ARTICULO 2.- El Poder Judicial sólo está sometido a la Constitución Política y la ley. Las resoluciones que dicte, en los asuntos de su competencia, no le imponen más responsabilidades que las expresamente señaladas por los preceptos legislativos.

No obstante, la autoridad superior de la Corte prevalecerá sobre su desempeño, para garantizar que la administración de justicia sea pronta y cumplida.

(Así reformado por el artículo 1º de la Ley de Reorganización Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)

    ARTICULO 3.- Administran la justicia:

1.-Juzgados y tribunales de menor cuantía, contravencionales y de asuntos sumarios.

2.-Juzgados de primera instancia y penales.

3.-Tribunales colegiados.

4.-Tribunales de casación.

5.-Salas de la Corte Suprema de Justicia.

6.-Corte Plena.

    La Corte Suprema de Justicia establecerá el número de jueces tramitadores y decisores, así como de los otros servidores judiciales que deben tener los tribunales de cualquier categoría y materia; para ello, tomará en consideración las necesidades propias del despacho, en aras de la mejor realización del servicio público de la justicia.

    Cuando en un tribunal existan dos o más jueces, el coordinador del órgano será elegido internamente por sus iguales.

    Si los despachos jurisdiccionales se organizaren en un circuito judicial, los jueces nombrarán entre ellos al coordinador general. 

    El juez que conozca de un proceso tendrá la facultad de ordenar lo que corresponda, para el cumplimiento de sus funciones y, en cada asunto, tendrá la potestad de ejercer el régimen disciplinario. En los demás casos, esa potestad le corresponde al cuerpo de jueces y los acuerdos se tomarán por mayoría; si hubiere empate, el coordinador tendrá doble voto.

    En las resoluciones y las actuaciones, deberán consignarse el nombre y los apellidos del funcionario a cargo del proceso.

    Los tribunales colegiados estarán conformados por el número de jueces que se requieran para el buen servicio público y actuarán individualmente o en colegios de tres de ellos, salvo que la ley disponga otra forma de integración.

    El coordinador distribuirá la carga de trabajo, aplicando los criterios que hayan fijado los jueces con anterioridad y buscando siempre la mayor equidad. Cuando no se pongan de acuerdo, el Consejo Superior del Poder Judicial o la Corte Suprema de Justicia, según corresponda, fijará las reglas.

(Así reformado por el artículo 1º de la Ley de Reorganización Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)

ARTICULO 4.- Ningún tribunal puede avocar el conocimiento de causas

pendientes ante otro. En casos muy calificados, se puede pedir un

expediente ad effectum videndi, por no más de diez días.

Si el expediente fuere retenido, injustificadamente, por mayor

tiempo, se impondrá al omiso, salvo en el caso de fuerza mayor, una de

las sanciones establecidas en el artículo 195, la cual será acordada si

lo solicita parte interesada.

ARTICULO 6.- Los tribunales se prestarán mutuo auxilio para la

práctica de todas las diligencias que fueren necesarias y se ordenaren en

la sustanciación de los asuntos judiciales.

ARTICULO 6 bis.- Tendrán la validez y eficacia de un documento

físico original, los archivos de documentos, mensajes, imágenes, bancos

de datos y toda aplicación almacenada o transmitida por medios

electrónicos, informáticos, magnéticos, ópticos, telemáticos o producidos

por nuevas tecnologías, destinados a la tramitación judicial, ya sea que

contengan actos o resoluciones judiciales. Lo anterior siempre que

cumplan con los procedimientos establecidos para garantizar su

autenticidad, integridad y seguridad.

Las alteraciones que afecten la autenticidad o integridad de dichos

soportes los harán perder el valor jurídico que se les otorga en el

párrafo anterior.

Cuando un juez utilice los medios indicados en el primer párrafo de

este artículo, para consignar sus actos o resoluciones, los medios de

protección del sistema resultan suficientes para acreditar la

autenticidad, aunque no se impriman en papel ni sean firmados.

Las autoridades judiciales podrán utilizar los medios referidos para

comunicarse oficialmente entre sí, remitiéndose informes, comisiones y

cualquier otra documentación. Las partes también podrán utilizar esos

medios para presentar sus solicitudes y recursos a los tribunales,

siempre que remitan el documento original dentro de los tres días

siguientes, en cuyo caso la presentación de la petición o recurso se

tendrá como realizada en el momento de recibida la primera comunicación.

(NOTA DE SINALEVI:  Mediante el artículo 62 inciso b) de la ley N° 8687 de 4 de diciembre de 2008, se indica derogar  del artículo 6 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial la frase que indica "siempre que remitan el documento original dentro de los tres días siguientes, en cuyo caso la presentación de la petición o recurso se tendrá como realizada en el momento de recibida la primera comunicación."  Dicha derogación fue practicada en el texto de la Ley N° 8 de 29 de noviembre de 1937 que es la Ley Orgánica original y vigente del Poder Judicial, ya que la No. 7333 es un reforma integral de aquélla).

La Corte Suprema de Justicia dictará los reglamentos necesarios para

normar el envío, recepción, trámite y almacenamiento de los citados

medios; para garantizar su seguridad y conservación; así como para

determinar el acceso del público a la información contenida en las bases

de datos, conforme a la ley.

(Así adicionado este artículo por el numeral 9º de la Ley de

Reorganización Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)

ARTICULO 7.- Para ejecutar resoluciones o practicar las actuaciones

que ordenen, los tribunales podrán requerir el auxilio de la fuerza

pública y de los otros medios de acción conducentes.

Los particulares quedan obligados a prestar el auxilio que se les

solicite y que puedan dar.

(Así reformado por el artículo 1º de la Ley de Reorganización

Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)

ARTICULO 8.- Los funcionarios que administran justicia no podrán:

1.- Aplicar leyes ni otras normas o actos de cualquier naturaleza,

contrarios a la Constitución Política o al derecho internacional

o comunitario vigentes en el país. Si tuvieren duda sobre la

constitucionalidad de esas normas o actos, necesariamente

deberán consultar ante la jurisdicción constitucional.

Tampoco podrán interpretarlos ni aplicarlos de manera contraria a

los precedentes o la jurisprudencia de la Sala Constitucional.

2.- Aplicar decretos, reglamentos, acuerdos y otras disposiciones

contrarias a cualquier otra norma de rango superior.

3.- Expresar y aun insinuar privadamente su opinión respecto de los

asuntos que están llamados a fallar o conocer.

Aparte de la sanción disciplinaria que se impondrá al

funcionario, el hecho deberá ser puesto en conocimiento del

Ministerio Público.

4.- Comprometer u ofrecer su voto, o insinuar que acogerán esta o

aquella otra designación al realizar nombramientos

administrativos o judiciales. Se sancionará con suspensión a

quien se compruebe ha violado esta prohibición.

Las prohibiciones establecidas en los incisos 3) y 4) son aplicables

a todos los servidores judiciales, en el ejercicio de sus funciones.

(Así reformado por el artículo 1º de la Ley de Reorganización

Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)

ARTICULO 9.- Se prohíbe a todos los funcionarios y empleados del

Poder Judicial:

1.- Ejercer, fuera del Poder Judicial, la profesión por la que

fueron nombrados, con derecho a recibir por ello, en los casos

en que legalmente corresponda, pago por dedicación exclusiva o

prohibición, aunque estén con licencia, salvo en los casos de

excepción que esta Ley indica.

La prohibición a que se refiere este inciso no será aplicable a

los profesionales que la Corte autorice, siempre que no haya

superposición horaria y no se desempeñen como administradores de

justicia o sus asesores, fiscales o defensores públicos, jefes

de oficina, ni en otros cargos en que la Corte lo considere

inconveniente. Los profesionales autorizados no percibirán

sobresueldo por dedicación exclusiva ni por prohibición; tampoco

podrán reingresar a ninguno de estos regímenes.

2.- Facilitar o coadyuvar, en cualquier forma, para que personas no

autorizadas por la ley ejerzan la abogacía, o suministrarles a

estas datos o consejos, mostrarles expedientes, documentos u

otras piezas.

Será destituido de su cargo, el funcionario o empleado que

incumpla lo establecido en los incisos 1) y 2) de este artículo.

3.- Desempeñar cualquier otro empleo público. Esta prohibición no

comprende los casos exceptuados en la ley ni el cargo de

profesor en escuelas universitarias, siempre que el Consejo

Superior del Poder Judicial así lo autorice y las horas lectivas

que deba impartir, en horas laborales, no excedan de cinco por

semana.

4.- Dirigir felicitaciones o censura por actos públicos, a

funcionarios y corporaciones oficiales. Se exceptúan los asuntos

en que intervengan, en defensa de intereses legítimos y derechos

subjetivos y en los casos en que la ley lo permita.

5.- Cualquier participación en procesos políticos electorales, salvo

la emisión de su voto en elecciones generales.

6.- Tomar parte activa en reuniones, manifestaciones y otros actos

de carácter político electoral o partidista, aunque sean

permitidos a los demás ciudadanos.

7.- Interesarse indebidamente y de cualquier modo, en asuntos

pendientes ante los tribunales, o externar su parecer sobre

ellos.

8.- Servir como peritos en asuntos sometidos a los tribunales, salvo

si han sido nombrados de común acuerdo por todas las partes o en

causas penales, o si deben cumplir esa función por imperativo

legal. En ningún caso, podrán recibir pago por el peritaje

rendido.

9.- Recibir cualquier tipo de remuneración de los interesados en un

proceso, por actividades relacionadas con el ejercicio del

cargo.

Los servidores que incurran en los hechos señalados en este artículo

serán corregidos disciplinariamente, según la gravedad de la acción, con

una de las sanciones establecidas en el artículo 195 de la presente Ley.

Las prohibiciones a las que se refieren los incisos 1) y 3) no son

aplicables a los servidores que no se desempeñen a tiempo completo.

(Así reformado por el artículo 1º de la Ley de Reorganización

Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)

ARTICULO 10.- Cuando hayan de practicarse diligencias fuera del

perímetro judicial de la oficina, que ameriten gastos de traslado,

alimentación y hospedaje, que deban cubrir los interesados en un proceso,

el Despacho dictará resolución indicando los correspondientes montos,

conforme se establezca legalmente. Esa suma deberá depositarla, de

previo, el interesado en la cuenta corriente del respectivo despacho

judicial, el cual girará el monto al servidor que prestó el servicio.

ARTICULO 11.- Todo servidor judicial deberá prestar el juramento

requerido por la Constitución Política y en los casos que la ley señala.

Prestado el juramento, queda autorizado para tomar posesión del cargo y

gozará de un término de hasta quince días para rendir caución, con

excepción de los Magistrados, quienes deberán rendirla previamente.

Los Magistrados prestarán el juramento ante la Asamblea Legislativa.

Los miembros del Consejo Superior del Poder Judicial, los jueces y sus

respectivos suplentes, los Inspectores Judiciales, el Fiscal General de

la República, el Director y el Subdirector del Organismo de Investigación

Judicial, el Jefe y el Subjefe de la Defensa Pública, el Director

Ejecutivo, el Auditor, el Secretario General de la Corte y los miembros

de consejos o comisiones que nombre la Corte Suprema de Justicia o el

Consejo Superior del Poder Judicial, prestarán el juramento ante el

Presidente de la Corte. Los jueces de menor cuantía y contravencionales,

así como sus suplentes y los árbitros, ante el juez civil de la provincia

o del circuito judicial respectivo; los demás servidores subalternos de

los tribunales o los departamentos administrativos, ante el superior

jerárquico respectivo.

Los miembros del Ministerio Público prestarán juramento ante el

Fiscal General; los servidores de la Defensa Pública, ante el jefe; los

servidores del Organismo de Investigación Judicial, ante su Director, y

los restantes servidores del Poder Judicial, ante el Director Ejecutivo.

Todas las juramentaciones se asentarán en un libro que, para tal

efecto, se llevará en el despacho respectivo.

(Así reformado por el artículo 1º de la Ley de Reorganización

Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)

ARTICULO 12.- Sin perjuicio de los otros requisitos exigidos por la

ley, para ingresar al servicio judicial se requiere estar capacitado,

mental y físicamente, para desempeñar la función, según su naturaleza.

Sin embargo, no podrán ser nombradas las personas contra quienes

haya recaído auto firme de apertura a juicio; tampoco los condenados por

delito a pena de prisión; los que estén sometidos a pena de

inhabilitación para el desempeño de cargos u oficios públicos; ni los

declarados judicialmente en estado de quiebra o insolvencia; los que

habitualmente ingieran bebidas alcohólicas en forma excesiva, consuman

drogas no autorizadas o tengan trastornos graves de conducta, de modo que

puedan afectar la continuidad y la eficiencia del servicio.

(Así reformado por el artículo 1º de la Ley de Reorganización

Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)

ARTICULO 14.- Cuando quedare vacante un puesto de administración de

justicia, con la excepción del de Magistrado, para llenar la vacante en

propiedad, la Corte o el Consejo deberá pedir al Consejo de la Judicatura

que le envíe una terna constituida entre los funcionarios elegibles. Si

abierto el concurso no se presentare ningún candidato, se seguirá el

procedimiento establecido en la Ley de Carrera Judicial.

Igual procedimiento se aplicará para hacer un nombramiento interino

por más de tres meses.

ARTICULO 16.- Al efectuarse un nombramiento en propiedad, el Consejo

puede disponer que la persona elegida sea ubicada en otro despacho por un

período no mayor de tres meses, para que, bajo la dirección del titular

de esa otra oficina, se capacite para el desempeño del cargo. Lo anterior

se efectuará en coordinación con la Escuela Judicial.

ARTICULO 17.- Los Magistrados durarán en sus funciones el tiempo que

determine la Constitución Política y los restantes funcionarios que

administran justicia, que no se encuentran admitidos en la Carrera

Judicial, durarán seis años.

Si iniciado el período de un funcionario, ocurriere una vacancia por

cualquier motivo, quien lo reponga se tendrá por nombrado para el resto

de ese período, salvo en lo dispuesto por la Constitución Política, en

cuanto a Magistrados.

ARTICULO 18.- Cuando la Corte Suprema de Justicia o el Consejo

Superior del Poder Judicial, en su caso, tenga duda sobre la corrección

de cualquier servidor judicial, de modo que se dé una pérdida de

confianza, podrá separarlo de su cargo para el mejor servicio público.

Cuando no se trate de funcionarios o empleados de confianza, deberá

tramitarse la correspondiente información, en cumplimiento del debido

proceso, que garantice el derecho de defensa del interesado.

ARTICULO 19.- Para poder ejercer válidamente los cargos, los

Magistrados deben rendir caución por la suma correspondiente a veintiocho

salarios base. Los miembros del Consejo Superior del Poder Judicial, el

Director Ejecutivo, el Subdirector Ejecutivo, el Auditor, el Jefe y

Subjefe de los Departamentos Financiero Contable y de Proveeduría, los

jefes de las Secciones de Tesorería y de Almacén, y los jefes y

encargados de las unidades administrativas regionales y subregionales, la

rendirán por catorce salarios base; los jueces de casación y los jueces

del Tribunal Colegiado, por siete salarios base; los jueces, por cuatro

salarios base y todos los demás servidores del Poder Judicial, que por

ley deban rendir garantía, por tres salarios base. Esta disposición no

comprende a los suplentes ni a los interinos que sustituyan a un servidor

judicial por un tiempo menor de tres meses.

Para los efectos de este artículo, se entenderá por salario base el

salario base mensual del oficinista 1 del Poder Judicial, de acuerdo con

la relación de puestos de la Ley de Presupuesto Ordinario de la

República.

En caso de traslado o permuta de servidores judiciales de la misma

categoría, las cauciones rendidas serán válidas para el ejercicio de los

nuevos cargos, sin perjuicio de que se ordene completarlas, de ser

necesario. En el documento respectivo, se hará constar que el garante

consiente en que si el servidor se traslada al desempeño de otro cargo de

igual categoría, se tenga por subsistente la garantía para el nuevo

puesto.

(Así reformado por el artículo 1º de la Ley de Reorganización

Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)

ARTICULO 20.- La garantía puede consistir en hipoteca, fianza,

póliza de fidelidad del Instituto Nacional de Seguros o un depósito en

efectivo.

Para la calificación de la garantía y el otorgamiento de la

escritura, en su caso, se seguirán, en lo conducente, las prescripciones

del Código Fiscal y los decretos respectivos.

ARTICULO 21.- La garantía se extingue un año después de la fecha en

que el funcionario terminó su período o cesó en sus funciones. Pero si ya

hubiere juicios pendientes de responsabilidad contra él, la garantía

quedará afecta a lo que en ellos se declare.

Si hubiere reelección de algún funcionario, deberá rendirse y

calificarse de nuevo su garantía.

ARTICULO 22.- Para cancelar la garantía, el interesado ocurrirá al

Ministerio de Hacienda, el cual, si ha transcurrido el tiempo necesario,

citará mediante edictos publicados en el diario oficial, a quienes tengan

alguna objeción que hacer a la cancelación, para que, dentro de quince

días, se presenten a ejercitar su derecho. Si nadie ocurriere en ese

término, que contará desde el día siguiente de la publicación del primer

edicto, el Ministerio de Hacienda mandará a hacer la cancelación de la

hipoteca o la devolución del depósito; pero si ocurre alguno que

justifique haber entablado en tiempo el juicio de responsabilidad, se

suspenderá la orden de cancelación o devolución, mientras no se concluya

el juicio.

ARTICULO 23.- Los trámites indicados en el artículo anterior no son

necesarios cuando se trate de garantía fiduciaria, la cual queda

extinguida cuando se realicen las condiciones indicadas en el artículo

21.

ARTICULO 24.- La extinción de la que se habla en el artículo 21 se

refiere únicamente a la garantía, pues la acción de responsabilidad

contra el funcionario se rige por los términos ordinarios de la

prescripción.

ARTICULO 25.- No pueden administrar justicia:

1.- Quien sea cónyuge, ascendiente o descendiente, hermano, cuñado,

tío, sobrino carnal, suegro, yerno, nuera, padrastro, hijastro,

padre o hijo adoptivo de un superior que pueda conocer en grado

de sus resoluciones. Esta prohibición no compromete las

relaciones de familia entre los Magistrados-suplentes, que

accidentalmente puedan integrar una Sala, de acuerdo con lo

dispuesto en la Constitución Política, y los funcionarios

ordinarios del Poder Judicial. Aquellos deben declararse

inhibidos para conocer los asuntos en que hayan intervenido sus

parientes.

2.- Quien sea pariente por consanguinidad o afinidad, dentro del

segundo grado inclusive, de un integrante de un tribunal

colegiado.

3.- Quien tenga motivo de impedimento o que haya sido separado por

excusa o recusación en determinado negocio.

ARTICULO 26.- En cumplimiento de las condiciones y procedimientos

que establece esta Ley, las funciones de los que sirven puestos

judiciales cesan por:

1.- Muerte del funcionario o empleado.

2.- Haber terminado el período de su nombramiento o el negocio que

le tocó conocer, o la falta que hubiera sido llamado a suplir,

salvo lo dispuesto en los artículos 64 y 65 de esta Ley, en

cuanto a Magistrados suplentes.

3.- Revocatoria de nombramiento.

4.- Separación para el mejor servicio público.

5.- Renuncia aceptada.

6.- Impedimento material del funcionario o empleado, que dure más de

seis meses.

7.- Encontrarse un juez inferior, respecto de un juez superior, en

el caso de parentesco indicado en el inciso 1) del artículo 25.

8.- Haber contraído matrimonio que lo haga incurrir en la

prohibición prevista en los incisos 1) y 2) del artículo 25.

9.- Haber sido condenado, en sentencia firme, por algún delito que

merezca pena de inhabilitación para el desempeño de cargos u

oficios públicos, y por haber sido declarado, judicialmente, en

estado de quiebra o insolvencia.

ARTICULO 27.- Los servidores que desempeñan puestos judiciales serán

suspendidos por las siguientes causas:

1.- Hallarse detenidos preventivamente y mientras dure esa medida.

2.- Haberse dictado contra ellos auto firme de apertura a juicio,

por cualquier delito, doloso o culposo, cometido en ejercicio de

sus funciones. La suspensión se verificará si la Corte Plena o

el Consejo Superior, según corresponda, la considerare

conveniente, por la naturaleza de los hechos atribuidos y para

obtener un mejor servicio público. Para ello, la autoridad

judicial que conozca del asunto, comunicará, a la Corte o al

Consejo, lo resuelto en el procedimiento penal, en el momento

procesal en que el auto adquiera firmeza.

3.- Licencia concedida.

4.- Imposición de la corrección disciplinaria de suspensión.

5.- Separación preventiva.

(Así reformado por el artículo 1º de la Ley de Reorganización

Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)

ARTICULO 28.- Podrá ser destituido de su cargo, siguiendo el

procedimiento establecido y con la previa oportunidad de defensa, el

servidor:

1.- Al que se imponga pena de inhabilitación para el desempeño de

cargos públicos.

2.- Que, por incorrecciones o fallas en el ejercicio de su cargo o

en su vida privada, que pueden afectar el buen servicio o la

imagen del Poder Judicial, se haya hecho acreedor a esa sanción.

3.- Que hubiere llegado a perder alguna de las condiciones

esenciales para el ejercicio de su cargo, o incurra en alguna de

las prohibidas para ello.

4.- Que resultare incompetente o inadecuado para el desempeño de su

cargo.

5.- Que, habitualmente ingiera bebidas alcohólicas de forma

excesiva; consuma drogas no autorizadas o tuviere trastornos

graves de conducta, de forma tal que puedan afectar el servicio.

ARTICULO 29.- Cuando, por impedimento, recusación, excusa u otro

motivo, un servidor tenga que separarse del conocimiento de un asunto

determinado, su falta será suplida del modo siguiente:

1.- A los jueces los suplirán otros del mismo lugar, en la forma que

establezca el Presidente de la Corte. Si estos, a su vez,

tampoco pudieren conocer, serán llamados los suplentes

respectivos y, si la causal comprendiere también a los

suplentes, deberá conocer el asunto el titular del despacho en

que radica la causa, a pesar de la causal que le inhibe y sin

responsabilidad disciplinaria por ese motivo.

2.- Los Magistrados, por los suplentes llamados al efecto. Los

miembros de los tribunales colegiados se suplirán unos a otros

y, en caso de que a todos o a la mayoría les cubra la causal,

por sus suplentes. Cuando la causal cubra a propietarios y

suplentes, el caso deberá ser conocido por los propietarios, no

obstante la causal y sin responsabilidad disciplinaria respecto

de ellos.

3.- Los demás servidores serán suplidos por otros del mismo despacho

y de igual categoría; si no los hubiere, por el inferior

inmediato y a falta de estos se designará a un servidor para el

caso.

(Así reformado por el artículo 1º de la Ley de Reorganización

Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)

ARTICULO 30.- Cuando por impedimento, recusación o excusa, un

funcionario que administra justicia haya sido reemplazado por otro, según

las reglas del artículo anterior, el expediente, si hubiere sido enviado

a otro despacho, volverá a la oficina de origen para su fenecimiento, al

desaparecer el motivo que originó el reemplazo.

ARTICULO 31.- A falta de regla expresa sobre impedimentos, excusas y

recusaciones, se estará a lo dispuesto en el Código Procesal Civil, en

cualquier materia, salvo en la jurisdicción constitucional la cual se

regirá por sus propias normas y principios.

Los motivos de impedimento y recusación, previstos en los códigos y

leyes procesales, comprenden a los servidores judiciales, incluso a los

auxiliares y administrativos que, de algún modo, deban intervenir en el

asunto, debiendo ser sustituidos para el caso concreto.

ARTICULO 32.- Las faltas temporales se llenarán del modo siguiente:

1.- Las del Presidente de la Corte, por el Vicepresidente o el

Magistrado que la Corte designe; las de los presidentes de las

Salas, por el Magistrado con mayor tiempo de servicio en el

respectivo tribunal o, en igualdad de tiempo, por el de título

más antiguo en el Catálogo del Colegio de Abogados. Esta última

regla se aplicará en los Tribunales Superiores o en cualquier

otro tribunal colegiado.

2.- Las de los demás Magistrados, por Magistrados suplentes,

escogidos en sorteo por el Presidente de la Corte. Si el número

de suplentes fuere insuficiente, se pedirá a la Asamblea

Legislativa que, siguiendo el procedimiento para la selección de

Magistrados suplentes, designe los que resulten necesarios para

el caso.

3.- Las de los miembros del Consejo Superior del Poder Judicial, por

sus suplentes.

4.- Las de los jueces, por los suplentes, cuando sea necesaria la

sustitución.

Los suplentes deben reunir los mismos requisitos que los

propietarios.

(Así reformado por el artículo 1º de la Ley de Reorganización

Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)

ARTICULO 33.- En los tribunales colegiados de la misma materia y

categoría, sus integrantes podrán sustituirse recíprocamente, cuando por

cualquier motivo justificado no puedan asistir al despacho o conocer de

determinados asuntos.

La misma regla podrá aplicarse a los integrantes de las diferentes

secciones de un mismo tribunal o de tribunales diferentes, siempre que

sean de igual materia y categoría.

La designación será efectuada por los tribunales o secciones, en la

forma en que lo estimen más conveniente o, en su defecto, por el

Presidente de la Corte.

Todo caso de sustitución, de conformidad con este artículo, deberá

comunicarse, inmediatamente, a la Secretaría del Consejo.

ARTICULO 34.- Las faltas absolutas se llenarán del modo siguiente:

1.- Las de los Magistrados, en la forma prevista en la Constitución

Política. En este caso, el Presidente de la Corte, de inmediato,

deberá poner la falta en conocimiento de la Asamblea

Legislativa, a fin de que llene la vacante.

2.- Las de los demás funcionarios y empleados, mediante nuevos

nombramientos.

ARTICULO 35.- En los casos de falta absoluta de jueces el órgano

competente podrá demorar el nombramiento definitivo hasta por tres meses,

mientras tanto llamará al suplente respectivo al ejercicio de las

funciones o nombrará un sustituto en forma interina.

(Así reformado por el artículo 1º de la Ley de Reorganización

Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)

ARTICULO 36.- Los funcionarios judiciales que puedan tener a su

orden personas detenidas, deben residir a una distancia no mayor de

treinta kilómetros del asiento del tribunal, siempre que entre éste y el

lugar de su residencia existan buenos medios de comunicación, de modo que

no se afecte el deber de asistencia.

ARTICULO 37.- La obligación de residencia cesa cuando el funcionario

o empleado goce de licencia o de vacaciones.

ARTICULO 38.- La obligación de asistencia cesa:

1.- En los mismos casos que expresa el artículo anterior.

2.- En los días inhábiles, considerándose por tales los que por ley

sean feriados, los días sábados y domingos y los que el Consejo

Superior del Poder Judicial declare de asueto para los

servidores del ramo, con la debida anticipación. Lo anterior,

sin perjuicio de la obligación de asistencia que tienen los

servidores que deben desempeñar sus funciones en esos días u

horas inhábiles, con reconocimiento de los derechos y beneficios

contemplados en la legislación laboral.

    Artículo 39.-Los servidores judiciales tendrán derecho a vacaciones anuales, en la siguiente forma:

a. Durante los primeros cinco años, dos semanas.

b. Del sexto al décimo año, quince días hábiles.

c. Del undécimo al décimo quinto año, veinte días hábiles.

d. Del décimo sexto al vigésimo, veintitrés días hábiles.

e. Después del vigésimo año, veinticinco días hábiles.

La vigencia de esta reforma regirá para quienes comiencen a laborar en el Poder Judicial en el futuro.

(Así reformado mediante el artículo único de la Ley N° 8527 del 20 de junio del 2006)

ARTICULO 40.- El Consejo Superior del Poder Judicial dictará,

anualmente, un plan de vacaciones en el que dispondrá las medidas que

estime necesarias para que no se afecte el servicio público y procurará

que los Despachos Judiciales no cierren por ese motivo.

Con excepción de la Sala Constitucional, la Corte dictará el plan de

vacaciones para las demás Salas.

ARTICULO 41.- Podrán conceder licencias sin goce de sueldo y con

justa causa:

1.- El Presidente de la Corte a los Magistrados, cuando el permiso

no exceda de tres meses.

2.- La Corte a los Magistrados, cuando el permiso exceda de tres

meses.

3.- El Consejo Superior del Poder Judicial, a sus miembros y a los

jefes de todos los despachos judiciales, administrativos y

auxiliares.

4.- Los jefes de oficina, a sus respectivos subalternos.

ARTICULO 42.- Cuando un servidor judicial sea incapacitado por

enfermedad, la Dirección Ejecutiva tramitará la licencia con goce de

sueldo. Cuando se trate de un Magistrado, esa función le compete al

Presidente de la Corte. El servidor recibirá lo necesario hasta completar

su salario a partir del monto que reciba de la Caja Costarricense del

Seguro Social y, en materia de riesgos profesionales, lo que indique la

ley respectiva.

Tanto el servidor sustituto como los subalternos que hubiere

necesidad de ascender o nombrar interinamente, por causa de la licencia,

devengarán las dotaciones ordinarias asignadas a los puestos que vengan a

desempeñar.

Cuando el servidor recupere su salud y no se reintegre a sus

labores, se suspenderá el goce de salario. Si se sospecha que hay

malicia, por parte del empleado al simular una enfermedad, el jefe

inmediato solicitará una nueva valoración del caso al médico tratante.

Si se comprobare simulación, se pondrán los hechos en conocimiento

del órgano competente para ejecutar las sanciones del caso. Si se tratare

de un Magistrado, se comunicará lo pertinente a la Asamblea Legislativa.

ARTICULO 43.- Toda enfermedad que motive licencia con goce de sueldo

deberá ser comprobada con documento en el que conste la incapacidad

extendida por la Caja Costarricense del Seguro Social, el Instituto

Nacional de Seguros, el servicio médico de los empleados del Poder

Judicial, el médico de la respectiva localidad y, si no hubiere alguno de

estos en el lugar, por el de cualquier otro médico.

En todo caso, el documento médico se podrá mandar a ratificar o

ampliar a costa del interesado, bien sea por el mismo médico que lo

extendió, por su superior o por otro.

ARTICULO 44.- Las licencias con goce de sueldo o sin él no pueden

exceder de seis meses. Tampoco pueden exceder de ese término, las que

sumadas en un mismo año se conceden a un empleado o funcionario.

Esta disposición no rige en cuanto a las licencias concedidas al

empleado o funcionario, para desempeñar otro puesto dentro del ramo

judicial o mediante permutas condicionales o de las que se conceden con

goce de sueldo o sin él, por motivos de enfermedad debidamente comprobada

con certificado médico.

Tampoco regirá lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo,

respecto a las licencias con goce o sin goce de sueldo, que conceda la

Corte a los Magistrados, o el Consejo a los demás servidores para

realizar estudios que interesen al Poder Judicial.

En casos muy calificados y para asuntos que interesen al Poder

Judicial, la Corte podrá conceder licencias con goce de sueldo o sin él a

los Magistrados y el Consejo a los demás servidores hasta por un año

prorrogable por períodos iguales, a fin de que los servidores judiciales

se desempeñen temporalmente en otras dependencias del Estado, o bien

cuando les encargue labores y estudios especiales.

Para servir en otra dependencia del Estado, el acuerdo habrá de

adoptarse por las tres cuartas partes del total de Magistrados o miembros

del Consejo, en su caso.

En los casos de plazas extraordinarias, por licencias o interinidad,

el Consejo podrá llenarlas con servidores judiciales que estén nombrados

en propiedad.

Los servidores judiciales tendrán derecho a licencia con goce de

sueldo durante una semana, en los casos de matrimonio del servidor o de

fallecimiento del padre, la madre, un hijo, el cónyuge, compañero o

compañera de convivencia de por lo menos tres años, un hermano o los

suegros que vivieran en su casa.

Asimismo, los servidores varones tendrán derecho a una licencia con

goce de sueldo, durante una semana, cuando naciere un hijo suyo, y las

servidoras a tres meses con goce de sueldo, cuando adopten a un menor de

edad.

Toda servidora judicial en estado de gravidez tendrá derecho a

licencia con su salario completo por cuatro meses, distribuidos un mes

antes y tres meses después del parto. Durante ese período, se pagará a la

respectiva servidora en la forma dispuesta en el artículo 42 de esta Ley,

y la Corte le garantizará los derechos acordados en el artículo 97 del

Código de Trabajo.

ARTICULO 45.- La Corte Plena determinará, mediante acuerdo, los

distintivos personales y los vehículos que puedan usar, exclusivamente,

los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El Consejo Superior del

Poder Judicial lo hará respecto de sus propios miembros, los inspectores

judiciales, el Secretario General de la Corte, los jueces, los defensores

públicos y los miembros del Organismo de Investigación Judicial, y lo

comunicará al Poder Ejecutivo, para que las autoridades dependientes de

ese otro Poder les guarden las consideraciones propias de su posición y

les faciliten el ejercicio de sus funciones. Asimismo, el Consejo

determinará los distintivos que se usarán en todos los demás vehículos

del Poder Judicial.

(Así reformado por el artículo 1º de la Ley de Reorganización

Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)

ARTICULO 46.- Los acuerdos y las disposiciones de la Corte relativas

al establecimiento y la definición de una circunscripción territorial, o

los que conciernan al recargo de competencias, el traslado y la

conversión de despachos judiciales y de cargos o puestos, deberán

fundamentarse en la ineludible eficiencia del servicio, la

especialización de los órganos judiciales y de los tribunales

jurisdiccionales y la equidad necesaria de las cargas de trabajo.

En razón del volumen de trabajo y la obligada eficiencia del

servicio público de la justicia, la Corte podrá nombrar más integrantes

de los tribunales, en forma temporal o definitiva; también podrá abrir y

cerrar - por esas mismas razones- nuevas oficinas y órganos adscritos a

los tribunales, en cualquier lugar del país.

En los tribunales mixtos, la Corte podrá dividir funciones por

materia, de manera que se especialicen los servicios de administración de

justicia. Cuando las necesidades del servicio lo impongan, la Corte podrá

dividir un tribunal mixto en tribunales especializados.

Cuando la carga de trabajo no amerite abrir otro órgano

jurisdiccional ni judicial, la Corte o el Consejo podrán asignar jueces y

otros servidores itinerantes, para que se trasladen a los lugares donde

deba brindarse el servicio con mayor eficiencia.

(Así reformado por el artículo 1º de la Ley de Reorganización

Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)

ARTICULO 47.- Quienes laboran en el Poder Judicial se denominan, en

general, "servidores". Sin embargo, cuando esta Ley se refiere a

"funcionarios que administran justicia" ha de entenderse por tales a los

magistrados y jueces; el término "funcionarios" alude a los que, fuera de

los antes mencionados, tengan atribuciones, potestades y

responsabilidades propias, determinadas en esta Ley y por "empleados", a

todas las demás personas que desempeñen puestos, remunerados por el

sistema de sueldos.

Las prohibiciones establecidas en esta ley se aplicarán tanto a los

servidores judiciales nombrados en propiedad como a los interinos, salvo

disposición legal en contrario. Cuando esta ley mencione "Corte" habrá de

entenderse Corte Suprema de Justicia o Corte Plena y cuando, en los

códigos procesales, se hable de "Ley Orgánica", sin especificación

alguna, se alude a la presente ley; además, las menciones del "Consejo",

deberán entenderse como Consejo Superior del Poder Judicial.

(Así reformado por el artículo 1º de la Ley de Reorganización

Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)

ARTICULO 47 bis.- La Corte Suprema de Justicia podrá ordenar la

destrucción o el reciclaje de los expedientes, siempre que no sean

necesarios para algún trámite judicial futuro, que no tengan interés

histórico, o cuando se encuentren respaldados por medios electrónicos,

informáticos, magnéticos, ópticos, telemáticos o cualquier otro medio con

garantía razonable de conservación. Al efecto se publicarán las listas de

expedientes por destruir en el Boletín Judicial.

Dentro del plazo de ocho días hábiles luego de la primera

publicación, el Archivo Nacional podrá solicitar los expedientes que

estime pertinentes. Las partes también podrán solicitar la devolución de

los documentos aportados, certificación integral o parcial del

expediente, o la entrega del expediente original, salvo en materia penal.

(Así adicionado este artículo por el numeral 9º de la Ley de

Reorganización Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)

TITULO II

DE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACION DE LA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 48.- La Corte Suprema de Justicia es el Tribunal Superior

del Poder Judicial y como órgano superior de éste ejercerá las funciones

de gobierno y de reglamento.

ARTICULO 49.- La Corte Suprema de Justicia se compone de tres Salas

de Casación: Primera, Segunda y Tercera y la Sala Constitucional,

integradas por cinco Magistrados, con excepción de la última que lo será

con siete. En la Sala en que se desempeña el Presidente de la Corte,

cuando las circunstancias lo requieran, a juicio suyo, podrá haber un

Magistrado suplente de tiempo completo que lo sustituirá mientras no

ejerza el cargo, en todos los casos en que no concurra a conocer de los

asuntos propios de su Sala. Dicho Magistrado suplente no integrará la

Corte Plena.

Los asuntos se distribuirán entre las Salas, fundamentalmente por

materias. Si no hubiere ley aplicable que regule la distribución del

trabajo o la competencia entre las Salas, la Corte decidirá el punto,

mediante un acuerdo que publicará en el Boletín Judicial.

ARTICULO 50.- Cada Magistrado podrá contar, al menos, con un abogado

asistente, de su nombramiento, con aprobación del Consejo Superior del

Poder Judicial. Para separarse de su propuesta, el Consejo deberá hacerlo

con el voto de todos sus miembros, en resolución debidamente

fundamentada, en cuyo caso solicitará al Magistrado el envío de otro

candidato. El Presidente de la Corte contará con un Director del Despacho

del Presidente, quien desempeñará las funciones que éste le asigne.

ARTICULO 51.- Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia se

juramentarán ante la Asamblea Legislativa y tomarán posesión de su cargo

a partir de la fecha designada por la Asamblea, siempre que hayan rendido

la garantía.

ARTICULO 52.- Salvo excepción expresa en contrario, para que las

Salas puedan ejercer sus funciones se requiere de la concurrencia de

todos sus miembros.

Cada Sala elegirá a uno de sus miembros como Presidente, con las

facultades y deberes que esta Ley establece. En los casos de separación

del Presidente, o cuando no formara parte del tribunal por cualquier

causa, el Magistrado que corresponda ejercerá la Presidencia, de

conformidad con el artículo 32, inciso 1) de esta Ley.

ARTICULO 53.- La sede de la Corte Suprema de Justicia está en la

capital de la República.

CAPITULO V

DE LA SALA CONSTITUCIONAL

ARTICULO 57.- La Sala Constitucional conocerá:

1.- De los recursos de hábeas corpus y de amparo.

2.- De las acciones de inconstitucionalidad.

3.- De las consultas de constitucionalidad.

4.- De los conflictos de competencia entre los Poderes del Estado,

incluido el Tribunal Supremo de Elecciones y los de competencia

constitucional entre éstos y la Contraloría General de la

República, municipalidades, entes descentralizados y demás

personas de Derecho Público.

CAPITULO VII

DEL PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ARTICULO 60.- El Presidente de la Corte lo será también del Poder

Judicial y, fuera de las otras atribuciones que por ley o reglamento se

le confieren, le corresponden las siguientes:

1.- Representar al Poder Judicial.

2.- Tramitar los asuntos que deben resolver la Corte Suprema de

Justicia y el Consejo Superior del Poder Judicial.

3.- Presidir y fijar el orden del día de las sesiones de la Corte y

del Consejo Superior y convocarlos extraordinariamente, cuando

fuere necesario.

4.- Dirigir los debates durante las sesiones de la Corte y del

Consejo Superior; fijar las cuestiones que hayan de discutirse y

las proposiciones sobre las cuales haya de recaer votación.

5.- Poner a votación los puntos discutidos, cuando a su juicio esté

concluido el debate.

6.- Autorizar con su firma los informes que deben rendirse a los

Poderes del Estado, y los proyectos de ley a los que se refiere

el inciso 2) del artículo anterior.

7.- Presidir cualquier comisión que nombre la Corte o el Consejo,

cuando él lo estime pertinente.

8.- Ejercer el régimen disciplinario sobre los servidores de su

Despacho.

9.- Solicitar el parecer de los demás integrantes de la Corte, para

la decisión de asuntos que le corresponda resolver en forma

exclusiva a él o al Consejo Superior del Poder Judicial.

10.- Proponer a la Corte el nombramiento y la remoción del Secretario

General de la Corte Suprema de Justicia, del Director y

Subdirector Ejecutivos. Por ser estos funcionarios de confianza,

podrán ser removidos discrecionalmente.

11.- Realizar los sorteos para la escogencia de los Magistrados

suplentes que deban sustituir a los titulares.

12.- Comunicar, por medio de la Secretaría, los acuerdos de la Corte

y del Consejo.

13.- Ejecutar, por medio de la Dirección Ejecutiva, las decisiones

administrativas de la Corte y del Consejo.

14.- Ejercer la suprema vigilancia y dirección del Poder Judicial,

sin perjuicio de lo que pueda resolver la Corte o el Consejo.

15.- Efectuar la distribución del trabajo, entre los miembros del

Consejo Superior del Poder Judicial.

16.- Nombrar comisiones especiales para el mejor cumplimiento de las

funciones del Consejo Superior del Poder Judicial.

17.- Resolver las recusaciones e inhibitorias de los miembros del

Consejo Superior del Poder Judicial.

18.- Ejercer la vigilancia del trabajo de la Secretaría y de la

Dirección Ejecutiva del Poder Judicial.

19.- Elevar a conocimiento del Consejo, lo resuelto por una comisión

nombrada por ese Consejo o por el propio Presidente, cuando a

criterio de éste, lo resuelto deba ser revisado.

20.- Convocar a los miembros suplentes del Consejo, cuando fuere

necesario.

21.- Llamar, en casos de urgencia, al ejercicio del cargo a los

suplentes de los funcionarios judiciales o designar interinos en

caso de inopia, para períodos no mayores de dos meses.

22.- Conceder licencias con goce de sueldo, hasta por el plazo de un

mes, en casos justificados, cuando lo considere procedente.

23.- Ejercer las demás atribuciones que le confieran las leyes, la

Corte Suprema de Justicia o el Consejo Superior del Poder

Judicial.

Las funciones anteriores serán desempeñadas por el Vicepresidente de

la Corte, cuando deba suplir al Presidente, en sus ausencias temporales.

CAPITULO VIII

DE LOS PRESIDENTES DE SALA

ARTICULO 61.- Además de las atribuciones que por ley o reglamento se

les confieren a los Presidentes de las Salas, les corresponde:

1.- Abrir y cerrar las sesiones del tribunal, anticipar o prorrogar

las horas del Despacho en caso de que así lo requiera algún

asunto urgente y grave, y convocar extraordinariamente al

tribunal, cuando fuere necesario.

2.- Dar las órdenes convenientes para completar el tribunal, cuando

por cualquier motivo faltare el número de miembros necesarios.

3.- Fijar, conforme a la ley, el orden en que deban verse los

asuntos sujetos al conocimiento del tribunal.

4.- Dirigir los debates y las proposiciones sobre las cuales haya de

recaer la votación.

5.- Poner a votación los asuntos discutidos, cuando el tribunal

estime concluido el debate.

Las resoluciones que el Presidente dictare, en uso de las

atribuciones que se le confieren en este artículo, no podrán prevalecer

contra el voto de la mayoría del tribunal.

    ARTICULO 63.- Los Magistrados suplentes, escogidos por sorteo para reponer la falta temporal de un propietario, desempeñarán sus funciones por el tiempo que dure ésta; los llamados para reponer una falta absoluta, por todo el tiempo que transcurre sin que la Asamblea Legislativa llene la vacante y dé posesión al Magistrado nuevamente electo.

    Sin embargo, si el Suplente estorbare el funcionamiento normal del tribunal, por su irregular asistencia o por cualquier otro motivo calificado, la Sala dará cuenta al Presidente de la Corte para que sea repuesto por nuevo sorteo.

    Cuando algún Magistrado suplente debiera ejercer la Magistratura por un lapso mayor de tres meses, entrará en receso de sus funciones de abogado y notario por todo el tiempo de ese ejercicio; pero al vencer su cargo recobrará, por el mismo hecho, las citadas funciones, sin necesidad de reponer la garantía vigente.

    Los Magistrados suplentes devengarán dietas por día de trabajo o sesión, proporcionales a la remuneración de los propietarios. Cuando fuesen pensionados o jubilados de cualquier régimen, el desempeño del cargo por más de un mes, suspenderá el goce de su pensión o jubilación.

    Cuando el magistrado suplente sea servidor judicial y deba conocer de uno o varios casos en sustitución de un titular, su labor se retribuirá mediante un suplemento salarial, calculado conforme a las reglas que al efecto dictará la Corte Suprema de Justicia; se tendrá como base la forma en que se retribuye la labor de los suplentes, según lo dispuesto en el párrafo anterior. Cuando deba reponer la falta temporal o absoluta de un magistrado propietario, entrará en receso en su puesto en propiedad y se le pagará el salario correspondiente a un magistrado. 

    Las reglas establecidas en el párrafo anterior se aplicarán en el caso en que los servidores judiciales sean nombrados para suplir a jueces".  Rige a partir de su publicación.

   (Así adicionados los dos últimos párrafos por el artículo 1° de la ley N° 8553 del 19 de octubre del 2006)

ARTICULO 64.- Los Magistrados suplentes escogidos por sorteo, para

conocer de un asunto determinado, no podrán separarse de su conocimiento,

salvo en el caso de excusa o impedimento conforme a la ley. Aquel que se

negare sin motivo legal al desempeño de su cargo o el que hiciere

dificultades para que se conozca el asunto será repuesto por otro

Magistrado suplente, escogido mediante sorteo para ese fin. Al remiso, la

Corte le aplicará suspensión por seis meses del ejercicio de la suplencia

y dará cuenta a la Asamblea Legislativa, por si estima del caso separarlo

del todo.

ARTICULO 65.- El Presidente de la Corte podrá, a solicitud del

respectivo Presidente de Sala, llamar Magistrados suplentes al ejercicio

del cargo, por determinados períodos, para que se desempeñen en las Salas

en que estuvieren asignados, para colaborar cuando la Sala no se

encontrare al día en la resolución de los asuntos de su conocimiento o

fuere necesario dedicar, exclusivamente, a un titular para resolver

asuntos de suma complejidad.

CAPITULO X

DE LAS COMISIONES

ARTICULO 66.- Corresponde a la Corte nombrar comisiones permanentes,

especiales y temporales.

Son comisiones permanentes:

1.- El Consejo de Personal, con las atribuciones señaladas en el

Estatuto Judicial y leyes conexas.

2.- El Consejo Directivo de la Escuela Judicial, con las

atribuciones establecidas en la Ley de Creación de la Escuela

Judicial.

3.- La de enlace con el Organismo de Investigación Judicial, que

tendrá como atribuciones principales la de pronunciarse,

previamente, sobre los asuntos relativos a ese Organismo que

deban ser resueltos por la Corte y mantener sobre él una labor

de vigilancia para garantizar una eficiente y correcta función

policial.

4.- La de salud y seguridad ocupacional, que se encargará,

fundamentalmente, de hacer recomendaciones a la Corte y al

Consejo Superior del Poder Judicial, tendientes a lograr una

adecuada política institucional sobre salud y seguridad

ocupacional, según lo dispuesto sobre esa materia en el Código

de Trabajo.

5.- La de relaciones laborales, que debe pronunciarse, por petición

de los interesados, sobre los conflictos derivados de la

fijación y aplicación de la política laboral en general y sobre

el régimen disciplinario, en relación con los empleados del

Poder Judicial, de previo a que esos asuntos sean conocidos por

el órgano que agote la vía administrativa. La consulta deberá

ser evacuada dentro del término de quince días, plazo en el que

no correrá la prescripción.

Esta Comisión estará integrada por seis miembros, tres de ellos

elegidos por la Corte, entre una lista que le someterán a su

consideración todas las organizaciones de empleados del Poder

Judicial. Los otros tres los escogerá libremente la Corte.

6.- Cualquier otra que determine la Corte.

Las comisiones especiales son aquellas que se nombren para el

estudio de un asunto determinado o para el cumplimiento de una misión

específica.

Serán temporales cuando, por la naturaleza del encargo, se

establezca que su cometido debe ser cumplido en un plazo determinado.

Salvo disposición legal en contrario, la Corte integrará las

comisiones, les fijará su competencia, las reglamentará y les designará

su Presidente.

Los dictámenes, informes y recomendaciones de las comisiones no

serán vinculantes para la Corte, pero ésta deberá fundamentar su decisión

cuando se separe de ellos.

El Presidente de la Corte podrá formar parte de cualquier comisión y

cuando lo haga la coordinará.

TITULO III

DEL CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL

CAPITULO I

DE SU ORGANIZACION Y ESTRUCTURA

ARTICULO 67.- El Consejo Superior del Poder Judicial es un órgano

subordinado de la Corte Suprema de Justicia y le corresponde ejercer la

administración y disciplina de ese Poder, de conformidad con la

Constitución Política y de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley, con el

propósito de asegurar la independencia, eficiencia, corrección y decoro

de los tribunales y de garantizar los beneficios de la carrera judicial.

Artículo 68.- Los miembros del Consejo, con excepción de los

magistrados que lo integren, tendrán el mismo salario base de los jueces

del Tribunal de Casación.

(Así reformado por el artículo 3º de la Ley de Reorganización

Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)

ARTICULO 69.- El Consejo estará integrado por cinco miembros, cuatro

de ellos serán funcionarios del Poder Judicial y un abogado externo,

todos de reconocida competencia.

ARTICULO 70.- El Presidente de la Corte es, a su vez, el Presidente

del Consejo. Los restantes miembros serán nombrados, libremente, por la

Corte, por períodos de seis años y no podrán ser reelectos, salvo que las

tres cuartas partes del total de los Magistrados acuerden lo contrario.

ARTICULO 71.- Salvo el Presidente, los tres miembros del Consejo,

que a su vez son funcionarios judiciales, deberán haber laborado para el

Poder Judicial, como mínimo durante cinco años. Dos de ellos serán

escogidos entre los funcionarios que administren justicia y los demás

abogados que trabajan en el Poder Judicial. El otro, entre los restantes

servidores judiciales. Para elegir a este último, la Corte solicitará a

todas las organizaciones de empleados del Poder Judicial, el envío de una

lista de cinco candidatos.

El abogado externo deberá tener experiencia profesional como

litigante, no menor de diez años.

ARTICULO 72.- Excepto el Presidente de la Corte, que será sustituido

según la forma establecida para ese cargo, los restantes miembros del

Consejo tendrán dos suplentes cada uno, quienes deberán reunir los mismos

requisitos que el titular electo por la Corte.

El cese anticipado de un miembro del Consejo dará lugar a su

sustitución por el resto del período.

ARTICULO 73.- Los miembros del Consejo atenderán sus funciones a

tiempo completo y tendrán las mismas prohibiciones e incompatibilidades

que los demás servidores judiciales.

ARTICULO 74.- A quien haya sido designado miembro del Consejo

Superior y ocupe algún cargo dentro del Poder Judicial, se le suspenderá

en el ejercicio de este último, pero conservará el derecho de

reintegrarse a ese puesto, con el salario que corresponda a tal cargo,

una vez que termine en sus funciones como miembro del Consejo. Todo ello

siempre que no hubiere vencido el período para el que fue nombrado en ese

otro puesto o no hubiere sido reelecto en él, o que no hubiere sido

despedido.

ARTICULO 75.- Los miembros del Consejo Superior del Poder Judicial,

propietarios o suplentes en el ejercicio del cargo, no podrán, durante su

mandato, ser promovidos en ascenso mediante nombramientos que dependan

del Consejo.

ARTICULO 76.- El Consejo Superior del Poder Judicial deberá

reunirse, ordinariamente, como mínimo dos veces por semana y,

extraordinariamente, cuando sea convocado por su Presidente o por tres de

sus miembros. El quórum se formará con el total de sus miembros.

Salvo norma en contrario, las decisiones se tomarán por mayoría de

votos. De no lograrse mayoría, el Presidente tendrá doble voto.

Sin perjuicio de la aplicación del régimen disciplinario, la

inasistencia injustificada a las sesiones del Consejo por tres veces

consecutivas, o por seis veces alternas durante un semestre, se

considerará como causal de remoción del cargo de miembro del Consejo.

ARTICULO 78.- En lo no dispuesto en la presente Ley, el régimen de

los actos del Consejo será el establecido para los actos administrativos,

sin que, en ningún caso, deba consultarse a la Procuraduría General de la

República.

ARTICULO 79.- En los asuntos de su competencia, el Consejo podrá

integrar comisiones de trabajo.

ARTICULO 80.- El Consejo rendirá un informe anual a la Corte Suprema

de Justicia, sobre su funcionamiento y el de los tribunales de la

República y demás órganos, departamentos y oficinas del Poder Judicial.

En dicho informe, incluirá las necesidades que, a su juicio, existan en

materia de personal, de instalaciones y recursos, para el desempeño

debido y correcto de la función judicial. Antes de elaborarlo, pedirá a

los tribunales, los juzgados y los demás órganos, oficinas y

departamentos, un informe anual sobre la labor realizada y las

necesidades concretas.

(Así reformado por el artículo 3º de la Ley de Reorganización

Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)

ARTICULO 82.- Para los efectos de ejecutar el presupuesto del Poder

Judicial promulgado por la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo

girará al primero, por mensualidades adelantadas, los montos

correspondientes a las transferencias que se le asignen, con excepción de

los rubros que correspondan a salarios.

El Consejo está autorizado para abrir cuentas a nombre del Poder

Judicial en los bancos del Estado, con el propósito de depositar esos

fondos y ordenar pagos contra ellos.

Cuando las necesidades del servicio lo requieran, el Consejo podrá

crear subpartidas y realizar traspasos entre gastos que le estén

autorizados en las leyes de presupuesto, sin que exceda el monto total de

los recursos asignados más el superávit acumulado. No obstante, no se

podrán modificar los recursos destinados a cubrir sueldos o servicios

personales, salvo que se trate de sumas acumuladas o no gastadas.

ARTICULO 83.- Sin perjuicio del derecho de avocamiento de la Corte

Suprema de Justicia, cuando el Consejo resuelva aspectos de carácter

administrativo, su pronunciamiento agota la vía administrativa y solo

tendrá recurso de reconsideración, que deberá ser interpuesto por el

interesado dentro del plazo de tres días, a partir del día siguiente al

de su notificación. En este último caso, el Consejo podrá disponer la

suspensión del acto que pueda causar daño o perjuicio de imposible o

difícil reparación.

CAPITULO III

DE LOS ORGANOS DEPENDIENTES DEL CONSEJO

SECCION I

DE LAS DEPENDENCIAS

ARTICULO 84.- Del Consejo Superior dependerán el Tribunal de la

Inspección Judicial, la Dirección Ejecutiva, la Auditoría, la Escuela

Judicial, el Departamento de Planificación, el Centro Electrónico de

Información Jurisprudencial, el Departamento de Personal y cualquiera

otra dependencia establecida por ley, reglamento o acuerdo de la Corte.

Asimismo, dependerán del Consejo, pero únicamente en lo

administrativo y no en lo técnico profesional, el Ministerio Público, el

Organismo de Investigación Judicial y la Defensa Pública.

(Así reformado por el artículo 3º de la Ley de Reorganización

Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)

ARTICULO 85.- En el Poder Judicial, funcionarán los departamentos,

secciones y jefaturas administrativas que el buen servicio demande, con

las atribuciones que la Corte señale.

SECCION II

DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PODER JUDICIAL

ARTICULO 86.- La Dirección Ejecutiva estará a cargo de un

funcionario que se denominará Director Ejecutivo del Poder Judicial,

deberá ser costarricense, mayor de treinta años, abogado con

conocimientos y experiencia en Administración o licenciado en

Administración.

Con excepción de los órganos previstos en el artículo 84 y de otros

que así se establezca por reglamento o acuerdo de la Corte Plena, las

demás oficinas administrativas del Poder Judicial dependerán de la

Dirección Ejecutiva.

ARTICULO 87.- En la Dirección habrá un Subdirector, que estará

subordinado al Director y colaborará con él en el desempeño de su cargo.

Debe reunir los mismos requisitos que se exigen para el Director, a quien

reemplazará en sus ausencias temporales. Se procurará, en todo caso, que

no tenga la misma especialidad profesional del Director.

ARTICULO 88.- Corresponderá al Director, de conformidad con la ley,

el reglamento y las directrices que la Corte, el Presidente del Consejo o

éste le indiquen:

1.- Dirigir, organizar, coordinar y supervisar las funciones

administrativas de sus dependencias.

2.- Velar por que se cumplan los acuerdos del Consejo.

3.- Autorizar los gastos que deban realizarse en las oficinas

judiciales, con motivo de peritajes, honorarios, copias,

diligencias y otros servicios de la misma índole, cuando ese

gasto corresponda al Poder Judicial.

4.- Dictar los acuerdos de pago, una vez que los gastos hayan sido

debidamente aprobados y autorizados.

5.- Otorgar permiso, sin goce de sueldo, por períodos no mayores de

seis meses, al personal de la Dirección y a los jefes de las

dependencias subordinadas a ésta.

6.- Proponer al Consejo, el nombramiento del Subdirector y de los

jefes de los departamentos administrativos subordinados a la

Dirección, mediante el sistema de ternas y de acuerdo con el

Estatuto de Servicio Judicial.

7.- Formular los programas que sean necesarios para el mejor

aprovechamiento de los bienes y servicios del Poder Judicial,

sin perjuicio de los proyectos que el Consejo encomiende a

comisiones especiales.

8.- Firmar las reservas de crédito, solicitudes de mercancías y

todos los demás documentos para la ejecución del presupuesto.

9.- Firmar los giros que expida el Departamento Financiero Contable,

de conformidad con las normas presupuestarias y los que se

emitan contra el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder

Judicial o de Socorro Mutuo.

10.- Endosar los giros que se extiendan a favor de los fondos antes

mencionados, para su depósito en las cuentas respectivas.

11.- Proponer al Consejo reglas para organizar y uniformar los

servicios administrativos de las oficinas judiciales de toda la

República, especialmente en lo que se refiere a los sistemas de

registro, clasificación, circulación y archivo de expedientes,

para lo que oirá el criterio de los jefes de esas oficinas.

12.- Resolver sobre los pagos que deban hacerse contra el Fondo de

Socorro Mutuo. Si se planteare discusión sobre el mejor derecho

al beneficio o en otros casos especiales, que puedan ofrecer

duda, el Director elevará el asunto al Consejo para que éste

decida.

13.- Autorizar los pagos del Poder Judicial.

14.- Ejercer el régimen disciplinario sobre los jefes de las

dependencias subordinadas y sobre el personal de la Dirección,

sin perjuicio de las potestades atribuidas a la Inspección

Judicial, al Consejo Superior y al Presidente de la Corte.

15.- Conceder asuetos, por festejos cívicos o religiosos, a los

servidores de los respectivos lugares, de acuerdo con la ley.

16.- Asistir a las sesiones del Consejo, con voz pero sin voto.

17.- Cualquier otra que le otorgue la ley, el reglamento, la Corte,

el Consejo o el Presidente de la Corte.

SECCION III

DE LA AUDITORIA DEL PODER JUDICIAL

ARTICULO 89.- Existirá un Departamento de Auditoría dependiente del

Consejo, a cargo de un Auditor Jefe que deberá ser costarricense, mayor

de treinta años, licenciado en Ciencias Económicas, incorporado al

Colegio de Contadores Públicos autorizados de Costa Rica; y poseer

conocimientos y amplia experiencia sobre el manejo de las disposiciones

legales que rigen la Administración Pública.

ARTICULO 90.- Corresponde al Auditor:

1.- Ejercer la suprema vigilancia sobre el régimen económico del

Poder Judicial, sin perjuicio de lo que pueda resolver la Corte

o el Consejo.

2.- Dirigir, programar y fiscalizar las labores de control interno.

3.- Fiscalizar la ejecución del Presupuesto.

4.- Controlar el buen uso y correcto destino de los fondos públicos

puestos a disposición del Poder Judicial, para lo cual tendrá

acceso a todas las dependencias judiciales y a los libros,

archivos y documentos referentes al movimiento económico.

5.- Refrendar, a posteriori, los documentos que impliquen

responsabilidad económica para el Poder Judicial en relación con

el uso de fondos.

6.- Practicar revisiones, con la frecuencia que sea necesaria, sobre

los gastos efectuados por el Poder Judicial, elaborar los

informes financieros que se deriven de esos estudios y si

encontrare alguna irregularidad, dar cuenta de inmediato al

Consejo.

7.- Dar pautas y recomendaciones a los servidores judiciales de las

oficinas que tengan a su cargo actividades de carácter contable.

8.- Colaborar con la Contraloría General de la República, en las

funciones de auditoría externa.

ARTICULO 91.- En el caso de ausencia temporal del Auditor, sus

funciones se recargarán en cualquier otro servidor de la Auditoría que

tenga conocimientos contables, según lo disponga el Presidente del

Consejo. Si la ausencia se prolongare por más de ocho días, el Consejo

nombrará a un auditor interino.

Los nombramientos que se realicen, de forma interina, podrán recaer

en personas que no reúnan los requisitos establecidos en esta Ley,

siempre que tales nombramientos no excedan de tres meses. Transcurrido

este término, el Consejo deberá hacer el nombramiento de una persona que

reúna los requisitos establecidos, previo concurso que convocará el

Departamento de Personal.

Artículo 94 bis.-  

1) Corresponderá al Tribunal de Casación de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda, conocer y resolver el recurso extraordinario de casación, cuando intervenga alguno de los siguientes entes u órganos:  

a) Los colegios profesionales y cualquier ente de carácter corporativo.  

b) Los entes públicos no estatales.  

c) Las juntas de educación y cualquier otra junta a la que la ley le atribuya personalidad jurídica sustancial.  

d) Las empresas públicas que asuman formas de organización distintas de las del Derecho público.  

2) También a ese Tribunal le corresponderá conocer y resolver, con independencia del ente u órgano autor de la conducta, el recurso de casación en los procesos en que se discutan las sanciones disciplinarias, multas y condenas administrativas, y toda ejecución de sentencia correspondiente a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda.  

3) En apelación, de las resoluciones que dicten los tribunales de lo contencioso-administrativo y civil de Hacienda y los juzgados de la materia, cuando la ley conceda ese recurso.  

4) De los impedimentos, la excusa y las recusaciones de sus jueces, propietarios y suplentes.  

5) De los conflictos de competencia que se susciten entre los órganos que componen la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, siempre que no correspondan a la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.  

6) De los demás asuntos que determine la ley.

(Así adicionado por el artículo 212 de la Ley N° 8508 de 28 de abril de 2006 Código Procesal Contencioso-Administrativo).

Artículo 97.- Los tribunales de lo contencioso-administrativo y civil de Hacienda conocerán:  

1) De los procesos contencioso-administrativos y de los ordinarios civiles de Hacienda que se tramiten conforme al Código Procesal Contencioso-Administrativo y la ejecución de sus propias sentencias.  

2) De los impedimentos, las excusas y las recusaciones de sus jueces, propietarios y suplentes.  

3) De los demás asuntos que determine la ley.

(Así reformado por el artículo 212 de la Ley No. 8508 de 28 de abril de 2006, Código Procesal Contencioso Administrativo).

ARTICULO 102.- Los conflictos de competencia entre juzgados civiles,

agrarios, penales, penales juveniles, de trabajo, familia, contencioso-

administrativo, civiles de hacienda y otros, se resolverán según las

siguientes reglas:

Los conflictos según la materia y dentro de un mismo territorio

serán conocidos por el Tribunal Colegiado respectivo.

Si los juzgados pertenecieren a tribunales colegiados de diferentes

territorios, le corresponde resolver al Tribunal de Casación respectivo

o, de no existir este último, a la Sala de la Corte pertinente.

Si son juzgados de diferente materia, sean o no de un mismo

territorio, le corresponde al Tribunal de Casación respectivo o, de no

existir este último, a la Sala de la Corte de la materia a la que

pertenezca el órgano ante el cual se presentó el asunto o se previno en

su conocimiento, excepto que existan otras disposiciones en la ley.

(Así reformado por el artículo 4º de la Ley de Reorganización

Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)

CAPITULO II

DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA Y PENALES

(Así reformado por el artículo 4 de la Ley de Reorganización

Judicial, Nº 7728 de 15 de diciembre de 1997)

ARTICULO 103.- Habrá juzgados civiles, penales, penales juveniles,

de lo contencioso-administrativo y civiles de hacienda, de familia, de

trabajo, agrarios, de ejecución de la pena y los que determine la ley.

(Así reformado por el artículo 4º de la Ley de Reorganización

Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)

ARTICULO 104.- Los juzgados podrán ser mixtos, cuando lo justifique

el número de asuntos que deban conocer.

(Así reformado por el artículo 4º de la Ley de Reorganización

Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)

ARTICULO 108.- La Corte podrá designar juzgados y tribunales penales

de turno extraordinario, para que presten servicio luego de la jornada

ordinaria, en días de asueto, feriados y de vacaciones generales.

(Así reformado por el artículo 4º de la Ley de Reorganización

Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)

ARTICULO 111.- Los juzgados penales juveniles conocerán:

1.- En instancia, de las acusaciones atribuidas a menores de edad

por la comisión o la participación en delitos o contravenciones. También

conocerá de las causas penales seguidas contra mayores de edad, siempre

que el hecho haya ocurrido durante su minoridad.

2.- En instancia, de las acusaciones atribuidas a menores de edad,

aun cuando estos adquieran la mayoría de edad.

3.- Decidir sobre cualquier medida cautelar que restrinja un derecho

fundamental del acusado menor de edad.

4.- Aprobar la conciliación, la suspensión de procedimientos, la

aplicación del criterio de oportunidad y cualesquiera otras medidas

procesales definitorias del procedimiento.

5.- Decidir las sanciones aplicables a los menores, conforme los

principios generales que informan la materia.

6.- Cualquier otra función que le otorgue la ley.

(Así reformado por el artículo 4º de la Ley de Reorganización

Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)

ARTICULO 112.- Los juzgados de ejecución de la pena conocerán:

1.- De las fijaciones de pena y las medidas de seguridad posteriores

a la aplicada por el tribunal de sentencia.

2.- De las incidencias y los incidentes formulados en relación con

las medidas de control y vigilancia, durante la etapa de ejecución.

3.- De la extinción, la sustitución o la modificación de las penas

privativas de libertad y de las medidas de seguridad impuestas.

4.- De los incidentes de ejecución, las peticiones, las quejas y los

recursos interpuestos por las partes, en esta etapa del proceso.

5.- De los demás asuntos que la ley establezca.

(Así reformado por el artículo 4º de la Ley de Reorganización

Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)

CAPITULO III

DE LOS JUZGADOS DE MENOR CUANTIA Y CONTRAVENCIONALES

(Así reformado por el artículo 4 de la Ley de Reorganización

Judicial, Nº 7728 de 15 de diciembre de 1997)

ARTICULO 114.- Existirá el número de juzgados de menor cuantía, de

asuntos sumarios y contravencionales que se requieran para garantizar la

eficiencia y el buen servicio.

La Corte les fijará a estos juzgados su competencia territorial, por

materia y cuantía, así como la sede.

La determinación de la cuantía se revisará cada dos años, para lo

cual, previamente, se solicitará al Banco Central de Costa Rica un

informe sobre el índice inflacionario. Transcurrido un mes sin recibir

este informe, se prescindirá de él y se realizará la fijación

correspondiente, que regirá un mes después de su primera publicación en

el Boletín Judicial.

(Así reformado por el artículo 4º de la Ley de Reorganización

Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)

ARTICULO 117.- En materia penal, los juzgados contravencionales

conocerán:

1.- De las contravenciones establecidas en el Código Penal.

2.- De las faltas de policía y de toda clase de contravenciones y

simples infracciones previstas en leyes especiales, excepto las de

carácter laboral.

3.- De los demás asuntos que indique la ley.

(Así reformado por el artículo 4º de la Ley de Reorganización

Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)

ARTICULO 118.- En las circunscripciones en las cuales no exista

juzgado penal, el juez contravencional podrá realizar -en casos urgentes-

los actos jurisdiccionales del procedimiento preparatorio y, de inmediato

y por cualquier medio, lo comunicará al juzgado penal. En esos eventuales

supuestos, el juez contravencional actúa por delegación y, el juez penal,

deberá tomar las disposiciones necesarias para esa delegación y respecto

del control de las actuaciones; también, de ser necesario, podrá

dirigirlas personalmente.

La Corte establecerá cuáles juzgados contravencionales tendrán el

recargo de competencia referido en el párrafo anterior.

(Así reformado por el artículo 4º de la Ley de Reorganización

Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)

ARTICULO 122.- En los cantones donde existan varios juzgados de

menor cuantía o contravencionales, la Corte Suprema de Justicia podrá

establecer los que puedan atender también asuntos civiles y otros asuntos

de diversas materias.

(Así reformado por el artículo 4º de la Ley de Reorganización

Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)

CAPITULO V

DE LOS JUECES TRAMITADORES

(Así reformado por el artículo 4 de la Ley de Reorganización

Judicial, Nº 7728 de 15 de diciembre de 1997)

ARTICULO 125.- Los tribunales tendrán jueces tramitadores, cuando lo

requieran el buen servicio y lo acuerde la Corte.

(Así reformado por el artículo 4º de la Ley de Reorganización

Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)

ARTICULO 126.- Corresponde a los jueces tramitadores:

1.- Tramitar y diligenciar todos los asuntos del despacho, con

independencia funcional y responsabilidad propia.

2.- Consignar en los autos todas las certificaciones y constancias

referentes a las actuaciones judiciales.

3.- Extender certificaciones.

4.- Expedir los suplicatorios, los exhortos y los mandamientos.

(*)5.- Notificar a los interesados que concurran al despacho, las

respectivas resoluciones, cuando corresponda.

(*)(NOTA DE SINALEVI:  Mediante el artículo 62 inciso b) de la ley N° 8687 de 4 de diciembre de 2008, se indica derogar el inciso 5) del artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.  Dicha derogación fue practicada en el texto de la Ley N° 8 de 29 de noviembre de 1937 que es la Ley Orgánica original y vigente del Poder Judicial, ya que la No. 7333 es un reforma integral de aquélla).

6.- Firmar la razón de recibido de los escritos, los documentos y

las copias que sean presentadas al despacho. Esta atribución podrá ser

delegada en otros servidores.

7.- Llevar la contabilidad de los depósitos judiciales, con todas

las obligaciones inherentes al cargo, en los despachos donde no exista

contador, o no se haya organizado una oficina centralizada de tesorería.

8.- Vigilar porque los servidores subalternos cumplan a cabalidad

con todos sus deberes y obligaciones, para obtener la mayor eficiencia.

9.- Cumplir las otras obligaciones inherentes al ejercicio del cargo

y las demás que señale la ley o le atribuya la Corte.

(Así reformado por el artículo 4º de la Ley de Reorganización

Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)

ARTICULO 127.- Los jueces tramitadores deben reunir los mismos

requisitos del juez, de acuerdo con la categoría que corresponda en el

despacho de que se trate.

(Así reformado por el artículo 4º de la Ley de Reorganización

Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)

ARTICULO 128.- La Corte Suprema de Justicia podrá establecer,

mediante acuerdo que se publicará en el Boletín Judicial, otras funciones

que deben realizar los jueces tramitadores, según la materia y la cuantía

de los asuntos.

(Así reformado por el artículo 4º de la Ley de Reorganización

Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)

ARTICULO 129.- En los tribunales que no cuenten con un juez

tramitador, algunas de las funciones a él atribuidas podrán ser cumplidas

por uno de los miembros del personal auxiliar, según lo determine la

Corte o el Consejo.

(Así reformado por el artículo 4º de la Ley de Reorganización

Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)

ARTICULO 130.- DEROGADO

( Derogado por el artículo 23 de la Ley de Reorganización Judicial,

Nº 7728 de 15 de diciembre de 1997).

CAPITULO VI

DE LOS JUECES ARBITROS

ARTICULO 131.- El árbitro de derecho debe sujetarse a las leyes en

sus procedimientos y fallo; el árbitro arbitrador obedece solo a lo que

su prudencia le dicte.

No expresándose por las partes la calidad del árbitro, se entenderá

nombrado árbitro de derecho.

ARTICULO 132.- No podrá ser árbitro de derecho, el que ha

intervenido como abogado o procurador de una de las partes, en el asunto

para el que fuere nombrado, salvo que las partes, en la escritura o

exposición de compromiso, lo hayan elegido con conocimiento de causa y

así lo expresen.

ARTICULO 133.- Los árbitros que no sean funcionarios judiciales, una

vez aceptado su encargo, quedan obligados a desempeñarlo, bajo la pena de

responder de los daños y perjuicios que causaren con su incumplimiento.

Esta obligación cesa:

1.- Por sobrevenir causa que implique impedimento para ejercer el

cargo o constituya un motivo legal de excusa o de recusación.

2.- Si contrajeren enfermedad que les impida seguir ejerciendo sus

funciones.

3.- Si, por cualquier causa, tuvieren que ausentarse del lugar,

donde se sigue el juicio, por más de un mes.

ARTICULO 134.- Los árbitros juris han de tener las mismas calidades

y condiciones que las exigidas para ejercer en un juzgado. Los árbitros

arbitradores no requerirán condiciones especiales sino el nombramiento de

las partes.

TITULO V

(Así reformado por el artículo 5 de la Ley de Reorganización

Judicial, Nº 7728 de 15 de diciembre de 1997)

ORGANIZACION DE LOS TRIBUNALES

CAPITULO PRIMERO

DEL PERSONAL AUXILIAR

(Así reformado por el artículo 5 de la Ley de Reorganización

Judicial, Nº 7728 de 15 de diciembre de 1997)

ARTICULO 135.- Los tribunales tendrán la organización interna y el

personal que el buen servicio público requiera, según lo disponga la

Corte, mediante acuerdo que se publicará en el Boletín Judicial.

(Así reformado por el artículo 5º de la Ley de Reorganización

Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)

ARTICULO 136.- Salvo los que corresponda hacer al Consejo, los jefes

de Despacho -sujetos a la aprobación de aquel- podrán nombrar a sus

respectivos funcionarios y empleados. Cuando se trate de nombramientos en

propiedad, deberán solicitar al Departamento de Personal, las ternas

respectivas, las cuales podrán ser rechazadas si estiman que ninguno de

los candidatos satisface las necesidades del Despacho. Si la plaza

estuviere vacante, el nombramiento en propiedad no podrá diferirse por

más de tres meses. Las mismas reglas se aplicarán para los nombramientos

del personal subalterno del resto de las oficinas judiciales.

ARTICULO 137.- El Consejo Superior podrá conceder a los servidores

judiciales permiso para estudiar, en horas laborales, profesiones que

interesen al Poder Judicial. Dichos servidores podrán dejar de asistir a

sus oficinas durante las horas que les sean autorizadas para estar

presentes en los cursos y exámenes, pero el resto del tiempo, así como

durante las vacaciones y los días de asueto en el centro de estudios,

deberán asistir puntualmente al despacho.

El Consejo podrá cancelar el beneficio referido en el párrafo

anterior, luego de comprobar, por los medios que tenga por convenientes

que el estudiante, sin justa causa, no asiste, con regularidad a los

cursos correspondientes ni se presenta a desempeñar sus labores o que,

por falta de interés en los estudios, se atrasa en la conclusión de la

carrera profesional.

(Así reformado por el artículo 5º de la Ley de Reorganización

Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)

ARTICULO 138.- En ninguna oficina podrá haber más de dos empleados

estudiantes que gocen de la ventaja a la que se refiere el artículo

anterior.

ARTICULO 139.- Podrá haber en cada oficina, hasta dos servidores

meritorios, nombrados por los respectivos jefes de Despacho. La relación

creada bajo las previsiones de este artículo no crea derechos laborales

en favor del meritorio, pero sí faculta para el ejercicio del régimen

disciplinario.

Cuando el jefe de la oficina considere inconveniente la presencia o

actuación del meritorio, podrá prescindir de éste dando cuenta al

Consejo.

ARTICULO 140.- Los servidores meritorios deben tener las mismas

calidades que los propietarios, y tendrán derecho a ser elegidos en

propiedad o para reponer a los propietarios durante sus ausencias

temporales, una vez calificados por el Departamento de Personal.

ARTICULO 141.- La Secretaría de la Corte Suprema de Justicia es el órgano de comunicación entre el Poder Judicial y los otros Poderes del Estado, así como entre estos y los funcionarios judiciales. Además, se encargará de comunicar los acuerdos de la Corte Plena y el Consejo.

El secretario de la Corte se encargará de autenticar firmas de los funcionarios judiciales en los documentos que deban enviarse al exterior, sin perjuicio de que también pueda hacerlo el presidente del Poder Judicial.