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 Normativa >> Ley 7130 >> Fecha 16/08/1989 >> Texto completo
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Texto Completo Norma 7130
Código Procesal Civil
Texto Completo acta: 1446C 1

Código Procesal Civil

 



(Nota de Sinalevi: Mediante el artículo 183 aparte 1) del Código Procesal Civil, N° 9342 del 3 de febrero de 2016, se indica derogar este Código con las siguientes excepciones que se mantienen vigentes, mientras no se publiquen las normas que las sustituyan: los artículos 709 a 818; 825 a 870 y 877 a 885. De conformidad con el transitorio VI de la norma antes referida, el mismo empezará a regir 30 meses después de su publicación es decir el 9 de octubre de 2018, por lo que a partir de esa fecha se hará la respectiva abrogación.)



 



Ley No.7130 de 16 de agosto de 1989



 



(Nota: se respeta la ortografía y gramática del texto original)



 



LIBRO I



 



DISPOSICIONES GENERALES



 



Título preliminar



 



ARTÍCULO 1.- Inicio e impulso procesal.



El proceso civil se inicia con la demanda pero se desarrolla por impulso oficial y por actividad de las partes. Los jueces serán responsables de cualquier demora, siempre que ello sea producto de su negligencia.



 



 




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ARTÍCULO 2.- Instancias.



Los procesos tendrán dos instancias, salvo que en forma expresa se disponga lo contrario.



 




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ARTÍCULO 3.- Interpretación.



Al interpretar la norma procesal, el juez deberá tomar en cuenta que la finalidad de aquélla es dar aplicación a las normas de fondo. En caso de duda, podrá acudir a los principios generales del Derecho Procesal.





 




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ARTÍCULO 4.- Integración.



Los casos no previstos en este Código serán regulados con las normas establecidas, ya sea para casos análogos o en sentido contrario; de no ser posible por esos medios, la integración se hará con los principios constitucionales y los generales del Derecho Procesal.



 




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ARTÍCULO 5.- Observancia de las normas procesales.



Las normas procesales son de orden público y, en consecuencia, de  obligado acatamiento, tanto por el juez como por las partes y eventuales terceros. Se exceptúan de estas reglas las normas que, aunque procesales, sean de carácter facultativo, por referirse a intereses privados de las partes.



 




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ARTÍCULO 6.- Para la tramitación judicial en materia civil, comercial y contencioso-administrativa se utilizará papel de oficio, con reintegro en timbre fiscal, de acuerdo con la ley, la cual podrá establecer excepciones en razón de la cuantía. El juzgador fijará un monto provisional de dinero a fin de garantizar la existencia de papel de oficio para la sustanciación del proceso, al poner en conocimiento de las partes la demanda, su contestación o la reconvención, si la hubiere. No se le dará curso a gestión alguna de la parte hasta que deposite el monto respectivo a la orden del juzgado. Estos montos se establecerán a reserva de fijar su importe definitivo al ejecutar la sentencia, o al finalizar el proceso por cualquier forma, con señalamiento de las bases con arreglo a las cuales deba hacerse la liquidación final.



(NOTA: a partir de 1997, el Poder Judicial utiliza sólo papel tamaño carta para los trámites judiciales, tanto para las actuaciones de los tribunales como para las gestiones de las partes, de acuerdo con el artículo XLVII de la Sesión del Consejo Superior No.42-96 de 30 de mayo de 1996. Véase en el mismo sentido la Circular No.38-97 de 14 de abril de 1997, publicada en el Boletín Judicial No.78 de 24 de abril de 1997)



 




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TITULO I



 



Jurisdicción y competencia



 



CAPITULO I



 



Jurisdicción



 



ARTÍCULO 7.- Potestad jurisdiccional.



La potestad de dirimir conflictos de orden jurídico corresponde, en el ramo civil, a los órganos jurisdiccionales que determinan la Constitución y la ley. Dicha potestad se perderá cuando el juez deje de serlo.



 




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ARTÍCULO 8.- Suspensión de la potestad jurisdiccional.



La potestad jurisdiccional se suspende en los casos establecidos en la ley.





 




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ARTÍCULO 9.- Ejecución de las resoluciones.



Las resoluciones serán ejecutadas por el juez de primera instancia que conoció del proceso, salvo los casos exceptuados por la ley.





 




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ARTÍCULO 10.- Nulidad.



Salvo disposición legal en contrario, todos los actos procesales de quien no tenga facultad legal para ejecutarlos, serán absolutamente nulos.



 




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ARTÍCULO 11.- Jurisdicción de los árbitros.



La jurisdicción de los árbitros se limita al negocio o negocios que expresamente les fueren sometidos por la escritura o escrito de compromiso; y a los incidentes sin cuya resolución no fuere posible decidir el negocio principal.



Cuando se opusiere la excepción de compensación, el laudo en el que se admita no será eficaz en cuanto a la declaración del crédito del demandado, sino por la cantidad que importe la demanda.





 




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ARTÍCULO 12.- Auxilio para los árbitros y ejecución del laudo. Para recabar datos o solicitar auxilio de cualquier autoridad, los árbitros lo harán por medio del respectivo órgano jurisdiccional.



Corresponde también a ese órgano jurisdiccional ejecutar las resoluciones legalmente dictadas por los árbitros, según se trate de asuntos de mayor o de menor cuantía.



 




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CAPITULO II



 



Competencia



 



Sección Primera



 



Materia



 



ARTÍCULO 13.- Competencia por materia.



Por razón de la materia, los jueces serán competentes cuando este Código, la Ley Orgánica del Poder Judicial u otras leyes especiales les encomienden el conocimiento de determinado proceso, sin importar la cuantía.



 




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ARTÍCULO 14.- Procesos de valor indeterminado.



La (sic) demandas de objeto inestimable o de cuantía indeterminada serán de conocimiento de los jueces civiles. Lo serán también las referentes a la materia familiar en aquellos lugares en donde no haya juzgado de familia.



 



 




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ARTÍCULO 15.- Concursos y quiebras.



Los concursos y las quiebras serán siempre de conocimiento de los juzgados civiles de primera instancia.



 




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Sección segunda



 



Cuantía



 



ARTÍCULO 16.- Competencia por cuantía.



Cuando el elemento determinante de la competencia sea la cuantía, los procesos serán de mayor o de menor cuantía.



 




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ARTÍCULO 17.- Cuantía de las demandas. La cuantía de las demandas se fijará de acuerdo con las siguientes reglas, en los casos a que ellas se refieren:



1) En las pretensiones posesorias y reivindicatorias sobre inmuebles, por el valor de la cosa objeto de la pretensión que conste documental o pericialmente. Tratándose de muebles, el valor que conste documentalmente o, en su defecto, por el valor prudencial que le dé el actor, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19.



2) En las obligaciones pagaderas a plazos se calculará el valor por el de toda la obligación, cuando el proceso verse sobre la validez del título mismo de la obligación, en la totalidad.



3) Para fijar el valor de la demanda sólo se tomarán en cuenta los daños y perjuicios que hayan podido causarse hasta el establecimiento de aquélla, o los frutos percibidos o que hubieren podido percibirse hasta su presentación, o los intereses convencionales o legales vencidos. Respecto de los posteriores rige la salvedad establecida en el artículo siguiente.



4) Cuando varios créditos pertenecieren a diversos interesados y procedieren de un mismo título de obligación contra un deudor común, si cada a creedor, dos o más entablaren su demanda por separado, se calculará como valor, para determinar la cuantía, la cantidad a que ascienda la respectiva reclamación.



5) En las demandas que comprendieren créditos contra el mismo deudor, se calculará la cuantía por el valor de todos los créditos reunidos.



6) En las demandas de desahucio, se estimará la cuantía por el valor de la renta de un semestre de alquiler, servicios y otras cargas patrimoniales que, según el contrato, resulten a cargo del arrendatario. En las acciones acumuladas, la estimación será igual a la suma de las diferentes pretensiones que se deduzcan.



Si el precio del arrendamiento no está estipulado, en forma cierta y determinada, se admitirá la cuantía fijada por el actor, sin perjuicio de la objeción que pueda presentar el demandado, con fundamento en el valor de la posible renta; esta objeción se tramitará, conforme a lo que se dispone en el proceso ordinario.



(Así reformado el inciso anterior por el artículo 131 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, Ley  No.7527 del 10 de julio de 1995)



7) Si el proceso versare sobre el derecho a exigir prestaciones periódicas perpetuas o por tiempo indeterminado, se considerará la demanda como de mayor cuantía.



8) En los procesos para reclamar pago de cédulas hipotecarias, el valor lo determinará el monto de la obligación hipotecaria por el que fueron emitidas.



9) En las sucesiones se estimará la cuantía por el valor de los bienes.




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ARTÍCULO 18.- Finalidad de la cuantía.



La cuantía determinará la competencia del tribunal, y limitará de antemano el máximo de las pretensiones pecuniarias de las partes. Ese valor será el máximo que se pueda conceder en la sentencia, en aquellos casos en que se reclame el pago de una suma de dinero, salvo que se trate de frutos o intereses posteriores, unos u otros al día del establecimiento de la demanda, y de las costas decretadas, o de casos en que la cuantía, según la ley, deba limitarse a una parte determinada del tiempo de prestaciones periódicas.



En cuanto a las pretensiones pecuniarias, las limitaciones indicadas no rigen cuando se trate del valor de cosas determinadas o de obligaciones de hacer o de no hacer.



 




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ARTÍCULO 19.- Desacuerdo de las partes.



Cuando en procesos estimables no pudiere fijarse la cuantía por las reglas del artículo 17, y las partes estuvieren en desacuerdo respecto de la cuantía, se observará el procedimiento establecido para la objeción.





 




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ARTÍCULO 20.- No oposición del demandado.



Cuando el demandado no se opusiere en el plazo correspondiente a la estimación que el actor hubiere dado a su demanda, el juez la fijará de oficio conforme con el artículo 297.



 




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ARTÍCULO 21.- Incidentes, intervención principal, reconvención o compensación en procesos de menor cuantía.



El juez competente para conocer de un asunto lo es también para conocer de sus incidentes, salvo que en proceso abreviado de menor cuantía se estableciera una intervención principal de mayor cuantía, lo mismo que si en cualquier asunto de menor cuantía se formulara un incidente, reconvención o compensación de mayor cuantía, pues en tal caso deberá pasar el asunto al conocimiento del juez de mayor cuantía.



Sin embargo, no será motivo de inhibición en proceso de menor cuantía:



1) La compensación que se oponga de una deuda de mayor cuantía, si el crédito fuere reconocido por el deudor.



2) La compensación y la reconvención de mayor cuantía, si el acreedor renunciara al exceso y quedara su pretensión de menor cuantía.



3) La ejecución de sentencia de mayor cuantía o los incidentes de mayor cuantía promovidos en ella.



 




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ARTÍCULO 22.- Procedimiento correspondiente.



En lo relativo a la salvedad establecida en el párrafo primero del artículo anterior, el juez tramitará las pretensiones conforme con la cuantía de cada una.





 




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Sección tercera



 



Territorio



 



ARTÍCULO 23.- Competencia territorial.



Todo juez tiene limitada su competencia al territorio que le está señalado para ejercerla; las actuaciones que deba practicar en el territorio de otro juez, deberá practicarlas por medio de éste.



De los negocios no sometidos a su competencia, el juez sólo podrá conocer cuando ésta le fuere legalmente prorrogada.



 




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ARTÍCULO 24.- Pretensión personal y pretensión real sobre muebles.



Para conocer de las demandas en que se ejerciten pretensiones personales o pretensiones reales sobre bienes muebles, será competente el juez del domicilio del demandado.



Si tuviere más de un domicilio, será competente el juez de cualquiera de ellos.



Si fuere incierto o desconocido dicho domicilio, será competente el juez del lugar donde se encontrare el demandado, o el del domicilio del actor.



Cuando el demandado no tuviere domicilio ni residencia en Costa Rica, será competente el juez del domicilio del actor; si éste tampoco tuviere domicilio ni residencia en el país, será competente uno de los jueces civiles de la ciudad capital de la República.



Habiendo dos o más demandados con diferentes domicilios, será competente el juez de cualquiera de esos domicilios, a elección del actor.



 




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ARTÍCULO 25.- Pretensión real sobre inmuebles.



Tratándose de pretensiones reales sobre inmuebles, será competente el juez del lugar en donde esté situada la finca.



Si el inmueble estuviere situado en dos o más territorios competenciales, será competente el juez de cualquiera de ellos, a elección del actor.



Si se tratare de una pretensión real sobre inmuebles y otra personal, ligadas entre sí, será competente el juez del lugar en que éste situado el inmueble, o del domicilio del demandado, a elección del actor.



 




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ARTÍCULO 26.- Demandas derivadas del arrendamiento.



Para la demanda sobre el pago de la renta, del desahucio o de cualquier otra relativa al contrato de arrendamiento de inmuebles, será competente el juez del lugar donde esté situada la finca.



 



 




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ARTÍCULO 27.- Cuentas provenientes de una administración.



En las demandas sobre cuentas que provengan de la administración de tutela, curatela, sociedad o cualquier otra causa semejante, es competente el juez del lugar donde existió la sociedad, o el del lugar donde se ejerció la administración.



 




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ARTÍCULO 28.- Daños y perjuicios.



Para demandar por daños y perjuicios, es competente el juez del lugar donde se haya causado el daño o el perjuicio. Pero si se demandaran como consecuencia o fueren accesorios de otra acción principal establecida conjuntamente, será competente el juez que lo sea para esta última.



 




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ARTÍCULO 29.- Incidentes y actos preparatorios.



El juez competente para conocer de una demanda lo será también para los incidentes que surjan después de establecida y para todas las diligencias que hubiere que practicar como preparatorias del proceso.



Para la confesión anticipada será competente el juez del domicilio del confesante.



Para los actos preparatorios de nombramiento de curador ad litem y beneficio de pobreza, será competente el juez del domicilio del representado o del pobre.



Para las informaciones ad perpetuam lo serán el alcalde o el juez del lugar donde hubieran ocurrido los hechos o donde se hallaren los testigos que deben declarar.



Para la información fuera de proceso lo será el alcalde o el juez en donde esté situado el bien, o donde se hallen los testigos o el domicilio del posible demandado.



Para los actos preparatorios, además del juez competente para el proceso, lo será también, en caso de urgencia, el del lugar donde se halle el posible demandado o la cosa que deba asegurarse.



 




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ARTÍCULO 30.- Interdictos, deslindes, divisiones de cosa común, concursos, sucesiones y actividades judiciales no contenciosas.



En los interdictos, deslindes y divisiones de cosa común, será competente el juez del lugar en donde esté situado el bien.



En el concurso de acreedores, el del domicilio del deudor.



En los procesos sucesorios, corresponde a los tribunales de primera instancia del último domicilio del causante; a falta de domicilio, al tribunal del lugar en que exista la mayor parte de los bienes inmuebles que formen la herencia; y a falta de domicilio y de bienes inmuebles, al tribunal del lugar en donde el causante hubiere fallecido.



Para dictar medidas provisionales en caso de ausencia, y para declarar ésta, es competente el juzgado del último domicilio conocido que tuvo el ausente en la República.



En las denuncias de impedimentos para el matrimonio, el del lugar donde se hubieren presentado los pretendientes.



Para la tutela y curatela, el del domicilio del menor o incapacitado.



Para los otros procedimientos no contenciosos, el tribunal del domicilio del promotor.



En las informaciones posesorias lo será el juzgado del lugar en donde esté situada la finca.



 




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ARTÍCULO 31.- Competencia preventiva.



Si para un proceso hubiera dos o más jueces competentes, conocerá de él el que prevenga a solicitud del actor.



 




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ARTÍCULO 32.- Casos no previstos.



Cualquier cuestión de competencia por razón de territorio, que no hubiere sido prevista, se resolverá conforme con las reglas de esta sección que por analogía le fueren aplicables.



 




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ARTÍCULO 33.- Prórroga.



La prórroga de competencia sólo es procedente por razón de territorio y respecto de los procesos civiles contenciosos.



 




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ARTÍCULO 34.- Formas de prórroga.



Se puede prorrogar la competencia en forma expresa o en forma tácita.



Tácitamente queda prorrogada:



1) En cuanto al actor, por el hecho de ocurrir al juez a entablar su demanda, no sólo para la pretensión, sino también para la reconvención.



2) Respecto al demandado en procesos ordinarios o abreviados por el hecho de practicar cualquier gestión o presentar cualquier solicitud, antes de oponer la excepción de incompetencia, salvo las que conduzcan a preparar o fundar dicha excepción.



3) Respecto al demandado en otra vía o al prejuiciado, por no alegar la incompetencia del juez, en los tres días siguientes a la primera notificación en persona que se le haga.



4) Por retirar la excepción de incompetencia.



 




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ARTÍCULO 35.- Improrrogabilidad de la competencia.



Es improrrogable la competencia en los casos previstos en los artículos 27 y 30. En los demás casos, las partes pueden prorrogar la competencia, tácita o expresamente.



(Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 7367 de 16 de noviembre de 1993)



 




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ARTÍCULO 36.- Competencia delegada.



Los tribunales podrán delegar su competencia, pero solamente para la práctica de determinados actos procesales, en otro órgano de inferior categoría, si el delegado pertenece a su mismo territorio, o en uno de categoría igual o inferior, si el delegado pertenece a otro territorio.



Se exceptúa el caso en el que los dos órganos jurisdiccionales tengan el mismo asiento.



 




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ARTÍCULO 37.- Pérdida de competencia. Se perderá la competencia en los siguientes casos:



1) Cuando haya sido decidido el proceso y ejecutada la sentencia.



2) Cuando el juez haya sido encargado por otro de practicar algunos actos procesales, al quedar cumplido el encargo.



3) Cuando, por ser accesorio, se mande pasar el proceso al juez que conoce del proceso principal.



(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1º de la ley Nº 7421 de 18 de julio de 1994)



4) Cuando el juez haya sido declarado inhábil en virtud de impedimento, excusa o recusación.




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ARTÍCULO 38.- Suspensión de la competencia.



La competencia se suspende en los siguientes casos:



1) Por excusa del juez, desde que la exponga hasta que las partes la allanen o se declare inadmisible en primera instancia.



2) Por recusación, desde que sea legalmente interpuesta hasta que se declare improcedente en primera instancia.



3) Por la excepción de incompetencia, desde que se presente el escrito en que se alega hasta que se declare sin lugar, salvo para tramitar y resolver dicha excepción, o por la declaratoria de incompetencia que haga el juez, hasta tanto no sea revocada por el superior.



4) Por la apelación admitida en ambos efectos, salvo los casos previstos en el párrafo segundo del artículo 568.



 




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ARTÍCULO 39.- Repartimiento de procesos civiles.



Cuando en una circunscripción hubiere dos o más órganos jurisdiccionales civiles, la Corte Plena queda facultada para regular la distribución de los procesos entre los funcionarios de igual categoría, a fin de obtener, en cuanto sea posible, la equiparación del trabajo en las respectivas oficinas.



 




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Sección cuarta



 



Competencia funcional



 



ARTÍCULO 40.- Regulación.



La competencia de los tribunales de las diversas jerarquías la regulan este Código, la Ley Orgánica del Poder Judicial y las leyes especiales.



 




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Sección quinta



 



Conexión



 



ARTÍCULO 41.- Elementos comunes.



Son conexas dos o más pretensiones cuando les sean comunes dos de sus elementos, o uno solo cuando éste sea la causa.



 




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ARTÍCULO 42.- Juez competente.



De los jueces ante los cuales pendan las pretensiones conexas, será competente para conocer de los procesos reunidos el juez que hubiere prevenido.



 



 




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CAPITULO III



 



Incompetencia y conflictos



 



ARTÍCULO 43.- Juez incompetente y conflictos.



Salvo los casos de prórroga, si el juez estimare que es incompetente lo declarará así de oficio, y ordenará remitir el expediente al juez al que a su juicio le corresponde conocer el caso.



Si mediare apelación de alguna de las partes, o si, no habiéndola, el juez que recibe el expediente disintiere de opinión, será el superior de ambos quien decida la competencia, sin más trámite y tan pronto como reciba el expediente. Si ambos jueces no tuvieren un superior común, se consultará la resolución a la correspondiente Sala de la Corte, la cual resolverá el conflicto sin ulterior recurso, dentro del plazo de los ocho días siguientes a aquél en el que reciba el expediente.



 



 




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ARTÍCULO 44.- Juez competente.



El juez que en definitiva resulte competente continuará el procedimiento, si los trámites señalados por la ley para el proceso fueren los mismos iniciados por el funcionario que se separó del conocimiento; en caso de no ser así, repondrá el procedimiento al estado necesario para que el proceso tome su curso normal.



 




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ARTÍCULO 45.- Imposibilidad de conflicto.



Los tribunales no podrán sostener competencias con los superiores que ejerzan jurisdicción sobre ellos, con cuyas resoluciones tendrán que conformarse.



 




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CAPITULO IV



 



Competencia internacional



 



ARTÍCULO 46.- Competencia del juez costarricense.



Es competente el juez costarricense en los siguientes casos:



1) Cuando el demandado, cualquiera que sea su nacionalidad, estuviere domiciliado en Costa Rica.



2) Cuando la obligación deba ser cumplida en Costa Rica.



3) Cuando la pretensión se origine en un hecho ocurrido o en un acto practicado en Costa Rica.



Para efectos de lo dicho en el inciso 1), se presume domiciliada en Costa Rica la persona jurídica extranjera que tuviere en el país agencia, filial o sucursal, pero sólo respecto de los actos o contratos celebrados por medio de la agencia, filial o sucursal.





 




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ARTÍCULO 47.- Competencia exclusiva.



Es competente el juez costarricense, con exclusión de cualquier otro:



1) Para conocer de demandas reales o mixtas relativas a muebles e inmuebles situados en Costa Rica.



2) Para proceder al inventario y partición de bienes situados en Costa Rica, que pertenecieren a un costarricense o extranjero domiciliado fuera de la República.



 




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ARTÍCULO 48.- Demanda ante juez extranjero.



La demanda presentada ante juez extranjero no produce litispendencia.



 




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CAPITULO V



 



Impedimentos, recusaciones, excusas y responsabilidad de los juzgadores



 



Sección primera



 



Impedimentos



 



ARTÍCULO 49.- Causas.



Todo juzgador está impedido para conocer:



1) En asuntos en que tenga interés directo.



2) En asuntos que le interesen de la misma manera a su cónyuge, a sus ascendientes o descendientes, hermanos, cuñados, tíos y sobrinos carnales, suegros, yernos, padrastros, hijastros, padres o hijos adoptivos.



Si después de iniciado un proceso, alguna de las personas indicadas adquiriera algún derecho en el objeto o en el resultado del proceso, se considerará que hay motivo de impedimento, pero la parte contraria podrá habilitar al funcionario para que conozca del asunto, siempre que lo haga antes de que intervenga el funcionario sustituto.



3) En asuntos en que sea o haya sido abogado de alguna de las partes.



4) En asuntos en que fuere tutor, curador, apoderado, representante o administrador de bienes de alguna de las partes en el proceso.



5) En asuntos en que tenga que fallar en grado acerca de una resolución dictada por alguno de los parientes mencionados en el inciso 2) anterior.



6) En tribunales colegiados, en asuntos en los cuales tenga interés directo alguno de los integrantes, o bien su cónyuge, o cualquiera de sus ascendientes o descendientes consanguíneos.



7) En asuntos en los que alguno de los parientes indicados en el inciso 2) sea o haya sido abogado director o apoderado judicial de alguna de las partes, siempre que esa circunstancia conste en el expediente respectivo.



Sin embargo, en el caso previsto en este inciso, la parte contraria podrá habilitar al funcionario para que conozca del asunto, siempre que lo haga antes de que intervenga en ese asunto el funcionario sustituto.



En los casos a que se refieren los incisos 1), 2) y 4) de este artículo, estarán también impedidos para actuar en los asuntos los secretarios, los prosecretarios y los notificadores.



 




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ARTÍCULO 50.- Nulidad.



Fuera de las relativas a la inhibición o separación, es nula cualquier resolución que se dictare por un juzgador impedido o por un tribunal a cuya formación concurra un integrante con impedimento, siempre que el motivo conste en el expediente respectivo o sea de conocimiento del funcionario




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ARTÍCULO 51.- Inhibición.



En los procesos en que un magistrado, juez superior, juez, actuario o alcalde estuviere impedido para conocer conforme con las causales establecidas en este Código, deberá el juez, actuario o alcalde inhibirse y pasar el expediente a quien deba sustituirlo; tratándose de magistrados y de integrantes de otros tribunales colegiados, deberá también inhibirse para que los otros miembros del tribunal, sin trámite alguno, lo declaren separado y procedan a reponerlo conforme con la ley.



Si fuere un árbitro que no sea funcionario judicial, se declarará inhibido y ordenará pasar el expediente al juez respectivo.



Si se tratare de secretarios, prosecretarios o notificadores, pondrán constancia de la causal, y el órgano jurisdiccional respectivo los declarará separados de plano.



 




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ARTÍCULO 52.- Recurso de revocatoria.



Si alguna parte pidiere revocatoria y para ello negare la causal, indicará en el escrito las pruebas conducentes. El juez impedido pasará el expediente al que deba sustituirlo; éste resolverá sobre la admisión de pruebas, las recibirá y decidirá definitivamente si procede o no la separación. Tratándose de un magistrado o de un juez superior, los demás miembros del tribunal podrán comisionar a un juez para la recepción de la prueba que admitieren, y una vez practicada ésta, resolverán si procede o no la separación.



El funcionario impedido podrá ser rehabilitado en los casos indicados en los párrafos segundos de los incisos 2) y 7) del artículo 49.



 




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Sección segunda



Recusación



ARTÍCULO 53.- Causas. Son causas para recusar a cualquier funcionario que administra justicia:



1) Todas las que constituyen impedimento conforme con el artículo 49.



2) Ser primo hermano por consanguinidad o afinidad, concuñado, tío o sobrino por afinidad de cualquiera que tenga un interés directo en el asunto, contrario al del recusante.



3) Ser o haber sido en los doce meses anteriores, socio, compañero de oficina o de trabajo o inquilino bajo el mismo techo del funcionario; o en el espacio de tres meses atrás, comensal o dependiente suyo.



4) Ser la parte contraria, acreedor o deudor, fiador o fiado por más de mil colones del recusado o de su cónyuge. Si la parte respecto de quien existe el vínculo de crédito o fianza fuere el Estado o una de sus instituciones, una municipalidad, una sociedad mercantil, una corporación, asociación, cooperativa o sindicato, no será bastante para recusar esta causal, ni las demás que, siendo personales, sólo puedan referirse a los individuos.



5) Existir o haber existido en los dos años anteriores, proceso penal en el que hayan sido partes contrarias el recusante y el recusado, o sus parientes mencionados en el inciso 2) del artículo 49. Una acusación ante la Asamblea Legislativa no será motivo para recusar a un magistrado por la causal de este inciso ni por la de ningún otro del presente artículo.



6) Haber habido en los dos años precedentes a la iniciación del asunto, agresión, injurias o amenazas graves entre el recusante y el recusado o sus indicados parientes; o agresión, amenazas o injurias graves hechas por el recusado o sus mencionados parientes al recusante después de comenzado el proceso.



7) Sostener el recusado, su cónyuge o sus hijos, en otro proceso semejante que directamente les interese, la opinión contraria del recusante; o ser la parte contraria juez o árbitro en un proceso que a la sazón tenga el recusado, su cónyuge o hijos.



8) Haberse impuesto alguna pena o corrección en virtud de queja interpuesta en el mismo proceso por el recusante.



9) Estarse siguiendo o haberse seguido en los seis meses precedentes al asunto, otro proceso civil de mayor o de menor cuantía entre el recusante y el recusado, o sus cónyuges o hijos, siempre que se haya comenzado el proceso por lo menos tres meses antes de aquel en que sobrevenga la recusación.



10) Haberse el recusado interesado, de algún modo, en el asunto, por la parte contraria, haberle dado consejos o haber externado opinión concreta a favor de ella. Si alguno de esos hechos hubiere ocurrido siendo alcalde, actuario, juez, juez superior o magistrado el recusado, una vez declarada con lugar la recusación mediante plena prueba de los hechos alegados, se comunicará lo resuelto a la Corte Plena para que destituya al juzgador, y a la Asamblea Legislativa si se trata de un magistrado. En ambos casos se hará la comunicación al Ministerio Público para que abra proceso penal contra el funcionario.



Las opiniones expuestas o los informes rendidos por los juzgadores, que no se refieran al asunto concreto en que sean recusados, como aquellas que den con carácter doctrinario o en virtud de requerimiento de los otros poderes, o en otros asuntos de que conozcan o hayan conocido de acuerdo con la ley, no constituyen motivo de excusa ni de recusación.



11) Haber sido el recusado perito o testigo de la parte contraria en el mismo asunto.



12) Haber sido revocadas por unanimidad o declaradas nulas en los tribunales superiores tres o más resoluciones del recusado contra el recusante en un mismo asunto; pero dado este caso de recusación, podrá recusarse al juez en cualquier otro proceso que tenga el recusante ante el mismo funcionario.



 



(Nota de Sinalevi: Mediante resolución de la Sala Constitucional N° 001211 del 27 de enero de 2016, se interpretó este artículo en el sentido de que las causales no son taxativas, por lo que el órgano jurisdiccional competente deberá conocer y resolver cualquiera que sea planteada, debiendo acogerse cuando violente el derecho de las partes a un juez imparcial.)




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ARTÍCULO 54.- Secretarios, prosecretarios y notificadores.



Los motivos de recusación a que se refieren los incisos 2) y 10), inclusive, del artículo anterior, son también suficientes bastantes para recusar a los que hayan de intervenir en el proceso como secretarios, prosecretarios o notificadores.



 




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ARTÍCULO 55.- Imposibilidad para recusar.



No son recusables los juzgadores:



1. Para el efecto de separarlos del conocimiento de una excusa, recusación o impedimento que estén llamados a resolver.



2. El cumplimentar exhortos, despachos y suplicatorios.



3. En las diligencias de mera ejecución, pero sí lo serán en las de ejecución mixta.



4. En asuntos de actividad judicial no contenciosa.



(Nota de Sinalevi: Mediante resolución de la Sala Constitucional N° 001211 del 27 de enero de 2016, se interpretó el inciso anterior en el sentido de que las causales no son taxativas, por lo que el órgano jurisdiccional competente deberá conocer y resolver cualquiera que sea planteada, debiendo acogerse cuando violente el derecho de las partes a un juez imparcial. Posteriormente mediante voto N° 002004 del 10 de febrero de 2016, se adicionó el voto N° 001211 del 27 de enero de 2016,en el sentido de que el artículo 55, inciso 4º, del Código Procesal Civil es conforme al Derecho de la Constitución, siempre y cuando, se interprete que en asuntos de actividad judicial no contenciosa que impliquen controversia o conflicto de intereses entre partes, sí cabe la recusación del juez o de los jueces que deben conocer y resolver la cuestión, por cuanto, tienen el derecho a gozar de un juez imparcial".)




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ARTÍCULO 56.- Aseguramiento y embargo.



En las diligencias preventivas, en los procesos ejecutivos y en el proceso de ejecución, no se dará curso a ninguna recusación, sino practicado el aseguramiento o hecho el embargo




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ARTÍCULO 57.- Contestación y oposición.



Salvo los casos exceptuados por la ley, antes de contestar la demanda o de oponerse las excepciones previas, en su caso, no cabrá recusación.



 




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ARTÍCULO 58.- Irrenunciabilidad.



Una vez interpuesta la recusación no podrá ser retirada por la parte.



 




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ARTÍCULO 59.- Fundamento.



Toda recusación debe fundarse en una de las causales expresamente señaladas por la ley, e interponerse ante el órgano jurisdiccional que conoce del proceso, indicando al mismo tiempo las pruebas de la existencia de la causal. Si no se ajustare a esta formalidad, al escrito no se le dará curso.



 




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ARTÍCULO 60.- Depósito.



Cuando la recusación se hiciere a magistrados, jueces superiores, jueces o actuarios, la gestión deberá acompañarse de la constancia de haber constituido un depósito judicial de tres mil colones para los primeros, de dos mil colones para los segundos, y de mil colones para los demás, a la orden del juez o tribunal ante el que se hace la recusación.



Si se recusare a dos o más magistrados o jueces superiores, el depósito será de tres mil colones o dos mil colones, según el caso, por cada uno de los que se recusen.



En las recusaciones de integrantes de otros tribunales colegiados y alcaldes el depósito será de quinientos colones, en los mismos términos en que se ha dicho.



(Nota de Sinalevi: Mediante resolución de la Sala Constitucional N° 001211 del 27 de enero de 2016, se interpretó este artículo en el sentido de que las causales no son taxativas, por lo que el órgano jurisdiccional competente deberá conocer y resolver cualquiera que sea planteada, debiendo acogerse cuando violente el derecho de las partes a un juez imparcial.)


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ARTÍCULO 61.- Constancia y audiencia.



Al pie del escrito de recusación, y a más tardar dentro de las veinticuatro horas siguientes, el juzgador recusado hará constar si reconoce o no como ciertos los hechos que se alegan para recusarle, debiendo hacer la correspondiente rectificación si tales hechos estuvieren referidos de un modo inexacto.



Una vez extendida la constancia de que habla el párrafo anterior, se dará audiencia por veinticuatro horas a la parte contraria. Si hubiere varias personas, dicho término será común a todas. Al contestarse la audiencia, deberán indicarse las pruebas pertinentes, si hay oposición a la recusación.



 




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ARTÍCULO 62.- Reconocimiento de los hechos.



Transcurridas las veinticuatro horas, si el juzgador reconociere los hechos y ninguna de las partes se hubiere opuesto expresamente a la recusación, el juez o tribunal ante quien ésta se presentó decretará, sin otro trámite, la separación de aquél, y mandará pasar el asunto a quien corresponda, o hacer la reposición del recusado, y devolverá al recusante la cantidad depositada.



 




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ARTÍCULO 63.- Desconocimiento de los hechos.



Si el juzgador desconociere los hechos en que se funda la recusación o la otra parte los negare, el juez recusado pasará el incidente de recusación al juez llamado a reemplazarle en el caso de quedar inhibido, a efecto de que resuelva sobre la admisión de pruebas y practique la recepción de éstas.





 




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ARTÍCULO 64.- Plazo para resolver y recurso.



Concluida la recepción de las pruebas, procederá el juez comisionado a resolver en el perentorio plazo de tres días; si rechazare la recusación, declarará al recusante incurso en la multa de la cantidad depositada en favor del Tesoro Público; y si la admitiere, mandará que se le devuelva.



Tal resolución es apelable en un solo efecto. Lo decidido por el tribunal superior no tiene más recurso que la responsabilidad.



 




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ARTÍCULO 65.- Recusación de integrantes de tribunales colegiados.



Si la recusación fuere a un integrante de un tribunal colegiado, conocerán de ella los otros integrantes; si sólo uno de ellos quedare hábil, éste resolverá. Si fueran recusados todos, conocerá de la recusación la otra sala, sección o tribunal; si en éstos hubiere integrantes con motivo de impedimento o excusa, conocerá de la recusación el o los miembros hábiles que quedaren; y si todos tuvieren motivo de impedimento o de excusa, o no existiere otra sección o tribunal, se sorteará un integrante suplente, quien de previo resolverá si el impedimento o la excusa son procedentes, y en caso afirmativo, entrará a resolver la recusación.



 




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ARTÍCULO 66.- Recurso por recusación de jueces superiores.



Contra las resoluciones sobre recusación de jueces superiores se dará recurso para ante la Sala Primera de la Corte. Esta dictará la resolución que corresponda dentro de tercero día posterior al vencimiento del emplazamiento. Lo que resuelva dicha Sala no tendrá recurso alguno.





 




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ARTÍCULO 67.- Plazo para recusar.



Salvo lo dispuesto para casos especiales, la recusación podrá hacerse en cualquier estado del proceso, antes de que se hayan citado partes para sentencia, o de que se haya celebrado la vista para dictarla, cuando procedan esos trámites, o antes de dictarse el fallo en los demás casos; y si después de la sentencia hubiere habido cambio en el personal de los jueces, se podrá recusarlos cuando se trate de diligencias que no fueren de mera ejecución.



 




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ARTÍCULO 68.- Recusación de alcaldes.



En procesos de menor cuantía, si el alcalde recusado negare la causal o la parte contraria se opusiere a la recusación, el alcalde deberá remitir inmediatamente los autos al juez respectivo. Este decidirá la recusación dentro de los tres días siguientes a la recepción del expediente, salvo que hubiere pruebas que evacuar, pues en tal caso el plazo para practicarlas y decidir el punto se extenderá a diez días. Contra la resolución que se dicte no se dará más recurso que el de responsabilidad.



Si interpuesta la recusación el alcalde confesare la procedencia de ella y la otra parte no la impugnare, se declarará inhibido para conocer del proceso y mandará pasar el asunto a quien ha de sustituirlo.



 




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ARTÍCULO 69.- Recusación de funcionarios subalternos.



Las recusaciones de los funcionarios subalternos se tramitarán y resolverán por el juez o tribunal que conozca del proceso, conforme con las reglas de los artículos anteriores, en lo que fueren aplicables, pero contra lo que se resuelva no cabrá recurso alguno.



 




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Subsección primera



 



Recusación de peritos



 



ARTÍCULO 70.- Peritos nombrados de común acuerdo y por el juez.



Los peritos nombrados de común acuerdo por las partes no podrán ser recusados sino por causas posteriores a su nombramiento.



Podrán serlo también, por causas anteriores, los designados por el juez o tribunal que conozca del proceso.



 




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ARTÍCULO 71.- Causales.



Son motivos de recusación de un perito los siguientes:



1) Carecer de condiciones perceptivas necesarias para adquirir cabal conocimiento del tema sobre el que versa el peritaje.



2) Falta de discernimiento suficiente para apreciar con exactitud sobre el hecho que verse el peritaje.



3) Haber rendido el dictamen por fuerza, miedo, error o soborno.



4) Ser ascendiente o descendiente, cónyuge, hermano, tío, sobrino, primo hermano, cuñado, padre, o hijo político del litigante que lo haya ofrecido.



5) Ser socio, dependiente o empleado del que lo presenta.



6) Tener interés directo o indirecto.



7) Haber sido condenado por falso testimonio o por delitos contra la fe pública o contra la propiedad.



8) Ser amigo íntimo del que lo presentare o haber enemistad grave entre él y el litigante contrario.



9) Ser un ebrio habitual.



10) La falta de pericia.



Es, además, motivo de recusación para el nombrado por el juez, haber  dado el perito, sobre un asunto igual, un dictamen contrario a la parte recusante o haber prestado servicios como perito a la parte contraria.



 



 




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ARTÍCULO 72.- Requisitos y plazo.



En la recusación se expresarán concretamente la causal de ella y las pruebas en que se funda. En el caso primero del artículo 70 deberá  presentarse el escrito de recusación, antes del día señalado para dar inicio al reconocimiento. En el segundo, dentro de los tres días siguientes al de la notificación del nombramiento.



 




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ARTÍCULO 73.- Rechazo de plano.



El juzgador rechazará de plano la recusación, si no se hubiere presentado en observancia de lo dicho en el artículo anterior.





 




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ARTÍCULO 74.- Trámite.



Propuesta en tiempo y forma la recusación, el juez mandará que se le haga saber al perito recusado para que, en el acto de la notificación, o dentro de veinticuatro horas, manifieste si es cierta o no la causal. A la parte contraria se le dará audiencia por ese mismo plazo.



Si el perito reconociere la causal, o si guardare silencio, se le tendrá por separado sin más trámite.



Dentro del plazo dicho, la parte contraria podrá proponer las pruebas que estime pertinentes.



Si el perito negare la causal, el juez procederá a practicar sumariamente la prueba que estime indispensable. Evacuada ésta, resolverá el juez dentro de tercero día. Contra lo resuelto no habrá recurso alguno.





 




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ARTÍCULO 75.- Costas.



Cuando se desestime la recusación de un perito, será condenado el recusante en todas las costas del incidente.



 



 



 




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Subsección segunda



 



Recusación de árbitros



 



ARTÍCULO 76.- Causas.



(Derogado por el artículo 75 de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos No.7727 de 9 de diciembre de 1997)



 




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ARTÍCULO 77.- Plazo para interponerla.



(Derogado por el artículo 75 de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos No.7727 de 9 de diciembre de 1997)



 




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ARTÍCULO 78.- Organo que resuelve y recursos.



(Derogado por el artículo 75 de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos No.7727 de 9 de diciembre de 1997)



 




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Sección tercera



 



Excusas



 



ARTÍCULO 79.- Causas y suspensión.



Los juzgadores y demás funcionarios recusables deberán excusarse de intervenir en el asunto respecto del cual tengan algunas de las causas por las que pueden ser recusados. Si no lo hicieren así, teniendo conocimiento de la causal, la Corte Plena lo suspenderá por un término de uno a tres meses, mediante los trámites del régimen disciplinario.



Al formular la excusa, deberán expresar concretamente el hecho o los hechos en que la fundan, y la causal que la autoriza. Por ningún motivo podrán presentar excusa por causal no prevista de modo expreso en la ley.



 




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ARTÍCULO 80.- Causas de recusación y no de excusa.



No serán motivos de excusa, aunque sean de recusación:



1) El parentesco indicado en el inciso 2) del artículo 53, cuando exista entre el funcionario y una persona que tenga interés directo como miembro de una municipalidad o institución del Estado; o que sea gerente o administrador de una sociedad mercantil que figure como parte en el litigio o que sea socio de ella con un interés que no represente un veinticinco por ciento del capital o más.



2) La agresión, las injurias o las amenazas graves hechas a la parte durante la tramitación del proceso.



3) Las causales que no puedan producir impedimento, tratándose de secretarios, prosecretarios y notificadores.



4) La causal de que habla el inciso 12) del artículo 53.



 




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ARTÍCULO 81.- Nulidad de actos.



Los actos practicados por un funcionario que, teniendo causa legal de excusa, no se hubiere excusado, no serán nulos por sólo ese motivo, salvo lo dispuesto respecto a funcionarios que administran justicia en el capítulo de impedimentos; pero sí serán nulos los que se practiquen después de presentada la excusa y durante la tramitación de ella.





 




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ARTÍCULO 82.- Audiencia.



Cuando un integrante del tribunal colegiado, juez, actuario o alcalde se excusare, formulada la excusa, se dará audiencia a la parte o partes que por la causal invocada tuvieren derecho a recusar, y si en las veinticuatro horas siguientes no apoyaren la excusa se tendrá por allanada ésta y se declarará hábil al funcionario para seguir interviniendo en el proceso.



Si la habilidad se hubiere declarado en cualquier incidente de que conozca el superior, se entenderá que aquella capacita al funcionario para conocer de todo el proceso, sin que quepa nueva excusa o recusación.



 



 




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ARTÍCULO 83.- Apoyo de la excusa.



Si la excusa fuere apoyada por quien tenga el derecho de hacerlo, se resolverá, desde luego, sobre su procedencia o legalidad, por el juez o tribunal que, en su caso, debiera resolver la recusación, el que admitirá como ciertos los hechos afirmados por el funcionario que se excusa, salvo la acción contra éste por la responsabilidad que le resulte, si se demostrare que no son ciertos los hechos o que contrajo la excusa maliciosamente.



 




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ARTÍCULO 84.- Recursos.



De la resolución en la que se decida el incidente de excusa sólo se dará recurso de apelación para ante el tribunal superior, cuando fuere dictada por un juez civil que la declare procedente. En todos los demás casos sólo será procedente la responsabilidad.



 




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Sección cuarta



 



Responsabilidad civil



 



ARTÍCULO 85.- Motivo y órgano competente.



Cuando los funcionarios que administran justicia, en el desempeño de sus funciones, infringieren las leyes, la parte perjudicada podrá exigir responsabilidad contra aquéllos, ante el superior inmediato de quien hubiere incurrido en la falta, sin que sea necesario que haya precedido proceso penal.



 




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ARTÍCULO 86.- Límite de la responsabilidad.



La responsabilidad se limita al resarcimiento de los daños y perjuicios que, con la infracción de la ley, los juzgadores hayan ocasionado a la parte que la exige.



 




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ARTÍCULO 87.- Oportunidad.



La demanda de responsabilidad civil no podrá interponerse sino hasta que quede terminado, por sentencia o auto firme, el proceso o asunto en que se suponga causado el agravio.



Dicha demanda no podrá entablarse pasado un año después del día en que hubieren quedado firmes la sentencia y el auto respectivos.



 




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ARTÍCULO 88.- Imposibilidad de presentación.



No podrá entablar el proceso de responsabilidad, el que no haya utilizado en tiempo los recursos legales que la ley le ofrezca.



 




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ARTÍCULO 89.- Confirmación.



La confirmación del superior libra de responsabilidad al juzgador que dictó la sentencia o auto que sea motivo de la demanda de responsabilidad.



 




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ARTÍCULO 90.- Requisitos de la demanda.



El autor, en el escrito de demanda de responsabilidad civil, deberá indicar:



1) La sentencia o auto por el que se cree agraviado.



2) Las actuaciones que en su concepto conduzcan a demostrar la infracción de la ley, trámite o solemnidad mandados observar por la misma ley bajo pena de nulidad; y que a su tiempo se entablaron los recursos o reclamaciones procedentes.



3) La sentencia o auto firme que haya puesto término al proceso.



4) Las demás pruebas que tenga y que no consten en la causa.



 




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ARTÍCULO 91.- Audiencia y contestación.



Presentada en tiempo y forma la demanda de responsabilidad, deberá el juez o tribunal que conozca de ella dar audiencia por ocho días al demandado. Este, en el escrito de contestación, puntualizará las pruebas en que se funde su descargo.



 




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ARTÍCULO 92.- Solicitud del expediente.



Recibido el escrito de contestación, se pedirán los autos originales al tribunal en que radiquen.



Pero si los autos fueren necesarios para la ejecución de la sentencia, no se remitirán al superior sino que se enviará, dentro de cinco días, certificación de lo conducente.



El superior, al pedir los autos, deberá indicar las piezas que deban certificarse, para el evento de que no puedan remitirse los autos originales.



 




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ARTÍCULO 93.- Señalamiento para la vista, sentencia y recursos.



Recibidos los autos o su certificación, en su caso, y evacuadas las demás pruebas, el juez o tribunal señalará el día para la vista, que no podrá ser antes de tres días después de evacuadas aquéllas. La vista se celebrará conforme con lo dispuesto en el artículo 605.



Contra la sentencia dictada por el tribunal superior en demandas de responsabilidad contra los jueces de primera instancia, no se dará más recurso que el de casación.



Contra las dictadas en demandas establecidas contra los jueces superiores, no se dará ulterior recurso.



 




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ARTÍCULO 94.- Costas.



La sentencia en la que se declare sin lugar la demanda de responsabilidad civil condenará en todas las costas al demandante y las impondrá al demandado o demandados, cuando en todo o en parte se acceda a la demanda.



 




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ARTÍCULO 95.- Comunicación al Ministerio Público.



Cuando se declare haber lugar a la responsabilidad civil, luego que esté firme la sentencia, si el tribunal hallare mérito para ello, ordenará el testimonio de piezas para el Ministerio Público, para que inste y proponga lo que estime conveniente.



 




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CAPITULO VI



 



Poderes y deberes del juzgador



 



ARTÍCULO 96.- Poderes disciplinarios del juez.



El juez tiene los poderes disciplinarios que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.





 




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ARTÍCULO 97.- Poderes de ordenación e instrucción.



El juez tendrá poderes de ordenación e instrucción para:



1) Desechar cualquier solicitud o articulación que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación manifiesta.



2) Los demás que se establecen en este Código.



 




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ARTÍCULO 98.- Deberes del juez.



Son deberes del juez:



1) Dirigir el proceso y velar por su rápida solución.



2) Asegurar a las partes igualdad de tratamiento.



3) Sancionar cualquier acto contrario a la dignidad de la justicia, la lealtad, la probidad y la buena fe, lo mismo que sancionar el fraude procesal.



4) En cuanto a las pruebas, deberá ejercer los poderes que se le confieren, a fin de verificar las afirmaciones hechas por las partes.



5) Guardar silencio sobre las resoluciones que se dicten: Este deber es extensivo a los empleados judiciales.



6) Dictar las resoluciones dentro de los plazos legales.



7) Los demás que establece la ley.



 




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ARTÍCULO 99.- Congruencias.



La sentencia se dictará dentro de los límites establecidos en la demanda. Es prohibido para el juez pronunciarse sobre cuestiones no debatidas respecto de las cuales la ley exige la iniciativa de la parte.



 




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ARTÍCULO 100.- Acto simulado o móvil prohibido.



En cualquier momento en que, por las circunstancias del caso concreto, el juez estuviere convencido de que el actor o el demandado se sirvieren del proceso para practicar un acto simulado o conseguir un móvil prohibido por la ley, dictará sentencia que impida a las partes obtener sus objetivos y, como corrección disciplinaria, les impondrá lo mismo que a los abogados, de dos a cinco días multa.



 



 



 




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CAPITULO VII



 



Subalternos y auxiliares



 



ARTÍCULO 101.- Derechos y deberes.



Los subalternos y los auxiliares tienen los derechos y deberes que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, y los que concretamente disponga este Código.



 




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TITULO II



 



Partes, defensores y pretensión



 



CAPITULO I



 



Las partes



 



Sección primera



 



Capacidad



 



ARTÍCULO 102.- Capacidad procesal.



Tienen capacidad para ser parte quienes tengan el libre ejercicio de sus derechos. De no ser así, actuarán en proceso mediante representación.



Las personas jurídicas actuarán por medio de sus representantes, de conformidad con la ley, sus estatutos o la escritura social.



 




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ARTÍCULO 103.- Comprobación de la capacidad.



Los representantes deberán demostrar su capacidad procesal en la primera gestión que realicen.



 




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Sección segunda



 



Legitimación



 



ARTÍCULO 104.- Parte legítima.



Es aquella que alega tener una determinada relación jurídica con la pretensión procesal.



 




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ARTÍCULO 105.- Sustitución procesal.



Sólo en casos expresamente previstos en la ley, podrá hacerse valer, en proceso, en nombre propio, un derecho ajeno.



 




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Sección tercera



 



Pluralidad de personas y de partes



 



ARTÍCULO 106.- Litis consorcio necesario.



Cuando por disposición de la ley o por la naturaleza de la relación jurídica material, la decisión deba hacerse en relación con varias personas, éstas deberán demandar o ser demandadas en el mismo proceso. Si la demanda o la contrademanda no comprende a todos los litisconsortes, el juez ordenará a la parte que, dentro del plazo de ocho días, amplíe su demanda o contrademanda en cuanto a los que faltan, bajo el apercibimiento de dar por terminado el proceso, en el primer supuesto, y de declarar inadmisible la contrademanda, en el segundo.



 




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ARTÍCULO 107.- Litis consorcio facultativo.



Varias personas pueden demandar, o ser demandadas en la misma demanda, cuando entre las pretensiones que se promueven exista conexión objetiva o causal.





 




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ARTÍCULO 108.- Intervención principal excluyente.



Quien pretenda para sí, en todo o en parte, la cosa o derecho sobre el que se sigue un proceso entre dos partes, podrá ejercitar su pretensión por medio de una demanda contra las dos partes del proceso pendiente.



Esta intervención se tramitará conjuntamente con el principal y en legajo separado. El proceso principal se suspenderá hasta que ambos lleguen al mismo estado.



La intervención se formulará mediante demanda que deberá reunir los requisitos establecidos en el artículo 290.



Si la demanda estuviere correctamente presentada, el juez tramitará la intervención principal conforme con las normas establecidas para el proceso ordinario o abreviado, según que la intervención ocurra en uno o en otro.



El emplazamiento se conferirá al actor y al demandado.



Sólo será admisible la intervención principal en procesos ordinarios y abreviados, y podrá realizarse hasta antes de que concluya la fase demostrativa. El pronunciamiento sobre la intervención principal se hará en la sentencia, en cuyo caso el juez deberá pronunciarse primero sobre la intervención. Los intervinientes tomarán el proceso en el estado en que se encuentre.



 




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ARTÍCULO 109.- Llamada al garante.



Cada una de las partes podrá llamar al proceso a un tercero respecto del cual pretende una garantía. Deberá demostrarse el derecho con documento, y la sentencia deberá emitir pronunciamiento sobre la garantía exigida, la cual producirá, en cuanto al garante, la autoridad y eficacia de la cosa juzgada material. La intervención del garante no confiere ningún derecho a la parte contraria sobre él, salvo la responsabilidad relativa a costas.



 




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ARTÍCULO 110.- Llamada al poseedor mediato.



Quien tuviere el bien en nombre ajeno, siendo demandado en nombre propio, deberá manifestarlo así en la contestación, a cuyo efecto dará los datos de identificación y vecindario, para que se le cite.



 




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ARTÍCULO 111.- Trámite y exclusión.



Las citaciones previstas en los dos artículos anteriores deberán solicitarse antes de que se inicie la fase probatoria del respectivo proceso. Siendo oportunas, el juez concederá al garante o al poseedor, según sea el caso, un plazo de cinco días para que intervenga en el proceso. Si uno u otro asumieren ser parte, podrá el citante solicitar que se le excluya del proceso, para lo cual se necesitará la aceptación del actor.



 




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ARTÍCULO 112.- Intervención adhesiva.



Un tercero podrá intervenir en un proceso sin alegar derecho alguno, sólo con el fin de coadyuvar a la victoria de una parte, por tener un interés jurídico en ese resultado. El interviniente tomará el proceso en el estado en que se encuentre.



 




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ARTÍCULO 113.- Sucesión procesal.



Si la parte muriere, el proceso continuará con el albacea. Disuelta una sociedad que sea parte en un proceso, éste continuará con el liquidador. En caso de fusión o transformación, lo será el nuevo representante.



La enajenación de la cosa o del derecho litigioso, a título particular, por acto entre vivos, permite al adquirente o cesionario sustituir al enajenante o cedente, siempre que la parte contraria no se oponga justificadamente dentro del plazo de cinco días.



Si el juez aceptare la oposición, el adquirente o cesionario podrá intervenir en el proceso como litisconsorte del enajenante o del cedente.



 




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CAPITULO II



 



Defensores



 



Sección primera



 



Asistencia y representación



 



ARTÍCULO 114.- Patrocinio letrado y ratificación.



Todos los escritos, para surtir efectos procesales, deberán llevar firma de abogado que autentique la del petente. Si se omitiere ese requisito, el abogado deberá autenticarlo dentro del plazo de tres días, lo que hará en el tribunal y ante el secretario, quien dejará constancia de ese hecho, y de la hora y la fecha en las que se lleve a cabo. De no hacerlo así, la gestión será denegada.



(Texto así modificado por Resolución de la Sala Constitucional Nº 3495-94 de las 14:57 horas del 12 de julio de 1994)



 




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ARTÍCULO 115.- Firma puesta a ruego.



Si la parte no sabe firmar o si pese a saber no puede hacerlo por una discapacidad, firmará a su ruego otra persona, en presencia de dos testigos de libre escogencia de la primera. La persona ciega o con deficiencias visuales que lo requiera, firmará por sí misma, en presencia de dos testigos a su libre elección.



(Así reformado por el artículo 71 de la Ley sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad No.7600 del 2 de mayo de 1996)





 




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ARTÍCULO 116.- Dirección profesional.



La firma del abogado autenticante implicará dirección del asunto judicial al que el escrito se refiere, lo cual apareja la consiguiente responsabilidad, salvo que las circunstancias revelen que la autenticación de firma es ocasional. Sin embargo, el autenticante será responsable por los términos en que esté redactado el escrito.



 




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ARTÍCULO 117.- Apoderado no abogado.



Sólo en los asientos de alcaldía que disten más de veinticinco kilómetros de la sede del juzgado, y en donde no haya por lo menos dos abogados con oficina abierta, podrá ser apoderado judicial el egresado de la carrera de Derecho, pero únicamente durante el lapso de dos años a partir del día en que hubiere aprobado el último año profesional. Vencido ese plazo, caducará el derecho que aquí se le concede. El alcalde respectivo certificará en el expediente, bajo su responsabilidad, que no existen en su territorio competencial, cuando menos, dos abogados con oficina abierta.



 




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ARTÍCULO 118.- Otorgamiento del poder.



No será necesario que el poder de quien represente a otro en proceso conste en testimonio de escritura pública, pues podrá hacerse en papel simple, con tal de que esté firmado por el otorgante, o si no supiere escribir o estuviere impedido para hacerlo, por una persona a ruego; en ambos casos debidamente autenticado por un abogado, que no sea aquél a quien se otorga el poder.



(NOTA: Ver observaciones de la ley, sobre la aclaración que hace la Corte Plena de este artículo)



 




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Sección segunda



 



Procuraduría General de la República y Patronato Nacional de la Infancia



 



ARTÍCULO 119.- (Derogado  por el artículo 219, inciso 5.a) de la Ley 8508 de 28 de abril de 2006, Código Procesal Contencioso-Administrativo).



 



 




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ARTÍCULO 120.- Funciones del Patronato Nacional de la Infancia.



En los procesos que interesen a menores, deberá tenerse como parte al representante legal del Patronato Nacional de la Infancia o de la junta provisional correspondiente. Se le tendrá como interviniente en asuntos no contenciosos.



 




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CAPITULO III



 



Pretensión



 



Sección primera



 



Pretensión procesal



 



ARTÍCULO 121.- Pretensión procesal.



 



La persona que pretenda la declaratoria de un derecho a su favor, o la declaración de certeza de una situación jurídica, podrá pedirlo mediante la demanda o la contrademanda.





 




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ARTÍCULO 122.- Demanda obligada.



Nadie podrá ser obligado a demandar, salvo en el caso de jactancia.





 




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ARTÍCULO 123.- Pluralidad de pretensiones.



En una demanda o contrademanda podrán proponerse varias pretensiones, siempre que haya conexión entre ellas, que no se excluyan entre sí, que el procedimiento sea común, y que el juez sea competente para conocer de todas. Si fueren excluyentes, podrán acumularse como principales y subsidiarias. También podrán acumularse cuando el único elemento común sea la causa.



 




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ARTÍCULO 124.- Desacumulación de pretensiones.



Cuando las pretensiones no fueren susceptibles de ser acumuladas en la demanda o contrademanda, el juez ordenará a la parte que, dentro del plazo de ocho días escoja la de su interés; en su defecto, el juez ordenará tramitar la que corresponda de acuerdo con las circunstancias.



 



 




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Sección segunda



 



Acumulación de procesos



 



ARTÍCULO 125.- Requisitos.



 



Son acumulables los procesos:



1) Cuando en las pretensiones haya identidad de elementos.



2) Cuando exista conexión.



Es necesario, además, que la competencia y la tramitación sean comunes.



 




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ARTÍCULO 126.- Prohibición.



Es improcedente la acumulación de procesos ejecutivos con renuncia de trámites, cuando sólo se persigan los bienes hipotecados o pignorados.



 




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ARTÍCULO 127.- Procedencia.



La acumulación de procesos sólo es procedente en primera instancia y antes de que queden listos para dictar sentencia.



En procesos ordinarios y abreviados, la acumulación sólo se decretará después de haberse resuelto las excepciones previas o transcurrido el plazo para proponerlas.



Podrá decretarse aun de oficio.



 




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ARTÍCULO 128.- Competencia.



Cuando los procesos se tramiten ante jueces o tribunales distintos, conocerá de la acumulación aquél ante el cual se tramite el proceso más antiguo; esta antigüedad se determinará por la fecha de la resolución que cursa la demanda. Si los procesos penden ante jueces de diversa jerarquía, conocerá de la acumulación el de mayor jerarquía. Es el juez del proceso más antiguo o, en su caso, el de mayor jerarquía, el competente para conocer de los procesos acumulados.



 




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ARTÍCULO 129.- Requisitos de la petición.



En el escrito se deberá indicar:



1) El juzgado o alcaldía donde se siguen los autos que deben acumularse.



2) Las personas que en ellos sean parte.



3) La pretensión que en cada uno de ellos se ejercite.



4) Los fundamentos legales en que se apoye la acumulación.



 




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ARTÍCULO 130.- Trámite y efectos.



Si los procesos penden ante el mismo juez, éste resolverá de plano, incluso de oficio. Si lo fueren ante jueces distintos, la petición se hará en legajo separado y el petente presentará certificación en la que conste la existencia del otro proceso, el texto de la demanda, la fecha del auto que le dio curso y el estado en que se encuentra, sin perjuicio de que el juez pida el envío del expediente para hacer constar lo que fuere necesario. Si el juez dispusiere que no es él el competente para conocer del incidente, enviará el legajo al juez que corresponda.



De lo resuelto cabrá apelación que resolverá el superior al que le correspondiere resolver el conflicto de competencia.



Si no mediare apelación y el otro juez se opusiere o manifestare que la acumulación procede ante él, resolverá el mencionado superior.



Los procesos acumulados se tramitarán conjuntamente y se decidirán en la misma sentencia, en cuyo caso se suspenderá el más adelantado, hasta que ambos estén en el mismo estado.



 




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ARTÍCULO 131.- Suspensión de los procesos.



Desde que se solicite la acumulación, quedarán en suspenso los procesos afectados, para lo cual el juez ante el que se hubiere hecho la solicitud oficiará al otro u otros con ese fin. No obstante, serán practicadas actuaciones de carácter urgente.



 




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TITULO III



 



Actos procesales



 



CAPITULO I



 



Forma de los actos procesales



 



Sección primera



 



Actos en general



 



ARTÍCULO 132.- Formas.



Los actos procesales no estarán sujetos a formas determinadas, sino cuando la ley expresamente lo exija.



 




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ARTÍCULO 133.- Idioma.



En todos los actos procesales será obligatorio el uso del idioma español.



Tratándose de documentos redactados en otro idioma, deberá acompañarse su traducción. Si se tratare de declarantes que no hablen español, así como de sordomudos, la declaración se tomará con el auxilio de un intérprete.



 




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ARTÍCULO 134.- Actas y resoluciones.



Las actas y resoluciones se iniciarán indicando el lugar, la hora y la fecha; en las resoluciones se antepondrá el nombre del tribunal, y en las sentencias el número de éstas. Bajo la firma deberá ponerse necesariamente el nombre del funcionario.



 



 




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Sección segunda



 



Actos de parte



 



ARTÍCULO 135.- Efectos.



Los actos procesales de las partes producirán inmediatamente la constitución, modificación o extinción de derechos y deberes procesales.



Sin embargo, el desistimiento de la demanda sólo producirá efecto después de que sea aprobado por resolución del juez.



 




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ARTÍCULO 136.- Copias.



De los escritos y documentos que se presenten en un expediente de jurisdicción contenciosa se acompañarán tantas copias como personas litigantes haya. Estas copias las suscribirá la parte o su abogado director. Las copias de planos se reducirán al tamaño del papel de oficio.



De los documentos se presentará una copia más, para que figure en el expediente. Se considerarán como una sola persona litigante los que litiguen unidos y bajo una misma representación. Si no se presentaran las copias en las formas establecidas, el juez dictará la resolución respectiva y ordenará que se presenten dentro de tercero día, bajo el apercibimiento de no oír sus posteriores gestiones en su omisión. El presentante será el responsable de su exactitud. Igual prevención se hará cuando se presenten copias incompletas, sucias, con borrones, ilegibles o extendidas en retazos de papel.



No habrá necesidad de acompañar copias de libros o folletos, pero éstos deberán estar a disposición de los litigantes.



Las fotocopias certificadas en los términos del párrafo segundo del artículo 732 del Código Civil, se presentarán con las copias previstas en este artículo.



 



 




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ARTÍCULO 137.- DEROGADO.



(Derogado por el artículo 20, inciso a), de la Ley de Notificaciones No.7637 de 21 de octubre de 1996)





 




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Sección tercera



 



Actos del juez



 



ARTÍCULO 138.- Días y horas inhábiles y habilitación.



Son nulas las actuaciones judiciales practicadas en días u horas inhábiles, salvo los casos que la ley expresamente establezca. Son inhábiles los domingos, los días feriados, los días de vacaciones, los días que en forma legal sean declarados de asueto para las oficinas judiciales, así como las horas comprendidas entre las dieciocho horas y las seis horas del día siguiente.



Sin embargo, para evitar perjuicios, los jueces podrán actuar en día u hora inhábil, previa habilitación que se decretará sólo a solicitud de parte. Contra lo resuelto no habrá recurso alguno.



 




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ARTÍCULO 139.- Numeración de las horas, prohibiciones y sello.



Las horas del día en que se dicten las resoluciones judiciales, así como las de cualesquiera otras diligencias o actuaciones, se expresarán con sus correspondientes números del uno al veinticuatro.



En las actas y resoluciones no se emplearán abreviaturas; las fechas y las cantidades se escribirán en letras; no se rasparán las frases o palabras equivocadas, sobre las que se pondrá una línea delgada que permita su lectura, y al final, por nota, con precisión, se salvará el error cometido.



Tampoco se pondrán entrerrenglonaduras ni se harán enmiendas; todo error, omisión o cambio, deberá ser salvado por nota que se pondrá al final del acta o de la resolución.



Es prohibido a los funcionarios que administran justicia, conferir audiencias o citar partes para resolver cuando esos trámites no estén ordenados por la ley. En general, deben ajustarse a los procedimientos establecidos en este Código o en las leyes pertinentes.



Los sellos que deben usar las oficinas judiciales sólo serán autorizados por la Dirección Administrativa del Poder Judicial, la cual suministrará el modelo general. El secretario deberá mantener debidamente guardado el sello, y será responsable del mal uso que se haga de él.



 



 




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ARTÍCULO 140.- .- Derecho para ver expedientes, escritos y documentos.



(Derogados los párrafos 1º y 2º originales por el artículo 25 de la Ley de Reorganización Judicial, ley  7728 de 15 de diciembre de 1997)



 Los documentos originales quedarán en la caja de la respectiva oficina y serán mostrados a la parte contraria si ésta los pidiere.



Sin embargo, podrán agregarse a los autos las certificaciones de piezas fácilmente reponibles.



(Texto así modificado por Resolución de la Sala Constitucional Nº 2305-93 de las 15:24 horas del 1 de junio de 1993)



(Nota de Sinalevi: Mediante el artículo 18 de la Ley de Notificaciones, Citaciones y Otras Comunicaciones Judiciales, ley No.7637 de 21 de octubre de 1996, se autoriza la revisión y fotocopia del expediente a abogados, estudiantes y egresados de Derecho, debidamente identificados, y asistentes de los abogados acreditados en autos) 




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ARTÍCULO 141.- Custodia de expedientes.



Los expedientes saldrán de la custodia del órgano jurisdiccional sólo en los casos expresamente permitidos por la ley.





 




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ARTÍCULO 142.- Reposición de expedientes.



Los expedientes que se perdieren o extraviaren serán repuestos a costa del culpable, el cual pagará, además, daños y perjuicios. Al efecto, el juez dictará resolución en la que ordenará a las partes presentar copias de los escritos anteriormente presentados, copias de las actuaciones de prueba y las cédulas de notificación que se hubieren entregado, a fin de que el secretario certifique unas y otras. Antes de dictar sentencia, el juez, de oficio, ordenará las pruebas que considere necesarias para decidir con arreglo a derecho.



 




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CAPITULO II



 



Plazos



 



ARTÍCULO 143.- Improrrogabilidad.



Los plazos establecidos en este Código para que las partes y los auxiliares de la justicia lleven a cabo actos procesales son improrrogables, salvo disposición en contrario. Para obtener una prórroga es necesario solicitarla antes de que venza el plazo principal, y alegar justa causa. La resolución del juez, concediéndola o denegándola, no tendrá ningún recurso. Es prohibido a las partes, aunque estuvieren de acuerdo, reducir o prorrogar un plazo perentorio.



 




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ARTÍCULO 144. Plazos judiciales.



Cuando este Código fuere omiso en cuanto a la duración de un plazo, éste será establecido por el juez tomando en cuenta la naturaleza del proceso y la importancia del acto. En igual forma procederá cuando el plazo deba establecerse entre un máximo y un mínimo.



 




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ARTÍCULO 145.- Punto de partida.



Salvo que este Código determine otro punto de partida, los plazos  comenzarán a correr a partir del día inmediato siguiente a aquél en el que hubiere quedado notificada la resolución respectiva a todas las partes.



 




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ARTÍCULO 146.- Plazos por horas, días, meses y años.



Cuando este Código fije un plazo de veinticuatro horas, se entiende reducido a las que fueren de despacho el día en que comienza a correr.



Los plazos por días se entiende que han de ser hábiles.



Los plazos por años o meses se contarán según el calendario, o sea, de fecha a fecha. Cuando el ordinal del día de partida no exista en el mes de vencimiento, el plazo concluirá el último día de éste.



 




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ARTÍCULO 147.- Día final de un plazo.



Si el día final de un plazo fuere inhábil, se tendrá por prorrogado hasta el día hábil siguiente. La misma regla se aplicará cuando se declare de asueto parte de ese día final.



En todo plazo, el día de vencimiento se tendrá por concluido en el instante en que, según la ley, deba cerrarse el despacho ordinario del órgano jurisdiccional en donde haya de hacerse la gestión o practicarse la diligencia, pero serán admisibles y válidas las gestiones presentadas y las diligencias iniciadas en la hora exacta en que se cierran las oficinas judiciales.



 



 




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ARTÍCULO 148.- Hora judicial.



Cuando se señale una hora precisa para practicar diligencias o actuación judicial, se entenderá que estas pueden comenzar válidamente hasta quince minutos después de la hora fijada, según el reloj del despacho. Podrán practicarse aún más tarde si existiere conformidad expresa de todas las partes del proceso o asunto a entera discreción del despacho, siempre que no se ocasionen trastornos en la oficina judicial.



El lapso de quince minutos de atraso, permitido para iniciar cualquier diligencia o actuación judicial, se concederá solo por vía de excepción.



La demora siempre deberá quedar justificada por el funcionario judicial respectivo, bajo su entera responsabilidad.



(Así reformado por el artículo único, inciso a), de la ley No.7725 de 9 de diciembre de 1997)





 




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ARTÍCULO 149.- Rechazo de plano.



El juez rechazará de plano toda gestión que se haga cuando ya hubiere vencido el plazo señalado por él o por la ley, salvo que ésta disponga lo contrario o que exija acusar rebeldía.



 




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ARTÍCULO 150.- Renuncia, ampliación o restricción.



Los plazos son renunciables. Podrán también ampliarse o restringirse, pero sólo con consentimiento de las partes. Se exceptúan de esta regla los plazos perentorios.



 




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ARTÍCULO 151.- Plazos para dictar las resoluciones.



Salvo lo que se diga expresamente para casos especiales, las resoluciones se dictarán dentro de los siguientes plazos: las providencias dentro de tres días; los autos dentro de cinco días, que podrán extenderse a ocho y nunca a más, en casos de excepcional complicación; las sentencias en procesos abreviados y en procesos sumarios dentro de quince días, y las sentencias de ordinarios dentro de un mes. Las sentencias en segunda instancia y en casación se dictarán dentro de un mes y medio. Todos estos plazos se contarán desde que se hubiere agotado la tramitación correspondiente.



 




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CAPITULO III



 



Audiencias, comparecencias y juntas



 



ARTÍCULO 152.- Actas.



Las audiencias, comparecencias y juntas deberán ser presididas por el juez y autorizadas en el acta por el juez y el secretario, el mismo día de su práctica, o dentro de tercero día, cuando se empleen versiones taquigráficas o de grabación. Si lo ocurrido en la diligencia se narrara taquigráficamente, deberá dejarse, además, en el expediente, la relación taquigráfica firmada por el juez y por el taquígrafo. También el taquígrafo firmará el acta. Si se tratara de grabación, el acta la firmará, además, el empleado que manejó los aparatos. Deberá conservarse la grabación por tres días, plazo dentro del cual las partes podrán pedir su confrontación.



Igualmente, podrá utilizarse cualquier otro medio científico, conforme con la reglamentación que haga la Corte Plena.



 




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CAPITULO IV



 



Resoluciones



 



Sección primera



 



Providencias, autos y sentencias



 



ARTÍCULO 153.- Requisitos y denominación.



Las resoluciones de los tribunales deben ser claras, precisas y congruentes; deberán expresar el tribunal que las dicta, el lugar, la hora, el día, el mes y el año en el que se dicten, y se denominarán:



1) Providencias, cuando sean de mero trámite.



2) Autos, cuando contengan un juicio valorativo o criterio del juez.



3) Sentencias, cuando decidan definitivamente las cuestiones debatidas mediante pronunciamiento sobre la pretensión formulada en la demanda.



4) Autos con carácter de sentencia, cuando decidan sobre excepciones o pretensiones incidentales que pongan término al proceso.



 




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ARTÍCULO 154.- Firma de las resoluciones.



Las providencias las firmarán el juez, el actuario o el alcalde, y el secretario; en los tribunales colegiados, el respectivo presidente y secretario. Los autos y las sentencias las firmarán el juez, el actuario o el alcalde, y el secretario, y en los tribunales colegiados todos los integrantes y el secretario. Tratándose de juzgados o alcaldías, en defecto del secretario o del prosecretario, firmarán dos testigos.



Todas las resoluciones de los tribunales superiores se consignarán en el expediente creado ante ellos, excepto las que se dictaren en virtud de apelación, que lo será en los autos originales que se hubieren recibido del inferior. El secretario del respectivo tribunal deberá formar un libro con las copias de estas resoluciones, que tengan el carácter de sentencias, por orden cronológico.



Todo el que hubiere votado una resolución firmará lo acordado, aunque hubiere disentido de la mayoría; en este caso salvará el voto, que extenderá, fundará e insertará con su firma al pie.



Cuando un integrante de un tribunal colegiado que votare se imposibilitare para firmar, se consignará así en la resolución.



 




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ARTÍCULO 155.- Requisitos de las sentencias. Las sentencias deberán resolver todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto del debate, con la debida separación del pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos, cuando hubiere varios. No podrán comprender otras cuestiones que las demandadas, ni conceder más de lo que se hubiere pedido. Se formularán con los siguientes requisitos:



1) Los nombres y calidades de las partes y sus apoderados, y el carácter con que litiguen.



2) En párrafos separados y debidamente numerados que comenzarán con la palabra "resultando", se consignará con claridad un resumen de las pretensiones y de la respuesta del demandado.



En el último "resultando" se expresará si se han observado las prescripciones legales en la substanciación del proceso, con indicación, en su caso, de los defectos u omisiones que se hubieren cometido, y si la sentencia se dicta dentro del plazo legal.



Las sentencias de segunda instancia deberán contener un extracto lacónico y preciso de las sentencias anteriores.



3) También en párrafos separados y debidamente numerados que comenzarán con la palabra "considerando", se hará:



a) Un análisis de los defectos u omisiones procesales que merezcan corrección, con expresión de la doctrina y los fundamentos legales correspondientes.



b) Un análisis sobre incidentes relativos a documentos cuya resolución deba hacerse en el fallo.



c) Un análisis sobre la confesión en rebeldía, cuando la parte no compareció a rendirla dentro del proceso.



ch) Una declaración concreta de los hechos que el tribunal tiene por probados, con cita de los elementos de prueba que los demuestren y de los folios respectivos del expediente.



d) Cuando los hubiere, una indicación de los hechos alegados por las partes, de influencia en la decisión del proceso, que el tribunal considere no probados, con expresión de las razones que tenga para estimarlos faltos de prueba.



e) Un análisis de las cuestiones de fondo fijadas por las partes, de las excepciones opuestas y de lo relativo a costas, con las razones y citas de doctrina y leyes que se consideran aplicables.



4) La parte dispositiva, que comenzará con las palabras "por tanto", en la que se pronunciará el fallo, en lo que fuere posible, en el siguiente orden:



a) Correcciones de defectos u omisiones de procedimiento.



b) Incidentes relativos a documentos.



c) Confesión en rebeldía.



ch) Excepciones.



d) Demanda y contrademanda, y en caso de que se acceda a todas o a algunas de las pretensiones de las partes, se hará indicación expresa de lo que se declare procedente.



e) Costas.



Queda prohibido declarar procedentes uno o varios extremos, refiriéndolos únicamente a lo dicho en alguno o algunos de los considerandos, y en las de segunda instancia resolver tan solo con remisión a las consideraciones de las de primera instancia, pues el superior debe dar también las razones correspondientes.



 




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ARTÍCULO 156.- Frutos, intereses, daños o perjuicios.



Cuando la sentencia contuviere condena al pago de frutos, intereses, daños o perjuicios, se fijará su importe si hubiere datos suficientes; de lo contrario, si constare la existencia de esos extremos pero no su cuantía o extensión, se establecerá la condena en abstracto, a reserva de fijar su importe al ejecutar la sentencia, señalando, si fuere posible, las bases con arreglo a las cuales deba hacerse la liquidación.



 




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ARTÍCULO 157.- Ejecutoria.



Las ejecutorias serán expedidas por la respectiva autoridad judicial de primera instancia o por el presidente del tribunal colegiado que hubiere conocido del asunto en primera o en única instancia, y contendrán la sentencia firme y demás piezas del proceso que la parte solicite.



Toda ejecutoria será extendida dentro del plazo de los cinco días posteriores a aquél en que el interesado haya presentado las especies fiscales correspondientes, y el funcionario que la expida deberá hacer constar que hizo la confrontación.



Ni el funcionario que extienda la ejecutoria ni el empleado que ejecute el trabajo, tendrán derecho a cobrar honorarios, ni aun alegando labor extraordinaria. Quien viole esta prohibición estará sujeto a la sanción correspondiente.



También podrá extenderse la ejecutoria mediante fotocopias, llenadas las formalidades anteriores. El funcionario que la autorice hará constar al pie que es copia fiel del original, e indicará el lugar y la fecha en los que la expide, lo mismo que el número de sus folios, a los cuales pondrá su firma y el sello de la oficina; además, cancelará las especies fiscales de ley.



Cuando en la ejecutoria extendida por fotocopia se inserten piezas distintas del fallo y del auto que ordene expedirla, en la constancia final deberán identificarse esas piezas en forma precisa.



Si se tratare de ejecutoria sujeta a inscripción en el Registro Nacional, la autoridad judicial que la expida deberá cumplir con los requisitos establecidos por el reglamento respectivo.



 




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Sección segunda



 



Rectificación de resolución



 



ARTÍCULO 158.- Aclaración y adición.



Los jueces y los tribunales no podrán variar ni modificar sus sentencias, pero sí aclarar cualquier concepto oscuro o suplir cualquier omisión que contengan sobre punto discutido en el litigio. La aclaración o adición de la sentencia sólo proceden respecto de la parte dispositiva.



Estas aclaraciones o adiciones podrán hacerse de oficio antes de que se notifique la resolución correspondiente, o a instancia de parte presentada dentro del plazo de tres días. En este último caso, el juez o el tribunal, dentro de las veinticuatro horas siguientes, resolverá lo que proceda.



 




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ARTÍCULO 159.- Autos.



Tratándose de autos, los tribunales deben resolver todos los pedimentos contenidos en los escritos de las partes. En caso de que un funcionario omitiera proveer acerca de un pedimento concreto, la parte o su abogado podrá pedir verbalmente al mismo funcionario que, de oficio, subsane la omisión.



 




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ARTÍCULO 160.- Plazo para recurrir.



En los casos que se pida que se aclare o adicione una sentencia, el plazo para interponer el recurso que proceda contra ella se contará a partir del día inmediato siguiente al de la notificación de la resolución complementaria, en la que se haga o deniegue la aclaración o adición.



La misma regla en cuanto al plazo para recurrir, se aplicará cuando la sentencia se aclare o adicione de oficio.



 




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ARTÍCULO 161.- Corrección de errores. Los tribunales podrán corregir, en cualquier tiempo, los errores puramente materiales que contuvieren sus resoluciones, mediante auto que dictarán de oficio o a solicitud de parte, y que será declarado firme.



Cuando en un tribunal inferior se notare un error puramente material de un tribunal superior, aquél remitirá a éste el expediente, para que resuelva lo que corresponda.



 




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Sección tercera



 



Efectos procesales de la sentencia



 



ARTÍCULO 162.- Cosa juzgada material.



Las sentencias firmes dictadas en procesos ordinarios o abreviados, producen la autoridad y la eficacia de la cosa juzgada material. También producirán aquellas resoluciones a las cuales la ley les confiera expresamente ese efecto.



Los efectos de la cosa juzgada material se limitan a lo resolutivo de la sentencia y no a sus fundamentos, lo cual hace indiscutible, en otro proceso, la existencia o la no existencia de la relación jurídica que ella declara.



No producirá cosa juzgada el pronunciamiento sobre alimentos, patria potestad, guarda, crianza y educación de los hijos menores.



 




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ARTÍCULO 163.- Requisitos.



Para que la sentencia firme produzca cosa juzgada material en relación con otro proceso, será necesario que en ambos casos sean iguales las partes, el objeto y la causa.





 




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ARTÍCULO 164.- Sentencias penales.



Las sentencias firmes de los tribunales penales producen cosa juzgada material para o contra toda persona, indistintamente y de una manera absoluta, cuando decidan:



1) Si la persona a quien se le imputan hechos que constituyen una infracción penal, es o no el autor de ellos.



2) Si esos hechos le son imputables desde el punto de vista de la ley penal.



3) Si ellos presentan los caracteres requeridos para la aplicación de tal o cual disposición de aquella ley.



Los demás pronunciamientos de una sentencia dada por un tribunal penal, que no se encuentren comprendidos en uno de los tres incisos anteriores, no producirán cosa juzgada material, ante un tribunal civil, a menos que en el proceso penal hubiera intervenido el damnificado.



 




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ARTÍCULO 165.-Cosa juzgada formal. Las sentencias dictadas en otra clase de proceso podrán ser discutidas en el procedimiento ordinario.



(Así reformado por el artículo 37 aparte g) de la Ley de Cobro Judicial, ley 8624 del 1° de noviembre de 2007) 




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Sección cuarta



 



Discusión, votación y discordias en los tribunales colegiados



 



ARTÍCULO 166.- Discusión.



Al empezar el plazo para resolver, el presidente indicará, mediante constancia que pondrá en el expediente, el plazo dentro del cual ha de dictarse el fallo, que no podrá exceder de mes y medio, y el tiempo que cada integrante puede tener en estudio el expediente.



El magistrado o juez superior dejará constancia en el expediente de la fecha en que lo recibe para estudio, y de la fecha en que queda dispuesto para la discusión y votación.



Discutido el asunto, se procederá a la votación.



La deliberación y votación serán secretas.



 




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ARTÍCULO 167.- Votación.



El presidente señalará dos días de la semana, por lo menos, en que ha de procederse a votación, pero en casos urgentes o por motivos especiales, podrá votarse en cualquier día hábil.



La votación se hará en el día y a la hora que señale verbalmente el presidente, dentro del plazo de ley para resolver, y la recibirá el secretario. Votado el asunto, la resolución será redactada, por turno riguroso, por el integrante a quien corresponda, salvo que éste o aquél quedare en minoría en la votación, en cuyo caso redactará uno de los votantes de mayoría. Deberá indicarse en la resolución el nombre del juez que redactó. El plazo para la redacción no deberá exceder de quince días.



Si hubiere demora en la resolución o en la redacción imputable, ya fuere al tribunal o a uno de sus integrantes, deberá ponerse en conocimiento de la Inspección Judicial y de la Corte Plena, para la aplicación del régimen disciplinario.



 




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ARTÍCULO 168.- Enfermedad e inhabilitación.



Cuando se enfermare o inhabilitare alguno o algunos de los integrantes y no hubiere probabilidad de que el impedido o impedidos pudieren concurrir dentro de los ocho días siguientes, se completará el personal por sorteo de integrantes suplentes, o por cualquier otra forma prevista por la ley, y luego se procederá a estudiar y resolver el caso.



 




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ARTÍCULO 169.- Interrupción de la votación.



Empezada la votación de una resolución, no podrá interrumpirse sino por un motivo insuperable.



 




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ARTÍCULO 170.- Voto conforme de toda conformidad.



Para que haya resolución es necesario el voto conforme de toda conformidad de la mayoría absoluta de todos los miembros del tribunal.



 



 




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ARTÍCULO 171.- Discordia.



Cuando en la votación de una resolución no resultare mayoría de votos conformes de toda conformidad sobre todos y cada uno de los pronunciamientos de hecho o de derecho, o sobre la decisión que haya de dictarse, el secretario dejará constancia de ello en el expediente, sin especificar los puntos de divergencia. En este caso se completará el tribunal con dos integrantes suplentes.



El nuevo tribunal, así integrado, tendrá amplia competencia para pronunciarse sobre todas y cada una de las cuestiones objeto del recurso, y la decisión se tomará por mayoría de votos.



A efecto de que exista esa mayoría en todo caso, cuando la resolución tenga varios extremos que dependan unos de otros, el haber votado negativamente en los primeros, sobre los cuales haya habido votación, no será motivo que autorice al integrante que así hubiere votado para dejar de concurrir con su opinión y voto a la resolución de los demás; y cuando su voto fuere único, deberá adherirse forzosamente a cualquiera de los otros votos, a fin de formar la mayoría, sin que esta forzada adhesión pueda acarrearle responsabilidad civil ni penal.



 



 




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ARTÍCULO 172.- Nombres de los suplentes.



Los nombres de los integrantes suplentes que deban intervenir en la votación se pondrán en conocimiento de los litigantes, oportunamente, para que puedan ejercer su derecho de recusación.



 




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CAPITULO V



 



Notificaciones



 



ARTÍCULO 173.- (Derogado por el artículo 62 aparte a) de la Ley de Notificaciones Judiciales, N° 8687 del 4 de diciembre de 2008)



 



 



 




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ARTÍCULO 174.- DEROGADO.



(Derogado por el artículo 20, inciso a), de la Ley de Notificaciones No.7637 de 21 de octubre de 1996)



 




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ARTÍCULO 174 bis.- (Derogado por el artículo 62 aparte a) de la Ley de Notificaciones Judiciales, N° 8687 del 4 de diciembre de 2008)



 



(Así adicionado por el artículo 1º de la ley Nº 7481 de 21 de marzo de 1995)



 



 



 



 




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ARTÍCULO 175.- DEROGADO.



(Derogado por el artículo 20, inciso a), de la Ley de Notificaciones No.7637 de 21 de octubre de 1996)



 



 



 




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ARTÍCULO 176.- DEROGADO.



(Derogado por el artículo 20, inciso a), de la Ley de Notificaciones No.7637 de 21 de octubre de 1996)



 




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ARTÍCULO 177.- DEROGADO.



(Derogado por el artículo 20, inciso a), de la Ley de Notificaciones No.7637 de 21 de octubre de 1996)



 




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ARTÍCULO 178.- DEROGADO.



(Derogado por el artículo 20, inciso a), de la Ley de Notificaciones No.7637 de 21 de octubre de 1996)



 




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ARTÍCULO 179.- (Derogado por el artículo 62 aparte a) de la Ley de Notificaciones Judiciales, N° 8687 del 4 de diciembre de 2008)



 



 



 



 



 




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ARTÍCULO 180.- (Derogado por el artículo 62 aparte a) de la Ley de Notificaciones Judiciales, N° 8687 del 4 de diciembre de 2008)




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ARTÍCULO 181.- (Derogado por el artículo 62 aparte a) de la Ley de Notificaciones Judiciales, N° 8687 del 4 de diciembre de 2008)



 




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ARTÍCULO 182.- DEROGADO.



(Derogado por el artículo 20, inciso a), de la Ley de Notificaciones No.7637 de 21 de octubre de 1996)



 




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ARTÍCULO 183.- DEROGADO.



(Derogado por el artículo 20, inciso a), de la Ley de Notificaciones No.7637 de 21 de octubre de 1996)





 




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ARTÍCULO 184.- DEROGADO.



(Derogado por el artículo 20, inciso a), de la Ley de Notificaciones No.7637 de 21 de octubre de 1996




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ARTÍCULO 185.- (Derogado por el artículo 62 aparte a) de la Ley de Notificaciones Judiciales, N° 8687 del 4 de diciembre de 2008)  



 



 




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CAPITULO VI



 



Suplicatorios, exhortos y mandamientos



 



ARTÍCULO 186.- Comisión para diligencias.



Cuando una diligencia judicial hubiere de ejecutarse fuera del lugar del proceso, o por un juez o tribunal distinto del que la hubiere ordenado, éste encargará su cumplimiento al que corresponda, por medio de suplicatorio, exhorto o mandamiento, según la categoría del juez a quien se dirija.



Para ordenar el libramiento de certificaciones o testimonios y la práctica de cualquier diligencia judicial cuya ejecución corresponda a registradores, notarios, auxiliares o subalternos del órgano jurisdiccional, se empleará la forma de mandamiento.



 




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ARTÍCULO 187.- Comunicación con los otros Poderes y con autoridades del exterior.



Los órganos jurisdiccionales podrán dirigirse directamente para la práctica de alguna diligencia a cualquier funcionario administrativo, de cualquier categoría, que ejerza sus funciones en el territorio de la República. Sin embargo, cuando se dirijan a cualquiera de los Poderes del Estado, deberán hacerlo por medio de los respectivos ministros o secretarios, por medio de la Secretaría de la Corte; si tuvieren que comunicarse con autoridades del exterior, costarricenses o extranjeras, lo harán por conducto de la Secretaría de la Corte y del Ministerio de Relaciones Exteriores.



 




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ARTÍCULO 188.- Razón de envío.



El secretario pondrá en el expediente una constancia firmada por él, de la fecha en la que se envía la comisión, del nombre del funcionario al que se dirigió, del medio de conducción, que podrá ser el mismo interesado, y del número de folios y anexos acompañados.



 




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ARTÍCULO 189.- Deberes del comisionado.



El secretario del órgano comisionado pondrá la hora y la fecha de recibo. El juez ordenará el cumplimiento de la comisión y la cumplimentará, todo dentro de tercero día, a partir de su recibo, salvo que sea necesario hacer un señalamiento. Una vez cumplido el encargo, devolverá la comisión.



 



 




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ARTÍCULO 190.- Imposibilidad de practicar lo ordenado.



Cuando el órgano comisionado no pudiere practicar por sí mismo, en todo o en parte, las diligencias que se le encarguen, podrá delegarlas en un juez inferior que le esté subordinado, al que le remitirá el exhorto original, o un despacho con las inserciones necesarias, si aquél las necesitare para practicar algunas diligencias que fuere preciso cumplir al mismo tiempo. También, el comisionado podrá acordar que se dirija la comunicación a otro juez cuando no pueda darle cumplimiento, por hallarse en otro territorio competencial la persona con quien haya de entenderse la diligencia judicial. De ello avisará al exhortante.



 




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ARTÍCULO 191.- Notificación a la partes.



No se notificarán a las partes las diligencias que se dicten para el cumplimiento de un exhorto, sino en los casos siguientes:



1) Cuando para ese objeto hayan señalado casa u oficina en el lugar donde deba cumplirse la comisión.



2) Cuando se prevenga en el mismo exhorto que se practique alguna diligencia con citación, intervención o concurrencia de alguna de las partes.



3) Cuando sea necesario requerir a las partes para que suministren algunos datos o noticias que puedan facilitar el cumplimiento de la comisión.



 




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ARTÍCULO 192.- Demora en el cumplimiento.



Cuando se demore el cumplimiento de una comisión, se recordará, por medio de nota, que puede dirigirse aun de oficio.



Si a pesar del recordatorio continuare la demora, el exhortante lo pondrá en conocimiento del superior inmediato del exhortado, quien, previa la averiguación que estime del caso, apremiará al moroso con corrección disciplinaria, sin perjuicio de la mayor responsabilidad en que pueda incurrir.



Del mismo recurso de corrección se valdrá el que haya expedido un despacho para obligar a su inferior moroso a que lo devuelva cumplimentado.



 




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ARTÍCULO 193.- Facultades de los secretarios.



Los secretarios de los tribunales podrán librar suplicatorios, exhortos y mandamientos, salvo que el despacho hubiere de dirigirse a miembros de los otros Poderes del Estado, o a autoridades del exterior, costarricenses o extranjeras, o a embajadas, o consulados acreditados en la República.



También podrán expedir comunicaciones y mandamientos de embargo.



 



 




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CAPITULO VII



 



Actividad procesal defectuosa y rectificación de vicio



 



ARTÍCULO 194.- Forma bajo pena de nulidad.



Cuando la ley prescribiere determinada forma bajo pena de nulidad, la declaración de ésta no podrá ser requerida sino por la parte perjudicada. No obstante, esta nulidad es declarable aun de oficio, cuando se hubiere producido indefensión o se hubieren violado normas fundamentales que garanticen el curso normal del procedimiento.



 




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ARTÍCULO 195.- Forma sin pena de nulidad.



Cuando la ley prescribiere determinada forma sin pena de nulidad, el juez considerará válido el acto si realizado de otro modo alcanzó su finalidad.



 




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ARTÍCULO 196.- Oportunidad para alegarla.



La nulidad de los actos procesales no podrá reclamarla la parte que haya gestionado después de causada. Deberá solicitarse dentro del plazo de los ocho días después de producida, si el motivo de la nulidad constare en el expediente o fuere de conocimiento de la parte.



 




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ARTÍCULO 197.- Nulidades absolutas.



Cuando se trate de nulidades absolutas por existir un vicio esencial para la ritualidad o marcha del procedimiento, el juez ordenará, aun de oficio, que se practiquen las diligencias necesarias para que aquél siga su curso normal. La nulidad sólo se decretará cuando sea absolutamente indispensable su pronunciamiento para evitar indefensión o para orientar el curso normal del procedimiento. Tampoco deberá prosperar si es posible reponer el trámite o corregir la actuación, sin perjuicio de los demás actos procesales.



 



 




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ARTÍCULO 198.- Nulidad de actos posteriores.



Anulado un acto procesal, serán nulos también todos los posteriores que de aquél dependan. Al hacer la declaratoria, el juez dirá a cuáles alcanzará la nulidad, y ordenará las diligencias necesarias a fin de que sean repetidos o rectificados.



 




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ARTÍCULO 199.- Procedimiento.



La nulidad se reclamará en vía incidental.



La de resoluciones deberá alegarse al interponerse el recurso que quepa contra ellas.



Cuando la nulidad se refiera únicamente a actuaciones y resoluciones de un tribunal superior, o comprenda las de éste y de tribunales inferiores, para su trámite y resolución será competente el mencionado tribunal superior.



 




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ARTÍCULO 200.- Recursos.



Las resoluciones en las que se declare con lugar la nulidad serán apelables en un solo efecto, salvo que se decrete en ellas la nulidad de todos los actos del proceso, en cuyo caso la apelación se admitirá en ambos efectos. Aquellas en las que se deniegue o se rechace de plano la nulidad, pero al mismo tiempo se ordene reponer un trámite o corregir una actuación, no tendrán más recurso que el de revocatoria, salvo que la nulidad invocada fuere de carácter absoluto, en cuyo caso sí tendrá apelación, que será admitida en ambos efectos.



Sin embargo, el superior, al conocer del asunto para pronunciarse en cuanto al fallo, podrá ordenar que se reponga el procedimiento o se practiquen las diligencias que estime necesarias e indispensables para la validez y decisión del proceso, o para no causar efectiva indefensión a las partes.



 




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CAPITULO VIII



 



Inactividad procesal



 



ARTÍCULO 201.- Interrupción.



Al impedido por justa causa no le corren plazos. Son motivos justos:



1) Los señalados por la ley para determinados casos.



2) La muerte o la enfermedad grave de una parte o de su representante, si careciere de apoderado judicial.



3) La muerte o la enfermedad grave del apoderado judicial, la exclusión del ejercicio de la profesión o suspensión en él. En este caso se notificará a la parte, personalmente o por medio de cédula en su casa de habitación, para que, en el plazo de diez días, provea al cuidado de sus intereses.



No serán eficaces dichos motivos cuando se aleguen por la parte que ha gestionado después de ocurridos, o no se invoquen dentro de los ocho días después de haber cesado.



La solicitud se tramitará en vía incidental de previo pronunciamiento, sin perjuicio de que el juez pueda resolver de oficio, cuando el motivo sea de su conocimiento.



Durante la interrupción sólo se practicarán actos urgentes y de aseguramiento.



 




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ARTÍCULO 202.- Suspensión.



El juez decretará la suspensión del proceso:



1) En los casos previstos en los artículos 130, párrafo final, y 131.



2) Cuando, iniciado un proceso penal, la decisión de éste influya necesariamente en la decisión del civil. Esta suspensión no podrá durar más de dos años, al cabo de los cuales se reanudará el proceso. No obstante, no se decretará la suspensión si se rindiera garantía suficiente para responder por todo lo que se obtenga de la sentencia y de las costas que se causaren.



3) Por única vez, cuando las partes lo soliciten de común acuerdo, cuyo plazo perentorio en ningún caso podrá exceder de dos meses, vencido el cual se reanudará el proceso.



 




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ARTÍCULO 203.- Prejudicialidad en cuanto a un auto.



Si la decisión del proceso penal afectara sólo lo resuelto en un auto, el juez podrá suspender los efectos de este último hasta la decisión del proceso penal, en cuyo caso se aplicará lo dicho en el inciso 2) del artículo anterior.



 



 




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CAPITULO IX



 



Formas anormales de finalizar el proceso



 



Sección primera



 



Desistimiento en primera instancia



 



ARTÍCULO 204.- Desistimiento de la demanda.



Se puede desistir de la demanda.



Tratándose del proceso ordinario, si se hiciere después de la contestación, se necesitará que el desistimiento sea aceptado por la parte contraria. Si se hiciere unilateralmente, se dará audiencia a la parte contraria por tres días, bajo el apercibimiento de tenerlo por aceptado si guardare silencio.



 




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ARTÍCULO 205.- Desistimiento parcial.



El desistimiento podrá referirse sólo a parte de las pretensiones, o a algunos de los demandantes o demandados. En este último caso, el desistimiento parcial será improcedente si se tratare de un litisconsorcio necesario.



 



 




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ARTÍCULO 206.- Efectos del desistimiento.



Declarado por resolución firme el desistimiento, quedarán las cosas en el mismo estado que tenían antes de establecerse la demanda. El que desiste pagará las costas y los daños y perjuicios que hubiere ocasionado a la parte contraria.



 




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ARTÍCULO 207.- Renuncia del derecho.



En cualquier estado del proceso podrá hacerse renuncia del derecho, sin que sea necesaria la conformidad de la parte contraria. En este caso, el juez dará por terminado el proceso previo examen de la naturaleza del derecho discutido, sin que pueda promoverse nuevo proceso con el mismo objeto y causa. El renunciante pagará las costas y los daños y perjuicios que hubiere ocasionado a la parte contraria.



 




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Sección segunda



 



Desistimiento en segunda instancia y en casación



 



ARTÍCULO 208.- Juez ante el que debe hacerse.



El apelante podrá desistir del recurso ante el mismo juez que hubiere dictado la resolución impugnada, si lo verifica antes de haberse remitido al superior los autos o el testimonio de piezas, en su caso.



Si los autos los tuviere el superior, deberá hacerse ante éste el desistimiento.



El desistimiento del recurso de casación deberá hacerse ante el respectivo tribunal de casación.



 




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ARTÍCULO 209.- Resolución y costas.



El juez o tribunal, en su caso, admitirá el desistimiento sin más trámite ni recurso ulterior, y se tendrá por firme la resolución apelada o sobre la que se hubiere interpuesto el recurso de casación. Las costas causadas con motivo del recurso y el desistimiento estarán a cargo del que desiste.



 




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ARTÍCULO 210.- Devolución del expediente.



Aprobado el desistimiento, el juez o tribunal devolverá el expediente a la oficina de su procedencia, si no hubiere apelación de la otra parte.



 




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ARTÍCULO 211.- Otros recurrentes.



Si al desistir un apelante hubiere otro interesado en el recurso, ya por haber apelado desde el principio, ya por haberse adherido a la apelación, se seguirá sustanciando el recurso sobre los puntos reclamados por el que quede como recurrente; lo mismo será aplicable cuando se trate del recurso de casación.



 



 




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Sección tercera



 



Deserción



 



ARTÍCULO 212.- Plazos.



Mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, se declarará desierto el proceso cuando no se hubiere instado su curso en el plazo de tres meses.



Las gestiones que no tiendan a la efectiva prosecusión no interrumpirán el plazo indicado.



La deserción de la demanda impedirá la continuación de la contrademanda. El actor no podrá pedir deserción de ésta.



 




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ARTÍCULO 213.- Cómputo.



El plazo de la deserción corre desde el último acto procesal del actor o del interviniente que tienda a la efectiva prosecusión; mas, si el proceso se hubiere paralizado por fuerza mayor o por cualquiera otra causa independiente de la voluntad de los litigantes, no correrá sino desde el momento en que éstos pudieren instar el curso de aquél.



 




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ARTÍCULO 214.- Improcedencia. No procederá la deserción:



1) En procesos universales.



2) En procesos ejecutivos en los que no haya embargo practicado, o estuviere el actor recibiendo pagos parciales por convenio judicial o extrajudicial.



3) En procesos ejecutivos, hipotecarios y prendarios, con renuncia de trámites cuando no haya habido embargo.



4) En procesos de desahucio en los que el demandado hubiere practicado por su sola voluntad el desalojo.



5) En los interdictos en que el demandado hubiere accedido de hecho o de derecho a la pretensión del actor.



6) En los procesos de ejecución de sentencia. No obstante, si se hubiera practicado embargo y transcurra el plazo establecido en el párrafo primero del artículo 212, a solicitud del demandado, el juez levantará el embargo practicado.



(Así reformado el inciso anterior por el artículo 2º de la ley Nº 7421 del 18 de julio de 1994)



7) En los arbitrajes.




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ARTÍCULO 215.- Modo de operar.



La deserción será declarada de oficio o a solicitud de cualquier interesado; pero ambos actos procesales deberán hacerse antes de que cualquiera de las partes o los intervinientes impulsen el procedimiento.



 




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ARTÍCULO 216.- Litisconsorcio.



El impulso del proceso por uno de los litisconsortes beneficiará a los restantes.



 



 




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ARTÍCULO 217.- Efectos de la deserción.



La deserción no extingue el derecho del actor; pero los procedimientos se tienen por no seguidos y la demanda por no puesta, para los efectos de interrumpir la prescripción.



Si la deserción fuere procedente, se condenará al actor al pago de las costas personales y procesales causadas.



Las personales las calculará prudencialmente el juez, y para fijarlas no tomará en cuenta la estimación de la reconvención.



La resolución en la que se deniegue la deserción no tendrá más recurso que el de la revocatoria; aquella en la que se declare con lugar será apelable dentro de tercero día.



 




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ARTÍCULO 218.- Otros recurrentes.



Al caso de la deserción será aplicable lo dicho en el artículo 211.



 



 




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Sección cuarta



 



Transacción



 



ARTÍCULO 219.- Forma y trámite.



Las partes podrán hacer valer la transacción del derecho en litigio mediante escrito en que conste el convenio, o mediante la suscripción de un acta ante juez. Este se limitará a examinar la concurrencia de los requisitos que exige la ley para la validez de la transacción, y hará o no la homologación. En este último caso continuará el procedimiento.



 




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Sección quinta



 



Conciliación



 



ARTÍCULO 220.- Efectos.



Los acuerdos conciliatorios homologados por el juez producirán cosa juzgada. Se procederá a su cumplimiento mediante el proceso de ejecución de sentencia.



 



 




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CAPITULO X



 



Repercusión económica de la actividad procesal



 



Sección primera



 



Costas



 



ARTÍCULO 221.- Condena.



En las resoluciones previstas en los incisos 3) y 4) del artículo 153 se condenará al vencido al pago de las costas personales y procesales.



En las resoluciones en las que se decidan incidentes que no pongan término al proceso principal, se condenará únicamente al pago de las costas procesales, las cuales se ajustarán en la liquidación final sin que antes puedan ser cedidas ni cobradas.



Queda a salvo lo dispuesto en el artículo siguiente.



El pronunciamiento sobre costas deberá hacerse de oficio. Todo fallo debe indicar necesariamente en qué clase de costas condena al vencido.



Desde el momento en que un fallo imponga el pago de costas personales, aun cuando no esté firme, la parte favorecida con la condenatoria podrá pedir al tribunal que libre mandamiento al Registro de la Propiedad para que se anote el monto de la fianza en los bienes del fiador. Si este tuviere fincas que cubran con exceso la fianza, la anotación sólo se hará en aquellos bienes que, según el valor declarado en el Registro, sean suficientes para garantizar el pago de las costas. El fiador podrá pedir que la anotación se levante en unos bienes y se practique en otros, siempre que el monto de la fianza quede cubierto según lo dicho anteriormente.



Cuando el importe de lo consumido en costas procesales lo justifique, según prudente opinión del juez, podrá mandar que se haga la misma anotación en el Registro respecto de ellas, si el interesado lo pidiere.



 




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ARTÍCULO 222.- Exención.



No obstante lo dicho en el artículo que antecede, el juez podrá eximir al vencido del pago de las costas personales, y aun de las procesales, cuando haya litigado con evidente buena fe, cuando la demanda o contrademanda comprendan pretensiones exageradas, cuando el fallo acoja solamente parte de las peticiones fundamentales de la demanda o reconvención, cuando el fallo admita defensas de importancia invocadas por el vencido, o cuando haya vencimiento recíproco.



Podrá eximirlo también del pago de aquellas costas procesales que se hubieren causado con peticiones o en diligencias de la contraria que, a juicio del juez, deban ser calificadas de ociosas o innecesarias.



Si no hubiere especial condenatoria en costas, cada parte deberá pagar las que hubiere causado, y ambas partes aquéllas que fueren comunes.



 




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ARTÍCULO 223.- Casos en que se estima que no hay buena fe.



No podrá estimarse que hay buena fe en el demandado rebelde que hubiere sido citado en persona o en su casa, y que no se hubiere apersonado en primera instancia; en el vencido que hubiere negado pretensiones evidentes de la demanda o contrademanda, que el proceso indique que debió aceptarlas al contestar la demanda o reconvención; ni en el litigante que hubiere aducido documentos falsos o de testigos falsos o sobornados; ni a aquél que no hubiere aducido ninguna prueba, sin motivo disculpable, para justificar su demanda o sus excepciones, si se fundaren en hechos disputados.



 



 




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ARTÍCULO 224.- Segunda instancia.



En caso de ser apelada la sentencia, el superior podrá condenar al vencido en las costas personales y procesales, o sólo en las últimas, siguiendo los criterios antes indicados, sea que se confirme, sea que se revoque o se modifique el fallo.



 




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ARTÍCULO 225.- (Anulado por resolución de la Sala Constitucional No.195 de 11 de marzo de 2003)




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ARTÍCULO 226.- Definición.



Para el efecto de los artículos anteriores, se estimarán costas personales los honorarios de abogado y la indemnización del tiempo invertido por la parte en asistir a diligencias del proceso, en las que fuere necesaria su presencia.



Los demás gastos indispensables del proceso serán costas procesales. Para la indemnización del tiempo gastado por la parte se atenderá a sus circunstancias personales.



 



 




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Sección segunda



 



Gastos y honorarios



 



ARTÍCULO 227.- Gastos cobrables.



Ningún funcionario que administre justicia podrá exigir o percibir honorarios o derechos por diligencias practicadas en el ejercicio de sus funciones, salvo los gastos a que se refiere el párrafo siguiente.



Cuando el funcionario hubiere de salir del lugar de su residencia, solo o en compañía de su secretario, fijará en autos, prudencial y moderadamente, la suma necesaria para toda clase de gastos de viaje, hospedaje y alimentación, que suplirá de previo la parte interesada; todo lo cual deberá comunicarlo a la Secretaría de la Corte y a la Inspección Judicial; si no lo hiciere, será corregido disciplinariamente. Será destituido de su cargo sin perjuicio de que se le juzgue por exacción ilegal, el funcionario a quien se le demuestre que ha contravenido la prohibición contenida en el párrafo primero de este artículo o que solicite o consienta en recibir parte de los honorarios que correspondan a otro funcionario o empleado que le esté subordinado, o a otra persona que aunque no le esté subordinada derive la percepción de honorarios del nombramiento que aquél haga. Igual sanción se les impondrá a los demás funcionarios y empleados que cobren o perciban honorarios en los casos no autorizados expresamente por la ley.



 




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ARTÍCULO 228.- Honorarios de ejecutor.



El ejecutor ganará por una diligencia de embargo, la suma que deba fijar el juez en la resolución en la que se haga el nombramiento.



Si el ejecutor embargare o secuestrare bienes que según el artículo 984 del Código Civil son inembargables, deberá devolver la suma recibida por la diligencia.



 



 




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ARTÍCULO 229.- Notificadores.



Si los notificadores tuvieren que hacer una notificación fuera del perímetro judicial o del lugar en que tiene su asiento el tribunal, tendrán derecho a que se les paguen la diligencia y los gastos de ida y vuelta.



En las alcaldías donde no hubiere notificador remunerado por el Estado, los notificadores tendrán derecho a cobrar el valor de las notificaciones que hicieren fuera del despacho.



 



 




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ARTÍCULO 230.- Testigos de asistencia.



A los testigos de asistencia que no lo fueren por razón de su oficio, se les pagará prudencialmente la dieta conforme con el tiempo que dure la diligencia.



Todo testigo de asistencia, si tuviere que salir del lugar en que tiene su asiento el tribunal, será indemnizado por sus gastos. En este caso aplicará lo dispuesto en el artículo 227.



 



 




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ARTÍCULO 231.- Testigos declarantes.



La dieta de los testigos declarantes la señalará prudencialmente el juez, según las circunstancias personales del testigo.





 




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ARTÍCULO 232.- Tarifa de honorarios y gastos.



La Corte Plena establecerá una tarifa para los honorarios y gastos de ejecutores, notificadores, testigos de asistencia y peritos, y para el pago de cualesquiera otras diligencias indispensables que no estén a cargo de funcionarios por su oficio.



A esta tarifa que será revisada y actualizada periódicamente, se ajustarán los tribunales al practicar las regulaciones que les encomienda este artículo y los anteriores.



El juez tiene obligación de regular cualquier honorario o pago de trabajo que este Código o leyes especiales no determinen; la regulación se hará de preferencia en forma anticipada, prudencialmente, con criterio de equidad.



La parte que debe soportar el pago tendrá derecho a quejarse directamente a la Inspección Judicial, contra las tasaciones excesivas y contra las cargas innecesarias. La Inspección deberá revisarlas con facultad de moderar lo que a su parecer no sea correcto, sin perjuicio de que pueda aplicar las medidas disciplinarias oportunas.



 




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ARTÍCULO 233.- Honorarios de abogado, regla general.



Los honorarios de abogado se fijarán con base en la tarifa que se establezca mediante el procedimiento que dispone la Ley Orgánica del Colegio de Abogados.



 



 




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ARTÍCULO 234.- Honorarios de abogado, reglas específicas.



En los procesos ordinarios estimables, los honorarios de abogado se fijarán sobre el importe de la total condenatoria o absolución.



Si el proceso no hubiera llegado al fallo definitivo, por haber mediado arreglo o desistimiento, el juez regulará los honorarios en atención al trabajo efectuado, según la tarifa correspondiente.



Si la condenatoria en costas personales comprendiere las de la demanda y contrademanda, los tribunales las estimarán únicamente por aquélla que tenga valoración más elevada.



En procesos ordinarios de cuantía inestimable que tuvieren trascendencia económica, se aplicará la tarifa respectiva, una vez comprobado el monto de aquella trascendencia. No obstante, si el aspecto patrimonial que se debate fuera de escasa trascendencia en relación con la petición de fondo, los honorarios de abogado serán fijados prudencialmente por el juez, siempre conforme con la tarifa correspondiente.



En los demás procesos, cualquiera que fuere su naturaleza, si no se regulara en otra forma, los honorarios se reducirán a la mitad.



Las reglas del artículo anterior y del presente cubrirán la labor profesional del abogado hasta la sentencia. Los honorarios de toda ejecución de sentencia que entrañe una mayor labor profesional con posterioridad al fallo, se estimarán hasta en la mitad de la tarifa que corresponda, sin que puedan ser inferiores a la cuarta parte de dicha tarifa, según el trabajo realizado, a criterio del juez, pero la fijación de tales honorarios se regirá por las reglas de los artículos 221, 222 y 223, independientemente de que en el fallo que se ejecuta se haya condenado o exonerado en el pago de costas. Lo anterior se aplicará también para las ejecuciones de sentencia en lo penal, aunque se trate del tercero civilmente responsable.



 



 




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ARTÍCULO 235.- Mutua solicitud.



Sin perjuicio de lo preceptuado en el artículo siguiente, el abogado y su cliente podrán pedir al juez, de común acuerdo, que fije los honorarios del primero; la resolución en la que se decida el punto será apelable en un solo efecto, cualquiera que fuere el monto señalado.





 



 




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ARTÍCULO 236.- Vía incidental.



Los apoderados, mandatarios judiciales o abogados directores, para el cobro de honorarios respecto de su parte, así como ésta para exigirles rendición de cuentas, gozarán de la tramitación privilegiada en forma de incidente, dentro del expediente principal y ante el mismo juez que conoce del proceso. Tal incidente no será admisible después de un año de terminado el asunto.



Respecto a las costas del incidente, sólo se emitirá pronunciamiento en cuanto a las procesales, y en él podrá decretarse embargo de bienes a instancia del acreedor, en cantidad suficiente, a juicio del juez.



La resolución definitiva del incidente tendrá autoridad y eficacia de cosa juzgada, admitirá los recursos ordinarios y el de casación, si procede en relación con la cuantía del incidente.



(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 3º de la ley 7421 del 18 de julio de 1994)



 Lo dispuesto en este artículo no le coartará el uso de la vía declarativa a quien quiera utilizarla, para la cual renunciará a la tramitación privilegiada.




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ARTÍCULO 237.- Pertenencia de los honorarios de abogado.



Los honorarios de abogado pertenecen a éste. Cuando la parte en persona haya seguido el proceso, tendrá derecho a que se le reconozcan los mismos honorarios que habría devengado un abogado, conforme con los artículos anteriores.



En todo caso, la imputación de las sumas obtenidas de resultas del proceso se hará en el siguiente orden: las costas personales, las costas procesales, los intereses corrientes y de mora, y, finalmente, el principal.





 




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ARTÍCULO 238.- Cuota litis.



Es lícito el convenio de cuota litis entre el abogado y su cliente, siempre que no exceda del cincuenta por ciento de lo que, por todo concepto, se obtenga en el proceso respectivo, de cualquier naturaleza que éste sea, en el caso en que el profesional supedite el cobro de sus emolumentos al triunfo de la demanda, y cuando asuma obligaciones de gastos, garantía de costas o pago de éstas, o participación en los resultados adversos del proceso.



Será prohibido y absolutamente nulo, cualquier convenio en virtud del cual aparezca o resulte cesionario o adquirente de los derechos o acciones de su cliente, en un tanto mayor de lo aquí estipulado, el profesional o cualquiera que trabaje con él como socio, dependiente o compañero de oficina, o cualquiera de los parientes a que se refiere el artículo 1068 del Código Civil. Del mismo modo, son prohibidas y absolutamente nulas las cesiones, los endosos o las ventas de derecho o acciones verificadas en favor de cualquiera que, conocidamente, ejerciere sin título la procuración judicial, siempre que, en virtud de cesiones, endosos o ventas, la persona adquirente de esos derechos o acciones trate de comparecer en proceso para hacerlos valer personalmente. El auto en el que resuelva el punto tendrá siempre el recurso de apelación en ambos efectos, cualquiera que sea la cuantía del negocio; al funcionario judicial que incurra en violación o resuelva en contra de lo aquí dispuesto, se le impondrán las sanciones disciplinarias indicadas en la Ley Orgánica del Poder Judicial.



 




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ARTÍCULO 239.- Tasación de costas.



Cuando la sentencia contuviere condenatoria en costas, la parte  victoriosa deberá presentar una tasación de ellas ante el tribunal que conozca del proceso.



La parte contraria será oída por tres días sobre la tasación.



Si aquélla no dijere nada y el juez creyere justa y legal la tasación, la aprobará sin más trámite.



Si la parte contraria se opusiere, una vez recibidas las pruebas respectivas, decidirá el juez lo que corresponda.



Las pruebas deberán proponerse, por la parte victoriosa, al presentar la relación de costas, y por la vencida, al contestar la audiencia.



Rigen respecto de ellas las disposiciones del proceso de ejecución de sentencia.



 



 




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ARTÍCULO 240.- Funcionario culpable y juez competente.



En el caso del artículo 225, la tasación se presentará ante el juez que hizo la condenatoria, el cual seguirá, para su aprobación o reforma, los trámites indicados en el artículo 239. Una vez dictado el auto en el que se aprueba o modifica la tasación, el secretario del tribunal que conoce del asunto extenderá certificación de la tasación y del auto dicho, para cuyo cobro deberá presentarse ante el juez respectivo.



 



 



 




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TITULO IV



 



Medidas cautelares



 



CAPITULO I



 



Disposiciones generales



 



ARTÍCULO 241.- Oportunidad.



El procedimiento cautelar podrá ser instaurado antes o en el curso del proceso principal, del que siempre formará parte.



 



 




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ARTÍCULO 242.- Facultades del juez.



Además de los procedimientos cautelares específicos, el juez podrá determinar las medidas precautorias que considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor de que una parte, antes de la sentencia, le cause al derecho de la otra parte una lesión grave y de difícil reparación.



Para evitar el daño, el juez podrá autorizar o prohibir la práctica de determinados actos, ordenar el depósito de bienes o imponer el otorgamiento de una caución.



 




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ARTÍCULO 243.- Deber de presentar la demanda.



La parte deberá presentar su demanda en el plazo de un mes contado desde la fecha en que se realizó la medida cautelar, cuando ésta hubiere sido concedida en procedimiento preparatorio.





 



 




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ARTÍCULO 244.- Cesación de los efectos.



Cesará la eficacia de la medida cautelar:



1) Si la parte no estableciera la demanda en el plazo establecido en el artículo anterior.



2) Si injustificadamente no fuese ejecutada dentro de ese mismo plazo.



Habiendo cesado la eficacia de la medida, será prohibido a la parte repetir la gestión, salvo por nuevo fundamento.



 




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CAPITULO II



 



Pruebas anticipadas



 



ARTÍCULO 245.- Confesión.



Para preparar el proceso, las partes podrán pedirse, recíprocamente, por una sola vez, confesión sobre hechos personales conducentes, lo mismo, que reconocimiento de documentos privados. Deberá indicarse, en términos generales, el negocio o negocios concretos sobre los cuales versará la confesión, requisito sin el cual no se atenderá la gestión. El interrogatorio podrá presentarse en sobre cerrado, que será abierto al practicarse la prueba, acto en el cual el juez calificará la procedencia de las preguntas.





 



 




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ARTÍCULO 246.- Exhibición de documentos o de cosas muebles.



Todo proceso podrá prepararse también a:



1) La exhibición del testamento del causante, por parte del que se crea heredero, coheredero o legatario.



2) En caso de evicción, los títulos u otros documentos que se refieran a la cosa vendida solicitados por el comprador al vendedor, o viceversa



3) La presentación de los documentos y cuentas de la sociedad o comunidad, solicitados por un socio o comunero al consocio o comunero que los tenga en su poder, en los casos en que proceda con arreglo a derecho.



4) La exhibición de las escrituras, actas, correspondencia, libros, registros, recibos y finiquitos comunes a ambas partes.



5) La exhibición de la cosa mueble que haya de ser objeto de la pretensión real o mixta que se trate de entablar contra el que tenga la cosa en su poder.





 



 




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ARTÍCULO 247.- Designación de archivo o protocolo.



En el caso del inciso 1) del artículo anterior, no estará obligado a la exhibición del documento quien designe en el acto de ser requerido, el archivo o protocolo en que se halle el original.



Pero si el documento no apareciere en el protocolo indicado, o si éste hubiere desaparecido, el tenedor del documento deberá efectuar la exhibición.



 



 




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ARTÍCULO 248.- Reseña por el secretario.



En el caso del inciso 5) del artículo 246, exhibida la cosa y si el  actor manifiesta que es la misma que se propone demandar, se reseñará por el secretario, y se devolverá al exhibiente. Podrá decretarse, a instancia del actor el depósito de la cosa, si concurrieren los requisitos exigidos para que pueda decretarse el embargo preventivo.





 




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ARTÍCULO 249.- Trámite.



El juez oirá a la parte contraria por el plazo de tres días. Si el juez ordenare la exhibición, señalará el lugar, el día y la hora en los que deba verificarse. Si hubiera negativa a la exhibición, el juez, a petición de parte, declarará al obligado responsable por los daños y perjuicios ocasionados con su falta, según la regulación que se haga en el proceso correspondiente, y le impondrá, además, de uno a tres días multa.



 



 




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ARTÍCULO 250.- Reconocimiento judicial, pruebas pericial y testimonial.



Antes de presentar la demanda, o antes de que se ordene la práctica de las pruebas, podrá solicitarse y decretarse reconocimiento judicial cuando haya urgencia en hacer constar el estado de los lugares y el estado, la calidad o la condición de las cosas, susceptibles de apreciación por el juez y que pueden cambiar o desaparecer en cualquier momento. El reconocimiento podrá completarse con prueba pericial, si es apropiada a criterio del juez.



(Así  reformado el párrafo anterior  por el artículo 4º de la ley 7421 del 18 de julio de 1994)



 También podrá solicitarse y decretarse, en las oportunidades dichas, examen de testigos, cuando éstos sean ancianos o estén para ausentarse indefinidamente del país, y cuando haya otro motivo por el cual pueda temerse la imposibilidad de su examen en la fase probatoria.




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 ARTÍCULO 251.- Citación a la parte contraria.



La parte contraria será citada para que presencie la práctica de la prueba, salvo que dicha parte no sea conocida o no residiere en el país y no tuviere apoderado, en cuyo caso se citará al curador ad hoc que habrá de nombrarse.



(Así reformado  el párrafo anterior por el artículo 219, inciso 5.b) de la Ley N° 8508 de 28 de abril de 2006, Código Procesal Contencioso-Administrativo).



 



En casos muy calificados, a criterio del juez, el reconocimiento judicial podrá decretarse sin citación previa. Si la parte contraria concurriere a pesar de no haber sido citada, podrá intervenir en ella. En caso contrario, el resultado deberá notificársele dentro del plazo de los ocho días posteriores a su celebración.



 




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ARTÍCULO 252.- Valor probatorio, y quiénes pueden pedirlo.



La prueba anticipada prevista en el artículo 250 valdrá como prueba y será admisible en juicio, si en realidad hubiere llegado a ocurrir el hecho alegado para anticiparlas, salvo el caso de ancianidad de testigos.



Podrá pedirse no sólo por quien quiera preparar una demanda, sino también por aquél que pretenda probar una excepción.



 




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ARTÍCULO 253.- Facultades del juez y recursos.



El juez ordenará recibir la prueba anticipada si es fundado el motivo invocado.



Podrá admitir también otras pruebas anticipadas, además de las que se mencionan en este capítulo, si son oportunas y conducentes.



La resolución del juez será apelable en ambos efectos sólo cuando se niegue la práctica de la prueba.



 



 




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CAPITULO III



 



Beneficio de pobreza



 



ARTÍCULO 254.- Derecho al beneficio.



La persona física cuyos ingresos de capital unidos a los sueldos, o rentas de que goce, calculados por un año, que no excedan de la cantidad que fije la Corte Plena, podrá solicitar el beneficio de pobreza. El beneficio también podrá otorgarse a las sucesiones y a las personas jurídicas que no tengan fines de lucro.



Para esta estimación no se tomarán en cuenta la casa de habitación familiar, las acciones judiciales, los créditos de cobro difícil, las pensiones alimenticias, los beneficios sociales, ni las herramientas, instrumentos o útiles indispensables para el ejercicio de la profesión u oficio de quien solicita esta gracia.



Cuando sea parte un menor sujeto a la patria potestad, que careciere de bienes, se estará a los que tengan el o los progenitores que lo representen en el proceso.



La Corte Plena fijará la cantidad hasta por la cual se permitirá el beneficio de pobreza, de conformidad con el incremento en el costo de la vida, fijación que revisará y actualizará periódicamente.



(NOTA: este artículo fue erróneamente derogado por la ley No.7709 de 20 de noviembre de 1997. Fue corregido posteriormente mediante fe de erratas publicada en La Gaceta No.217 de 11 de noviembre de 1997, p.56)



 




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ARTÍCULO 255.- Ámbito de acción.



Este beneficio solo podrá pedirse para procesos determinados, antes de su inicio o dentro de él.  La gestión se tramitará en vía incidental.



Las pruebas se apreciarán en conciencia, sin sujeción a las normas del Derecho común, y aún podrá tomarse en cuenta el modo de vida del solicitante.



El otorgamiento del beneficio valdrá para el proceso y sus incidentes; sin embargo, si el litigante tuviere establecidos otros procesos, podrá hacerlo valer en estos, por medio de certificación de la resolución respectiva.



Si se negare la concesión del beneficio, cesará también en el proceso en el que se hubiere obtenido.



(Así reformado por el artículo 219, inciso 5.b) de la Ley 8508 de 28 de abril de 2006, Código Procesal Contencioso-Administrativo).



(NOTA: este artículo fue erróneamente derogado por la ley No.7709 de 20 de noviembre de 1997. Fue corregido posteriormente mediante fe de erratas publicada en La Gaceta No.217 de 11 de noviembre de 1997, p.56).



 




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ARTÍCULO 256.- Efectos del beneficio.



El litigante que hubiere obtenido el beneficio no estará obligado a hacer depósitos de dinero en los casos en que la ley lo exige, excepto el caso de embargo preventivo.



No podrá obligarse al litigante pobre a garantizar las costas del proceso, pero tampoco podrá éste exigir que lo haga la parte o partes contrarias.



(NOTA: este artículo fue erróneamente derogado por la ley No.7709 de 20 de noviembre de 1997. Fue corregido posteriormente mediante fe de erratas publicada en La Gaceta No.217 de 11 de noviembre de 1997, p.56)





 




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ARTÍCULO 257.- Recursos.



Las resoluciones que se dicten en el incidente de pobreza no tendrán recurso de apelación, salvo la final, que lo será en el efecto devolutivo. Las partes no estarán obligadas a rendir garantía de costas mientras no quede firme la resolución que deniega el beneficio.





 




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ARTÍCULO 258.- Cesación de los efectos.



A petición de la parte contraria, dejará de surtir sus efectos el beneficio de pobreza si se demostrare que el beneficiario ocultó sus verdaderos recursos, o que ha venido a mejor fortuna.



(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 219, inciso 5.c) del Código Procesal Contencioso Administrativo,  8508 de 28 de abril de 2006, en el sentido de que se eliminan las referencias a la participación de la Procuraduría General de la República en actividades judiciales no contenciosas)

La oposición se tramitará en vía incidental, y si resultara infundada se condenará en costas procesales al que la promovió.



Si el beneficiado ocultó sus verdaderas circunstancias económicas, pagará al Fisco tres días multa en asuntos de menor cuantía, y cinco días multa en asuntos de mayor cuantía o inestimables, y desde el momento en que quede firme la resolución en la que se revoque el beneficio, estará también obligado a garantizar las costas del proceso. Mientras no pague la multa y no rinda la garantía de costas, no se dará curso a sus gestiones, las cuales se tendrán por presentadas, sin retroacción de plazos, en el instante en que cumpla.



(NOTA: este numeral fue erróneamente derogado por la ley No.7709 de 20 de noviembre de 1997. Fue corregido posteriormente mediante fe de erratas publicada en La Gaceta No.217 de 11 de noviembre de 1997, p.56)




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ARTÍCULO 259.- Denegatoria del beneficio.



Si se declarase sin lugar el beneficio, será obligado el solicitante a pagar las costas procesales del incidente.



(NOTA: este numeral fue erróneamente derogado por la ley No.7709 de 20 de noviembre de 1997. Fue corregido posteriormente mediante fe de erratas publicada en La Gaceta No.217 de 11 de noviembre de 1997, p.56)



 




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CAPITULO IV



 



Representación



 



Sección primera



 



Curador procesal



 



ARTÍCULO 260.- Opuesto interés.



En los casos en que los padres del menor sujeto a la patria potestad, o su tutor, si estuviere sujeto a tutela, no pudieran representarlo por estar en opuesto interés, se procederá a nombrarle un curador procesal si así lo solicitare.



Lo mismo se hará si el menor no tuviera tutor nombrado, y con el inhábil si careciere de curador o se hallare en opuesto interés con éste.



Al juez le corresponderá nombrarle curador procesal a las personas menores de quince años y a los inhábiles, nombramiento que hará recaer en un pariente inmediato del menor o inhábil que tenga la aptitud legal necesaria, si lo hubiere; en su defecto, en una persona de su confianza que tenga la aptitud necesaria.



 




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ARTÍCULO 261.- Designación hecha por el menor.



Los menores de edad mayores de quince años podrán designar, para curador procesal, a la persona que crean conveniente, siempre que tenga la aptitud necesaria para representarlos en juicio. La designación se hará en comparecencia ante el juez.



El juez denegará la designación si la persona propuesta por el menor no tuviere la aptitud legal necesaria, y en tal caso lo instará para que proponga a otra que la tenga, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo se le nombrará de oficio.



 




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ARTÍCULO 262.- Demanda contra un ausente.



Si se tratare de establecer demanda contra una persona que se hubiere ausentado de su domicilio y se ignorare su paradero y no se estuviere en el caso de declarar su ausencia, rendida la prueba del caso, se nombrará curador al ausente, si no ha dejado apoderado.  En el nombramiento se dará preferencia a las personas a las que se refiere el artículo 50 del Código Civil y, si estos no existen, la elección la hará el juez, hasta donde sea posible, y recaerá en una persona que no tenga nexos con la parte que solicita el nombramiento de representante, y cuya capacidad y honradez garanticen una efectiva defensa del ausente.



(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 219, inciso 5.b) de la Ley 8508 de 28 de abril de 2006, Código Procesal Contencioso-Administrativo).



 



El representante deberá promover toda defensa que proteja los intereses de su representado, y ejercitar los recursos que quepan contra las resoluciones adversas a sus intereses. Su negligencia o culpa grave lo hará incurrir en responsabilidad civil ante su defendido.



Quien solicite el nombramiento de representante de acuerdo con este artículo, deberá depositar, previamente a dicho nombramiento, los honorarios que fije prudencialmente el juez, los cuales no serán inferiores, en ningún caso, al veinticinco por ciento, ni mayores al cincuenta por ciento de los honorarios que según la tarifa vigente deba ganar el abogado de la parte que solicita el nombramiento de representante, de acuerdo con la estimación del proceso.



Esos honorarios y gastos no se girarán al representante sino una vez terminado el proceso; si por cualquier razón cesare en sus funciones antes de terminarse éste, se le girará la parte correspondiente, en cuyo caso el juez procurará que quede suficiente cantidad para el nuevo representante que debe nombrarse. Tales honorarios serán resarcidos al actor por el demandado, si éste resultare condenado en costas procesales y personales, o sólo en las primeras.



Si la demanda se presentare contra una persona residente en el extranjero, de domicilio conocido y que no hubiere dejado apoderado, no procederá el nombramiento de representante legal y el traslado de la demanda se le notificará en la forma indicada en el artículo 180.



 



 




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ARTÍCULO 263.- Publicaciones.



La demanda contra el ausente y la sentencia de primera instancia se publicarán por una sola vez en el Boletín Judicial o en un diario de circulación nacional. Los plazos comenzarán a correr tres días después de aquel en que se hizo la publicación.



Será suficiente publicar la parte dispositiva de la sentencia con los datos necesarios para identificar el proceso. En las demás resoluciones, se publicará una síntesis de lo resuelto acompañada de los datos para identificarlo.



(Así reformado por el artículo 19, inciso b), de la Ley de Notificaciones No.7637 de 21 de octubre de 1996)



 



 




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ARTÍCULO 264.- Oposición.



Si, sobre discernimiento del cargo se hiciere oposición, se sustanciará por los trámites de los incidentes.



(Así reformado  por el artículo 219, inciso 5.b) de la Ley 8508 de 28 de abril de 2006, Código Procesal Contencioso-Administrativo).



 




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ARTÍCULO 265.- Aceptación y obligatoriedad del cargo.



Hecho el nombramiento de curador procesal, se recibirá al nombrado su aceptación y juramento, lo que se consignará en un acta. De éstos y del auto de nombramiento se le dará certificación al curador para que pueda acreditar su personalidad.



El cargo de curador es obligatorio; la representación del curador procesal terminará con la cesación de las causas que hayan hecho nacer la curatela.



 



 




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ARTÍCULO 266.- Municipalidades, sociedades y asociaciones sin representante legítimo.



Si hubiere de ser demandada una sociedad o asociación que careciere de representante legítimo, el juez convocará a los miembros o socios por medio de un edicto que se publicará en el Boletín Judicial para que, en junta, elijan representante.



La junta se verificará cualquiera que sea el número de miembros o socios presentes, y la elección se decidirá por simple mayoría de votos. En caso de no resultar mayoría o de no asistir ningún miembro a la junta, el juez hará el nombramiento.



Entre el día de la publicación del edicto de convocatoria y el de la junta, deberá mediar por lo menos un mes.



Si se tratare de una municipalidad u otra institución pública, se notificará la demanda al presidente o secretario para que, en sesión que deberá celebrarse dentro de los quince días siguientes, sus miembros, por mayoría, nombren representante legal. Si transcurriere ese plazo sin haberse hecho la designación, la hará el juez, quien procurará que recaiga en la persona que pueda atender con toda competencia y esmero los intereses de la defensa.



 



 




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Sección segunda



 



Arraigo



 



ARTÍCULO 267.- Motivos y garantías.



Cuando haya temor de que se ausente u oculte la persona contra quien haya de entablarse, o se entablare, o se hubiere entablado una demanda, podrá solicitarse su arraigo.



Si el arraigo se pidiere antes de entablarse la demanda, el actor deberá dar garantía, a satisfacción del juez, de responder por los daños y perjuicios que se le irroguen al demandado, si no se entablara la demanda anunciada dentro de los ocho días contados desde que se haya hecho saber al arraigado la prevención. La garantía deberá ser a satisfacción del juez y por el monto que éste prudencialmente señale, monto que en ningún caso será inferior al veinte por ciento del valor de la demanda, o del que anuncie el actor como valor de la demanda que establecerá.



No se exigirá garantía si el arraigo se pidiere con fundamento en un título ejecutivo que vaya a servir de base a la ejecución. No se decretará arraigo cuando la persona contra quien se pide tuviere suficientes bienes inmuebles inscritos, o bienes muebles conocidos, si al mismo tiempo consta que tiene un apoderado generalísimo.



 



 




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ARTÍCULO 268.- Contenido y finalidad del arraigo



El arraigo consiste en la prevención que el juez le hace al demandado, de que debe estar a derecho con el nombramiento de un representante legítimo suficientemente instruido para sostener el proceso, con el apercibimiento de que puede incurrir en las sanciones que en este capítulo se determinan.



Quien solicite el arraigo también podrá pedir que se usen los medios de comunicación previstos en la ley, para trabar el embargo preventivo en bienes del arraigado. El embargo no se decretará si no se hubiere hecho el depósito exigido por el artículo 273, salvo que se haya presentado un título ejecutivo.



(Así reformado por el artículo 19, inciso c), de la Ley de Notificaciones No.7637 de 21 de octubre de 1996)



 




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ARTÍCULO 269.- Aceptación del mandatario y obligatoriedad.-



Para tener como constituido un apoderado, es preciso que éste se presente a aceptar el poder. Aceptado el mandato, el mandatario quedará obligado a continuar en su ejercicio mientras dure el litigio, o mientras el mandante no constituya un nuevo apoderado que se apersone, o mientras el mandatario no sustituya el poder en otra persona que lo acepte.



 



 




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ARTÍCULO 270.- Consecuencias de no nombrar apoderado.



El arraigado a quien se hubiere notificado personalmente la prevención del artículo 268, que se ausente sin dejar el representante de que habla el artículo anterior, será condenado, sin más trámite, según el tenor de la demanda, si fuere procedente en derecho, al pago de las costas personales y procesales.



Para los efectos de este artículo, se tendrá a la persona como ausente y, por lo mismo, como improcedente el arraigo, si solicitado por el notificador en su casa de habitación o residencia, se le informare que está ausente del país, o si se ignorare su paradero, o constare por algún otro medio que está fuera de la República, según el informe de las autoridades de policía.



 



 




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ARTÍCULO 271.- Renuncia de notificaciones y recurso.



Se entiende que el arraigado que no haya constituido apoderado renuncia a toda clase de notificaciones, pero si el demandado se pone a derecho, tomará el proceso en el estado en que se encuentre.



El decreto de arraigo será apelable únicamente en el efecto devolutivo.



 



 




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CAPITULO V



 



Embargo preventivo



 



ARTÍCULO 272.- Finalidad.



Para impedir que el deudor, mediante el ocultamiento o la distracción de bienes, haga ilusorio el resultado de un proceso, el acreedor podrá pedir el embargo preventivo.





 




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ARTÍCULO 273.- Garantía.



Si el acreedor no presentare título ejecutivo, deberá garantizar los daños y perjuicios que se originen del embargo, y determinar con claridad qué clase de prestación va a exigir del demandado, y la causa o título de ella.



La garantía deberá consistir en un depósito en efectivo o en valores de comercio a la orden del juez. Si fuere dinero efectivo, el depósito será del veinticinco por ciento de la suma por la cual se pide el embargo; y si se tratare de valores de comercio, del cincuenta por ciento cuyo valor se apreciará por el que tengan en plaza, a juicio del juez, según los datos que extrajudicialmente pueda obtener. El decreto del embargo se notificará al deudor en el acto de su ejecución, o después.



(Texto así modificado por resolución de la Sala Constitucional Nº 5731-96 de las 14:31 horas del 29 de octubre de 1996)



 




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ARTÍCULO 274.- Cosas determinadas en poder del deudor.



Cuando el derecho del acreedor se refiera a cosas determinadas que se hallen en poder del deudor, a ellas se limitará el embargo.



 



 




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ARTÍCULO 275.- Levantamiento del embargo mediante garantía.



El embargo podrá ser levantado en cualquier tiempo, si se rinde garantía a satisfacción del juez, por el monto de la suma por la que se hubiere decretado aquél. La garantía consistirá en dinero, hipoteca o valores de comercio.



 




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ARTÍCULO 276.- Plazo para presentar la demanda.



El acreedor deberá presentar su demanda lo más tarde un mes después del día en que se hubiere practicado el embargo. Presentada dentro de ese plazo, con título ejecutivo, en el auto en el que se dé curso a la ejecución se hará la conversión del embargo preventivo a embargo ejecutivo, y se devolverá el depósito al actor.



 




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ARTÍCULO 277.- Daños y perjuicios.



No presentada la demanda en el plazo indicado, o desechada definitivamente por sentencia firme, se levantará el embargo y se condenará al actor a pagar los daños y perjuicios causados. En ambos casos, el depósito de dinero efectivo consignado por el autor será entregado, desde luego, al dueño de lo embargado, como indemnización fija, sin que por eso se coarte el derecho del perjudicado de exigir el saldo que se le adeude por los daños y perjuicios ocasionados por el embargo.



Si el depósito fuera de valores de comercio, se liquidarán previamente los daños y perjuicios, cuyo monto no podrá ser inferior al veinticinco por ciento de la suma por la que se obtuvo el embargo, y se rematarán luego los valores para cubrir con su producto los referidos daños y perjuicios.



En cualquier momento, antes de la presentación de la liquidación de daños y perjuicios, el embargante podrá obtener la devolución de los valores de comercio depositados, que reemplazará por el veinticinco por ciento en efectivo antes indicado.



Si tratándose de un proceso ejecutivo se confirmare el embargo, no habrá ya lugar a daños y perjuicios por razón del preventivo.



Para los efectos de este artículo, se considerará como sentencia definitivamente firme el auto en el se que declare no haber lugar a la ejecución, si pasados ocho días desde que se aprobó por el superior, o desde que transcurrió el plazo para apelar, en caso de no haberse hecho uso de este recurso, el actor no hubiere instado para que su demanda se tramite por la vía ordinaria.



En cuanto a las instituciones no obligadas al depósito para obtener el embargo preventivo, si no presentaren la demanda o si ésta fuere desechada definitivamente en los plazos al principio indicados, se les condenará de una vez al pago del veinticinco por ciento fijo, sin perjuicio de la liquidación complementaria que la parte agraviada intentare.



 




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ARTÍCULO 278.- Devolución de lo entregado.



Si después de corrido el plazo que fija el artículo 276, se establece el proceso y el actor obtiene sentencia contraria al deudor, éste deberá devolver la suma que se le hubiere entregado en virtud de lo dispuesto en el artículo anterior, y, además, los intereses por todo el tiempo que hubiere disfrutado del dinero, al tipo fijado por el Banco Central de Costa Rica para préstamos personales, que hubiere estado rigiendo hasta la fecha en que hubiere recibido la indicada suma.





 




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ARTÍCULO 279.- Días y horas hábiles.



Para decretar y ejecutar el embargo preventivo todos los días y horas son hábiles.





 




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ARTÍCULO 280.- Normas aplicables.



Son aplicables al preventivo, las disposiciones sobre embargo en proceso ejecutivo.



 




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ARTÍCULO 281.- Recurso.



El auto en el que se decrete el embargo preventivo es apelable en un solo efecto.



 



 




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CAPITULO VI



 



Anotación de la demanda



 



ARTÍCULO 282.- Requisitos.



Si el actor de la demanda comprendida en los primeros cuatro incisos del artículo 468 del Código Civil, pidiere la anotación provisional de ella, el juez, inmediatamente después de recibir la solicitud, dirigirá un mandamiento al Registro Público, para que practique la anotación respectiva.



El mandamiento contendrá el nombre, los apellidos y el documento de identificación del actor y el demandado, así como las citas de inscripción de la finca o el derecho real de que se trate.



Practicada la anotación, a partir de la presentación del mandamiento, la transmisión de la propiedad o la constitución de cualquier derecho real sobre la cosa se entenderá hecha sin perjuicio del acreedor anotante.



En casos análogos a los citados, si se solicitare, la demanda se anotará también en los bienes muebles o derechos reales sobre estos, inscritos en los registros respectivos.



(Así reformado por el artículo 180 del Código Notarial No.7764 de 17 de abril de 1998)



 




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CAPITULO VII



 



Garantías



 



ARTÍCULO 283.- (Derogado por ley No.7709 de 20 de octubre de 1997)




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ARTÍCULO 284 (Derogado por ley No.7709 de 20 de octubre de 1997)




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ARTÍCULO 285.- (Derogado por ley No.7709 de 20 de octubre de 1997)




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Gestoría procesal



 



ARTÍCULO 286.- Motivos, garantía y ratificación.



Es permitido entablar demandas como gestor de un tercero, siempre que de la inacción hubieren de resultarle perjuicios evidentes al dueño del negocio; y a condición de rendir garantía de resultas, cuya cuantía será el veinticinco por ciento de la estimación de la demanda, para el caso de que el referido dueño, dentro de un mes, si estuviere en el país, o dentro de tres meses, si se hallare en el exterior, no aprobara expresamente lo hecho en su nombre. Los plazos dichos se contarán a partir de la fecha en la que el gestor hubiere iniciado su actuación judicial.



Tan pronto como se apersone en los autos el dueño del negocio, cesará la intervención del gestor.



En el caso de que el dueño no se apersone en los autos, y con ello apruebe expresamente la gestoría dentro del plazo dicho, o de que la desapruebe, en todo o en parte, el gestor será condenado al pago de las costas personales y procesales, y de los daños y perjuicios que hubiere ocasionado al litigante contrario. Además, se tendrá por absolutamente nulo lo practicado a su instancia, aun cuando se trate de procesos no contenciosos.



Para actuar como gestor procesal de una persona jurídica, deberá acreditarse previamente su existencia en la forma en que lo previenen las leyes de la República.



La gestoría procesal no autorizará al gestor para vender, gravar o de otro modo cualquiera enajenar o comprometer los bienes de aquél por quien gestiona, ni para recibir o permitir que otro reciba valores o bienes, de cualquier clase que sean, pertenecientes al representado.



La garantía ha de ser a entera satisfacción del juez, y en cuanto al modo de constituirla y demás condiciones, se estará a lo dispuesto por los artículos 283 a 285.



 




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LIBRO II



 



Proceso de conocimiento



 



TITULO I



 



Proceso ordinario



 



CAPITULO I



 



Fase de iniciación



 



Sección primera



 



Disposiciones generales



 



ARTÍCULO 287.- Vía ordinaria.



Toda pretensión de mayor cuantía que no tenga una vía prevista en la cual pueda ser discutida y decidida, lo será en proceso ordinario.



 




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ARTÍCULO 288.- Finalidad de la cuantía.



En toda demanda se fijará la cuantía de su objeto, tanto para determinar la competencia del juzgado como para limitar de antemano el máximo de las pretensiones pecuniarias de las partes.



La estimación deberá hacerla el demandante conforme con los principios que consigna el artículo 17, en cuanto sean aplicables.



El valor señalado será lo más que se pueda conceder en la sentencia, en aquellos casos en que se reclame el pago de una suma de dinero; salvo que se trate de frutos o intereses posteriores, unos u otros al día en que se incoaren la demanda y las costas decretadas, o de casos en los que la cuantía, según la ley, deba limitarse a una parte determinada del tiempo de prestaciones periódicas.



 




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ARTÍCULO 289.- Incidentes de menor cuantía.



Cuando en un proceso de mayor cuantía deban tramitarse demandas de tercería u otros incidentes de menor cuantía, se sustanciarán por los trámites correspondientes, según el valor de la cosa litigada.



Las resoluciones que el juez dictare en esas tercerías o incidentes, o en los autos principales sobre puntos que no excedan de esa cuantía, únicamente tendrán el recurso de revocatoria.



 




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Sección segunda



 



Demanda y emplazamientos



 



ARTÍCULO 290.- Contenido.



En la demanda se indicará necesariamente:



1) Los nombres, los apellidos, las calidades de las partes y los números de cédula de identidad.



2) Los hechos en que se funde, expuestos uno por uno, numerados y bien especificados.



3) Los textos legales que se invoquen en su apoyo.



4) La pretensión que se formule.



5) Cuando sean demandados accesoriamente daños y perjuicios, se concretará el motivo que los origina, en qué consisten, y la estimación específica de cada uno de ellos.



6) El ofrecimiento de las pruebas, con indicación, en su caso, del nombre y las demás generales de los testigos.



7) La estimación.



8) El señalamiento de casa u oficina para recibir notificaciones.



 



 




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ARTÍCULO 291.- Demanda defectuosa.



Si la demanda no llenare los requisitos legales, el juez ordenará al actor que la corrija y, para ello, le puntualizará los requisitos omitidos o no llenados como es debido. Igual orden dará en el caso de que la parte demandada, dentro de los diez primeros días del emplazamiento, señalara algún defecto legal que el juez hallare procedente. Dicha resolución, en ambos casos, carecerá de recurso.



En la resolución se prevendrá la corrección dentro del plazo de cinco días, y si no se hiciere, se declarará la inadmisibilidad de la demanda y se ordenará su archivo.



La resolución en la que se ordene la corrección de la demanda no tendrá recurso de apelación; sí lo tendrá en ambos efectos aquella en la que se declare la inadmisibilidad.



El juez también ordenará el pago de especies fiscales faltantes en los documentos.



 



 




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ARTÍCULO 292.- Documentos.



Si el actor no tuviere a su disposición los documentos conducentes, indicará el archivo, la oficina pública o el lugar en el que se encuentren.



El juez ordenará, por medio de exhorto, que sean certificados como acto previo al emplazamiento.



Cuando transcurran quince días sin que esos documentos hayan sido recibidos, se prescindirá de ellos y se dará traslado de la demanda o reconvención.



(Así  reformado el párrafo anterior  por el artículo 5º de la ley 7421 del 18 de julio de 1994)



Si el documento justificativo de la capacidad procesal fuere defectuoso, el juez, de oficio, lo devolverá al interesado para que subsane la falta, de previo al emplazamiento.




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ARTÍCULO 293.- Documentos presentados extemporáneamente.



Después de la demanda y contestación no se admitirán más documentos, salvo:



1) Los de fecha posterior a dichos escritos.



2) Los anteriores cuya existencia jure no haber conocido antes la parte que los presenta.



3) Los que no haya sido posible adquirir con anterioridad por causas que no sean imputables a la parte interesada, siempre que, en su caso, se haya hecho oportunamente la designación del archivo o lugar expresado en el artículo anterior.



4) Aquéllos que, no siendo fundamento de la demanda, sirvan para combatir excepciones del demandado o constituyan una prueba complementaria.



La gestión de presentación de documentos a que este artículo se refiere, se tramitará mediante incidente en pieza separada, que será resuelto en la sentencia definitiva.





 




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ARTÍCULO 294.- Falsedad de documento en sede civil.



La falsedad de un documento sólo podrá ser declarada por el juez civil, en los siguientes casos:



1) Cuando la pretensión penal se hubiere extinguido por prescripción.



2) Cuando hubieren muerto los autores o cómplices del delito.



3) Cuando no aparezcan responsables de la falsedad.



En estos casos, si el documento se hubiere presentado en la demanda o reconvención, la prueba de la falsedad se ofrecerá en la contestación o en la réplica. En los demás casos, en el incidente de presentación. En uno y otro caso la falsedad se decidirá en la sentencia definitiva.



 




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ARTÍCULO 295.- Emplazamiento.



Presentada la demanda en forma legal, o subsanados los defectos, el juez dará traslado a la parte demandada y le concederá un plazo perentorio de treinta días para la contestación.



Si el emplazado residiere en el extranjero, el plazo será, según los casos, el fijado para la prueba extraordinaria.



 




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ARTÍCULO 296.- Efectos del emplazamiento.



Los efectos del emplazamiento son materiales y procesales, y se producen a partir de la fecha de notificación de aquél.



Son efectos materiales los siguientes:



a) Interrumpir la prescripción.



b) Impedir que el demandado haga suyos los frutos de la cosa, si fuere condenado a entregarla.



c) Constituir en mora al demandado, respecto a obligaciones que no tienen plazo para el cumplimiento.



ch) Hacer anulables la enajenación y los gravámenes constituidos sobre la cosa litigiosa, con posterioridad al emplazamiento. Respecto a inmuebles cuya demanda hubiere sido anotada en el Registro Público, se aplicará lo dicho en el artículo 282, párrafo tercero.



Son efectos procesales los siguientes:



a) Prevenir el juez en el conocimiento.



b) Sujetar a las partes a seguir el proceso ante el juez emplazante, si el demandado no objetara la competencia.



 



 




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ARTÍCULO 297.- Objeción a la cuantía.



Dentro de los diez primeros días del emplazamiento el demandado podrá objetar la cuantía, lo cual se tramitará por medio de incidente en pieza  separada, que deberá estar resuelto antes de ordenar la recepción de la prueba.



Para la fijación de la cuantía, el juez aplicará las normas establecidas en el artículo 17. Si ello no fuera posible, el juez nombrará un perito cuyos honorarios pagará la parte objetante. Si esos honorarios no fueren depositados dentro de ocho días, el juez resolverá la articulación mediante integración analógica. Lo que resuelva el juez será apelable en ambos efectos. Igual recurso tendrá cuando la objeción se fundamente en incompetencia por razón de cuantía.



Cuando la parte no objete la cuantía, el juez la fijará de oficio, una vez vencido el emplazamiento, resolución que será apelable en ambos efectos.



 



 




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Sección tercera



 



Excepciones



 



ARTÍCULO 298.- Oposición y elenco de excepciones previas.



Las excepciones previas sólo podrán oponerse dentro de los primeros diez días del emplazamiento.



Sólo son admisibles como excepciones previas:



1) La falta de competencia.



2) La falta de capacidad o la defectuosa representación.



3) La indebida acumulación de pretensiones.



4) El litisconsorcio necesario incompleto.



5) El acuerdo arbitral.



(Así reformado el inciso anterior por el artículo 74 de la Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social RAC, Ley  No. 7727 de 9 de diciembre de 1997)



 6) La litis pendencia.



7) La cosa juzgada.



8) La transacción.



9) La prescripción.



10) La caducidad.




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ARTÍCULO 299.- Trámite.



En general, el juez podrá resolver, en cualquier tiempo, sobre su competencia. En el caso del inciso 2) del artículo anterior, si la falta o defecto de representación se refiriera al actor o al abogado del actor, y ello fuera evidente, el juez ordenará al actor que corrija la falta, para lo cual le conferirá un plazo de quince días, transcurrido el cual, de oficio, se declarará la inadmisibilidad de la demanda y se ordenará su archivo.



En los demás casos las excepciones se tramitarán por la vía incidental.



El auto en el que se rechacen las excepciones será apelable en el efecto devolutivo, y aquél en el que se acepte lo será en el suspensivo.



 



 




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ARTÍCULO 300.- Prioridad al resolver.



El juez resolverá previamente sobre la incompetencia. Si la deniega, resolverá las otras excepciones que se hubieren opuesto. Si la acoge, omitirá el pronunciamiento sobre las restantes.



 




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ARTÍCULO 301.- Validez de las medidas precautorias.



La declaración de incompetencia no producirá nulidad de las medidas precautorias; tratándose de embargo, una vez firme la declaratoria de incompetencia, se pondrá la cosa embargada a la orden del juez competente.



 



 




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ARTÍCULO 302.- Deber de contestar.



Aunque el demandado proponga una excepción previa, deberá contestar la demanda. El mismo deber existe para el actor respecto de la contrademanda.



 



 




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ARTÍCULO 303.- Definición de puntos debatidos y recurso de casación.



Lo resuelto en firme sobre excepciones previas, decidirá definitivamente los puntos debatidos. Cuando el tribunal superior declare con lugar la excepción de incompetencia, fundada en que el negocio no es, por razón del territorio nacional o de la materia, de conocimiento de los tribunales civiles, cabrá recurso de casación.



Si dicha excepción fuere declarada sin lugar, no cabrá recurso alguno, pero la parte podrá solicitar nulidad ante la respectiva sala de casación, al conocer de la sentencia definitiva, en los casos en los que contra ésta proceda el recurso de casación.



 



 




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Sección cuarta



 



Contestación, reconvención y réplica



 



ARTÍCULO 304.- Allanamiento.



Si el demandado se allanare a lo pretendido en la demanda, el juez dictará sentencia sin más trámite, salvo que el juez sospeche que hay un fraude procesal, en cuyo caso ordenará la práctica de las pruebas mediante auto que no tendrá más recurso que el de revocatoria.



Si el allanamiento fuera parcial, se dictará sin más trámite una sentencia parcial sobre los extremos aceptados, sentencia que será ejecutada de inmediato en legajo separado.



El proceso seguirá su curso normal en cuanto a los extremos no aceptados.



 




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ARTÍCULO 305.- Contestación negativa.



El demandado que no acepte lo que se pretende en la demanda, expondrá con claridad si rechaza los hechos por inexactos o si los admite como ciertos o con variantes o rectificaciones; también manifestará con claridad las razones que tenga para su negativa y los fundamentos legales en que se apoye. En esta oportunidad ofrecerá sus pruebas, con indicación, en su caso, del nombre y las generales de los testigos.



Si no contesta los hechos en la forma dicha, el juez le prevendrá, con indicación de los defectos, que debe corregirlos dentro de tercero día. Si el demandado incumple esta prevención, se tendrán por admitidos los hechos sobre los que no haya dado respuesta en la forma expresada, salvo aquéllos que resulten contradichos por un documento o por una confesión judicial.



De la oposición formulada se dará audiencia por tres días al actor, quien al referirse a ella podrá proponer su contraprueba.



 




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ARTÍCULO 306.- Oportunidad para oponer excepciones de fondo. Las excepciones de fondo deberá oponerlas el demandado en el escrito de contestación.



 



 




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ARTÍCULO 307.- Excepciones oponibles después de la contestación.



No obstante lo dicho en el artículo 298, las excepciones de cosa juzgada, transacción, prescripción y caducidad podrán oponerse en cualquier estado del proceso, antes de que se dicte sentencia en segunda instancia.



También podrá oponerse una excepción de fondo después de la contestación, cuando los hechos en que se funde hubieren ocurrido con posterioridad a ella, o hubieren llegado a conocimiento del demandado después de expirado el plazo para contestar. En ese supuesto podrán oponerse antes de que se dicte sentencia en segunda instancia.



Los casos aquí previstos se tramitarán en la vía incidental, pero la resolución se hará en la sentencia definitiva.



 




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ARTÍCULO 308.- Reconvención.



El demandado podrá reconvenir al actor, pero únicamente en el escrito en el que conteste la demanda, y podrá traer al proceso como reconvenido a quien no sea actor, en cuyo caso será aplicable lo dicho en el artículo 106.



La demanda y la reconvención deberán ser conexas en sus objetos, y el escrito de reconvención deberá reunir los mismos requisitos que el de la demanda. Si fuera defectuoso, el juez prevendrá su corrección dentro de tercero día, con el apercibimiento de tener por no presentada la reconvención si no lo hiciere.



 




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ARTÍCULO 309.- Réplica.



Si la reconvención fuere admisible, el juez concederá al actor un plazo de quince días para la réplica, a la cual le será aplicable lo dicho en el artículo 304. El actor podrá oponer las excepciones previas en los primeros ocho días del plazo anterior.



Dentro de los tres días posteriores al de la notificación del auto en el que se tenga por hecha la réplica, el demandado podrá ofrecer pruebas complementarias para combatir las alegaciones del actor.



 




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Sección quinta



 



Contestación en rebeldía



 



ARTÍCULO 310.- Rebeldía y sus efectos.



Si el demandado no contestare dentro del emplazamiento, de oficio se le declarará rebelde y se tendrá por contestada afirmativamente la demanda en cuanto a los hechos.



(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 19, inciso d), de la Ley de Notificaciones, Citaciones y Otras Comunicaciones Judiciales, ley  .7637 de 21 de octubre de 1996)



 Notificado el rebelde, se seguirá el proceso sin su intervención; podrá apersonarse en cualquier tiempo, pero tomará el proceso en el estado en que se halle.




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ARTÍCULO 311.- Litisconsorcio pasivo.



Cuando haya varios demandados y la causa y el objeto les sean comunes, si uno o varios incurrieren en rebeldía y otros no, el juez deberá tomar en cuenta, para dictar sentencia respecto de los rebeldes, las pruebas rendidas por quienes no lo son.



 




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ARTÍCULO 312.- (Derogado por el artículo 20, inciso a), de la Ley de Notificaciones, Citaciones y Otras Comunicaciones Judiciales, ley .7637 de 21 de octubre de 1996)




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Sección sexta



 



Ampliación de la demanda y la reconvención



 



ARTÍCULO 313.- Oportunidad.



La demanda y la reconvención podrán ampliarse por una sola vez en cuanto a la pretensión formulada, pero deberá hacerse, necesariamente, antes de que haya habido contestación. En la resolución en la que se tenga por hecha la ampliación se hará de nuevo el emplazamiento.



Después de la contestación o de la réplica, y hasta antes de que se dicte sentencia en primera instancia, la demanda y la reconvención también podrán ampliarse, pero únicamente en cuanto a los hechos, cuando ocurriere alguno de influencia notoria en la decisión, o hubiere llegado a conocimiento de la parte alguno anterior de la importancia dicha, y del cual asegurare no haber tenido antes conocimiento. Se tramitará en vía incidental. Su resolución se hará en el fallo.



 




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Sección sétima



 



Conciliación y medidas de saneamiento



 



ARTÍCULO 314.- Oportunidad para llamar a conciliación.



Resueltas las excepciones previas, contestada o tenida por contestada afirmativamente la demanda y, en su caso, la reconvención, el juez citará a las partes y a sus abogados a su despacho, y les propondrá dar por terminado el proceso mediante un arreglo que sea beneficioso para ambos. Si hubiere conciliación, las partes determinarán los alcances de ese convenio, incluyendo lo relativo a ambas costas, el cual se reducirá a un acta que firmarán el juez, las partes, los abogados de ambas partes y el secretario.



Será aplicable lo dicho en el artículo 152, salvo en lo referente a la conservación de la grabación.



Para llevar a cabo la audiencia de conciliación será necesario que estén presentes las partes y sus abogados. La ausencia de cualquiera de ellos significará que no hay conciliación y que el asunto seguirá su trámite, sin perjuicio del derecho de las partes de presentar un escrito de arreglo, en cualquier estado del proceso. Las partes podrán hacerse representar por un apoderado especial o generalísimo sin límite de suma.



En materia de familia, sólo se admitirá el poder especial.



Al finalizar la audiencia, el juez dará por terminado el proceso mediante resolución que hará saber a las partes en el acto, la cual carecerá de todo recurso.



Si la conciliación fuere parcial, el juez procederá conforme se indica en los párrafos segundo y tercero del artículo 304.



Lo convenido y resuelto tendrá autoridad y eficacia de cosa juzgada material.



El juez no será recusable por las opiniones que emita en esta audiencia.



Por la conciliación no se pagarán derechos ni impuestos de ninguna clase.



Potestativamente, en cualquier etapa de un proceso judicial, el juez o tribunal puede proponer una audiencia de conciliación. El conciliador podrá ser el mismo juez o un juez conciliador nombrado para el caso concreto.



(Así adicionado el párrafo anterior por el artículo 74 de la ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social RAC, ley  No. 7727 de 9 de diciembre de 1997)




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ARTÍCULO 315.- Medidas de saneamiento.



Desde la admisión de la demanda y en las oportunidades en que corresponda, el juez deberá decretar las medidas necesarias para reponer trámites y corregir actuaciones, integrar el litisconsorcio necesario, y prevenir cualquier tentativa de fraude procesal.



 




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CAPITULO II



 



Fase demostrativa



 



Sección primera



 



Disposiciones generales



 



ARTÍCULO 316.- Admisión, rechazo y concentración de pruebas.



Fracasada la conciliación y saneado el proceso, el juez ordenará recibir las pruebas ofrecidas que sean procedentes, y las que de oficio considere necesarias. Rechazará las que se refieran a hechos admitidos expresamente, a hechos amparados por una presunción, a hechos evidentes y a hechos notorios, y también a aquellos que sean ilegales, inadmisibles o impertinentes. Respecto a las que admita, señalará la o las audiencias que correspondan. Cuando no sea admisible la confesión como única prueba, aunque la contestación o la réplica sean afirmativas en cuanto a los hechos, el juez deberá ordenar la recepción de las pruebas que resulten procedentes. Igual regla se observará, cualquiera que sea la forma en que la demanda haya sido contestada, o cuando no lo haya sido, si la parte demandada o reconvenida estuviere representada por una persona que no tenga facultades legales para confesar en daño de aquélla, en cuyo caso deberán considerarse los albaceas, los curadores, los tutores y los representantes de menores y del Estado y sus instituciones, de las municipalidades, y de las juntas de educación y de protección social.



Cuando la prueba sea abundante y su naturaleza lo justifique, el juez señalará fechas continuas para las audiencias en las que será practicada, dentro del plazo respectivo, con la finalidad de que se produzca la adecuada concentración en ellas.



Contra las resoluciones que dicte el juzgado sobre admisión de pruebas, o sobre incidencias creadas con motivo de la práctica, inevacuabilidad o nulidad de las pruebas, no se dará más recurso que el de revocatoria; pero el tribunal superior podrá, en su oportunidad, ordenar la recepción de aquellas probanzas declaradas inevacuables o nulas que estime convenientes para la averiguación de los hechos.



 



 




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ARTÍCULO 317.- Carga de la prueba.



La carga de la prueba incumbe:



1) A quien formule una pretención (sic), respecto a las afirmaciones de los hechos constitutivos de su derecho.



2) A quien se oponga a una pretensión, en cuanto a las afirmaciones de hechos impeditivos, modificativos o extintivos del derecho del actor.





 




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ARTÍCULO 318.- Medios de prueba.



Son medios de prueba los siguientes:



1) Declaración de las partes.



2) Declaración de testigos.



3) Documentos e informes.



4) Dictámenes de peritos.



5) Reconocimiento judicial.



6) Medios científicos.



7) Presunciones e indicios.



 




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ARTÍCULO 319.- Formación de legajos.



El juez formará un legajo separado para la prueba de cada parte, que se iniciará con el auto en el que se pronuncie sobre la que oportunamente se ofreció. Con tal objeto, no se permitirá a las partes reunir en un mismo escrito solicitudes que correspondan a diferentes legajos. Esos legajos se reunirán oportunamente al expediente.



Si se tratare de prueba pericial que fuera propuesta por ambas partes sobre cuestiones que pueden contestar los mismos peritos, aunque los cuestionarios sean diferentes, o de reconocimiento judicial sobre los mismos lugares, cosas o personas, el juez así lo ordenará, y dispondrá en cuál de los legajos de prueba deberá tramitarse la recepción de esas pruebas.



 




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ARTÍCULO 320.- Plazo para la práctica de pruebas.



El plazo para evacuar la prueba será de cuarenta días. Cuando sea imposible para el juez practicarlas dentro del mencionado plazo, o cuando no hayan sido practicadas por causas que no sean imputables a la parte proponente y ésta manifestare por escrito su interés en la recepción, se prorrogará por el plazo que el juez estime prudente, sin que pueda exceder de otros cuarenta días.



 




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ARTÍCULO 321.- Plazo extraordinario.



Cuando en la demanda, contestación o reconvención se hubieran ofrecido pruebas que deban recibirse en el extranjero, el plazo para evacuarlas será establecido por el juez de acuerdo con las circunstancias, plazo que no excederá en ningún caso de cuatro meses.



El juez no accederá a la prueba sino cuando la considere absolutamente indispensable para resolver el punto discutido, y cuando el proponente carezca de otros medios de prueba suficientes que pueda aportar en el país para demostrar los hechos invocados.



 




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ARTÍCULO 322.- Requisitos.



Para obtener el plazo extraordinario se requiere:



1) Que se indique la naturaleza y las circunstancias de la prueba, y si fuere testimonial, que se digan los nombres, la residencia y las demás calidades de los testigos.



2) Que se exhiba una constancia de haber depositado a la orden del juez la suma de cinco mil colones para responder, en su caso, a la condenatoria que establece el artículo siguiente.



 



 




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ARTÍCULO 323.- Indemnización a la parte contraria y multa.



El litigante a quien se le hubiere concedido el plazo extraordinario, que no ejecute la prueba propuesta o que, una vez evacuada, resulte en definitiva inconducente y así se califique, será condenado en la sentencia si hubiere habido malicia, a pagar a su contrario una indemnización de diez mil colones y cinco días multa, aplicables a los fondos de educación.



 



 




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ARTÍCULO 324.- Recurso.



El auto en el que se otorgue o deniegue el plazo extraordinario será apelable en un efecto.



 



 




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ARTÍCULO 325.- Inevacuabilidad.



Si la prueba no se practicare en la oportunidad señalada, será declarada inevacuable de oficio. Si se tratare de documentos, a pesar de la inevacuabilidad podrán ser presentados posteriormente, en cuyo caso se les dará el trámite previsto en este Código.



La resolución en la que se declare la inevacuabilidad no tendrá más recurso que el de revocatoria.



 




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ARTÍCULO 326.- No evacuación por culpa del tribunal.



No se declarará la inevacuabilidad cuando la falta de práctica de las pruebas sea atribuida al tribunal, lo que ocurrirá en los siguientes casos:



1) Si la parte hubiere suministrado oportunamente, timbres y demás medios materiales que fueren necesarios.



2) Si la parte hubiere devuelto oportunamente las órdenes de citación relativas a testigos o peritos.



3) Si la parte hubiere insistido ante el órgano jurisdiccional para que se lleve a cabo la práctica de la prueba.



Para hacer constar los pasos dados por la parte, a fin de que no se demore la recepción de sus pruebas, podrá presentar escritos sin copia, que el juez hará agregar al expediente o legajo respectivo.



 




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ARTÍCULO 327.- Plazo de antelación.



La citación para una audiencia de prueba deberá notificarse por lo menos con tres días de antelación.



 




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ARTÍCULO 328.- Ampliación o conclusión del plazo.



El plazo probatorio se ampliará o se dará por concluido, aunque no hubiere vencido, si las partes e intervinientes lo solicitarán de común acuerdo.



 




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ARTÍCULO 329.- Recursos.



Las resoluciones en las que se admitan pruebas o aquellas en las que se declaren inevacuables o nulas, o las que se dicten en incidencias creadas con motivo de su práctica, no tendrán más recurso que el de revocatoria; pero el tribunal de segunda instancia podrá, en su oportunidad, ordenar que se reciban aquéllas que hubieren sido declaradas inevacuables o nulas, que estime convenientes para la justa decisión.



El auto en el que se rechacen pruebas será apelable en el efecto devolutivo.



 




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ARTÍCULO 330.- Apreciación de la prueba.



Los jueces apreciarán los medios de prueba en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, salvo texto legal en contrario.



 



 




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ARTÍCULO 331.- Prueba para mejor proveer.



Listo el proceso para la sentencia, y antes de dictarse ésta, los tribunales podrán acordar, para mejor proveer, la práctica de cualquier medio probatorio de los previstos en este Código, o la ampliación de los recibidos; también podrán tener a la vista cualquier actuación, de lo cual se dejará constancia si fuera de influencia en la decisión.



La prueba para mejor proveer podrá comprender probanzas enteramente nuevas o que hayan sido declaradas inevacuables o nulas, o rechazadas por extemporáneas o inadmisibles, o que se refieran a hechos tenidos como ciertos en rebeldía del demandado, siempre que se consideren de influencia decisiva en el resultado del proceso.



En la misma resolución se fijará el plazo dentro del cual deberá ejecutarse lo ordenado, y si no fuere posible determinarlo, el juez o el tribunal procurará que se ejecute sin demora.



Lo dicho en este artículo será aplicable a todo tipo de procesos.



Es deber de las partes que tengan interés en la recepción de las pruebas, suplir las expensas del caso y activar la práctica de esas pruebas. Si no lo hicieren así, el tribunal podrá prescindir, en cualquier momento, de la prueba ordenada, sin necesidad de resolución que así lo decrete, y procederá a dictar la sentencia.



La prueba para mejor proveer se ordenará en un único auto, salvo que la evacuada en esa forma exigiere una nueva prueba de esa clase; no interrumpirá el plazo para fallar, sino que lo suspenderá, o sea, que continuará corriendo el día siguiente de evacuada la prueba.



Contra la resolución en la que se ordene prueba para mejor proveer no se dará recurso alguno, y las partes sólo podrán intervenir en su ejecución en la medida en que el tribunal expresamente así lo disponga.



 




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ARTÍCULO 332.- Aplicación de las normas probatorias.



Lo dispuesto en este capítulo será aplicable a los otros tipos de proceso, salvo disposiciones expresas en contrario, o incompatibilidad por razón de su naturaleza entre el procedimiento respectivo y lo dicho en este capítulo.



 




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Sección segunda



 



Declaración de las partes



 



Subsección primera



 



Interrogatorio de las partes



 



ARTÍCULO 333.- Deber de declarar.



En cualquier estado del proceso, el juez podrá ordenar la comparecencia de las partes para interrogarlas sobre los hechos de la demanda. Cuando el juez no lo ordene de oficio, cada parte podrá solicitar la declaración de la parte contraria, bajo juramento, en cualquier estado del proceso, hasta antes de la sentencia de primera instancia. A la misma parte no podrá pedírsele más de una vez declaración sobre los mismos hechos.



 




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ARTÍCULO 334.- Divisibilidad.



La declaración de parte es divisible cuando verse sobre hechos distintos que no guarden íntima conexión con el declarado.



 




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ARTÍCULO 335.- Comparecencia personal.



La parte estará obligada a responder personalmente el interrogatorio que se le formule, cuando así lo exija el contrario, lo ordene el juez de oficio, o el apoderado ignore los hechos.





 




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ARTÍCULO 336.- Consecuencia de la negativa a declarar.



Si el llamado a declarar no compareciere sin justa causa, rehusare declarar, o respondiere en forma evasiva, a pesar del apercibimiento que se le haya hecho, podrá ser tenido por confeso en la sentencia definitiva, con respecto a los hechos que comprenda el interrogatorio escrito. Si no hubiere interrogatorio escrito y el preguntante hubiera comparecido, no así el declarante, el juez podrá tener por ciertos los hechos de la demanda susceptibles de confesión.



 




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ARTÍCULO 337.- Aplicación de normas.



En lo no previsto expresamente, son aplicables al interrogatorio de las partes las disposiciones relativas a la confesión.



 




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Subsección segunda



 



Confesión



 



ARTÍCULO 338.- Plena prueba.



La confesión judicial prueba plenamente contra quien la hace.



Para que haya confesión es necesario que la declaración verse sobre hechos personales contrarios a los intereses del confesante y favorables al adversario.



No vale como confesión la admisión de hechos relativos a derechos indisponibles.



 




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ARTÍCULO 339.- Irrevocabilidad.



La confesión judicial es irrevocable, salvo que se haya dado por error de hechos.



 




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ARTÍCULO 340.- Indivisibilidad.



La confesión judicial es indivisible, pero el que la hiciere valer podrá combatir, por medio de toda clase de pruebas, con las limitaciones que la ley establece, las declaraciones que hacen parte de la confesión.



 




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ARTÍCULO 341.- Confesión espontánea y extrajudicial.



Las aserciones contenidas en un interrogatorio o en los escritos que se refieren a hechos personales del interrogante o parte, se tendrán como confesión de éstos.



La confesión extrajudicial es inadmisible en los casos en los que no se puede admitir la prueba testimonial; y en los casos en los que sea admisible, quedará al prudente arbitrio del juez apreciar sus efectos con arreglo a las circunstancias y demás pruebas del proceso.



 




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ARTÍCULO 342. Forma del interrogatorio.



El interrogatorio será oral. Si la parte proponente no pudiera concurrir a la diligencia, deberá formularlo por escrito, en pliego abierto, o en sobre cerrado que conservará el juez sin abrirlo hasta el acto de la comparecencia.



Cada pregunta deberá referirse a un solo hecho; las preguntas que contengan varios hechos serán divididas por la parte o por el juez, y las confusas aclaradas por la parte.



El juzgador rechazará de plano las preguntas que no sean pertinentes.



Las preguntas podrán ser o no asertivas. En el primer caso, el interrogado deberá decir si es cierto o no el hecho, en cuyo caso podrá adicionar su respuesta con las explicaciones que crea convenientes; en el segundo supuesto, el interrogado deberá contestar en forma concreta. El juez podrá pedir al interrogado las explicaciones que considere necesarias.



(Texto así modificado por resolución de la Sala Constitucional Nº 1018-97 de las 14:45 horas de 18 de febrero de 1997).



 




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ARTÍCULO 343.- Señalamiento y prevención



El juez señalará el día y la hora en que hayan de comparecer las partes, y prevendrá al que haya de ser interrogado que, si no compareciere sin tener justa causa que se lo impida, podrá ser tenido por confeso. El señalamiento deberá serle notificado, por lo menos, con tres días de anticipación.



(Así reformado por el artículo 19, inciso e), de la Ley de Notificaciones, Citaciones y Otras Comunicaciones Judiciales, ley  No.7637 de 21 de octubre de 1996)




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ARTÍCULO 344.- Calificación del interrogatorio.



En el acto de la comparecencia, previa calificación de las preguntas, el juez examinará a la parte que haya de absolverlas, sobre cada una de las que admitiere. Si rechazare algunas preguntas, lo consignará en el acta.



 




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ARTÍCULO 345.- Forma de responder. El confesante responderá por sí mismo y de palabra, y expondrá lo que sepa de los hechos sobre los que se le pregunta. En el acta se deberá reproducir, hasta donde sea posible, las palabras del confesante. Cuando su mandatario judicial o abogado director manifestaren al juez que se van a oponer a la admisión de una pregunta o repregunta, antes de que se formule la oposición, se retirará al confesante del lugar en el que se practica la diligencia, mientras se discute y resuelve si la oposición es procedente. Al abogado que en alguna forma tratare de insinuar a su parte la contestación que debe dar, el juez deberá retirarlo de la audiencia, de oficio o a solicitud de parte. El juez no consignará los debates sobre la admisión de preguntas o repreguntas, simplemente hará constar la oposición de la parte, en la forma más lacónica posible, y la resolución que dicte. Lo mismo hará con cualquier otra cuestión incidental. No se consignará ninguna manifestación que haga la parte contraria a la oponente, ni tampoco las protestas que formulen las partes; esas protestas podrán hacerse constar en el expediente por medio de un escrito presentado por separado. No se permitirá al confesante valerse de ningún borrador de respuestas.



Cuando, a criterio del juez, sea necesario para auxiliar la memoria, le permitirá que en el acto consulte simples notas o apuntes. Si hecha al confesante una pregunta, expusiere que para contestar necesita examinar libros, documentos o papeles, y pidiere término para ello, el juez se lo concederá si lo estima prudente, y entretanto suspenderá la diligencia. Las contestaciones deberán ser hechas en la forma que indica el párrafo final del artículo 342. Si se negare a declarar, o sus respuestas fueran evasivas, el juez, de oficio, lo apercibirá de que podrán tenerse por ciertos los hechos sobre los cuales versa su declaración.



 




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ARTÍCULO 346.- Repreguntas.



Cuando concurra al acto el litigante que haya solicitado la confesión, ambas partes podrán hacerse, por sí mismas, o por sus abogados directores, aun cuando no tengan poder en el proceso, pero siempre por medio del juez, las preguntas, repreguntas y observaciones que éste admita como convenientes para la averiguación de la verdad de los hechos. En este caso también tendrá aplicación lo dispuesto en el artículo 345.



Se extenderá un acta de todo lo ocurrido, y en ella se insertará la declaración, que tendrá derecho a leer la parte que la haya rendido. Si no lo quisiere hacer, la leerá el secretario o el juez, y éste preguntará al confesante si se ratifica en ella o tiene algo que añadir o variar, y se hará constar lo que diga.



El acta será firmada por el confesante, si supiere y quisiere, y por las demás partes concurrentes; y la autorizará el juez con su secretario o testigos, en su caso.



En la diligencia sólo se permitirá la presencia de las partes y sus apoderados o abogados directores.



 




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ARTÍCULO 347.- Dos o más confesantes.



Cuando dos o más confesantes hayan de declarar sobre un mismo interrogatorio, el juez adoptará las precauciones convenientes para que no puedan comunicarse ni enterarse previamente de aquél.





 



 




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ARTÍCULO 348.- Confesión en la casa u oficina.



Tendrán derecho a rendir confesión o a declarar en su casa o en sus respectivas oficinas:



1) Quienes se encuentren enfermos de manera que no puedan asistir al tribunal, y las mujeres en estado avanzado de gravidez.



2) Los miembros de los Supremos Poderes, los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, el Contralor y el Subcontralor General de la República, los arzobispos, los obispos diocesanos, los embajadores acreditados en el país o quienes hagan sus veces, los jueces superiores y los jueces de primera instancia.



 



 




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ARTÍCULO 349.- Declaración por comisión y gastos de traslado.



Cuando el que deba declarar habite en un lugar distinto al del asiento del tribunal, el declarante o confesante será examinado por medio de un exhorto dirigido al juez correspondiente, al que se le acompañará una copia del interrogatorio calificado por el juzgado. Para tal efecto, el interrogatorio deberá presentarse por escrito, salvo que la parte anuncie que comparecerá a interrogar oralmente, o cuando la declaración se ordene de oficio.



Sin embargo, la parte contraria podrá solicitar que se le ordene comparecer al tribunal que conoce del asunto, y así se resolverá, siempre que deposite previamente el valor que se señale para gastos de transporte, alojamiento, alimentación, e indemnización del tiempo que invirtiere.



Contra esta resolución no cabrá recurso alguno.



La solicitud se hará al pedir la prueba, o dentro del plazo de los tres días posteriores al de la notificación de la resolución en la que se ordena, cuando el juez lo disponga de oficio.



 




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ARTÍCULO 350.- El juramento.



El juez no podrá diferir el juramento, sino en los casos especiales en que la ley establezca que se pase por el dicho del demandante.



 



 




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Sección tercera



 



Declaración de testigo



 



ARTÍCULO 351.- Admisibilidad.



No será admisible la prueba testimonial para demostrar la convención o acto jurídico cuyo objeto tenga un valor mayor al diez por ciento de la suma mínima que se haya fijado para la procedencia del recurso de casación.



En tal caso, toda convención o acto jurídico deberá constar en un documento público o privado. Para lo anterior regirá la suma vigente a la fecha de la celebración de la convención o acto jurídico.



Para la estimación del objeto de la convención o acto jurídico no se tomarán en cuenta los frutos, intereses u otros accesorios.



Sin embargo, la prueba testimonial será admisible para comprobar actos jurídicos cuyo objeto tenga un valor mayor al indicado, y para comprobar las convenciones que haya habido entre las partes, en los siguientes casos:



1) Cuando exista un principio de prueba por escrito.



2) Cuando haya sido imposible al que invoca la prueba testimonial procurarse una literal, o cuando, a consecuencia de caso fortuito, haya perdido la que se había procurado.



Será admisible la prueba testimonial aunque el objeto que constituya la materia de la obligación exceda del valor indicado, si el acreedor limita su reclamo a ese valor y renuncia al exceso.



No obstante lo dispuesto en este artículo, los tribunales podrán permitir la prueba testimonial más allá del límite indicado en el párrafo primero, teniendo en cuenta las cualidades de las partes, la naturaleza de la convención o acto jurídico y cualquier otra circunstancia.



Los hechos puros y simples podrán ser probados por medio de testigos, cualquiera que sea la importancia de la cuestión en la cual se trate de establecer su existencia.



 




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ARTÍCULO 352.- Consecuencias del acto jurídico.



Cuando la prueba verse sobre un acto jurídico que no sea una convención, para determinar si la prueba testimonial es o no admisible, deberá considerarse el acto en las consecuencias que pretenda deducir de él la parte que lo alegue.



Sin embargo, los pagos parciales de una deuda, que juntos asciendan a más del valor indicado en el párrafo primero del artículo anterior, no se podrán comprobar con testigos sino hasta la concurrencia de ese valor.



 




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ARTÍCULO 353.- Inadmisibilidad.



Cuando un acto jurídico se haga constar en un documento público o privado, no se recibirá prueba alguna de testigos contra o fuera de lo contenido en el documento, ni sobre lo que se pueda alegar que se dijo antes, al tiempo o después de su redacción, aun cuando se trate de una suma menor de diez mil colones ( ¢10.000).



 



 




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ARTÍCULO 354.- Indicación de hechos.



El testigo será examinado sobre los hechos que hubiere indicado la parte proponente, sin interrogatorio formal. Esa indicación deberá hacerse por escrito al ofrecer la prueba.



 



 




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ARTÍCULO 355.- Repreguntas.



Los litigantes podrán repreguntar a los testigos en el acto de su examen. Dichas repreguntas versarán sobre los hechos relatados por el testigo, y se formularán una vez terminado el interrogatorio de la parte proponente. El juez calificará la procedencia de las preguntas. Se rechazarán las que no se refieran al objeto de la prueba. A cada litigante sólo se le dará un turno para repreguntas.



 




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ARTÍCULO 356.- Señalamiento.



El juez señalará la hora y el día para la audiencia en la que deban declarar los testigos.



Si su número lo permite, declararán en una sola audiencia; en el caso contrario, el juez continuará su recepción en la fecha más próxima posible, para lo cual aplicará lo dicho en el párrafo segundo del artículo 316.



Si no concurrieren a una primera audiencia todos los testigos ofrecidos, a petición de la parte proponente, el juez hará un nuevo señalamiento para los que no se hubieren presentado. Este nuevo señalamiento sólo podrá concederse por una vez, y la petición deberá hacerse en la audiencia o dentro de los tres días posteriores, siempre que se presente la orden de citación debidamente diligenciada conforme lo establece el artículo 361.



En la audiencia la solicitud podrá hacerse oralmente.



 




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ARTÍCULO 357.- Generales de ley.



A cada testigo se le preguntará:



1) Su nombre, los apellidos, la edad, la profesión u oficio y el domicilio.



2) Si es pariente por consanguinidad o afinidad, y en qué grado, de alguno de los litigantes.



3) Si es dependiente o empleado del que lo presenta, o si tiene con él sociedad o alguna otra relación de intereses o de dependencia.



4) Si tiene interés directo en el proceso o en otro semejante.



5) Si es amigo íntimo o enemigo de alguno de los litigantes, o su compañero de oficina o de trabajo.



El juez interrogará al testigo verbalmente sobre cada una de las preguntas indicadas en los incisos 2) a 5), y sólo consignará la respuesta cuando ésta sea afirmativa; es decir, cuando el testigo manifieste que tiene alguna o algunas de las relaciones con las partes o con el proceso que las referidas preguntas prevén. En caso contrario, bastará con advertir que se hicieron al testigo las preguntas dichas y que sus contestaciones fueron negativas.



 




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ARTÍCULO 358.- Práctica de la audiencia.



Los testigos declararán bajo juramento y advertidos de las penas con que la ley castiga el delito de falso testimonio; su declaración versará sobre hechos puros y simples, y estarán obligados a dar razón de su dicho, lo cual deberá exigirles el juez.



A la audiencia sólo podrán comparecer las partes y sus abogados; no obstante, el juez podrá permitir la presencia de otros abogados y de estudiantes de Derecho, para fines didácticos.



Una vez que el juez haya hecho las preguntas al testigo conforme con lo dicho en el artículo 354, las partes o sus abogados podrán hacer sus repreguntas; podrán éstos repreguntar en ausencia de la parte, pero sólo cuando sean apoderados judiciales. Repreguntará primero la parte proponente.



Los testigos declararán seguidamente, procurando que unos no se comuniquen con otros, para lo cual podrán retirarse los que lo hayan hecho.



No será permitido dirigirles preguntas de apreciación, ni consignar opiniones suyas. Podrán leer su declaración o, en su defecto, la leerá el juez o el secretario, y se harán constar estas circunstancias.



De la diligencia se extenderá un acta que firmarán el testigo, las partes, los abogados, los apoderados, el juez y el secretario, acta a la cual le será aplicable lo dicho en el artículo 152.



 



 




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ARTÍCULO 359.- Oposición a preguntas y repreguntas.



Si una parte se opusiera a una pregunta o repregunta, el juez hará pasar al testigo a otro departamento para que no se entere del debate. El juez no consignará los debates sobre admisión de preguntas o repreguntas; simplemente hará constar la oposición, de la parte, en la forma más lacónica posible, y la resolución que dicte. Resuelta la oposición, hará pasar de nuevo al testigo.



Las protestas se harán en escritos separados. La parte, o el defensor de ésta, que insinuare la respuesta al testigo, será retirado de la audiencia.



 



 




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ARTÍCULO 360.- Ausencia del deber de declarar.



No estarán obligados a declarar como testigos:



1) Los que por razón de su estado o profesión tengan noticia de hechos que se les hayan comunicado confidencialmente.



2) Los que sean examinados sobre hechos que importen responsabilidad penal contra el declarante o contra su cónyuge, ascendiente, descendiente o parientes colaterales hasta el tercer grado, inclusive, de consanguinidad o afinidad.



 




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ARTÍCULO 361.- Citación.



Si la parte proponente lo considerare, necesario, podrá solicitar verbalmente al juez que cite a los testigos ofrecidos, cuya orden extenderá por escrito. La citación se hará por medio de la parte interesada, quien devolverá al juzgado las órdenes debidamente firmadas por los testigos, a más tardar en el acto de la audiencia. Si la parte lo solicitare, la citación también podrá hacerse por el notificador.



Para que el testigo esté obligado a comparecer, se le deberá solicitar con dos días de antelación, por lo menos, al señalado para su examen. No obstante lo dicho, el testigo podrá presentarse voluntariamente.



Sólo en casos calificados, a criterio del juez, y siempre que el testigo hubiere sido debidamente citado para los dos señalamientos anteriores, se hará un tercer señalamiento, caso en el cual será traído por la fuerza pública; al mismo tiempo se pondrá el hecho en conocimiento de la autoridad penal correspondiente, por medio de una nota, para lo de su cargo.



 




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ARTÍCULO 362.- Gastos.



Los gastos y perjuicios que tuvieren los testigos serán satisfechos por la parte proponente. No habiendo avenencia entre la parte y el testigo, el juez fijará la cantidad sin ulterior recurso, y prevendrá a la parte que la pague sin dilación. Si el proponente resultare victorioso y favorecido con la condenatoria en costas procesales, tendrá derecho a que el vencido le haga el reembolso correspondiente.





 



 




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ARTÍCULO 363.- Declaración en la casa o en la oficina.



A las personas enfermas y a las mujeres en estado avanzado de gravidez, atendidas las circunstancias, el juez podrá recibirles declaración en su casa.



A los miembros de los Supremos Poderes, magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, al Contralor y Subcontralor de la República, arzobispos, obispos diocesanos, diplomáticos, jueces superiores y jueces de primera instancia, se les recibirá la declaración en sus respectivas oficinas.



 




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ARTÍCULO 364.- Declaración ante un juez comisionado.



Si el testigo no residiera en el lugar en el que se sigue el proceso, podrá ser examinado por el juez que corresponda, para lo cual le enviará la comisión respectiva. En cuanto al interrogatorio, se aplicará lo dicho en el artículo 354.



El juez comisionado tendrá amplia facultad para admitir y rechazar repreguntas y resolver toda clase de incidencias que se presentan al recibirse la declaración.





 




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ARTÍCULO 365.- Número máximo de testigos.



Los litigantes podrán presentar hasta cuatro testigos sobre cada uno de los hechos que intenten demostrar. El juez podrá reducirlos a dos o tres, cuando lo considere suficiente.



 



 




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ARTÍCULO 366.- Intérpretes.



Si el testigo no supiere el idioma español, dará su declaración por medio de un intérprete que será nombrado por el juez; si el testigo lo pidiere, además de asentarse su declaración en español, podrá escribirse en su propio idioma, por él o por el intérprete.



 




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ARTÍCULO 367.- Nuevo señalamiento y careo.



Cuando no sea posible terminar en una audiencia el examen de los testigos de una parte, se continuará en la que el juez señale.



En cualquier momento en que el juez lo considere conveniente, podrá ordenar el careo entre los testigos, o entre los testigos y las partes.



Si por residir los testigos o las partes en diferentes lugares se hiciere difícil o imposible el careo, el juez podrá disponer nuevas declaraciones separadas, de acuerdo con el interrogatorio que formule.



 



 




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Sección cuarta



 



Documentos



 



ARTÍCULO 368.- Distintas clases de documentos.



Son documentos los escritos, los impresos, los planos, los dibujos, los cuadros, las fotografías, las fotocopias, las radiografías, las cintas cinematográficas, los discos, las grabaciones magnetofónicas y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo.



 



 




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ARTÍCULO 369.- Documentos e instrumentos públicos.



Son documentos públicos todos aquéllos que hayan sido redactados o extendidos por funcionarios públicos, según las formas requeridas y dentro del límite de sus atribuciones.



Las fotocopias de los documentos originales tendrán el carácter que este artículo establece, si el funcionario que las autoriza certifica en ellas la razón de que son copias fieles de los originales, y cancela las especies fiscales de ley.



Es instrumento público la escritura otorgada ante un notario público, así como cualquier otro documento al cual la ley le dé expresamente ese carácter.



 




Ficha articulo



ARTÍCULO 370.- Valor probatorio.



Los documentos o instrumentos públicos, mientras no sean argüidos de falsos, hacen plena prueba de la existencia material de los hechos que el oficial público afirme en ellos haber realizado él mismo, o haber pasado en su presencia, en el ejercicio de sus funciones.



 




Ficha articulo



ARTÍCULO 371.- Documento otorgado ante un notario.



El documento otorgado por las partes ante un notario hace fe, no sólo de la existencia de la convención o disposición para la prueba para la cual ha sido otorgado, sino aun de los hechos o actos jurídicos anteriores que se relatan en él, en los términos simplemente enunciativos, con tal de que la enunciación se enlace directamente con la convención o disposición principal.



Las enunciaciones extrañas a la convención o disposición principal, no podrán servir para otra cosa que no sea la del principio de prueba por escrito.



 




Ficha articulo



ARTÍCULO 372.- Principio de prueba por escrito.



Para que haya principio de prueba por escrito es necesario:



1) Que el escrito del que se pretende hacerlo resultar, emane de la persona a quien se opone, o de aquél a quien ella representa, o de aquél que la haya representado.



2) Que tal escrito haga verosímil el hecho alegado.



 




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ARTÍCULO 373.- Presunción de la causa.



El documento en el que se consigne una obligación sin expresar la causa de ella, hará presumir la existencia y legalidad de dicha causa, mientras el deudor no la niegue; pero si éste la niega, el acreedor estará obligado a probar la existencia de la causa, en cuyo caso el documento servirá como principio de prueba escrita.



La disposición de este artículo comprende también los documentos privados.



 




Ficha articulo



ARTÍCULO 374.- Documentos otorgados en el extranjero.



Los documentos públicos otorgados en el extranjero se equipararán a los públicos del país, si reúnen los siguientes requisitos:



1) Que en el otorgamiento se hayan observado las formas y las solemnidades establecidas en el país donde se hayan verificado los actos los y los contratos.



2) Que la firma del funcionario expedidor esté debidamente autenticada.



 



 




Ficha articulo



ARTÍCULO 375.- Cotejo del documento público con el original.



El juez podrá, de oficio o a solicitud de parte, disponer el cotejo de un documento público con su original.



El cotejo se practicará por el secretario, o por el juez, si éste lo estima conveniente, para lo cual se constituirá en el archivo o lugar donde se halle la matriz, previo señalamiento de la hora y el día. A dicha diligencia podrán concurrir las partes y sus abogados.



El juez podrá disponer, si fuera posible, que se lleven a su presencia los registros, los archivos o los protocolos. Los gastos de la diligencia serán pagados por la parte proponente.



Si el cotejo no pudiere verificarse por haber desaparecido la matriz, el documento hará fe mientras no se demuestre por otras pruebas legales su inexactitud o falsedad.



En este último caso se procederá de acuerdo con lo dicho en el artículo 202, inciso 2).



 




Ficha articulo



ARTÍCULO 376.- Cotejo de letras de documentos públicos.



Si se negare o pusiere en duda la autenticidad de las firmas de un documento público cuya matriz hubiere desaparecido, la parte que lo rechace podrá pedir que se proceda al cotejo de letras. Pero antes deberá llamarse al funcionario que lo hubiere expedido y a los testigos que lo hubieren autorizado, para que declaren sobre su autenticidad; sólo que éstos no pudieran declarar, se procederá al cotejo pedido. En ambos casos, queda a salvo el derecho del interesado para acusar de falso el documento.



La parte a quien le aproveche el documento rechazado podrá también pedir el cotejo de letras, si lo creyere útil para destruir la prueba que se hubiera rendido contra la autenticidad.



Si no hubiere documentos indubitados para hacer el cotejo de letras del documento público, se tendrá éste por eficaz.



 




Ficha articulo



ARTÍCULO 377.- Informes.



El juez, de oficio o a solicitud de parte, podrá pedir, a cualquier oficina pública, los informes escritos relativos a actos o documentos de dichas oficinas que sean necesarios para una justa decisión. Dichos informes se considerarán auténticos.



 




Ficha articulo



ARTÍCULO 378.- Copia de documentos.



Los documentos privados y los expedidos por un notario podrán ser presentados en copia debidamente certificada por dicho funcionario, salvo que el juez o el adversario solicitaren la presentación del original.



 



 




Ficha articulo



ARTÍCULO 379.- Documentos privados.



Los documentos privados reconocidos judicialmente o declarados como reconocidos conforme con la ley, hacen fe entre las partes y con relación a terceros, en cuanto a las declaraciones en ellos contenidas, salvo prueba en contrario.



 



 




Ficha articulo



ARTÍCULO 380.- Fecha cierta.



La fecha cierta de un documento privado no se contará respecto de terceros, sino desde que se verifique uno de los hechos siguientes:



1) La muerte de alguno de los firmantes.



2) La presentación del documento ante cualquier oficina pública, para que forme parte de un expediente con cualquier fin.



3) La presentación del documento ante un notario, a fin de que se autentique la fecha en que se presenta.



Si el tercero, al tiempo de contratar, tuviere conocimiento de la existencia del documento, no podrá rechazarlo, con el pretexto de que no se halla en uno de los tres casos anteriores.



Para los efectos de este artículo, no se considerarán terceros los acreedores de cada uno de los contratantes, cuando ejerzan los derechos de su deudor.



No podrá prevalecerse de lo dicho en el primer párrafo aquél que, mediante una colusión con su causante, haya cometido un fraude en perjuicio de la parte.



 




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ARTÍCULO 381.- Documentos relativos a convenciones comerciales.



El principio de que los documentos privados no dan fe de su fecha con respecto a terceros no se aplicará a documentos en los que se hagan constar convenciones u operaciones comerciales.



 




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ARTÍCULO 382.- Libros de comercio.



Respecto a los libros de los comerciantes, se estará a lo dispuesto en el Código de Comercio.



 



 




Ficha articulo



ARTÍCULO 383.- Documento privado en poder de la parte.



El documento privado no prueba contra el que lo escribió y firmó, si siempre ha permanecido en su poder.



 



 




Ficha articulo



ARTÍCULO 384.- Nota escrita por el acreedor.



La nota escrita por el acreedor enseguida, al margen, al dorso o en el cuerpo del documento, aunque no esté fechada ni firmada, hace prueba en favor del deudor.



 




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ARTÍCULO 385.- Asientos, registros y papeles domésticos.



Los asientos, registros y papeles domésticos únicamente hacen fe contra el que los haya escrito; pero el que quiera aprovecharse de ellos no podrá rechazarlos en la parte que lo perjudiquen.



 




Ficha articulo



ARTÍCULO 386.- Documento firmado a ruego.



Los documentos firmados por una persona a ruego de otra, y por dos testigos más, hacen plena prueba, si los tres firmantes reconocen su firma y testifican el hecho de haber presenciado el otorgamiento.



 




Ficha articulo



ARTÍCULO 387.- Documentos privados parte de un libro.



Cuando se presenten documentos privados que formen parte de un libro, expediente o legajo, se pondrá constancia de lo que señale la otra parte que los presenta y se le devolverán enseguida.



 




Ficha articulo



ARTÍCULO 388.- Reconocimiento de documentos privados.



Los documentos privados y la correspondencia serán reconocidos ante el juez por la parte que los haya suscrito o sus causahabientes, cuando así se pida. No será necesario dicho reconocimiento cuando la parte a quien perjudique el documento lo hubiere aceptado expresa o tácitamente.



El reconocimiento judicial de los documentos privados se hará en la misma forma que la confesión judicial.



 




Ficha articulo



ARTÍCULO 389.- Cotejo de letras de documento privado.



Si un documento privado no fuere reconocido por aquél a quien se le atribuye, la parte que lo adujere podrá pedir que se proceda al cotejo de letras por un perito, con el señalamiento de los documentos indubitados con los que deba hacerse el cotejo.



A falta de documentos indubitados, de oficio o a solicitud de parte, podrá ser requerida la parte a quien se le atribuye la firma o el documento cuya autenticidad se trata de demostrar, para que forme un cuerpo de escritura que en el acto le dictará el juez. Si se negare a ello, se le podrá estimar como confesa en el reconocimiento del documento discutido.



 




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ARTÍCULO 390.- Cotejo de la fotocopia.



Si la parte a quien perjudique el documento reproducido en la fotocopia impugnare la exactitud de la reproducción, deberá verificarse el cotejo con el original, si fuere posible, y, no siendo así, se tendrá en cuenta el resultado de las demás pruebas.



Lo dicho en este artículo se aplicará a los dibujos, las fotocopias, las pinturas, los croquis, los planos, los mapas y los documentos semejantes.



 




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ARTÍCULO 391.- Aceptación y desconocimiento de la reproducción mecánica.



Las reproducciones fotográficas, cinematográficas, fonográficas o de cualquier otra clase, hacen prueba de los hechos o de las cosas representadas, si la parte contra quien se opone las acepta expresa o tácitamente.



Si se impugnare o desconociere la autenticidad de la reproducción mecánica, el juez ordenará la práctica de un examen pericial, a fin de determinar si es o no auténtica la reproducción.



 




Ficha articulo



ARTÍCULO 392.- Documentos incompletos.



Los documentos dañados o rotos en una parte sustancial no tienen valor probatorio.



Tampoco lo tendrán en la parte que fueren enmendados o entrelineados, si el error no fuere salvado mediante una nota conforme con la ley.



Cuando se solicite una certificación parcial de un libro, expediente, legajo o documento, el litigante contrario podrá pedir que se le adicione lo que él señale, a su costa, sin perjuicio de lo que en definitiva se determine sobre el pago de costas.



 




Ficha articulo



ARTÍCULO 393.- Documentos en poder de terceros.



No se obligará a los que no litiguen a la exhibición de documentos privados de su propiedad exclusiva.



Si estuvieren dispuestos a exhibirlos voluntariamente, tampoco se les obligará a que los presenten en el juzgado, sino que deberán certificarse por el secretario en sus casas u oficinas.



 



 




Ficha articulo



ARTÍCULO 394.- Documentos posteriores.



Los documentos que hayan de traerse al proceso de acuerdo con el artículo 292, se extenderán en virtud de exhorto que se expedirá al efecto.



 



 




Ficha articulo



ARTÍCULO 395.- Traducción.



A todo documento redactado en cualquier idioma que no sea el español, se le acompañarán su traducción y la copia de aquél y de ésta.



Dicha traducción podrá ser hecha privadamente, y en este caso, si alguna de las partes la impugnare porque manifiesta que no la tiene por fiel y exacta, se hará la versión en español por el traductor oficial o por el que nombre el juez en reemplazo de aquél.



 




Ficha articulo



ARTÍCULO 396.- Falsedad de documento público.



Si se estableciera un proceso penal sobre la falsedad de un documento o instrumento público en lo sustancial, de influencia en el proceso civil, se suspenderá éste en el estado en que se halle hasta que se resuelva definitivamente aquél. Si la falsedad se refiriere a lo accesorio, será facultativo para los tribunales civiles decretar la suspensión.



 



 




Ficha articulo



ARTÍCULO 397.- Falsedad de documento público en sede civil.



La falsedad de un documento o instrumento público sólo podrá ser declarada por el juez civil en los casos del artículo 294, cuando estuviere extinguida por prescripción la acción penal, o cuando, establecida, no pudiere juzgarse por haber muerto los actores o cómplices del delito, o por no aparecer responsables de la falsedad.



En estos casos, si el documento se hubiere presentado con la demanda o reconvención, la prueba de la falsedad se ofrecerá en la contestación o en la réplica; si fuere presentado después, se hará en el incidente de presentación. En uno y otro caso la falsedad se decidirá en la sentencia definitiva.



 




Ficha articulo



ARTÍCULO 398.- Falsedad de la matriz e inexistencia de ésta.



Si se alegare falsedad de la matriz o del testimonio cuya matriz no existe, se observará lo dicho en los dos artículos anteriores.



 




Ficha articulo



ARTÍCULO 399.- Falsedad de documento privado.



En el proceso civil en el que hubiere sido presentado se resolverá sobre la autenticidad de un documento privado que hubiere sido desconocido.



Pero si se estableciere proceso penal por el delito de falsedad y el documento fuere de influencia en el proceso civil, se suspenderá éste hasta la resolución definitiva de aquél.



 




Ficha articulo



ARTÍCULO 400.- Decreto de suspensión.



Para decretar la suspensión del proceso civil es indispensable que se demuestre que el tribunal correspondiente ha ordenado la instrucción del proceso penal.



A todo caso de suspensión le es aplicable lo dispuesto en el artículo 202, inciso 2).



 




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Sección quinta



 



Dictámenes de peritos



 



ARTÍCULO 401.- Proposición de la prueba.



Procederá la prueba pericial cuando haya que apreciar hechos o circunstancias que exijan conocimientos especiales extraños al Derecho. La parte que tenga interés en rendir una prueba pericial expresará, al ofrecerla, con claridad y precisión, los puntos sobre los cuales debe versar el dictamen, y formará, al mismo tiempo, el interrogatorio a que deba dar respuesta el perito.



 




Ficha articulo



ARTÍCULO 402.- Adhesión o impugnación de la parte contraria.



La parte contraria a la proponente podrá, en la contestación de la demanda, o en la réplica, pedir que dicha prueba se amplíe en cuanto a los puntos del dictamen, los cuales expresará concretamente, o podrá impugnar todos o algunos puntos.



 




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ARTÍCULO 403.- Honorarios y gastos del perito.



Si el juez admitiere la prueba, deberá prevenir a la parte proponente el depósito de los honorarios, así como la suma correspondiente a gastos, los cuales calculará tomando en cuenta la naturaleza del dictamen, la competencia y el trabajo que exija.



Si la parte contraria hubiere solicitado ampliación, deberá depositar la mitad de los honorarios y gastos, lo cual será proporcional si la parte contraria estuviere formada por varias personas.



El plazo para hacer el depósito indicado es de ocho días. Si no se hiciere se tendrá por abandonada la prueba y se prescindirá de ésta o de la ampliación, según sea el caso.



Desechada o desistida la prueba principal, podrá practicarse la de la ampliación, pero en este caso los honorarios y gastos deberá cubrirlos, en total, la parte que haya solicitado esa ampliación.



Si ambas partes solicitaren la prueba, cada una pagará los respectivos honorarios y gastos cuando los interrogatorios versen sobre puntos diferentes.



Si versaren sobre puntos iguales, cada parte pagará la mitad de los honorarios y de los gastos.



El juez, a solicitud de los peritos, podrá girarles previamente al reconocimiento, la suma correspondiente a los gastos, pero si por su culpa no rindieren el dictamen, deberán devolver esa suma, bajo apremio corporal.



 



 




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ARTÍCULO 404.- Designación de los peritos.



El juez hará la designación en personas que tengan título en la ciencia o arte correspondiente, de honorabilidad y competencia reconocidas.



Si no hubiere profesionales, o si habiéndolos no aceptaren, el juez nombrará a prácticos. También podrá nombrar a prácticos cuando el dictamen verse sobre puntos que no exijan título profesional. Las partes podrán, de común acuerdo, hacer el nombramiento del perito o peritos, siempre que reúnan los requisitos antes dichos. De no ser así, se desechará ese convenio y el juez hará la designación.



Es prohibido nombrar como peritos a los empleados y funcionarios judiciales.



 




Ficha articulo



ARTÍCULO 405.- Aceptación del cargo.



Hecho el nombramiento de peritos, se les hará saber a efecto de que comparezcan dentro de tercero día a aceptar el cargo. Cuando un perito no compareciere se entenderá que no acepta y será repuesto de oficio.



(Nota de Sinalevi. Interpretado mediante Oficio No 04819-2002-DHR del 11 de junio de 2002 de la Defensoría de los Habitantes. Su texto puede verse en la Circular No.83-2002 de 29 de julio de 2002, emitida por la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia)




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ARTÍCULO 406.- Reconocimiento de lugares y entrega de dictamen.



Si previamente a la rendición del dictamen hubiere de practicarse algún reconocimiento de lugares u objetos, o examinarse libros o ejecutarse alguna otra operación semejante, a solicitud de parte hecha dentro de los tres días posteriores a la aceptación de los peritos, o antes, el juez señalará el día y la hora con ese fin. Al practicarse ese reconocimiento, examen u operación, las partes podrán hacerle a los peritos cuantas observaciones estimen oportunas.



Si no se pidiere señalamiento para el reconocimiento, o practicado éste, el juez otorgará a los peritos un plazo suficiente para que rindan su dictamen, el cual podrán enviar autenticado o presentarlo personalmente.



Cada perito informará por separado; pero si estuviesen de acuerdo, extenderán su dictamen en un solo escrito firmado por todos. En este caso, el dictamen se enviará autenticado.





 



 




Ficha articulo



ARTÍCULO 407.- Conocimiento y ampliación del dictamen.



Rendido el dictamen, se pondrá en conocimiento de las partes. El juez, de oficio o a gestión hecha dentro de tercero día, podrá ordenar a los peritos ampliar, completar o aclarar el dictamen, sin que por ello puedan cobrar nuevos honorarios. La resolución en ese sentido no tendrá recurso alguno.



No se girarán los honorarios a los peritos sino cuando hayan completado su dictamen; quien se niegue a hacerlo, perderá los honorarios, que serán destinados a pagar un nuevo peritaje



 




Ficha articulo



ARTÍCULO 408.- Daños y perjuicios.



El perito que dejare de concurrir al acto de reconocimiento, o que no rindiere su dictamen en la oportunidad legal, sin justa causa, quedará sujeto a la indemnización de daños y perjuicios, y se nombrará nuevo perito en su reposición.



 



 




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Sección sexta



 



Reconocimiento judicial



 



ARTÍCULO 409.- Objeto y señalamiento.



Para el examen de personas, lugares o cosas, el juez señalará la hora y el día en que haya de practicarse. Si el reconocimiento debe hacerse en un lugar muy lejano del asiento del tribunal, podrá comisionarse al órgano jurisdiccional más cercano al lugar del reconocimiento. Si dicho lugar estuviere fuera del territorio competencial del juez, se comisionará al juez respectivo.



Las partes, sus representantes o abogados, podrán concurrir al reconocimiento y a hacer las observaciones que estimen oportunas. A solicitud de partes y a criterio del juez, éste podrá disponer que en el lugar del reconocimiento se les tome declaración a los testigos, cuando la vista del lugar y de las cosas contribuyan a la claridad de su testimonio, y también que el reconocimiento judicial y el pericial, si éste hubiera sido ordenado, se hagan simultáneamente. No obstante, las actas de cada medio probatorio se harán por separado.



 



 




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ARTÍCULO 410.- Reconocimiento de personas.



Cuando se trate de reconocimiento de personas, se tomarán todas las medidas necesarias a fin de respetarles al máximo su pudor u honestidad, para lo cual se les permitirá que se acompañen de algún familiar o amigo de su confianza, e incluso podrá ordenarse que la diligencia se practique sin la asistencia de partes o defensores, o en la propia casa o lugar donde se encuentre la persona que se reconocerá.



 




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ARTÍCULO 411.- Acta.



Del resultado del reconocimiento se extenderá un acta en el mismo lugar, si fuere posible; en el caso contrario se hará en el tribunal.



Dicha acta será firmada por el juez, el secretario y los asistentes a la redacción. Los nexos gráficos, si los hubiere, serán identificados y resguardados por el juez.



 



 



 




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Sección séptima



 



Medios científicos



 



ARTÍCULO 412.- Reproducciones.



De oficio o a petición de parte, el juez podrá ordenar la práctica de calcos, relieves, filmes o fotografías de objetos, documentos y lugares.



También podrá ordenarse la obtención de radiografías, radioscopías, análisis hematológicos, bacteriológicos u otros, y, en general, cualquier prueba científica.



Podrán aportarse también comunicaciones telegráficas, radiográficas, telefónicas y cablegráficas, siempre que se hayan observado las leyes y los reglamentos respectivos.



 



 




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ARTÍCULO 413.- Apreciación y gastos.



Si fuere necesario, a criterio del juez, para apreciar este medio de prueba podrá ordenarse el dictamen de peritos.



Los gastos de la prueba científica estarán a cargo de la parte proponente, o de la parte que indique el juez.



 




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Sección octava



 



Presunciones



 



ARTÍCULO 414.- Presunción legal.



Toda presunción legal exime a la parte que la alegue, de la obligación de probar el hecho reputado cierto en virtud de tal presunción.



Sin embargo, quien invoque una presunción legal deberá probar la existencia de los hechos que le sirven de base.



 




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ARTÍCULO 415.- Presunción absoluta.



Se deberán considerar como presunciones absolutas, aquéllas en virtud de las cuales la ley anula ciertos actos, o acuerda una excepción perentoria, si en esas hipótesis la ley no ha reservado expresamente la prueba en contrario.



Sin embargo, por absoluta que sea una presunción legal, no se opone a la eficacia de la confesión del hecho contrario, siempre que se trate de presunciones exclusivamente establecidas por un interés privado, y que la confesión sea admisible en la materia de la contención.



 



 




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ARTÍCULO 416.- Presunción relativa.



Fuera de las presunciones absolutas, las demás podrán ser combatidas por la prueba en contrario, para lo cual son admisibles todos los medios legales, salvo lo establecido por la ley en ciertos casos sobre el tiempo y el modo de acatarlas.



 




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ARTÍCULO 417.- Presunción humana.



Las presunciones humanas sólo constituyen prueba si son consecuencia directa, precisa y lógicamente deducida de un hecho comprobado. La prueba de presunciones deberá ser grave y concordar con las demás rendidas en el proceso.



 



 




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CAPITULO III



 



Fase conclusiva



 



ARTÍCULO 418.- Unión de legajos y alegato de conclusiones.



Transcurrido el plazo para evacuar la prueba sin que se solicite prórroga, o práctica de toda la propuesta, o declarada innevacuable toda o parte de ella, o renunciada la que falte, el juez, sin necesidad de gestión de parte, mandará que se unan los legajos de pruebas.



En la misma resolución concederá un plazo común de diez días a las partes e intervinientes, para que presenten su alegato de conclusiones.



 




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ARTÍCULO 419.- Sentencia.



Vencido el plazo concedido para presentar el alegato de conclusiones, quedará cerrado el debate, y el juez procederá a dictar la sentencia dentro del plazo legal correspondiente.



 




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TITULO II



 



Proceso abreviado



 



ARTÍCULO 420.- Asuntos sujetos a este trámite. Cualquiera que sea su cuantía, las siguientes pretensiones se tramitarán y decidirán en proceso abreviado:



 



1) El divorcio, la separación y la nulidad del matrimonio.



2) (Derogado por el artículo 8 de la Ley de Paternidad Responsable, ley  8101 de 16 de abril del 2001)



3) (Derogado por el artículo 8 de la Ley de Paternidad Responsable, ley  8101 de 16 de abril del 2001)



4) La suspensión o modificación de la patria potestad, independientemente de los procesos a que se refiere el inciso 1).



5) La vindicación de estado.



6) La legitimación.



7) La interdicción.



8) La entrega material por el enajenante al adquirente, de un bien inmueble.



9) Las pretensiones que señala el artículo 127 de la Ley general de arrendamientos urbanos y suburbanos.



(Así reformado el inciso anterior por el artículo 131 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, ley  No.7527 del 10 de julio de 1995)



10) La rendición de cuentas.



11) Los acuerdos tomados en asamblea de accionistas, en juntas directivas o en consejos de administración.



12) La servidumbre, concretamente la pretensión del dueño del fundo enclavado para que le sea permitido el paso por el predio vecino, o para el restablecimiento del mencionado derecho de paso.



13) La división o venta, en subasta pública, de la cosa común.



14) La continuación o la demolición de la obra nueva.



15) Los asuntos relativos a derechos de propiedad intelectual.



(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 3 de la ley 7979 del 6 de enero del 2000)  




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ARTÍCULO 421.- Asuntos de menor cuantía.



También se tramitarán y decidirán en proceso abreviado, las pretensiones de menor cuantía que no tengan asignado un trámite especial.



 




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ARTÍCULO 422.- Demanda, traslado y prueba.



Formulada la demanda, el juez aplicará los artículos 288, 289, 290, 291, 292 y 295. El emplazamiento al demandado será de diez días, y el plazo para oponer excepciones previas y objetar la cuantía será de cinco días.



 



 




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ARTÍCULO 423.- Contestación, reconvención y réplica.



Contestada la demanda y establecida, en su caso, la reconvención, el juez aplicará lo dicho en los artículos 304, 307 y 308. El plazo para la réplica será de diez días, y para oponer excepciones previas será de cinco días.



 




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ARTÍCULO 424.- Rebeldía.



Si el demandado no contestare la demanda, el juzgador aplicará los artículos 310 y 311.



 



 




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ARTÍCULO 425.- Conciliación y medidas de saneamiento.



El juzgador dará aplicación a lo dicho en los artículos 314 y 315.



 



 




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Artículo 426.- Pruebas. El juzgador aplicará lo dicho en los artículos 316, 320 y 321, pero los plazos ordinario y extraordinario para evacuar pruebas serán de veinte días y de dos meses, respectivamente.



Para el caso específico de los acuerdos tomados en asamblea de accionistas, en juntas directivas o en consejos de administración, las partes podrán solicitar al juez, en la demanda, en la contestación de la demanda o en la réplica que ordene la obtención o presentación de cualquier documento aunque no se tenga una identificación específica de tales documentos, pero que sea relevante, sea que esté en poder de la contraparte, de los testigos o de un tercero, y se considere necesario para ejercer sus derechos. En estos casos, a solicitud de la parte perjudicada, el juez podrá declarar el secreto del sumario, de modo tal que se garantice la salvaguarda de la información confidencial de la empresa.



 (Así reformado por el artículo 2°  de la Ley de Protección al Inversionista Minoritario, N° 9392 del 24 de agosto de 2016)




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ARTÍCULO 427.- Sentencia.



El juzgador dictará la sentencia en los quince días posteriores a aquél en que termine la práctica de las pruebas, o a aquél en que haya quedado firme la resolución que tiene por contestados afirmativamente los hechos fundamento de la demanda.



 




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ARTÍCULO 428.- Disposiciones aplicables.



Las disposiciones establecidas para el proceso ordinario serán aplicables al proceso abreviado, en los casos en que guardare silencio este título.



Pero en cuanto a apelaciones, no las habrá en otros casos que los expresados en el presente título.



Serán aplicables también los demás procedimientos del presente título a los otros procesos de menor cuantía, cuando no haya disposición especial para el caso.



 



 




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ARTÍCULO 429.- Resoluciones apelables.



Únicamente son apelables las siguientes resoluciones:



1) La que resuelva sobre la competencia.



2) La que resuelva las excepciones previas.



3) La que imponga una corrección disciplinaria a una parte o a un abogado.



4) La que decrete el apremio corporal.



5) La que ponga fin a cualquier clase de medida cautelar, proceso o incidente de menor cuantía.



6) La sentencia.



7) La que apruebe o impruebe la liquidación de daños y perjuicios, o la tasación de costas.



La resolución en la que se declare sin lugar la excepción de incompetencia por razón de materia o cuantía no tendrá ningún recurso, pero el superior, al conocer en apelación de la sentencia, podrá anular el proceso si resultare de mayor cuantía.



 




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ARTÍCULO 430.- Procedimiento de la apelación.



La apelación deberá interponerse dentro de los tres días siguientes al de la notificación a todas las partes.



Admitida la apelación, se emplazará a las partes para que comparezcan ante el superior en defensa de sus derechos y expresen agravios, dentro del plazo de tres días si el tribunal de primera instancia estuviere en el mismo lugar que el superior, y de cinco días si estuviere en lugar distinto. Al emplazar a las partes, se les prevendrá el señalamiento de casa u oficina para atender notificaciones en el tribunal de segunda instancia, si no radicare en el mismo lugar. Una vez transcurrido el emplazamiento, el juzgador dictará la sentencia dentro de los ocho días siguientes, salvo que haya ordenado prueba para mejor resolver.



La tramitación de la segunda instancia se hará en el mismo expediente original. El secretario dejará copia de la sentencia en un libro, firmada por él y sellada.



En asuntos de menor cuantía, dictada la sentencia se devolverá el expediente a la alcaldía dentro del segundo día después de notificada. En los demás, habrá recurso de casación si este procediere por razón de la cuantía.



(Así reformado por el artículo único, inciso b), de la ley No.7725 de 9 de diciembre de 1997)



 



 



 




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ARTÍCULO 431.- Tercería en ejecución de sentencia de menor cuantía.



Si en ejecución de la sentencia de menor cuantía se promoviera una tercería de dominio, de mejor derecho o de distribución, de mayor cuantía, deberá presentarse ante el juzgado.



El juez comunicará al alcalde el establecimiento de la tercería para los efectos que correspondan.



 




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TITULO III



 



Proceso sumario



 



CAPITULO I



 



Disposiciones generales



 



ARTÍCULO 432.- Materia del proceso sumario. Se tramitarán en proceso sumario las siguientes pretensiones:



1) (Derogado por el artículo 37 aparte a) de la Ley de Cobro Judicial, ley 8624 del 1° de noviembre de 2007)



2) Las de desahucio.



3) Las interdictales.



4) Las de jactancia.



5) Las que versen sobre la posesión provisional de cosas muebles, excepto dinero, y sobre semovientes.



6) Las de restitución de bienes muebles vendidos con pacto de reserva de dominio.



7) Las controversias sobre la administración de la copropiedad y la propiedad horizontal.



8) Las relativas a la prestación y relevo de garantía.



9) La resolución del contrato por incumplimiento del arrendador, el restablecimiento del arrendatario en su derecho al arrendamiento y la de reajuste en el precio del arrendamiento.



(Así reformado el inciso anterior por el artículo 131 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, ley  .7527 del 10 de julio de 1995)



10) Las autorizaciones o aprobaciones que exige el Código de Familia, así como la resolución sumaria de conflictos surgidos en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de familia, en las que se requiera la intervención de los tribunales.



Se exceptúan los asuntos que se indican en el artículo 420 y los que en otras disposiciones de este Código o de otras leyes tengan un procedimiento especial. 




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ARTÍCULO 433.- Demanda, emplazamiento y excepciones.



En el escrito de demanda se indicarán los nombres y calidades del actor y del demandado, se expondrán sucintamente los hechos y los fundamentos de derecho, se ofrecerán las pruebas respectivas y se fijará con claridad y precisión lo que se pida y la cuantía del asunto.



El emplazamiento será de cinco días, dentro de los cuales el demandado podrá oponer excepciones. En el mismo escrito de oposición el demandado deberá oponer tanto las excepciones previas como las de fondo, y ofrecer la prueba correspondiente.



De la oposición formulada se dará audiencia por tres días al actor, quien al referirse a ella podrá proponer su contraprueba.



Sólo son oponibles las siguientes excepciones:



1) Falta de competencia.



2) Falta de capacidad o defectuosa representación.



3) Indebida acumulación de pretensiones.



4) Prescripción.



5) Caducidad.



6) Pago.



7) Falta de derecho.



8) Falta de legitimación.



Únicamente serán excepciones previas las de los cinco primeros incisos. Las restantes se resolverán en la sentencia.



(Interpretado por resolución de la Sala Constitucional Nº 4241-96 de 20 de agosto de 1996, en el sentido de que "el artículo 433 es constitucional en el tanto en que se interpreta que sus restricciones no son aplicables a la excepción de cosa juzgada, por estar ésta reconocida en el artículo 42 de la Constitución Política")



 



 




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ARTÍCULO 434.- Prueba y sentencia.



Las pruebas que no sean documentales o periciales se evacuarán mediante los señalamientos que deberán hacerse, y se prescindirá de la no evacuada por culpa de la parte proponente, sin necesidad de resolución alguna. Los documentos que se presenten después de vencidos el emplazamiento o la audiencia a que se refiere el artículo 433, serán agregados al proceso, y será facultad del juzgador admitirlos en su oportunidad para mejor proveer.



La sentencia se dictará dentro del plazo de diez días, que se contarán a partir del día siguiente a aquél en que termine la práctica de las pruebas.



 




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ARTÍCULO 435.- Recursos.



Sólo son apelables las siguientes resoluciones:



1) La que niegue el curso a la demanda.



2) La que resuelva sobre la competencia.



3) La que niegue el decreto de embargo.



4) La que rechace la prueba.



5) La sentencia.



6) La que apruebe o impruebe la liquidación de daños y perjuicios y la tasación de costas.



7) La que decrete el apremio corporal.





 



 




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ARTÍCULO 436.- Conformidad del demandado.



Cuando el demandado manifieste expresamente su conformidad, o cuando no haga ninguna oposición y deje transcurrir el emplazamiento, el juez dictará resolución en la que declarará con lugar la demanda, si ésta fuera procedente. Esa resolución será razonada, no requerirá las formalidades de una sentencia y tendrá el carácter de ésta.



 




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ARTÍCULO 437.- Integración del procedimiento.



Las normas de este capítulo serán aplicables a todos los procesos sumarios, cuando no haya disposición especial para el caso concreto.



También será aplicable a los procesos sumarios lo dispuesto para el proceso ordinario, en lo que se guarde silencio, sea compatible y no se oponga a lo preceptuado en este título.



 




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CAPITULO II



 



Disposiciones especiales



 



Sección primera



 



Proceso ejecutivo



 



ARTÍCULO 438.- (Derogado por el artículo 37 aparte a) de la Ley 8624 del 1° de noviembre de 2007)



 




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ARTÍCULO 439.- (Derogado por el artículo 37 aparte a) de la Ley 8624 del 1° de noviembre de 2007)





 




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ARTÍCULO 440.- (Derogado por el artículo 37 aparte a) de la Ley 8624 del 1° de noviembre de 2007)



 



 




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ARTÍCULO 441.- (Derogado por el artículo 37 aparte a) de la Ley 8624 del 1° de noviembre de 2007)



 




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ARTÍCULO 442.- (Derogado por el artículo 37 aparte a) de la Ley 8624 del 1° de noviembre de 2007)



 




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ARTÍCULO 443.- (Derogado por el artículo 37 aparte a) de la Ley 8624 del 1° de noviembre de 2007)



 




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ARTÍCULO 444.- (Derogado por el artículo 37 aparte a) de la Ley 8624 del 1° de noviembre de 2007)



 




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ARTÍCULO 445.- (Derogado por el artículo 37 aparte a) de la Ley 8624 del 1° de noviembre de 2007)



 




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ARTÍCULO 446.- (Derogado por el artículo 37 aparte a) de la Ley 8624 del 1° de noviembre de 2007)





 




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ARTÍCULO 447.- (Derogado por el artículo 37 aparte a) de la Ley 8624 del 1° de noviembre de 2007)



 




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Sección segunda



 



Proceso de desahucio



 



ARTÍCULO 448.- Demanda y causas de desalojamiento.



A la demanda se le aplicará lo dispuesto en el artículo 433.



En el escrito se indicará, además, el lugar donde está ubicado el inmueble y se acompañará la prueba de propiedad de la finca o del derecho del actor, el contrato de arrendamiento si existe y, en su caso, cualquier otro documento que ordene la Ley general de arrendamientos urbanos y suburbanos.



Cuando la acción que se promueva sea para desalojar una vivienda, se debe presentar certificación, expedida por el Departamento de Avalúos de la Dirección General de la Tributación Directa, sobre el actual valor conjunto del terreno y la edificación, en su defecto, o si ese avalúo tiene más de cinco años, debe presentarse el avalúo practicado por un ingeniero o un arquitecto incorporados. El actor debe señalar con precisión la causa de desalojamiento en que apoya su pretensión.



Sólo será admisible la demanda de desahucio que se funde en una de las causas que señala el artículo 121 de la Ley general de arrendamientos urbanos y suburbanos y las que establezcan otras disposiciones del ordenamiento jurídico vigente.



(Así reformado por el artículo 131 de la Ley de Arrendamientos Urbanos No.7527 del 10 de julio de 1995 y modificado posteriormente su texto por Resolución de la Sala Constitucional No. 7975-99 de las 9:57 horas del 15 de octubre de 1999)



 



 




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ARTÍCULO 449.- Legitimación y orden de desalojamiento.



La demanda de desahucio podrán establecerla quienes comprueben tener derecho de propiedad o de posesión de la finca, por cualquier título legítimo, y procederá contra el arrendatario, el subarrendatario, el cesionario, los ocupantes y los poseedores del inmueble, en precario o por pura tolerancia.



Cuando, sin consentimiento del arrendador, el arrendatario permita que otras personas ocupen el inmueble, no será necesario que sean demandadas; será suficiente que se les notifique la sentencia.



En caso que la demanda no la establezca el dueño del inmueble o un poseedor en nombre propio, el actor deberá comprobar que su derecho se deriva de quien tuvo facultad para concederlo. Si eso no se comprueba, la demanda será inadmisible.



En el mismo auto en que se confiera el emplazamiento al demandado, el Juez ordenará desalojar el inmueble por un plazo de quince días.



(Así reformado por el artículo 131 de la Ley de Arrendamientos Urbanos No.7527 del 10 de julio de 1995)



 



 




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ARTÍCULO 450.- Objeción a la cuantía.



Si la estimación de la demanda no se ajusta a lo que establece el inciso 6) del artículo 17, el demandado podrá objetarla e interponer la excepción de incompetencia, cuando ésta proceda, todo dentro del emplazamiento. En ambos casos, el punto se resolverá interlocutoriamente, de acuerdo con las reglas establecidas para el proceso ordinario.



(Así reformado por el artículo 131 de la Ley de Arrendamientos Urbanos No.7527 del 10 de julio de 1995)



 




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ARTÍCULO 451.- Desahucio por falta de pago.



Durante la tramitación del proceso fundado en la falta de pago de la renta, el demandado deberá depositar, a la orden del Tribunal que conozca del asunto, el precio del alquiler de los períodos posteriores a la presentación de la demanda. Si existe duda sobre el monto del alquiler, el Juez lo fijará prudencialmente.



En el mismo auto en el que se ordene el desalojo se le prevendrá al locatario que, a partir del período siguiente, debe cumplir con esa prevención.



Si el demandado ofrece prueba confesional, el Juez deberá calificar de previo el interrogatorio y resolver si admite o no la confesión. Para ese efecto, abrirá el sobre cerrado cuando en esa forma se hayan presentado las preguntas.



(Así reformado por artículo 131 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, Nº7527 de 10 de julio de 1995)



 




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ARTÍCULO 452.- Sentencia y orden de lanzamiento.



En la sentencia estimatoria que declare con lugar la pretensión, se confirmará la orden de desalojamiento impartida interlocutoriamente y se ordenará el lanzamiento, el cual se ejecutará, una vez firme el fallo, por medio de nota que se enviará a la autoridad de policía administrativa del lugar donde está situado el inmueble.



La sentencia que sobrevenga en un proceso de desahucio, si no homologa la causa de extinción del contrato invocada por el arrendador, mantendrá o restablecerá al arrendatario en el goce de sus derechos y resolverá las demás pretensiones procesales.



En el desalojamiento de una vivienda de carácter social, el Juez aplicará lo que establecen los artículos 98 y 99 de la Ley general de arrendamientos urbanos y suburbanos.



(Así reformado por el artículo 131 de la Ley de Arrendamientos Urbanos No.7527 del 10 de julio de 1995)



 




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ARTÍCULO 453.- Posesión del bien.



La autoridad de policía pondrá al actor en perfecta posesión de la cosa, para lo que, si es necesario, sin más trámite practicará el allanamiento; expulsará a quien se oponga, sin atender cualquier orden de embargo u otra semejante; esta orden podrá ejecutarse, si procede, una vez efectuada la expulsión.



En caso de que el demandado no pueda retirar los muebles en el acto del lanzamiento, la autoridad deberá ponerlos en depósito y los gastos respectivos deberá cubrirlos el mismo demandado.



(Así reformado por el artículo 131 de la Ley de Arrendamientos Urbanos No.7527 del 10 de julio de 1995)





 




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ARTÍCULO 454.- Cobro de alquileres insolutos y otros y derecho de retención.



El actor podrá gestionar, en proceso incidental que se tramitará en pieza separada, el cobro de los alquileres insolutos y de los servicios y gastos correspondientes al arrendatario. Por la misma vía, el actor podrá ejercer el derecho de retención sobre los bienes del arrendatario y sus familiares, conforme lo establece el artículo 66 de la Ley general de arrendamientos urbanos y suburbanos, para lo cual esos bienes se asegurarán, mediante diligencia de embargo.



(Así reformado por el artículo 131 de la Ley de Arrendamientos Urbanos No.7527 del 10 de julio de 1995)



 



 




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ARTÍCULO 455.- Desahucio administrativo.



El desahucio administrativo procederá en los casos que establece el artículo 7 de la Ley general de arrendamientos urbanos y suburbanos.



En tales casos, no habrá necesidad de promover desahucio judicial y quienes ocupen el bien deberán desalojarlo tan pronto como se lo solicite el dueño, el arrendador o la persona con derecho a poseerlo o su representante.



De existir oposición, la autoridad de policía correspondiente, a solicitud del interesado con derecho a pedir la desocupación, procederá al desalojamiento, sin trámite alguno.



En casos especiales, la autoridad de policía, a su juicio, podrá conceder verbalmente un plazo prudencial para la desocupación.



Cuando se trate de trabajadores de fincas rurales necesariamente deberá concedérseles, para el desalojamiento, un plazo no menor de quince días ni mayor de treinta, que comenzará a correr a partir del día en que la autoridad de policía les haga la prevención, mediante acta que firmará con el interesado o, si este no quiere o no puede firmar, con dos testigos.



(Así reformado por el artículo 131 de la Ley de Arrendamientos Urbanos No.7527 del 10 de julio de 1995)



 



 




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Sección tercera



 



Entrega de cosas



 



ARTÍCULO 456.- Demanda y prueba documental.



En los casos previstos en los incisos 5) y 6) del artículo 432, a la demanda se le aplicará lo dispuesto en el artículo 433. La entrega de cosas muebles que no sean dinero ni semovientes, y que se deban en virtud de la ley, o de un negocio o de actos jurídicos, deberá acreditarse con prueba documental.



 




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Sección cuarta



 



Interdictos



 



Subsección primera



 



Disposiciones generales



 



ARTÍCULO 457.- Naturaleza del proceso interdictal.



Los interdictos sólo procederán respecto de bienes inmuebles, y de ninguna manera afectarán las cuestiones de propiedad o de posesión definitiva, sobre las cuales no se admitirá discusión alguna.



Los interdictos son: de amparo de posesión, de restitución, de reposición de mojones, de suspensión de obra nueva y de derribo.



Cuando se haya establecido equivocadamente un interdicto por otro, o todos a la vez, el juez, con vista de la situación de hecho que se demuestre, declarará con lugar el que proceda.



 




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ARTÍCULO 458.- Caducidad.



No podrá ser establecido un interdicto si han transcurrido tres meses desde el comienzo de los hechos y obras contra las cuales se reclama. Se exceptúa el interdicto de derribo.



 




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ARTÍCULO 459.- Demanda, emplazamiento y prueba.



A la demanda se le aplicará lo dispuesto en el artículo 433. En el auto de emplazamiento se señalará el día y la hora para la recepción de la prueba en el lugar de los hechos. El reconocimiento se practicará de oficio en esa misma oportunidad.



La prueba versará sobre el mero hecho de poseer, o sea, la posesión momentánea y actual.



En casos muy calificados, la recepción de la prueba podrá continuarse en el despacho.



 




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ARTÍCULO 460.- Gastos, daños y perjuicios.



En el auto de emplazamiento el juzgador fijará, en forma prudencial, la suma que el actor deberá depositar para los gastos de la diligencia de recepción de la prueba. Si por falta de ese depósito no pudiere celebrarse la mencionada diligencia, se resolverá el interdicto sin más trámite.



La liquidación y la prueba de los daños y perjuicios que mande indemnizar la sentencia, se harán una vez ejecutada ésta en lo principal, y por los trámites previstos para la ejecución de sentencia.



 




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Subsección segunda



 



Amparo de posesión



 



ARTÍCULO 461.- Legitimación.



Procederá este interdicto, cuando el que se halla en la posesión o tenencia de una cosa es perturbado en ella por actos que le inquieten y que manifiesten la intención de despojarlo.



Se estimará que hay intención de despojo, siempre que el responsable de los hechos que se demandan haya conocido o debido conocer sus consecuencias lesivas del derecho ajeno.



 




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ARTÍCULO 462.- Dueño anterior y servidumbre.



Si la demanda se dirigiere contra el que inmediata y anteriormente poseyó como dueño, o versare sobre servidumbres continuas no aparentes, o sobre discontinuas, se aplicará lo dicho en los artículos 307 y 308 del Código Civil, respectivamente.





 




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ARTÍCULO 463.- Sentencia.



En la sentencia estimatoria se mandará mantener en posesión al actor, y se requerirá al demandado para que, en lo sucesivo, se abstenga de perturbar, bajo apercibimiento de que en caso contrario será juzgado por el delito de desobediencia a la autoridad, y se le condenará al pago de los daños y perjuicios.



 




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Subsección tercera



 



Restitución



 



ARTÍCULO 464.- Despojo.



Corresponderá este interdicto al que, estando en posesión pacífica de una cosa, ha sido despojado de ella.



 




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ARTÍCULO 465.- Sentencia.



En la sentencia estimatoria se ordenará que inmediatamente se reponga al demandante en la posesión, y se condenará al demandado al pago de los daños y perjuicios.



 



 




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Subsección cuarta



 



Reposición de mojones



 



ARTÍCULO 466.- Alteración de límites.



El interdicto de reposición de mojones tendrá lugar cuando haya habido alteración de límites entre inmuebles, cuando se hayan arrancado los mojones y se hayan puesto en un lugar distinto del que tenían, o se haya hecho una nueva cerca y se haya colocado en el lugar que no le corresponde.



 




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ARTÍCULO 467.- Legitimación pasiva.



El perjudicado deberá dirigirse contra el beneficiado con la alteración.



 




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ARTÍCULO 468.- Sentencia.



Probada la alteración, se ordenará la restitución a costa del que la hubiere hecho u ordenado, quien deberá pagar los daños y perjuicios.



Sin embargo, si el demandado hubiere procedido con evidente buena fe, probada ésta, el tribunal podrá eximirlo del pago de daños y perjuicios.



Si el demandado admitiere la existencia de la alteración, pero negare ser el autor, se ordenará la restitución a costa de ambos.



Comprobada la alteración, se ordenará la restitución a costa del demandado.



 




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ARTÍCULO 469.- Autorización para ejecutar.



A solicitud del actor, éste será autorizado por el juzgador para llevar a cabo la reposición a costa del vencido.



 




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Subsección quinta



 



Suspensión de obra nueva



 



ARTÍCULO 470.- Suspensión y estado de los trabajos.



Presentada la demanda, el juzgador ordenará la suspensión de la obra y se constituirá en el lugar de ésta para practicar el cabal reconocimiento, lo cual podrá complementar con prueba pericial.



Si la continuación de la obra apenas ocasionare un leve daño y el que la ejecuta rindiere garantía de destruirla, si se declarara en la sentencia del interdicto justa la denuncia, el juez podrá autorizar su continuación.



El juez le permitirá realizar las obras que sean absolutamente indispensables para la conservación de lo construido. Contra esta resolución no cabrá recurso alguno.



 




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ARTÍCULO 471.- Efectos de la suspensión.



El juzgador prevendrá la suspensión al demandado dueño de la obra, pero si éste no estuviere presente en el acto del reconocimiento, la prevención se la hará al director, encargado u operarios, para que, en el acto, suspendan los trabajos, bajo el apercibimiento de ser juzgados por el delito de desobediencia a la autoridad.



En cualquier momento, a petición de parte, el juez podrá ordenar la destrucción de lo construido en contra de la orden de suspensión, a costa del infractor.



 




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ARTÍCULO 472.- Sentencia.



En la sentencia estimatoria se ordenará la suspensión definitiva de la obra cuya ejecución se hará de inmediato, aunque el fallo fuere apelado.



Además, condenará al demandado a pagar los daños y perjuicios.



 




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ARTÍCULO 473.- Proceso posterior.



La sentencia del interdicto, cualquiera que sea, no obstará para que se entable, por separado, el proceso abreviado correspondiente sobre la continuación o destrucción de la obra.



 



 




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Subsección sexta



 



Derribo



 



ARTÍCULO 474.- Procedencia y legitimación.



El interdicto de derribo procederá cuando el mal estado de un edificio, construcción o árbol, constituyan una amenaza para los derechos del poseedor o para los transeúntes, o pueda perjudicar alguna cosa pública.



La demanda podrá ser establecida por cualquiera que tenga interés.



De inmediato, el juez hará el reconocimiento de los lugares, con auxilio de peritos, si lo estimare conveniente, y dictará las medidas de seguridad que juzgue necesarias.



Esta resolución no tendrá recursos.



 




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ARTÍCULO 475.- Gastos de las medidas de seguridad.



Los gastos que ocasionen la ejecución de las medidas de seguridad estarán a cargo del dueño de la obra o del arrendatario, por cuenta del precio del arriendo. En su defecto, suplirá los gastos el actor, quien tendrá derecho al reembolso correspondiente, si el demandado fuere condenado al pago de las costas procesales.



 




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ARTÍCULO 476.- Sentencia.



Si en la sentencia se ordenare el derribo, aunque fuere apelada, podrá practicarse la destrucción total o parcial de la cosa, si no pudiere  demorarse sin grave ni inminente riesgo, o ejecutare las medidas de seguridad, si no se hubieren ordenado antes.



Además, se condenará al demandado al pago de los daños y perjuicios.



 



 




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Sección quinta



 



Jactancia



 



ARTÍCULO 477.- Procedencia.



A nadie podrá obligársele a intentar una demanda. Sin embargo, cuando una persona se jactare, fuera del proceso, de tener un derecho del que no estuviere gozando, todo aquél a quien tal jactancia pueda afectar en su crédito o en la pacífica posesión de su estado o patrimonio, podrá pedir que se le obligue a presentar su demanda. Habrá jactancia siempre que la manifestación del jactancioso conste por escrito suyo, o se hubiere hecho verbalmente delante de dos o más personas hábiles para declarar.



 




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ARTÍCULO 478.- Caducidad.



No podrá intentarse la demanda si hubieren transcurrido tres meses desde que ocurrieron los hechos que conforman la jactancia.



 




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ARTÍCULO 479.- Intimación.



Al emplazar al demandado, el juez lo intimará para que manifieste si acepta o no los hechos, y para que, si los aceptare, diga si presentará o no su demanda.



 



 




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ARTÍCULO 480.- Manifestación o silencio del demandado y sus consecuencias.



Si el demandado manifestare que establecerá su demanda, el juez le concederá un plazo de quince días con ese fin.



Si el demandado no contestare el traslado, o si con aceptación de los hechos manifestare que no presentará la demanda, o si, habiendo dicho que la presentaría, dejare transcurrir el plazo sin hacerlo, a petición de parte el juez condenará al jactancioso a pagar de dos a cinco días multa, aplicables a los fondos de educación del distrito de donde sea vecino el jactancioso, y ambas costas a favor del actor.



El reclamante de la jactancia no tendrá en adelante derecho contra el jactancioso por el hecho de aquélla; pero podrá exigir que se publique en dos periódicos que el juez designará, a costa del jactancioso, la resolución condenatoria de que trata el párrafo anterior.



Si el demandado negare los hechos que se le atribuyen, se recibirán las pruebas que correspondan.



 



 




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ARTÍCULO 481.- Terminación del proceso.



Si el demandado estableciere su demanda dentro del plazo previsto en el artículo anterior, se dará por terminado el proceso de jactancia sin pronunciamiento sobre el fondo.



 



 




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Sección sexta



 



Otros procesos sumarios



 



ARTÍCULO 482.- Normas aplicables.



Las demás pretensiones a que se refiere el artículo 432, que deban ventilarse en proceso sumario y que no tengan señalada una tramitación especial, se regirán por las disposiciones generales, del capítulo I de este título III.



En todos los asuntos de familia, cuando lo estimen necesario o conveniente, los tribunales podrán convocar a las partes y demás interesados a audiencias de conciliación.



 



 




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TITULO IV



 



Procesos especiales



 



CAPITULO I



 



Proceso incidental



 



Sección primera



 



Incidentes



 



ARTÍCULO 483.- Trámite y efecto.



Se admitirá el incidente cuando tenga relación inmediata con la pretensión principal, o con la validez del procedimiento.



Salvo disposición en contrario, los incidentes se tramitarán en pieza separada y de la siguiente manera:



1) El escrito inicial deberá contener los hechos en que se funde, la pretensión formulada y el ofrecimiento de pruebas, si éstas ya figuran en el proceso, bastará con indicarlas. Si no se ofreciere la prueba, el incidente será rechazado de plano.



2) De ese escrito de demanda se dará traslado a la otra parte por un plazo de tres días; el incidentado ofrecerá en el escrito de contestación las pruebas respectivas, salvo que ya consten en el expediente, en cuyo caso bastará con indicarlas.



3) Contestado el incidente y no habiendo prueba que recibir, el juez lo resolverá dentro del plazo de cinco días. En caso contrario, procederá a evacuar, dentro del plazo de diez días, la prueba pertinente ofrecida, y hará los señalamientos que correspondan. Se prescindirá de la prueba no evacuada en esa oportunidad.



Evacuada o prescindida la prueba, el juez resolverá el incidente dentro del plazo de cinco días.



 



 




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ARTÍCULO 484.- Incidentes de previo pronunciamiento.



Suspenderán el curso del proceso los incidentes a los que la ley les conceda ese efecto, los que se refieren a nulidad de actos procesales, y los que se refieren a la competencia o a la capacidad procesal de una parte, intervinientes o sus apoderados, por hechos ocurridos después del emplazamiento.



Estos incidentes se tramitarán en el expediente principal.



Los incidentes que se presenten cuando el proceso esté listo para dictar la sentencia, suspenderán el plazo para el dictado de ésta.



 




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ARTÍCULO 485.- Caducidad.



Los incidentes, de cualquier clase que sean, que no hayan sido activados durante un mes por la parte que los formuló, se tendrán por definitivamente desestimados sin necesidad de resolución que así lo declare. Si no obstante se dictara resolución, ésta no tendrá recurso alguno.



 




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ARTÍCULO 486.- Incidentes en proceso sumario.



En proceso sumario, después del emplazamiento, sólo podrán oponerse incidentes que se refieran a la competencia, a la capacidad, o a la extinción de la obligación, por hechos ocurridos con posterioridad a dicho emplazamiento. Los dos primeros son de previo pronunciamiento, y el último será resuelto en la sentencia.



 



 




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ARTÍCULO 487.- Simultaneidad.



En una misma presentación o simultáneamente, deberán promoverse todos los incidentes a que pueda tener derecho la parte en ese momento; si no lo hiciere serán rechazados de oficio los que se presentaren en escritos posteriores o sucesivos, y cuyas causas ya existieren al promoverse el incidente anterior. Esta regla no rige para los que tengan un procedimiento especial.



Sin embargo, si se tratare de un vicio que anule el proceso o de una circunstancia esencial para su validez, el juez podrá ordenar que se practiquen las diligencias necesarias para subsanar los defectos, y para que el proceso siga su curso legal.



 




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ARTÍCULO 488.- Depósito previo.



La parte que en un mismo proceso hubiere perdido dos incidentes de los previstos en esta sección, para poder formular otro deberá depositar, previamente, a la orden del tribunal, en proceso de mayor cuantía y abreviados sin cuantía, tres mil colones y en los de menor cuantía, mil colones. El depósito se devolverá o se entregará a la parte que gane el incidente; y si hubiere de darse en propiedad a la parte contraria a la incidentista, ésta no podrá embargarlo por ningún motivo.



 



 




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ARTÍCULO 489.- Incidentes en segunda instancia.



Las disposiciones anteriores se aplicarán a los incidentes promovidos en segunda instancia, pero lo que se resuelva sólo tendrá el recurso de revocatoria.



 



 




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Sección segunda



 



Tercerías



 



ARTÍCULO 490.- Clases.



Las tercerías son de dominio, de mejor derecho y de distribución.



Son de dominio cuando el tercero alegare tenerlo sobre los bienes embargados, y de mejor derecho cuando pretendiere tener preferencia para ser pagado con el producto de ellos, por estar afectados a su crédito, en virtud de un derecho de garantía o de retención.



Son de distribución, en los demás casos en que el tercero no alegare propiedad en los bienes objeto del embargo, ni preferencia para ser pagado con el precio de ellos.



La tercería que presenten los demás acreedores privilegiados será admisible sólo como de distribución, sin que esto modifique el derecho que pudieren alegar, en el caso de que se declare al deudor en estado de concurso.



 




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ARTÍCULO 491.- Admisibilidad.



El escrito inicial deberá contener los hechos y citas de derecho en que se funde, la pretensión formulada, la estimación y el ofrecimiento de las pruebas; si éstas ya figuraran en el proceso, bastará con indicarlas.



La tercería se tramitará en pieza separada y, para que sea admisible, será necesario presentar los siguientes documentos:



1) Si se tratare de la tercería de dominio o de mejor derecho sobre inmuebles, el título inscrito, o la certificación del Registro o notarial en la que se demuestre la inscripción, o que el título está en el Registro pendiente de inscripción. En la de mejor derecho se presentará también cualquier otro documento auténtico que justifique el derecho del tercero.



2) Si se tratare de la tercería de dominio o de mejor derecho sobre muebles de un valor superior al indicado en el párrafo primero del artículo 351, documento público o auténtico. Si se alegare que los bienes valen menos de lo indicado, el juez los hará valorar pericialmente, cuyos honorarios deberá depositar de previo el tercerista, dentro del plazo de ocho días, y si no lo hiciere se rechazará de plano la tercería.



3) Si se tratare de la tercería de distribución, el título ejecutivo, el cual deberá tener fecha cierta anterior al embargo, establecida por alguno de los medios indicados en el artículo 380.



Si con el escrito inicial no se presentaren los documentos conforme se ha indicado, la tercería será rechazada de plano.



 



 




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ARTÍCULO 492.- Oportunidad y garantía del ejecutante.



Las tercerías podrán oponerse en cualquier estado del proceso ejecutivo o de la ejecución, con tal de que:



1) Si fueren de dominio, aún no se haya dado posesión de los bienes al rematante o