Artículo 2.- Corresponde a los tribunales agrarios conocer:

a) De los juicios reivindicatorios o posesorios, en que sean parte uno

o varios trabajadores de la tierra, o grupos de éstos organizados por el

Instituto correspondiente, así como de las causas por usurpación y daños

de citación directa.

b) De los interdictos, cuando éstos se refieran a predios rústicos y a

diligencias de deslinde y amojonamiento, así como de los desahucios

relativos a los mismos bienes.

c) De las participaciones hereditarias, de la localización de derechos

proindivisos y de las divisiones materiales, cuando se refieran a los

bienes adjudicados por el Instituto correspondiente, o sean derivados de

éstos.

ch) DEROGADO

( Derogado por el inc. ñ) del artículo 64 de la Ley Nº 7495 de 3 de mayo

de 1995).

d) De las informaciones posesorias sobre terrenos rústicos.

e) De las acciones relativas a contratos de aparcería rural, esquilmo,

arrendamiento o préstamo gratuito de tierras.

f) En grado y en forma definitiva, de los recursos que se interpongan

contra las resoluciones del Instituto correspondiente.

g) Del ejercicio de la Jurisdicción disciplinaria sobre funcionarios,

empleados, auxiliares y litigantes, con arreglo a las normas de la Ley

Orgánica del Poder Judicial.

h) De todo lo relativo a los actos y contratos en que sea parte un

empresario agrícola, originados en el ejercicio de las actividades de

producción, transformación, industrialización y enajenación de productos

agrícolas.

Artículo 3.- Quedan excluidas de esa jurisdicción las acciones

derivadas de la aplicación o ejecución de las leyes y de los contratos

laborales, aun cuando tales acciones se deriven de la explotación de

predios rústicos o se refieran a los campesinos beneficiarios de las

leyes agrarias.

Artículo 4.- Serán considerados predios rústicos, para los efectos

de este ley, todas las tierras que se encuentren destinadas a la

explotación agropecuaria, excepto aquellas que hubieren sido declaradas

como zonas urbanas o que estén destinadas a la ejecución de desarrollos

urbanos.

Artículo 5.- En materia agraria, de conformidad con la competencia

que en cada caso se le asigne en esta ley, la justicia será administrada

por:

a) Los jueces agrarios.

b) El Tribunal Superior Agrario.

c) La Sala de Casación

Artículo 6.- Cuando sea requerida la intervención de los tribunales

agrarios en forma legal, éstos continuarán actuando de oficio, y las

sentencias firmes que dicten en materia de su competencia, tendrán el

carácter de cosa juzgada, salvo regla en contrario de esta ley o de la

legislación común. Sus actuaciones y resoluciones se regirán por los

procedimientos señalados en la presente ley y, en lo que fuere

compatible, por las disposiciones de los respectivos códigos procesales y

de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

CAPITULO II

De los juzgados agrarios

Artículo 7.- Los juzgados agrarios tendrán su asiento en el distrito

primero del cantón central de cada una de las provincias que componen la

República, y su jurisdicción se extenderá a todo el territorio

provincial. Sin embargo, cuando las circunstancias lo ameriten, la Corte

Suprema de Justicia podrá crear otros circuitos judiciales, para el

conocimiento y resolución de los asuntos de una región determinada.

Artículo 8.- Los jueces agrarios serán de nombramiento de la Corte

Plena, durarán en sus cargos cuatro años y deberán reunir los siguientes

requisitos:

a) Ser costarricense por nacimiento, o por naturalización, en este

último caso con más de diez años de residencia en el país después de

haber obtenido su ciudadanía; mayores de veinticinco años y del estado

seglar.

b) Ser licenciados en Derecho, con título legalmente expedido o

reconocido en Costa Rica, y con no menos de cinco años de ejercicio

profesional.

c) Reunir caución por el monto que fije la Corte Suprema de Justicia.

Artículo 9.- Los jueces agrarios conocerán, en primera instancia, de

lo relativo a materia agraria, cualquiera que sea la cuantía. En materia

penal actuarán como jueces de oficio.

CAPITULO III

Del Tribunal Superior Agrario

Artículo 10.- Créase el Tribunal Superior Agrario, integrado por

tres jueces superiores el cual tendrá su asiento en la ciudad de San

José. Los jueces superiores durarán en sus cargos cuatro años y podrán

ser reelectos indefinidamente. Serán de nombramiento de la Corte Suprema

de Justicia, a la cual corresponderá, igualmente, designar entre ellos

quién fungirá como presidente del Tribunal. A fin de que los sustituyan

en sus ausencias temporales o en caso de impedimentos o excusas, la Corte

nombrará, además, un suplente para cada juez superior.

Artículo 11.- Para ser juez superior agrario se requiere:

a) Ser costarricense por nacimiento, o por naturalización con

residencia en el país no menos de diez años después de haber obtenido la

carta de ciudadanía.

b) Ser del estado seglar, ciudadano en ejercicio y mayor de treinta y

cinco años.

c) Ser abogado con experiencia de más de cinco años en la profesión y

poseer título debidamente expedido o reconocido en Costa Rica.

ch) Haber obtenido una especialización en derecho Agrario, o contar con

una experiencia no menor de tres años en la enseñanza o en la práctica

de esa rama del Derecho.

d) Rendir caución por el monto que fije la corte Suprema de Justicia,

antes de entrar en el ejercicio del cargo.

Artículo 12.- Corresponderá al Tribunal Superior Agrario conocer:

a) En grado, de las resoluciones dictadas por los jueces agrarios.

b) De los impedimentos, excusas y recusaciones de sus jueces superiores, propietarios y suplentes.

c) De las competencias que se susciten entre los jueces agrarios, o entre éstos y los jueces de otras jurisdicciones.

ch) De las quejas que se interpongan contra los jueces agrarios, y del régimen disciplinario; todo de conformidad con los dispuesto en el artículo 216 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

d) De los recursos que se interpongan contra las resoluciones del Instituto de Desarrollo Rural(*), dictadas en materia de su específica competencia.

(*) (Modificada su denominación por el artículo 14° de la Ley N° 9036 del 11 de mayo de 2012, "Transforma el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y Crea Secretaría Técnica de Desarrollo Rural")  

e) De los demás asuntos que expresamente señale la ley.

Artículo 13.- Corresponderá al presidente del Tribunal dictar las

providencias, las cuales firmará en asocio del secretario. Las demás

resoluciones serán dictadas por el Tribunal y deberán ser firmadas por

todos los miembros, aun cuando exista voto salvado.

Artículo 14.- Para que el Tribunal sesione válidamente, se requerirá

la concurrencia de los tres jueces superiores. Las deliberaciones del

Tribunal serán privadas y la votación se recibirá en forma nominal. En

caso de discordia, el asunto será dirimido por dos suplentes que serán

sorteados por la Corte Plena. La redacción de los autos y sentencias

será por riguroso turno y dentro del término improrrogable que en cada

caso señalará el presidente del Tribunal, mediante la respectiva razón

que se insertará en el expediente.

CAPITULO IV

De la jurisdicción y de las competencias

Artículo 15.- En materia agraria, la jurisdicción será

improrrogable. Sin embargo, los tribunales podrán delegar la práctica de

diligencias probatorias, precautorias e incluso de ejecución de

sentencias, en otras autoridades que administren justicia de inferior

categoría, cuando lo sean de su territorio, o en otros funcionarios

judiciales, de igual o de inferior categoría, de lugares citados fuera de

su jurisdicción.

Artículo 16.- Para los efectos de esta ley, se considerará

competente y preferible, para conocer del negocio, al juez del lugar en

donde esté localizado el inmueble.

Cuando el inmueble se encuentre situado en más de una jurisdicción,

será competente el juez que conozca de primero la solicitud para actuar.

Los conflictos de jurisdicción, que se susciten entre los jueces

agrarios, o entre éstos y los tribunales de otras jurisdicciones, se

resolverán de la manera siguiente:

a) Si en cualquier momento el funcionario se considerara incompetente,

se declarará inhibido, mediante resolución razonada, y remitirá de

inmediato el expediente al Tribunal Superior Agrario, el cual dentro de

las cuarenta y ocho horas siguientes, confirmará la declaratoria de

incompetencia y ordenará remitir los autos al tribunal que corresponda,

si fuere procedente; o en caso contrario, devolverá el expediente al

juzgado de origen, a fin de que continúe en el conocimiento del negocio.

b) En caso de que la cuestión surgiera un motivo de excepción de

incompetencia, la que deberá ser opuesta por el accionado dentro de los

tres días siguientes a la notificación de la demanda, el funcionario que

conoce del negocio elevará los autos al Tribunal Superior Agrario, una

vez conferida la audiencia a la contraparte, a la que se refiere el

artículo 42, y recibidas las pruebas que se hubieran ordenado en relación

con ella, a fin de que sea éste quien dirima la cuestión.

Lo que resuelva el Tribunal Superior no tendrá ulterior recurso,

cuando se trate de conflicto entre tribunales agrarios.

c) Sin embargo, si se discutiera que el conocimiento del negocio

corresponde a un tribunal ajeno a la jurisdicción agraria, y dentro de

los tres días siguientes alguna de las partes se manifestara disconforme

con lo resuelto por el Tribunal Superior Agrario, se consultará la

resolución a la Sala de Casación, la cual resolverá, en definitiva, el

conflicto jurisdiccional, dentro de los cinco días siguientes a aquel en

que reciba los autos. También procederá la consulta en cualquier caso en

que el Tribunal Superior Agrario resuelva que el conocimiento del asunto

corresponde a un funcionario de otra jurisdicción, y éste manifiesta su

disconformidad dentro de los tres días siguientes al recibo del

expediente. En ambos casos, al ordenarse la consulta se conferirá

audiencia por tres días a las partes.

CAPITULO V

Impedimentos, excusas y recusaciones

Artículo 17.- Son aplicables a los tribunales agrarios las

disposiciones de los artículos 199 a 201 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial, referentes a impedimentos, excusas y recusaciones.

En caso de existir motivo de excusa o recusación, los agrarios serán

sustituidos por los suplentes que designe la Corte Suprema de Justicia.

Si la causal de impedimento o recusación recayera en uno o en varios de

los miembros del Tribunal Superior Agrario, la consiguiente sustitución

se hará mediante los jueces superiores suplentes.

Artículo 18.- Toda recusación deberá fundarse en alguna de las

causales expresamente contempladas por la ley, e interponerse ante el

tribunal que conoce del litigio, con indicación de la prueba de la

existencia de la causal, antes de la celebración del juicio verbal, o

antes de dictarse sentencia, en los juicios en que no exista este

procedimiento.

Artículo 19.- Cuando un juez agrario deba separarse del

conocimientos del asunto, con motivo de recusación o excusa, se procederá

de la siguiente manera:

a) Si el juez estimara que se encuentra dentro de alguna de las

causales enumeradas en los artículos 199 a 201 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial, dictará de inmediato la resolución, inhibiéndose del

conocimiento del asunto, y comunicará tal circunstancia al Tribunal

Superior Agrario, para que se llame al respectivo suplente.

b) Si dentro de los tres días alguna de las partes pidiera revocatoria,

negando la causal, deberá indicar, en el acto de su gestión, las pruebas

correspondientes.

c) Cuando la separación se promueva en virtud de recusación, el juez

recusado dejará constancia en los autos, dentro de las veinticuatro horas

siguientes, de si reconoce o no como ciertos los hechos en que se funda

la recusación, y hará las rectificaciones del caso, si estuviesen

referidas en forma inexacta. Una vez extendida dicha constancia, se dará

audiencia a la parte contraria por veinticuatro horas. Si ésta no

estuviera de acuerdo con la recusación, deberá contestar la audiencia y

proponer la prueba en que se apoya.

ch) Vencida la audiencia a que se refiere el inciso precedente, el juez

pasará el expediente a quien ha de sustituirlo, para que resuelva sobre

la admisión de la prueba y decida definitivamente acerca de si procede o

no la separación. Cuando se esté en el caso de nombramiento de un juez

suplente, corresponderá al Tribunal Superior Agrario pronunciarse sobre

la admisión de pruebas, una vez recibidas éstas por el juez o alcalde

comisionado al efecto, sobre la procedencia de la excusa o recusación.

e) Cuando se trate de la separación de secretarios, prosecretarios o

notificadores, se seguirán, en lo posible, las reglas anteriores, y

corresponderá al titular del despacho o al Tribunal Superior, en su caso,

resolver sobre la admisión de pruebas y pronunciarse en definitiva sobre

la procedencia o improcedencia de la excusa o recusación. Contra el auto

que resuelva el punto no cabrá recurso alguno.

Artículo 20.- Cuando se trate de la separación de uno o más miembros

del Tribunal Superior Agrario, por motivo de excusa o recusación, se

procederá de la siguiente manera:

a) En el momento en que el juez o jueces superiores, en su caso,

estimen que se encuentran dentro de alguna de las causales de impedimento

o recusación, lo harán constar, por medio de razón, en el expediente, y

se abstendrán de inmediato de continuar conociendo del negocio. El

presidente del Tribunal, o quien actúe como presidente ad-hoc, con motivo

de tal circunstancia, dictará, dentro de las veinticuatro horas

siguientes, la respectiva providencia, convocando al suplente o

suplentes respectivos, a fin de que, de inmediato, se integre al

Tribunal.

b) Si dentro de las veinticuatro horas alguna de las partes pidiera

revocatoria, negando la causal, deberá indicar, en el acto de su gestión

las pruebas correspondientes.

c) Cuando la separación se promueva en virtud de recusación, el miembro

o miembros del Tribunal asentarán en los autos, dentro de las

veinticuatro horas, la constancia a que se refiere el inciso c) del

artículo 19 de esta ley. Una vez extendida esta constancia, se dará

audiencia a la parte contraria por veinticuatro horas.

Si la parte no estuviera de acuerdo con la recusación, deberá, al

contestar la audiencia, proponer la prueba en que se apoya.

ch) Vencida la audiencia prevista en el inciso que antecede, el Tribunal

comisionará, si fuere del caso, al juzgado que corresponda, la práctica

de la prueba ofrecida, a la mayor brevedad posible, o procederá de

inmediato a pronunciarse sobre la recusación. Contra el auto que

resuelva la cuestión relativa a excusas o recusaciones no cabrá ulterior

recurso, salvo el de responsabilidad.

d) Cuando se recusare a todos los miembros del Tribunal, la cuestión se

tramitará y resolverá con aplicación de las normas anteriores, que sean

compatibles.

Artículo 21.- La resolución que declare sin lugar el incidente de

recusación sancionará al recusante con las siguientes penas, según el

caso:

a) Si hubiera sido interpuesta contra un magistrado o juez superior,

con una multa de ciento cincuenta a trescientos colones.

b) Si hubiera sido interpuesta contra un juez agrario, con una multa de

setenta y cinco colones a ciento cincuenta colones.

c) Si la recusación hubiera sido interpuesta contra un perito o contra

un miembro del personal subalterno de los tribunales, se impondrá una

multa de veinticinco a setenta y cinco colones. Es entendido que si

fueran varios los recusados, la sanción se impondrá en cada caso.

Tratándose de campesinos de escasos recursos, el Tribunal podrá disminuir

la sanción hasta el extremo menor de la pena, e incluso podrá exonerar de

la multa al vencido, cuando evidentemente resulte de los autos que obra

de buena fe al interponer la articulación.

CAPITULO VI

De las partes

Artículo 22.- En los negocios de conocimiento de la jurisdicción agraria, son partes:

a) Las personas físicas o jurídicas que, por tener capacidad legal conforme a la legislación común, figuren en cada caso como actor o demandado, o quien tuviere interés directo, pero en tal caso éste tomará el juicio en el estado en que se encuentre al momento de su intervención.

b) Las organizaciones agrarias debidamente constituidas y reconocidas conforme a la ley, en aquellos asuntos en que tengan interés directo.

c) El Instituto de Desarrollo Rural(*). en todos los negocios que interesen para el cumplimiento de la Ley de Ordenamiento Agrario y Desarrollo Rural.

(*) (Modificada su denominación por el artículo 14° de la Ley N° 9036 del 11 de mayo de 2012, "Transforma el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y Crea Secretaría Técnica de Desarrollo Rural")

ch) La Procuraduría General de la República, en todos los asuntos relativos a la tutela del dominio público y al ejercicio de las atribuciones que la ley le confiere en esta materia.

Los tribunales examinarán de oficio, o a petición del actor o demandado, si en realidad existe el interés directo aludido.

(Así reformado por el artículo 2º de la ley No. 6815 del 27 de setiembre de 1982 ).

Artículo 23.- El establecimiento de toda acción en materia agraria

presupone las siguientes condiciones:

a) Capacidad procesal.

b) Pretensión legítima en que se apoya la acción.

c) Interés actual en el ejercicio de aquélla. Sin embargo, el

Instituto correspondiente podrá entablar acciones en defensa de los

derechos de sus beneficiarios, o intervenir como coadyuvante en los

juicios promovidos por éstos para el cumplimiento de los fines de la

ley.

Artículo 24.-

Salvo lo dispuesto en el párrafo final del artículo

anterior, es obligación del demandante ejercer la acción en forma personal

o por medio del apoderado judicial. De igual forma deberá ejercer su

defensa el demandado.

(Texto modificado por resolución de la Sala Constitucional

Nº 4589-97 de las 11:30 horas del 11 de agosto de 1997).

El mandato judicial para representar a las partes en los juicios a

que esta ley se refiere, podrá constituirse apud acta ante el tribunal

que conoce del asunto o ante otro tribunal de la misma categoría. En tal

caso, el poder se extenderá en papel común y no causará gasto alguno a

cargo del interesado, cuando se trate de agricultores beneficiarios de la

presente ley.

Igualmente será admisible el poder que se presente al juicio, en el

papel del valor correspondiente, cuando la firma del poderdante se

encuentre simplemente autenticada por un notario público, quien podrá

hacerlo sin necesidad de dejar razón en su protocolo.

Artículo 25.- Tratándose de personas de escasos recursos, a juicio

del tribunal, contra quienes se establezca cualquiera de las acciones,

cuyo conocimiento compete a la jurisdicción agraria, el juez podrá, a

solicitud del accionado, delegar la defensa de éste en un miembro del

cuerpo de defensores públicos. Análoga medida deberá acordar el tribunal

cuando el demandado se encuentre en cualquier otra de las situaciones

previstas en el artículo 133 de Ley Orgánica del Poder Judicial.

TITULO II

De los procedimientos

CAPITULO I

Disposiciones Generales

Artículo 26.- En los juicios y actos prejudiciales de conocimiento

de los tribunales agrarios, se litigará en papel común, con exención de

toda clase de timbres, y sin obligación de rendir ninguna garantía ni de

hacer ningún depósito, salvo las excepciones expresadas en la ley. El

procedimiento será esencialmente verbal y, en virtud del impulso procesal

de oficio, los tribunales estarán facultados para conducir su tramitación

sin necesidad de gestión de partes.

Cuando sea del caso, los tribunales podrán, por iniciativa propia,

declarar nulidades y disponer la reposición de trámites, a fin de

corregir irregularidades que pudieran afectar la validez del proceso; e

igualmente están autorizados, ante el silencio de la ley, para aplicar,

por analogía, las normas de la legislación laboral, o en su defecto, el

código de procedimientos respectivo, con el objeto de proveer la debida

celeridad y eficacia al proceso.

(NOTA: Por Resolución de la Sala Constitucional Nº 1220-90 de las 14:30

horas del 2 de octubre de 1990, se declara con lugar la acción

interpuesta contra el presente artículo en cuanto exime de garantía los

embargos preventivos en juicios a que se refieren los artículos 33 y 34,

declarando que dichos embargos sólo pueden ser decretados previo el

depósito que establece el artículo 273 párrafo segundo del Código

Procesal Civil).

Artículo 27.- No obstante que las partes podrán formular sus

gestiones, peticiones o alegatos en forma oral, mediante comparecencia al

despacho, o con motivo del juicio verbal y demás diligencias que se

practiquen dentro del juicio, igualmente podrán hacerlo por escrito, sin

necesidad de acompañar copias. Tampoco se exigirá a las partes la

presentación de copias de los documentos aportados. El secretario deberá

certificar las piezas en autos y guardar sus originales en la caja del

tribunal, cuya pérdida pueda causar perjuicio irreparable o difícil de

subsanar.

Las peticiones escritas de las partes se presentarán al despacho de

la respectiva oficina judicial, donde el empleado que las reciba asentará

la razón al pie de cada escrito, firmada por el secretario del tribunal,

en la que se indicará:

a) Nombre de la persona que presenta el escrito ante el tribunal.

b) Hora y fecha de la presentación del escrito.

Artículo 28.- Para que un escrito tenga eficacia deberá ser

presentado y firmado por el gestionante; sin embargo, el escrito

presentado por intermedio de terceras personas surtirá todo valor y

efecto, si viene autenticado por un abogado de los tribunales de la

República.

Cuando el gestionante no supiere escribir, o estuviere físicamente

impedido para hacerlo, otra persona podrá firmar a su ruego.

En tal caso, si el escrito no fuera presentado por el propio

gestionante, deberá ir autenticado por un profesional en Derecho, lo cual

significará que la firma fue puesta a ruego del peticionario y en

presencia del abogado.

Artículo 29.- Todo aquel que actúe en representación deberá

acreditar debidamente su personería.

Cuando se trate de representar sociedades, organizaciones,

cooperativas, empresas comunitarias de autogestión campesina, o cualquier

otro tipo de persona jurídica, deberá igualmente acreditarse la

existencia de la personería. No podrá ser nombrado mandatario judicial

ante los tribunales, quien carezca de título de abogado, debidamente

extendido o reconocido en el país. No obstante lo anterior, podrán ser

mandatarios judiciales los bachilleres en leyes y los procuradores

judiciales.

Artículo 30.- Los tribunales agrarios podrán actuar en días u horas

inhábiles, cuando la dilación, pueda causar perjuicio grave a los

interesados, entorpecer la administración de justicia o hacer ilusorio el

efecto de una resolución judicial, o cuando se trate de conflictos de

orden económico y social.

La habilitación se dictará en resolución considerada, de oficio, o a

solicitud de parte, y contra lo que resuelva el tribunal no cabrá recurso

alguno.

Artículo 31.- En materia agraria, toda providencia deberá dictarse

dentro del término de veinticuatro horas, y los autos, salvo los casos

especiales previstos por la ley, dentro del término de tres días.

Artículo 32.- La forma de las resoluciones que dicten los tribunales agrarios, así como su notificación, se regirán por lo dispuesto en los respectivos códigos procesales.

Sin embargo, para los efectos de la práctica de notificaciones, sólo se desglosará de los autos la resolución respectiva, debiendo en todo momento permanecer los expedientes en el tribunal, a la orden de las partes interesadas.

Salvo cuando sea necesario comisionar a otro tribunal la evacuación de una prueba, o la ejecución de un acto procesal; o cuando medie apelación o solicitud del superior ad efectum videndi, podrán salir los expedientes de la custodia del despacho.

En todo asunto en que el Instituto de Desarrollo Rural(*) sea parte, y que sea conocido por un tribunal, cuyo lugar de asiento sea distinto al de la sede del Instituto, el tribunal le notificará cualquier resolución por medio de certificado de correos. Los plazos legales empezarán a correr para el Instituto, desde la fecha de recibo del certificado de correos.

(*) (Modificada su denominación por el artículo 14° de la Ley N° 9036 del 11 de mayo de 2012, "Transforma el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y Crea Secretaría Técnica de Desarrollo Rural")

CAPITULO II

Actos prejudiciales

Artículo 33.- Cuando se juzgue necesario para asegurar los resultados

del juicio, la parte interesada podrá solicitar el arraigo o el embargo

preventivo.

En caso de que la demanda, que se pretendió asegurar con los actos

anteriores, no se presentara dentro del término de cinco días, contados a

partir del día siguiente de la notificación al interesado, se procederá a

revocar el arraigo o el embargo preventivo, sin necesidad de gestión de

parte y se condenará a la parte gestionante a pagar los daños y

perjuicios sufridos por tal motivo, y el tribunal ordenará, en el mismo

acto, el embargo de los bienes del solicitante. El cobro de la indicada

indemnización podrá hacerlo efectivo el perjudicado en el mismo

expediente. El monto mínimo de la reparación no será inferior, en todo

caso, al 20% de la suma por la cual se decretó el embargo.

Cuando el arraigo se pida en el mismo acto del establecimiento de la

demanda, se decretará sin más trámite. Igualmente, cuando a juicio del

tribunal existan motivos para presumir que el demandado se propone

ausentarse del país, sin dejar mandatario, el tribunal podrá, de oficio,

o a instancia de parte, decretar el arraigo, en cualquier estado en que

se encuentre el juicio.

El juez debe limitar el embargo a los bienes que sean indispensables

para garantizar el derecho del embargante.

Artículo 34.- Asimismo el tribunal deberá, a solicitud del

demandante, decretar el embargo en los bienes del accionado, en la

cantidad suficiente para garantizar los resultados del juicio. Tratándose

de las acciones previstas en el inciso 1) del artículo 468 del Código

Civil, en el auto mismo en que se dé curso a la correspondiente demanda,

el tribunal deberá disponer su anotación al margen de la inscripción del

bien en el registro respectivo, exento de toda clase de derechos.

Artículo 35.- El actor podrá, igualmente, de previo al establecimiento

de su demanda, solicitar al tribunal que reciba confesión al accionado o

que se disponga la exhibición de los documentos que interesen para el

establecimiento de la acción, o bien que se practique la inspección

ocular o la prueba pericial.

Sin embargo, en caso de que se solicite por segunda vez la confesión

prejudicial a la misma parte, aunque el gestionante aduzca que se trata

de hechos posteriores que guardan relación directa con el litigio, el

solicitante deberá depositar la suma de cien colones, para que se

atienda su solicitud. Si una vez concluido el prejuicio, el gestionante

no presentara su demanda dentro de los treinta días naturales, contados a

partir de la última notificación, se le condenará al pago de los daños y

perjuicios ocasionados, y se girará el depósito al prejuiciado, como

indemnización fija. El gestionante perderá todo derecho a solicitar

nueva confesión con fundamento directo o indirecto en los mismos hechos.

Contra lo que el juez resuelva en materia de arraigo, embargo preventivo

y confesión prejudicial, cabrá el recurso de apelación en el efecto

devolutivo.

CAPITULO III

De la acumulación de acciones y de autos

Artículo 36.- Procederá la acumulación de acciones y de autos, cuando

las pretensiones que se deducen deban ser tramitadas como un solo juicio

y resueltas en una misma sentencia, a fin de evitar que se rompa la

continencia de la causa o se produzcan fallos contradictorios. También

procederá lo anterior en los casos previstos en el Título XI del Libro

Primero del Código de Procedimientos Civiles, a cuya disciplina general

se sujetará el presente capítulo.

Tratándose de acumulación de acciones, ésta deberá presentarse por

vía de demanda o de reconvención, y sólo será admisible cuando tales

acciones no se excluyan entre sí y sean susceptibles de tramitarse por

los mismos procedimientos.

Artículo 37.- La acumulación de autos procederá, únicamente, cuando

se den los supuestos previstos en el artículo anterior y siempre que no

se haya dictado sentencia de primera instancia en ninguno de los juicios.

La acumulación podrá dictarse de oficio, sin recurso alguno, cuando ambos

procesos obren en el mismo tribunal, o a instancia de parte, en los demás

casos.

Si, a juicio del tribunal, la solicitud de acumulación de autos se

hubiera formulado con el fin exclusivo de entorpecer los procedimientos,

o con fines distintos a los contemplados por la ley, en la resolución que

deniegue la respectiva solicitud se impondrá al gestionante una multa de

cien a doscientos colones. El monto de esta corrección disciplinaria lo

fijará el juez, atendiendo a las condiciones económicas de quien

interpuso la gestión, y se le impondrá al propio abogado director, cuando

el litigante lo tuviere, si a juicio del despacho éste hubiera actuado de

mala fe.

CAPITULO IV

De la demanda, contestación y reconvención

Artículo 38.- Todo escrito de demanda deberá expresar con claridad y

precisión lo siguiente:

a) Los nombres y apellidos, lo mismo que el vecindario, del actor y del

demandado.

b) La narración pormenorizada de los hechos expuestos, debidamente

numerados.

c) Las peticiones que se someten a la decisión del tribunal.

ch) La enumeración de los medios de prueba con que se demuestran los

hechos, y la expresión de los nombres, apellidos y domicilios de los

testigos, con indicación de las señas exactas del lugar en que trabajan o

viven.

Deberán acompañarse a la demanda todos los documentos que le sirvan

de apoyo, o indicar, tratándose de documentos públicos, las oficinas en

donde éstos se encuentran, con la solicitud a la autoridad judicial,

para que se expidan las certificaciones correspondientes.

En los propios escritos de demanda, contestación y reconvención

deberá gestionarse, cuando fuere pertinente, la exhibición de los

documentos que interesen al actor, demandado o reconventor.

d) Señalamiento de casa u oficina para atender notificaciones, dentro

del perímetro judicial.

e) Estimación de la demanda.

Tratándose de agricultores, la demanda podrá interponerse

verbalmente. En tal caso se deberá levantar un acta lacónica con todos

los requisitos establecidos en el presente artículo, la cual será

autorizada con las firmas del juez, del accionante y del secretario o

prosecretario del juzgado.

Artículo 39.- Presentada la demanda por escrito, si no estuviera en

forma legal, el juez, de oficio, ordenará al actor que subsane los

defectos de forma, para lo cual le indicará los errores u omisiones en

que haya incurrido en el libelo de la demanda. En igual forma procederá

el juez cuando la parte demandada, al formular su contestación, señale

algún defecto legal que hubiera pasado inadvertido para el juzgador.

La resolución del despacho, que ordene la corrección de la demanda,

contestación o reconvención, no tendrá recurso alguno, y mientras la

parte obligada no cumpla con lo ordenado por el tribunal no serán oídas

sus gestiones.

Artículo 40.- Presentada en forma una demanda, o corregidos los

defectos, en su caso, el juez conferirá el traslado de ella al demandado,

concediéndole, según la naturaleza del caso y la lejanía del lugar donde

vive el demandado, con respecto al tribunal y las facilidades de

comunicación, un término no menor de seis ni mayor de quince días. En el

acto del emplazamiento, el juez prevendrá al accionado que debe

contestar, uno a uno, los hechos, manifestando si los reconoce como

ciertos o si los rechaza por inexactos, o bien, si los admite con

variantes o rectificaciones; bajo el apercibimiento de que, si así no

hiciere, podrán tenerse por probados aquellos hechos sobre los cuales no

haya dado contestación en forma debida.

Igualmente, el juez prevendrá al demandado de que, al contestar la

demanda, deberá ofrecer la prueba en que se sustenta y señalar casa u

oficina, donde oír notificaciones dentro del perímetro judicial. Si

faltara tal señalamiento se tendrán por notificadas las resoluciones que

se dicten, en el transcurso de veinticuatro horas, con la excepción hecha

en el párrafo final del artículo 32, respecto al Instituto de Desarrollo

Agrario, al que se tendrá por notificado, únicamente cuando hubiera

recibido el certificado de correos.

Cuando se establezca demanda contra un agricultor de escasos recursos

económicos, a juicio del tribunal, éste estará facultado para acudir al

despacho, a contestar la demanda en forma verbal. El tribunal queda

facultado para citar, antes del juicio verbal, de oficio, o a petición de

parte, a las personas físicas o jurídicas vinculadas con el negocio que

se discute, a fin de que se presenten al tribunal a hacer valer sus

derechos.

Las personas citadas tendrán ocho días hábiles para alegar lo que

corresponda y para ofrecer la prueba respectiva.

Artículo 41.- El accionado que no estuviere conforme con los términos

de la demanda, o con las peticiones que de ellas se deducen, expondrá en

su contestación todas las circunstancias y razones en que se funda su

negativa, con referencia, en cada caso, a los distintos hechos enunciados

en la demanda, siguiendo el mismo orden de ésta.

Igualmente, la parte demandada o reconvenida deberá oponer, en el

mismo acto de la contestación o réplica, todas las excepciones que tenga

a su favor, salvo lo previsto en el inciso b) del artículo 16.

Artículo 42.- Sobre las excepciones opuestas contra la demanda o

reconvención se dará audiencia por tres días a la parte contraria, y se

procederá de la misma forma cuando, antes de dictarse sentencia de

primera instancia, se aleguen hechos nuevos, o desconocidos por las

partes a la fecha de la contestación de la demanda o de la reconvención e

su caso.

Con la salvedad de las defensas, a que se refiere el capítulo

siguiente, todas las demás excepciones serán resueltas en sentencia.

Artículo 43.- Si, vencido el término de emplazamiento, el accionante

no contestara la demanda, el juez, de oficio, o a instancia de parte,

procederá sin más trámite a declarar su rebeldía y el contumaz tomará el

juicio en el estado en que se halle al momento en que se apersone.

Sin embargo, tal declaratoria no implicará, necesariamente, admisión

de los hechos de la demanda. El tribunal, al pronunciarse sobre el fondo

del negocio, deberá hacerlo tomando en consideración el resultado de la

prueba que en definitiva arroje el proceso, inclusive la que hubiera

ordenado para mejor proveer.

CAPITULO V

Defensas previas

Artículo 44.- Las siguientes serán admisibles como defensas previas y

deberán presentarse en el momento de contestar la demanda, o en el

momento de la réplica, salvo la de cosa juzgada, que podrá presentarse en

cualquier estado del juicio, antes de la sentencia definitiva:

a) La incompetencia de jurisdicción.

b) La litispendencia.

c) La excepción de cosa juzgada.

ch) La excepción de prescripción.

d) falta de agotamiento de la vía administrativa.

e) La falta de personalidad procesal del actor o del demandado, y la

insuficiencia o ilegalidad del poder de su apoderado.

f) La litisconsorcio necesaria.

Presentada una o varias defensas previas, el tribunal dará audiencia

a la parte contraria, por el término de tres días.

Artículo 45.- El accionado, al proponer cualquier excepción, lo mismo

que el actor al impugnarla, deberá ofrecer las pruebas que le sirvan de

apoyo. Cuando se trate de las defensas previstas en el inciso e) del

artículo que antecede, el juez, si fuera del caso, concederá al actor o

reconventor un plazo de tres días para que subsane la omisión, y pasado

ese término resolverá lo que proceda. En los demás casos conferirá

audiencia a la parte que corresponda, a fin de que alegue lo que convenga

a sus derechos, en relación con la defensa opuesta. Contestada la

audiencia y recibida la prueba que, a juicio del juez, se requiera para

los efectos de resolver la cuestión planteada, éste dictará la resolución

interlocutoria que proceda.

Contra la resolución que deniegue las defensas previas no cabrá

recurso alguno. Contra el auto que declare con lugar cualquiera de estas

defensas, cabrán los recursos ordinarios y extraordinarios aplicables a

la sentencia definitiva, de acuerdo con la naturaleza y cuantía del

negocio.

CAPITULO VI

Del juicio verbal

Artículo 46.- Contestada la demanda o la reconvención, en su caso, o

tenidas por contestadas éstas por vencimiento del término respectivo, y

resueltas las defensas previas que se hubieran interpuesto, el juez

citará a las partes a la comparecencia para el recibimiento de pruebas,

dentro del sexto día, bajo el apercibimiento de llevar a cabo la

diligencia con la parte que concurra. A esta comparecencia asistirán las

partes con sus testigos y, tratándose de asuntos muy complejos o

cuantiosos, el juez podrá hacer dos o más señalamientos, entre los cuales

no deberá mediar un lapso mayor de tres días. Para los efectos

indicados, el despacho señalará, en cada caso, la prueba que habrá de

recibirse, y expedirá oportunamente, las respectivas cédulas de citación,

cuando así sea solicitado por la parte interesada. Prevendrá, asimismo,

a las partes de su obligación de presentar los testigos, bajo el

apercibimiento de que, en caso contrario, el despacho podrá prescindir de

la prueba, sin que sea necesaria una resolución especial que la declare

inevacuable. El juez estará igualmente autorizado, cuando lo juzgue

conveniente, para reducir hasta a tres los testigos de su propia

elección, ofrecidos por cada parte. Sin embargo, cuando una de las

partes hubiese ofrecido prueba testimonial específica sobre determinada

circunstancia, el juez estará obligado a recibir el testimonio por lo

menos a uno de los testigos ofrecidos.

Artículo 47.- En la indicada comparecencia se rechazará la prueba
que no hubiera sido ofrecida oportunamente, y no se consignarán los
alegatos de las partes sobre rechazo o admisibilidad de pruebas, ni se
aceptarán incidentes o articulaciones previas, salvo que se trate de un
incidente de tacha, fundado en la propia declaración del testigo o del
perito.
En el mismo acto, se procederá a recibir la confesión a la parte
contra la cual se hubiera solicitado, para cuyo efecto ésta deberá ser
previamente citada, bajo el apercibimiento de que, en caso de
inasistencia, el juez tendrá como absueltas afirmativamente las preguntas
que contenga el interrogatorio, y de que la comparecencia se llevará a
cabo con la parte que concurra.
En caso de que la parte accionante no asistiera a la comparecencia
sin causa justificada, a juicio del tribunal, el juez le impondrá una
multa de cincuenta a doscientos colones, que se fijará atendiendo a sus
condiciones económicas, y no hará nuevo señalamiento en tanto la multa no
haya sido cancelada. Si por gestión de la parte contraria se hicieran
nuevos señalamientos, no se dará intervención a parte actora, ni se
recibirá prueba alguna favorable a esta parte, en tanto no haya cancelado
la multa respectiva.

Artículo 48.- Siempre que sea posible realizar el juicio verbal en

el predio afectado por el conflicto, la comparecencia se llevara a cabo

en ese lugar y se practicará, en el mismo acto, la inspección ocular y

cualquier otra clase de estudio de campo que requiera la participación de

un perito, a fin de que el juez pueda aprovechar el asesoramiento del

dictaminante y asegurarse de que la pericia ha sido ejecutada a

cabalidad.

Artículo 49.- Salvo la excepción del caso, prevista en el artículo

47, los incidentes de tacha sólo serán admisibles cuando sean planteados

dentro de las veinticuatro horas siguientes a la celebración de la

comparecencia en que se rindió testimonio. Quien interponga este

incidente estará obligado a ofrecer, en el mismo acto, la prueba en que

se funda, para cuya recepción no se podrá hacer más de un señalamiento.

Tales incidentes no interrumpirán el curso normal del juicio y serán

resueltos en sentencia.

En materia de tacha, el juzgado gozará del más amplio criterio en la

evaluación de los medios de prueba y en la apreciación de los hechos,

para impugnar el testimonio o dictamen pericial.

Las reglas anteriores serán aplicables en lo pertinente a todo tipo

de articulación.

Artículo 50.- El acta de la diligencia expresará, en forma lacónica,

el resultado de las pruebas y en ella no será necesario consignar la

razón de juramentación de los testigos, ni sus generales, a menos que,

por los nexos de parentesco de los litigantes, el testigo haya sido

objeto de tacha.

Tampoco será necesario consignar en el acta el interrogatorio que

haya servido de base para la confesión, las preguntas y repreguntas

hechas a los testigos, ni las discusiones habidas con tal motivo.

Los testigos deberán ser interrogados por intermedio del juez, y las

preguntas versarán sobre hechos generales, a fin de evitar que se sugiera

al testigo, en forma implícita o explícita, la respuesta que favorezca a

la parte preguntante.

Sin embargo, las preguntas se deberán hacer en forma clara y precisa,

y sólo serán admisibles cuando tiendan a aclarar o a rectificar lo dicho

por el testigo.

En todo caso, el juez podrá interrogar de oficio a las partes, a los

testigos y a los peritos, sobre los hechos que considere de importancia.

El litigante, o su abogado director, que en cualquier forma trate de

insinuar la contestación al testigo, será retirado de la audiencia, de

oficio, o a solicitud de partes.

Artículo 51.- Siempre que se suscite debate sobre la admisión de

preguntas o repreguntas el testigo será retirado, en tanto se resuelve la

oposición. Una vez decidido el punto, se continuará con la recepción de

la prueba.

Artículo 52.- El juez prescindirá de oficio y sin necesidad de

pronunciamiento expreso que así lo declare, de toda prueba que no se haya

podido recibir dentro de la comparecencia, o dentro del término

improrrogable que él señale, en caso de que para su recepción se haya

comisionado a otros funcionarios. Es entendido, sin embargo, que no se

podrá prescindir de la prueba, cuando ésta no hubiera sido recibida por

culpa del despacho. No obstante, el juez, por disposición propia, o a

solicitud de parte, podrá ordenar, con el carácter de para mejor proveer,

la recepción de cualquier prueba que se estime necesaria para el mejor

esclarecimiento de los hechos.

Contra lo que resuelva el juez en la comparecencia no cabrá recurso

alguno. Sin embargo, la parte que se considere perjudicada podrá reiterar

su reclamo, al establecer los recursos ordinarios y extraordinarios que

procedan contra la resolución de fondo, conforme a la ley.

CAPITULO VII

De la sentencia

Artículo 53.- Contestada la demanda en forma afirmativa, el juez

procederá, sin más trámite, a dictar sentencia dentro del término de

cinco días.

En los demás casos, una vez realizada la comparecencia, recibidas las

pruebas que deban evacuarse fuera de ella, y practicadas las que se

hubieran ordenado para mejor proveer, el juez dará audiencia a las partes

por seis días, para alegar buena prueba. Vencida ésta, procederá a

dictar sentencia dentro de los cinco días siguientes a aquel en que

estuvieron listos los autos para el fallo.

Artículo 54.- La sentencia deberá resolver todos los puntos que hayan

sido objeto de debate, y no comprenderá más cuestiones que las debatidas.

Al resolver sobre el fondo del negocio, el juez apreciará la prueba a

conciencia y sin sujeción estricta a las normas del derecho común, pero,

en todo caso, al analizar el resultado de la prueba recogida en el

proceso, deberá expresar los principios de equidad o de derecho en que

basa su criterio.

Artículo 55.- Las sentencias, así como las resoluciones que pongan

fin al proceso, contendrán pronunciamiento sobre costas. La parte

vencida podrá ser exonerada del pago de las costas personales, y aun de

las procesales, cuando sea evidente que ha litigado de buena fe, por

existir, a juicio del tribunal, motivo suficiente para litigar, o porque

las pretensiones de la parte vencedora, en definitiva, resultaron

desproporcionadas.

Artículo 56.- Tratándose de juicios con participación de campesinos,

a quienes se les hayan reconocido los beneficios contemplados en el

artículo 27, aun cuando exista convenio en contrario, la sentencia

regulará, prudencialmente, los honorarios que correspondan a los abogados

de las partes, atendiendo a la labor realizada, a la cuantía el negocio y

a la situación económica de los litigantes. Tales honorarios no podrán

ser menores al 5%, ni mayores al 15% del importe líquido de la

condenatoria, o de la absolución, en su caso. Si el juicio no fuere

susceptible de estimación pecuniaria, los tribunales estarán autorizados

para fijarlos discretamente.

Artículo 57.- De todas la sentencias o autos que pongan término a los

juicios o imposibiliten su continuación, dictadas por los tribunales

agrarios, se dará copia fiel a las partes, en el momento de practicarse

la respectiva notificación.

CAPITULO VIII

De los recursos

Artículo 58.- Salvo disposición de esta ley en contrario, las

resoluciones que no resuelvan sobre el fondo del negocio, o que pongan

término al proceso, carecerán de recurso alguno. Sin embargo, el

tribunal estará facultado para revocar y modificar, dentro del término de

las veinticuatro horas siguientes a la fecha de la respectiva

notificación, de oficio, o a solicitud de partes, cualquier auto o

providencia, si lo juzgare procedente.

Artículo 59.- Cabrá recurso de apelación contra las sentencias y

contra las resoluciones que declaren con lugar las defensas previas, o

que en cualquier forma pongan fin a los procedimientos, por hacer

imposible su continuación o reiteración. Igualmente cabrá este recurso

en los casos expresamente admitidos por la presente ley, siempre que el

receso sea interpuesto, tratándose de sentencias definitivas, dentro de

los cinco días siguientes, y tratándose de autos con el carácter de

tales, dentro del término de tres días, contados, en ambos casos, a

partir del día siguiente de aquel en que todas las partes quedaron

notificadas.

Artículo 60.- El recurso de apelación, si la ley no indica otra cosa,

se concederá en el efecto suspensivo, y su trámite se regirá en lo

pertinente por las disposiciones de la Sección IX del Capítulo II, Título

VII del Código de Trabajo.

Artículo 61.- Contra las sentencias definitivas dictadas por el

Tribunal Superior Agrario. en la vía ordinaria, así como en los juicios

de expropiación, procederá el recurso ante la Sala de Casación, el cual

deberá presentarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación

de la sentencia, y se regirá, en todo lo que fuere aplicable, por las

disposiciones del Capítulo V, Título VII del Código de Trabajo.

Cabrá, igualmente, este recurso contra las resoluciones dictadas en

otros negocios de conocimiento de los tribunales creados por esta ley,

que de acuerdo con la legislación común puedan ser objeto de recurso de

casación; pero en tales casos éste se regirá por los mismos

procedimientos que aquí se establecen.

La Sala de Casación, a la hora de apreciar la prueba y de resolver

el negocio, se regirá por lo dispuesto en el artículo 54 y, en general,

por los principios que informan esta ley.

Contra lo que resuelva en definitiva la Sala de Casación no cabrá

más recurso que el de responsabilidad.

CAPITULO IX

Ejecución de sentencias

Artículo 62.- Firme la sentencia, el juez dispondrá lo pertinente

para su ejecución, sirviéndose para ello, en lo que fuere compatible con

las normas contenidas en este Título, de lo dispuesto en los artículos

987 a 1018 del Código de Procedimientos Civiles y, específicamente de las

siguientes reglas:

a) Es obligación del despacho ordenar, de oficio, el señalamiento para

la compulsa, y expedir la ejecutoria y los mandamientos a que hubiere

lugar, para la práctica de inscripciones o para la cancelación de

anotaciones en el Registro Público, libre de derechos, cuando se trate de

campesinos a quienes se les hayan reconocido los beneficios contemplados

en el artículo 27.

b) Igualmente, el juez procederá a ordenar, sin necesidad de

requerimiento de parte, el embargo de los bienes del vencido, en la

cantidad suficiente para asegurar los derechos del litigante victorioso.

En caso de que el expediente contenga elementos de juicio

suficientes, que permitan hacer la correspondiente liquidación, el juez

estará facultado para formularla de oficio. De no ser así, corresponderá

a la parte interesada presentar la liquidación respectiva.

c) De la liquidación se correrá audiencia al vencido, por el término de

cinco días. Es obligación del ejecutante aportar la prueba que sirva de

fundamento a la liquidación, y ofrecerla, en su caso, dando todas las

indicaciones que fueren necesarias, a fin de que el tribunal pueda instar

a su evacuación. En casos especiales, el tribunal podrá hacer

señalamiento de comparecencia para tales efectos.

ch) Contestada la audiencia, o vencido el término concedido al efecto, y

una vez recibida la prueba, cuando hubiere lugar, el juez procederá a

pronunciarse sobre la liquidación, dentro del término de cinco días.

d) La sentencia que apruebe la liquidación será apelable, en ambos

efectos, ante el Tribunal Superior Agrario, dentro del término de cinco

días.

e) Contra lo que resuelva el tribunal no cabrá más recurso que el de

responsabilidad.

f) Tan pronto le sea devuelto al juzgado el expediente respectivo o una

vez firme la resolución de fondo, en caso de conformidad del perdidoso,

el juez procederá a la subasta de los bienes embargados, y sin necesidad

de requerimiento de parte ordenará que se gire al interesado el producto

de la subasta, hasta el tanto suficiente para cubrir el monto de la

condenatoria, intereses y costas fijados.

TITULO III

De los procedimientos especiales

CAPITULO I

De la expropiación

Artículo 63.- DEROGADO.-

(Derogado por el artículo 64, inciso ñ), de la Ley de Expropiaciones

No.7495 del 3 de mayo de 1995)

Artículo 64.- DEROGADO.-

(Derogado por el artículo 64, inciso ñ), de la Ley de Expropiaciones

No.7495 del 3 de mayo de 1995)

Artículo 65.- DEROGADO.-

(Derogado por el artículo 64, inciso ñ), de la Ley de Expropiaciones

No.7495 del 3 de mayo de 1995)

Artículo 66.- DEROGADO.-

(Derogado por el artículo 64, inciso ñ), de la Ley de Expropiaciones

No.7495 del 3 de mayo de 1995)

Artículo 67.- DEROGADO.-

(Derogado por el artículo 64, inciso ñ), de la Ley de Expropiaciones

No.7495 del 3 de mayo de 1995)

Artículo 68.- DEROGADO.-

(Derogado por el artículo 64, inciso ñ), de la Ley de Expropiaciones

No.7495 del 3 de mayo de 1995)

Artículo 69.- DEROGADO.-

(Derogado por el artículo 64, inciso ñ), de la Ley de Expropiaciones

No.7495 del 3 de mayo de 1995)

Artículo 70.- DEROGADO.-

(Derogado por el artículo 64, inciso ñ), de la Ley de Expropiaciones

No.7495 del 3 de mayo de 1995)

Artículo 71.- DEROGADO.-

(Derogado por el artículo 64, inciso ñ), de la Ley de Expropiaciones

No.7495 del 3 de mayo de 1995)

Artículo 72.- DEROGADO.-

(Derogado por el artículo 64, inciso ñ), de la Ley de Expropiaciones

No.7495 del 3 de mayo de 1995)

Artículo 73.- DEROGADO.-

(Derogado por el artículo 64, inciso ñ), de la Ley de Expropiaciones

No.7495 del 3 de mayo de 1995)

Artículo 74.- DEROGADO.-

(Derogado por el artículo 64, inciso ñ), de la Ley de Expropiaciones

No.7495 del 3 de mayo de 1995)

Artículo 75.- DEROGADO.-

(Derogado por el artículo 64, inciso ñ), de la Ley de Expropiaciones

No.7495 del 3 de mayo de 1995)

Artículo 76.- DEROGADO.-

(Derogado por el artículo 64, inciso ñ), de la Ley de Expropiaciones

No.7495 del 3 de mayo de 1995)

Artículo 77.- DEROGADO.-

(Derogado por el artículo 64, inciso ñ), de la Ley de Expropiaciones

No.7495 del 3 de mayo de 1995)

CAPITULO II

De las demasías

Artículo 78.- En el caso de que el instituto encargado del

ordenamiento agrario y del desarrollo rural comprobara, en una finca

demás de mil hectáreas, la existencia de áreas poseídas, que excedan el

área inscrita, se observarán los siguientes procedimientos:

a) Si la totalidad del terreno estuviera cultivada o dedicada a la

explotación ganadera, una vez localizada debidamente el área de exceso,

el instituto dictará resolución declarando la existencia de tal demasía y

previniendo al propietario que nombre un perito, dentro del término de

ocho días hábiles, para que, en asocio del perito que en el mismo acto se

designará, valore las mejoras ejecutadas por el propietario en la tierra

indebidamente apropiada, dentro del término perentorio de treinta días

naturales. La resolución deberá ser notificada al interesado

personalmente, o por medio de carta certificada, y se inscribirá

provisionalmente, por medio de mandamiento, en el Registro Público, al

margen de la finca respectiva.

Una vez que el instituto haya cubierto el monto del avalúo asignado

por los peritos a las mejoras, o depositado este monto ante la autoridad

competente, a la orden de su dueño, se procederá, por medio de

mandamiento, a solicitar al Registro Público la inscripción, a nombre del

instituto, del área de demasía. Será de elección del propietario la

localización de la demasía.

En el caso de que los peritos no llegaran a un acuerdo en cuanto al

valor de las mejoras, se procederá a determinar el valor y a liquidar la

respectiva indemnización, mediante los trámites de expropiación previstos

en esta ley.

b) Si el exceso del terreno localizado se encontrara sin cultivar o no

fuera objeto de explotación ganadera, una vez notificada y firme la

resolución del instituto, que declare la existencia de las demasías, y

una vez localizada el área correspondiente por el propietario, se

procederá a levantar e inscribir el plano en la Oficina de Catastro, y a

solicitar al Registro Público, por mandamiento, la inscripción respectiva

a nombre del instituto.

En el primer caso, si el propietario no designara el perito dentro

del término de la ley, se entenderá que la indemnización de las mejoras

podrá fijarse de acuerdo con el avalúo del perito designado por el

instituto. Igualmente, si el propietario, debidamente prevenido y

notificado al efecto, no concurriera a la comparecencia para la

localización de la demasía, el instituto quedará facultado para

localizarla, conforme a su propio criterio.

La inscripción a favor del instituto, de las demasías a que se

refiere el presente artículo, se mantendrá hasta tanto no se decida en

sentencia definitiva, basada en autoridad de cosa juzgada -en caso de

contención- sobre tal inscripción.

CAPITULO III

Del trámite de otros asuntos de conocimiento

de los tribunales agrarios

Artículo 79.- Cuando el juez deba conocer de algún negocio, que

ordinariamente sea de competencia de los tribunales comunes, y que no

haya sido objeto de regulación expresa en esta ley, sujetará su

tramitación al procedimiento que en cada caso establece el respectivo

código, con las salvedades que se indican en los artículos siguientes.

Artículo 80.- Si se tratara de juicios de división material de una

universalidad de bienes, integrada por uno o más de aquellos que se

indican en el inciso c) del artículo 2 de esta ley y por bienes de otra

naturaleza, que sean de valor inferior a los primeros, corresponderá a

juez agrario dictar la resolución que proceda en cuanto a aquellos, sin

perjuicio de que la autoridad judicial competente conozca de la división

de los otros bienes, pero sin que esa autoridad pueda pronunciarse en

definitiva sobre la disolución, mientras no se dicte sentencia firme en

la jurisdicción agraria, para cuyo efecto el juez agrario comunicará al

juez común lo que resuelva. Si por cualquier motivo el negocio hubiera

sido presentado ante un juez incompetente, éste, tan pronto advierta las

circunstancias apuntadas, mandará a suspender los procedimientos y

ordenará pasar el asunto al juez agrario de la jurisdicción en que se

encuentre situado el predio de la naturaleza indicada.

Si existieran otros bienes, de un valor superior al de los descritos

en el inciso c) del artículo 2 de esta ley, el juez común seguirá

conociendo en cuanto a ello y extenderá testimonio de piezas para que el

juez agrario conozca de lo relativo a estos bienes.

Artículo 81.- Las reglas del artículo anterior se aplicarán en los

juicios de sucesión, cuando parte del haber hereditario esté constituido

por bienes de los descritos en el inciso c) del artículo 2 de esta ley,

pero en tal caso lo que decidan los tribunales agrarios no cobrará valor

ni efecto, en lo que a participación de bienes se refiere, en tanto no se

hayan liquidado y cancelado en su totalidad las mandas legales que deba

pagar la sucesión.

Artículo 82.- Adiciónase al artículo 468 del Código Civil un nuevo inciso que dirá:

"7º) Las resoluciones que dicte el Instituto de Desarrollo Rural(*), declarando la afectación de tierras para los fines de la ley que rige la materia, así como las que adviertan o declaren la existencia de un conflicto de ocupación precaria en un inmueble".

(*) (Modificada su denominación por el artículo 14° de la Ley N° 9036 del 11 de mayo de 2012, "Transforma el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y Crea Secretaría Técnica de Desarrollo Rural")

Artículo 83.- En todos los negocios judiciales que deban tramitarse

con autorización del Instituto, las resoluciones que dicten los

tribunales deberán ser notificadas en las oficinas centrales de su

Departamento Legal, por medio de certificado de correos, conforme al

párrafo final del artículo 32.

Artículo 84.- Esta ley es de orden público y deroga la ley 4545 del

20 de marzo de 1970 (Ley de Informaciones Posesorias Administrativas)

y sus reformas, No.5064 del 22 de agosto de 1972 (Ley de Titulación), e

igualmente cualquier otra disposición legal en lo que se le oponga.

(NOTA: las reformas hechas a este artículo por el numeral 46 de la

Ley de Presupuesto Nº 6975 de 30 de noviembre de 1984 y el numeral 3 de

la ley No.7305 del 22 de julio de 1992, fueron declaradas inconstitucio-

nales por votos No.595-92 del 3 de marzo de 1992 y No.786-94 del 8 de

febrero de 1994, aclarada esta última por Resolución de la Sala

Constitucional Nº 123-I-95 de las 14:40 horas del 22 de febrero de 1995.

Véanse las observaciones de la ley).

Artículo 85.- Rige a partir de su publicación.