Artículo 2º.- Las leyes en que esté interesado el orden público,

obligan a los habitantes y aun a los transeuntes en el territorio de

Costa Rica.

Artículo 3º.- Las leyes de la República concernientes al estado

y capacidad de las personas obligan a los costarricenses para todo

acto jurídico o contrato que deba tener su ejecución en Costa Rica,

cualquiera que sea el país donde se ejecute o celebre el acto o

contrato; y obligan también a los extranjeros, respecto de los actos

que se ejecuten o contratos que se celebren y hayan de ejecutarse en

Costa Rica.

Artículo 4º.- Las leyes costarricenses rigen los bienes

inmuebles situados en la República, aunque pertenezcan a extranjeros,

ya se consideren dichos bienes aisladamente en sí mismos, ya con

relación a los derechos del propietario como parte de una herencia

o de otra universalidad.

Artículo 5º.- Los bienes muebles pertenecientes a los

costarricenses o extranjeros domiciliados en la República, se regirán

como los inmuebles situados en Costa Rica; pero los muebles que

pertenezcan a extranjeros no domiciliados en la República, sólo se

rigen por las leyes costarricenses, cuando se les considera

aisladamente en sí mismos.

Artículo 6º.- La prescripción y todo lo que concierne al modo

de cumplir o extinguir las obligaciones que resulten de cualquier

acto jurídico o contrato que haya de ejecutarse en Costa Rica, se

regirá por las leyes costarricenses, aunque los otorgantes sean

extranjeros, y aunque el acto o contrato no se haya ejecutado o

celebrado en la República.

Artículo 7º.- Para la interpretación de un contrato y para fijar

los efectos mediatos o inmediatos que de él resulten, se atenderá a

las leyes del lugar donde se hubiere celebrado el contrato; pero si

los contratantes tuvieren una misma nacionalidad, se atenderá a las

leyes de su país.

En los testamentos, se atenderá a las leyes del país donde

tuviere su domicilio el testador.

Respecto de matrimonios, se atenderá a las leyes del lugar donde

hubieren convenido en establecerse los cónyuges; y a falta de ese

convenio, a las del país donde tenga su domicilio el marido.

Artículo 8º.- En cuanto a la forma y solemnidades externas de

un contrato o de un acto jurídico que debe tener efecto en Costa

Rica, el otorgante u otorgantes pueden sujetarse a las leyes

costarricenses o a las del país donde el acto o contrato se ejecute

o celebre.

Para los casos en que las leyes de Costa Rica exigieren

instrumento público, no valdrán las escrituras privadas, cualquiera

que sea la fuerza de éstas en el país donde se hubieren otorgado.

Artículo 9º.- El matrimonio contraído fuera de Costa Rica por

extranjeros, con arreglo a las leyes del país en que se celebre,

surtirá todos los efectos civiles del matrimonio legítimo, siempre

que no esté comprendido en los matrimonios que son legalmente

imposibles.

Artículo 10.- No tiene eficacia alguna la renuncia de las leyes

en general, ni la especial de las leyes de interés público.

Los actos y convenios contra las leyes prohibitivas serán nulos,

si las mismas leyes no disponen otra cosa.

Artículo 11.- El que funde su derecho en leyes extranjeras

deberá probar la existencia de éstas.

Artículo 12.- La ley no queda abrogada ni derogada, sino por

otra posterior; y contra su observancia no puede alegarse desuso ni

costumbre o práctica en contrario.

LIBRO I

De las personas.

TITULO I.

Existencia y capacidad jurídica de las personas.

CAPITULO I.

Existencia de las personas.

Artículo 13.- La existencia legal de la persona física principia

al nacer, pero el feto se reputa nacido para todo lo que le

favorezca, y concebido trescientos días antes de su nacimiento. Sin

embargo, para que sea capaz de derechos civiles ha de nacer con

figura humana y vivir por lo menos veinticuatro horas.

Artículo 14.- Si dos o más nacen de un mismo parto, se

considerarán iguales en los derechos civiles que dependen de la edad.

Artículo 15.- La existencia de las personas civiles proviene de

la ley, excepto la del Estado, que de pleno derecho es una persona

moral perpetua.

Artículo 16.- La mayoría de los miembros de una corporación o

asociación, a falta de su representante legítimo, se considerará como

el total de la asociación o corporación para el efecto de

representarla o de nombrar persona que la represente.

Artículo 17.- Todo el que reclame derechos subordinados a la

existencia de un individuo en determinada fecha, debe probar su

existencia contra el que la niega.

Cualquiera que reclame un derecho dependiente de la muerte de

una persona, debe probar este hecho contra el que lo niegue, salvo

lo dispuesto en casos particulares.

Artículo 18.- La entidad jurídica de la persona física termina

con la muerte de ésta.

La de las personas morales no perpetuas, cuando dejan de existir

conforme a la ley.

Artículo 19.- Si por haber perecido dos o más personas en un

mismo acontecimiento no pudiere saberse el orden en que han muerto,

se presumirá que dichas personas han perecido en un mismo momento.

CAPITULO II.

De la capacidad de las personas.

Artículo 20.- La capacidad jurídica o aptitud para adquirir

derechos y contraer obligaciones civiles es inherente a toda persona

durante su existencia de un modo absoluto y general; pero se modifica

y limita, en las personas civiles, por el convenio de que proceden

o por la ley que las autoriza; y respecto de las personas físicas,

por su estado civil, por su edad y por su incapacidad física o legal.

Artículo 21.- La ley no reconoce diferencia entre el

costarricense y el extranjero, en cuanto a la adquisición y goce de

los derechos civiles.

Artículo 22.- Son mayores las personas que han cumplido

veintiún años; y menores las que no han llegado a esa edad.

Artículo 23.- El menor de quince años es persona absolutamente

incapaz para obligarse por actos o contratos que personalmente

ejecute o celebre.

Artículo 24.- Los actos y contratos que el mayor de quince años

ejecutare o celebrare por sí mismo, siendo todavía menor no

emancipado, serán relativamente nulos y podrán rescindirse a

solicitud del mismo menor o de quien legalmente lo represente, salvo:

1º.- Si se tratare del matrimonio del menor o de sus

capitulaciones matrimoniales.

2º.- Si se tratare de los bienes de que el menor tiene la libre

administración.

3º.- Si ejecutare o celebrare el acto o contrato diciéndose

mayor o emancipado, y la parte con quien contrató tuviere motivo

racional para admitir como cierta tal afirmación.

Las reglas de éste y del anterior artículo no comprenden las

obligaciones civiles que pueden venir al menor de delitos o

cuasidelitos.

Artículo 25.- Los actos y contratos que personalmente ejecute

o celebre el que adoleciere de incapacidad mental serán absolutamente

nulos:

1º.- Si al celebrarlos, la incapacidad estuviere declarada por

sentencia inscrita en el correspondiente registro.

2º.- Si el incapaz se hallare en un establecimiento público de

locos.

En cualquier otro caso los actos o contratos del incapaz serán

relativamente nulos y podrán rescindirse, a solicitud del mismo

incapaz cuando deje de serlo, o de la persona que legalmente lo

represente.

Artículo 26.- Son absolutamente nulos los actos o contratos del

sordomudo que no sabe leer y escribir.

Artículo 27.- La persona civil, cualquiera que sea, en sus

relaciones jurídicas contractuales es igual a la persona física y

queda sujeta a las mismas prescripciones del derecho común.

Artículo 28.- Las asociaciones o corporaciones por tiempo

ilimitado, y las que aunque por tiempo limitado no tienen por objeto

intereses materiales, no podrán adquirir a título oneroso bienes

inmuebles; y los que adquieran a título gratuito serán convertidos

en valores muebles dentro de un año contado desde la adquisición. Si

no se hiciere la conversión en ese tiempo, el Estado podrá hacerlos

rematar judicialmente, entregándose a la respectiva asociación o

corporación el producto líquido de la venta.

La prohibición de este artículo no comprende al Estado y

Municipios, no abraza los bienes inmuebles que fueren indispensables

para el cumplimiento de los fines de la asociación o corporación.

TITULO II

CAPITULO UNICO

Del domicilio

Artículo 29.- El domicilio civil de una persona es el lugar

donde tiene su principal establecimiento; a falta de éste, el lugar

de su residencia.

Artículo 30.- El domicilio de las corporaciones, asociaciones

y establecimientos reconocidos por la ley, es el lugar donde está

situada su dirección o administración, salvo lo que se dispusiere por

sus estatutos o leyes especiales. Cuando tengan agentes o sucursales

permanentes en lugares distintos de aquel en que se halle la

dirección o administración, se tendrá también como su domicilio el

lugar de la sucursal o agencia, respecto a los actos o contratos que

ejecuten o celebren por medio del agente.

Artículo 31.- El cambio de domicilio se efectúa por el cambio

de habitación a otro lugar junto con la intención de fijar en él su

principal establecimiento.

La prueba de la intención resulta de declaración hecha, tanto

al funcionario competente del lugar que se abandona, como del lugar

a donde se traslada el domicilio. A falta de declaración expresa, la

prueba de la intención dependerá de las circunstancias.

Artículo 32.- Puede estipularse un domicilio especial para el

cumplimiento de actos determinados; esta elección vale desde luego,

hecha en documento público; y si lo fué en documento privado, desde

que éste sea reconocido. No puede dejarse a un tercero el encargo de

elegir un domicilio especial.

La renuncia del domicilio, si no va acompañada de elección de

alguno especial, autoriza para perseguir al reo en el domicilio que

tenía cuando celebró el contrato y en el domicilio del acreedor.

Artículo 33.- El ciudadano llamado a una función pública,

conservará el domicilio que tenía antes de la aceptación, si no ha

manifestado intención en contrario.

Artículo 34.- Los menores no emancipados tienen por domicilio

el del padre o el de la madre o el del tutor a cuyo cuidado se

encuentren sujetos; y los mayores en curatela, el del curador.

Artículo 35.- El domicilio de la sucesión de una persona es el

último que ésta tuvo; y en el caso de no poderse saber cuál era, el

lugar donde esté la mayor parte de sus bienes.

TITULO III.

De la ausencia.

CAPITULO I.

Medidas provisionales en caso de ausencia.

Artículo 36.- Cuando una persona desaparece del lugar de su

domicilio sin dejar apoderado, y se ignora su paradero o consta que

se halla fuera de la República, en caso de urgencia y a solicitud de

la parte interesada o del ministerio público, se le nombrará un

curador, para determinado negocio, o para la administración de todos

si fuere necesario.

Esto mismo se observará cuando en iguales circunstancias,

caduque el poder conferido por el ausente o sea insuficiente para el

caso.

Artículo 37.- En la elección de curador se dará la preferencia:

1º.- Al cónyuge presente.

2º.- A los herederos presuntivos.

3º.- En falta de éstos, a los que mayor interés tengan en la

conservación de los bienes.

Artículo 38.- Lo dispuesto acerca de la curatela en general se

observará en la provisional de los ausentes no declarados, en lo que

fuere aplicable.

Artículo 39.- Pasados seis meses después de la desaparición del

ausente, sin haberse recibido noticias suyas, se proveerá de tutor

a sus hijos menores, cuando proceda la tutela y no exista persona

encargada por el ausente del cuidado de su familia.

CAPITULO II.

Declaración de ausencia y sus efectos.

Artículo 40.- Cualquier interesado podrá demandar la declaración

de ausencia, pasados cuatro años después del día en que desapareció

el ausente sin que haya habido noticias suyas o después de recibidas

las últimas; pero si dejó apoderado general para todos o la mayor

parte de sus negocios, no se podrá pedir la declaración de ausencia,

mientras no hayan trascurrido diez años desde la desaparición del

ausente o desde sus últimas noticias.

Estos plazos se reducirán a la mitad, cuando la última noticia

que se tuvo del ausente fué la de que se encontraba gravemente

enfermo o en otro peligro de muerte.

Pasados cinco años desde que desapareció el ausente, o desde sus

últimas noticias, deberá el apoderado dar fianza o garantía

suficiente de administración; si no la diere, caducarán sus poderes.

Artículo 41.- Declarada la ausencia, serán puestos en posesión

provisional de los bienes del ausente, dando fianza u otra garantía

suficiente para asegurar los resultados de la administración, los

herederos, los legatarios, donatarios y todos los que tengan sobre

los bienes del ausente derechos subordinados a la condición de su

muerte.

Para fijar la calidad de heredero se atenderá al tiempo de las

últimas noticias, y en su defecto al día de la desaparición del

ausente.

Artículo 42.- La declaración de ausencia produce el efecto de

disolver las sociedades que se terminarían con la muerte del ausente.

Artículo 43.- Los herederos y demás personas puestas en posesión

provisional son, respecto del ausente, administradores; respecto de

terceros serán tenidos como herederos, deben cumplir con las

obligaciones de tales, y representar judicial y extrajudicialmente

al ausente; pero no podrán transigir ni comprometer en árbitros los

negocios que a éste interesen y que valgan más de doscientos

cincuenta pesos, sin previa autorización judicial, dada en virtud de

haberse justificado la utilidad o conveniencia de la transacción o

compromiso.

Artículo 44.- Los que a consecuencia de la posesión provisional

hubieren disfrutado de los bienes del ausente, no estarán obligados

a devolver sino el quinto de los frutos líquidos percibidos, cuando

la restitución de los bienes se hiciere antes de quince años después

de la desaparición o las últimas noticias; y el décimo cuando la

restitución se hiciere después de este término.

Pasados veinte años desde la desaparición o desde las últimas

noticias, sólo están obligados a devolver los bienes.

Artículo 45.- Los inmuebles del ausente no podrán enajenarse ni

hipotecarse antes de la posesión definitiva, sino por causa de

necesidad o de utilidad manifiesta, declarada por el juez.

Artículo 46.- Si el ausente parece o se prueba su existencia

durante la posesión provisional, cesarán los efectos de la

declaración de ausencia, sin perjuicio, si hay lugar, de dictarse las

medidas prescritas en el capítulo primero de este título.

Si el ausente parece o se prueba su existencia después de la

posesión definitiva, recobrará los bienes en el estado en que se

hallen y el precio de los que hubieren sido enajenados.

Artículo 47.- Si la ausencia ha continuado durante veinte años

después de la desaparición o durante diez años después de la

declaratoria de ausencia o de las últimas noticias, o si han corrido

ochenta años desde el nacimiento del ausente, el juez, a instancia

de parte interesada, declarará la presunción de muerte.

Hecha esta declaración, se dará la posesión definitiva de los

bienes, sin necesidad de fianza, a sus herederos presuntivos al

tiempo de la desaparición o de las últimas noticias y a los demás

interesados de que habla el artículo 41, quedando cancelada la

garantía dada para la posesión provisional.

Artículo 48.- En cualquier época que se pruebe la muerte del

ausente se defiere la herencia a los que debieron heredarlo al tiempo

del fallecimiento; el tenedor de los bienes hereditarios deberá

devolverlos con la reserva de frutos establecida en el artículo 44,

salvo que hubiere prescrito la herencia por el trascurso del término

ordinario, que se contará desde la declaración de presunción de

muerte o desde el fallecimiento del ausente si hubiere ocurrido

después de la declaración.

TITULO IV.

Del matrimonio.

CAPITULO I.

Disposiciones generales.

Artículo 49.- Los esponsales no producen efecto alguno civil.

Artículo 50.- El matrimonio es perpetuo y tiene por objeto la

procreación y el mutuo auxilio.

Artículo 51.- Toda condición contraria a los fines esenciales

del matrimonio es nula.

Artículo 52.- La poligamia simultánea es prohibida.

Artículo 53.- Sin el consentimiento de ambos contrayentes,

manifestado de un modo legal y expreso, no hay matrimonio.

Artículo 54.- Corresponde a la autoridad civil conocer de toda

demanda sobre divorcio y separación y sobre nulidad o cualquiera otra

cuestión relativa al matrimonio.

CAPITULO II.

De los impedimentos.

Artículo 55.- Es legalmente imposible el matrimonio:

1º.- De la persona que está ligada por un matrimonio anterior.

2º.- Entre ascendientes y descendientes, por consanguinidad o

afinidad legítima o natural.

3º.- Entre hermanos, sean o no legítimos.

4º.- Entre el autor o cómplice de la muerte de uno de los

cónyuges y el cónyuge sobreviviente.

5º.- Entre el condenado por adulterio y su cómplice.

Artículo 56.- Es anulable:

1º.- El matrimonio en que uno o ambos cónyuges han consentido

por error, violencia o miedo grave.

2º.- El del loco o de cualquiera persona que padezca incapacidad

mental al celebrarlo.

3º.- El de la persona menor de quince años.

4º.- El de los incapaces por impotencia absoluta o relativa para

la procreación, siempre que el defecto sea por su naturaleza

perpetuo, incurable y anterior al matrimonio.

Artículo 57.- Es prohibido el matrimonio.

1º.- Del menor de veintiún años, sin el consentimiento previo

y expreso de quien ejerza sobre él la patria potestad o la tutela en

su caso.

2º.- De la mujer antes que trascurran trescientos días contados

desde la disolución de su anterior matrimonio, o desde que éste se

declare nulo, a menos que en uno u otro caso haya habido parto antes

de cumplirse este término.

3º.- El del tutor o cualquiera de sus descendientes con la

pupila, mientras las cuentas finales de la tutela no estén aprobadas

y canceladas, salvo si el padre o la madre difuntos lo hubieran

permitido especialmente en su testamento o en otro instrumento

público.

4º.- Sin la previa publicación o dispensa de los edictos

legales.

Artículo 58.- El matrimonio celebrado a pesar de las

prohibiciones del artículo anterior es válido, pero los delincuentes

quedarán sujetos a las penas señaladas en el Código Penal.

CAPITULO III.

Del matrimonio católico.

Artículo 59.- El matrimonio que celebrare la Iglesia Católica

Apostólica Romana, una vez inscrito en el registro del estado civil,

surtirá efectos civiles, salvo que se hubiere celebrado contra lo

dispuesto en el artículo 55.

CAPITULO IV.

Celebración del matrimonio civil.

Artículo 60.- El matrimonio se celebrará en el lugar donde

resida cualquiera de los cónyuges, ante el funcionario que designe

la ley.

Artículo 61.- Los que intentaren contraer matrimonio lo

manifestarán así a dicho funcionario, y consignarán ambos en esta

manifestación sus nombres y apellidos, su edad, profesión u oficio,

el lugar de su nacimiento y las ciudades o pueblos de su residencia

o domicilio durante los dos últimos años; también expresarán los

nombres, apellidos y generales de sus padres.

Esta manifestación se hará por escrito, y se firmará por los

interesados, o por otra persona a ruego del que no pueda firmar: y

una vez ratificada verbalmente por los pretendientes, se publicará

dos veces por medio de edictos.

Artículo 62.- Entre el primero y segundo edicto y entre éste y

la celebración del matrimonio, debe mediar un intervalo de ocho días

por lo menos; y si después del segundo edicto pasaren seis meses sin

celebrarse el matrimonio, deberá hacerse nueva publicación.

Artículo 63.- Si se denunciare impedimento legal, se suspenderá

la celebración del matrimonio, mientras no sea dispensado el

impedimento o no sea declarada por sentencia firme la improcedencia

o falsedad de la denuncia.

Cuando la denuncia fuere declarada maliciosa, será responsable

el denunciante de los daños y perjuicios que hayan sufrido los

interesados.

Artículo 64.- El funcionario encargado del registro no

autorizará la celebración de ningún matrimonio, mientras no se le

presenten:

1º.- Tres testigos idóneos que declaren sobre la libertad de

estado y aptitud legal de los contrayentes.

2º.- Los documentos que demuestren haberse obtenido el

correspondiente permiso, cuando se trate de personas que lo

necesiten.

3º.- La certificación de la partida de nacimiento de los

contrayentes, y en defecto de ella cualquiera otra prueba que

demuestre la competencia por razón de edad.

4º.- La prueba de viudedad si alguno de los cónyuges hubiere

sido casado; y si se tratare de viuda, la prueba de que puede casarse

conforme al inciso 2º del artículo 57.

Artículo 65.- En caso de peligro de muerte de uno de los

contrayentes, podrá procederse a la celebración del matrimonio aun

sin llenarse los requisitos de que hablan los artículos anteriores;

pero deberán llenarse en seguida; y mientras no se hiciere, ninguno

de los interesados podrá reclamar los derechos civiles procedentes

del matrimonio.

Artículo 66.- El matrimonio podrá celebrarse por medio de

apoderado con poder especialísimo constante en escritura pública y

que exprese el nombre y generales de la persona con quien éste haya

de celebrar el matrimonio; pero siempre ha de concurrir en persona

el otro contrayente. No habrá matrimonio si en el momento de

celebrarse estaba ya legalmente revocado el poder.

Artículo 67.- El matrimonio se celebrará con asistencia de dos

testigos mayores de edad; y la autoridad ante quien se celebre,

después de recibir la formal declaración que deben hacer los

contrayentes de ser su voluntad unirse en matrimonio, declarará que

quedan casados. De todo se levantará un acta que firmarán el

funcionario, los contrayentes si pueden, y los testigos del acto.

CAPITULO V.

De las dispensas y revalidaciones.

Artículo 68.- El consentimiento del tutor puede dispensarse para

el matrimonio del menor, cuando los motivos en que funde su negativa

no fueren razonables. Esta dispensa la concederá el Poder Ejecutivo

sin exacción de derechos.

Ni el padre ni la madre están obligados a motivar su disenso;

su consentimiento no puede dispensarse.

Artículo 69.- Por justa causa puede dispensarse uno o los dos

edictos de que habla el artículo 61. Esta dispensa sólo se otorgará

precediendo el pago de la cantidad que según las circunstancias de

los cónyuges, se les designe, con destino a los gastos de instrucción

pública. Dicha cantidad no excederá de doscientos pesos ni bajará de

cincuenta. Esta dispensa se solicitará de la autoridad política

superior de la provincia o comarca.

Artículo 70.- El matrimonio contraído por error, fuerza o miedo

grave, lo mismo que el contraído por el loco o cualquiera persona que

adolezca de incapacidad mental, quedará revalidado sin necesidad de

declaratoria expresa, por el hecho de no separarse los cónyuges

durante un mes después que descubra el error, cese la violencia o el

incapacitado recobre completamente el juicio.

Artículo 71.- El matrimonio del menor de quince años quedará

revalidado, sin necesidad de declaratoria expresa, por el hecho de

no separarse durante un mes después que el cónyuge menor cumpla esa

edad.

Artículo 72.- El matrimonio del impotente queda revalidado de

hecho, cuando se deja trascurrir un año sin reclamar la nulidad.

CAPITULO VI.

Efectos del matrimonio.

Artículo 73.- Los esposos están obligados a guardarse fidelidad

y a socorrerse mutuamente.

El marido debe proteger a su mujer y tenerla en su compañía.

La mujer debe obedecer a su marido, vivir con él y seguirle

adonde traslade su residencia.

Artículo 74.- El marido es obligado a hacer los gastos de

alimentos y demás de la familia. La mujer es subsidiariamente

obligada, si el marido no puede hacerlos en todo o en parte.

Artículo 75.- Los cónyuges pueden, antes de celebrar su

matrimonio, arreglar todo lo que se refiera a sus bienes. Este

convenio, para valer, deberá constar en escritura pública y

registrarse debidamente.

Las capitulaciones matrimoniales pueden alterarse después de

celebrado el matrimonio; pero el cambio no perjudicará a terceros

posteriores a él, sino después que la nueva escritura esté inscrita

en el registro respectivo y se haya anunciado por el periódico

oficial que los cónyuges han alterado sus capitulaciones.

El menor hábil para casarse puede celebrar las capitulaciones

previas al matrimonio; pero deberá estar asistido por la persona cuyo

consentimiento necesite para contraerlo.

Artículo 76.- Si no hubiere capitulaciones matrimoniales, cada

cónyuge queda dueño y dispone libremente de los bienes que tenía al

contraer matrimonio, de los que adquiera durante él por cualquier

título y de los frutos de unos y otros.

Artículo 77.- Sin embargo, los bienes existentes en poder de los

cónyuges, al disolverse el matrimonio, si no se prueba que fueron

introducidos al matrimonio o adquiridos durante él por título

lucrativo, se considerarán comunes y se distribuirán por igual entre

ambos cónyuges.

No serán comunes, aunque adquiridos durante el matrimonio, los

bienes existentes al disolverse éste, si se prueba que fueron

comprados con valores propios de uno de los cónyuges, destinados a

ello en las capitulaciones matrimoniales; o que la causa o título de

su adquisición precedió al matrimonio; y si se tratare de inmuebles,

que fueron debidamente subrogados a otros inmuebles propios de alguno

de los cónyuges.

Es permitido renunciar en las capitulaciones a las ventajas de

la distribución final.

Artículo 78.- Es permitida la contratación entre los cónyuges,

y la mujer no necesita autorización del marido ni del juez para

contratar ni para comparecer en juicio.

Esta disposición se extiende a los matrimonios contraídos bajo

la legislación anterior.

Artículo 79.- La sociedad conyugal de los matrimonios celebrados

bajo la legislación anterior se regirá por ella; pero pueden los

cónyuges alterar o hacer cesar esa sociedad, aun respecto de dotes,

mediante capitulaciones matrimoniales.

CAPITULO VII.

Del divorcio.

Artículo 80.- Son causas de divorcio:

1ª.-El adulterio de la mujer.

2ª.-El concubinato escandaloso del marido.

3ª.-El atentado de uno de los cónyuges contra la vida del otro.

4ª.-La sevicia y las ofensas graves.

Artículo 81.- La acción de divorcio sólo puede establecerse por

el cónyuge inocente, y sólo se admitirá si fuere establecida dentro

de un año contado desde que llegaron a noticia del ofendido los

hechos que pudieran motivarlo.

La acción de divorcio instaurada puede continuarse por los

herederos.

Artículo 82.- También se decretará el divorcio cuando lo pida

uno de los cónyuges que han estado dos años separados judicialmente,

siempre que durante ese término no haya mediado reunión o

reconciliación entre ellos.

Artículo 83.- No procede el divorcio si ha habido reconciliación

o vida maridable entre los cónyuges, sea después de los hechos que

habrían podido autorizarlo, sea después de la demanda; mas si se

intenta una nueva acción de divorcio por causa sobrevenida a la

reconciliación, podrá hacerse uso de las causas anteriores para

apoyar la demanda.

Artículo 84.- Pedido el divorcio, el juez puede autorizar a la

mujer para que abandone el domicilio conyugal u ordenar al marido que

lo abandone. En el primer caso, señalará la casa donde deberá residir

la mujer.

También señalará el juez la pensión alimenticia que el marido

deberá pagar a la mujer cuando ésta no tenga rentas bastantes a

cubrir sus necesidades.

Si la mujer abandona maliciosamente la casa que le ha sido

señalada, el marido podrá rehusar el pago de la pensión alimenticia;

y si la mujer es la actora de divorcio, se declarará éste sin lugar.

Artículo 85.- A solicitud del padre o madre, de los parientes

o del ministerio público, el juez resolverá a cuál de los cónyuges

debe dejarse el cuidado provisional de los hijos.

Artículo 86.- El divorcio, una vez judicialmente pronunciado,

disuelve el vínculo matrimonial.

Artículo 87.- Al cónyuge que ha obtenido el divorcio se

confiarán la guarda, crianza y educación de los hijos. Sin embargo,

por razones de conveniencia, el juez puede disponer que los hijos se

confíen al otro cónyuge o que se pongan en tutela. Los hijos menores

de cinco años quedarán a cargo de la madre hasta cumplir esa edad,

salvo que motivos de conveniencia para los hijos obliguen a quitarle

aun la guarda de éstos.

Cualquiera que sea la persona a cuyo cargo queden los hijos, el

padre o madre estarán obligados a contribuir a la educación y

alimentos en proporción a sus facultades.

Artículo 88.- En la sentencia que declare el divorcio, puede el

juez conceder una pensión alimenticia al cónyuge inocente, a cargo

del culpable. Esta pensión se calculará de modo que el cónyuge

conserve la posición pecuniaria que tenía durante el matrimonio, y

se revocará cuando deje de ser necesaria.

Artículo 89.- La declaración de divorcio no priva a los hijos

del matrimonio disuelto de ninguna de las ventajas que les estaban

asignadas por la ley, o por las capitulaciones matrimoniales de su

padre y madre.

Artículo 90.- En caso de divorcio o separación de cuerpos que

no sea voluntaria, el cónyuge culpable pierde su derecho a los

gananciales que procedan de los bienes del otro cónyuge.

CAPITULO VIII.

De la separación de cuerpos.

Artículo 91.- Son causas para decretar la separación de cuerpos:

1ª.-Cualquiera de las que autorizan el divorcio.

2ª.-El abandono voluntario y malicioso que uno de los cónyuges

haga del otro.

3ª.-La tentativa del marido para prostituir a su mujer o la

proposición para el mismo objeto.

4ª.-La negativa del marido a cumplir la obligación de dar

alimentos a su mujer e hijos comunes.

5ª.-El mutuo consentimiento de ambos cónyuges.

Artículo 92.- La separación por mutuo consentimiento no podrá

pedirse sino después de dos años de matrimonio.

Los esposos que la pidan deberán presentar al juez un convenio

en escritura pública sobre los puntos siguientes:

1º.- A quién quedan confiados los hijos habidos en el

matrimonio.

2º.- Por cuenta de cuál de los cónyuges deberán ser alimentados

y educados los hijos, y cuando esta obligación pese sobre ambos

cónyuges, en qué proporción contribuirá cada uno de ellos.

3º.- Qué pensión deberá pagar el marido a su mujer si ésta no

tiene rentas propias que basten a cubrir sus necesidades.

Deberán además presentar un inventario de sus bienes y un

convenio sobre sus respectivos derechos. Este convenio no valdrá

mientras no se pronuncie la separación.

Artículo 93.- En caso de demandarse separación por causa

determinada, se adoptarán las mismas medidas provisionales decretadas

para mientras dure la instancia de divorcio.

Artículo 94.- Los efectos de la separación son los mismos que

los del divorcio, con diferencia de que aquélla no disuelve el

vínculo.

Artículo 95.- La reconciliación de los cónyuges deja sin efecto

ulterior la ejecutoria que declaró la separación, y pone término al

juicio si aun no estuviere concluido. Se presume la reconciliación

cuando, después de decretada o pedida la separación, ha habido

cohabitación de los cónyuges.

CAPITULO IX.

Nulidad del matrimonio.

Artículo 96.- La nulidad del matrimonio a que se refiere el

artículo 55, puede declararse aun de oficio. En el mismo caso se

halla la nulidad que proviene de no haberse celebrado el matrimonio

ante el funcionario competente, o de haberse celebrado sin presencia

de dos testigos idóneos.

Artículo 97.- La nulidad de los matrimonios a que se refiere el

artículo 56, puede demandarse:

En el caso 1º por el contrayente víctima del error o violencia.

En el caso 2º por cualquiera de los cónyuges, o por el padre o

madre o tutor del incapacitado.

En el caso 3º por el padre o madre o tutor del menor, o por éste

asistido de un curador ad hoc.

En el caso 4º por cualquiera de los cónyuges, si la impotencia

es relativa; pero si fuere absoluta el cónyuge impotente no podrá

demandar la nulidad.

Artículo 98.- El matrimonio contraído con las solemnidades

legales y de buena fe, aunque sea declarado nulo, produce todos los

efectos civiles, así en favor de los cónyuges como de sus hijos.

Si la buena fe ha estado sólo de parte de uno de los cónyuges,

surte únicamente efectos civiles respecto de él y de los hijos

habidos en el matrimonio putativo. La buena fe se presume si no

consta lo contrario.

En ningún caso la nulidad del matrimonio perjudicará a tercero

sino desde la fecha en que se inscriba en el registro la declaratoria

de nulidad.

Artículo 99.- En todos los juicios sobre nulidad de matrimonio

se dará audiencia al ministerio público, y la sentencia que recaiga

al declararse ejecutoriada, deberá inscribirse en el correspondiente

registro.

TITULO V.

Paternidad y filiación.

CAPITULO I.

Hijos legítimos.

Artículo 100.- Se presumen legítimos los hijos nacidos después

de ciento ochenta días, contados desde la celebración del matrimonio,

o desde la reunión de los cónyuges legalmente separados, y también

los nacidos dentro de los trescientos días siguientes a la disolución

del matrimonio o a la separación de los cónyuges judicialmente

decretada.

Contra esta presunción no se admite otra prueba que la de haber

sido físicamente imposible al marido tener acceso con su mujer en los

primeros ciento veinte días de los trescientos que precedieron al

nacimiento.

Artículo 101.- La impotencia del marido anterior al matrimonio

no puede ser alegada para impugnar la legitimidad del hijo.

Artículo 102.- La legitimidad del hijo nacido dentro de los

ciento ochenta días después de la celebración del matrimonio no puede

impugnarse:

1º.- Si el marido, antes de casarse, tuvo conocimiento de la

preñez de su mujer.

2º.- Si estando presente consintió en que se tuviera como suyo

al hijo, en el acta de nacimiento inscrita en el registro civil.

3º.- Si de cualquier otro modo lo reconoció por tal.

Artículo 103.- El adulterio de la mujer no autoriza al marido

para desconocer al hijo; pero si prueba que hubo adulterio durante

la época en que pudo verificarse la concepción, se admitirá al marido

la prueba de cualesquiera otros hechos conducentes a demostrar su no

paternidad.

Sólo el marido puede proponer la prueba directa de adulterio.

Artículo 104.- La legitimidad de los hijos sólo puede ser

impugnada por el marido personalmente o por apoderado especialísimo,

y muerto o declarado ausente el marido, por sus herederos.

Artículo 105.- Toda reclamación del marido contra la legitimidad

del hijo nacido de su mujer deberá intentarse en juicio, dentro de

sesenta días, contados desde aquel en que tuvo conocimiento del

parto.

La residencia del marido en el lugar del nacimiento del hijo

hará presumir que lo supo inmediatamente, salvo si estuviere

legalmente separado de su mujer.

Si al tiempo del nacimiento no se hallaba el marido presente en

el lugar en donde se verificó el parto, se presumirá que lo supo

inmediatamente después de su vuelta a la residencia de su mujer,

salvo si hubiere habido ocultación de parto.

En el caso del artículo 103 los sesenta días se comenzarán a

contar desde que se reunan las dos circunstancias de que el marido

haya tenido conocimiento del nacimiento del hijo y del adulterio de

su mujer.

Estos plazos no corren contra el marido demente o imbécil.

Artículo 106.- Si el marido muere antes de vencer el término en

que puede desconocerse al hijo, podrán sus herederos hacerlo en el

plazo de sesenta días, contados desde aquel en que el hijo hubiere

entrado en la posesión de los bienes del presunto padre, o desde el

día en que los herederos fueren perturbados en la posesión de la

herencia por el presunto hijo.

Cesará este derecho si el padre hubiere reconocido al hijo como

suyo.

Artículo 107.- La legitimidad del hijo nacido después de

trescientos días de la disolución del matrimonio podrá contestarse

por cualquier persona a quien perjudique la filiación o legitimidad

del hijo.

Artículo 108.- El derecho de los hijos para vindicar el estado

que les pertenece es imprescindible. Por muerte de los hijos ese

derecho pasa a los nietos, y respecto de ellos también es

imprescriptible.

Artículo 109.- Los herederos de los hijos, o de los nietos en

su caso, pueden continuar las acciones de vindicación pendientes; y

solamente podrán comenzarlas, en caso de que el hijo o nieto

falleciere antes de llegar a la mayoridad, o si al entrar en ésta se

hallare en demencia y muriere en ese estado.

La acción de los herederos prescribe en cuatro años, contados

desde la muerte del hijo o nieto.

Artículo 110.- Sobre la filiación legítima no puede haber

transacción ni compromiso en árbitros, pero puede haber transacción

o arbitramento sobre los derechos pecuniarios que de la filiación

legalmente declarada pudieran deducirse, sin que las concesiones que

se hagan al que se dice hijo importen la adquisición del estado de

hijo legítimo, ni las que haga éste importen renuncia de su estado.

Artículo 111.- En cuanto a los derechos y obligaciones respecto

de la madre, ninguna diferencia hay entre los hijos legítimos y los

ilegítimos.

CAPITULO II.

Prueba de la filiación legítima.

Artículo 112.- La filiación de los hijos legítimos se prueba por

las actas de nacimiento, inscritas en el registro civil. En defecto

de ellas o si fueren incompletas o falsas, se probará la filiación

por la posesión notoria de estado o por cualquier medio ordinario de

prueba. Sin embargo, la testimonial sólo se admitirá cuando haya

principio de prueba por escrito, o cuando las presunciones o indicios

que arrojen los hechos constantes desde luego, sean bastante graves

para determinar su admisión.

El principio de prueba por escrito resulta de los registros, de

los papeles domésticos del padre o de la madre y de los documentos

públicos o privados emanados de las partes que litigan en la

contestación, o de una persona que a estar viva tendría interés

inmediato en la cuestión.

Artículo 113.- La posesión de estado del hijo legítimo consiste

en que sus padres lo hayan tratado como tal, proveyendo a su

educación y establecimiento de un modo competente o presentándolo en

ese carácter a sus deudos y amigos; y en que éstos y el vecindario

de su domicilio, en general, lo hayan reputado por hijo legítimo de

sus padres.

Artículo 114.- Puede oponerse a la vindicación de estado toda

prueba, aún la testimonial.

CAPITULO III.

Legitimación de hijos naturales.

Artículo 115.- Los hijos que pueden ser reconocidos según lo

dispuesto en el artículo 118 se legitiman por el matrimonio de sus

padres.

El matrimonio es el único medio de legitimación, y la produce

aunque sea declarado nulo, si hubo buena fe al contraerlo.

Artículo 116.- La legitimación produce sus efectos desde el día

del matrimonio, y los hijos legitimados se equiparan a los legítimos.

Artículo 117.- La legitimación aprovecha aun a los descendientes

de los hijos muertos al tiempo de la celebración del matrimonio.

CAPITULO IV.

Hijos no legítimos.

Artículo 118.- Pueden ser reconocidos todos los hijos

ilegítimos, excepto los adulterinos e incestuosos.

Es adulterino el hijo de padres que ni un momento siquiera,

desde la concepción hasta el nacimiento del hijo, fueron hábiles para

casarse, por estar uno de ellos o los dos ligados en otro matrimonio.

Es incestuoso el hijo de parientes entre quienes el matrimonio es

legalmente imposible.

Artículo 119.- Los padres de un hijo natural podrán reconocerlo

de común acuerdo: uno de ellos podrá hacerlo separadamente, pero en

este caso es prohibido revelar en el acto del reconocimiento, el

nombre de la persona con quien se hubo al hijo, lo mismo que expresar

cualquiera circunstancia por la cual pudiera ser reconocida.

Artículo 120.- El hijo mayor de edad no puede ser reconocido sin

su consentimiento. Si el reconocido es menor de edad, podrá rechazar

el reconocimiento cuando sea emancipado o mayor, pero deberá hacerlo

dentro de dos años, contados desde la emancipación o mayoridad, si

antes tenía noticia del reconocimiento, y en otro caso desde que la

tuvo, y quedará obligado, si rechaza el reconocimiento, a devolver

los alimentos recibidos.

Artículo 121.- El reconocimiento se hará en testamento o

escritura pública.

Artículo 122.- El reconocimiento que haga el padre o la madre,

y todo reclamo por parte del hijo, podrán ser disputados en juicio

por cualquiera que demuestre tener interés inmediato; pero el

reconocimiento no puede ser nunca contestado por quien lo hizo, ni

por sus herederos.

Artículo 123.- Es permitido al hijo y a sus descendientes

investigar la maternidad, la cual puede probarse por cualquiera de

los medios ordinarios.

Artículo 124.- Es prohibida la investigación de paternidad

ilegítima, excepto:

1º.- Cuando exista escrito del padre, en que expresamente

declare su paternidad.

2º.- Cuando esté el hijo en posesión notoria de estado.

3º.- Cuando en caso de estupro, violación o rapto, coincida la

época de concepción, en los términos del artículo 100, con la época

del hecho punible.

Artículo 125.- La investigación de paternidad o maternidad es

prohibida, cuando el reconocimiento no puede verificarse, por ser el

hijo adulterino o incestuoso: la de maternidad es también prohibida

cuando la madre del hijo natural es casada actualmente.

Artículo 126.- La investigación de paternidad o maternidad sólo

puede intentarse en vida de los padres, a no ser que éstos

fallecieren durante la minoridad de los hijos, pues en este caso les

queda el derecho de intentar su acción, aun después de la muerte de

aquéllos, con tal que lo hagan en los dos primeros años de su

emancipación o mayoridad; o en el caso de que hijo encontrare un

documento o escrito firmado por los padres, en el cual éstos revelen

su paternidad, pudiendo entonces establecer su acción dos años

después de parecido el documento.

Esto sin perjuicio de las reglas generales sobre prescripción

de bienes.

Artículo 127.- El hijo natural reconocido espontáneamente o por

sentencia tiene derecho:

1º.- A llevar el apellido de sus padres.

2º.- A ser alimentado por ellos.

3º.- A sucederles ab intestato según lo dicho en el Título de

Sucesiones.

Artículo 128.- El hijo adulterino o incestuoso, una vez que el

adulterio o el incesto esté probado en juicio seguido entre los

padres u otras partes, podrá investigar la paternidad o maternidad,

y tendrá respecto del padre los mismos derechos que el hijo natural

reconocido.

TITULO VI.

De la patria potestad.

CAPITULO I.

Disposiciones generales.

Artículo 129.- Compete a los padres regir a los hijos,

protegerlos y administrar sus bienes, y representarlos judicial y

extrajudicialmente, salvo que tengan que litigar en opuesto interés;

en este caso serán representados por un curador especial.

Artículo 130.- El poder paterno, en cuanto a la persona del

menor, no está sujeto a cautela alguna preventiva; pero los

tribunales podrán privar de la patria potestad al padre o madre que

la ejerza, o modificar el ejercicio de ella, cuando tratare al hijo

con excesiva dureza, o le diere consejos, preceptos o ejemplos

corruptores, o si de otra manera no cumpliere con los deberes que la

ley le impone.

Artículo 131.- La patria potestad da derecho para corregir

moderadamente al hijo, y cuando fuere necesario, para pedir el

arresto de éste hasta por tres meses en un establecimiento

correccional.

El arresto cesará tan pronto como lo pida el padre.

Artículo 132.- La patria potestad comprende el derecho de

administrar los bienes del hijo menor; sin embargo, éste administrará

como si fuera emancipado, los que adquiera por las letras o las artes

liberales, y los que, viviendo fuera de la casa paterna con permiso

del padre, adquiera con su trabajo o industria.

Tampoco comprende la patria potestad el derecho de administrar

los bienes dejados o donados al hijo, si así se dispone por el

testador o donante, de un modo expreso o implícito.

Artículo 133.- La patria potestad no da derecho a enajenar, ni

a hipotecar o gravar de otro modo los inmuebles del hijo, excepto en

el caso de urgente necesidad, o de provecho evidente para el menor,

debiendo preceder entonces autorización judicial, con audiencia del

ministerio público.

Artículo 134.- El padre entregará a su hijo mayor o emancipado,

o a la persona que lo reemplace en la administración, cuando ésta

concluya por otra causa, todos los bienes y frutos que pertenezcan

al hijo, y rendirá cuenta general de dicha administración, sin estar

obligado a comprobar el empleo de los frutos. Ganará el padre los

honorarios de tutor, y respecto del sobrante o alcance que resulte

en su favor o contra, se estará a lo dispuesto en el tratado de

Tutela.

Cuando procediere el nombramiento de un administrador de los

bienes, el juez, atendidas las circunstancias, señalará el honorario

que haya de cobrar aquél, y si fuere menor que el fijado para los

tutores, se dará la diferencia al padre cuando éste conservare la

guarda del hijo.

Artículo 135.- El padre concursado debe caucionar su

administración conforme a lo establecido por la tutela.

Artículo 136.- Si los padres no pudieren garantizar su

administración en los casos requeridos, serán depositados los bienes,

o si consistieren en muebles y los padres lo pidieren, se convertirán

en otros valores, o se colocarán productivamente, con positiva

seguridad, recibiendo los padres el rendimiento.

Artículo 137.- Cuando la madre ejerza la patria potestad, le

será aplicable todo lo dispuesto en el presente capítulo con relación

al padre.

CAPITULO II.

De la patria potestad sobre los hijos legítimos.

Artículo 138.- El padre ejerce la patria potestad, y de ella

participa la madre con sujeción a la autoridad de aquél.

En falta de padre, el ejercicio de la patria potestad

corresponde a la madre.

Artículo 139.- Cuando se declare la nulidad del matrimonio

contraído de buena fe por ambos cónyuges, si éstos no dispusieran

otra cosa, la madre ejercerá la patria potestad sobre las hijas y el

padre sobre los hijos, pero éstos permanecerán al lado de la madre

hasta la edad de cinco años. A falta de uno de los padres, el otro

ejercerá la patria potestad sobre todos los hijos. Si el matrimonio

declarado nulo hubiere sido contraído de mala fe por uno de los

cónyuges, todos los hijos quedan sujetos a la patria potestad del

cónyuge inocente, pero permanecerán hasta la edad de cinco años al

lado de la madre, aun cuando fuere la culpable, siempre que no

hubiere motivos graves que exijan lo contrario.

Artículo 140.- Ejecutoriada la sentencia que declare el

divorcio, la patria potestad queda al cónyuge inocente. Sin embargo,

mientras los hijos no hayan cumplido cinco años de edad, no se

quitarán a la madre culpable, sino por motivos graves.

Por la muerte del cónyuge inocente, no recobra la patria

potestad el culpable: en tal caso se nombrará tutor a los hijos. Lo

mismo se hará cuando ambos cónyuges sean culpables; pero en caso de

reconciliación, recobrará el poder paterno el cónyuge que lo hubiere

perdido.

Artículo 141.- El padre en ejercicio de la patria potestad puede

nombrar, en testamento, uno o más consejeros que dirijan y aconsejen

a la madre viuda en ciertos casos, o en todos aquellos en que el bien

de los hijos lo exigiere.

Artículo 142.- La madre que, con perjuicio de sus hijos, deje

de seguir el consejo o parecer del consejero, podrá ser inhibida por

sentencia, a instancia de algún pariente del menor, o del ministerio

público, de la patria potestad o sólo de la administración de los

bienes del hijo.

Artículo 143.- La madre, por el hecho de pasar a segundas

nupcias, pierde la administración de los bienes del hijo menor, si

antes del matrimonio no había sido autorizada para conservarla por

el juez; pero aun perdiendo la administración, conservará la guarda

de la persona del hijo; nombrará un administrador de los bienes; si

fuere mantenida, deberá dar caución, y su marido responderá

solidariamente con ella de los perjuicios que resultaren al hijo,

observándose para la garantía, administración y cuentas, lo dicho en

el título de la Tutela.

Si la madre volviere a enviudar, recobrará la administración de

los bienes.

CAPITULO III.

De la patria potestad sobre los hijos no legítimos.

Artículo 144.- Las madres ejercen el derecho de patria potestad

sobre sus hijos no legítimos; pero si se trata de naturales

reconocidos por el padre, con el consentimiento de la madre, o si el

padre ha dado alimentos al hijo en los dos años anteriores al

reconocimiento, la patria potestad pertenece al padre, y en defecto

de éste a la madre.

En los demás casos de hijos naturales reconocidos, el ejercicio

de la patria potestad corresponde al padre, a falta de la madre.

Artículo 145.- No ejercerá la patria potestad el padre o la

madre ilegítimos, cuya negativa a reconocer al hijo hiciere necesaria

la declaratoria judicial de filiación; en este caso el hijo entra en

tutela, si el otro progenitor no puede ejercer el poder paterno.

Artículo 146.- Lo dispuesto en el artículo 143 se aplica a la

madre ilegítima cuando contrajere matrimonio.

CAPITULO IV.

Suspensión y término de la patria potestad.

Artículo 147.- Termina la patria potestad:

1º.- Por la muerte, emancipación o mayoría del hijo; y

2º.- Por muerte o inhabilidad perpetua de los llamados a

ejercerla.

Artículo 148.- Perderán la patria potestad, y serán declarados

perpetuamente inhábiles para ejercerla sobre cualquiera de sus hijos,

el padre o la madre que procure o favorezca la corrupción o

prostitución de la hija.

Artículo 149.- La mala conducta notoria, el abuso del poder

paterno y el no cumplir la obligación de alimentar y educar a los

hijos serán motivos para que, según las circunstancias, se

modifiquen, suspendan o quiten los derechos de patria potestad y

también para que se declare al padre o madre culpable, inhábil para

ejercerla temporal o perpetuamente respecto de todos, de alguno, o

de algunos de sus hijos.

Artículo 150.- El ministerio público y cualquiera de los

parientes del menor podrán demandar la declaratoria a que se refieren

los dos artículos anteriores, y cuando hubiere concluido el tiempo

o cesado el motivo de la suspensión o de la incapacidad temporal, el

suspenso o incapacitado recobrará los derechos de patria potestad

mediante declaratoria expresa que lo rehabilite.

Artículo 151.- Cuando no hubiere persona que tenga patria

potestad sobre el menor no emancipado, y cuando quien la tenga se

halle incapacitado de hecho o de derecho para ejercerla, se proveerá

a la guarda de la persona e intereses del menor por medio de la

tutela, salvo que la incapacidad fuere para determinado o

determinados negocios. En este caso, se proveerá al menor de un

curador especial.

CAPITULO V.

De la emancipación.

Artículo 152.- El matrimonio produce, desde que se inscribe

conforme a la ley, la emancipación del menor.

Artículo 153.- El hijo que haya cumplido diez y ocho años puede

ser emancipado por el padre o madre que ejerza el poder paterno. El

acto de emancipación debe reducirse a escritura pública y no

producirá efecto, antes de su inscripción en el registro del estado

civil.

Artículo 154.- Hecha la emancipación, no puede ser revocada.

Artículo 155.- El emancipado puede regir su persona y bienes,

como si fuera mayor.

Artículo 156.- El mayor de diez y ocho años que no está en

patria potestad, puede ser emancipado por el Poder Ejecutivo.

TITULO VII.

CAPITULO UNICO.

Alimentos.

Artículo 157.- Los alimentos han de ser proporcionados al caudal

del que los debe y a las circunstancias del que los recibe.

Cuando el alimentario sea menor, se le dará no sólo con que

satisfacer las necesidades de la vida, sino también lo preciso para

su educación y la enseñanza de una profesión u oficio.

Artículo 158.- Los alimentos no se deben sino en la parte en que

los bienes y el trabajo del alimentario no los satisfagan.

Artículo 159.- El derecho de pedir alimentos no puede

renunciarse, ni trasmitirse de modo alguno; ni es compensable la

deuda de alimentos presentes.

Artículo 160.- Mientras se ventila la obligación de dar

alimentos, según las circunstancias, podrá el juez ordenar que se den

provisionalmente, sin perjuicio de la restitución si la persona de

quien se demandan obtiene sentencia absolutoria.

Artículo 161.- Los alimentos se pagarán por mensualidades

anticipadas, y éstas no pueden ser perseguidas por el acreedor del

alimentario.

Artículo 162.- Se deben alimentos:

1º.- Al cónyuge y a los descendientes legítimos.

2º.- Al hijo no legítimo.

3º.- Al padre legítimo y a la madre sea o no legítima.

4º.- A los abuelos y demás ascendientes legítimos.

5º.- Al padre no legítimo.

Artículo 163.- El obligado a dar alimentos los debe a todas las

personas indicadas en el artículo anterior; pero si no pudiere darlos

a todas, los debe en el orden en que están enumeradas.

Artículo 164.- En los casos de estupro, violación o rapto

comprobados, y cuando la robada, violada o estuprada dé a luz un

hijo, cuya concepción coincida, en los términos del artículo 100, con

la época del hecho punible, el estuprador, violador o raptor debe

alimentos al hijo de la estuprada, violada o robada, en el mismo

grado que a sus hijos naturales reconocidos.

Artículo 165.- No pueden cobrarse alimentos pasados, más que por

los doce meses anteriores a la demanda, y eso en el caso de que el

alimentario haya tenido que contraer deudas para vivir.

Artículo 166.- La disposición del artículo anterior no comprende

los reclamos por alimentos suplidos al cónyuge, o a los hijos

legítimos y aun a los no legítimos, tratándose de la madre. En

cualquiera de estos casos se presume que el obligado a dar alimentos,

autoriza y aprueba los suplementos que en su ausencia se hagan a

dichas personas, salvo si hubiere motivos graves para creer que la

esposa o hijos están separados del marido o padre sin consentimiento

de éstos.

Artículo 167.- Cuando varias personas tengan igual obligación

de dar alimentos, deberán pagarlos solidariamente.

Artículo 168.- El juez dispondrá la cuantía y forma en que hayan

de prestarse los alimentos.

Artículo 169.- Cesa la obligación de dar alimentos:

1º.- Cuando el deudor se pone en estado de no poderlos dar sin

desatender sus necesidades precisas, o sin faltar a la misma

obligación de alimentos para con otras personas que, respecto de él,

tengan título preferente.

2º.- Cuando quien los recibe llega a no necesitarlos.

3º.- En caso de injuria atroz o de falta o daño graves del

alimentario contra el deudor de alimentos.

Artículo 170.- La prestación alimenticia puede modificarse por

el cambio de circunstancias de quien la da y de quien la recibe.

TITULO VIII.

De la tutela.

CAPITULO I.

Diversas clases de tutela.

Artículo 171.- El menor que no esté en patria potestad o

emancipado estará sujeto a tutela.

Artículo 172.- El padre o madre que ejerza la patria potestad

puede, en testamento, nombrar tutor a sus hijos, cuando éstos no

hayan de quedar sujetos a la patria potestad del padre sobreviviente.

Artículo 173.- A falta de tutor testamentario ejercerán la

tutela:

1º.- El abuelo paterno.

2º.- El abuelo materno.

3º.- Las abuelas paterna y materna no casadas actualmente, y por

este orden.

4º.- Los hermanos, prefiriendo a los de doble línea, y en

igualdad de circunstancias, al más apto a juicio del juez.

5º.- Los tíos, prefiriendo al más apto, y en igualdad de

circunstancias al de más edad.

En la tutela del hijo natural serán llamados, en el orden

expresado, los parientes de la línea materna.

Artículo 174.- A falta de los parientes llamados a la tutela,

el juez nombrará tutor.

Artículo 175.- Nadie puede tener más de un tutor.

Artículo 176.- Cuando la persona llamada preferentemente por la

ley a la tutela, no pudiere ejercerla por ser menor o estar

incapacitada, conserva su derecho para cuando desaparezca su

incapacidad.

Artículo 177.- Cuando el testador nombrare varios tutores para

sucederse unos a otros, y no fijare el orden en que deber ejercer la

tutela, la desempeñaran en el mismo orden en que fueren nominados.

Artículo 178.- El que haya recogido un niño expósito será

preferido en la tutela. Los jefes de las casas de expósitos u

hospicios de huérfanos son por el mismo tutores de los niños

recogidos en ellos mientras pertenezcan al establecimiento.

Artículo 179.- El juez proveerá de tutor al menor que no lo

tenga, siempre que el hecho llegue por cualquier medio a su

conocimiento.

Artículo 180.- El ministerio público velará porque no haya

menores sin tutor; y será oído siempre que el juez deba interponer

su autoridad en cualquier negocio de la tutela.

CAPITULO II.

De las incapacidades, excusas y remoción de la tutela.

Artículo 181.- No puede ser tutor:

1º.- El que se halle sujeto a tutela.

2º.- La mujer, excepto las abuelas.

3º.- El que se halle sujeto a curatela.

4º.- El ciego y la persona que padezca enfermedad crónica que

le dificulte tratar personalmente sus propios negocios.

5º.- El que deba al menor una suma considerable a juicio del

juez, a no ser en el caso de que el testador lo haya nombrado con

conocimiento de la deuda, y lo haya declarado así expresamente en el

testamento.

6º.- El que al deferirse la tutela tuviere demanda contra el

menor.

7º.- El que no tenga domicilio en la República.

8º.- El que hubiere sido removido de otra tutela por falta de

cumplimiento de sus obligaciones, o hubiere sido en el juicio de

cuentas condenado a indemnización por dolo o culpa.

9º.- La persona conocida como enemiga del menor o de sus padres.

10.-El que no tenga oficio o modo de vivir conocido, o sea

notoriamente de mala conducta.

11.-El juez de primera instancia, a menos de tratarse de la

tutela legítima o testamentaria.

Artículo 182.- Puede ser excluido de la tutela el tutor que no

haya promovido el inventario en el término de ley.

Artículo 183.- Será separado de la tutela:

1º.- El que se condujere mal respecto de la persona o en la

administración de los bienes del menor.

2º.- El inhábil o impedido para ejercer la tutela, desde que

sobrevenga o se averigüe su incapacidad o impedimento.

Artículo 184.- Puede excusarse de servir la tutela:

1º.- El que tenga a su cargo otra tutela.

2º.- El mayor de sesenta años.

3º.- El que tenga bajo su potestad seis hijos.

4º.- El que fuere tan pobre que no pueda atender a la tutela,

sin menoscabo de su subsistencia.

5º.- El que tenga que ausentarse de la República por más de un

año.

Artículo 185.- Los abuelos varones y los hermanos y tíos del

pupilo deben aceptar la tutela, de la cual no pueden excusarse sino

por causa legítima.

Artículo 186.- El extraño a quien el juez nombrare no está

obligado a aceptar la tutela; pero una vez admitida, no podrá

excusarse de seguir llevándola sino por causa legítima sobrevenida

después de la aceptación.

Artículo 187.- El tutor testamentario puede excusarse sin causa

de aceptar la tutela; pero si no la admite, o no entra en ejercicio,

o es removido de ella por su culpa, pierde lo que le haya dejado el

testador, salvo si éste hubiere dispuesto otra cosa.

Artículo 188.- Las personas de que habla el artículo 184

excusadas de servir pueden ser compelidas a aceptarla, cuando cese

el motivo de la excusa.

Artículo 189.- La excusa debe presentarse dentro de los ocho

días siguientes a la notificación del nombramiento: fuera de este

término no será admitida. Para presentar la excuse superveniente no

hay término.

Artículo 190.- Los parientes llamados a la tutela, que por su

culpa no la ejerzan o que sean removidos por mala administración, o

condenados por dolo en el juicio de cuentas, pierden el derecho de

heredar al pupilo, si muere sin testamento, dentro o fuera de la

minoridad.

Artículo 191.- Mientras el tutor, por cualquiera circunstancia

no tenga la administración de la tutela, el juez proveerá el cuidado

de la persona del menor, y nombrará u depositario de los bienes, el

cual los recibirá por inventario y no ejecutar otros actos que los

que sean necesarios para la conservación de los bienes y derecho del

pupilo.

Artículo 192.- La remoción del tutor, en los casos en que

proceda puede ser demanda por el ministerio público, por los

parientes del pupilo, o por cualquiera otra persona que tenga interés

en ello.

CAPITULO III.

De las garantías de la administración.

Artículo 193.- El tutor debe garantizar, y el juez no dará la

administración antes de la prestación de garantías.

Artículo 194.- Están dispensados de garantizar;

1º.- El tutor testamentario a quien el testador haya relevado

expresamente de esta obligación.

2º.- El tutor del expósito, cuando lo sea la persona que recogió

que recogió y ha alimentado al menor.

3º.- El tutor que no administre bienes. Con todo, el tutor

testamentario debe rendir caución, cuando después del nombramiento

hubiere sobrevenido causa ignorada por el testador, que haga

necesaria la garantía a juicio del juez. La madre que nombre a su

marido de los hijos que no lo sean de éste, no puede dispensarlo de

la garantía.

Artículo 195.- Deben garantizarse para la administración de la

tutela:

1º.- El valor de las rentas y de los productos de los inmuebles,

regulados por peritos por el término medio de rendimiento de dos

años.

2º.- El importe de los bienes muebles y el de los enseres y

semovientes de las fincas rústicas. La garantía deberá aumentarse o

podrá disminuirse según aumente o disminuya el valor de los bienes

enumerados.

Artículo 196.- No se cancelará la garantía de la administración

sino cuando hayan sido aprobados y canceladas las cuentas de la

tutela.

Artículo 197.- Cuando el tutor no pueda dar hipoteca, y la suma

que ha de garantizar no exceda de doscientos cincuenta pesos, se

admitirá la caución juratoria si el tutor es de notoria buena

conducta.

Artículo 198.- El tutor debe promover la formación del

inventario judicial de los bienes del pupilo, en los ocho días

siguientes a la aceptación.

El inventario debe quedar concluido treinta días después de

haberse comenzado; pero si las circunstancias lo exigen, el juez

podrá ampliar este hasta por sesenta días más.

Si hecho el inventario se encontraren bienes no incluidos, o por

cualquier título acreciere con nuevos bienes la hacienda del menor,

se adicionará el anterior inventario.

Al inventario tiene derecho de asistir el menor que haya

cumplido diez y ocho años.

La obligación de formar inventario no puede dispensarse, a no

ser que el tutor se conformare con el practicado en la mortuoria del

causante o en la hijuela del pupilo.

Artículo 199.- Deberá inscribirse en el inventario el crédito

del tutor contra el pupilo. El juez lo requerirá con ese objeto, y

hará constar esta circunstancia. El tutor pierde su crédito, su

requerido por el juez no lo expresa, salvo que pruebe que a la

formación del inventario no podía tener conocimiento de la existencia

del crédito.

Artículo 200.- El tutor que sucede a otro, recibirá los bienes

por el inventario anterior y anotará las diferencias.

Esta operación se hará con las mismas formalidades del

inventario.

Artículo 201.- Hecho el inventario no se admite al tutor a

probar contra él, con perjuicio del pupilo ni después de la mayoridad

de éste.

Artículo 202.- Antes de haber recibido los bienes del pupilo por

inventario, el tutor no podrá tomar parte alguna en la administración

de dichos bienes.

CAPITULO IV.

Administración de la tutela.

Artículo 203.- El tutor cuidará del menor y lo representará en

todos los actos civiles: podrá reprender y corregir moderadamente al

menor, y éste debe a su tutor respeto y obediencia. Si no el bastante

la corrección moderada para el pupilo mayor de catorce años, puede

el tutor usar de la facultad al concedida al padre en el artículo

131. y se accederá al arresto con conocimiento de causa, oyendo al

menor.

Artículo 204.- El menor debe ser alimentado y educado y educado

con arreglo a su posición y facultades. Al entrar el tutor en

ejercicio de su cargo, hará que el juez le fije la cantidad que ha

de invertirse en los alimentos y educación del menor. La suma

designada por el juez, lo mismo que la por el testador con ese

objeto, puede alterarse por decreta judicial, tomando en cuenta el

aumento o la disminución del patrimonio del pupilo, y otras

circunstancias.

Artículo 205.- El tutor debe, dentro de treinta días después del

discernimiento, y cada año al presentar la cuenta que previene el

artículo 209, someter a la aprobación del juez el presupuesto de

gastos de administración para el siguiente año. Debe también obtener

autorización del juez para todos los gastos extraordinarios.

Por la aprobación judicial no queda el tutor dispensado de

justificar el empleo de las sumas presupuestas.

Artículo 206.- Necesita el tutor autorización judicial que el

juez no dará sin que se compruebe la necesidad o utilidad

manifiestas:

1º.- Para enajenar o gravar los bienes raíces del menor, las

acciones de banco y demás valores que dan una fija y segura. La venta

en este caso se hará en pública subasta y por el precio que hubieren

fijado los peritos. La autorización no es necesaria cuando la venta

sea a virtud de derecho de tercero, o por expropiación forzosa. En

el caso de ejecución se seguirá sobre precio la disposición común.

2º.- Para proceder a la división de bienes raíces o hereditarios

que el pupilo posea con otros pro indiviso, salvo que otro

interesado. mayor, solicite o hubiere ya solicitado la división.

Hecha éste necesita la aprobación del juez, para que valga contra el

menor.

3º.- Para celebrar compromiso o transacción sobre derechos o

bienes del menor.

4º.- Para tomar dinero prestado en nombre del menor; y

5º.- Para repudiar herencias, legados o donaciones. Aceptará sin

necesidad de autorización, las herencias referidas al menor, pero

siempre bajo beneficio de inventario.

Artículo 207.- Es prohibido al tutor ;

1º.- Contratar con el menor o aceptar créditos contra él,

excepto en los casos de subrogación legal.

2º.- Disponer por título gratuito de los bienes del menor, o

recibir donaciones del menor, entre vivos o por testamento, o del

expupilo emancipado o mayor, salvo después de aprobadas o canceladas

las cuentas de administración, o cuando el tutor fuere ascendiente

o hermano del menor.

3º.- Arrendar los bienes del menor por más de tres años, y

cuando el pupilo haya cumplido diez años, por más tiempo del que

falte el menor para ser de edad.

Artículo 208.- En los actos o contratos que ejecuté el tutor en

representación del pupilo, se constar esta circunstancia, so pena de

reputarse ejecutado el acto en nombre del tutor, cuando perjudica al

pupilo.

CAPITULO V.

Cuentas y modo de acabar la tutela.

Artículo 209.- El tutor presentará al juez, anualmente, una

situación de la hacienda del menor, con nota de los gastos hechos y

sumas percibidas durante el año anterior.

Los parientes llamados a la herencia intestada del pupilo pueden

exigir al tutor la rendición de la cuenta anual.

Artículo 210.- El tutor o sus herederos rendirán cuenta de la

administración al menor o a sus representantes, dentro de sesenta

días, contados desde aquel en que terminó la tutela. El juez puede

prorrogar ese término a otros sesenta días, cuando haya justa causa.

Artículo 211.- Deben comprobarse las partidas de toda cuenta,

excepto las de gastos menudos de que no se acostumbra recoger

recibos.

La cuenta debe darse en el lugar en que se desempeña la tutela,

o si el menor lo prefiriere, en el domicilio del tutor.

La obligación de rendir cuentas no puede dispensarse.

Artículo 212.- Se abonarán al tutor:

1º.- Los gastos de rendición de cuentas, que él debe anticipar.

2º.- Todos los gastos hechos legalmente, aunque no haya

resultado utilidad al menor, si ésto no ha acontecido por culpa del

tutor.

3º.- El valor de sus honorarios.

Artículo 213.- El tutor cobrará por honorarios, de los

rendimientos líquidos anuales de los bienes del menor, sobre los

primeros mil pesos, un veinticinco por ciento; de la suma que pase

de mil y no llegue a cinco mil, un veinte por ciento; de la suma que

pase de cinco mil pesos y no llegue a diez mil pesos, un quince por

ciento; de la suma que pase de diez mil pesos un diez por ciento.

Cuando el testador haya fijado la cantidad de honorarios y ésta

sea menor que la que el tutor pudiera cobrado para él, según la

tarifa indicada, tendrá derecho a cobrar la diferencia.

Artículo 214.- La cuenta será discutida por el pupilo ya

emancipado o mayor, o por la persona a quien pasa la administración.

Si hay oposiciones se juzgarán como todo pleito civil. El segundo

tutor está obligado a pedir y tomar cuentas a su antecesor, y será

responsable, no haciéndolo, de los daños que por ésto sufra el menor.

No quedará cerrada la cuenta sino con la aprobación judicial.

Artículo 215.- El tutor pagará interés legal sobre el saldo que

resulte en contra suya desde el día en que se cierre la cuenta o

desde que haya mora en exhibirla; y cobrará a vez los del saldo que

resulte a su favor, desde el día en que lo pida, después de cerrada

la cuenta. El tutor debe también interés legal sobre la suma que haya

retenido en su poder sin darle empleo, si fuere fácil, y lo cobrará

a su vez sobre los adelantos que haya hecho.

Artículo 216.- Hasta pasados quince días después de la rendición

de cuentas no podrán el tutor ni el pupilo (ya emancipado o mayor)

hacer convenio alguno: el que se haga a pesar de esta prohibición.

valdrá contra el tutor.

Artículo 217.- El tutor devolverá los bienes del pupilo al

concluirse la tutela, sin esperarse la rendición de cuentas. El juez

podrá señalar un término prudencial para que entregue los bienes,

cuya naturaleza no permita inmediata devolución.

TITULO IX.

CAPITULO UNICO.

De la curatela.

Artículo 218.- Están sujetos a curatela los mayores de edad, y

los emancipados incapaces incapaces de administrar sus bienes.

Artículo 219.- Son incapaces de administrar sus bienes:

1º.- El loco, imbécil o demente, aunque tenga lúcidos intervalos

2º.- El sordo mudo que no sabe leer y escribir.

Artículo 220.- Pueden pedir la declaración de interdicción;

1º.- El cónyuge.

2º.- Los parientes que tendrían derecho a la sucesión intestada

del supuesto incapaz.

3º.- El ministerio público, si el incapaz no tiene cónyuge ni

parientes llamados a la sucesión intestada, o si teniéndolos, fueren

menores o incapaces.

Artículo 221.- El ministerio público debe pedirla, cuando el

loco se halle en estado de furor.

Artículo 222.- La interdicción debe declarar en juicio y

probados los hechos que la motivaren.

La ejecutoria que pronuncie la interdicción se publicará por el

periódico oficial y se inscribirá en el Registro Público.

Artículo 223.- El juez puede, en cualquier estado del juicio,

nombrar un administrador interino de los bienes del incapaz; este

administrador cesará en sus funciones cuando se declare que no existe

la incapacidad o cuando declarada ésta inhábil esté provisto de

curados que administre sus bienes.

Artículo 224.- El curador de una persona que tenga hijos

menores, será el tutor de éstos, si es el caso de la tutela.

Artículo 225.- Es obligación del curador cuidar de que el

incapaz adquiera o recobre su capacidad.

Artículo 226.- El marido es curador legitimo y forzoso de su

mujer, y ésta lo es de su marido, cuando no estén separados de hechos

o de derecho.

A falta de cónyuge los hijos varones mayores de edad, son

curadores de su padre o madre, prefiriéndose al que viva en compañía

del incapaz, y en igualdad de circunferencias al más apto.

El padre y a falta de éste, la madre es curadora de sus hijos

solteros o viudos que no tengan hijos varones mayores de edad,

capaces de desempeñar la curatela.

El que demanda la interdicción será pospuesto a los que con

igual derecho pudieran pretender la curatela.

Artículo 227.- Cuando la curatela recaiga en el cónyuge, no se

procederá al inventario si hay comunidad de bienes; tampoco en el

caso de matrimonio con separación de bienes, sí los del incapaz se

hallan descritos en escritura pública. El cónyuge no es obligatorio

a dar fianza ni a rendir de la administración más cuenta que la

final. El padre o madre están también dispensados de dar garantía.

Artículo 228.- Sólo los ascendientes, descendientes o cónyuge

están obligados a conservar la cúratela de un incapaz, por más de

cinco años: todo otro curador tiene derecho a ser relevado de la

curatela al cumplirse ese término.

Artículo 229.- Cesa la curatela cuando cesa la incapacidad:

pero deberá preceder declaratoria judicial que levante la

interdicción, y se observarán las mismas formalidades que para

establecerla.

Artículo 230.- Siempre que sea necesario atender a la

administración de alguno, algunos o todos los negocios de una persona

que, por cualquier motivo, se halle accidentalmente imposibilitada

de hacer valer sus derechos por sí o por medio de apoderado o su

representante legal, se nombrará, a solicitud de parte interesante

o del ministerio público, un curador especial para negocio o negocios

de que se trate. El curador especial para negocios judiciales no está

obligado a dar garantía.

Artículo 231.- Lo dispuesto para la tutela se observará también

respecto a la curatela en cuanto fuere aplicable y no contrario a lo

determinado en este título.

TITULO X.

Registro del Estado Civil.

CAPITULO I.

Disposiciones generales.

Artículo 232.- Los hechos de nacimiento, matrimonio y defunción

se prueban por el Registro Público establecido con ese fin.

Artículo 233.- No habiendo Registro o no hallándose registrados

dichos actos, o no estándolo en debida forma, podrá admitirse

cualquiera otra especie de prueba, salvo lo dispuesto sobre filiación

legítima.

Artículo 234.- El Registro del Estado Civil comprende:

1º.- El Registro de nacimientos

2º.- El Registro de matrimonios.

3º.- El Registro de defunciones

Artículo 235.- Toda inscripción en el Registro debe expresar:

1º.- El lugar, día hora, mes y año en que se haga.

2º.- El nombre y el apellido del funcionario que la anote.

3º.- Las declaraciones exigidas por la ley para esa especie de

inscripción.

Artículo 236.- Cada inscripción debe consignar todas las

declaraciones que la ley determina y ninguna más de las que ésta

permite, según el hecho a que la inscripción se refiera.

Artículo 237.- Ninguna declaración, rectificación, adición o

alteración, de cualquier naturaleza que fuere, podrá hacerse al

Registro, sino en virtud de sentencia ejecutoria, pronunciada por los

tribunales civiles.

Artículo 238.- Todos los actos del Estado Civil que fueren

inscritos fuera del domicilio de las partes interesados, podrán a

requerimiento de éstas, ser trascritos al Registro de su domicilio,

con vista de certificaciones auténticas pasadas por el funcionario

competente.

CAPITULO II.

Registro de nacimientos.

Artículo 239.- Todos los nacimientos que ocurrieren en el

territorio costarricense, deben inscribirse en el Registro del Estado

Civil.

Artículo 240.- En la inscripción de nacimientos, además de las

declaraciones generales deberá especificarse:

1º.- La hora, día, mes y año y lugar del nacimiento.

2º.- El sexo del recién nacido.

3º.- El nombre que le ha sido o ha de ser puesto.

4º.- Los nombres, apellidos, profesión, naturaleza y domicilio

del padre, lo mismo que los de la madre, cuando los nombres de dichos

padre y madre hubieren de ser declarados.

5º.- Si el recién nacido es legítimo o ilegítimo. Si el recién

nacido tuviere o hubiere tenido uno o más hermanos del mismo nombre,

se declarará su orden en la filiación, anotando las partidas de

muerte de los hermanos anteriores que tuvieron el mismo nombre.

Artículo 241.- En la inscripción del nacimiento del expósito se

hará mención:

1º.- Del día, hora y lugar en que fué encontrado o expuesto.

2º.- De su edad aparente.

3º.- De cualquier señal o defecto de conformación que lo

distinga.

4º.- De cualquier declaración que lo acompañe.

5º.- De los vestidos o ropas en que estuviere o hubiere estado

envuelto.

6º.- Finalmente, de cualquier otro indicio que se encuentre y

pueda servir para la futura identificación del expósito.

Artículo 242.- No se admitirá en el Registro declaración de

paternidad de los hijos ilegítimos, salvo cuando el padre o la madre,

personalmente o por apoderado bastante, hicieren esta declaración y

la firmaren.

Artículo 243.- Siendo el hijo nacido durante el matrimonio, o

en tiempo en que legalmente deba reputarse nacido dentro de él, no

puede ser admitida en el Registro declaración en contrario, aunque

la madre diga que el hijo no es de su marido, o éste afirme que el

hijo no es suyo.

Artículo 244.- En la inscripción de nacimientos se anotará

cualquiera otra inscripción que posteriormente se haga en el Registro

relativa a la misma persona.

Artículo 245.- La legitimación de los hijos y el reconocimiento

de los no legítimos se anotarán también en las respectivas

inscripciones de nacimiento, lo mismo que las sentencias pronunciadas

en juicios sobre filiación.

Artículo 246.- La obligación de requerir la anotación incumbe:

1º.- En caso de legitimación, al marido.

2º.- En caso de reconocimiento por escritura pública, al

cartulario que otorgue la escritura.

3º.- En caso de reconocimiento por testamento, al hijo

reconocido si fuere mayor, y a su tutor si fuere menor.

4º.- En los juicios sobre filiación, al juez que deba ejecutar

la sentencia.

CAPITULO III.

Registro de matrimonios.

Artículo 247.- Todo matrimonio que se celebre en el territorio

costarricense debe inscribirse en el Registro Civil.

Artículo 248.- La inscripción de matrimonio, además de las

declaraciones generales, debe especificar:

1º.- Los nombres, apellidos y generales de los cónyuges,

expresando su estado civil anterior, y si son hijos legítimos,

ilegítimos o expósitos.

2º.- Los nombres, apellidos y generales del funcionario y

testigos ante quienes se hubiere celebrado el matrimonio.

3º.- Los nombres, apellidos y nacionalidad de los padres y

madres de los contrayentes, si fueren conocidos.

4º.- La hora, día, mes y año, lugar y edificio público o

particular en que el matrimonio se hubiere celebrado.

Si hubiere habido dispensa o hubiere sido necesario el

consentimiento paterno o del tutor, se hará constar el hecho.

Artículo 249.- En la inscripción de matrimonio se anotará

cualquiera otra inscripción que posteriormente se haga en el

Registro, relativa a alguno de los contrayentes.

CAPITULO IV.

Registro de defunciones.

Artículo 250.- Toda defunción que ocurriere en el territorio

costarricense, debe inscribirse en el Registro del Estado Civil.

Artículo 251.- La inscripción de defunción, además de las

declaraciones generales que fuere posible obtener, mencionará:

1º.- El día, hora y lugar del fallecimiento.

2º.- El nombre, sexo, apellido, edad, nacionalidad y domicilio

del difunto.

3º.- Los nombres, domicilio, nacionalidad y profesión de los

padres del muerto, si de eso hubiere noticia.

4º.- El nombre del otro cónyuge, si el fallecido hubiere sido

casado o viudo.

5º.- La enfermedad o causa de la muerte, si es conocida.

Artículo 252.- Si apareciere el cadáver de una persona cuya

identidad no sea posible reconocer, la inscripción deberá expresar:

1º.- El lugar donde fué hallado el cadáver.

2º.- El estado en que se hallare.

3º.- Su sexo y la edad que represente.

4º.- El vestido que tenía y cualesquiera otras circunstancias

o indicios que se encontraren y puedan servir para identificar la

persona del muerto.

Si después se reconoce la identidad del muerto, se completará

la inscripción con los esclarecimientos obtenidos.

LIBRO II.

De los bienes y de la extensión y modificaciones

de la propiedad.

TITULO I.

De la distinción de los bienes.

CAPITULO I.

De los bienes considerados en sí mismos.

Artículo 253.- Los bienes consisten en cosas que jurídicamente

son muebles o inmuebles, corporales o incorporales.

Artículo 254.- Son inmuebles por naturaleza:

1º.- Las tierras, los edificios y demás construcciones que se

hagan en la tierra.

2º.- Las plantas, mientras estén unidas a la tierra, y los

frutos pendientes de las mismas plantas.

Artículo 255.- Lo son por disposición de la ley:

1º.- Todo lo que esté adherido a la tierra, o unido a los

edificios y construcciones, de una manera fija y permanente.

2º.- Las servidumbres y demás derechos reales sobre inmuebles.

Artículo 256.- Todas las cosas o derechos no comprendidos en los

artículos anteriores, son muebles.

Artículo 257.- Las cosas muebles se dividen en fungibles y no

fungibles, según que se consuman o no por el uso a que están

destinadas.

Artículo 258.- Cosas corporales son todas, excepto los derechos

reales y personales, que son cosas incorporales.

Artículo 259.- Derecho real es el que se tiene en una cosa, o

contra una cosa sin relación a determinada persona. Todo derecho real

supone el dominio o la limitación de alguno o algunos de los derechos

que éste comprende. El derecho real puede constituirse para

garantizar una obligación puramente personal.

Artículo 260.- El derecho personal sólo puede reclamarse de

persona cierta y que por un hecho suyo o por disposición de la ley,

haya contraído la obligación correlativa.

CAPITULO II.

De los bienes con relación a las personas.

Artículo 261.- Son cosas públicas las que, por ley, están

destinadas de un modo permanente a cualquier servicio de utilidad

general, y aquellas de que todos pueden aprovecharse por estar

entregadas al uso público.

Todas las demás cosas son privadas y objeto de propiedad

particular, aunque pertenezcan al Estado o a los Municipios, quienes

para el caso, como personas civiles, no se diferencian de cualquier

otra persona.

Artículo 262.- Las cosas públicas están fuera del comercio; y

no podrán entrar en él, mientras legalmente no se disponga sí,

separándolas del uso público a que estaban destinadas.

Artículo 263.- El modo de usar y de aprovecharse de las cosas

públicas se rige por los respectivos reglamentos administrativos;

pero las cuestiones que surjan entre particulares, sobre mejor

derecho o preferencia al uso y aprovechamiento de las cosas públicas,

serán resueltas por los tribunales.

TITULO II.

Del dominio.

CAPITULO I.

Disposiciones generales.

Artículo 264.- El dominio o propiedad absoluta sobre una cosa,

comprende los derechos:

1º.- De posesión.

2º.- De usufructo.

3º.- De transformación y enajenación.

4º.- De defensa y exclusión; y

5º.- De restitución e indemnización.

Artículo 265.- Cuando no correspondan al dueño todos los

derechos que comprende el dominio pleno, la propiedad es imperfecta

o limitada.

Artículo 266.- La propiedad y cada uno de los derechos

especiales que comprende, no tienen más límites que los admitidos por

el propietario y los impuestos por disposiciones de la ley.

Artículo 267.- Para que la propiedad sobre inmuebles surta todos

los efectos legales, es necesario que se halle debidamente inscrita

en el Registro General de la Propiedad.

Artículo 268.- Salvo en los casos exceptuados por la ley,

cualquiera limitación de la propiedad sobre inmuebles, debe también,

para perjudicar a tercero, estar inscrita en el Registro de la

Propiedad.

Artículo 269.- Cualquiera limitación de la propiedad sobre

inmuebles, a favor de una o más personas debe ser temporal y no puede

establecerse por más de noventa y nueve años. La limitación no

temporal a favor de una persona, hace a ésta condueño de la cosa.

Artículo 270.- Cuando una cosa pertenezca simultáneamente a dos

o más personas, los dueños ejercen conjuntamente todos los derechos

del propietario singular, en proporción a la parte que cada uno tenga

en la propiedad común.

El condueño no puede, sin embargo, disponer de una parte

determinada de la cosa, sin que antes le haya sido adjudicada en la

respectiva división.

Artículo 271.- Todo propietario tiene el derecho de obligar a

sus condueños a contribuir para los gastos de la conservación de la

cosa o derecho común, salvo que éstos renuncien la parte que pudiera

corresponderles.

Artículo 272.- Ningún propietario está obligado a permanecer en

comunidad con su condueño, y puede en todo tiempo exigir la división,

salvo:

1º.- En los casos de sociedades mercantiles o de compañías

comunes, en todos los cuales se observará lo que la ley especial y

respectivamente disponga.

2º.- Si la cosa o el derecho fuere por su naturaleza

absolutamente indivisible.

Artículo 273.- Si la cosa sólo es indivisible en sí misma, y los

condueños no convienen en que se adjudique a alguno de ellos,

reintegrando a los otros en dinero, se venderá la cosa y se repartirá

el precio.

Artículo 274.- Los copropietarios no pueden renunciar el derecho

de exigir la división, pero sí pueden convenir en que la cosa se

conserve en común por cierto espacio de tiempo, con tal que no exceda

de cinco años, prorrogables siempre por nuevos convenios.

Artículo 275.- Las producciones del talento son una propiedad

de su autor, y se regirán por leyes especiales.

Artículo 276.- La propiedad de las aguas y de las minas y los

derechos que con ellas se relacionan; sólo se regirán por las leyes

comunes en cuanto éstas no se opongan a las leyes especiales sobre

aguas y minas.

CAPITULO II.

Del derecho de posesión.

Artículo 277.- El derecho de posesión consiste en la facultad

que corresponde a una persona de tener bajo su poder y voluntad la

cosa objeto del derecho.

Artículo 278.- El derecho de pesesión se adquiere junto con la

propiedad y se hace efectivo por la ocupación o tradición del derecho

o cosa de que se trata.

Artículo 279.- Independientemente del derecho de propiedad, se

adquiere el de posesión:

1º.- Por consentimiento del propietario. Los actos facultativos

o de simple tolerancia no dan el derecho de posesión.

2º.- Por el derecho de conservar la posesión por más de una año.

El año corre desde que se tome públicamente la posesión, o si fuere

tomada clandestinamente, desde que eso conste al despojado.

3º.- En todos los casos en que la ley, como seguridad del

acreedor, lo autoriza para retener la cosa de su deudor, o manda que

todos o algunos de los bienes de éste pasen a poder de un

depositario.

Artículo 280.- El derecho de posesión puede adquirirse y

ejercerse en nombre propio o en nombre de otro.

Artículo 281.- El hecho de la posesión hace presumir el derecho

de poseer, mientras otro no pruebe corresponderle ese derecho.

Artículo 282.- Subsiste el hecho de la posesión, mientras dure

la tenencia de la cosa o goce del derecho o la posibilidad de

continuar una u otro.

Artículo 283.- En la duda, se presume que el tenedor de la cosa

posee en nombre propio y que la posesión continúa en nombre de quien

la comenzó.

Artículo 284.- Para que la posesión por mas de un año confiera

el derecho de poseer, es necesario que dicha posesión sea de buena

fe.

Artículo 285.- En todos los casos en que la ley exige posesión

de buena fe, se considera poseedor de buena fe al que en el acto de

la toma de posesión creía tener el derecho de poseer. Si había motivo

suficiente para que dudara corresponderle tal derecho, no se le debe

considerar como poseedor de buena fe; pero si la posesión fuere de

buena fe en su principio, no pierde ese carácter por el solo hecho

de que el poseedor dude posteriormente de la legitimidad de su

derecho. Cesa de ser de buena fe la posesión en el momento de

adquirir la certidumbre de que se posee indebidamente, y cesa también

desde la notificación de la demanda en que otro reclame el derecho

de poseer.

Artículo 286.- En caso de duda, se presume de buena fe la

posesión.

CAPITULO III.

Del derecho de usufructo.

Artículo 287.- En virtud del derecho de usufructuar las cosas,

pertenecen al propietario todos los frutos naturales, industriales

o civiles que ellas produzcan ordinaria o extraordinariamente.

Artículo 288.- Son frutos naturales los que espontáneamente

produce la tierra, y los productos y las crías de los animales;

frutos industriales son los que se obtienen por el trabajo o cultivo;

y el interés del dinero, el alquiler de las cosas y el precio del

arrendamiento de las fincas, edificios o de cualquiera otro inmueble,

son frutos civiles.

Artículo 289.- Cuando el derecho de usufructuar total o

parcialmente alguna cosa, corresponde a una o a más personas

diferentes del propietario, ese derecho se regirá por el título en

que se haya constituído, y en falta o deficiencia del título, por las

reglas legales establecidas al efecto.

CAPITULO IV.

De los derechos de transformación y enajenación.

Artículo 290.- El derecho de transformación comprende la

facultad que tiene el propietario de una cosa para modificarla,

alterarla y hasta destruirla en todo o en parte.

Artículo 291.- Puede también el propietario enajenar o trasmitir

a otro el todo o parte de su propiedad.

Artículo 292.- Los derechos de transformación y enajenación son

inherentes a la propiedad, y ninguno puede ser obligado a transformar

o no transformar, a enajenar o no enajenar, sino en los casos y forma

establecidos por la ley.

Artículo 293.- El propietario puede ser obligado a enajenar su

propiedad para el cumplimiento de obligaciones contraídas o por

motivos de utilidad pública.

Los casos en que es permitida la expropiación por motivos de

utilidad pública, y la manera de llevar a efecto, serán regulados por

ley especial.

Artículo 294.- El patrimonio o total conjunto de los bienes y

derechos de una persona, sólo puede trasferirse a otra u otras

personas por vía de herencia.

CAPITULO V.

De los derechos de exclusión y defensa.

Artículo 295.- El propietario tiene derecho a gozar de su cosa,

con exclusión de cualquiera otra persona, y a emplear para este fin

todos los medios que las leyes no vedan.

Artículo 296.- El propietario, el usufructuario, el usuario y

cualquiera que posea como dueño tienen el derecho de obligar a los

dueños de los predios confinantes a que concurran a la demarcación

de linderos entre su predio y los de ellos, haciéndose la demarcación

y amojonamiento a expensas comunes.

También tienen derecho, si se ha quitado alguno de los mojones

que deslindan su propiedad, para pedir que el que lo ha movido lo

ponga a su costo y le indemnice los perjuicios que la remoción le

hubiere causado.

Artículo 297.- La demarcación de linderos se hará conforme a los

títulos de cada uno, y a falta de títulos suficientes para el caso,

conforme a lo que resultare de la posesión en que estuvieren los

confinantes.

Artículo 298.- Si los títulos no determinaren los límites ni el

área de cada terreno y la cuestión no pudiere resolverse por la

posesión o por otro medio de prueba en juicio contencioso, se hará

la demarcación, distribuyéndose el terreno objeto de la contienda por

partes iguales.

Artículo 299.- Si la extensión que resultare del conjunto de

todos los títulos de los confinantes fuere mayor o menor que la de

la totalidad del terreno, el exceso o falta se distribuirá

proporcionalmente entre ellos.

Artículo 300.- Si los mojones hubieren sido colocados

equivocadamente por un título no contestado, se rectificará el error

sin que pueda oponerse la prescripción.

Artículo 301.- La mensura de un terreno, sea o no protestada,

no basta por sí sola para probar la posesión del mismo terreno.

Artículo 302.- Todo propietario o poseedor tiene el derecho de

cerrar su propiedad o posesión con paredes, cercas, zanjas o de

cualquier otro modo que le convenga, salvo las servidumbres

constituídas en favor de otro predio y lo que dispongan los

reglamentos de policía.

Artículo 303.- Dentro del radio de los pueblos, villas y

ciudades, cualquier propietario puede obligar a su colindante a que

contribuya a la construcción o reparación de la divisoria entre sus

edificios, patios, corrales o jardines.

La altura de la divisoria se determinará por los

correspondientes reglamentos.

A falta de reglamentos y de costumbres, la divisoria que se

construya tendrá tres metros de altura por lo menos.

Artículo 304.- El vecino que no quiera contribuir a los gastos

de cerramiento o divisoria, puede librarse de ellos cediendo la mitad

del terreno en que ha de levantarse el cerco o pared y renunciando

a la medianería.

Artículo 305.- El propietario y el poseedor, de cualquiera clase

que sean, pueden defender su propiedad o posesión repeliendo la

fuerza con la fuerza o recurriendo a la autoridad competente.

Artículo 306.- El poseedor de mala fe no puede emplear la fuerza

contra aquel a quien corresponda un mejor derecho de poseer la cosa;

y si con conocimiento de ese derecho empleare la fuerza para mantener

la posesión, quedará sujeto a la misma responsabilidad civil y

criminal que aquel que con violencia despoja a otro de lo que

legalmente le pertenece.

Artículo 307.- Para obtener la protección de la autoridad basta

probar el hecho de ser poseedor, salvo que el reclamo sea contra el

que inmediata y anteriormente poseyó como dueño; en este caso, debe

quien solicite la protección, probar también, o que por más de un año

ha poseído publica y pacíficamente como dueño, o que tiene otro

cualquiera legítimo título para poseer.

Artículo 308.- Tratándose de servidumbres continuas no

aparentes, o de servidumbres discontinuas, el reclamo, para ser

atendible, debe fundarse en título que provenga del propietario del

fundo sirviente, o de aquellos de quienes éste lo hubo.

Artículo 309.- Al que perturbare o molestare a otro en su

posesión, le prevendrá el juez que se abstenga de hacer agravio al

poseedor, bajo apercibimiento de que en caso contrario se le

aplicarán las penas con que la ley castiga el delito de desobediencia

a la autoridad.

Artículo 310.- Si la amenaza a los derechos del propietario o

poseedor, proviniere de cualquier obra nueva que alguien comience,

o del mal estado de un edificio, construcción o árbol, se hará

suspender la obra nueva o poner en estado que ofrezca completa

seguridad el edificio, construcción o árbol objeto del reclamo.

Artículo 311.- Cuando la obra nueva, o el mal estado del

edificio, construcción o árbol pueda perjudicar alguna cosa pública

o sea una amenaza para los transeuntes, cualquiera que tenga interés

puede constituirse demandante como si se tratara de defender su

propiedad o posesión, sin perjuicio de las medidas de policía a que

hubiere lugar conforme a la ley.

Artículo 312.- En caso de obra nueva puesta en suspenso, los

interesados deberán ventilar sus derechos en juicio ordinario; y en

éste, el juez puede, según las circunstancias, y conciliando los

intereses de las partes y del público, o decretar la demolición de

la obra, o permitir que se mantenga y concluya con obligación de

indemnizar daños y perjuicios.

Artículo 313.- La protección de la autoridad al poseedor que se

viere inquietado o molestado en su posesión, no afecta en nada a las

cuestiones sobre propiedad o sobre mejor derecho de poseer.

Artículo 314.- En lícito a los labradores destruir en cualquier

tiempo los animales bravíos que perjudiquen sus sementeras y

plantaciones.

Artículo 315.- El mismo derecho tiene respecto de los cerdos y

aves domésticas, en los campos en que hubiere sembrados de cereales

y otros frutos pendientes a que pudieren perjudicar aquellos

animales.

CAPITULO VI.

De los derechos de restitución e indemnización.

Artículo 316.- Todo propietario tiene la facultad de reclamar

en juicio la cosa objeto de su propiedad, y el libre goce de todos

y cada uno de los derechos que ésta comprende.

Artículo 317.- El poseedor, de cualquiera clase que sea, tiene

también derecho para reclamar la posesión de que ha sido

indebidamente privado, y una vez repuesto en ella se considera, para

los objetos de prescribir, como si no hubiera sido desposeído. No

podrá tomarse la posesión de una manera violenta, ni por aquel a

quien legalmente corresponde; mientras el actual poseedor se oponga,

debe reclamarse judicialmente.

Artículo 318.- Para ser restituído en el goce de un derecho,

basta que el poseedor pruebe el hecho de la posesión y de haber sido

privado de ella ilegalmente.

Artículo 319.- No será atendible el reclamo del poseedor, si se

dirigiere contra otro que tenga mejor derecho de poseer, salvo que

se le hubiese despojado de la posesión con fuerza o violencia.

Artículo 320.- La acción reivindicatoria puede dirigirse contra

todo el que posea como dueño, y subsiste mientras otro no haya

adquirido la propiedad de la cosa por prescripción positiva.

Artículo 321.- También procede la acción reinvindicatoria contra

el que poseía de mala fe y ha dejado de poseer-; y aunque el

reivindicador prefiera dirigirse contra el actual poseedor, respecto

del tiempo que ha estado la cosa en su poder, tendrá las obligaciones

y responsabilidades que corresponden al poseedor de mala fe, en razón

de frutos, deterioros y perjuicios.

Artículo 322.- La acción ordinaria sobre el derecho de posesión,

puede dirigirse contra cualquiera que pretenda tener mejor derecho

de poseer.