 17 del 22 de octubre de 1943 y sus

reformas, cuyo texto dirá:

"Artículo 40.-Está prohibido a la Caja lo siguiente:

a) Hacer operaciones especulativas de cualquier naturaleza.

b) Comprar o pignorar acciones de sociedades anónimas en que estén

interesados los directores, gerente, subgerentes o personeros de la

institución o parientes de todas estas personas, por consanguinidad o por

afinidad hasta el tercer grado, inclusive.

c) No podrá hacer préstamos menores de setenta y cinco mil colones

(¢75.000,00).

d) No podrá hacer préstamos mayores de cinco millones de colones

(¢ 5.000.000,00) sin autorización legislativa.

El límite máximo establecido en esta ley podrá ser variado por la Caja

Costarricense de Seguro Social, de acuerdo con la variación que ocurra en

el costo de la construcción y de conformidad con los índices que para este

efecto apruebe el Ministerio de Economía de Comercio. Esta prohibición no

se aplicará a los convenios de financiamiento que la Caja lleve a cabo con

el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y con asociaciones

solidaristas y cooperativas, que desarrollen programas de construcción de

viviendas para los asegurados. La Caja Costarricense de Seguro Social no

podrá destinar a las asociaciones solidaristas y a las cooperativas más del

veinticinco por ciento (25%) del total de los recursos anuales destinados

para préstamos hipotecarios.

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social deberá

emitir un nuevo reglamento de prestamos hipotecarios en un plazo no mayor

de noventa días después de la fecha de vigencia de esta ley."

Artículo 176.- Esta ley es de orden público y rige a partir de su

publicación.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y DEROGATORIAS

Transitorio I.- El Gobierno, para dar cumplimiento a lo dispuesto en

el artículo 34 de la presente ley, entregará al Banco, como aporte a su

patrimonio, la suma de mil millones de colones (¢ 1.000.000.000,00), los

cuales servirán para dar inicio al Sistema. Tales recursos provendrán del

Presupuesto Nacional, para lo cual el Gobierno deberá incluir la partida

correspondiente. El Banco iniciará sus operaciones en la fecha en que el

Poder Ejecutivo deposite en el Banco Central de Costa Rica, en una cuenta

especial, a favor del Banco Hipotecario de la Vivienda, la totalidad de la

suma indicada en este transitorio.

Transitorio II.- Se deroga la Ley del Sistema Nacional de Ahorro y

Préstamo Nº 4338 del 23 de mayor de 1969 y sus reformas, así como

cualesquiera otras que se le opongan a la presente, y se traspasa al Banco

el Departamento Central de Ahorro y Préstamo (DECAP), adscrito

temporalmente al Banco Crédito Agrícola de Cartago. Sin embargo, esta

derogatoria no se hará efectiva mientras no se promulguen los reglamentos

previstos en el título IV de esta ley.

Dicho traspaso incluye todos los activos y pasivos del DECAP y deberá

hacerse dentro de los noventa días calendario siguientes a la promulgación

de la presente ley.

La Junta Directiva del Banco Crédito Agrícola de Cartago tomará las

medidas necesarias para hacer efectivo el traspaso.

Transitorio III.- Las pérdidas en que el DECAP haya incurrido, o que

se presentaren en el futuro por efectos del diferencial cambiario, serán

asumidas en su totalidad por el Banco Central de Costa Rica y pagadas con

el fondo que para tal fin maneja dicho Banco.

Transitorio IV.- El BANHVI le traspasará al Banco Crédito Agrícola de

Cartago la suma de doscientos millones de colones (200.000.000,00), como

reconocimiento por los servicios que durante diecisiete años le han

prestado el DECAP, y como compensación de los ingresos que dejará de

percibir en el futuro al sacarse de su tutela el DECAP. Esta suma deberá

registrarla el Banco Crédito Agrícola de Cartago como un aumento de

capital.

El BANHVI tomará esos recursos del aporte de los mil millones de

colones a que se refiere el transitorio I de esta ley.

Transitorio V.- Esta ley no afectará los contratos de garantía,

crédito o inversión vigentes al amparo de la ley Nº 4338 del 23 de mayo de

1969 y sus reformas. Sin embargo, las prórrogas que acuerden las partes

deberán regirse por la presente ley.

Transitorio VI.- Para la contratación del personal, el BANHVI les dará

preferencia a los funcionarios del DECAP que, por sus conocimientos y

experiencia, convengan a sus intereses.

Transitorio VII.- Quedan incorporadas al Sistema de pleno derecho, las

mutuales que a la fecha de la promulgación de esta ley estén autorizadas

como tales por el Banco Crédito Agrícola de Cartago. Estas entidades

deberán ajustarse a las disposiciones de esta ley, en lo que las afecte,

dentro del plazo de noventa días calendario a partir de su vigencia.

Transitorio VIII.- El Poder Ejecutivo tendrán un plazo de noventa días

para reglamentar esta ley, a partir de la fecha en que el Consejo de

Gobierno integre la Junta Directiva del Banco.

Transitorio IX.- El Consejo de Gobierno deberá hacer los nombramientos

previstos en el artículo 13, con las personas que reúnan los requisitos

legales, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la promulgación

de esta ley. Los tres directores representantes del sector público y los

dos representantes de los partidos políticos, durarán en sus cargos hasta

el 30 de mayo de 1990, y los otros dos representantes del sector privado

hasta el 30 de mayo de 1994.

Transitorio X.- Aquellos empleados del DECAP que no fueren contratados

por el BANHVI, cuyos servicios sean solicitados por el Banco Crédito Agrícola

de Cartago, continuarán al servicio de ese Banco. Queda autorizado el Banco

Crédito Agrícola de Cartago, de pleno derecho, para hacer la respectiva

modificación presupuestaria, que deberá ser aceptada por la Autoridad

Presupuestaria y por la Contraloría General de la República.