Artículo 11.- El Poder Ejecutivo procederá a dividir la República en

Distritos Sanitarios tomando en consideración las necesidades

higiénico-asistenciales, médico-legales, la población y vías de

comunicación.

Artículo 12.- El servicio sanitario de la República se divide en

terrestre, marítimo y aéreo, en su doble aspecto de nacional e

internacional.

CAPITULO II

De las Unidades Sanitarias

Artículo 13.- La Unidad Sanitaria es el organismo directivo de las

diversas actividades preventivas y de asistencia médica a realizar en cada

distrito sanitario.

Artículo 14.- Son atribuciones fundamentales de las Unidades

Sanitarias, las siguientes:

a) El estudio de las condiciones sanitarias de su jurisdicción;

b) La ejecución de los programas tendientes a dar solución a los

problemas relacionados con las mismas; y

c) La asistencia médica de los habitantes comprendidos en el Distrito

Sanitario de su jurisdicción siempre que no exista Hospital Nacional.

Artículo 15.- Las Unidades Sanitarias dispondrán de los siguientes

servicios:

a) Servicio de Estadística Sanitaria;

b) Servicio de Epidemiología;

c) Servicio de Educación Sanitaria;

d) Servicio de Protección Maternal e Infantil;

e) Servicio de Protección Preescolar y escolar;

f) Servicio de Protección Médico-Social en coordinación con el

Patronato Nacional de la Infancia y demás instituciones asistenciales de

carácter público o privado;

g) Servicio de Lucha Antituberculosa;

h) Servicio de Higiene Dental;

i) Servicio de Lucha contra la Lepra;

j) Servicio de Saneamiento, en colaboración con las Municipalidades;

k) Servicio de Lucha Antiofídica;

l) Servicio de Lucha Antivenérea;

m) Servicio de Laboratorios; y

n) Servicio Médico Forense.

CAPITULO III

De la Educación Sanitaria

Artículo 16.- El Departamento de Educación Sanitaria tendrá a su

cargo la educación y divulgación sanitaria, que se realizará de

preferencia entre las madres, educadores, escolares, obreros y campesinos,

a través de la escuela, Centros de Salud, Unidades Sanitarias, y

Asociaciones públicas o privadas de bienestar social.

CAPITULO IV

De la Escuela de Capacitación Sanitaria, dependiente

Artículo 17.- Créase una Escuela de Capacitación Sanitaria,

dependiente del Ministerio de Salubridad, la que actuará bajo el control

inmediato del Consejo Técnico, quien nombrará el personal docente de la

misma. Tendrá por objeto la capacitación del personal subalterno de los

servicios técnicos del Ministerio de Salubridad.

Artículo 18.- La Escuela impartirá las materias de acuerdo con los

programas de estudio que adopte al efecto el Consejo Técnico, y librará el

papel corriente, refrendados por el Ministerio de Salubridad, los

certificados de idoneidad.

Artículo 19.- El Poder Ejecutivo procederá a dictar un reglamento

interno de la Escuela.

Artículo 20.- Para formar parte del personal subalterno de los

servicios técnicos del Ministerio de Salubridad, es indispensable poseer

el certificado de idoneidad que extienda la Escuela de Capacitación

Sanitaria.

Artículo 21.- Para el nombramiento de Enfermeras y Obstétricas, sólo

se tomarán en cuenta las graduadas en la Escuela de Enfermería y

Obstetricia, dependiente del Colegio de Médicos y Cirujanos, o autorizadas

por éste.

Transitorio.-El personal subalterno de los servicios antes citados,

que no tenga certificado de idoneidad, o las Enfermeras o Obstétricas no

graduadas, que actualmente desempeñen cargos en el Ministerio de

Salubridad, permanecerán en sus respectivos puestos, a juicio del

Ministerio, en tanto no se presente otro candidato con mejor derecho.

Artículo 22.- Derógase la ley Nº 129 de 18 de setiembre de 1924, que

creó la Escuela de Inspectores de Sanidad.

CAPITULO V

Del Departamento Administrativo

Artículo 23.- Los servicios administrativos que incumben al

Ministerio de Salubridad estarán atendidos por el Departamento

Administrativo, el cual llevará bajo la dirección del Ministro el control

económico de toda compra, licitación y distribución de materiales

sanitarios, equipo, drogas, implementos y enseres de oficina.

CAPITULO VI

De los Servicios Médicos-Sanitarios Oficiales

Artículo 24.- En cada distrito sanitario habrá un Médico Oficial, que

será el Director de la Unidad Sanitaria respectiva, con residencia en el

lugar de asiento de esta última. Podrán ser nombrados otros Médicos

Oficiales Auxiliares para que presten sus servicios en el mismo distrito,

pero cuya residencia será fijada por el Ministerio de Salubridad.

Artículo 25.- Los Médicos Oficiales, en sus respectivos distritos,

tendrán a su cargo las funciones de Jefes de Sanidad y de Médicos

Forenses, y estarán obligados a prestar asistencia médica de acuerdo con

las disposiciones de este Código.

Artículo 26.- Los Médicos Oficiales podrán ser a la vez Médicos de la

Caja Costarricense de Seguro Social, previa autorización del Ministerio de

Salubridad.

Artículo 27.- Los Médicos Oficiales no podrán abandonar sus

respectivas localidades sin no es en virtud de licencia del Ministerio de

Salubridad, el cual la concederá únicamente por causa justificada.

Artículo 28.- En los lugares en donde no haya botica regentada por

farmacéutico titula o autorizado conforme a la ley, los Médicos Oficiales

podrán tener su botiquín particular, y despachar allí sus propias recetas.

Artículo 29.- Derógase la ley Nº 36 de 27 de octubre de 1931, sobre

Médicos Oficiales.

CAPITULO VII

De las Atribuciones de los Médicos Oficiales como Jefes de Sanidad

Artículo 30.- Corresponde a los Médicos Oficiales, como Jefes de

Sanidad:

a) Organizar, de acuerdo con la Municipalidad respectiva, un servicio

constante, administrativo y técnico que tenga a su cargo la dirección,

ejecución y vigilancia de las medidas sanitarias;

b) Ordenar y hacer cumplir, por medio de las autoridades locales, las

medidas sanitarias que se dicten para evitar o controlar las epidemias;

señalar las precauciones que el público debe observar, y resolver las

consultas que dichas autoridades les hicieren;

c) Dar cuenta inmediata al Departamento de Epidemiología del

Ministerio de Salubridad, y a las autoridades locales, de la aparición de

cualquier caso de enfermedad infecto-contagiosa que se presentare en su

distrito, y llevar un registro epidemiológico de ellas, en que deberán

anotar además, las medidas tomadas;

d) Llevar la estadística de todos los enfermos que hubieren asistido,

e informar de ello mensualmente al Ministerio de Salubridad, así como de

las causas permanentes o transitorias que a su juicio sean motivo de la

insalubridad del lugar, y de las medidas que hayan adoptado o convenga

adoptar;

e) Vigilar todo lo concerniente a la salubridad de las viviendas y

sus dependencias de los locales, y de las vías públicas y particulares; a

la aplicación de las leyes y reglamentos sobre elaboración, transporte y

venta de artículos alimenticios; a la sanidad de los animales, y la

higiene industrial;

f) Dar a conocer, oportunamente, a los habitantes, el estado

sanitario de las poblaciones; hacerles notar cualquier peligro o epidemia

que los amenace para que tomen las precauciones conducentes, y redactar

con el mismo fin cartillas, folletos y hojas sueltas, y dar conferencias

públicas;

g) Velar por la ejecución y observación de todas las disposiciones

referentes a la salubridad e higiene pública; prohibir la ejecución de

todo acto contrario a ellas, y dar cuenta a las autoridades de las

infracciones de que tengan conocimiento;

h) Visitar los presidios, cárceles públicas, lugares de detención y

guarniciones militares de su distrito, y ordenar las medidas de higiene

que en esos lugares hayan de adoptarse;

i) Desempeñar interinamente las funciones de Médico de Hospital

cuando faltaren los especiales de estos establecimientos. El Médico

podrá, en este caso, ser subvencionado por la respectiva Junta de

Protección Social;

j) Visitar con frecuencia los puestos de venta de artículos de

consumo diario, así como también los mercados, mataderos, hoteles,

restaurantes, hospitales, escuelas y otros establecimientos similares;

k) Hacer visitas periódicas a los pueblos de su distrito, con el

objeto de inspeccionar su estado sanitario, tomar nota de los enfermos

atacados de enfermedades infecto-contagiosas y examinarlos, tratarlos y

aislarlos;

l) Asistir, cuando lo crean oportuno, a las sesiones municipales y

exponer en ellas sus proyectos para el saneamiento y salubridad de su

distrito, dando todos los informes técnicos que se le soliciten;

m) Dar a conocer los servicios gratuitos de los laboratorios

oficiales, de las clínicas escolares e infantiles, y otros

establecimientos similares;

n) Practicar, quincenalmente por lo menos, en los lugares donde no

hayan Médico Escolar permanente, una inspección de los edificios

escolares, con el objeto de constatar sus condiciones sanitarias, de

observar si hay escolares o maestros con enfermedades infecto-contagiosas,

y tomar las medidas del caso. Asimismo atenderán en cada escuela el

servicio gratuito de vacunación y revacunación de los escolares y miembros

activos del personal docente;

o) Fomentar en sus distritos la creación de asociaciones que tengan

por objeto colaborar en los programas de mejoramiento de la salud pública;

p) Cuidar por los derechos de los niños, informando, en los casos de

su infracción, al Patronato Nacional de la Infancia;

q) Organizar y dirigir el aislamiento de los casos de enfermedades

contagiosas, de acuerdo con las leyes y reglamentos, y ordenar la

desinfección de los locales; y

r) Remitir anualmente al Ministerio de Salubridad un informe sobre el

estado sanitario de su distrito, y sobre los trabajos ejecutados que se

relacionen con la higiene y la salud pública.

CAPITULO VIII

De la Asistencia Médica Oficial

Artículo 31.- El Médico Oficial está obligado a asistir gratuitamente

a los enfermos sin recursos económicos, no asegurados por la Caja

Costarricense de Seguro Social, así como a los presos de las cárceles de

los lugares donde no haya médico especial para estos servicios, y extender

gratuitamente los certificados de defunción, de conformidad con la

nomenclatura oficial, de personas que hayan fallecido sin asistencia

médica, investigando por todos los medios a su alcance la verdadera causa

de muerte siempre que el fallecimiento haya ocurrido durante un período de

diez días anteriores a la solicitud.

Artículo 32.- El Médico Oficial está obligado a visitar a los

enfermos a que se refiere el artículo anterior, en su propio domicilio,

cuando éstos, por los caracteres de su enfermedad, no puedan concurrir a

su despacho, como en los casos de enfermedad contagiosa, de obstetricia o

de accidente.

Artículo 33.- Si la clase de enfermedad, o las circunstancias del

enfermo impidieren o dificultaren la curación en su propio domicilio, el

Médico procurará su traslado al hospital más cercano.

Artículo 34.- En el caso de que un enfermo necesite presentar a la

autoridad un certificado sobre el estado de su salud, el Médico Oficial

está obligado a extenderlo gratuitamente.

CAPITULO IX

De las Atribuciones de los Médicos Oficiales en c

Relación con los Tribunales de Justicia

Artículo 35.- Es obligación de los Médicos Oficiales prestar sus

servicios como Médicos Forenses siempre que los Tribunales de Justicia

respectivos se lo soliciten.

Artículo 36.- En asuntos de índole penal están obligados, como

Médicos Forenses, a ayudar al Instructor en el desempeño de sus funciones

judiciales. Bajo tal inteligencia, les corresponde:

a) Practicar los exámenes médicos indispensables para la

investigación y castigo de los delitos y faltas de policía; y

b) Practicar igualmente los exámenes médicos que con cualquier otro

objeto ordenaren las autoridades establecidas en su distrito.

Los informes que rindieren en este sentido, tendrán el valor de

prueba semiplena ante los Tribunales de Justicia.

Artículo 37.- Los Médicos Oficiales, y los Jefes de Laboratorios

Químicos Oficiales se considerarán peritos natos del Tribunal para los

exámenes y reconocimientos que éste les ordenare.

Artículo 38.- Para la práctica de los exámenes químicos que

necesitaren, los Médicos Oficiales enviarán las muestras respectivas al

Laboratorio Químico del Ministerio de Salubridad.

Artículo 39.-(Derogado por el artículo 64 de la ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial N° 5524 del 7 de mayo de 1974. El artículo afectante anteriormente era el 63 pero, por la adición efectuada por el numeral 245 de la ley de Tránsito N° 7331 del 30 de marzo de 1993, paso a ser el 64)

Artículo 40.- En ningún caso, y por ningún motivo podrán los Médicos

Oficiales excusarse de practicar reconocimientos o de dar los informes que

se les soliciten, y que puedan hacer luz en una causa, bajo la pena de ser

juzgados por desobediencia a la autoridad. Sin embargo, cuando esta

diligencia deba ser practicada fuera de su respectivo circuito, están

facultados para cobrar sus honorarios a quien corresponda.

Artículo 41.- Están obligados los Médicos Oficiales a expresar en su

informe, las causas inmediatas del fallecimiento y, cuando haya lesiones,

a manifestar su número, apariencia, longitud, profundidad, localización,

los órganos lesionados, y el instrumento con que han sido causadas,

especificando:

a) Si los caracteres de ellas indican de modo cierto o probable, que

fueron obra del propio interfecto, o de otra persona;

b) Si en este último caso las lesiones han producido la muerte como

causa única de ella o como causa concurrente con otras inmediatas, que las

lesiones determinaron directa o indirectamente, sea por razón de alguna

circunstancia particular inherente a la persona, sea en fin, por efecto de

circunstancias accidentales; y

c) Si habría podido impedirse ese resultado con oportunas y eficaces

intervenciones, y si éstas eran posibles en el lugar y en las demás

circunstancias del suceso.

Artículo 42.- En los caso de infanticidio, se hará constar en el

informe la época probable del parto, declarando si la criatura ha nacido

viva o en condiciones de poder vivir, y si en el cadáver se notan o no

lesiones externas o rastros de envenenamiento.

Artículo 43.- En los casos de aborto hará constar la existencia del

embarazo, la duración del mismo, los signos demostrativos de la expulsión

violenta del feto, las causas que hayan determinado el hecho, y la

circunstancia de haber sido provocado por la madre o por algún extraño, de

acuerdo o contra la voluntad de aquélla, y otros datos que estime oportuno

tener en cuenta para apreciar el carácter y la gravedad del delito.

Artículo 44.- Tratándose de delitos de estupro y violación, procederá

al reconocimiento de la ofendida sólo a requerimiento del Juez o Tribunal

por ser estos actos de índole privada. En estos casos, su dictamen

abarcará los siguientes puntos:

a) Edad probable de la ofendida;

b) Si hay en el cuerpo contusiones o lesiones que induzcan a creer

que ella ha luchado con su ofensor en el momento de la consumación del

delito;

c) Una descripción minuciosa del estado en que se halla el himen,

expresando si hay rotura del mismo, y la causa posible de ella; y

d) Las demás conclusiones que les sugiera el examen y que puedan

contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Artículo 45.- A requerimiento del Juez o Tribunal, el Médico Forense

está obligado a practicar al autopsia. Practicada ésta, o el Médico

informará sobre todos los datos que puedan producir convencimiento acerca

de la comisión del delito.

Artículo 46.- Cuando se trate de la autopsia ordenada en el cadáver

de un recién nacido, además de los datos que se indican en el artículo

anterior, el informe expresará si la criatura había llegado a su completo

desarrollo, si nació en condiciones de viabilidad, y si ha vivido después

y cuanta horas.

Artículo 47.- El Médico Forense, cuando fuere legalmente requerido

para ello, estará obligado a dar los siguientes dictámenes:

a) Sobre la edad probable del procesado;

b) Si el procesado se encuentra gravemente enfermo y necesitado de un

tratamiento especial, que por el carácter y estado de la dolencia no sea

posible proporcionárselo en la cárcel o en su enfermería;

c) Cuando se tratare de comprobar que el procesado ha obrado o no con

discernimiento, si su edad está comprendida entre los límites que fija la

ley; y

d) Si se observan en el procesado indicios de enajenación mental, o

éste se encontrare en algunos de los casos de irresponsabilidad que

establecen el Código Penal y el Policía.

CAPITULO X

DE LOS MEDICOS OFICIALES EN RELACION CON LOS

ACCIDENTES DE TRABAJO

Artículo 48.- Los Médicos Oficiales tienen entre sus obligaciones:

a) La asistencia sin demora o pretexto alguno en todos los riesgos

profesionales ocurridos a los trabajadores sea que éstos estén o no

comprendidos en las disposiciones del Código de Trabajo. En caso de que

se trate de trabajadores de primera categoría, dichos Médicos tendrán

derecho a cobrar al patrono los honorarios que indique la tarifa de

asistencia médica que determine el mismo Código, pero en ningún momento

podrán interrumpir la asistencia que tienen el deber de prestar; y

b) La de suministrar sin demora alguna a las autoridades competentes

los informes o dictámenes que les soliciten en todas las cuestiones

médico-legales que surjan con motivo de las aplicaciones de las

disposiciones sobre riesgos profesionales a que alude el inciso anterior.

CAPITULO XI

DE LA ADMINISTRACION SANITARIA MUNICIPAL

Artículo 49.- Todos los Municipios de la República deberán destinar

no menos del veinte por ciento de sus entradas anuales para los servicios

de sanidad, que de acuerdo con las instrucciones del Ministerio de

Salubridad, hayan de realizar en sus respectivas localidades.

Estos servicios serán administrados por el Municipio, y estarán bajo

la dirección técnica del Médico Director de la Unidad Sanitaria, o en su

defecto, de otro Médico Oficial.

La Inspección General de Hacienda Municipal no aprobará ningún

presupuesto municipal que no consigne la partida antes apuntada.

Artículo 50.- Las Municipalidades quedan obligadas a atender todas

las medidas sanitarias que el Ministerio de Salubridad indique para la

conservación de la higiene, y para prevenir y combatir las epidemias.

Artículo 51.- A fin de coordinar los servicios sanitarios de toda la

República, el personal que deberá desempeñar estas funciones, así como los

presupuestos que para la atención de los mismos elaboren las

Municipalidades, deberán ser aprobados por el Ministerio de Salubridad.

Artículo 52.- Las Municipalidades no podrán iniciar la ejecución de

obras públicas de carácter sanitario, como Mataderos, Mercados,

Hospitales, Hospicios, Crematorios, Basureros, y otras de naturaleza

análoga, sin la previa autorización del Ministerio de Salubridad, al cual

remitirán oportunamente los planos y sus especificaciones, presupuestos,

y demás datos y antecedentes que contribuyan a formar concepto de dichas

obras.

Artículo 53.- En el cantón Central de la provincia de San José, los

servicios de sanidad estarán atendidos directamente por el Ministerio de

Salubridad. Con tal objeto, el Concejo Administrativo Municipal

distribuirá el total de sus ingresos por concepto de Contribución Urbana

en la siguiente forma:

1) Cuotas mensuales al Tesoro Nacional para la sanidad de San José;

2) Costo del alumbrado público;

3) Gastos de la administración contable que demande la recaudación de

la Contribución Urbana;

4) Un 2% para Pensiones y Jubilaciones Municipales; y

5) Acumulación de reservas que quedan a la orden del Ministerio de

Salubridad destinadas a renovar el equipo de sanidad y a ejecución de

obras sanitarias del cantón, de acuerdo con los programas que para tal

efecto indique el Ministerio de Salubridad.

El pago de las cuotas a que se refiere el aparte primero anterior, se

hará entregando al Tesoro Nacional una suma equivalente al 60% de sus

ingresos efectivos del año anterior que produzca la Contribución Urbana;

el depósito se hará en doce cuotas mensuales iguales que deberán

entregarse durante los primeros cinco días de cada mes, y que en ningún

caso serán menores de ¢ 50,000.00 cada una. Si pasados los cinco días no

se hubiere cumplido tal obligación, la Administración Principal de Rentas

comenzará desde entonces a deducir automáticamente, de las entradas

municipales, el 50%, hasta cubrir la suma adeudada.

Artículo 54.- El Poder Ejecutivo queda autorizado para adscribir,

previo entendimiento con las respectivas Municipalidades, mediante

decretos, los servicios de sanidad de las otras cabeceras de provincia, en

las condiciones anteriores, siempre que lo juzgue conveniente para los

intereses de la respectiva localidad.

Artículo 55.- Deróganse las leyes Nº 9 de 1º de octubre de 1936 y Nº

66 de 14 de junio de 1938, sobre nacionalización de los servicios de

sanidad en las ciudades de San José y Puntarenas, y la Nº 656 de 17 de

agosto de 1949.

TITULO II

DEL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES MEDICAS

CAPITULO I

Disposiciones Generales

Artículo 56.- Sin la previa autorización del Colegio de Médicos y

Cirujanos, nadie podrá ejercer en el país las profesiones de Médico y

Cirujano ni las ramas dependientes de la Ciencia Médica, como la

Homeopatía, la Osteopatía, la Técnica Radiológica, la Enfermería y la

Obstetricia, la Fisioterapia, y la Quimioterapia, que requieren la

posesión de un título, diploma o certificado extendido por un centro de

enseñanza debidamente reconocido por el Estado.

Artículo 57.- Sin la previa autorización del Consejo Universitario y

de los Colegios respectivos, nadie podrá ejercer en el país las

profesiones de Farmacéutico, Dentista, Veterinario o Bacteriólogo.

Artículo 58.- La adquisición por una misma persona de los títulos de

Médico-Cirujano y de Farmacéutico, no facultará para ejercer conjuntamente

las dos profesiones, sino una sola de ellas.

Artículo 59.- El ejercicio de la profesión médica estará bajo la

vigilancia del Colegio de Médicos y Cirujanos, y el de las profesiones a

que se refiere el artículo 57 estará bajo la vigilancia del Consejo

Universitario y de los Colegios respectivos.

Artículo 60.- Los que ejerzan las profesiones médicas y las que

indica el artículo 57, están en la obligación de registrar su nombre,

título y domicilio en la Secretarías de sus respectivos Colegios, las

cuales informarán de esta inscripción y de los cambios de domicilio que se

operen al Ministerio de Salubridad. Están obligados, además, a acudir al

llamamiento de las autoridades sanitarias para cualquier asunto del

servicio relacionado con la salud pública, y a suministrarles los informes

que les pidan.

Artículo 61.- Es prohibido a los Médicos y Cirujanos:

a) Ofrecer al público, por medio de los periódicos, la radio, cartas

y hojas sueltas, la curación de enfermedades especiales, expresando poseer

medios, estudios, operaciones o remedios secretos o únicos, o panaceas

para el objeto que se proponen; y

b) Solicitar publicaciones referentes al buen resultado de su

actuación profesional.

Artículo 62.- Es potestativo del Médico, en su práctica privada,

elegir la farmacopea o formulario que le plazca, siempre que su receta

tenga las indicaciones indispensables para que cualquier farmacéutico de

la República pueda entenderla y despacharla correctamente. Es obligación

del Médico prescribir en castellano o en latín, y emplear los pesos y

medidas del sistema métrico decimal.

Artículo 63.- Ejercen ilegalmente las profesiones a que ser refiere

este capítulo:

a) Toda persona que, sin autorización, legal para ejercer la

Medicina, la Homeopatía, la Osteopatía, la Técnica Radiológica, la

Enfermería y Obstetricia, la Fisioterapia, la Quinesiterapia, la Cirugía

Dental, la Bacteriología, tome parte en el tratamiento de las enfermedades

o en el de las afecciones quirúrgicas, así como también la práctica del

arte Dental, de la Farmacia, de la Bacteriología o de la Obstetricia;

b) Toda Obstétrica que salga de los límites fijados para el ejercicio

de su profesión, y de manera especial y absoluta si practicare la

operación del aborto, o estuviere afectada de alguna enfermedad infecto-

contagiosa.

c) Toda persona que, provista de un título regular, salga de las

atribuciones que la ley le confiere, o preste su concurso a las personas

indicadas en los párrafos anteriores, a efecto de sustraerlas al

cumplimiento de las prescripciones de la presente ley.

Artículo 64.- Los profesionales a que se refiere el presente capítulo

están en la obligación de acudir al llamamiento de la autoridad de

justicia del lugar de su residencia, y a prestar el servicio profesional

urgente que se le solicitare, en cuyo caso el valor de sus honorarios será

pagado en forma equitativa de acuerdo con las circunstancias. Todo Médico

y Cirujano está obligado a expedir gratuitamente, conforme a la

nomenclatura oficial, la certificación médica de los fallecimientos que

ocurran en su práctica.

Artículo 65.- En todo Hospital con servicio autorizado de cirugía

mayor, o clínica quirúrgica, se llevará un libro en el cual se hará

constar, bajo la firma del Cirujano, la clase y calidad de operaciones que

él proponga al paciente y la libre aceptación de éste. Cuando se trate de

menores de edad, firmará tal constancia quien ejerza la patria potestad o

su tutor, salvo en los casos de emergencia. Otro libro hará constar

asimismo las intervenciones quirúrgicas realizadas en cada caso.

CAPITULO II

DEL SERVICIO MEDICO-SANITARIO

Artículo 66.- El Servicio Médico-Sanitario a que se refiere el

Decreto- Ley Nº 196 de 5 de octubre de 1948, durará un año, y será

desempeñado en los circuitos médicos, en los Hospitales o en otras

instituciones de asistencia

pública, a juicio del Ministerio de Salubridad.

Artículo 67.- Los médicos y cirujanos costarricenses tendrán

prioridad con respecto a los extranjeros, en igualdad de condiciones, para

desempeñar dicho servicio.

Los que lo desempeñen gozarán de una remuneración mínima de

seiscientos colones mensuales. Esta remuneración se aumentará, en lo que

respecta al servicio rural, tomando en consideración el estado sanitario,

población, vías de comunicación y distancia a los centros poblados de los

lugares en que se preste dicho servicio.

Artículo 68.- En el desempeño del Servicio Médico Sanitario, los

candidatos quedan obligados a presentar al Ministerio de Salubridad un

trabajo original realizado con los problemas sanitarios que ha confrontado

en el desempeño de sus funciones. El Consejo Técnico procederá a publicar

el mejor trabajo que se presente cada año.

Artículo 69.- En casos muy calificados, en que los servicios de

ciertos profesionales por su especialización fuesen necesarios para el

desarrollo médico- científico del país, y no lo fueren para el Ministerio

de Salubridad, el Colegio de Médicos y Cirujanos podrá recomendar al dicho

Ministerio la exoneración del Servicio Médico-Sanitario.

TITULO III

DE LAS DROGAS Y PREPARACIONES MEDICINALES

CAPITULO I

Disposiciones Generales

Artículo 70.- La importación, preparación y comercio de drogas y

sustancias de efecto activo o tóxico, son privativas de los miembros del

Colegio de Farmacéuticos o de los establecimientos legalmente autorizados

por el mismo Colegio.

Artículo 71.- La elaboración o venta de medicamentos y drogas, se

hará solamente en los establecimientos especiales, llamados Laboratorios

Químicos- Farmacéuticos, Droguerías, Boticas o Farmacias, de acuerdo con

las disposiciones establecidas por este Código y sus reglamentos.

Artículo 72.- Se considerarán Laboratorios Químico-Farmacéuticos, los

establecimientos donde se preparen drogas, productos químicos y

farmacéuticos.

Se considerarán Droguerías los establecimientos dedicados única y

exclusivamente a la venta de drogas y productos farmacéuticos al por

mayor, las que, por consiguiente, no podrán despachar recetas ni vender al

detalle.

Los almacenes que vendan drogas y especialidades farmacéuticas al por

mayor, se considerarán como una sección de droguería, sujetos a las

disposiciones de este capítulo.

Se considerarán Boticas o Farmacias los establecimientos donde se

vendan drogas y productos farmacéuticos al detalle, y donde se despachan

recetas.

Se considerarán Botiquines los pequeños establecimientos instalados,

sea en las propias oficinas de un médico y dedicados única y

exclusivamente a la atención del despacho de sus recetas, o por

particulares, dedicados exclusivamente a la venta de medicamentos

permitidos por los reglamentos.

Artículo 73.- Para abrir Droguerías, Boticas o Botiquines, se

necesita autorización del Colegio de Farmacéuticos. Quedan a salvo los

establecimientos de este género de la Caja Costarricense de Seguro Social,

o los que tengan carácter nacional o municipal.

Artículo 74.- Para abrir Laboratorios Químico-Farmacéuticos se

necesita la autorización del Colegio de Químicos y del Colegio de

Farmacéuticos.

Artículo 75.- Todo Laboratorio Químico-Farmacéutico nacional que se

dedique a la preparación de inyectables, está en la obligación de enviar

una lista de los lotes fabricados durante el mes, así como muestras de los

mismos, al Ministerio de Salubridad, para su control.

Artículo 76.- Cada Droguería, Botica o Botiquín deberá ser regentado

por un farmacéutico incorporado en el Colegio de Farmacéuticos de Costa

Rica. Esta disposición se entiende sin perjuicio de lo dispuesto sobre

Botiquines establecidos en lugares donde no exista la regencia y para los

cuales el Colegio de Farmacéuticos autorizará la dirección de ellos por

personas que a su juicio sean competentes. Un mismo farmacéutico no podrá

regentar más de un establecimiento.

Artículo 77.- El Poder Ejecutivo, oyendo el parecer de los Colegios

de Médicos y Cirujanos y de Farmacéuticos, hará la especificación de las

drogas y productos farmacéuticos que sólo pueden ser vendidos por

prescripción médica.

Artículo 78.- Las drogas, productos químicos y preparados

farmacéuticos, deben tener la pureza, fuerza y composición prescritas en

la Farmacopea Oficial. El regente es responsable de cuanto afecte a la

venta, identidad, pureza y buen estado de las sustancias que existan en el

establecimiento, así como de la contravención a las disposiciones de este

Código y de sus reglamentos. Es solidario en esta responsabilidad el dueño

del establecimiento.

Artículo 79.- No obstante lo dispuesto en los artículos 71, 73 y 76,

el Colegio de Farmacéuticos podrá también autorizar temporalmente y bajo

su responsabilidad, a una o más personas a vender medicamentos en los

Botiquines y despachar recetas de médicos en las poblaciones en donde no

haya Boticas regentadas por farmacéuticos titulados. En estas mismas

poblaciones, todo médico debidamente incorporado podrá despachar o hacer

despachar en su oficina sus propias recetas, haciéndose responsable de la

eficiencia de este servicio.

Artículo 81.- La regencia farmacéutica se irá estableciendo en los

diferentes lugares de la República tan pronto como haya número suficiente

de farmacéuticos titulados para este servicio. El Poder Ejecutivo la

decretará, previa consulta al Colegio de Farmacéuticos o a iniciativa de

éste.

Artículo 82.- La infracción a los artículos 73, 76 o el mal servicio

en el establecimiento en que se despachen recetas de médicos o se vendan

drogas o medicamentos, caso de que ese mal servicio comprometa a la salud

pública, dará derecho a clausurar el establecimiento farmacéutico. La

clausura será decretada por las autoridades de policía sanitaria a

solicitud del Fiscal del Colegio de Farmacéuticos o del Jefe de Sanidad

respectivo, pudiendo llevarse a cabo este cierre por medio de la Guardia

Civil.

Articulo 80.- No obstante lo dispuesto en el artículo 76, otros

establecimientos comerciales podrán vender, sin necesidad de regente

farmacéutico ni de recta médica, los medicamentos que autorice el Poder

Ejecutivo a instancia del Colegio de Farmacéuticos.

Artículo 83.- La prescripción de un medicamento en forma

extraordinaria o en dosis superior a la indicada como máxima por la

Farmacopea Oficial, no podrá despacharse sin que sea previamente

ratificada al pie de la receta por el médico que la prescribe.

Artículo 84.- Con excepción de las recetas indicadas en los artículos

77 y 83, es obligación del farmacéutico regente entregar al cliente, a su

requerimiento, una copia fiel de la receta original del médico,

garantizada con su firma y el sello del establecimiento.

Artículo 85.- Se autoriza el despacho de recetas de dentistas y

veterinarios que se destinen a ser empleadas directamente en el ejercicio

de sus profesiones respectivas. Para el despacho de estas recetas rige lo

dispuesto en los artículos anteriores.

Artículo 86.- El despacho de recetas lo hará en las boticas solamente

el regente farmacéutico o la persona o personas autorizadas por él, bajo

su inmediata dirección, vigilancia y responsabilidad.

Las sustancias venenosas destinadas a usos industriales, agrícolas o

ganaderos, sólo se podrán vender a personas provistas de una autorización

otorgada por el Ministerio de Salubridad, que concederá esta autorización

informándose previamente del uso que va a ser destinada y de los

antecedentes personales de quien la solicita. En cada caso, el

farmacéutico regente anotará la venta en el Libro Copiador de Recetas, o

en un registro especial e el caso de las droguerías, indicando el nombre

del comprador, nombre de quien autorizó su venta y uso a que se destina el

producto.

Artículo 87.- Las especialidades farmacéuticas -llamadas también

medicinas de patente-, para uso humano o veterinario; los productos para

tocador, cosméticos o para la higiene y los alimentos adicionados con

sustancias medicinales de marca registrada, solamente podrán venderse

dentro del territorio de la República, si han sido debidamente inscritos

de acuerdo con las disposiciones del presente Código y de sus reglamentos.

Artículo 88.- Para desalmacenar cualquier mercadería comprendida en

las estipulaciones del artículo anterior, deberá presentarse a la aduana

correspondiente una factura original debidamente visada y sellada de la

Junta de Inscripción de Drogas, como constancia de que el artículo o

artículos que se importan, han sido debidamente inscritos en la oficina

mencionada.

Artículo 89.- Se consideran especialidades farmacéuticas -llamadas

también medicinas de patente-, aquéllas que elaboradas de acuerdo con las

normas reconocidas por la Ciencia de la Farmacia se destinan al

diagnóstico, tratamiento o prevención de enfermedades tanto para el uso

humano como veterinario, o para modificar la estructura o las funciones de

cualquier órgano del hombre o de los animales.

Tales preparaciones deben ser presentadas bajo su nombre propio

debidamente registrado en el Registro de Marcas de Fábrica, cuyo uso y

pertenencia sean exclusivos de su fabricación o de sus concesionarios

legales.

Se consideran productos para el tocador, cosméticos, o para la

higiene personal, aquellos preparados simples o compuestos de uso externo

sin propiedades medicinales definidas, destinados a limpiar, embellecer o

mejorar la apariencia de las personas, presentados también bajo un nombre

propio, cuyo uso y pertenencia sean exclusivos de sus fabricantes o de sus

concesionarios legales.

Artículo 90.- No se permitirá la inscripción de los productos a que

se refieren los artículos 87 y 89, que no se ajusten a las siguientes

disposiciones:

a) La fórmula cuantitativa debe estar claramente expuesta al

consumidor;

b) Las propiedades de sus componentes deben responder a las que sus

fabricantes les atribuyen propiedades que no deben exagerarse de

manera manifiesta, ni atribuírseles aquéllas de que carecen;

c) Todos los productos deben indicar claramente, con caracteres

visibles e inconfundibles, el nombre completo de su fabricante, su

residencia y dirección exacta; y

d) No se permitirá el empleo de nombres propios como distintivo de

especialidades farmacéuticas, cuando ellos corresponden a personas que, o

bien no han existido o que aún habiendo existido, no son propietarios ni

autores de la fórmula correspondiente.

Artículo 91.- Para el mejor control y organización de la inscripción

de los productos mencionados, se establece como una dependencia del

Colegio de Farmacéuticos la Oficina de Inscripción de Especialidades

Farmacéuticas.

Artículo 92.- El Jefe de la Oficina a que se refiere el artículo

anterior, será un miembro del Colegio de Farmacéuticos, nombrado por la

Junta Directiva del mismo, el cual será asistido por los empleados

subalternos nombrados por él, con la aprobación de la Junta Directiva.

Artículo 93.- El estudio técnico y resolución de las inscripciones

estará a cargo de un Consejo, integrado por un médico y dos farmacéuticos:

uno de los farmacéuticos será el Fiscal del Colegio de Farmacéuticos; los

otros dos miembros serán designados en Asamblea General de sus respectivos

Colegios.

Las resoluciones de este Consejo son apelables ante la Junta

Directiva del Colegio de Farmacéuticos.

Artículo 94.- Los miembros del Consejo a que se refiere el artículo

anterior, excepción hecha del Fiscal, así como el Jefe de la Oficina a que

se refiere el artículo 92, serán nombrados para períodos de cuatro años,

y no podrán ser reelectos en sus funciones para períodos sucesivos.

Artículo 95.- El control de los anuncios de propaganda, en cualquier

forma que se haga a los productos especificados en los artículos 87 y 89,

estará a cargo del Jefe de la Oficina de Inscripciones de Especialidades

Farmacéuticas, sus resoluciones serán apelables ante el Consejo a que se

refiere el artículo 93 y, en última instancia, ante la Junta Directiva del

Colegio de Farmacéuticos.

Artículo 96.- Toda inscripción podrá ser cancelada, cuando se

compruebe falsedad en las declaraciones para su inscripción.

Artículo 97.- En las poblaciones de donde estuviere establecida la

regencia farmacéutica habrá por lo menos una botica destinada la servicio

nocturno y de los días festivos. Durante ese tiempo se despacharán las

recetas que fueren presentadas y se venderán las drogas y medicinas cuya

venta esté permitida por la ley.

Las Municipalidades respectivas son las encargadas de hacer este

servicio y deberán costearlo con sus propios fondos.

Artículo 98.- Cuando en una localidad exista sólo una botica o

botiquín, éste o aquélla quedará obligado a atender permanentemente al

público conforme el artículo anterior. En aquellos lugares donde no

estuviere establecida al regencia farmacéutica y hubieren dos o más

botiquines, el Concejo Municipal nombrará el que ha de hacerse cargo del

servicio de turno, de acuerdo con el artículo 91.

Artículo 99.- Los hospitales, sanatorios, casas de salud, clínicas,

preventorios, maternidades y otros establecimientos de asistencia, así

como cuarteles y cárceles, pueden establecer sus farmacias o botiquines

exclusivamente dedicados a cubrir sus necesidades y que estarán atendidos

por profesionales o no, según lo determine en cada caso el Colegio de

Farmacéuticos.

El director del establecimiento o el administrador, serán

responsables por la infracción a este artículo.

El Ministerio de Salubridad Pública (o sus delegados), y el Colegio

de Farmacéuticos o sus delegados, tendrán derecho a inspeccionar los

establecimientos a que se refiere este capítulo. Cooperarán con ellos las

autoridades de policía y resguardos fiscales.

Artículo 100.- Se prohibe la instalación de laboratorios biológicos

o de análisis clínicos, a no ser mediante una autorización escrita y

especial del Ministerio de Salubridad Pública, y el cultivo en ellos de

gérmenes de enfermedades cuarentenables agudas, mientras dichas

enfermedades no se presenten en el país.

Todos los laboratorios mencionados en este capítulo quedan sujetos a

la inspección del Ministerio de Salubridad Pública.

Artículo 101.- El Ministerio de Salubridad elaborará, oyendo el

parecer de los Colegios de Farmacéuticos y de Químicos, un reglamento de

laboratorios químico-farmacéuticos, droguerías, boticas e inscripciones de

productos de patente, en que se detallarán las prescripciones relativas a

este ramo y las medidas que estime útiles para asegurar que la

importación, elaboración y venta de medicamentos y drogas que se hagan en

forma y condiciones convenientes para la salud pública.

El Ministerio de Salubridad Pública designará las sustancias que

deben considerarse como de efecto activo o tóxico, para los efectos de

este Código.

Artículo 102.- Las droguerías y laboratorios que vendieren drogas o

preparados farmacéuticos a establecimientos que no estuvieren debidamente

autorizados para realizar ese comercio, serán sancionadas de la siguiente

manera: la primera vez, amonestación; la segunda, multa de cien a

trescientos colones; la tercera, multa de quinientos a un mil colones; y

si hubiese reincidencia, las autoridades competentes suspenderán temporal

o definitivamente la patente.

Al regente farmacéutico de la droguería o laboratorio que hizo la

venta, le alcanzarán también las siguientes penas: la primera vez,

amonestación; la segunda, suspensión de tres meses; la tercera, suspensión

de seis meses; y si hubiere reincidencia, cancelación definitiva de su

habilidad como Regente.

CAPITULO II

De las Drogas Estupefacientes

Artículo 103.- Para los efectos de ese Código se consideran drogas

estupefacientes, las drogas comprendidas en la Convención y Protocolo

Internacionales del Opio suscritos por el Gobierno de la República.

Artículo 104.- La importación del opio medicinal, las preparaciones

farmacéuticas que lo contengan, sus alcaloides, sales de éstos y las

preparaciones farmacéuticas que los contengan; la coca, las preparaciones

farmacéuticas que la contengan; la cocaína, sus sales y las preparaciones

farmacéuticas que las contengan, la hará única y exclusivamente el

Gobierno de la República, único autorizado también para suministrarlos en

la forma que regula este Código.

Artículo 105.- Es estrictamente prohibida la importación,

exportación, tránsito por el territorio de la República, compra, venta,

donación, depósito y toda otra clase de contratación o convenios, así como

la tenencia o uso en cualquier forma, del opio preparado, del opio bruto,

de la heroína (diacetyl morfina), y del cáñamo indiano o marihuana

(cannabis índica y cannabis sativa), y sus semillas, y de todos los

artículos que el Comité Internacional Permanente del Opio declare como

estupefacientes.

Artículo 106.- Es igualmente prohibido el cultivo de la adormidera

(papaver somniferum), de la coca (erytroxylon coca), del del cáñamo

indiano o marihuana (cannabis índica o cannabis sativa). Las autoridades

sanitarias y de policía procederán al comiso y destrucción de estas

plantas, sus productos y sus cultivos después de comprobar su autenticidad

mediante información sumarísima.

Al que se le comprobare ser dueño o poseedor por cualquier título de

un cultivo de ellas, sea cual fuere su extensión, se le impondrá prisión

de seis meses a un año, y a quien se encontrare trabajando o hubiere

trabajado en uno de esos cultivos, a sabiendas de lo que cultiva o

cultivaba, se le castigará con multa de cincuenta a trescientos setenta

colones, o el arresto equivalente.

Artículo 107.- La persona en cuyo poder se encuentre una o más drogas

estupefacientes sin autorización legal para ello, y la que viole las

prohibiciones de los artículos 104 y 106, además del comiso, sufrirá las

penas que establece el artículo 126.-

Artículo 108.- El Ministerio de Salubridad tendrá bajo su dependencia

un Departamento de Drogas Estupefacientes, el cual venderá únicamente a

los establecimientos farmacéuticos legalmente autorizados.

Dicho Departamento estará regido por una Junta Administrativa, cuya

comisión será la de vigilar y controlar la importación, existencia y venta

de las drogas estupefacientes. Esta Junta estará integrada por un

representante del Ministerio de Salubridad, otro de Colegio de Médicos y

Cirujanos y un tercero del Colegio de Farmacéuticos.

Artículo 109.- La Junta Administrativa tendrá a su servicio un

farmacéutico incorporado en el Colegio respectivo, el cual se encargará

del despacho de las drogas estupefacientes autorizadas por el presente

Código. Este funcionario deberá garantizar las responsabilidades

inherentes a su cargo mediante póliza de fidelidad por la suma que fije la

Junta.

Artículo 110.- Los delegados en la integración de la Junta de los

Colegios de Médicos y Cirujanos y de Farmacéuticos, serán nombrados en

Asamblea General de los mismos, y el farmacéutico encargado del despacho

lo será por la Junta Administrativa.

Los miembros de la Junta durarán en sus funciones cuatro años, y no

podrán ser reelectos para períodos sucesivos.

Transitorio.-Los miembros de la Junta actual cesarán en sus funciones

el día 1º de octubre de 1950, fecha en que quedará instalada la nueva

Junta.

Artículo 111.- La Junta Administrativa tendrá a su cargo también la

dirección general de la lucha contra las toxicomanías y el tráfico de

drogas estupefacientes, a cuyo efecto dispondrá de un cuerpo de

investigación de nombramiento y de libre remoción de la Junta.

Todas las autoridades de la República, especialmente las fiscales y

de policía, estarán obligadas a prestarle la más oportuna y eficaz

colaboración a la Junta o a sus agentes para el buen éxito de sus

investigaciones.

Artículo 112.- Para comprar drogas al Departamento de

Estupefacientes, se requiere una autorización librada por la Junta a favor

de la persona o establecimiento farmacéutico legalmente autorizado para

manejarlas. La Junta no la dará, tratándose de establecimientos que no la

hayan tenido antes, sin que presenten la respectiva patente del Colegio de

Farmacéuticos y, si se tratare de algún establecimiento que ya tiene

licencia, sin investigar el empleo dado a las drogas de su compra

anterior. Para este último fín, el comprador presentará las recetas de

médicos y otros profesionales que puedan prescribirlas y dentro de un

plazo máximo de tres meses a partir de la fecha de expedición; pasado este

término, no se recibirán para el objeto que se indica. Las recetas

quedarán en poder del Departamento, quien hará la respectiva constancia al

interesado. La Junta no extenderá licencia más que por las drogas que

representen las recetas presentadas. Con la citada autorización, el

comprador depositará en la Administración General de Rentas el valor del

artículo o artículos que desea adquirir; y con la constancia del depósito,

recurrirá al Departamento de Drogas Estupefacientes para que le entreguen

los efectos.

Artículo 113.- Cuando un establecimiento autorizado para manejar

drogas estupefacientes sea clausurado, o refundido en otro, deberá el

Regente presentar a la Junta la liquidación de las drogas que le han sido

entregadas. Si hubiere un saldo de la Junta, dispondrá del mismo, previo

reembolso de su valor.

Artículo 114.- Es prohibida la importación de preparados medicinales

de patente que contengan alguna droga estupefaciente sin la expresada

autorización de la Junta Administrativa. En todo caso, los fabricantes,

tanto extranjeros como nacionales, quedan obligados a expresar claramente

en las etiquetas interiores y exteriores del producto que tal preparación

contiene drogas estupefacientes y que su uso ha de ser controlado por un

médico.

Artículo 115.- La Junta autorizará la entrega de cantidades

prudenciales de estupefacientes a los Laboratorios Oficiales y a las

escuelas universitarias para uso científico únicamente.

Artículo 116.- El Departamento de Drogas Estupefacientes llevará la

contabilidad del movimiento habido y pasará cada día a la Junta un estado

de las ventas efectuadas, acompañando los comprobantes del caso. El

farmacéutico del Departamento indicará a la Junta oportunamente qué drogas

se deben pedir para mantener las existencias de medida prudencial; la

Junta enviará esta nota al Ministerio de Salubridad para que haga el

pedido. Al recibirlo, lo entregará a la Junta bajo inventario y recibo.

Para la adjudicación de toda licitación para la importación de drogas

estupefacientes, se requiere la aprobación de la Junta.

Artículo 117.- Los precios de venta de drogas estupefacientes se

calcularán con un recargo del treinta por ciento sobre su costo,

incluyendo el valor principal, gastos de transporte y de administración y

los derechos de Aduana que señale el Arancel.

Artículo 118.- La Junta de Drogas Estupefacientes practicará cada mes

inventario minucioso de las existencias del Departamento y

extraordinariamente cada vez que lo ordene el Ministro de Salubridad.

Artículo 119.- La Junta publicará cada mes en el periódico oficial,

nota de las ventas efectuadas en el Departamento con especificación de

compradores y de su domicilio, de fecha, de artículos comprados, de su

cantidad y del resumen por médicos de las recetas recibidas por el

Departamento durante el mes.

Artículo 120.- Los profesionales médicos, dentistas y veterinarios

legalmente autorizados, sólo podrán recetar drogas estupefacientes y en

dosis terapéuticas por setenta y dos horas, de acuerdo con la Farmacopea

y Formularios Oficiales. No obstante, los médicos podrán prescribir bajo

su responsabilidad drogas estupefacientes a personas que necesiten dosis

mayores que las terapéuticas, únicamente y cuando se trate de aliviar

enfermedades o traumatismos que produzcan molestias o dolores agudos y

prolongados, pero en cada caso será necesario una autorización escrita de

la Junta; esta autorización autoriza al Director del Asilo Nacional de

Insanos a usar las cantidades de estupefacientes que estime convenientes

para el tratamiento de toxicomaníacos.

Artículo 121.- Los establecimientos farmacéuticos sólo podrán

despachar recetas con drogas estupefacientes cuando sus dosis en setenta

y dos horas se ajusten a la Farmacopea y Formularios Oficiales. Estas

recetas deberán consignarse en formularios especiales que proveerá el

Departamento de Drogas Estupefacientes. Serán redactadas en forma

inteligible y contendrán instrucciones precisas y claras para su

administración. No se admitirá signo ni abreviatura. La dosis

fraccionada y la total, deben ser escritas con letras y no con números,

todo escrito y firmado por el profesional que la prescriba de su puño y

letra y con tinta; consignando la fecha de su expedición.

Los agentes farmacéuticos rechazarán las recetas que no se ajusten a

las disposiciones anteriores. El farmacéutico que despache una receta

informal, así como el profesional que la haya extendido, serán penados con

multa de doscientos a trescientos colones y ambos serán responsables

solidariamente de cualquier daño que causaren.

Artículo 122.- El Departamento de Drogas Estupefacientes preparará y

venderá a los establecimientos farmacéuticos el elixir paregórico sin

necesidad de autorización especial de la Junta. La preparación la hará el

farmacéutico encargado del despacho.

Artículo 123.- Aquél a quien se le compruebe mediante información

sumaria que habitualmente y sin prescripción médica usa drogas

estupefacientes, será internado en el Pabellón de Toxicomaníacos del Asilo

Nacional de Insanos por el tiempo que sea necesario para su tratamiento y

curación a juicio del Director de la institución.

La información la levantarán las autoridades de policía sanitaria y

ajustará sus procedimientos a lo dispuesto en el capítulo respectivo de

este Código.

Artículo 124.- Quien sin estar legalmente autorizado para ello venda

o use drogas estupefacientes; quien con autorización las venda o emplee

sin prescripción facultativa; los profesionales que las prescriban y

empleen sin ajustarse a los mandatos de este Código, y toda persona que

trate de inducir a otro u otros a que usen viciosamente de ellas, sufrirán

prisión de seis meses a tres años incomputables.

Si fuere dueño de establecimientos farmacéuticos o profesional

autorizado para emplearlas o prescribirlas, además de la pena indicada,

sufrirá la inhabilitación para el ejercicio de profesiones titulares por

el tiempo de la condena, o la inhabilitación definitiva, en caso de

reincidencia. Si el infractor fuere un extranjero, podrá ser extrañado

del territorio de la República sin más trámite, después de cumplida su

condena.

Artículo 125.- El indiciado por los delitos a que se refiere el

presente Capítulo sólo podrá ser excarcelado con fianza cuando se

demuestre por medio de dictámenes explícitos y concluyentes, de dos

facultativos-el Médico- Oficial y otro-, de que se halla gravemente

enfermo y necesita, en consecuencia, de un tratamiento especial, que por

el carácter y estado de la dolencia, no es posible que lo reciba en el

establecimiento penal o en su enfermería.

Contra él existirá la presunción juris-tantum de culpabilidad y el

juzgamiento se hará conforme a las disposiciones del Código de

Procedimientos Penales, determinándose la jurisdicción con arreglo a la

Ley Orgánica del Poder Judicial.

Las circunstancias atenuantes o agravantes, no autorizarán el ascenso

o descenso fuera de los límites de la pena ordinaria correspondiente a la

infracción o sólo servirán para la mejor determinación de la pena dentro

de los límites señalados por la ley al delito que se persiga.

Artículo 126.- El Ministerio de Salubridad o la Junta podrán ordenar

a las autoridades sanitarias o de policía, que practiquen el registro de

las casas y establecimientos sospechosos, donde se presuma que existen

fumaderos de opio o marihuana, o que hayan depósitos ilícitos de drogas

estupefacientes. La diligencia la llevará a cabo la autoridad comisionada,

tomando las precauciones del caso para que no se frustre y ajustando sus

procedimientos, en cuanto sea posible, a las disposiciones del Código de

Procedimientos, Penales para el allanamiento del domicilio.

Artículo 127.- Deróganse las leyes Nº 3 de 29 de setiembre de 1930

y Nº 43 de 15 de julio de 1936, sobre drogas estupefacientes.

TITULO IV

DE LOS LABORATORIOS OFICIALES

CAPITULO I

Del Laboratorio Bacteriológico y de Análisis Clínicos

Artículo 128.- El Laboratorio Bacteriológico y de Análisis Clínicos

efectuará gratuitamente los exámenes respectivos siempre que vengan

acompañados de una orden de un Médico Oficial.

Artículo 129.- Para ocupar el cargo de Director del Laboratorio es

necesario:

a) Estar autorizado por el Colegio de Médicos y Cirujanos de la

República para la práctica de Análisis Clínicos de Laboratorio; o

b) Ser egresado de la Sección de Bacteriología de la Universidad de

Costa Rica; o

c) Si fuere egresado de una Universidad extranjera ser autorizado

para el ejercicio de su profesión por la Sección de Bacteriología de la

Universidad Nacional o por el Colegio de Bacteriólogos.

CAPITULO II

Del Laboratorio Químico

Artículo 130.- Son funciones del Laboratorio Químico:

a) Investigar la calidad de las muestras que le remita la Sección de

control de Alimentos y Bebidas del Ministerio de Salubridad;

b) Evacuar las consultas oficiales de carácter técnico que sean

sometidas a su conocimiento;

c) Cooperar con los organismos respectivos, en el mejoramiento de la

industria de alimentos;

d) Estudiar la propiedades nutritivas de los alimentos y bebidas

usados o recomendados para la alimentación nacional, cooperar en el

mejoramiento de la nutrición del pueblo; y

e) Practicar los exámenes químicos que le soliciten los Médicos

Oficiales o los Tribunales de Justicia, para la investigación de los

delitos o de las faltas de policía.

Artículo 131.- Los exámenes que practique el Laboratorio Químico, en

muestras oficiales, de alimentos o bebidas, se concretarán a establecer la

conformidad o no de las muestras con los respectivos reglamentos.

Artículo 132.- Los análisis que practique el Laboratorio Químico se

harán de conformidad con los métodos oficiales recomendados por el Colegio

de Químicos de la República.

Artículo 133.- El Laboratorio Químico, estará dirigido por un

Químico, debidamente incorporado en el Colegio respectivo.

TITULO V

DE LA SANIDAD MORTUORIA

CAPITULO UNICO

Artículo 134.- En toda localidad del país, tanto urbana como rural,

la Junta de Protección Social, o en su defecto la Municipalidad

respectiva, debe establecer un Cementerio y procurar los medios adecuados

para la traslación de los cadáveres.

Artículo 135.- Para el establecimiento de nuevos cementerios, o para

el ensanche de los que actualmente existen, se seguirán las instrucciones

del Reglamento General de Cementerios.

Artículo 136.- En las ciudades cabeceras de provincia, habrá una sala

mortuoria en el cementerio para depositar los cadáveres que se lleven

antes del término de veinticuatro horas de ocurrido el fallecimiento, o

que por razones especiales deben depositarse allí, todo conforme al

Reglamento General de Cementerios.

Artículo 137.- En los nuevos cementerios que se establecen, o en las

ampliaciones de los existentes, queda prohibida la construcción de nichos

sobre la superficie del suelo, a menos que que se trate de la sepultación

de cadáveres reducidos a cenizas.

Artículo 138.- El terreno ocupado por un cementerio no podrá ser

destinado a otros objetos, en tanto no sea exhumanda la totalidad de los

restos que en él hubiere, y haya autorización expresa del Ministerio de

Salubridad.

Artículo 139.- Las inhumaciones se harán solamente en los cementerios

públicos, a excepción de aquéllas que por razones especiales, autorice

hacer en otra parte el Ministerio de Salubridad.

Artículo 140.- La inhumación se hará entre las veinticuatro y las

treinta horas después de ocurrido el fallecimiento, a menos que el cadáver

está embalsamado o se obtenga permiso de la Jefatura de Sanidad para

atrasar el sepelio o la traslación al cementerio, debiendo consignarse en

el permiso, en este caso, el término concedido.

Podrán sin embargo, reducirse este plazo, el Jefe de Sanidad o la

autoridad sanitaria correspondiente, compruebe que la inhumación es

urgente por existir peligro para la salud pública.

Están exceptuados de estas disposiciones los cadáveres detenidos pro

orden escrita de la autoridad judicial.

Artículo 141.- Las inhumaciones se harán previa orden escrita del

Tesorero de la Junta de Protección Social, o en su defecto, de la

autoridad política o sanitaria del lugar, quienes exigirán la presentación

del certificado médico de defunción. En caso de no poderse obtener este

certificado, se aceptará la constancia de la autoridad política o la de

los testigos idóneos, quienes levantarán una nota con todos los detalles

que sepan de la enfermedad y del cadáver.

Quienes extiendan la orden de inhumación deberán dar cuenta al

Registro Central del Estado Civil, para la inscripción del caso.

Artículo 142.- La introducción de cadáveres al territorio de la

República sólo podrá hacerse con la autorización del Ministerio de

Salubridad. Igual requisito se exigirá, para trasladar un cadáver de un

lugar a otro de la República, o fuera de ella. Si la causa de la

defunción ha sido viruela, cólera, peste bubónica o tifus exantemático, o

si el cadáver se encontrase en manifiesto estado de putrefacción, la

inhumación deberá hacerse inmediata y directamente.

Artículo 143.- No podrá hacerse la exhumación de ningún cadáver antes

de la destrucción de las partes blandas; el plazo fijado para ello no

puede ser menor de cinco años. Sin embargo, pasados cuatro años desde la

inhumación, el Ministerio de Salubridad podrá, en casos muy calificados,

autorizar la exhumación respectiva.

Se exceptúan de estas limitaciones las exhumaciones ordenadas por

autoridad judicial y las de niños sean autorizadas por el Jefe de Sanidad.

Artículo 144.- Todo cementerio queda sujeto a la inspección de las

autoridades sanitarias, y a las disposiciones sobre sanidad mortuoria que

determina el Reglamento General de Cementerios.

Artículo 145.- El Poder Ejecutivo podrá decretar la clausura de un

cementerio cuando constituya un peligro para la salud pública.

TITULO VI

DE LA ESTADISTICA SANITARIA

CAPITULO UNICO

Artículo 146.- El Departamento de Estadística Sanitaria deberá

seguir, en sus aspectos técnicos, las modalidades y métodos señalados por

el Consejo Nacional de Estadística y la Dirección General del ramo.

Artículo 147.- Son funciones concretas de dicho Departamento:

a) Llevar un sistema moderno de estadística de defunciones con las

siguientes características fundamentales: edad, sexo, raza, estado civil,

residencia, lugar de fallecimiento, asistencia médica, causa de muerte;

b) La elaboración de índices y números relativos, referentes a las

defunciones: gráficas de los aspectos más sobresalientes de la mortalidad

en el país, así como la publicación periódica de los datos obtenidos y los

trabajos realizados en el Departamento, procurando la menos la publicación

de un boletín trimestral, al que se hará de acuerdo con la Dirección

General de Estadística;

c) El establecimiento de estadísticas nacionales, provinciales,

cantonales y de distrito, de morbilidad por enfermedad, grupos de edades,

sexo, raza, estado civil, etc; y

d) La organización de un sistema estadístico sobre el trabajo de los

diferentes Departamentos del Ministerio.

Artículo 148.- Tanto la Dirección General de Estadística, como el

Seguro Social, los hospitales, clínicas, y demás instituciones de

asistencia médica, ya sean públicas o privadas, están en la obligación de

remitir al Departamento de Estadística Sanitaria, dentro de los primeros

quince días de cada mes, todos los datos estadísticos que se les pidan

sobre mortalidad, morbilidad, y otros aspectos objetos de estudio. Por su

parte, el Departamento de Estadística Sanitaria deberá enviar a la

Dirección General de Estadística un informe anual de la labor realizada,

para su publicación.

LIBRO II

DE LA SANIDAD INTERNACIONAL

CAPITULO UNICO

Artículo 149.- Corresponde, al Ministerio de Salubridad, por medio

del Departamento de Epidemiología, en materia de profilaxis sanitaria

internacional, cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Código

Sanitario Panamericano y los tratados y convenios internacionales

suscritos y ratificados por Costa Rica.

Artículo 150.- Le corresponde al Ministerio respectivo, en los

problemas de inmigración, proponer los reglamentos sobre condiciones

mínimas de salud de las personas que deseen ingresar al país, sean o no

inmigrantes, y el rechazo de las que no se ajusten a estas condiciones.

Asimismo deberá asesorar, a quien corresponda, en los problemas

sanitarios relativos a la colonización del país.

Artículo 151.- El Ministerio de Salubridad dictará los reglamentos a

que necesariamente hayan de sujetarse dentro del territorio nacional, los

medios de transporte marítimo, fluvial y aéreo que puedan diseminar

enfermedades o ser vectores de las mismas y otras perturbaciones de la

salud pública.

TITULO II

DE LAS ENFERMEDADES TRASMISIBLES

CAPITULO I

Disposiciones Generales

Artículo 152.- El Departamento de Epidemiología establecerá las

medidas pertinentes que, de acuerdo con este Código y sus reglamentos,

sirvan para impedir la invasión o difusión de enfermedades

infecto-contagiosas que puedan comprometer la salud pública.

Artículo 153.- Son enfermedades de declaración obligatoria, las

siguientes:

Brucelosis Oftalmía purulenta

Blenorragia Parotidites epidémica

Cólera morbus Poliomelitis

Chancro blando Paludismo

Disentería bacilar Peste Bubónica

Disentería amibiana Rabia

Difteria Sarampión

Escarlatina Sífilis

Fiebre tifoidea o paratífica Tétano

Fiebre amarilla Tosferina

Frambuesa (Pian) Tuberculosis

Granuloma inguinal Tracoma

Influenza epidémica Tifus exantemático

Lepra Tifus murino

Linfogranuloma venéreo Viruela

Leishmaniosis Reumatismo articular agudo

Meningitis cerebro espinal endémica

Artículo 154.- El Poder Ejecutivo determinará si otras enfermedades

contagiosas no mencionadas en el artículo anterior, deben declararse

obligatoriamente.

Artículo 155.- Todo médico que visite a una persona atacada de

enfermedad contagiosa de las que se especifican en el artículo 153 o que

sospeche que lo está, dará cuenta de ello por escrito a la Jefatura de

Sanidad correspondiente o al Departamento de Epidemiología, a más tardar

veinticuatro horas después de que haya establecido el diagnóstico cierto

o probable de la enfermedad, e indicará el número de las personas enfermas

y su exacta residencia.

La obligación de declarar la existencia de estos casos recae

igualmente sobre los médicos en el ejercicio profesional particular, como

sobre los desempeñan funciones oficiales o municipales. El parte se dará

inmediatamente si se trata de un caso manifiesto o sospechoso de cólera

morbus, fiebre amarilla, peste bubónica o viruela.

Solidariamente con el médico, estarán obligados a dar el respectivo

aviso los directores de Laboratorios Bacteriológicos, los dueños o

administradores de hoteles, directores de asilos, de casas de salud, de

escuelas y colegios o de otros establecimientos públicos o privados,

quienes incurrirán en la pena respectiva caso de no dar el oportuno

informe si se demostrase que conocían el caso por aviso del médico.

El médico de cabecera o el de un hospital, casa de salud, asilo,

escuela u otro establecimiento de igual naturaleza informará, en su

oportunidad, a la autoridad de sanidad respectiva o al Departamento de

Epidemiología del resultante final de cada caso que haya declarado.

El uso del telégrafo, del radio-telégrafo y del correo será siempre

gratuito para trasmitir las declaraciones de enfermedades contagiosas.

Artículo 156.- Los propietarios o encargados de hoteles, casas de

huéspedes, posadas, fondas, internados de colegios, lugares de trabajo, y,

en general, en donde residan o pernocten muchas personas, darán parte al

Jefe de Sanidad de la localidad o a la autoridad respectiva, dentro de las

veinticuatro horas, de todo caso de enfermedad que tengan en sus casas sin

asistencia médica.

Artículo 157.- El Director del Departamento de Epidemiología y sus

auxiliares, así como los Jefes de Sanidad, Inspectores Sanitarios, y los

delegados del Ministerio, estarán autorizados a visitar cualquier caso

manifiesto o sospechoso de enfermedad transmisible de las especificadas en

el artículo 153, para lo cual se le permitirá la entrada.

Artículo 158.- Todo médico instruirá al jefe de la familia o al dueño

o encargado de la casa, tan pronto como reconozca o sospeche que el caso

es de enfermedad transmisible, acerca de las medidas que deban ponerse en

práctica para evitar el contagio en la familia y en la vecindad.

Artículo 159.- Todo caso de enfermedad transmisible será aislado a

juicio y por orden de la autoridad sanitaria en la propia residencia del

enfermo, y será asistido por los miembros de la familia o por el personal

de su elección, si ello fuere posible, sin peligro para la salud pública

y siempre que las prescripciones concernientes al aislamiento puedan ser

convenientemente ejecutadas.

Cuando los enfermos estén desprovistos de habitación e instalación

convenientes para la eficacia de las medidas de aislamiento, podrán ser

trasladados a un hospital o casa apartada.

Podrán también a juicio de la autoridad sanitaria, ser trasladados a

sitios apropiados las personas que hayan permanecido en contacto con un

enfermo de enfermedad contagiosas, a fin de hacer la observación médica

respectiva.

El aislamiento podrá ser toda la casa habitada por el enfermo, de

parte de ella o de una habitación, y podrá comprender, no sólo al enfermo

y a los que lo atienden, sino también, por cierto tiempo, mientras se

adopten las medidas necesarias, a todas o algunas de las personas que se

encuentren en la casa o que hayan estado en contacto con el enfermo,

conforme lo disponga la autoridad de sanidad. Estas personas quedarán

obligadas, después de que se les permita la salida de la casa, a someterse

a los requisitos de observación que disponga la misma

autoridad.

Cuando el caso lo requiera, se colocarán guardas sanitarios en las

casas que hayan sido aisladas, para no permitir en ellas la entrada y

salida de personas; y los directores encargados; jefes de familia, dueños

o inquilinos, según el caso, serán responsables de las infracciones

cometidas por el personal a su orden.

Artículo 160.- Las autoridades sanitarias, directamente o por medio

de sus visitadoras sociales, ilustrarán a la familia y a los vecinos

acerca de los riesgos de contagio y de la manera de prevenirlos.

Artículo 161.- No se permitirá en los colegios, hoteles, casas de

comercio, casas de huéspedes, casas de vecindad, lugares de trabajo,

cuarteles, cárceles y, en general, en ningún recinto en donde vivan

colectivamente o se reúnan muchas personas, la asistencia de pacientes de

enfermedades trasmisibles, a no ser que cuente con una enfermería a

satisfacción de la autoridad sanitaria.

Artículo 162.- No se permitirá trasladar a ningún paciente de

enfermedad trasmisible, cuyo aislamiento haya sido ordenado, del local que

ocupa a otro sin permiso escrito de la autoridad sanitaria.

Artículo 163.- A solicitud de un médico particular, las autoridades

sanitarias deberán proveerlo, siempre que sea posible, de medios adecuados

de diagnóstico, para el rápido y eficaz reconocimiento de aquellas

enfermedades infecto- contagiosas y parasitarias capaces de provocar

epidemia.

Por intermedio del Director del Departamento de Epidemiología o sus

auxiliares o de un médico oficial, cualquier médico particular podrá

solicitar los servicios gratuitos de los laboratorios de Salubridad para

el rápido y eficaz reconocimiento de las enfermedades infecto-contagiosas.

Artículo 164.- Tan pronto como un paciente de enfermedad trasmisible

sea dado de alta por el médico de cabecera, éste dará aviso a la autoridad

de sanidad competente para que la ratifique; pero mientras se obtenga

ratificación escrita, no se levantará el aislamiento ni se permitirá al

enfermo la salida a la calle.

Artículo 165.- Es prohibida la asistencia a las escuelas, colegios,

lugares de trabajo, de los niños, empleados y obreros afectados de

enfermedades trasmisibles o procedentes de casas donde exista algún

enfermo de esa naturaleza, bajo aislamiento, o que no haya obtenido el

alta sanitaria correspondiente. Los Maestros y jefes de lugares de

trabajo darán inmediatamente parte a la autoridad de sanidad de cualquier

niño o trabajador que observen en esas condiciones. Los padres, tutores,

encargados, maestros y jefes de lugares de trabajo, serán responsables

respectivamente, de las infracciones a esta disposición.

Artículo 166.- La desinfección general o parcial de las casas y de

los objetos contaminados es obligatoria y gratuita en todos los casos de

enfermedades transmisibles y en general, en aquéllos en que la autoridad

de sanidad lo considere necesario como medida profiláctica.

No podrá nuevamente ser ocupada ninguna casa, habitación, u otro

lugar donde hayan ocurrido casos de aquellas enfermedades sin haber sido

previamente desinfectados por la Sanidad.

Artículo 167.- Las autoridades de sanidad emplearán el mayor celo en

vigilar las comunicaciones con la zona en que se desarrolle una epidemia,

desinfectando todo lo que sea necesario y ejerciendo severa inspección

sobre las personas también procedentes del lugar infectado.

Si hubiere necesidad de tomar medidas rigurosas o que afecten a otras

localidades, como el establecimiento de cuarentenas, el Director del

Departamento de Epidemiología someterá el punto del Ministerio de

Salubridad, con cuya aprobación serán ejecutadas las medidas que se

dicten.

El Departamento de Epidemiología determinará la forma y condiciones

en que podrá ordenarse la desinfección, y destrucción de sectores en:

a) Las habitaciones o locales destinadas a viviendas;

b) Los edificios y locales públicos o privados, tales como lugares de

trabajo,

teatros, y vehículos;

c) Los libros, vestidos y otros artículos de uso personal que se

vendan, presten, arrienden o empeñen; y

d) Los residuos domésticos o industriales y en general, de

cualesquiera otros sitios u objetos que requieran dichas medidas

profilácticas.

Artículo 168.- La autoridad de sanidad podrá disponer el

desalojamiento inmediato de una casa que sea un foco de infección o

amenaza grave a la salud pública. La casa no será habitada de nuevo hasta

que no haya desaparecido de ella el peligro de infección. La autoridad de

sanidad procurará que la desinfección se lleve a cabo cuanto antes.

Artículo 169.- Los que burlen la vigilancia sanitaria o quebranten el

aislamiento a que hayan sido sometidos por las autoridades sanitarias,

serán reintegrados nuevamente al aislamiento dispuesto, sin perjuicio de

las penas de ley.

Artículo 170.- Será reprimido con arreglo a las disposiciones de este

Código todo aquel que, de palabra, por medio de la prensa o cualquier otro

medio de difusión, propagare sin fundamento alguno de veracidad noticias

o rumores con respecto a la existencia de enfermedades epidémicas en el

territorio nacional.

Artículo 171.- Para los efectos del artículo anterior, se

considerarán faltos de veracidad las noticias o rumores que no hayan sido

suministrados o confirmados por escrito por el Director del Departamento

de Epidemiología.

Artículo 172.- Los extranjeros que deseen ingresar al país deberán

proveerse de un certificado médico de buena salud, refrendado por

autoridad sanitaria competente la que debe certificar expresamente que la

persona ha sido vacunada contra la viruela, con éxito, en los últimos tres

años y que no padece de tuberculosis; los Cónsules de la República no

extenderán ni visarán pasaporte a quien no presente dicho certificado.

CAPITULO II

De los Servicios de Inmunización

Artículo 173.- Los servicios de Inmunología del Ministerio de

Salubridad estarán a cargo del Departamento de Epidemiología, y serán

gratuitos para todos los habitantes de la República.

Los Médicos y Cirujanos que en el ejercicio de su profesión

practicaren inmunizaciones, están en la obligación de reportar los casos

inmediatamente a dicho Departamento.

Artículo 174.- La vacunación antiveriólica es obligatoria durante el

transcurso del primer año de vida, así como la revacunación dentro del

séptimo año.

Es obligatorio también para los niños recluídos en asilos, sean éstos

del Estado o particulares, para los que ingresen o sufran condena en las

cárceles o presidios, para los habitantes de los puertos y de las zonas

fronterizas.

Artículo 175.- Los padres, tutores o cualquier otra persona que tenga

menores a su cuidado o servicio, están personalmente obligados a velar por

el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo que antecede.

Artículo 176.- Están obligados a portar certificado de vacunación y

revacunación:

a) Los jefes, oficiales y soldados del ejército activo, miembros de

la policía, guardia fiscal, guardianes de cárceles y de embarcaciones del

Gobierno; empleados de los servicios sanitarios;

b) Las personas que presten servicios en los establecimientos,

lugares de trabajo dependencias del ejército y la marina y en las escuelas

y colegios;

c) Todas las personas que ingresen al país;

d) Los médicos, enfermeras y enfermeros, personal administrativo de

los hospitales, clínicas, maternidades, asilos, así como los pacientes de

esos establecimientos; y

e) Los miembros de las congregaciones religiosas.

Artículo 177.- En las escuelas, colegios y demás establecimientos de

enseñanza, tanto nacionales como municipales, o particulares, se exigirá

de cada alumno el certificado de haber sido vacunado con éxito o

revacunado, según la edad.

Artículo 178.- Estarán exentos de la vacunación y revacunación los

inmigrantes que deban ser devueltos ipso facto al lugar de su procedencia.

Artículo 179.- La inmunización contra la difteria y contra la

tifoidea es obligatoria para todo niño menor de siete años de edad.

Artículo 180.- En caso de una epidemia de tifoidea, el Ministerio de

Salubridad podrá ordenar la vacunación de todos los habitantes de la

República o de la localidad o localidades afectadas.

Artículo 181.- El Ministerio de Salubridad podrá ordenar también la

vacunación o revacunación contra otras enfermedades infecto-contagiosas,

cuando exista peligro de una epidemia.

Artículo 182.- Son artículos de libre importación los sueros

antidiftérico, antitetánico, antidisentérico, antineumocóccico,

antiestreptocóccico y antigangrenoso; las vacunas contra la viruela, la

difteria, la tosferina, la fiebre tifoidea, y todas las demás que el

Ministerio de Salubridad considere conveniente.

Artículo 183.- La elaboración y preparación de sueros preventivos o

curativos sólo podrá hacerse en laboratorios que reúnan las debidas

condiciones, a juicio del Ministerio de Salubridad. Para su venta será

necesaria la autorización del mismo.

Artículo 184.- Es prohibido en todos los laboratorios

bacteriológicos, salvo autorización expresa del Ministerio de Salubridad

el cultivo de gérmenes de enfermedades epidémicas o exóticas, mientras

dichas enfermedades no aparezcan en el país.

Artículo 185.- Derógase la ley Nº 17 de 7 de noviembre de 1936, sobre

libre importación de sueros y vacunas.

TITULO III

DE LAS ENFERMEDADES SOCIALES

CAPITULO I

De la Lucha contra la Lepra

Artículo 186.- La lucha contra la Lepra estará a cargo desde el punto

de vista de su profilaxis, del Departamento de Lucha contra la Lepra y,

desde el punto de visa de su diagnóstico y tratamiento de la Dirección

Médica del Sanatorio Nacional de Las Mercedes.

Artículo 187.- El Departamento de Lucha contra la Lepra estará a

cargo de un Director Médico y del personal necesario y tendrá por objeto:

a) La búsqueda en el país de los enfermos de lepra y de sus

familiares. Cooperarán en este sentido el personal del Departamento de

Servicio Social, los inspectores sanitarios, el Laboratorio

Bacteriológico, y los Departamentos de Unidades Sanitarias y de

Epidemiología;

b) La investigación de la enfermedad en la población del país en

especial en los grupos más afectados, y en expendedores de alimentos,

servicio doméstico, policía y otros grupos semejantes de la población;

c) Control de la enfermedad en la inmigración;

d) Propaganda sanitaria antilperosa en el pueblo;

e) La información sobre lepra a todos los médicos, e instituciones

nacionales y extranjeras; y

f) Dictar cursos especiales sobre el diagnóstico y control de la

enfermedad, para médicos y personal interesado.

Estos objetivos se cumplirán siempre de acuerdo con la Dirección

Médica del Sanatorio Nacional de Las Mercedes.

Artículo 188.- Toda persona sospechosa de estar enferma de lepra

queda obligada, lo mismo que los miembros de su familia y los que vivan y

hayan vivido en su compañía, a hacerse un examen bacteriológico y clínico.

El Departamento de Lucha contra la Lepra localizará esas personas y en el

Dispensario Dermatológico se les harán gratuitamente los exámenes del

caso. A indicación del Médico Director.

Dichas personas quedan obligadas a presentarse cada cuatro meses o

con mayor frecuencia, para su reconocimiento. Los gastos de traslado

correrán por cuenta de la Junta Directiva del Sanatorio, siempre que la

autoridad del lugar certifique que son indigentes.

Artículo 189.- Todo enfermo de lepra lepromatosa (forma contagiosa),

o de lepra indiferenciada positiva, debidamente diagnosticadas en el

Dispensario Dermatológico, debe ser inmediatamente internado en el

Sanatorio Nacional Las Mercedes. Sin embargo, podrá seguir su

tratamiento, a domicilio, siempre que sus condiciones económicas lo

permitan y cumpla los siguientes requisitos:

1º.-Permanecer debidamente aislado en sitio que autorice el Jefe del

Dispensario Dermatológico, donde pueda ser sistemática y periódicamente

controlado por las autoridades sanitarias;

2º.-Costear el tratamiento y seguirlo de acuerdo con las indicaciones

del Médico del Dispensario; y

3º.-Practicarse periódicamente y por su cuenta, todos los exámenes

necesarios.

Artículo 190.- Todo enfermo de lepra tuberculoide (no contagiosa) o

de lepra indiferenciada negativa seguirá un tratamiento ambulatorio en el

Dispensario Dermatológico o será debidamente examinado cada tres meses en

el mismo Dispensario, siempre que sus condiciones sociales-económicas le

permitan seguir las normas higiénicas y terapéuticas aconsejadas en esos

casos.

Artículo 191.- El enfermo que infrinja la disposiciones de los

artículos 188 y 189 será internado forzosamente, para su reconocimiento o

curación, en el Sanatorio Nacional Las Mercedes por medio de las

autoridades de policía, previa información sumaria levantada por las

autoridades competentes.

Artículo 192.- El Sanatorio Nacional Las Mercedes y el Dispensario

Dermatológico, estarán administrados por una Junta Directiva compuesta de

cinco miembros propietarios y dos suplentes, nombrada por el Patronato del

primero para períodos de dos años, pudiendo sus miembros ser reelectos

indefinidamente.

Cumple al Patronato, además, mejorar las condiciones de los recluídos

y ayudar a sus familias; tratar de mejorar las condiciones hospitalarias

del Sanatorio y procurarle nuevas rentas a éste, estimulando con ese fin

la explotación agrícola y ganadera en los terrenos del Sanatorio.

Artículo 193.- El Patronato y su Junta Directiva desempeñarán sus

funciones de conformidad con las disposiciones de la Ley General de

Asistencia.

Artículo 194.- La Dirección Técnica del Sanatorio estará a cargo de

un Médico Director, nombrado por la Junta Directiva; el resto del personal

médico del Sanatorio, Dispensario Dermatológico y otras Unidades Médicas,

será nombrado por la Junta Directiva a propuesta del Director.

Artículo 195.- Para servir un puesto de Médico en la Lucha

Antilperosa se deberán llenar los siguientes requisitos:

1) Poseer conocimientos especiales sobre la lepra; y

2) Someterse a examen de oposición y salir aprobado.

En el caso de que no haya ningún candidato que esté capacitado para

satisfacer los anteriores requisitos, se le podrá permitir desempeñar el

puesto interinamente por un plazo no mayor de seis meses, al cabo del cual

se le someterá a examen.

Artículo 196.- Derógase la ley Nº 163 de 10 de setiembre de 1948.

CAPITULO II

De la Lucha contra la Tuberculosis

Artículo 197.- La orientación y dirección de la campaña

antituberculosa en todo el país se llevará a cabo por los siguientes

medios:

a) Elaboración de la legislación necesaria para el mejor cumplimiento

de sus fines;

b) Realización de programas de educación del pueblo, y divulgación de

los conocimientos necesarios para su protección;

c) El establecimiento de dispensarios en hospitales o en unidades

sanitarias, con el fin de establecer el diagnóstico temprano de la

enfermedad, y tratar a los enfermos ambulantes;

d) Organización de unidades móviles para la investigación pulmonar en

las colectividades.

e) Establecimiento de hospitales oficiales, o secciones en los

hospitales nacionales existentes, para el aislamiento y tratamiento de los

enfermos contagiosos; y

f) Centralización técnica de todas las actividades nacionales que se

relacionen con el problema sanitario-asistencial de la tuberculosis.

Artículo 198.- El Departamento de Lucha Antituberculosa tendrá a su

cargo la realización de la campaña, de acuerdo con los establecido en el

artículo anterior, el tratamiento de los enfermos, el aislamiento

obligatorio de los casos activos, y el control de los enfermos que

ingresen al país. Asimismo establece las medidas profilácticas

indispensables para evitar la difusión de la enfermedad.

Artículo 199.- No obstante lo dispuesto en el artículo 172 se

autoriza el ingreso de tuberculosos extranjeros al territorio de la

República, siempre que éste tenga por objeto obtener el tratamiento en los

servicios dependientes del Departamento de Lucha Antituberculosa, y previa

autorización del Director del mismo, de acuerdo con lo que establece el

Reglamento respectivo.

Artículo 200.- Las autoridades de migración no podrán otorgar ni

renovar ningún permiso de residencia sin la previa presentación de un

certificado del Departamento de Lucha Antituberculosa de que no padece de

ningún proceso tuberculoso activo.

Artículo 201.- En el aspecto social de la Lucha Antituberculosa,

colaborará con el Departamento un Patronato, de conformidad con lo

dispuesto por la ley de su creación y el Reglamento respectivo.

Artículo 202.- El control económico de todas la instituciones bajo la

dirección del Departamento de Lucha Antituberculosa, estará a cargo de la

Dirección General de Asistencia.

CAPITULO III

De la Lucha Antivenérea

Artículo 203.- Para los efectos del presente Código se considerarán

como enfermedades venéreas las siguientes: sífilis, blenorragia, chancro

blando, linfogranuloma, venéreo y granuloma inguinal.

Artículo 204.- La dirección general de la campaña contra las

enfermedades venéreas en el territorio de la República estará a cargo del

Departamento de Lucha Antivenérea.

Artículo 205.- Quedan bajo la dirección del citado Departamento todos

los organismos del Ministerio de Salubridad que presten actualmente

servicio antivenéreo, así como los que en el futuro llegaren a

establecerse; y bajo su control técnico todos aquellos no oficiales que

presenten servicios análogos.

Artículo 206.- Quedan derogadas las leyes Nº 24 de 28 de julio de

1894 sus reformas: Nº 3 de 22 de octubre de 1894; Nº 6 de 19 de mayo de

1899; Nº 10 de 24 de setiembre de 1901; y Nº 18 de 17 de noviembre de 19

y cualquier disposición que reglamente el ejercicio de la prostitución.

Queda prohibido, sin embargo, cualquier acto contrario a la moral o

las buenas costumbres.

Artículo 207.- Toda persona afectada de una dolencia venérea queda

obligada a someterse a un tratamiento completo para su curación en los

servicios del Departamento de Lucha Antivenérea, o bajo la dirección y

responsabilidad de un médico particular.

La infracción a esta medida será sancionada por las autoridades de

policía sanitaria con la reclusión del enfermo en un hospital o

establecimiento adecuado para su curación, sin perjuicio de la sanción

correspondiente.

Los servicios del Departamento de Lucha Antivenérea serán gratuitos

pata todos los habitantes de la República.

Artículo 208.- Todos los médicos están en la obligación de advertir

a los pacientes de enfermedades venéreas, acerca de la contagiosidad y del

carácter grave de sus dolencias y de las consecuencias legales si

contagiaren a otra persona.

Artículo 209.- Todo médico que asista a un paciente de enfermedad

venérea puede aprovechar los servicios de los Laboratorios del Ministerio

de Salubridad o de los hospitales, enviando a su paciente a uno de ellos

para un debido control. Tal servicio será gratuito.

Artículo 210.- Los Dispensarios Profilácticos harán gratuitamente el

tratamiento de los enfermos.

Artículo 211.- La declaración obligatoria de las enfermedades

venéreas contempladas en el artículo 153 la harán los médicos únicamente

en los casos de renuencia del enfermo a iniciar o continuar su tratamiento

antivenéreo.

Artículo 212.- El Ministerio de Salubridad irá determinando

paulatinamente las localidades del país donde se hará exigible el

certificado de salud prenupcial como requisito indispensable para

autorizar la celebración del matrimonio.

Artículo 213.- Se sancionará de acuerdo con las disposiciones de este

Código al que explotare al público vendiéndole o recomendándole

medicamentos sin base científica para el tratamiento de las enfermedades

venéreas.

Artículo 214.- El aspecto social de problema venéreo estará a cargo

de Organismos o Patronatos adscritos al Departamento de Lucha Antivenérea

que creará el Poder Ejecutivo por medio de decretos.

Artículo 215.- El que por dolo o culpa contagiare a otra persona una

enfermedad venérea, estará obligado a sufragar los gastos de curación del

perjudicado, o reprimido con prisión de tres meses a dos años, o con ambas

penas.

Artículo 216.- La misma pena del artículo anterior se impondrá a la

persona que conociendo o debiendo conocer la enfermé d venérea de que

padece un niño lactante, tomare una nodriza para que lo críe,

ocasionándole el contagio.

Artículo 217.- La denuncia calumniosa del contagio venéreo, será

castigada con la pena de arresto de treinta a ciento ochenta días, o multa

de sesenta a trescientos sesenta colones.

Artículo 219.- Es obligación del Estado impartir en todos los

Colegios de Segunda Enseñanza de la República, durante los tres primeros

años, la asignatura de educación e higiene sexual.

Artículo 220.- Ni el Registro Judicial de Delincuentes, ni las

autoridades sanitarias o de policía, podrán certificar en el futuro

ninguna causa o documento relativo al ejercicio de la prostitución.

Artículo 221.- Derógase la ley Nº 20 de 13 de octubre de 1927 sobre

el Servicio de Asistencia Pública.

CAPITULO IV

De la Lucha contra el Cáncer

Artículo 222.- El Departamento de Lucha contra el Cáncer, creado por

Decreto-Ley Nº 787 de 1º de noviembre del presente año, tiene a su cargo

la prevención del cáncer y otros tumores de carácter maligno, por todos

los medios que indique la ciencia.

Artículo 223.- El Departamento de Lucha contra el Cáncer será

dirigido por un Médico-Director, de nombramiento de Poder Ejecutivo,

escogido de una terna, que se solicitará a la Junta Directiva del Colegio

de Médicos y Cirujanos.

Artículo 224.- Son otras funciones de este Departamento:

a) Organizar un Consejo Técnico, integrado por los médicos que

trabajen en la Lucha, con el fin de dirigir y coordinar actividades de

diagnóstico y tratamiento en los hospitales y unidades sanitarias del

país;

b) Organizar un Patronato, en la ciudad de San José, con el fin de

promover y obtener cooperación en el aspecto social de la campaña, y

colaboración económica de la colectividad; y

c) Promover campañas de divulgación de los conocimientos generales de

la enfermedad, con el objeto de obtener la colaboración del público.

Artículo 225.- Todas las instituciones Sanitario-Asistenciales del

país quedan en la obligación de colaborar con el Departamento de Lucha

contra el Cáncer.

Artículo 226.- Tanto el Patronato, como el Consejo Técnico¿, una vez

instalados, procederán a elaborar los estatutos conforme a los cuales

deberán regirse, y los someterán, para su aprobación al Poder Ejecutivo,

por medio del Director del Departamento de Lucha contra el Cáncer.

Artículo 227.- En el ejercicio de sus funciones, el Departamento, el

Consejo Técnico, y el Patronato, se ajustarán a las disposiciones de la

Ley General de Asistencia.

Artículo 228.- Los gastos que dicho Departamento demande, se pagarán

de la subvención que el Estado le asigne de conformidad con las Leyes de

Ordenanza. Fiscal, en virtud de las rentas creadas por leyes especiales

para esa campaña. A tal efecto, los fondos que el Instituto Nacional de

Cáncer tiene a su orden en el Banco Nacional de Costa Rica se pondrán en

adelante, en una cuenta especial del mismo Banco, que se llamará "Lucha

contra el Cáncer."

Contra dichos fondos sólo podrán girar, conjuntamente el Director

General de Asistencia y el Ministro de Salubridad.

Artículo 229.- Los servicios que preste el Departamento de Lucha

contra el Cáncer serán gratuitos para todos los habitantes de la República

no asegurados por la Caja Costarricense de Seguro Social.

Artículo 230.- Los bienes inmuebles, inscritos en el Registro General

de la Propiedad, a nombre del Instituto Nacional del Cáncer, serán

traspasados, por aquella Oficina al Departamento de Lucha contra el

Cáncer.

TITULO III

DE LA LUCHA CONTRA INSECTOS TRASMISORES

DE ENFERMEDADES

CAPITULO UNICO

Artículo 231.- Créase la Sección de Lucha contra Insectos Trasmisores

de Enfermedades, dependiente del Departamento de Sanidad y Ingeniería

Sanitaria. El Poder Ejecutivo por medio de decretos declarará zonas de

peligro dentro del territorio nacional, a aquellas regiones en las que

presencia extraordinaria de insectos trasmisores de enfermedades

represente peligro para la salud pública.

Artículo 232.- Una vez hecha la declaración de zonas de peligro,

todos los habitantes están en el deber de colaborar activamente con las

autoridades sanitarias para la realización de las obras de saneamiento y

profilaxis que acuerde el Ministerio de Salubridad.

Artículo 233.- Los dueños, arrendatarios, administradores o

mandaderos de las fincas situadas en las zonas declaradas de peligro,

están obligados a permitir en todo momento la entrada a las autoridades

sanitarias para que realicen las inspecciones y practiquen todas las obras

que el Ministerio de Salubridad estime indispensables para el saneamiento

ambiental, inclusive la apertura y acondicionamiento de drenajes. El

valor de estas obras será costeado por iguales partes entre el Estado y el

propietario del fundo que se beneficie.

Artículo 234.- La importación de productos específicos y de equipo

para esta campaña, que sean recomendados por el Ministerio de Salubridad

estará exenta de todo impuesto fiscal.

Artículo 235.- La Sección de Lucha contra Insectos Trasmisores de

Enfermedades procederá a la elaboración de un reglamento que presentará a

la aprobación del Poder Ejecutivo.

TITULO IV

DE LA SANIDAD DE LOS ALIMENTOS

CAPITULO UNICO

Artículo 236.- Se entiende por alimentos o bebidas todo lo que se

come o se bebe, con excepción de los productos medicinales.

Se equiparan a los alimentos y bebidas todos los que se introducen a

las vías digestivas, sin un fin terapéutico. A tales productos se les

designa con el nombre genérico de "similares".

Artículo 237.- Corresponde al Ministerio de Salubridad, controlar las

organizaciones que tengan por objeto proveer de alimentos a los habitantes

del país y por medio de un Comité de Nutrición formular programas para el

estudio de los problemas nacionales de la nutrición en sus aspectos

fisiológicos, agrícola- ganaderos, económico-fiscal, educativo y social;

verificar los estudios de los datos obtenidos en las investigaciones que

lleve a cabo el mismo y basar en ellos las recomendaciones que haga a las

autoridades del país y al público en general relativas a medidas

aconsejables para el mejoramiento del estado de nutrición del pueblo.

Artículo 238.- Es prohibido importar, fabricar, tener o expender

productos alimenticios:

a) Por se adulterados, falsificados, deteriorados;

b) Por ser prohibidos en el país de su procedencia;

c) Por ser nocivos a la salud o sospechosos de serlo;

d) Por estar envasados en forma que no garantice su pureza, o su

conservación y evite su contaminación o deterioro;

e) Por haber sido fabricados, empacados, almacenados o transportados

en condiciones antihigiénicas por lo cual pudieron haberse contaminado; y

f) Por no responder, ni en el contenido ni en el envase, ni el

rótulo, a las definiciones, especificaciones y disposiciones de reglamento

respectivo.

Artículo 239.- Se considerarán adulterados los productos

alimenticios:

a) Elaborados en contravención de los Reglamentos Bromatológicos;

b) Que hayan sido elaborados en su totalidad o en parte con productos

nocivos, deteriorados, sucios o impropios para el consumo por cualquier

otra razón;

c) Por estar mezclados con sustancias para aumentar su volumen o

peso;

d) Por estar adicionados de agua o de ingredientes sucedáneos o

sustitutos que aminoren el valor real del producto genuino;

e) Por haber sido privados total o parcialmente de sus principios

alimenticios o de sus componentes útiles; y

f) Que hayan sido coloreados o aromatizados artificialmente o que se

hayan revestido o tengan otras sustancias extrañas, agregadas con el

objeto de disimular una adulteración para engañar al comprador en cuanto

a la clase, origen o calidad.

Artículo 240.- Se consideran falsificados los productos alimenticios:

a) Que siendo imitaciones o productos artificiales se vendan como

productos legítimos o naturales;

b) Que siendo vendidos en envases unitarios, lleven una indicación

falsa de peso o de volumen;

c) Que se hagan conocer al comprador, tanto de palabra, como por

medio de rótulos, con indicaciones falsas o que puedan dar lugar a engaño;

y

d) Que sean vendidos con apariencia y caracteres generales de los

artículos legítimos o protegidos por marcas registradas, y no provengan de

sus verdaderos fabricantes.

Artículo 241.- Se considerarán deteriorados los productos

alimenticios

que se hayan vuelto impropios para el consumo por causas naturales como

humedad, temperatura, micro-organismos, parásitos, prologada o deficiente

conservación, estén descompuestos, rancios, agrios, picados, contaminados,

o hayan sido perjudicados en su calidad y aspecto de elaboración.

Artículo 242.- Es permitido el expendio de productos alimenticios

imitados o artificiales, siempre que no hayan sido elaborados con

sustancias de uso prohibido o con infracción del reglamento respectivo,

pero bajo la expresa condición de que el rótulo indique de modo bien

visible, que no dé lugar a engaño, la palabra imitación o artificial, o

cualquiera otra designación que distinga claramente los productos imitados

o artificiales de los productos naturales.

Artículo 243.- Las autoridades Sanitarias tendrán el derecho cuando

lo juzguen conveniente o necesario de inspeccionar y controlar a cualquier

hora del día o de la noche los establecimientos donde se elaboren o se

tengan en depósito o se expenda productos alimenticios, tanto en lo que se

refiere a los locales, máquinas y demás materiales como a las materias

primas y productos; y es obligación de las firmas comerciales suministrar

cualquier dato útil, así como entregar cualquier muestra para su examen.

Artículo 244.- Los locales que se destinen a la fabricación, depósito

o expendio de productos alimenticios, deberán encontrarse siempre en

perfectas condiciones de limpieza y de ventilación y en todo de acuerdo

con los reglamentos sanitarios.

Es prohibido utilizar estos locales como habitación o dormitorio;

tampoco podrán utilizarse para cocinar o servir comidas si no están

especialmente preparados al efecto. Las máquinas y utensilios empleados

en la fabricación, venta y consumo de productos alimenticios, deberán,

conservarse en perfectas condiciones de uso y limpieza.

Los productos alimenticios deberán mantenerse en los lugares de

depósito o venta, protegidos contra el polvo, las moscas y demás insectos.

Artículo 245.- Las personas que se ocupen en la fabricación,

manipulación o expendio de productos alimenticios, así como en la

fabricación de implementos para la conservación o empaque de los mismos,

deberán proveerse cada seis meses de un certificado médico extendido por

el Departamento de Epidemiología o por los Directores de Unidades

Sanitarias que compruebe que el titular no padece de enfermedad

infecto-contagiosa alguna. Las personas que hayan sufrido una enfermedad

infecto-contagiosa, sólo podrán reanudar sus ocupaciones, después de haber

renovado dicho certificado. En los casos de infracción del presente

artículo, recaerá la responsabilidad en las firmas comerciales en cuyos

negocios se haya cometido.

Artículo 246.- Sin perjuicio de las sanciones respectivas, las

autoridades competentes tendrán el derecho, cuando lo juzguen necesario,

de decomisar, inutilizar o destruir los productos alimenticios elaborados

o puestos en venta con infracción del presente Código o sus Reglamentos.

Artículo 247.- Las penas correspondientes al hecho de tener y

expender productos alimenticios, con infracción del artículo 238, se

aplicarán al fabricante, productor, importador o vendedor al por mayor, si

hay motivos fundados para creer que dichos productos fueron suministrados

tales como se encontraron en manos del expendedor detallista.

Artículo 248.- Toda empresa que elabore comestibles, debidas o

similares dentro de la República, tendrá una persona idónea, la cual será

co-responsable con el propietario o razón social, de la identidad, pureza,

buena preparación, dosificación y conservación de los productos que

elabora. También la tendrán las empresas que importen comestibles,

bebidas o similares, y las que acondicionen o envasen en Costa Rica, en

los casos en que así lo determine el Ministerio de Salubridad, por

considerarlo necesario para la protección del público.

Artículo 249.- A solicitud de los interesados, la Sección de Control

de Alimentos, expedirá certificados para los diversos productos

alimenticios en que se declare la conformidad con el presente Código.

Las muestras remitidas deberán acompañarse del importe para cubrir

los gastos del análisis.

Artículo 250.- Sin perjuicio de la sanción respectiva, la Sección de

Control de Alimentos anulará en cualquier momento los certificados

mencionados en el artículo anterior, caso de que la composición de los

productos alimenticios que se expendan en el comercio no corresponderá con

el análisis general.

Artículo 251.- Nadie podrá establecer en el país una fábrica para la

elaboración de productos alimenticios sin la previa autorización del

Ministerio de Salubridad.

Artículo 252.- Los administradores de aduana no permitirán el

desalmacenaje de productos alimenticios si no es con la previa

autorización del Ministerio de Salubridad.

La autorización la otorgará el Ministerio siempre que los interesados

presenten un certificado en la siguiente forma:

a) Que haya sido extendido por la autoridad sanitaria del país de

origen,

o por la casa productora rubricado por dicha autoridad sanitaria, en

que conste la calidad y pureza de los productos, lo mismo que las

condiciones sanitarias observadas durante su envase o su embalaje;

b) Que especifique concretamente cuáles son los productos que cubre;

c) Que las firmas que lo cubren hayan sido autenticadas por el Cónsul

de Costa Rica respectivo; y

d) Que ampare todos los embarques de los productos respectivos por el

término de seis meses a lo máximo.

Dicho certificado se registrará bajo un número determinado, tanto en

el Consulado de Costa Rica, como en el Ministerio de Salubridad.

TITULO V

DE LA SANIDAD DE LAS POBLACIONES

CAPITULO I

Disposiciones Generales

Artículo 253.- En la formación de nuevas ciudades o poblaciones y

apertura de nuevas calles, no se podrán trazar ni orientar éstas sin la

aprobación del Ministerio de Salubridad.

Artículo 254.- No se podrá construir edificios en las nuevas calles

si no se han hecho previamente los trabajos necesarios de saneamiento,

como la construcción de desagües, alcantarillado, instalación de cañería

de agua potable y los rellenos o nivelación de los terrenos para evitar

los estancamientos de agua de cualquier clase.

Artículo 255.- Los planos de toda nueva construcción deberán ser

necesariamente aprobados por el Departamento de Sanidad e Ingeniería

Sanitaria. La inspección de las obras o construcciones autorizadas se

mantendrá durante el curso de los trabajos con el fin de prevenir o

subsanar a tiempo todo defecto sanitario o de construcción que se

advierta.

Artículo 256.- La Construcción, modificación o reparación de los

sistemas de cloacas y tanques sépticos de todas las poblaciones de la

República, estará bajo el control técnico y la vigilancia del Ministerio

de Salubridad.

Artículo 257.- El Departamento de Sanidad e Ingeniería Sanitaria

tendrá a su cargo el levantamiento de planos para sistemas de cloacas y

tanques sépticos; el diseño de plantas de depuración; la vigilancia y

control de las aguas residuales de las mismas plantas; y el estudio y

examen de las aguas de los ríos que reciben los residuos depurados de los

sistemas de cloacas.

Artículo 258.- Serán gratuitos los proyectos, planos y diseños y

todos los demás servicios de su ramo que proporcione dicho Departamento a

las Municipalidades y a cualquier otro organismo oficial.

Artículo 259.- Las Municipalidades estarán obligadas a entubar el

afluente de sus plantas de purificación hasta descargarlas en cursos de

aguas no potables ni destinadas a usos domésticos.

Artículo 260.- Derógase la ley Nº 6 de 25 de setiembre de 1942 sobre

construcción de sistemas de cloacas y tanques sépticos.

CAPITULO II

De los Abusos de Aguas Potables

Artículo 261.- Las aguas de los manantiales y ríos, en cualquier

parte del territorio nacional donde se encuentren son del dominio público

y estarán afectadas al servicio de cañería de las poblaciones donde se

hallen, según lo disponga el Poder Ejecutivo.

Artículo 262.- Corresponde exclusivamente al Ministerio de Salubridad

la calificación de la potabilidad de las aguas que se destinen al abasto

de las poblaciones.

Artículo 263.- Se declaran como reserva de dominio a favor de la

Nación:

a) Las tierras que circunden los sitios de captación o tomas

surtidoras de agua potable en un radio no menor de doscientos metros; y

b) La zona forestal que proteja o deba proteger el conjunto de

terrenos en que se produce la infiltración de aguas potables, así como el

de los que dan asiento a cuencas hidrográficas y márgenes de depósito,

fuentes surtidoras o curso permanente de las misma aguas.

Artículo 264.- Cuando exista por cualquier circunstancia peligro de

contaminación, ya sea en las aguas superficiales o en las subterráneas, el

Ministerio de Salubridad podrá declarar áreas mayores de las anteriormente

señaladas, como reserva de dominio a favor de la Nación y tomar las

medidas que juzgue oportunas para evitar tal peligro.

Artículo 265.- La construcción, administración y control

médico-sanitario de los servicios de aguas potables estarán a cargo del

Ministerio de Obras Públicas; Municipalidades y Ministerio de Salubridad,

respectivamente.

Artículo 266.- El Ministerio de Salubridad no autorizará la

construcción de ningún servicio de aguas potables si no es de acuerdo con

un plan general que elaborará tomando en cuenta el estado sanitario de las

poblaciones, la incidencia de enfermedades de origen hídrico, las

posibilidades económicas del Estado, y el aporte de los vecinos.

Artículo 267.- Las Municipalidades no podrán en ningún caso ordenar

la desconexión del servicio de cañería a los contribuyentes por el hecho

de estar en mora en el pago de sus impuestos municipales. Tampoco podrán

los propietarios de casas o locales privar a sus inquilinos del servicio

de cañería por ningún concepto.

Artículo 268.- Será reprimido con multa de dos a ciento veinte

colones o el arresto equivalente, aquél que haga uso indebido o

desperdicio de agua potable de las cañerías de cualquier localidad del

país.

Artículo 269.- Deróganse las leyes, Nº 16 de 30 de octubre de 1941 y

Nº 184 de 13 de agosto de 1942 sobre abastos de agua potable y sobre

desperdicios de agua de las cañerías.

CAPITULO III

De la Sanidad de las Vía Públicas y Recolección de Basuras

Artículo 270.- El servicio de recolección, acarreo y disposiciones de

basuras, así como la limpieza de caños, acequias, alcantarillas, vías y

parajes públicos estará a cargo de las Municipalidades las cuales podrán

realizarlo por administración o mediante contratos con empresas o

particulares que se otorgarán de acuerdo con las formalidades legales y

que requerirán para su validez la aprobación del Ministerio de Salubridad.

Artículo 271.- Es prohibido arrojar cáscaras, papeles, desechos y

toda otra clase de basuras, a las aceras, desagües, alcantarillas, vías y

pasajes públicos. Las Municipalidades dispondrán la colocación de

recipientes para el servicio público en la forma y lugar que menos afecten

el tránsito y el ornato de las poblaciones.

Artículo 272.- El servicio de recolección, acarreo y disposición de

basuras deberán llevarlo a cabo las Municipalidades o los contratistas

llenando al efecto los requisitos sanitarios que fijan las leyes y los

reglamentos.

Artículo 273.- Es obligación de los habitantes del país ayudar a

convertir las basuras y desechos orgánicos de origen vegetal y animal en

abonos, cooperando así en la obra de reconstrucción del suelo.

Artículo 274.- Todos los vehículos destinados al servicio público

para el transporte de personas o productos alimenticios estarán sujetos a

las medidas higiénicas que fijen los reglamentos.

Artículo 275.- En las capitales de provincia y poblaciones de más de

cinco mil habitantes, nadie podrá establecer puestos para la venta de

productos alimenticios en las aceras, plazas y parajes públicos, sin la

previa autorización del Jefe de Sanidad, el cual fijará en cada caso las

condiciones sanitarias para su instalación y funcionamiento.

TITULO VI

DE LA SANIDAD DE LAS HABITACIONES

CAPITULO I

De las Construcciones Propiamente Dichas

Artículo 276.- En las ciudades cabeceras de provincia o de cantón no

podrá procederse a la construcción o reconstrucción parcial o total de una

casa o edificio sin permiso del Departamento de Sanidad e Ingeniería

Sanitaria, el que será concedido si del examen de los planos que deberá

presentar el interesado resulta que se cumplen las prescripciones de los

Reglamentos Sanitarios y de construcciones. Con ese objeto el Ministerio

de Salubridad procederá a organizar en las cabeceras de provincia,

Secciones Técnicas del Departamento referido, dirigidas por un ingeniero

del ramo.

Los anteriores requisitos podrán hacerse extensivos a poblaciones

menores, cuando lo juzgue conveniente el Ministerio de Salubridad, por

medio de decretos ejecutivos.

Artículo 277.- En el caso de que el permiso a que se refiere el

artículo anterior sea negado, puede el interesado interponer recurso de

alzada ante el Ministro de Salubridad, quien lo resolverá oyendo al

funcionario que negó el permiso y al interesado, todo sumariamente.

Artículo 278.- Para la construcción de hospitales, hospicios, asilos,

sanatorios, casas de salud, escuelas, colegios, casas de obreros,

cuarteles, cárceles, teatros, hoteles y cualquier otro local de servicio

público deberán obtenerse la aprobación previa del Departamento de Sanidad

e Ingeniería Sanitaria.

La contravención a lo dispuesto en este artículo y en el anterior,

será penada con la paralización de la obra hasta que se llenen los

requisitos establecidos, sin lugar a indemnización y sin perjuicio de la