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LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

LIBRO PRIMERO

Del Régimen Jurídico

TITULO PRIMERO

Principios Generales

CAPITULO UNICO

Artículo 1º.- La Administración Pública estará constituida por el

Estado y los demás entes públicos, cada uno con personalidad jurídica

y capacidad de derecho público y privado.

Artículo 2º.-

1. Las reglas de esta ley regulan la actividad del Estado se aplicarán

también a los otros entes públicos, en ausencia de norma especial para

éstos.

2. Las reglas que regulan a los otros entes públicos no se aplicarán

al Estado, salvo que la naturaleza de la situación requiera lo

contrario.

Artículo 3º.-

1. El derecho público regulará la organización y actividad de los entes

públicos, salvo norma expresa en contrario.

2. El derecho privado regulará la actividad de los entes que por su

régimen de conjunto y los requerimientos de su giro puedan estimarse como

empresas industriales o mercantiles comunes.

Artículo 4º.- La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta

en su conjunto a los principios fundamentales del servicio público, para

asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el

régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el

trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios.

Artículo 5º.-

1.- La aplicación de los principios fundamentales del servicio público

a la actividad de los entes públicos no podrá alterar sus contratos ni

violar los derechos adquiridos con base en los mismos, salvo razones de

urgente necesidad.

2.- En esta última hipótesis el ente público determinante del cambio

o alteración será responsable por los daños y perjuicios causados.

Artículo 6º.-

1. La jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo

se sujetará al siguiente orden:

a) La Constitución Política;

b) Los tratados internacionales y las normas de la Comunidad

Centroamericana;

c) Las leyes y los demás actos con valor de ley;

d) Los decretos del Poder Ejecutivo que reglamentan las leyes, los

de los otros Supremos Poderes en la materia de su competencia;

e) Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y los

reglamentos de los entes descentralizados; y

f) Las demás normas subordinadas a los reglamentos, centrales y

descentralizadas.

2. Los reglamentos autónomos del Poder Ejecutivo y los de los entes

descentralizados están subordinados entre sí dentro de sus respectivos

campos de vigencia.

3. En lo no dispuesto expresamente, los reglamentos estarán sujetos

a las reglas y principios que regulan los actos administrativos.

Artículo 7º.-

1. Las normas no escritas -como la costumbre, la jurisprudencia y los

principios generales de derecho- servirán para interpretar, integrar y

delimitar el campo de aplicación del ordenamiento escrito y tendrán el

rango de la norma que interpretan, integran o delimitan.

2. Cuando se trate de suplir la ausencia, y no la insuficiencia, de

las disposiciones que regulan una materia, dichas fuentes tendrán rango

de ley.

3. Las normas no escritas prevalecerán sobre las escritas de grado

inferior.

Artículo 8º.-El ordenamiento administrativo se entenderá integrado por

las normas no escritas necesarias para garantizar un equilibrio entre la

eficiencia de la Administración y la dignidad, la libertad y los otros

derechos fundamentales del individuo.

Artículo 9º.-

1. El ordenamiento jurídico administrativo es independiente de otros

ramos del derecho. Solamente en el caso de que no haya norma

administrativa aplicable, escrita o no escrita, se aplicará el derecho

privado y sus principios.

2. Caso de integración, por laguna del ordenamiento administrativo

escrito, se aplicarán, por su orden, la jurisprudencia, los principios

generales del derecho público, la costumbre y el derecho privado y sus

principios.

Artículo 10.-

1. La norma administrativa deberá ser interpretada en la forma que mejor

garantice la realización del fin público a que se dirige, dentro del

respeto debido a los derechos e intereses del particular.

2. Deberá interpretarse e integrarse tomando en cuenta las otras normas

conexas y la naturaleza y valor de la conducta y hechos a que se refiere.

Artículo 11.-

1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y

sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos

que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes.

2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma

escrita, al menos en cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma

imprecisa.

Artículo 110.-

1. En caso de urgencia el inferior podrá salvar su responsabilidad aun

si no ha podido enviar sus objeciones por escrito previamente a la

ejecución.

2. En estos casos el inferior podrá hacer verbalmente sus objeciones ante

el inmediato superior, pero se requerirá la presencia de dos testigos.

Artículo 12.-

1. Se considerará autorizado un servicio público cuando se haya indicado

el sujeto y el fin del mismo. En este caso el ente encargado podrá

prestarlo de acuerdo con sus propios reglamentos sobre los demás aspectos

de la actividad, bajo el imperio del Derecho.

2. No podrán crearse por reglamento potestades de imperio que afecten

derecho del particular extraños a la relación de servicios.

Artículo 13.-

1. La Administración estará sujeta, en general, a todas las normas

escritas y no escritas del ordenamiento administrativo, y al derecho

privado supletorio del mismo, sin poder derogarlos ni desaplicarlos para

casos concretos.

2. La regla anterior se aplicará también en relación con los

reglamentos, sea que éstos provengan de la misma autoridad, sea que

provengan de otra superior o inferior competente.

Artículo 14.-

1.- Los principios generales de derecho podrán autorizar implícitamente

los actos de la Administración Pública necesarios para el mejor desarrollo

de las relaciones especiales creadas entre ella y los particulares por

virtud de actos o contratos administrativos de duración.

2.- Las limitaciones y las sanciones disciplinarias, en este caso, podrán

alcanzar hasta la suspensión temporal de los derechos y bienes creados por

la Administración dentro de la relación especial, pero no la negación ni la

supresión de los mismos, ni de los otros propios del particular.

3.- El Juez tendrá contralor de legalidad sobre los actos de la

Administración dentro de este tipo de relaciones.

Artículo 15.-

1. La discrecionalidad podrá darse incluso por ausencia de ley en el caso

concreto, pero estará sometida en todo caso a los límites que le impone el

ordenamiento expresa o implícitamente, para lograr que su ejercicio sea

eficiente y razonable.

2. El Juez ejercerá contralor de legalidad sobre los aspectos reglados

del acto discrecional y sobre la observancia de su límites.

Artículo 16.-

1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de

la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica

o conveniencia.

2. El Juez podrá controlar la conformidad con estas reglas no jurídicas

de los elementos discrecionales del acto, como si ejerciera contralor de

legalidad.

Artículo 17.- La discrecionalidad estará limitada por los derechos

del particular frente a ella, salvo texto legal en contrario.

Artículo 173.-

1. Cuando la nulidad absoluta de un acto declaratorio de derechos fuere

evidente y manifiesta, podrá declararse por la Administración en la vía

administrativa sin necesidad de recurrir al contencioso de lesividad

señalado en los artículos 19 y 35 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción

Contencioso Administrativa, previo dictamen favorable de la Contraloría

General de la República.

2. Cuando se trate del Estado, la declaración de nulidad deberá hacerla

el Consejo de Gobierno. Cuando se trate de otros entes, deberá hacerla el

jerarca respectivo.

3. En ambos casos el dictamen deberá pronunciarse expresamente sobre el

carácter absoluto, manifiesto y evidente de la nulidad.

4. La potestad de revisión oficiosa consagrada en este artículo caducará

en cuatro años.

5. La anulación administrativa de un acto contra lo dispuesto en este

artículo, sea por omisión de las formalidades previstas, o por no ser

absoluta, evidente y manifiesta la nulidad, será absolutamente nula, y la

Administración estará obligada además al pago de las costas y daños y

perjuicios, todo ello sin mengua de las responsabilidades personales del

servidor agente de conformidad con el párrafo 2º del artículo 199.

6. La pretensión de lesividad no podrá deducirse por vía de

contrademanda.

Artículo 18.-

1. El individuo estará facultado, en sus relaciones con la

Administración, para hacer todo aquello que no le esté prohibido.

2. Se entenderá prohibido todo aquello que impida o perturbe el ejercicio

legítimo de las potestades administrativas o de los derechos del

particular, así como lo que viole el orden público, la moral o las buenas

costumbres.

Artículo 19.-

1. El régimen jurídico de los derechos constitucionales estará reservado

a la ley, sin perjuicio de los reglamentos ejecutivos correspondientes.

2. Quedan prohibidos los reglamentos autónomos en esta materia.

Artículo 20.- Los preceptos de esta ley no dejarán de aplicarse por

falta de reglamentación sino que ésta será suplida, salvo disposición

expresa en contrario, en la misma forma y orden en que se integra el

ordenamiento escrito.

Artículo 22.-

1. El Consejo de Gobierno estará constituido por el Presidente de la

República y los Ministros, o en su caso, los Viceministros en ejercicio.

2. Podrán asistir también a sus sesiones, con voz pero sin voto, los

Vicepresidentes y las demás personas que el Presidente convoque de

conformidad con el inciso 5) del artículo 147 de la Constitución

Política.

Artículo 24.- La creación, supresión o modificación de los Ministerios

se establecerá por ley distinta a la de presupuesto, sin perjuicio de las

potestades de reglamentación interna del Poder Ejecutivo.

Artículo 25.-

1. El Presidente de la República y el respectivo Ministro ejercerán

las atribuciones que conjuntamente les señala la Constitución Política

y la ley.

2. Salvo lo que dispone la Constitución Política respecto del Poder

Ejecutivo, el Ministro será el órgano jerárquico superior del respectivo

Ministerio, sin perjuicio de la potestad del Presidente de la República

para avocar el conocimiento, conjuntamente con aquél, de cualquiera de

los asuntos de su competencia.

Artículo 27.-

1. Corresponderá a los Ministros conjuntamente con el Presidente de la

República las atribuciones que les señala la Constitución y las leyes, y

dirigir y coordinar la Administración, tanto central como, en su caso,

descentralizada, del respectivo ramo.

2. Corresponderá a ambos también apartarse de los dictámenes vinculantes

para el Poder Ejecutivo.

3. Corresponderá a ambos, además, transar y comprometer en árbitros los

asuntos del ramo.

4. La transacción y el compromiso sobre asuntos de derecho público

requerirán aprobación de la Asamblea Legislativa, y los que versen sobre

asuntos de derecho privado y excedan de cien mil colones requerirán

dictamen favorable de La Procuraduría General de la República.

Artículo 28.-

1. El Ministro será el órgano jerárquico superior del respectivo

Ministerio.

2. Corresponderá exclusivamente a los Ministros:

a) Dirigir y coordinar todos los servicios del Ministerio;

b) Preparar y presentar al Presidente de la República los proyectos

de ley, decretos, acuerdos, resoluciones, órdenes y demás actos

que deban suscribir conjuntamente relativos a las cuestiones

atribuidas a su Ministerio;

c) Remitir a la Asamblea Legislativa, una vez aprobados por el

Presidente de la República, los proyectos de ley a que se refiere

el inciso anterior;

d) Agotar la vía administrativa, resolviendo recursos pertinentes,

salvo ley que desconcentre dicha potestad;

e) Resolver las contiendas que surjan entre los funcionarios u

organismos de su Ministerio;

f) Plantear los conflictos de atribuciones con otros Ministerios

o con las entidades descentralizadas.

g) Disponer los gastos propios de los servicios de su Ministerio,

dentro del importe de los créditos autorizados, e instar del

Ministerio de Hacienda el trámite de los pagos correspondientes;

h) Firmar en nombre del Estado los contratos relativos a asuntos

propios de su Ministerio; e

i) Las demás facultades que les atribuyan las leyes.

Artículo 29.- Incumbirá al Consejo de Gobierno:

a) Ejercer las atribuciones que expresamente le fija la Constitución

Política;

b) Asesorar al Presidente de la República y, cuando así lo manifieste

éste expresamente, resolver los demás asuntos que le encomiende. En

estos casos, el Presidente podrá revisar de oficio, revocando,

modificando o anulando, lo resuelto. No habrá recurso ante el

Presidente de lo resuelto por el Consejo de Gobierno;

c) Resolver los recursos de revocatoria o reposición procedentes

contra sus resoluciones de conformidad con la ley;

d) Dar la autorización a que se refiere el artículo 15, párrafo 35,

de la Ley de lo Contencioso Administrativo;

e) Formular la declaratoria de lesividad prevista en el artículo 35,

párrafo 2º, de la misma Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso

Administrativa, en relación con los actos de la Administración

Central; y

f) Autorizar a los Ministros para separarse de los dictámenes que se

hubieren producido, cuando de otro modo habrían sido vinculantes,

motivando la autorización.

Artículo 30.-

1. Las resoluciones del Consejo de Gobierno, no rechazadas por el

Presidente, serán ejecutadas por éste y el respectivo Ministro.

2. Cuando la resolución del Consejo fuese de la competencia de varios

Ministerios, o de ninguno a juicio del Presidente, será ejecutada con

el Ministro de la Presidencia.

3. Las resoluciones del Consejo de Gobierno en materia de su competencia

constitucional serán ejecutivas.

Artículo 31.- El Presidente de la República o, en su caso, quien los

sustituya, presidirá el Consejo de Gobierno, con todas las facultades

necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 32.-

1. El Presidente podrá conceder participación a sus asesores técnicos o

autorizar a los Ministros para que hagan lo propio con los suyos en los

asuntos de su ramo.

2. Los asesores, como cualquier tercero invitado para fines de consulta,

tendrán voz pero no voto.

Artículo 33.-

1. Habrá un Secretario del Consejo de Gobierno, con las siguientes

atribuciones:

a) Levantar y firmar las actas del Consejo;

b) Diligenciar el despacho de los asuntos del Consejo;

c) Dirigir los procedimientos administrativos pendientes ante el

Consejo;

d) Asistir al Presidente como su Secretario Particular en el

desempeño de sus funciones de Presidente del Consejo; y

e) Firmar, comunicar y ejecutar todos los actos relativos al

despacho de los asuntos del Consejo, cuando ello no corresponda al

Presidente y al respectivo Ministro.

2. Para el desempeño de su cargo el Secretario tendrá el personal

auxiliar que indique el respectivo reglamento.

Artículo 34.-

1. El Consejo sesionará ordinariamente al menos una vez por semana, que

fijará el Presidente para cada sesión o por vía general para todas las

sesiones del año, en cuyo caso no habrá necesidad de convocatoria para cada

vez.

2. Sesionará extraordinariamente cuando lo convoque el Presidente.

Artículo 35.-

1. Será potestad exclusiva del Presidente de la República convocar al

Consejo, incluso para el conocimiento de los asuntos de competencia

constitucional del mismo.

2. La convocatoria la hará el Presidente por cualquier medio adecuado

al efecto, según su exclusivo criterio.

Artículo 36.-

1. El Consejo hará quórum con las dos terceras partes de la totalidad

de sus miembros.

2. En los asuntos que no son de su competencia constitucional el

Consejo podrá celebrar sesión en segunda convocatoria con la mitad de

sus miembros.

Artículo 37.-

1. Las sesiones del Consejo serán secretas, salvo que el Presidente

disponga lo contrario.

2. El orden del día será confeccionado exclusivamente por el Presidente

quien pondrá a discusión los temas respectivos en el orden que estime

conveniente.

Artículo 38.-

1. Las deliberaciones del Consejo se adoptarán por mayoría de los votos

presentes, con las excepciones que se dirán.

2. Cuando un Ministro tuviere recargado otro Ministerio contará con un

solo voto en el Consejo.

Artículo 39.- Sólo podrán adoptarse por mayoría calificada de los

dos tercios de los votos presentes los siguientes acuerdos:

a) Los de remoción de directores de entidades autónomas;

b) Los que correspondan a las atribuciones señaladas por los incisos

1) y 2) del artículo 147 de la Constitución Política, en este último

caso cuando haya de apartarse de la recomendación de la Corte Suprema

de Justicia; y

c) La declaratoria de lesividad prevista por el artículo 35, párrafo

2, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso

Administrativa.

Artículo 40.-

1. La votación será pública, salvo que el Presidente disponga lo

contrario o que se trate de la apreciación discrecional de cualidades

o actividades de personas, o de asuntos que afecten seriamente el

prestigio o el patrimonio de las mismas, en cuyo caso será secreta.

2. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.

3. Las abstenciones o los votos en blanco se computarán para efectos

de quórum y para determinar el número de votantes, pero no se podrán

atribuir ni a la mayoría ni a la minoría.

Artículo 41.-

1. Las actas serán firmadas por el Presidente y por el Secretario y deben

ser leídas y aprobadas en la siguiente sesión.

2. Los votos salvados deberán ser consignados y firmados por el

Presidente y el Secretario.

3. Sin el acta debidamente firmada y formalizada, de acuerdo con esta

ley, los acuerdos serán absolutamente nulos.

Artículo 42.- Los acuerdos del Consejo serán ejecutivos y comunicables

desde que se adoptan, salvo si se interpone recurso de revisión contra los

mismos, en cuyo caso adquirirán firmeza con la decisión desestimatoria del

recurso.

Artículo 43.-

1. Los miembros del Consejo podrán interponer recurso de revisión contra

un acuerdo, pero el mismo sólo será admisible si el Presidente lo apoya.

2. El recurso habrá de resolverse en la siguiente sesión y tendrá

obligada preferencia para su trámite, salvo caso de urgencia, en el cual se

podrá decidir en el acto.

Artículo 44.- Cabrá recurso de reposición o revocatoria contra los

acuerdos del Consejo que lesionan derechos o intereses legítimos, todo

de conformidad con la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso

Administrativa.

Artículo 45.-

1. Las decisiones del Consejo serán publicadas en el Diario Oficial

cuando sean generales o correspondan a la competencia constitucional del

mismo, o notificadas directamente al interesado, en los demás casos.

2. Los actos constitucionales de alcance individual deberán ser,

además, notificados.

3. El acto indebidamente comunicado o no comunicado no obliga al

particular.

Artículo 46.-

1. El Consejo podrán reglamentar internamente su funcionamiento dentro

del marco de esta ley.

2. Podrán asimismo constituir comisiones especiales de trabajo,

permanentes o temporales, de su seno o con participación de otros

servidores.

CAPITULO SEGUNDO

De los Viceministros

Artículo 47.-

1. El Presidente de la República podrá nombrar Viceministros.

2. Los Viceministros deberán reunir los mismos requisitos que los

Ministros y tendrán las atribuciones que señalen esta ley y el respectivo

Ministro.

3. Los Viceministros sustituirán en sus ausencias temporales a los

respectivos Ministros, cuando así lo disponga el Presidente de la

República.

4. El Viceministro será el superior jerárquico inmediato de todo el

personal del Ministerio, sin perjuicio de las potestades del Ministro

al respecto.

Artículo 50.- Los órganos colegiados nombrarán un Secretario, quien

tendrá las siguientes facultades y atribuciones:

a) Levantar las actas de la sesiones del órgano;

b) Comunicar las resoluciones del órgano, cuando ello no

corresponda al Presidente; y

c) Las demás que le asignen la ley o los reglamentos.

Artículo 51.- En caso de ausencia o de enfermedad y, en general,

cuando concurra alguna causa justa, el Presidente y el Secretario de los

órganos colegiados serán sustituidos por el Vicepresidente, o un Presidente

ad-hoc y un Secretario suplente, respectivamente.

Artículo 52.-

1. Todo órgano colegiado se reunirá ordinariamente con la frecuencia y el

día que la ley o su reglamento. A falta de regla expresa deberá reunirse

en forma ordinaria en la fecha y con la frecuencia que el propio órgano

acuerde.

2. Para reunirse en sesión ordinaria no hará falta convocatoria especial.

3. Para reunirse en sesión extraordinaria será siempre necesaria una

convocatoria por escrito, con una antelación mínima de veinticuatro horas,

salvo los casos de urgencia. A la convocatoria se acompañará copia del

orden del día, salvo casos de urgencia.

4. No obstante, quedará válidamente constituido un órgano colegiado sin

cumplir todos los requisitos referentes a la convocatoria o al orden del

día, cuando asistan todos sus miembros y así lo acuerden por unanimidad.

Artículo 53.-

1. El quórum para que pueda sesionar válidamente el órgano colegiado será

el de la mayoría absoluta de sus componentes.

2. Si no hubiere quórum, el órgano podrá sesionar válidamente en segunda

convocatoria veinticuatro horas después de la señalada para la primera,

salvo casos de urgencia en que podrá sesionar después de media hora y para

ello será suficiente la asistencia de la tercera parte de sus miembros.

Artículo 54.-

1. Las sesiones del órgano serán siempre privadas, pero el órgano podrá

disponer, acordándolo así por unanimidad de sus miembros presentes, que

tenga acceso a ella el público en general o bien ciertas personas,

concediéndoles o no el derecho de participar en las deliberaciones con voz

pero sin voto.

2. Tendrán derecho a asistir con voz pero sin voto los representantes

ejecutivos del ente, a que pertenezca el órgano colegiado, salvo que éste

disponga lo contrario.

3. Los acuerdos serán adoptados por mayoría absoluta de los miembros

asistentes.

4. No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figure en el

orden del día, salvo que estén presentes los dos tercios de los miembros

del órgano y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de

todos ellos.

Artículo 55.-

1. Caso de que alguno de los miembros del órgano interponga recurso de

revisión contra un acuerdo, el mismo será resuelto al conocerse el acta de

esa sesión, a menos que, por tratarse de un asunto que el Presidente juzgue

urgente, prefiera conocerlo en sesión extraordinaria.

2. El recurso de revisión deberá ser planteado a más tardar al discutirse

el acta, recurso que deberá resolverse en la misma sesión.

3. Las simples observaciones de forma, relativas a la redacción de los

acuerdos, no serán consideradas para efectos del inciso anterior, como

recursos de revisión.

Artículo 57.-

1. Los miembros del órgano colegiado podrán hacer constar en el acta su

voto contrario al acuerdo adoptado y los motivos que lo justifiquen,

quedando en tal caso exentos de las responsabilidades que, en su caso,

pudieren derivarse de los acuerdos.

2. Cuando se trate de órganos colegiados que hayan de formular dictámenes

o propuestas, los votos salvados se comunicarán junto con aquellos.

Artículo 58.-

1. Cabrá recurso de revocatoria contra los acuerdos del órgano colegiado.

2. Cabrá recurso de apelación exclusivamente cuando otras leyes lo

indiquen.

TITULO TERCERO

De la Competencia

CAPITULO PRIMERO

Origen, Límites y Naturaleza

Artículo 59.-

1. La competencia será regulada por ley siempre que contenga la

atribución de potestades de imperio.

2. La distribución interna de competencias, así como la creación de

servicios sin potestades de imperio, se podrá hacer por reglamento

autónomo, pero el mismo estará subordinado a cualquier ley futura sobre la

materia.

3. Las relaciones entre órganos podrán ser reguladas mediante reglamento

autónomo, que estará también subordinado a cualquier ley futura.

Artículo 60.-

1. La competencia se limitará por razón del territorio, del tiempo, de la

materia y del grado.

2. Se limitará también por la naturaleza de la función que corresponda a

un órgano dentro del procedimiento en que participa.

Artículo 61.-

1. Para determinar la competencia administrativa por razón del territorio

serán aplicables las normas respectivas de la Ley Orgánica del Poder

Judicial, en materia civil.

2. Si no son compatibles, será competente el órgano que ha iniciado el

procedimiento, o aquel más próximo al lugar de los hechos que son motivo de

la acción administrativa.

3. Para determinar los otros tipos de competencia se estará a lo que

dispongan las reglas específicas pertinentes.

Artículo 62.- Cuando una norma atribuya un poder o fin a un ente u

órgano compuesto por varias oficinas, sin otra especificación, será

competente la oficina de función más similar, y, si no la hay, la de grado

superior, o la que ésta disponga.

Artículo 65.-

1. Todo órgano será competente para realizar las tareas regladas o

materiales internas necesarias para la eficiente expedición de sus asuntos.

2. La potestad de emitir certificaciones corresponderá únicamente al

órgano que tenga funciones de decisión en cuanto a lo certificado o a

su secretario.

Artículo 66.-

1. Las potestades de imperio y su ejercicio, y los deberes públicos y su

cumplimiento, serán irrenunciables, intransmisibles e imprescriptibles.

2. Sólo por ley podrán establecerse compromisos de no ejercer una

potestad de imperio. Dicho compromiso sólo podrá darse dentro de un acto o

contrato bilateral y oneroso.

3. El ejercicio de las potestades en casos concretos podrá estar

expresamente sujeto a caducidad, en virtud de otras leyes.

Artículo 67.-

1. La incompetencia será declarable de oficio en cualquier momento por el

órgano que dictó el acto, por el superior jerárquico o, a instancia de

parte, por la autoridad de contralor.

2. El órgano que en definitiva resulte competente continuará el

procedimiento y mantendrá todo lo actuado, salvo que ello no sea

jurídicamente posible.

Artículo 68.- Cuando la incompetencia sea declarada en relación con

una petición o instancia sujeta a término, se tendrá ésta por presentada en

tiempo si el órgano competente pertenece al mismo Ministerio, tratándose

del Estado, o al mismo ente, tratándose de entidades descentralizadas.

Artículo 70.- La competencia será ejercida por el titular del órgano

respectivo, salvo caso de delegación, avocación, sustitución o subrogación,

en las condiciones y límites indicados por esta ley.

CAPITULO SEGUNDO

De los Conflictos Administrativos

SECCION PRIMERA

Disposiciones Generales

Artículo 71.-

1. Los conflictos de competencia entre órganos del Poder Ejecutivo o de

un mismo ente deberán ser resueltos de conformidad con las Secciones II y

III de este Capítulo, y no podrán ser llevados, en ningún caso, a los

Tribunales.

2. Con igual limitación que la señalada en el párrafo anterior, los otros

conflictos administrativos entre órganos del Poder Ejecutivo o de un mismo

ente, se resolverán por el superior jerárquico común de los órganos en

conflicto, aplicando en lo demás las disposiciones de la Sección IV de este

Capítulo.

3. Los conflictos, incluso de competencia entre entes, serán resueltos de

conformidad con la Sección IV de este Capítulo, en la vía administrativa,

pero cada parte conservará su derecho a la acción contenciosa pertinente.

4. Queda a salvo lo dispuesto en la Sección V de este Capítulo para los

conflictos con los interesados.

Artículo 72.- Todo conflicto entre órganos o Ministerios deberá quedar

resuelto dentro del mes posterior a su planteo. El superior jerárquico

deberá vigilar el procedimiento respectivo para garantizar la celeridad que

requiere la observancia de dicho término.

SECCION SEGUNDA

De los Conflictos de Competencia Dentro de un Mismo Ministerio

Artículo 73.-

1. El órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución

de un asunto, remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere

competente, si depende del mismo Ministerio.

2. Si se considera igualmente incompetente el órgano que recibe el

expediente, elevará éste ante el superior jerárquico común, a fin de que

decida el conflicto de competencia.

Artículo 74.- El órgano que se estime competente para resolver un

asunto de que conoce otro de igual jerarquía dentro del mismo Ministerio,

lo requerirá de inhibición; y si el requerido se considerare competente, se

procederá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior.

SECCION TERCERA

De los Conflictos de Competencia Entre Distintos Ministerios

Artículo 76.- El órgano administrativo que se estima competente para

la resolución de un asunto del que conoce un órgano de otro Ministerio, o

que se estime incompetente para la resolución del que le ha sido sometido,

y considere competente a un órgano de otro Ministerio, elevará el

expediente mediante resolución fundada, al Ministerio de que depende, a fin

de que decida si remite las actuaciones o requiere de inhibición, según el

caso, al otro Ministerio.

Artículo 77.- Planteado el conflicto positivo o negativo de

competencia, por considerarse competente el otro Ministerio en el primer

caso, o incompetente en el segundo, se elevarán las actuaciones al

Presidente de la República, quien decidirá el conflicto a la mayor

brevedad.

SECCION CUARTA

De los Conflictos Entre el Estado y Otros Entes, o Entre Estos

Artículo 78.- Cuando surja un conflicto de competencia o de cualquier

otra naturaleza entre un Ministerio y una institución descentralizada, o

entre éstas, la decisión corresponderá al Presidente de la República.

Artículo 79.-

1. El órgano que quiera plantear un conflicto deberá exponerlo al jerarca

correspondiente, con expresión de pruebas y razones.

2. El jerarca podrá libremente acoger o desechar la petición dentro del

octavo día después de recibida, comunicando su decisión al inferior. 3. Si

la acoge la enviará al Presidente de la República a la brevedad posible,

modificándola en lo que quisiere.

4. El Presidente dará audiencia por un mes a la otra parte y decidirá

en el plazo máximo de un mes, pasada la audiencia dicha, haya sido

contestada o no la audiencia.

5. Si se requiere la evacuación de prueba, el Presidente dispondrá de

un mes más para tal efecto.

Artículo 80.- Si es el Estado el que plantea el conflicto se observará

el mismo trámite anterior.

SECCION QUINTA

De los Conflictos de Competencia Planteados por el Interesado

Artículo 81.- Cuando un interesado estime incompetente a un órgano

administrativo, podrá requerirle en cualquier momento para que declare su

incompetencia.

Artículo 82.-

1. El órgano requerido de incompetencia deberá pronunciarse dentro de los

cinco días posteriores al recibo del requerimiento.

2. Si acogiere la gestión se procederá de acuerdo con lo dispuesto en los

artículos 76, 79 u 82 según el caso.

3. Si se estimare competente, su decisión será recurrible en la vía

jerárquica por el procedimiento usual.

4. Agotada la vía jerárquica no cabrá acción contenciosa contra la

resolución que fija la competencia salvo el caso del artículo 71.3, pero

dictada que sea la resolución de fondo podrá plantearse la nulidad de ésta

por incompetencia del órgano que la dictó.

5. La falta de decisión en término se considerará como denegación tácita

de la incompetencia.

CAPITULO TERCERO

De la Distribución y de los Cambios de la Competencia

SECCION PRIMERA

De la Desconcentración

Artículo 83.-

1. Todo órgano distinto del jerarca estará plenamente subordinado a éste

y al superior jerárquico inmediato, salvo desconcentración operada por ley

o por reglamento.

2. La desconcentración mínima se dará cuando el superior no pueda:

a) Avocar competencia del inferior; y

b) Revisar o sustituir la conducta del inferior, de oficio o a

instancia de parte.

3. La desconcentración será máxima cuando el inferior esté sustraído

además, a órdenes, instrucciones o circulares del superior.

4. La imposibilidad de revisar o sustituir la conducta del inferior

hará presumir la potestad de avocar la misma y a la inversa.

5. Las normas que crean la desconcentración mínima serán de aplicación

restrictiva en contra de la competencia del órgano desconcentrado y las

que crean la desconcentración máxima serán de aplicación extendida en

su favor.

SECCION SEGUNDA

De los Cambios de Competencia en General

Artículo 84.- Las competencias administrativas o su ejercicio podrán

ser transferidas mediante:

a) Delegación;

b) Avocación;

c) Sustitución del titular o de un acto;

d) Subrogación; y

e) Suplencia.

Artículo 85.-

1. Toda transferencia de competencias externas de un órgano a otro o de

un servidor público a otro, tendrá que ser autorizada por una norma

expresa, salvo casos de urgencia.

2. En toda hipótesis, la norma que autoriza la transferencia deberá tener

rango igual o superior al de la que crea la competencia transferida.

3. No podrán hacerse transferencias por virtud de práctica, uso o

costumbre.

Artículo 86.- No podrán transferirse las competencias de los órganos

constitucionales de la Administración que estén regulados únicamente en la

Constitución.

Artículo 87.-

1. Toda transferencia de competencia deberá ser temporal y salvo el caso

de la suplencia y de la sustitución de órgano, claramente limitada en su

contenido por el acto que le da origen.

2. Toda transferencia de competencia deberá ser motivada, con las

excepciones que señala esta ley.

3. La violación de los límites indicados causará la invalidez tanto

del acto origen de la transferencia, como de los dictados en ejercicio

de ésta.

Artículo 88.- Si en el curso de un expediente se transfiere legalmente

la competencia a otro órgano administrativo, con éste se continuará la

causa, de oficio o a gestión de parte.

SECCION TERCERA

De la Delegación

Artículo 89.-

1. Todo servidor podrá delegar sus funciones propias en su inmediato

inferior, cuando ambos tengan funciones de igual naturaleza.

2. La delegación no jerárquica o en diverso grado requerirá de otra

norma expresa que la autorice, pero a la misma se aplicarán las reglas

compatibles de esta Sección.

3. No será posible la delegación cuando la competencia haya sido

otorgada al delegante en razón de su específica idoneidad para el cargo.

4. La delegación deberá ser publicada en el Diario Oficial cuando sea

para un tipo de acto y no para un acto determinado.

Artículo 90.- La delegación tendrá siempre los siguientes límites:

a) La delegación podrá ser revocada en cualquier momento por el órgano

que la ha conferido;

b) No podrán delegarse potestades delegadas;

c) No podrá hacerse una delegación total ni tampoco de las

competencias esenciales del órgano, que le dan nombre o que

justifican su existencia;

d) No podrá hacerse delegación sino entre órgano de la misma clase,

por razón de la materia, del territorio y de la naturaleza de la

función; y

e) El órgano colegiado no podrán delegar sus funciones, sino

únicamente la instrucción de las mismas, en el Secretario.

Artículo 91.- El delegante tendrá siempre la obligación de vigilar

la gestión del delegado y podrá ser responsable con éste por culpa en

la vigilancia. Sólo habrá lugar a culpa en la elección cuando ésta haya

sido discrecional.

Artículo 92.- Se podrá delegar la firma de resoluciones, en cuyo caso

el delegante será el único responsable y el delegado no podrá resolver,

limitándose a firmar lo resuelto por aquél.

SECCION CUARTA

De la Avocación

Artículo 93.-

1. El superior podrá, incluso por razones de oportunidad, avocar la

decisión de asuntos del inmediato inferior cuando no haya recurso

jerárquico contra la decisión de éste y en tal caso la resolución del

superior agotará también la vía administrativa.

2. La avocación no creará subordinación especial entre avocante y

avocado.

3. El avocado no tendrá ninguna vigilancia sobre la conducta del

avocante ni es responsable por ésta.

4. Cuando se refiera a un tipo de negocio, y no a uno determinado,

deberá publicarse en el Diario Oficial.

5. Tendrá los mismos límites de la delegación en lo compatible.

6. La avocación no jerárquica o de competencias de un órgano que no

sea el inmediato inferior requerirá de otra ley que la autorice.

Artículo 94.- El órgano delegante podrá avocar el conocimiento y

decisión de cualquier asunto concreto que corresponde decidir al

inferior en virtud de la delegación general.

SECCION QUINTA

De la Suplencia y de la Subrogación

Artículo 95.-

1. Las ausencias temporales o definitivas del servidor podrán ser

suplidas por el superior jerárquico inmediato o por el suplente que se

nombre.

2. Si el superior jerárquico no quisiere hacer la suplencia o

transcurridos dos meses de iniciado su ejercicio por él, deberá

nombrarse al suplente de conformidad con la ley.

3. Si la plaza está cubierta por el régimen especial del Servicio

Civil el suplente será nombrado de conformidad con éste; si no lo está

podrá ser nombrado libremente.

Artículo 96.-

1. El suplente sustituirá al titular para todo efecto legal, sin

subordinación ninguna, y ejercerá las competencias del órgano con la

plenitud de los poderes y deberes que las mismas contienen.

2. Toda suplencia requerirá el nombramiento del suplente, con la

excepción prevista en el artículo anterior, en cuanto al superior

jerárquico inmediato.

3. El nombramiento del suplente se hará siempre dejando a salvo la

potestad de nombrar un nuevo titular, sin responsabilidad ninguna para

la Administración.

SECCION SEXTA

De la Sustitución del Acto

Artículo 97.-

1. El superior podrá sustituir al inmediato inferior cuando éste omita la

conducta necesaria para el cumplimiento de los deberes de su cargo, pese a

la debida intimación para que los cumpla, sin probar justa causa al

respecto.

2. Para hacer la intimación bastará el envío de carta certificada al

inferior con tres días de anticipación, advirtiendo la posibilidad de

la sustitución.

3. La sustitución bien fundada será justa causa de despido del inferior.

TITULO CUARTO

De las Relaciones Interorgánicas

CAPITULO PRIMERO

De la Relación de Dirección

Artículo 99.-

1. Habrá relación de dirección cuando dos órganos de administración

activa tengan diversa competencia por razón de la materia y uno de ellos

pueda ordenar la actividad, pero no los actos, del otro, imponiéndole

las metas de la misma y los tipos de medios que habrá de emplear para

realizarlas, dentro de una relación de confianza incompatible con

órdenes, instrucciones o circulares.

2. La jerarquía implicará la potestad de dirección, pero no a la

inversa.

Artículo 100.-

1. Cuando un órgano tenga potestad de dirección sobre otro podrá

impartirle directrices, vigilar su cumplimiento y sancionar con la remoción

al titular que falte a las mismas en forma reiterada y grave, sin

justificar la inobservancia.

2. El órgano director no tendrá como tal potestad jerárquica sobre el

dirigido, y éste tendrá en todo caso discrecionalidad para aplicar las

directrices de acuerdo con las circunstancias.

3. El órgano director tendrá también potestad para coordinar al

dirigido con otros, siempre dentro de los límites antes indicados.

CAPITULO SEGUNDO

De la Relación Jerárquica

SECCION PRIMERA

De la Relación Jerárquica Propiamente

Artículo 101.- Habrá relación jerárquica entre superior e inferior

cuando ambos desempeñen funciones de la misma naturaleza y la competencia

del primero abarque la del segundo por razón del territorio y de la

materia.

Artículo 102.- El superior jerárquico tendrá las siguientes

potestades:

a) Dar órdenes particulares, instrucciones o circulares sobre el modo

de ejercicio de las funciones por parte del inferior, tanto en

aspectos de oportunidad y conveniencia como de legalidad, sin otras

restricciones que las que se establezcan expresamente;

b) Vigilar la acción del inferior para constatar su legalidad y

conveniencia, y utilizar todos los medios necesarios o útiles para

ese fin que no estén jurídicamente prohibidos;

c) Ejercer la potestad disciplinaria;

d) Adoptar las medidas necesarias para ajustar la conducta del inferior

a la ley y a la buena administración, revocándola, anulándola o

reformándola de oficio, o en virtud de recurso administrativo;

e) Delegar sus funciones y avocar las del inmediato inferior, así como

sustituirlo en casos de inercia culpable, o subrogarse a él ocupando

temporalmente su plaza mientras no regrese o no sea nombrado un nuevo

titular, todo dentro de los límites y condiciones señalados por esta

ley; y

f) Resolver los conflictos de competencia o de cualquier otra índole

que se produzcan entre órganos inferiores.

Artículo 103.-

1. El jerarca o superior jerárquico supremo tendrá, además, la

representación extrajudicial de la Administración Pública en su ramo y el

poder de organizar ésta mediante reglamentos autónomos de organización y de

servicio, internos o externos, siempre que, en este último caso, la

actividad regulada no implique el uso de potestades de imperio frente al

administrado.

2. Cuando a la par del órgano deliberante haya un gerente o funcionario

ejecutivo, éste tendrá la representación del ente o servicio.

3. El jerarca podrá realizar, además, todos los actos y contratos

necesarios para el eficiente despacho de los asuntos de su ramo.

Artículo 104.-

1. En silencio de la ley, el jerarca podrá nombrar, disciplinar y remover

a todos los servidores del ente, de conformidad con los artículos 191, 192

y de la Constitución Política.

2. Cuando exista una articulación entre un jerarca colegiado y otro

unipersonal de tipo ejecutivo, corresponderá al primero nombrar a este

último, a sus suplentes y a los demás altos funcionarios del ente que

indique el reglamento, y corresponderá al jerarca ejecutivo el nombramiento

del resto del personal.

Artículo 105.-

1. La potestad de ordenar y dirigir la conducta del inferior mediante

órdenes, instrucciones o circulares será necesaria y suficiente para la

existencia de la relación jerárquica, salvo limitaciones expresas del

ordenamiento.

2. Las otras potestades arriba enumeradas podrán darse sin que exista

la jerarquía, pero su presencia hará presumir ésta, salvo que de la

naturaleza de la situación o de su régimen de conjunto se desprenda lo

contrario.

Artículo 106.-De no excluirse expresamente, habrá recurso

jerárquico contra todo acto del inferior, en los términos de esta ley.

SECCION SEGUNDA

Del Deber de Obediencia

Artículo 107.-

1. Todo servidor público estará obligado a obedecer las órdenes

particulares, instrucciones o circulares del superior, con las limitaciones

que establece este Capítulo.

2. El servidor no estará obligado a obedecer cuando el acto no provenga

de un superior jerárquico sea o no inmediato.

Artículo 108.-

1. Deberá desobedecer el servidor cuando se presente cualquiera de las

siguientes circunstancias:

a) Que la orden tenga por objeto la realización de actos

evidentemente extraños a la competencia del inferior; y

b) Que el acto sea manifiestamente arbitrario, por constituir su

ejecución abuso de autoridad o cualquier otro delito.

2. La obediencia en una cualquiera de estas circunstancias producirá

responsabilidad personal del funcionario, tanto administrativo como civil,

sin perjuicio de la responsabilidad penal que pueda caber.

Artículo 109.-

1. Cuando no se presente ninguna de las circunstancias enumeradas en los

dos artículos anteriores el servidor deberá obedecer aunque el acto del

superior sea contrario al ordenamiento por cualquier otro concepto, pero en

este último caso deberá consignar y enviar por escrito sus objeciones al

jerarca, quien tendrá la obligación de acusar recibo.

2. El envío de las objeciones escritas salvará la responsabilidad del

inferior, pero éste quedará sujeto a inmediata ejecución de lo ordenado.

3. Cuando la ejecución inmediata pueda producir daños graves de imposible

o difícil reparación, el inferior podrá suspenderla, sujeto a

responsabilidad disciplinaria y eventualmente civil o penal si las causas

justificantes resultaren inexistentes en definitiva.

4. Quedará a salvo lo dispuesto por el artículo 81.2 de la Ley Reguladora

de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

TITULO QUINTO

De los Servidores Públicos

CAPITULO PRIMERO

De los Servidores Públicos en General

Artículo 111.-

1. Es servidor público la persona que presta servicios a la

Administración o a nombre y por cuenta de ésta, como parte de su

organización, en virtud de un acto válido y eficaz de investidura, con

entera independencia del carácter imperativo, representativo, remunerado,

permanente o público de la actividad respectiva.

2. A este efecto considéranse equivalentes los términos "funcionario

público", "servidor público", "empleado público", "encargado de servicio

público" y demás similares, y el régimen de sus relaciones será el mismo

para todos, salvo que la naturaleza de la situación indique lo contrario.

3. No se consideran servidores públicos los empleados de empresas o

servicios económicos del Estado encargados de gestiones sometidas al

derecho común.

Artículo 112.-

1. El derecho administrativo será aplicable a las relaciones de servicio

entre la Administración y sus servidores públicos.

2. Las relaciones de servicios con obreros, trabajadores y empleados que

no participan de la gestión pública de la Administración, de conformidad

con el párrafo 3º, del artículo III, se regirán por el derecho laboral o

mercantil, según los casos.

3. Sin embargo, se aplicarán también a estos últimos las disposiciones

legales o reglamentarias de derecho público que resulten necesarias para

garantizar la legalidad y moralidad administrativa, conforme lo determine

por Decreto el Poder Ejecutivo.

4. Para efectos penales, dichos servidores se reputarán como públicos.

Artículo 113.-

1. El servidor público deberá desempeñar sus funciones de modo que

satisfagan primordialmente el interés público, el cual será considerado

como la expresión de los intereses individuales coincidentes de los

administrados.

2. El interés público prevalecerá sobre el interés de la Administración

Pública cuando pueda estar en conflicto.

3. En la apreciación del interés público se tendrá en cuenta, en primer

lugar, los valores de seguridad jurídica y justicia para la comunidad y el

individuo, a los que no puede en ningún caso anteponerse la mera

conveniencia.

Artículo 114.-

1. El servidor público será un servidor de los administrados, en general,

y en particular de cada individuo o administrado que con él se relacione en

virtud de la función que desempeña; cada administrado deberá ser

considerado en el caso individual como representante de la colectividad de

que el funcionario depende y por cuyos intereses debe velar.

2. Sin perjuicio de lo que otras leyes establezcan para el servidor,

considérase, en especial, irregular desempeño de su función todo acto,

hecho u omisión que por su culpa o negligencia ocasione trabas u obstáculos

injustificados o arbitrarios a los administrados.

CAPITULO SEGUNDO

Del Funcionario de Hecho

Artículo 115.- Será funcionario de hecho el que hace los que el

servidor público regular, pero sin investidura o con una investidura

inválida o ineficaz, aun fuera de situaciones de urgencia o de cambios

ilegítimos de gobierno, siempre que se den las siguientes circunstancias:

a) Que no se haya declarado todavía la ausencia o la irregularidad de la

investidura, ni administrativa ni jurisdiccionalmente; y

b) Que la conducta sea desarrollada en forma pública, pacífica, continua

y normalmente acomodada a derecho.

Artículo 116.-

1. Los actos del funcionario de hecho serán válidos aunque perjudiquen

al administrado y aunque éste tenga conocimiento de la irregularidad de

la investidura de aquél.

2. La Administración quedará obligada o favorecida ante terceros por

virtud de los mismos.

Artículo 117.- No habrá relación de servicio entre el funcionario de

hecho y la Administración, pero si el primero ha actuado de buena fe no

estará obligado a devolver lo percibido de la administración en concepto de

retribución y, si nada ha recibido, podrá recuperar los costos de su

conducta en la medida en que haya habido enriquecimiento sin causa, de la

Administración, según las reglas del derecho común.

Artículo 118.-

1. El funcionario de hecho será responsable ante la Administración y ante

los administrados por los daños que cause su conducta.

2. La Administración será responsable ante los administrados por la

conducta del funcionario de hecho.

Artículo 119.- La responsabilidad penal del funcionario de hecho que

fuere usurpador se regulará por el Código Penal.

TITULO SEXTO

De los Actos Administrativos

CAPITULO PRIMERO

De la Clasificación y Valor

Artículo 120.-

1. Para los efectos de clasificación y valor, los actos de la

Administración se clasifican en externos e internos, según que vayan

destinados o no al administrado; y en concretos y generales, según que

vayan destinados o no a un sujeto identificado.

2. El acto concreto estará sometido en todo caso al general y el interno

al externo, con la salvedad contemplada en los artículo 126 y 127.

Artículo 121.-

1. Los actos se llamarán decretos cuando sean de alcance general y

acuerdos cuando sean concretos.

2. Los decretos de alcance normativo se llamarán también reglamentos

o decretos reglamentarios.

3. Los acuerdos que decidan un recurso o reclamo administrativo se

llamarán resoluciones.

Artículo 122.-

1. Los actos internos carecerán de valor ante el ordenamiento general

del Estado en perjuicio del particular, pero no en su beneficio.

2. En este último caso el particular que los invoque deberá aceptarlos

en su totalidad.

3. La violación de los reglamentos internos en perjuicio del particular

causará la invalidez del acto y eventualmente la responsabilidad del Estado

y del servidor público, en los términos de esta ley.

Artículo 123.-

1. Tendrán relevancia externa ante los administrados y los tribunales

comunes, no obstante lo dicho en el artículo anterior, los actos internos

que estén regulados por ley, reglamento u otra norma cualquiera del Estado.

2. Tendrán igual relevancia externa para los servidores de la

Administración los actos internos de ésta que afecten sus derechos en las

relaciones de servicio entre ambos.

Artículo 124.- Los reglamentos, circulares, instrucciones y demás

disposiciones administrativas de carácter general no podrán establecer

penas ni imponer exacciones, tasas, multas ni otras cargas similares.

Artículo 125.-

1. Las instrucciones y circulares internas deberán exponerse en vitrinas

o murales en la oficina respectiva durante un período mínimo de un mes y,

compilarse en un repertorio o carpeta que deberá estar permanentemente a

disposición de los funcionarios y de los administrados.

2. La infracción a la anterior clasificación carecerá de todo efecto,

pero el desconocimiento del valor y jerarquía de los actos arriba

establecidos producirá nulidad absoluta.

CAPITULO SEGUNDO

De los Actos que Agotan la Vía Administrativa

Artículo 126.- Pondrán fin a la vía administrativa los actos emanados

de los siguientes órganos y autoridades, cuando resuelvan definitivamente

los recursos de reposición o de apelación previstos en el Libro Segundo de

esta Ley, interpuestos contra el acto final:

a) Los del Poder Ejecutivo, Presidente de la República y Consejo de

Gobierno, o, en su caso, los del jerarca del respectivo Supremo

Poder;

b) Los de los respectivos jerarcas de las entidades descentralizadas,

cuando correspondan a la competencia exclusiva o a la especialidad

administrativa de las mismas, salvo que se otorgue por ley algún

recurso administrativo contra ellos;

c) Los de los órganos desconcentrados de la Administración, o en su caso

los del órgano superior de los mismos, cuando correspondan a su

competencia exclusiva y siempre que no se otorgue, por ley o

reglamento, algún recurso administrativo contra ellos; y

d) Los de los Ministros, Viceministros y cualesquiera otros órganos

y autoridades, cuando la ley lo disponga expresamente o niegue todo

ulterior recurso administrativo contra ellos.

Artículo 127.- Cuando el agotamiento de la vía administrativa se

produzca en virtud de silencio u otro acto presunto, la Administración está

siempre obligada a dictar resolución expresa sobre el fondo dentro de los

plazos correspondientes, y aún después, en este caso sin perjuicio del

silencio ni de las responsabilidades consiguientes, dentro del año previsto

por el artículo 37.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso

Administrativa.

Artículo 129.- El acto deberá dictarse por el órgano competente y por

el servidor regularmente designado al momento de dictarlo, previo

cumplimiento de todos los trámites sustanciales previstos al efecto y de

los requisitos indispensables para el ejercicio de la competencia.

Artículo 130.-

1. El acto deberá aparecer objetivamente como una manifestación de

voluntad libre y consciente, dirigida a producir el efecto jurídico deseado

para el fin querido por el ordenamiento.

2. El error no será vicio del acto administrativo pero cuando recaiga

sobre otros elementos del mismo, la ausencia de éstos viciará el acto,

de conformidad con esta ley.

3. El dolo y la violencia viciarán el actoúnicamente cuando constituyan

desviación de poder.

Artículo 131.-

1. Todo acto administrativo tendrá uno o varios fines particulares a los

cuales se subordinarán los demás.

2. Los fines principales del acto serán fijados por el ordenamiento; sin

embargo, la ausencia de ley que indique los fines principales no creará

discrecionalidad del administrador al respecto y el juez deberá

determinarlos con vista de los otros elementos del acto y del resto del

ordenamiento.

3. La persecución de un fin distinto del principal, con detrimento de

éste, será desviación de poder.

Artículo 132.-

1. El contenido deberá de ser lícito, posible, claro y preciso y abarca

todas las cuestiones de hecho y derecho surgidas del motivo, aunque no

hayan sido debatidas por las partes interesadas.

2. Deberá ser, además, proporcionado al fin legal y correspondiente al

motivo, cuando ambos se hallen regulados.

3. Cuando el motivo no esté regulado el contenido deberá estarlo, aunque

sea en forma imprecisa.

4. Su adaptación al fin se podrá lograr mediante la inserción

discrecional de condiciones, términos y modos, siempre que, además de

reunir las notas del contenido arriba indicadas, éstos últimos sean

legalmente compatibles con la parte reglada del mismo.

Artículo 133.-

1. El motivo deberá ser legítimo y existir tal y como ha sido tomado en

cuenta para dictar el acto.

2. Cuando no esté regulado deberá ser proporcionado al contenido y

cuando esté regulado en forma imprecisa deberá ser razonablemente conforme

con los conceptos indeterminados empleados por el ordenamiento.

Artículo 134.-

1. El acto administrativo deberá expresarse por escrito, salvo que su

naturaleza o las circunstancias exijan forma diversa.

2. El acto escrito deberá indicar el órgano agente, el derecho

aplicable, la disposición, la fecha y la firma, mencionando el cargo del

suscriptor.

Artículo 135.-

1. Cuando deba dictarse una serie de actos de la misma naturaleza, tales

como nombramientos, permisos, licencias, etc., podrán refundirse en un sólo

documento que especificará las personas y otras circunstancias que

individualicen cada uno de los actos, y sólo dicho documento llevará la

firma de rigor.

2. Los actos a que se refiere el artículo anterior serán considerados a

todos los efectos, tales como notificaciones e impugnaciones, etc., como

actos administrativos diferenciados.

Artículo 136.-

1. Serán motivados con mención, sucinta al menos, de sus fundamentos:

a) Los actos que impongan obligaciones o que limiten, supriman o

denieguen derechos subjetivos;

b) Los que resuelvan recursos;

c) Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes

o del dictamen de órganos consultivos;

d) Los de suspensión de actos que hayan sido objeto del recurso;

e) Los reglamentos y actos discrecionales de alcance general; y

f) Los que deban serlo en virtud de ley.

2. La motivación podrá consistir en la referencia explícita o inequívoca

a los motivos de la petición del administrado, o bien a propuestas,

dictámenes o resoluciones previas que hayan determinado realmente la

adopción del acto, a condición de que se acompañe su copia.

Artículo 137.- Los comportamientos y actividades materiales de la

Administración que tengan un sentido unívoco y que sean incompatibles con

una voluntad diversa, servirán para expresar el acto, salvo que la

naturaleza o circunstancia de éste exijan manifestación expresa.

Artículo 138.- El acto podrá expresarse a través de otro que lo

implique necesariamente, en cuyo caso tendrá existencia jurídica propia.

Artículo 139.- El silencio de la administración no podrá expresar

su voluntad salvo ley que disponga lo contrario.

CAPITULO CUARTO

De la Eficacia

SECCION PRIMERA

De la Eficacia en General

Artículo 140.- El acto administrativo producirá su efecto después de

comunicado al administrado, excepto si le concede únicamente derechos, en

cuyo caso lo producirá desde que se adopte.

Artículo 141.-

1. Para ser impugnable, administrativa o jurisdiccionalmente, el acto

deberá ser eficaz. En todo caso, la debida comunicación será el punto

de partida para los términos de impugnación del acto administrativo.

2. Si el acto es indebidamente puesto en ejecución antes de ser eficaz

o de ser comunicado, el administrado podrá optar por considerarlo

impugnable desde que tome conocimiento del inicio de la ejecución.

Artículo 142.-

1. El acto administrativo producirá efecto en contra del administrado

únicamente para el futuro, con las excepciones que se dirán.

2. Para que produzca efecto hacia el pasado a favor del administrado

se requerirá que desde la fecha señalada para el inicio de su efecto

existan los motivos para su adopción, y que la retroacción no lesione

derechos o intereses de terceros de buena fe.

Artículo 143.- El acto administrativo tendrá efecto retroactivo en

contra del administrado cuando se dicte para anular actos absolutamente

nulos que favorezcan a éste; o para consolidar, haciéndolos válidos o

eficaces, actos que lo desfavorezcan.

Artículo 144.-

1. El acto administrativo no podrá surtir efecto ni ser ejecutado en

perjuicio de derechos subjetivos de terceros de buena fe, salvo

disposición expresa o inequívoca en contrario del ordenamiento.

2. Toda lesión causada por un acto a derechos subjetivos de terceros

de buena fe deberá ser indemnizada en su totalidad, sin perjuicio de la

anulación procedente.

Artículo 145.-

1. Los efectos del acto administrativo podrán estar sujetos a requisitos

de eficacia, fijados por el mismo acto o por el ordenamiento.

2. Los requisitos de eficacia producirán efecto retroactivo a la fecha

del acto administrativo, salvo disposición expresa en contrario del

ordenamiento.

3. Cuando el acto requiera autorización de otro órgano la misma deberá

ser previa.

4. Cuando el acto requiera aprobación de otro órgano, mientras ésta

no se haya dado, aquél no será eficaz, ni podrá comunicarse, impugnarse

ni ejecutarse.

Artículo 147.- Los derechos de la Administración provenientes de su

capacidad de derecho público serán también ejecutivos por los mismos medios

que esta Ley señala para la ejecución de los actos administrativos.

Artículo 148.- Los recursos administrativos no tendrán efecto

suspensivo de la ejecución, pero el servidor que dictó el acto, su superior

jerárquico o la autoridad que decide el recurso, podrán suspender la

ejecución cuando la misma pueda causar perjuicios graves o de imposible o

difícil reparación.

Artículo 149.-

1. Los medios de la ejecución administrativa serán los siguientes:

a) Ejecución forzada mediante apremio sobre el patrimonio del

administrado, cuando se trate de crédito líquido de la

Administración, todo con aplicación de las normas pertinentes del

Código de Procedimientos Civiles sobre embargo y remate, con la

salvedad de que el título ejecutivo podrá ser la certificación del

acto constitutivo del crédito expedida por el órgano competente

para ordenar la ejecución;

b) Ejecución sustitutiva, cuando se trate de obligaciones cuyo

cumplimiento puede ser logrado por un tercero en lugar de

obligado, en cuyo caso las costas de la ejecución serán a cargo de

éste y podrán serle cobradas según el procedimiento señalado en el

inciso anterior; y

c) Cumplimiento forzoso, cuando la obligación sea personalísima,

de dar, de hacer o de tolerar o no hacer, con la alternativa de

convertirla en daños y perjuicios a prudencial criterio de la

Administración, cobrables mediante el procedimiento señalado en el

inciso a).

2. En caso de cumplimiento forzoso la Administración obtendrá el concurso

de la policía y podrá emplear la fuerza pública dentro de los límites de lo

estrictamente necesario. La Administración podrá a este efecto decomisar

bienes y clausurar establecimientos mercantiles.

Artículo 150.-

1. La ejecución administrativa no podrá ser anterior a la debida

comunicación del acto principal, so pena de responsabilidad.

2. Deberá hacerse preceder de dos intimaciones consecutivas, salvo caso

de urgencia.

3. Las intimaciones contendrán un requerimiento de cumplir, una clara

definición y conminación del medio coercitivo aplicable que no podrá ser

más de uno, y un plazo prudencial para cumplir.

4. Las intimaciones podrán disponerse con el acto principal o

separadamente.

5. Cuando sea posible elegir entre diversos medios coercitivos, el

servidor competente deberá escoger el menos oneroso o perjudicial de entre

los que sean suficientes al efecto.

6. Los medios coercitivos serán aplicables uno por uno a la vez, pero

podrán variarse ante la rebeldía del administrado si el medio anterior no

ha sufrido efecto.

Artículo 151.- Queda prohibida la resistencia violenta a la ejecución

del acto administrativo, bajo sanción de responsabilidad civil, y, en su

caso, penal.

CAPITULO QUINTO

De la Revocación

Artículo 152.-

1. El acto administrativo podrá revocarse por razones de oportunidad,

conveniencia o mérito, con las excepciones que contempla esta ley.

2. La revocación deberá tener lugar únicamente cuando haya divergencia

grave entre los efectos del acto y el interés público, pese al tiempo

transcurrido, a los derechos creados o a la naturaleza y demás

circunstancias de la relación jurídica a que se intenta poner fin.

Artículo 153.-

1. La revocación podrá fundarse en la aparición de nuevas circunstancias

de hecho, no existentes o no conocidas al momento de dictarse el acto

originario.

2. También podrá fundarse en una distinta valoración de la mismas

circunstancias de hecho que dieron origen al acto, o del interés público

afectado.

Artículo 154.- Los permisos de uso del dominio público, y los demás

actos que reconozcan a un administrado un derecho expresa y válidamente

a título precario, podrán ser revocados por razones de oportunidad o

conveniencia sin responsabilidad de la Administración; pero la revocación

no deberá ser intempestiva ni arbitraria y deberá darse en todos los casos

un plazo prudencial para el cumplimiento del acto de revocación.

Artículo 155.-

1. La revocación de un acto declaratorio de derechos subjetivos deberá

hacerse por el jerarca del ente respectivo, previo dictamen favorable de

la Contraloría General de la República.

2. Simultáneamente deberá contener el reconocimiento y si es posible el

cálculo de la indemnización completa de los daños y perjuicios causados,

so pena de nulidad absoluta.

3. En todo caso los daños y perjuicios deberán ser liquidados por la

Administración dentro del mes posterior a la solicitud o recurso del

administrado que contenga la liquidación pretendida por éste.

Artículo 156.-

1. No será posible la revocación de actos reglados.

2. La revocación de actos discrecionales de efecto continuado podrá

hacerse de conformidad con los artículos anteriores.

3. Los actos desfavorables al administrado podrán ser revocados, aun

si ya son firmes para el particular, previo dictamen de la Contraloría

General de la República.

4. La potestad de revocación consagrada en el párrafo anterior caducará

en cuatro años.

Artículo 157.- En cualquier tiempo podrá la Administración rectificar

los errores materiales o de hecho y los aritméticos.

CAPITULO SEXTO

De las Nulidades

SECCION PRIMERA

Disposiciones Generales

Artículo 158.-

1. La falta o defecto de algún requisito del acto administrativo, expresa

o implícitamente exigido por el ordenamiento jurídico constituirá un vicio

de éste.

2. Será inválido el acto sustancialmente disconforme con el ordenamiento

jurídico.

3. Las causas de invalidez podrán ser cualesquiera infracciones

sustanciales del ordenamiento, incluso las de normas no escritas.

4. Se entenderán incorporadas al ordenamiento, para este efecto, las

reglas técnicas y científicas de sentido unívoco y aplicación exacta, en

las circunstancias del caso.

5. Las infracciones insustanciales no invalidarán el acto pero podrán

dar lugar a responsabilidad disciplinaria del servidor agente.

Artículo 159.-

1. La nulidad del acto podrá sobrevenir por la desaparición de una de

las condiciones exigidas por el ordenamiento para su adopción, cuando

la permanencia de dicha condición sea necesaria para la existencia de

la relación jurídica creada, en razón de la naturaleza de la misma o por

disposición de ley.

2. En este caso la declaración de nulidad surtirá efecto a partir del

hecho que la motive.

Artículo 160.- El acto discrecional será inválido, además, cuando

viole reglas elementales de lógica, de justicia o de conveniencia, según

lo indiquen las circunstancias de cada caso.

Artículo 162.- El recurso administrativo bien fundado por un motivo

existente de legalidad, hará obligatoria la anulación del acto.

Artículo 163.-

1. Los vicios propios de la ejecución del acto inválido se impugnarán

por aparte de los que afecten el acto.

2. Los vicios propios de los actos preparatorios se impugnarán

conjuntamente con el acto, salvo que aquellos sean, a su vez, actos con

efecto propio.

3. Los vicios de los actos de contralor o, en general, de los que

afecten la eficacia del acto en forma desfavorable a éste, se impugnarán

por aparte.

Artículo 164.-

1. La invalidez de un acto no implicará la de los sucesivos en el

procedimiento que sean independientes del inválido.

2. La invalidez parcial del acto no implicará la de las demás partes

del mismo que sean independientes de aquella.

SECCION SEGUNDA

De las Clases de Nulidad

Artículo 165.- La invalidez podrá manifestarse como nulidad absoluto

o relativa, según la gravedad de la violación cometida.

Artículo 166.- Habrá nulidad absoluta del acto cuando falten

totalmente uno o varios de sus elementos constitutivos, real o

jurídicamente.

Artículo 167.- Habrá nulidad relativa del acto cuando sea imperfecto

uno de sus elementos constitutivos, salvo que la imperfección impida la

realización del fin, en cuyo caso la nulidad será absoluta.

Artículo 168.- En caso de duda sobre la existencia o calificación

e importancia del vicio deberá estarse a la consecuencia más favorable

a la conservación del acto.

SECCION TERCERA

De la Nulidad Absoluta

Artículo 169.- No se presumirá legítimo el acto absolutamente nulo,

ni se podrá ordenar su ejecución.

Artículo 170.-

1. El ordenar la ejecución del acto absolutamente nulo producirá

responsabilidad civil de la Administración, y civil, administrativa y

eventualmente penal del servidor, si la ejecución llegare a tener lugar.

2. La ejecución por obediencia del acto absolutamente nulo se regirá

por las reglas generales pertinentes a la misma.

Artículo 171.- La declaración de nulidad absoluta tendrá efecto

puramente declarativo y retroactivo a la fecha del acto, todo sin perjuicio

de derechos adquiridos de buena fe.

Artículo 172.- El acto absolutamente nulo no se podrá arreglar a

derecho ni por saneamiento, ni por convalidación.

Artículo 174.-

1. La Administración estará obligada a anular de oficio el acto

absolutamente nulo, dentro de las limitaciones de esta Ley.

2. La anulación de oficio del acto relativamente nulo será discrecional y

deberá estar justificada por un motivo de oportunidad, específico y actual.

Artículo 175.- Caducará en cuatro años la potestad del administrado

para impugnar el acto absolutamente nulo en la vía administrativa y

jurisdiccional, sin que se apliquen al respecto los plazos normales de

caducidad.

SECCION CUARTA

De la Nulidad Relativa

Artículo 176.-

1. El acto relativamente nulo se presumirá legítimo mientras no sea

declarado lo contrario en firme en la vía jurisdiccional, y al mismo y a

su ejecución deberá obediencia todo administrado.

2. La desobediencia o el incumplimiento del acto relativamente nulo

producirá responsabilidad civil y, en su caso penal, del administrado.

Artículo 177.- La ejecución del acto relativamente nulo producirá

responsabilidad civil de la Administración, pero no producirá

responsabilidad de ningún tipo al servidor agente, sino cuando se

compruebe que ha habido dolo o culpa grave en la adopción del acto.

Artículo 178.- La anulación del acto relativamente nulo producirá

efecto sólo para el futuro, excepto cuando el efecto retroactivo sea

necesario para evitar daños al destinatario o a terceros, o al interés

público.

Artículo 179.-

1. Los plazos y legitimación para impugnar el acto relativamente nulo

en la vía administrativa serán los que indique esta ley.

2. Los plazos y legitimación para impugnarlo en la vía jurisdiccional

serán los que señala la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso

Administrativa.

Artículo 181.- El contralor no jerárquico podrá revisar sólo la

legalidad del acto y en virtud de recurso administrativo, y decidirá dentro

del límite de las pretensiones y cuestiones de hecho planteadas por el

recurrente, pero podrá aplicar una norma no invocada en el recurso.

Artículo 182.-

1. El Juez no podrá declarar de oficio la invalidez del acto, salvo

que se trate de infracciones sustanciales relativas al sujeto, al

procedimiento o a la forma, casos en los cuales deberá hacerlo.

2. Para efectos de este artículo el sujeto se entenderá como elemento

comprensivo de la existencia del ente y su capacidad, de la existencia

del órgano y su competencia, de los requisitos necesarios para el

ejercicio de ésta y de la regular investidura del servidor público.

3. El Juez podrá controlar de oficio la existencia de todos los

extremos dichos en relación con el sujeto del acto, con la excepción

contenida en el párrafo siguiente.

4. La incompetencia relativa no podrá ser declarada ni hecha valer de

oficio.

Artículo 183.-

1. La administración conservará su potestad para anular o declarar de

oficio la nulidad del acto -sea absoluta o relativa- aunque el administrado

haya dejado caducar los recursos administrativos y acciones procedentes,

siempre y cuando dicha revisión se dé en beneficio del administrado y sus

derechos.

2. La potestad de revisión oficiosa consagrada en este artículo estará

sujeta a caducidad de cuatro años a partir de la adopción del acto y podrá

ser ejercida por la Administración dentro de juicio pendiente, sin éste o

fuera de éste previo dictamen de la Contraloría General de la República.

3. Fuera de los casos previstos en el artículo 173, la administración no

podrá anular de oficio los actos declaratorios de derechos en favor del

administrado, y para obtener su eliminación deberá recurrir al contencioso

de lesividad previsto en los artículos 10 y 35 de la Ley Reguladora de la

Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Artículo 184.- No podrá anular de oficio el órgano que ejerce

contralor jerárquico impropio, ni, en general, el que pierde su competencia

con la primera decisión sobre la validez del acto.

Artículo 185.- La autoridad competente podrá anular o declarar la

nulidad del acto, aun si éste ha sido confirmado por el superior o por el

Juez, pero no podrá hacerlo invocando los motivos de hecho o derecho

rechazados por estos últimos.

Artículo 186.- El órgano que declare la nulidad de actuaciones

dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo

contenido hubiera permanecido el mismo de no haberse realizado la

infracción origen de la nulidad.

SECCION SEXTA

De la Convalidación, del Saneamiento y de la Conversión

Artículo 187.-

1. El acto relativamente nulo por vicio y en la forma, en el contenido o

en la competencia podrá ser convalidado mediante uno nuevo que contenga la

mención del vicio y la de su corrección.

2. La convalidación tiene efecto retroactivo a la fecha del acto

convalidado.

Artículo 188.-

1. Cuando el vicio del acto relativamente nulo consista en la ausencia de

una formalidad sustancial, como una autorización obligatoria, una propuesta

o requerimiento de otro órgano, o una petición o demanda del administrado,

éstos podrán darse después del acto, acompañados por una manifestación de

conformidad con todos sus términos.

2. Lo anterior no podrá aplicarse a la omisión de dictámenes ni a los

casos en que las omisiones arriba indicadas produzcan nulidad absoluta,

por impedir la realización del fin del acto final.

3. El saneamiento producirá efecto retroactivo a la fecha del acto

saneado.

Artículo 189.-

1. El acto inválido, absoluta o relativamente nulo, podrá ser convertido

en otro válido distinto por declaración expresa de la Administración a

condición de que el primero presente todos los requisitos formales y

materiales del último.

2. La conversión tiene efecto desde su fecha.

TITULO SETIMO

De la Responsabilidad de la Administración

y del Servidor Público

CAPITULO PRIMERO

De la responsabilidad de la Administración

SECCION PRIMERA

Disposiciones Generales

Artículo 190.-

1. La Administración responderá por todos los daños que cause su

funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor,

culpa de la víctima o hecho de un tercero.

2. La Administración será responsable de conformidad con este artículo,

aún cuando no pueda serlo en virtud de las secciones siguientes de este

Capítulo, pero la responsabilidad por acto lícito o funcionamiento normal,

se dará únicamente según los términos de la Sección Tercera siguiente.

SECCION SEGUNDA

De la Responsabilidad de la Administración por Conducta Ilícita

Artículo 191.- La Administración deberá reparar todo daño causado a

los derechos subjetivos ajenos por faltas de sus servidores cometidas

durante el desempeño de los deberes del cargo o con ocasión del mismo,

utilizando las oportunidades o medios que ofrece, aún cuando sea para fines

o actividades o actos extraños a dicha misión.

Artículo 192.- La Administración será también responsable en las

anteriores condiciones cuando suprima o limite derechos subjetivos usando

ilegalmente sus potestades para ello.

Artículo 193.-

1. No habrá responsabilidad por la lesión de intereses legítimos, pero se

indemnizará a quien logre anular la adjudicación de cualquier concurso

público organizado, con el equivalente a la mitad del provecho económico

que hubiere podido derivar razonablemente del acto anulado, si hubiese

sido favorecido con el mismo.

2. La indemnización que prevé este artículo es opcional para el

administrado y excluyentes, si es preferida, de la adjudicación o del acto

favorable pretendido dentro del concurso.

SECCION TERCERA

De la Responsabilidad de la Administración por Conducta Lícita

Artículo 194.-

1. La Administración será responsable por sus actos lícitos y por su

funcionamiento normal cuando los mismos causen daño a los derechos del

administrado en forma especial, por la pequeña proporción de afectados

o por la intensidad excepcional de la lesión.

2. En este caso la indemnización deberá cubrir el valor de los daños

al momento de su pago, pero no el lucro cesante.

3. El Estado será responsable por los daños causados directamente por

una ley, que sean especiales de conformidad con el presente artículo.

Artículo 195.- Ni el Estado ni la Administración serán responsables,

aunque causen un daño especial en los anteriores términos, cuando el

interés lesionado no sea legítimo o sea contrario al orden público, a la

moral o a las buenas costumbres, aún si dicho interés no estaba

expresamente prohibido antes o en el momento del hecho dañoso.

SECCION CUARTA

De la Régimen Común de la Responsabilidad

Artículo 196.- En todo caso el daño alegado habrá de ser efectivo,

evaluable e individualizable en relación con una persona o grupo.

Artículo 197.- Cabrá responsabilidad por el daño de bienes puramente

morales, lo mismo que por el padecimiento moral y el dolor físico causados

por la muerte o por la lesión inferida, respectivamente.

Artículo 198.- El derecho de reclamar la indemnización prescribirá en

tres años contados a partir del hecho que motiva la responsabilidad.

CAPITULO SEGUNDO

De la Responsabilidad del Servidor ante Terceros

SECCION PRIMERA

De la Responsabilidad del Servidor ante Terceros

Artículo 199.-

1. Será responsable personalmente ante terceros el servidor público que

haya actuado con dolo o culpa grave en el desempeño de sus deberes o con

ocasión del mismo, aunque sólo haya utilizado los medios y oportunidades

que le ofrece el cargo.

2. Estará comprendido en tales casos el funcionario que emitiere actos

manifiestamente ilegales, y el que los obedeciere de conformidad con esta

ley.

3. Habrá ilegalidad manifiesta, entre otros casos, cuando la

Administración se aparte de dictámenes u opiniones consultivos que pongan

en evidencia la ilegalidad, si posteriormente se llegare a declarar la

invalidez del acto por las razones invocadas por el dictamen.

4. La calificación de la conducta del servidor para los efectos de este

artículo se hará sin perjuicio de la solidaridad de responsabilidades con

la Administración frente al ofendido.

Artículo 200.-

1. Siempre que se declare la invalidez de actos administrativos, la

autoridad que la resuelva deberá pronunciarse expresamente sobre si la

ilegalidad era manifiesta o no, en los términos de artículo 199.

2. En caso afirmativo, deberá iniciar de oficio el procedimiento que

corresponda para deducir las responsabilidades consiguientes.

Artículo 201.- La Administración será solidariamente responsable con

su servidor ante terceros por los daños que éste cause en las condiciones

señaladas por esta ley.

Artículo 202.-

1. El administrado o tercero nunca tendrá derecho a más de una

indemnización plenaria por el daño recibido, y la Administración o el

servidor público culpable podrá rebajar de su deuda lo pagado por el otro,

a efecto de evitar que la víctima cobre lo mismo dos veces.

2. El pago hecho podrá hacerse valer por vía de acción o de excepción.

SECCION SEGUNDA

De la Distribución Interna de Responsabilidades

Artículo 203.-

1. La Administración deberá recobrar plenariamente lo pagado por ella

para reparar los daños causados a un tercero por dolo o culpa grave de

su servidor, tomando en cuenta la participación de ella en la producción

del daño, si la hubiere.

2. La recuperación deberá incluir también los daños y perjuicios causados

a la Administración por la erogación respectiva.

Artículo 204.-

1. La acción de la Administración contra el servidor culpable en los

anteriores términos será ejecutiva y podrá darse lo mismo si el pago hecho

a la víctima es voluntario que si es ejecución de un fallo.

2. En ambos casos servirá como título ejecutivo contra el servidor

culpable la certificación o constancia del adeudo que expida la

Administración, pero cuando haya sentencia por suma líquida la

certificación deberá coincidir so pena de perder su valor ejecutivo.

Artículo 205.-

1. Cuando el daño haya sido producido por la Administración y el servidor

culpable, o por varios servidores, deberán distribuirse las

responsabilidades entre ellos de acuerdo con el grado de participación de

cada uno, aun cuando no todos sean parte en el juicio.

2. Para este efecto deberá citarse, a título de parte, a todo el que

aparezca de los autos como responsable por el daño causado.

Artículo 206.-

1. La sentencia que se dictare en su caso pasará en autoridad de cosa

juzgada, pero no tendrá efecto respecto de los que no hayan sido citados

como parte, aunque su participación en los hechos haya sido debatida en el

juicio y considerada en la sentencia.

2. El servidor accionado que no haya sido citado como parte en el juicio

de responsabilidad podrá discutir no sólo la cuantía de la obligación

resarcitoria sino también su existencia.

Artículo 207.- El Estado no hará reclamaciones a sus agentes, por

daños y perjuicios, pasado un año desde que tenga conocimiento del hecho

dañoso.

Artículo 208.- Cuando el estado sea condenado judicialmente a

reconocer indemnizaciones en favor de terceros, el dicho plazo de un año

correrá a partir de la ejecutoriedad de la fijación de la respectiva

cantidad.

Artículo 209.-

1. El Ministro del cual depende el agente será personalmente responsable,

en lo civil, por el pleno cumplimiento de lo dispuesto en los artículos

precedentes.

2. Si los responsables fuesen el Presidente de la República y el

Ministro, incumbirá a la Contraloría General de la República velar por el

cumplimiento de los artículos anteriores, también bajo responsabilidad

civil de sus titulares.

Artículo 210.-

1. El servidor público será responsable ante la Administración por

todos los daños que cause a ésta por dolo o culpa grave, aunque no se

haya producido un daño a tercero.

2. Para hacer efectiva esta responsabilidad se aplicarán los artículos

anteriores, con las salvedades que procedan.

3. La acción de recuperación será ejecutiva y el título será la

certificación sobre el monto del daño expedida por el jerarca del ente

respectivo.

SECCION TERCERA

De la Responsabilidad Disciplinaria del Servidor

Artículo 211.-

1. El servidor público estará sujeto a responsabilidad disciplinaria

por sus acciones, actos o contratos opuestos al ordenamiento, cuando haya

actuado con dolo o culpa grave, sin perjuicio del régimen disciplinario

más grave previsto por otras leyes.

2. El superior responderá también disciplinariamente por los actos de

sus inmediatos inferiores, cuando él y estos últimos hayan actuado con

dolo o culpa grave.

3. La sanción que corresponda no podrá imponerse sin formación previa

de expediente, con amplia audiencia al servidor para que haga valer sus

derechos y demuestre su inocencia.

Artículo 212.- Cuando el incumplimiento de la función se haya

realizado en ejercicio de una facultad delegada, el delegante será

responsable si ha incurrido en culpa grave en la vigilancia o en la

elección del delegado.

Artículo 213.- A los efectos de determinar la existencia y el grado de

la culpa o negligencia del funcionario, al apreciar el presunto vicio del

acto al que se opone, o que dicta o ejecuta, deberá tomarse en cuenta la

naturaleza y jerarquía de las funciones desempeñadas, entendiéndose que

cuanto mayor sea la jerarquía del funcionario y más técnicas sus funciones,

en relación al vicio del acto, mayor es su deber de conocerlo y apreciarlo

debidamente.

LIBRO SEGUNDO

Del Procedimiento Administrativo

TITULO PRIMERO

Principios Generales

CAPITULO UNICO

Artículo 214.-

1. El procedimiento administrativo servirá para asegurar el mejor

cumplimiento posible de los fines de la Administración; con respeto para

los derechos subjetivos e intereses legítimos del administrado, de acuerdo

con el ordenamiento jurídico.

2. Su objeto más importante es la verificación de la verdad real de los

hechos que sirven de motivo al acto final.

Artículo 215.-

1. El trámite que regula esta ley, se aplicará cuando el acto final haya

de producir efectos en la esfera jurídica de otras personas.

2. El jerarca podrá regular discrecionalmente los procedimientos

internos, pero deberá respetar esta ley.

Artículo 216.-

1. La Administración deberá adoptar sus resoluciones dentro del

procedimiento con estricto apego al ordenamiento y, en el caso de las

actuaciones discrecionales, a los límites de racionalidad y razonabilidad

implícitos en aquél.

2. El órgano administrativo deberá actuar, además, sujeto a las órdenes,

circulares e instrucciones del superior jerárquico, dentro de los límites

de esta Ley.

Artículo 217.- Las partes tendrán derecho a conocer el expediente con

las limitaciones de esta Ley y a alegar sobre lo actuado para hacer valer

sus derechos o intereses, antes de la decisión final, de conformidad con

la ley.

Artículo 218.-Las partes tendrán derecho a una comparecencia oral y

privada con la Administración, en que se ofrecerá y recibirá en lo posible

toda la prueba, siempre que la decisión final pueda causar daños graves a

alguna o a todas aquellas, de conformidad con la ley.

Artículo 219.-

1. La Administración podrá prescindir excepcionalmente de los trámites

de audiencia y comparecencia señalados por los artículos 217 y 218,

únicamente cuando lo exija la urgencia para evitar daños graves a las

personas o de imposible reparación en las cosas.

2. La omisión injustificada de dichos trámites causará indefensión y la

nulidad de todo lo actuado posteriormente.

Artículo 220.- El derecho de defensa deberá ser ejercido por el

administrado en forma razonable. La Administración podrá excepcionalmente

limitar su intervención a lo prudentemente necesario y, en caso extremo

exigirle el patrocinio o representación de un abogado, sin llegar a la

supresión de los derechos de audiencia y defensa antes consagrados, fuera

del caso de urgencia previsto por el artículo 219.

Artículo 221.- En el procedimiento administrativo se deberán verificar

los hechos que sirven de motivo al acto final en la forma más fiel y

completa posible, para lo cual el órgano que lo dirige deberá adoptar todas

las medidas probatorias pertinentes o necesarias, aún si no han sido

propuestas por las partes y aún en contra de la voluntad de éstas últimas.

Artículo 222.-

1. El impulso del procedimiento administrativo se realizará de oficio,

sin perjuicio del que puedan darle las partes.

2. La inercia de la Administración no excusará la del administrado, para

efectos de caducidad del procedimiento.

Artículo 223.-

1. Sólo causará nulidad de lo actuado la omisión de formalidades

sustanciales del procedimiento.

2. Se entenderá como sustancial la formalidad cuya realización correcta

hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o

cuya omisión causare indefensión.

Artículo 224.- Las normas de este libro deberán interpretarse en forma

favorable a la admisión y decisión final de las peticiones de los

administrados, pero el informalismo no podrá servir para subsanar nulidades

que son absolutas.

Artículo 225.-

1. El órgano deberá conducir el procedimiento con la intención de lograr

un máximo de celeridad y eficiencia, dentro del respeto al ordenamiento y a

los derechos e intereses del administrado.

2. Serán responsables la Administracióny el servidor por cualquier

retardo grave e injustificado.

Artículo 226.-

1. En casos de urgencia y para evitar daños graves a las personas o

irreparables a las cosas, podrá prescindirse de una o de todas las

formalidades del procedimiento e incluso crearse un procedimiento

sustitutivo especial.

2. El juez podrá fiscalizar al efecto no sólo la materialidad de los

hechos que motivan la urgencia sino su gravedad y proporcionalidad en

relación con la dispensa o la sustitución de trámites operadas.

Artículo 227.-

1. El órgano director resolverá todas las cuestiones previas surgidas

durante el curso del procedimiento, aunque entren en la competencia de

otras autoridades administrativas; pero deberá consultarlas a éstas

inmediatamente después de surgida la cuestión y el órgano consultado deberá

dictaminar en el término de tres días.

2. La resolución sobre cuestiones previas surtirá efecto únicamente

dentro del expediente y para los fines del mismo.

Artículo 228.- La Administración deberá dar cumplimiento a los actos

administrativos firmes, a cuyo efecto serán aplicables las disposiciones

del capítulo de ejecución de sentencias de la Ley Reguladora de la

Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Artículo 229.-

1. El presente Libro regirá los procedimientos de toda la Administración,

salvo disposición que se le oponga.

2. En ausencia de disposición expresa de su texto, se aplicarán

supletoriamente, en lo que fueren compatibles, los demás Libros de esta

ley, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, las

demás normas, escritas y no escritas, con rango legal o reglamentario, del

ordenamiento administrativo y, en último término, el Código de

Procedimiento Civiles, la Ley Orgánica del Poder Judicial y el resto del

Derecho común.

TITULO SEGUNDO

De la Abstención y Recusación

CAPITULO UNICO

Artículo 230.-

1. Serán motivos de abstención los mismos de impedimento y recusación

que se establecen en la Ley Orgánica del Poder Judicial y, además, los que

resultan del artículo 102 de la Ley de la Administración Financiera de la

República.

2. Los motivos de abstención se aplicarán al órgano director, al de la

alzada y a las demás autoridades o funcionarios que intervengan

auxiliándolos o asesorándolos en el procedimiento.

3. Sin embargo, cuando los motivos concurran en un miembro de un órgano

colegiado, la abstención no se hará extensiva a los demás miembros, salvo

casos calificados en que éstos la consideren procedente.

Artículo 231.-

1. La autoridad o funcionario director del procedimiento en quien se dé

algún motivo de abstención, pondrá razón de ello y remitirá el expediente

al superior de la alzada, quien resolverá dentro de tercer día.

2. Si el superior no acogiere la abstención, devolverá el expediente,

para que el funcionario continúe conociendo del mismo.

3. Si la abstención fuere declarada procedente, el superior señalará

en el mismo acto al funcionario sustituto, que habrá de ser de la misma

jerarquía del funcionario inhibido.

4. Si no hubiere funcionario de igual jerarquía al inhibido, el

conocimiento corresponderá al superior inmediato.

Artículo 232.-

1. Cuando el motivo de abstención afectare al órgano de la alzada, se

procederá en la forma prevista por el artículo anterior, pero la

resolución corresponderá al superior jerárquico respectivo.

2. Si no hubiera superior jerárquico, resolverá el Presidente de la

República.

Artículo 233.- En el caso de que el motivo de abstención concurra

en el Presidente de la República, éste se excusará y llamará a conocer

del asunto al Primer Vicepresidente o, en su caso, al Segundo.

Artículo 234.-

1. Cuando se tratare de un órgano colegiado, el miembro con motivo de

abstención se separará del conocimiento del negocio, haciéndolo constar

ante el propio órgano a que pertenece.

2. En este caso, la abstención será resuelta por los miembros restantes

del órgano colegiado, si los hubiere suficientes para formar quórum; de lo

contrario, resolverá el superior del órgano, si lo hubiere, o, en su

defecto, el Presidente de la República.

3. Si la abstención se declarare con lugar, conocerá del asunto el mismo

órgano colegiado, integrado con suplentes si los tuviere, o con suplentes

designados ad hoc por el órgano de nombramiento.

Artículo 235.-

1. Si el motivo de abstención concurriere en otros funcionarios, se

aplicarán las reglas de los artículos anteriores, en lo que fueren

compatibles.

2. En tales casos, la resolución corresponderá al superior jerárquico

del funcionario inhibido.

Artículo 236.-

1. Cuando hubiere motivo de abstención, podrá también recusar al

funcionario la parte perjudicada con la respectiva causal.

2. La recusación se planteará por escrito, expresando la causa en que

se funde e indicando o acompañando la prueba conducente.

3. El funcionario recusado, al recibir el escrito, decidirá el mismo

día o al siguiente si se abstiene o si considera infundada la recusación,

y procederá, en todo caso, en la forma ordenada por los artículos

anteriores.

4. El superior u órgano llamado a resolver, podrá recabar los informes

y ordenar las otras pruebas que considere oportunos dentro del plazo

improrrogable de cinco días, y resolverá en la forma y términos señalados

en los artículos anteriores.

5. No procederá la recusación del Presidente de la República.

Artículo 237.-

1. La actuación de funcionarios en los que concurran motivos de

abstención implicará la invalidez de los actos en que hayan intervenido y,

además, dará lugar a responsabilidad.

2. Cuando los motivos de abstención sean los de impedimento previstos

en el artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, o los del

artículo 102 de la Ley de la Administración Financiera de la República,

la nulidad será absoluta; en los demás casos será relativa.

3. Los órganos superiores deberán separar del expediente a las personas

en quienes concurra algún motivo de abstención susceptible de causar

nulidad absoluta de conformidad con el párrafo anterior.

Artículo 239.-Todo acto de procedimiento que afecte derechos o

intereses de las partes o de un tercero, deberá ser debidamente comunicado

al afectado, de conformidad con esta Ley.

Artículo 240.-

1. Se comunicarán por publicación los actos generales y por notificación

los concretos.

2. Cuando un acto general afecte particularmente a persona cuyo lugar

para notificaciones esté señalado en el expediente o sea conocido por la

Administración, el acto deberá serle también notificado.

Artículo 241.-

1. La publicación no puede normalmente suplir la notificación.

2. Cuando se ignore o esté equivocado el lugar para notificaciones al

interesado por culpa de éste, deberá comunicársele el acto por publicación,

en cuyo caso la comunicación se tendrá por hecha cinco días después de ésta

última.

3. Igual regla se aplicará para la primera notificación en un

procedimiento, si no constan en el expediente la residencia, lugar de

trabajo o cualquier otra dirección exacta del interesado, por indicación de

la Administración o de una cualquiera de las partes; caso opuesto, deberá

notificarse.

4. La publicación que suple la notificación se hará por tres veces

consecutivas en el Diario Oficial y los términos se contarán a partir

de la última.

Artículo 242.- Cuando la publicación supla la notificación se hará

en una sección especial del Diario Oficial denominada "Notificaciones",

clasificada por Ministerios y entes.

Artículo 243.-

1. La notificación podrá hacerse personalmente o por medio de telegrama

o carta certificada dirigida al lugar señalado para notificaciones. Si no

hubiere señalamiento al efecto hecho por la parte interesada, la

notificación deberá hacerse en la residencia, lugar de trabajo o dirección

del interesado, si constan en el expediente por indicación de la

Administración o de una cualquiera de las partes.

2. En el caso de notificación personal servirá como prueba el acta

respectiva firmada por el interesado y el notificador o, si aquél no ha

querido firmar, por este último dejando constancia de ello.

3. Cuando se trate de telegrama o carta certificada la notificación

se tendrá por hecha con la boleta de retiro o el acta de recibo firmada

por quien hace la entrega.

Artículo 244.-