Artículo 2º.- El Organismo de Investigación Judicial cumplirá con las

funciones de policía judicial, que ésta y otras leyes le atribuyan, y

deberá también ejecutar las órdenes y demás peticiones de los tribunales de

justicia.

CAPITULO II

Atribuciones

Artículo 3º.- El Organismo de Investigación Judicial, por iniciativa

propia, por denuncia o por orden de autoridad competente, procederá a

investigar los delitos de acción pública, a impedir que los hechos

cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores, a identificar y

aprehender preventivamente a los presuntos culpables, y a reunir, asegurar

y ordenar científicamente las pruebas y demás antecedentes necesarios para

la investigación.

Si el delito fuere de acción o instancia privada, solo actuará en

acatamiento a orden de autoridad competente, que indique haber recibido la

denuncia o acusación de persona legalmente facultada.

Artículo 4º.- El Organismo tendrá, entre otras que legalmente le sean

señaladas, las siguientes atribuciones:

1) Recibir denuncias;

2) Cuidar que se conserve todo lo relacionado con el hecho punible y que

el estado de las cosas no se modifique hasta que llegue al lugar la

autoridad competente. No obstante, cuando se tratare de heridos, tomará

las medidas necesarias para su curación, trasladándolos inmediatamente a

donde se les preste auxilio. Mientras llega al lugar de los hechos la

respectiva autoridad, los miembros del Organismo practicarán las

diligencias técnicas de su incumbencia que consideren necesarias para el

éxito de la investigación;

3) Ordenar, si es necesario, la clausura del local en que se ejecutó el

delito, o en que se suponga, por vehementes indicios, que alguno se ha

cometido; que ninguna persona se aparte o ingrese al local o lugar y sus

inmediaciones antes de concluir las primeras diligencias, pudiendo

aprehender, por el tiempo estrictamente indispensable, a las personas cuyas

declaraciones puedan ser útiles para el éxito de la investigación;

4) Hacer constar el estado de las personas, cosas y lugares, mediante

los exámenes, inspecciones, planos, fotografías, y demás operaciones

técnicas aconsejables;

5) Recoger todas las pruebas y demás antecedentes, que tengan

importancia en el caso;

6) Proceder a la aprehensión de los presuntos culpables. Sin embargo,

todo el que fuere detenido deberá ser puesto a la orden de la autoridad

judicial competente, dentro del término perentorio de veinticuatro horas.

Si en el curso de su detención y mientras no esté a la orden de la

autoridad judicial, se desvirtuaren en cualquier forma los indicios de su

culpabilidad, será puesto de inmediato en libertad;

7) Disponer la incomunicación, por resolución escrita, de los presuntos

culpables, para evitar que puedan ponerse de acuerdo con terceras personas

que entorpezcan la investigación. Tal resolución se pondrá, de inmediato,

en conocimiento de la autoridad competente, quien podrá revocarla si la

considerare injustificada. La incomunicación no podrá exceder de cuarenta

y ocho horas sin orden del respectivo Juez y, en todo caso, deberá

ajustarse estrictamente a los requisitos de ley. Los menores de diecisiete

años sujetos a investigación no podrán ser incomunicados en ningún caso;

8) Recibir declaración del imputado en la forma y con las garantías que

establece la ley;

9) Proceder a interrogar a todas la personas que pudieran aportar datos

de interés a la investigación, practicando los reconocimientos,

reconstrucciones, inspecciones y confrontaciones convenientes;

10) Efectuar todos los exámenes, indagaciones y pesquisas que juzgue

oportunas para la buena marcha de las investigaciones;

11) Practicar peritaciones de toda naturaleza, solicitando la colaboración

de técnicos foráneos, cuando se requieran conocimientos científicos

especiales, los cuales no podrán negar su cooperación. Asimismo, puede

solicitar la asistencia de intérpretes, cuando fuere necesario, los que

tampoco podrán negar su colaboración. Tales técnicos e intérpretes

prestarán juramento de cumplir bien y lealmente su encargo, y de guardar

secreto sobre la materia en que intervinieron;

12) Proceder a los registros, allanamientos y requisas que fueren

necesarias para la buena marcha de las investigaciones, con las

formalidades que prescribe el Código Procesal Penal; y

13) Solicitar la colaboración de otras autoridades, las que no podrán

negarla. La policía administrativa actuará siempre que no pueda hacerlo

inmediatamente la judicial, pero desde que ésta intervenga, la

administrativa será su auxiliar. En casos urgentes o cuando cumpla órdenes

de autoridades judiciales, la policía administrativa tendrá las mismas

atribuciones que la judicial.

Artículo 5º.- Inmediatamente después que el Organismo tenga noticia de

la comisión de un delito se trasladará sin demora alguna, al lugar del

suceso, y dará aviso a la autoridad judicial competente; recogerá los

objetos, armas e instrumentos que hubieren servido o estuvieren preparados

para la comisión del hecho y cualesquiera otros que puedan servir para la

investicación; y realizará todas las demás diligencias procedentes que

fueren necesarias para hacer efectivo su cometido.

Artículo 6º.- Cuando en el curso de una investigación se expidiere

orden de presentación a una persona que tenga conocimiento de hechos o

circunstancias que en cualquier forma puedan ayudar a la investigación y

fuere impostergable su declaración para el éxito de la misma, se dispondrá

su comparecencia en forma inmediata.

En igual forma se procederá si, habiéndosele otorgado un plazo para

comparecer, no acatare a tiempo la orden, salvo justa causa.

Artículo 7º.- Los miembros del Organismo no podrán abrir ni imponerse

del contenido de la correspondencia que recojan para efectos de

investigación, sin previa autorización del tribunal competente. En los

casos urgentes podrán acudir a la autoridad judicial más cercana, la que

autorizará la apertura y lectura, si lo creyere oportuno.

Artículo 8º.- El Organismo practicará todas las investigaciones y

diligencias que juzgue oportunas para la comprobación del delito e

identificación del delincuente, observando las normas de la instrucción.

Dentro del plazo de ocho días, contados desde el inicio de la

investigación. deberán remitirse a la autoridad competente las actuaciones

que hubiere realizado y se pondrán a su orden los objetos e instrumentos

del delito y demás pruebas materiales del caso; el tribunal podrá

prorrogar prudencialmente el plazo cuando la investigación sea compleja o

existan obstáculos insalvables.

Una vez enviadas las actuaciones efectuadas por el Organismo, éste

continuará como auxiliar de las respectivas autoridades hasta finalizar la

instrucción, pero no podrá sostener conflicto con ellas, cuyas

disposiciones debe acatar.

Artículo 9º.- El Organismo dejará constancia de las cosas, hechos o

circunstancias de interés en la investigación, por medio de memorias,

informes, diseños y cualesquiera otros medios científicos, tales como

fotografías, fotocopias, cintas magnetofónicas, diagramas, planos,

etcétera.

Los elementos de prueba así obtenidos deberán ser individualizados y

asegurados, para efectos de garantizar la veracidad de lo que hacen

constar, por medio de una razón que indique lugar, día, hora y

circunstancias en que se obtuvo, firmada por el funcionario o funcionarios

responsables de su obtención, y debidamente sellada. En casos especiales

serán, además, asegurados con lacre.

Artículo 10.- Las diligencias que, según lo dicho en los artículos

anteriores, practique el Organismo, formarán el encabezamiento del proceso

o se acumularán a éste, si ya estuviere en curso; no necesitarán de

ratificación sin perjuicio de que el juez ordene que se practiquen de

nuevo cuando lo considere pertinente.

CAPITULO III

Organización y Funcionamiento

Artículo 11.- El Organismo constará de una Dirección General y de los

siguientes departamentos: 1º) Departamento de Investigaciones Criminales;

2º) Departamento de Medicina Legal; 3º) Departamento de Laboratorios de

Ciencias Forenses.

Cada Departamento contará con las secciones y oficinas que sean

necesarias para su buen funcionamiento.

Habrá además, un Comité Asesor.

Artículo 12.- Los funcionarios y empleados del Organismo deberán ser

mayores de edad y de conducta intachable. El Director, Subdirector y

Secretario General deberán ser costarricenses, abogados y haber efectuado

estudios en la materia o tener preparación equivalente.

Los Jefes Departamentales y de Delegación deberán poseer título

profesional universitario, salvo caso de inopia. Los investigadores

deberán ser por lo menos bachilleres y someterse a los cursos y

entrenamientos especiales que indique la Dirección General.

El Director, Subdirector y los Jefes Departamentales son de libre

elección de la Corte; los demás funcionarios y empleados serán nombrados

por la Corte dentro de una terna que propondrá la Dirección General.

Artículo 13.- El Director y el Subdirector deberán rendir caución por

la suma de veinte mil colones y los Jefes de Delegación por diez mil

colones.

Artículo 14.- En ausencia del Director, el Subdirector asumirá sus

funciones.

El Jefe de Sección de nombramiento más antiguo en el respectivo

Departamento, sustituirá al Jefe de éste en sus ausencias e impedimentos.

Artículo 15.-El Director, Subdirector, Jefes, Oficiales y demás

funcionarios del Organismo no son recusables; pero deben separarse del

conocimiento de los asuntos en que les corresponda intervenir, cuando los

comprenda alguna causa de impedimento o recusación de las que señala la

Ley Orgánica del Poder Judicial para los funcionarios que administran

justicia. En este caso, el Subdirector sustituirá al Director, y si aquél

tampoco pudiere actuar, la sustitución se hará con el Jefe del

Departamento de Investigaciones Criminales.

El Presidente de la Corte resolverá discrecionalmente y sin más

trámite, las excusas del Director y éste, en igual forma, las de sus

subalternos.

CAPITULO IV

De la Dirección General

Artículo 16.- La Dirección General es el órgano jerárquico superior

del Organismo de Investigación Judicial, y estará formada por el Director

y el Subdirector.

Artículo 17.- Son funciones de la Dirección General:

1) Velar por el cumplimiento de esta ley y sus reglamentos y por el buen

funcionamiento de todas las dependencias del Organismo;

2) Atender las relaciones del Organismo con las demás instituciones

públicas o privadas y dar a la prensa las informaciones que estime

convenientes;

3) Fijar, dentro del marco que le señalen la Ley y la Corte Suprema de

Justicia, la política y demás directrices relativas a la actuación y

funcionamiento del Organismo;

4) Fijar las normas internas de administración, trabajo y disciplina de

todas las dependencias del Organismo;

5) Confeccionar el anteproyecto de presupuesto;

6) Determinar los casos en que habrá de procederse por iniciativa propia

del Organismo, a investigar delitos de acción pública;

7) Aplicar el régimen disciplinario, cuando le corresponda;

8) Estimular al personal para el adecuado y eficiente cumplimiento de sus

deberes, por los medios más recomendables para propiciar su superación; y

9) Todas las demás que se le señalen en esta ley y sus reglamentos.

Artículo 18.- La Dirección General podrá cambiar discrecionalmente de

adscripción a todo el personal del Departamento de Investigaciones

Criminales, excepción hecha de su Jefe. Iguales facultades tendrá la

Dirección General en cuanto al personal de las Delegaciones. Tales cambios

los pondrá en conocimiento de la Corte para lo que corresponda.

CAPITULO V

Del Comité Asesor

Artículo 19.- El Comité Asesor del Organismo estará integrado por el

Director General, quien lo presidirá, el Subdirector, el Secretario

General y los Jefes Departamentales.

Artículo 20.- El Comité Asesor se reunirá ordinariamente, por lo

menos una vez al mes y, extraordinariamente, cuando el Director General lo

convoque.

Artículo 21.- El Comité Asesor será el cuerpo consultor de la

Dirección General y tendrá las siguientes atribuciones:

1) Recomendar los cambios en la estructura interna del Organismo que las

circunstancias aconsejen;

2) Recomendar los planes y programas a desarrollar por el Organismo;

3) Coadyuvar en la elaboración del anteproyecto de presupuesto;

4) Realizar los estudios que la Dirección General le encomiende;

5) Dar su opinión en aquellas materias que la Dirección General someta

a su conocimiento;

6) Recomendar las medidas necesarias para preservar el prestigio y moral

del Organismo; y

7) Cualquier otra que le señalen los reglamentos.

CAPITULO VI

De la Secretaría General

Artículo 22.- La Secretaría General del Organismo es dependencia

directa e inmediata de la Dirección. Contará con los prosecretarios y

demás personal administrativos que se requieran para el buen servicio.

Dependerán de ésta las siguientes oficinas: Archivo Criminal, Recepción de

Denuncias, Comunicaciones, Museo, Depósito de Objetos y cualquier otra que

así lo establezca el respectivo reglamento.

Artículo 23.- Son funciones de la Secretaría General:

1) Servir de enlace entre la Jefatura y los Departamentos, Secciones,

Oficinas y Delegaciones del Organismo;

2) Recibir con los requisitos que la ley exige, y por medio de la

respectiva Oficina, las denuncias que los interesados hagan directamente

ante el Organismo;

3) Trasladar de inmediato a la Dirección General las denuncias a que se

refiere el inciso anterior e informar, dentro de las veinticuatro horas

siguientes, a la respectiva autoridad instructora, acerca de la existencia

de ellas, indicando si hay detenidos;

4) Extender las certificaciones y constancias que se le soliciten por

parte de los interesados, autoridades judiciales o funcionarios públicos;

5) Distribuir con presteza, entre los diferentes Departamentos,

Delegaciones u Oficinas del Organismo, las diligencias o encargados que le

haga la Dirección General, en averiguación de los delitos;

6) Disponer, a la brevedad posible, las capturas y presentaciones que le

soliciten los investigadores y auxiliares del propio Organismo o las que

requieran de ésta las autoridades judiciales; y

7) Todas las demás que se le señalen en esta ley y sus reglamentos.

Artículo 24.- Si el Secretario General no pudiere actuar por ausencia

o impedimento, será suplido por el prosecretario y, cuando hubiere más de

uno por el que indique la Dirección General.

CAPITULO VII

Del Departamento de Investigaciones Criminales

Artículo 25.- El Departamento de Investigaciones Criminales será el

encargado de efectuar las pesquisas necesarias para el esclarecimiento de

los hechos cuyo conocimiento corresponda al Organismo. Además, colaborará

con los tribunales localizando, citando, presentando o capturando a las

personas que aquellos le indiquen, cuando se hubiesen agotado los demás

medios de que disponen las autoridades judiciales para esos efectos.

Artículo 26.- Corresponderá al Jefe del Departamento dar asesoramiento

e instrucciones acerca de los métodos para llevar a cabo las labores.

Supervisará el ingreso de los detenidos a fin de determinar si procede su

detención, y que no se les retenga por más tiempo del permitido por la ley.

Artículo 27.- Los agentes de investigación deberán actuar con

discreción, procurando mantener en la mayor reserva su identidad; deberán

además guardar absoluto secreto con respecto a las investigaciones en que

intervengan, para evitar que éstas trasciendan al público.

Los informes a la prensa, relativos a las investigaciones que el

Organismo realiza, se darán exclusivamente a través de la Dirección General

o de la oficina que señale el respectivo reglamento.

Artículo 28.- Los agentes de investigación, previa identificación en

el desempeño de sus funciones, tendrán libre acceso a los centros,

establecimientos de reunión y de espectáculos públicos en toda la

República. Y gozarán de pasaje gratuito en toda empresa del Estado o de

sus instituciones.

Artículo 29.- La Sección de Menores deberá contar con el personal

especializado en la materia, a cuyo cargo estará la entrevista técnica de

los menores presuntos autores de hechos delictivos. Dicha entrevista no

tendrá, en ninguna forma, carácter de indagatoria y el acta respectiva

deberá ser firmada por el menor y su curador.

Artículo 30.- Salvo cuando se trate de hechos graves, los menores

infractores primarios, después de haber rendido la entrevista de ley,

podrán quedar bajo custodia provisional de los padres, tutores o

encargados, quienes deberán presentarlos ante el Organismo o la Autoridad

Judicial, correspondiente, dentro del término legal que al efecto se les

señale por escrito, bajo apercibimiento de ser juzgados por desobediencia a

la autoridad, en caso de que incumplieren la orden de presentación

mencionada.

CAPITULO VIII

Del Departamento de Medicina Legal y del Consejo Médico Forense

Artículo 31.- El Departamento de Medicina Legal será el encargado de

efectuar los exámenes y evacuar las respectivas consultas médico-forenses,

en los casos cuyo conocimiento corresponda al Organismo.

Artículo 32.- El Jefe del Departamento, los Jefes de Sección y los

demás médicos del Organismo, deberán ser especialistas en medicina legal,

salvo casos de inopia, en que esos puestos pueden ser ocupados por médicos

especializados en otras ramas de la medicina, afines al respectivo cargo.

Artículo 33.- Corresponderá al Jefe del Departamento dar

instrucciones acerca de los métodos para llevar a cabo las distintas

labores, y refrendar los informes y dictámenes que rindan los médicos de

las diferentes secciones.

Artículo 34.- Habrá un Consejo Médico Forense, al cual corresponderá

dictaminar en grado de tales las cuestiones médicolegales que se susciten

en los procesos, cuando para ellos sea requerido por los tribunales de

oficio, o a solicitud de parte. Esto último deberá hacerse a través del

respectivo recurso de apelación, el cual se interpondrá ante el mismo

tribunal que conoce de la causa, dentro de los ocho días siguientes a

aquel en que se notifique el dictamen a las partes.

Artículo 35.- El Consejo Médico Forense estará integrado por el Jefe

del Departamento, quien lo presidirá, y por los Jefes de la Sección.

Cuando el número de sus miembros no fuere impar, el Consejo se

integrará, además, con uno de los restantes médicos del Departamento,

designado periódicamente por sorteo.

Artículo 36.- Las decisiones se tomarán con la concurrencia de todos

sus miembros y por mayoría absoluta de votos. Si no hubiere voto de

mayoría, el resultado se comunicará al respectivo tribunal.

Artículo 37.- Los Médicos Forenses que formen parte de las

Delegaciones Regionales del Organismo serán los encargados de efectuar,

bajo su exclusiva responsabilidad profesional, los exámenes y evacuar las

consultas médicolegales en los asuntos que conozcan los tribunales del

circuito respectivo.

Si en la respectiva Delegación no hubiere Jefe Médico, sus informes

y dictámenes no requieren refrendo alguno, pero en todo caso, deben ser

expedidos a través de la Jefatura de la Delegación.

De esos dictámenes e informes conocerá el Consejo Médico forense,

cuando para ello sea requerido por el tribunal competente, conforme a la

regla general.

CAPITULO IX

Del Departamento de Laboratorios de Ciencias Forenses

Artículo 38.- El Departamento de Laboratorio será el encargado de

practicar los peritajes, llevar a cabo los estudios y evacuar las consultas

relativas a las ciencias forenses en todos aquellos asuntos que competa

conocer al Organismo.

Artículo 39.- Corresponderá al Jefe del Departamento dar asesoramiento

e instrucciones acerca de los métodos para llevar a cabo las distintas

labores y refrendar los informes y dictámenes emanados de las secciones a

su cargo.

CAPITULO X

Del Archivo Criminal

Artículo 40.- El Archivo Criminal estará a cargo de un experto en la

materia. Contará con las fichas y demás documentos, debidamente

clasificados, de todas las personas que en alguna oportunidad hayan

comparecido ante las autoridades en calidad de presuntos responsables de

hechos punibles, y, asimismo, con las que enviaren las autoridades

nacionales o extranjeras.

Artículo 41.- Toda la información que contenga el Archivo Criminal

tendrá carácter confidencial y será para uso exclusivo del organismo y de

las demás autoridades.

CAPITULO XI

Museo Criminal

Artículo 42.- El Museo Criminal estará organizado en forma tal que, a

más de preservar los objetos y datos más sobresalientes relacionados con la

criminalidad, sea fuente de información de donde las miembros del Organismo

de Investigación Judicial y los alumnos de la Escuela de Capacitación del

Poder Judicial extraigan las enseñanzas útiles a sus funciones.

Artículo 43.- Los tribunales penales estarán obligados a remitir el

Organismo de Investigación Judicial, una vez fenecida la causa respectiva,

todas las armas que hayan caído en comiso, de las cuales se seleccionarán

las que a juicio del citado organismo deban pasar a formar parte del Museo,

cuando su exhibición tuviere interés. Las restantes, cuando no fuere del

caso proceder a su destrucción, serán enviadas, si se tratare de armas de

fuego, al Ministerio de Seguridad Pública, y las demás al Juzgado Penal de

Hacienda, para que proceda de acuerdo con los dispuesto en el artículo 46.

Artículo 44.- En relación a los demás objetos caídos en comiso, los

tribunales penales procederán a dar aviso al Museo del Organismo, el cual

podrá solicitar su remisión cuando lo estimare conveniente.

CAPITULO XII

De la Oficina de Depósito de Objetos

Artículo 45.- La Oficina de Depósito de Objetos será la encargada de

custodiar, debidamente ordenados o individualizados, los objetos y demás

pruebas decomisadas, que como consecuencia de las investigaciones, llegaren

al Organismo; velará porque se mantengan en buen estado y las hará figurar

en el respectivo inventario.

Artículo 46.- Los objetos a que se refiere el artículo anterior, que

no fuere del caso ponerlos a la orden de ningún tribunal, podrán ser

subastados por el Juzgado Penal de Hacienda, si dentro de los dos años

siguientes a su ingreso no fueren reclamados por sus legítimos

propietarios.

Artículo 47.- Si no fuere procedente ordenar la subasta, a juicio de

la Dirección General, tales objetos podrán ser donados a instituciones

públicas, o bien, destinados al Museo del Organismo, cuando tuvieren valor

criminológico.

Artículo 48.- No obstante lo dispuesto en el artículo 46, cuando se

tratare de bienes perecederos, podrá procederse a la subasta sin esperar el

transcurso del plazo señalado y el producto de la misma se depositará en

una cuenta bancaria, por el término dicho, para responder a la eventual

reclamación de quien probare ser su legítimo propietario, Si no pudiere

realizarse la subasta, los respectivos objetos serán enviados a una

institución de beneficencia.

CAPITULO XIII

Régimen disciplinario

Artículo 49.- Los servidores del Organismo quedan sometidos al

régimen disciplinario que se establece en los artículo siguientes, de

acuerdo con los respectivos reglamentos.

Artículo 50.- Las sanciones disciplinarias imponibles a los servidores

del Organismo serán las siguientes:

1) apercibimiento;

2) reprensión;

3) suspensión hasta por un mes;

4) descenso en el escalafón respectivo; y

5) revocatoria del nombramiento.

La imposición de cualquiera de estas sanciones, conlleva la pérdida de

la respectiva bonificación por méritos que señala la ley de salarios del

Poder Judicial.

Artículo 51.- Corresponderá a la Dirección General la imposición de

las sanciones, excepto la de revocatoria del nombramiento, la cual sólo

podrá ser aplicada por la Corte Plena. A este tribunal corresponderá

sancionar la faltas que cometan el Director General, el Subdirector, el

Secretario General y los Jefes Departamentales.

CAPITULO XIV

Disposiciones generales

Artículo 52.- La Corte Suprema de Justicia podrá permitir la docencia

universitaria, teórica y práctica, en las materias de Medicina Legal,

Criminología y Ciencias Forenses, en los distintos departamentos del

Organismo, siempre que con ello no se obstaculicen las labores que a éste

corresponden.

Artículo 53.- Los Jefes Departamentales y de Delegación son

responsables de la marcha de las oficinas a su cargo y actuarán bajo la

dependencia inmediata de la Dirección General.

Asimismo, les corresponderá distribuir y coordinar el trabajo de las

respectivas secciones.

Artículo 54.- Los Jefes de los Departamentos serán los directores y

coordinadores, en el área respectiva, de las funciones técnicas a cargo de

las distintas Delegaciones Regionales.

Artículo 55.- Los Jefes de Sección de los Departamentos de Medicina

Legal y de Laboratorios de Ciencias Forenses se consideran peritos

oficiales de los tribunales para practicar los exámenes y reconocimientos

que éstos les ordenen. Se juramentarán al asumir su cargo. Sus dictámenes

se reputarán auténticos; no necesitarán del trámite de ratificación ni

recibirán honorarios por su peritación.

Artículo 56.- En todo peritaje, siempre que fuere posible, se dejarán

a la orden de la respectiva autoridad una muestra de las cosas que fueron

objeto de examen de modo que la prueba pueda repetirse.

Si con motivo del examen fuere necesario destruir o alterar los

objetos que deben analizarse, antes de proceder a ello, se solicitará la

respectiva autorización a la autoridad que ordenó el peritaje.

Artículo 57.- Todo dictamen pericial se expedirá por escrito y

contendrá:

1) La descripción detallada de la persona, objeto o hecho examinado,

tal como hubiere sido hallado observado o recibido;

2) una reseña de la técnica empleada, de las operaciones efectuadas, de

la fecha en que éstas se practicaron y de su resultado; y

3) las conclusiones a que se llegó.

Artículo 58.- Además de la Policía Administrativa, se consideran

auxiliares de la Policía Judicial:

1) los cónsules y vicecónsules de Costa Rica en el extranjero;

2) las autoridades de migración, aduanas y tránsito;

3) los capitanes, oficiales y patrones de embarcaciones mercantes,

nacionales o extranjeras que navegan en el mar territorial costarricense;

los pilotos y demás tripulación responsable de la conducción de aeronaves

comerciales; los pilotos nacionales y extranjeros que se encuentren o

arriben a aeropuertos nacionales; los conductores y demás personal de

trenes; los jefes y demás personal de estaciones ferroviarias y

aeropuertos; los conductores y otros empleados de empresas de transporte

que operen en el territorio nacional; y

4º los directores, guardianes y demás empleados de las cárceles,

presidios y otros establecimientos públicos o privados de reclusión de

adultos o menores.

Artículo 59.- Los miembros de la Policía Administrativa y demás

personas que deban auxiliar a la Policía Judicial, que le nieguen la

cooperación debida a una autoridad judicial o en alguna forma obstaculicen

su labor, serán sancionados con las penas establecidas para el delito de

incumplimiento de deberes de funcionario público.

Artículo 60.- La Corte Plena determinará los distintivos que usarán

en forma exclusiva los agentes de investigación del Organismo como medio

de demostrar su identidad. El que hiciere uso de tales distintivos, sin

estar debidamente facultado para ello, será reprimido con prisión de tres

meses a un año.

Artículo 61.- Los servidores del Organismo de Investigación Judicial

se consideran comprendidos dentro de los casos de excepción que establece

el artículo 579 del Código de Trabajo.

Artículo 62.- Los agentes de investigación estarán protegidos por un

seguro contra riesgos profesionales. Igualmente lo estará el personal del

Organismo que realice labores insalubres o peligrosas, esto último a juicio

de la Corte Plena.

Artículo 63.- Esta ley rige a partir de su publicación y deroga la

ley Nº 3265 del 6 de febrero de 1964 y sus reformas, el artículo 39 del

Código Sanitario así como cualquiera otra disposición legal que se le

oponga o impida su ejecución.

CAPITULO XV

Disposiciones Transitorias

ARTICULO I.- El Organismo Médico Forense, en virtud de la

reestructuración que establece la presente ley, quedará integrado al

Organismo de Investigación Judicial.

Se considera que no existe solución de continuidad en los contratos

de trabajo de los servidores que, por este motivo, pasen del primero al

segundo de los Organismos citados.

ARTICULO II.- En los lugares en donde no hubiere Delegación Regional,

seguirán atendiendo las cuestiones Médico-forenses los médicos oficiales,

los cuales actuarán bajo su exclusiva responsabilidad profesional, pero

quedarán obligados a acatar las directrices y procedimientos que en materia

técnica señala para todo el país del Departamento de Medicina Legal del

Organismo.

De su dictámenes e informes conocerá en grado el Consejo Médico

Forense, conforme a la regla general.

ARTICULO III.- El requisito de ser bachiller, que establece el

artículo 12 de esta ley para los investigadores, no se aplicará a los

miembros del Organismo Médico Forense que pasen a ocupar esos puestos en el

Organismo de Investigación Judicial.