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 Normativa >> Ley 7531 >> Fecha 10/07/1995 >> Texto completo
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Texto Completo Norma 7531
Reforma Integral de Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio
Texto Completo acta: 21113 1

N° 7531



 



LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA



 



DECRETA:



 



REFORMA INTEGRAL DEL SISTEMA DE PENSIONES



Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL



 



ARTICULO 1.-Alcance de la ley.



 



Se sustituye el texto de la Ley No. 7268, del 14 de noviembre de1991. En consecuencia, se reforma íntegramente la Ley No.2248, del 5 de setiembre de 1958, cuyo texto, en lo sucesivo, dirá:



 



"TITULO I



 



Disposiciones Generales



 



Artículo 1.- Campo de aplicación



 



Esta ley regula lo relativo a las pensiones y jubilaciones correspondientes a los funcionarios del Magisterio Nacional.



 



El Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional está compuesto por:



 



a) El régimen de pensiones otorgadas al amparo de la Ley No. 2248, del 5 de setiembre de 1958, y sus reformas, excepto la reforma integral realizada mediante la Ley No. 7268, del 14 de noviembre de 1991.



b) El régimen de pensiones otorgadas al amparo de la reforma introducida por la Ley No. 7268, del 14 de noviembre de 1991.



c) El Régimen transitorio de reparto, regulado en el Título III de la presente ley.



d) El Régimen de capitalización de pensiones y jubilaciones, regulado en el Título II de esta ley.



 



Artículo 2.- Derechos adquiridos



 



Las pensiones y las jubilaciones otorgadas por los regímenes mencionados en los incisos a) y b) del artículo anterior, continuarán reguladas por las normas vigentes en el momento de su adquisición, en todos sus elementos, salvo en lo referente a las cotizaciones a cargo de los pensionados, lo cual queda sujeto a lo dispuesto en los artículos 70 y 71 de la presente ley.



 



Las pensiones y las jubilaciones cuyos derechos se adquieran durante la vigencia de esta ley, se regirán por lo dispuesto para el Régimen transitorio de reparto o para el Régimen de capitalización, según el caso.



 



Los funcionarios que cumplan con los requisitos para adquirir el derecho a la pensión ordinaria según lo establecía el texto anterior, consagrado por la Ley No. 7268, del 14 de noviembre de 1991, dentro de los dieciocho meses posteriores a la promulgación de la presente ley, podrán pensionarse al amparo de las disposiciones establecidas en el mencionado texto.



 



TITULO II



 



Régimen de capitalización



 



CAPITULO I



 



Ambito de protección



 



SECCION I



 



Adscripción



 



Artículo 3.- Derecho de pertenencia



 



El Régimen de capitalización es de adscripción voluntaria.



 



Los funcionarios que cumplan con los requisitos de pertenencia a las instituciones indicadas en el artículo 8 siguiente, quedarán incluidos de oficio en el colectivo cubierto, por el solo acto de nombramiento. No obstante, cuando lo soliciten de modo expreso, serán excluidos del Régimen y, automáticamente, quedarán cubiertos por el seguro obligatorio de Invalidez, vejez y muerte, creado por la Ley No. 17, del 22 de octubre de 1943 y sus reformas.



 



           Artículo 4.- Derecho de opción



 



La opción de traspaso a que se refiere el párrafo segundo del artículo anterior podrá ser ejercida por una sola vez, de manera que no procederá incluir de nuevo en el Régimen del Magisterio, a los funcionarios que hayan optado por pasarse al seguro obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte.



 



            Artículo 5.- Trámite



 



El interesado deberá dirigir la solicitud de traspaso al departamento de personal o de recursos humanos de la institución donde preste servicio, el cual hará efectiva la exclusión a partir del primer día del mes siguiente al recibo de la solicitud.



 



Del acto de exclusión, se enviará copia a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, para que proceda a la liquidación actuarial respectiva y entere, a la Caja Costarricense de Seguro Social, el aporte correspondiente al solicitante.



 



Artículo 6.- Plazos



 



La Junta deberá realizar la liquidación actuarial y el traspaso de los aportes a la Caja Costarricense de Seguro Social dentro de los primeros tres meses, que se contarán a partir del recibo de la comunicación de traspaso.



 



Cuando la Caja no reciba los aportes correspondientes, dentro del plazo estipulado en el párrafo anterior, tendrá derecho a cobrar intereses moratorios del cinco por ciento (5%) mensual.



SECCION II



 



Ambito de cobertura



 



Artículo 7.- Ambito de cobertura



 



Quedan cubiertas por este Régimen de capitalización todas las personas que se desempeñen en el Magisterio Nacional y hayan sido nombradas por primera vez con posterioridad al 14 de julio de 1992 o hayan nacido el 1o. de agosto de 1965 o en fecha posterior.



 



Los funcionarios activos del Ministerio de Educación Pública que, por ocupar cargos a tiempo completo en la dirigencia de organizaciones gremiales, corporativas y sindicales directamente vinculadas con el Magisterio Nacional, hayan disfrutado de licencia sin goce de salario en el ejercicio de esa representación, tendrán derecho a que el tiempo destinado a esa actividad se les reconozca como años de servicio únicamente para efectos de pensión. En ningún caso, ese tiempo podrá exceder de diez años. Al efecto de que este tiempo resulte hábil para adquirir el derecho jubilatorio, esas personas deberán haber cotizado sobre los salarios devengados mientras ostentaron la representación.



 



            Artículo 8.- Profesionalidad



 



Por desempeño en el Magisterio Nacional debe entenderse específicamente:



 



a) Quienes sirvan en cargos docentes, tal y como lo define el artículo 54 de la Ley de Carrera Docente, en instituciones educativas, públicas o privadas, de enseñanza preescolar, enseñanza general básica, educación diversificada y en las universidades estatales.



b) El personal administrativo del Ministerio de Educación Pública y de los centros educativos mencionados en el inciso anterior.



c) Los funcionarios del Instituto Nacional de Aprendizaje que ejerzan actividades docentes regulares y continuas.



 



No se entenderá como actividad docente la participación ocasional en charlas, coloquios, conferencias o cursos de capacitación, aunque sean desarrollados o patrocinados por instituciones públicas, educativas o no.



 



No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los funcionarios administrativos cuyo nombramiento se produzca después de la promulgación de la presente ley, quedarán cubiertos por el seguro obligatorio de Invalidez, vejez y muerte, creado por la Ley No. 17, del 22 de octubre de 1943.



 



CAPITULO II



 



Prestaciones



 



Artículo 9.- Contingencias protegidas



 



El Régimen de capitalización otorgará prestaciones económicas periódicas para cubrir las contingencias de vejez, invalidez y sobrevivencia a la muerte del sostén económico de la familia, fundamentadas en los principios de justicia social, solidaridad y redistribución, con estricto apego a los principios técnicos y administrativos que regulan este tipo de regímenes.



 



Las prestaciones económicas otorgadas al amparo de esta ley son inembargables, salvo lo dispuesto por la legislación ordinaria en cuanto a pensiones alimenticias.



 



Las prestaciones por vejez son vitalicias, mientras que las de invalidez y supervivencia estarán sujetas a las condiciones de extinción que se establezcan en el reglamento general respectivo, que emitirá la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional. Para la vigencia de ese reglamento, deberá contarse con la autorización expresa de la Superintendencia General de Pensiones.



 



            Artículo 10.- Prescripción



 



El derecho a la pensión por vejez es imprescriptible.



El derecho a la pensión por invalidez prescribe a los dos años.



El derecho de la pensión por supervivencia prescribe a los diez años.



La prescripción del derecho a la prestación declarada y otorgada se regirá por lo dispuesto en el inciso 1) del artículo 870 del Código Civil.



 



            Artículo 11.- Requisitos de elegibilidad



 



La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional determinará, según los estudios técnicos actuariales correspondientes, los requisitos que deberán cumplirse para la declaratoria de los beneficios.



 



            Artículo 12.- Cuantía de las prestaciones



 



La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional determinará el monto de la jubilación, así como los otros componentes del perfil de beneficios, de conformidad con los estudios técnicos actuariales realizados al efecto.



 



            Artículo 13.- Reglamento General



 



Para ejecutar lo dispuesto en los dos artículos anteriores, así como el procedimiento administrativo para su realización, la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional emitirá un reglamento general del Régimen de capitalización de pensiones y jubilaciones.



 



Ese reglamento contemplará necesariamente:



 



a) Los períodos de espera o calificación para cada una de las contingencias, separadamente.



b) El número y la calidad de las cotizaciones necesarias para adquirir el derecho a las diversas prestaciones, según las contingencias, separadamente.



c) La cuantía y la duración de las prestaciones, para cada una de las contingencias cubiertas, separadamente.



d) El procedimiento administrativo para tramitar las solicitudes de los interesados, el cual, en todo caso, deberá sujetarse a lo dispuesto en la Ley General de la Administración Pública para el procedimiento sumario.



e) Las reglas sobre la inversión de los recursos del Fondo de Capitalización, las cuales deben garantizar, con estricto apego a la presente ley, las mejores condiciones de rentabilidad y seguridad.



f) Todos los otros elementos que se consideren necesarios para la correcta administración del Régimen, según lo dispuesto en esta ley, las directrices de la Superintendencia General de Pensiones y la prudencia y la responsabilidad administrativas. 



 



CAPITULO III



 



Ingresos del Régimen



 



SECCION I



 



Cotización



 



Artículo 14.- Cotización obrera y patronal



 



Los funcionarios cubiertos por este Régimen, así como sus patronos, cotizarán con el cinco coma setenta y cinco por ciento (5,75%) del salario devengado.



 



            Artículo 15.- Cotización estatal



 



El Estado, en su calidad de tal, cotizará un porcentaje de los salarios igual al establecido para el seguro obligatorio de Invalidez, vejez y muerte, administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social.



 



            Artículo 16.- Modificación de las cotizaciones



 



La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional podrá ajustar las cotizaciones de los funcionarios activos asegurados, cuando así lo recomienden los estudios actuariales y previa autorización de la Superintendencia General de Pensiones.



 



La cuota patronal sólo podrá variarse con autorización expresa de la Asamblea Legislativa, emitida por ley ordinaria.



 



            Transitorio I.- Cotización especial solidaria



 



Para contribuir al pago de las pensiones en curso correspondientes a los regímenes indicados en los incisos a), b) y c) del artículo 1, los funcionarios activos y los patronos cotizarán, cada uno, con el dos coma veinticinco por ciento (2,25%) de los salarios devengados. Esta contribución especial regirá solamente durante los diez años inmediatos posteriores a la vigencia de esta ley.



 



            Transitorio II.- Transferencia de cotizaciones pagadas



 



El Estado transferirá, al Fondo de Capitalización que esta ley establece, una suma equivalente a las cotizaciones obreras deducidas del salario de los funcionarios nacidos el 1º de agosto de 1965 o en fecha posterior y que sean cotizantes según la Ley No. 7268, del 14 de noviembre de 1991. El Ministerio de Hacienda determinará el monto total de esa suma.



 



Para estos efectos, la suma correspondiente se transferirá en diez tractos, pagaderos anualmente, y en títulos indexables del Estado (TUDES), en plazos de diez, quince y veinte años.



 



SECCION II



 



Réditos



 



Artículo 17.- Ingresos por réditos



 



Los réditos, producto de la inversión del Fondo de Capitalización, ingresarán a ese mismo Fondo.



 



CAPITULO IV



 



Fondo de Capitalización



 



SECCION I



 



Conformación



 



Artículo 18.- Estructura



 



Con las cotizaciones aludidas en los artículos 16 y 17 de la presente Ley, la Junta conformará un Fondo de Capitalización, el cual se incrementará con los réditos producidos por las inversiones de ese Fondo, al tenor de lo dispuesto en el artículo anterior.



 



            Artículo 19.- Independencia del Fondo



 



El Fondo de Capitalización aquí creado es independiente del patrimonio de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional y se declara inembargable.



 



La Junta mantendrá ese Fondo separado, física y contablemente, tanto de su propio patrimonio como del Fondo Especial de Administración, mencionado en el artículo 106 de esta ley y separado también de cualquier otra cuenta o fondo que se establezca en el futuro.



 



SECCION II



 



Limitaciones a las operaciones de inversión



 



Artículo 20.- Inversión



 



La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, bajo su responsabilidad, invertirá los recursos acumulados en el Fondo de Capitalización, en las mejores condiciones de mercado, que garanticen un adecuado equilibrio entre la rentabilidad y la seguridad de la inversión.



 



            Artículo 21.- Clases de títulos



 



La inversión deberá realizarse en títulos exclusivamente nacionales, tanto de renta fija como de renta variable, inscritos de conformidad con la Ley reguladora del mercado de valores. Sólo se invertirá por medio de las bolsas de valores legalmente autorizadas en Costa Rica.



 



Queda absolutamente prohibido a la Junta invertir en títulos de emisores extranjeros, así como colocar todos los fondos o parte de ellos en bolsas de valores extranjeras.



 



            Artículo 22.- Limitaciones por razón de las personas



 



La Junta no podrá invertir en títulos emitidos por sociedades o instituciones de cualquier clase, en las que alguno de los miembros de sus juntas directivas también sea miembro de la Directiva de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional.  Igual prohibición regirá para las inversiones en sociedades o instituciones, de cualquier clase, en las que un miembro de la Directiva de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional o sus parientes hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad inclusive, sea accionista titular de más del cinco por ciento (5%) del capital social.



 



            Artículo 23.- Limitaciones por razón de la cartera



 



La Junta deberá invertir no menos del setenta por ciento (70%) del Fondo de Capitalización, en títulos públicos emitidos por el Estado.



 



            Artículo 24.- Custodia de los títulos



 



La Junta mantendrá los títulos en que se haya invertido, en poder de un banco del Sistema Bancario Nacional, el cual asumirá la custodia, de conformidad con la ley y el contrato que se celebre al respecto.



 



Artículo 25.- Consecuencias penales



El miembro de la Junta Directiva que concurra con su voto para aprobar alguna decisión violatoria de lo establecido en los artículos 21 al 24 de la presente ley, incurrirá en el delito de administración fraudulenta, previsto y sancionado en el artículo 222 del Código Penal.  De conformidad con el artículo 46 del Código Penal, recibirán igual sanción los funcionarios subalternos de la Junta que induzcan a tomar la decisión ilegal.



 



SECCION III



 



Responsabilidad de la Junta Administrativa



 



Artículo 26.- Responsabilidad solidaria



 



Los miembros de la Junta serán solidariamente responsables de las pérdidas ocasionadas por su culpa o dolo al Fondo de Capitalización, durante su respectivo período de nombramiento.



 



La exclusión de responsabilidad se producirá si en el acta respectiva consta su oposición expresa contra la medida que ocasiona la pérdida o si los miembros estuvieron ausentes durante esa sesión.



 



En caso de que las pérdidas superen el monto asegurado en la póliza de fidelidad mencionada en el artículo 101 de esta ley, la responsabilidad personal subsistirá por el saldo no cubierto.



 



            Artículo 27.- Responsabilidad administrativa



 



La violación de lo establecido en cuanto a las limitaciones de inversión a que se refieren los artículos 21, 22 y 23 de la presente ley, facultará a la Superintendencia General de Pensiones para destituir a los miembros de la Junta Directiva que hayan concurrido, con su voto, a tomar la decisión ilegal, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales procedentes.



 



Transitorio III.- La Junta de Pensiones y Jubilaciones contará con un plazo improrrogable de un año, contado a partir de la vigencia de la presente ley, para adecuar sus inversiones a lo dispuesto en ella.



 



CAPITULO V



 



Control y supervisión



 



Artículo 28.- Control y supervisión



 



El Régimen de capitalización y su administración quedarán sujetos al control y la supervisión de la Superintendencia General de Pensiones.



 



Transitorio IV.- Hasta tanto no entre en operación la Superintendencia General de Pensiones mencionada en el artículo anterior, la encargada de todas sus funciones será la Auditoría General de Entidades Financieras.



 



TITULO III



 



Régimen Transitorio de Reparto



 



CAPITULO I



 



Ambito de protección



 



SECCION I



 



Adscripción



 



Artículo 29.- Naturaleza del Régimen



 



El Régimen de Reparto es transitorio, especial y sustitutivo del seguro obligatorio de Invalidez, vejez y muerte, creado por la Ley No. 17, del 22 de octubre de 1943, y su Reglamento y administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social.



 



Por su naturaleza excepcional, serán restrictivas tanto la aplicación como la interpretación de las normas del presente Título. En caso de duda, se aplicará o interpretará en favor del Régimen y no en favor del pensionado o del funcionario pretendiente, quien, por principio, está cubierto por el régimen general indicado en el párrafo anterior.



 



            Artículo 30.- Régimen de adscripción



 



El Régimen transitorio de reparto establecido en este Título es de adscripción voluntaria.



 



Los funcionarios que cumplan con los requisitos de pertenencia a las instituciones magisteriales, según lo establecido en los artículos 34 y 35 siguientes, por el solo acto de su nombramiento, quedarán incluidos de oficio en el colectivo cubierto por este Régimen.



 



Sin embargo, cuando lo soliciten en forma expresa, serán excluidos del Régimen y automáticamente pasarán a quedar cubiertos por el seguro obligatorio de Invalidez, vejez y muerte administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social.



 



            Artículo 31.- Derecho de opción



 



La opción de traspaso a la que se refiere el párrafo tercero del artículo anterior, podrá ejercerse por una sola vez, de manera que no procederá incluir de nuevo en el Régimen del Magisterio a los funcionarios que hayan optado por traspasarse al Régimen de Invalidez, vejez y muerte administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social.



 



            Artículo 32.- Trámite



 



El interesado deberá dirigir la solicitud de traspaso al departamento de personal o de recursos humanos de la institución donde se encuentre laborando. Ese departamento lo excluirá a partir del primer día del mes siguiente al recibo de la solicitud.



 



Del acto de exclusión, se enviará copia a la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional. El Estado procederá a la liquidación actuarial respectiva y enterará, a la Caja Costarricense de Seguro Social, el aporte de cotizaciones correspondiente a quien solicite el traspaso.



 



            Artículo 33.- Plazos



 



El Estado deberá realizar la liquidación actuarial y el traspaso de los aportes a la Caja dentro de los primeros tres meses, contados a partir del recibo de la comunicación de traspaso.



 



Cuando proceda el traspaso de cotizaciones, se aplicará lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 73 de esta ley.



 



En el caso de que la Caja Costarricense de Seguro Social no reciba, dentro del plazo estipulado en el párrafo anterior, los aportes, tendrá derecho a cobrar intereses moratorios del cinco por ciento (5%) mensual.



 



SECCION II



 



Ambito de cobertura



 



 Artículo 34.- Ambito de cobertura



 



Quedan cubiertas por este Régimen todas las personas que se desempeñen en el Magisterio Nacional y hayan sido nombradas por primera vez con anterioridad al 15 de julio de 1992 o hayan nacido antes del 1º de agosto de 1965.



 



Los funcionarios activos del Ministerio de Educación Pública que, por ocupar cargos a tiempo completo en la dirigencia de organizaciones gremiales, corporativas y sindicales, directamente vinculadas con el Magisterio Nacional, hayan disfrutado de licencia sin goce de salario en el ejercicio de esa representación, tendrán derecho a que el tiempo destinado a esa actividad se les reconozca como años de servicio únicamente para efectos de pensión. En ningún caso, ese tiempo podrá exceder de diez años. Al efecto de que este tiempo resulte hábil para adquirir el derecho jubilatorio, esas personas deberán haber cotizado sobre los salarios devengados mientras ostentaron la representación.



 



            Artículo 35.- Profesionalidad



 



El desempeño en el Magisterio Nacional debe establecerse de conformidad con lo indicado en el artículo 8 de la presente ley.



 



CAPITULO II



 



Prestaciones



 



SECCION I



 



Clases de prestaciones



 



            Artículo 36.- Contingencias protegidas



 



Este Régimen otorgará prestaciones económicas periódicas para cubrir las contingencias de vejez, invalidez y supervivencia a la muerte del sostén económico de la familia, fundamentadas en los principios de justicia social, solidaridad y redistribución de la riqueza, con estricto apego a los principios técnicos que regulan esta clase de regímenes. 



 



SECCION II



 



Salario de referencia



 



            Artículo 37.- Salario de referencia



 



Para determinar la cuantía de cualquiera de las prestaciones que se otorguen en este Régimen, se tomará, como base de referencia, el promedio de los cuarenta y ocho mejores salarios devengados, exclusivamente, en funciones magisteriales, de conformidad con los artículos 34 y 35 anteriores, cotizados en los últimos sesenta meses.



 



En caso de muerte del funcionario, cuando, por razón del tiempo laborado no se hayan completado cuarenta y ocho salarios, el salario de referencia se calculará sobre la totalidad de salarios devengados y cotizados antes de acaecer la contingencia.



 



Este salario de referencia es sólo al efecto de calcular la cuantía de las prestaciones, sin que pueda entenderse que estas son salarios o tienen una composición similar al salario. En este sentido, una prestación declarada consiste en una suma de dinero única.



 



            Artículo 38.- Subsidios sustitutos del salario



 



En caso de que el funcionario esté devengando prestaciones por incapacidad laboral transitoria, tendrá derecho a que esas cotizaciones se le consideren tanto para calcular el salario de referencia como para determinar el número de cuotas pagadas, siempre y cuando continúe cotizando sobre tales prestaciones en favor del Régimen de Pensiones y Jubilaciones.



 



Para los efectos del párrafo anterior, son prestaciones por incapacidad laboral transitoria las otorgadas:



 



a) Por el seguro obligatorio de enfermedad y maternidad administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social.



b) Por el seguro obligatorio de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.



c) Por el seguro de accidentes de tránsito, administrado por el Instituto Nacional de Seguros.



d) De conformidad con los artículos 167, 168 y 169 de la Ley de Carrera Docente, mientras estuvieron vigentes.



 



            Artículo 39.- Valor formal de la cotización



 



Para determinar el número de cuotas mensuales pagadas que sirvan de sustento al cumplimiento del requisito correlativo, se tendrá como cumplida la cuota pagada en cada mes calendario, independientemente del tiempo laborado en el mes y del número de cotizaciones realizadas en él, por razón de la forma de pago o del pluriempleo. 



 



SECCION III



 



Prescripciones



 



            Artículo 40.- Prescripción de los derechos



 



El derecho a la pensión por vejez es imprescriptible.



 



El derecho a la pensión por supervivencia prescribe a los diez años.



 



El derecho a la pensión por invalidez prescribe a los dos años.



 



No obstante lo indicado en los párrafos anteriores, la prescripción del derecho a cobrar una prestación ya declarada, así como las diferencias que se produzcan en la cuantía, se regirán por lo establecido en el inciso 1) del artículo 870 del Código Civil. 



 



CAPITULO III



 



Prestaciones por vejez



 



SECCION I



 



Requisitos de elegibilidad



 



            Artículo 41.- Requisitos



 



Tendrán derecho a las prestaciones por vejez, los funcionarios cubiertos por este Régimen que cumplan con los siguientes requisitos:



 



a) Un mínimo de cuatrocientas cotizaciones mensuales.



b) Haber servido, por un mínimo de veinte años, en cualquiera de las instituciones indicadas en los artículos 34 y 35 anteriores, en las condiciones allí exigidas y haber cotizado sus correspondientes doscientas cuarenta cuotas.



 



Además del caso anterior, se adquirirá el derecho a las prestaciones por vejez cuando se cumplan sesenta años de edad, siempre y cuando se haya cotizado para el Magisterio Nacional con doscientas cuarenta cuotas como mínimo.



 



Transitorio V.-Para pasar gradualmente del requisito, vigente hasta ahora, de trescientas sesenta cuotas, a las cuatrocientas cuotas fijadas en el inciso a) del artículo 41 de esta Ley, se establece el siguiente cuadro de transición:



 



a) Hasta el 31 de diciembre de 1999, se requerirán trescientas sesenta cuotas.



b) Desde el 1º de enero del año 2000 y hasta el 31 de diciembre del 2004, el requisito aumentará en ocho cuotas por año.



 



            Artículo 42.- Totalización de cotizaciones



 



Para completar el número de cuotas citado en el artículo 41 y el transitorio V de esta ley, al mínimo de doscientas cuarenta cuotas aportadas necesariamente al Régimen del Magisterio, se le sumarán todas las aportadas a cualquier otro régimen contributivo obligatorio y público de pensiones, incluso al de Invalidez, vejez y muerte administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social.



 



SECCION II



 



Cuantía de las prestaciones



 



            Artículo 43.- Cuantía básica de las prestaciones por vejez



 



El monto de la jubilación será equivalente al ochenta por ciento (80%) del salario de referencia, determinado de conformidad con los artículos 37 y 38 de esta ley.



 



            Artículo 44.- Monto máximo de pensión



 



Las jubilaciones que se otorguen no superarán el monto equivalente al salario de un catedrático de la Universidad de Costa Rica, con la sola consideración de treinta anualidades y dedicación exclusiva.



Esta limitación solo podrá ser superada postergando la jubilación.



 



            Artículo 45.- Beneficio por postergación



 



En caso de que el funcionario opte por postergar su retiro, la tasa de reemplazo establecida en el artículo 43, se aumentará en cero coma quince por ciento (0,15%) del salario de referencia, por cada mes postergado y cotizado.



En caso de que la pensión por vejez, calculada según lo dispuesto en el artículo 43 de esta ley, supere la limitación establecida en el artículo anterior, el porcentaje de beneficio por postergación se sumará al monto máximo establecido en ese último artículo.



 



            Artículo 46.- Vigencia de las prestaciones por vejez



 



Las prestaciones por vejez regirán a partir del primer día del mes siguiente a aquel en que se produjo la baja laboral del beneficiario.



 



CAPITULO IV



 



Prestaciones por invalidez



 



SECCION I



 



Requisitos de elegibilidad



 



            Artículo 47.- Requisitos de elegibilidad



 



Tendrán derecho a las prestaciones por invalidez las personas cubiertas por este Régimen que, por alteración o debilitamiento de su estado físico o mental, hayan perdido dos terceras partes o más de su capacidad para desempeñar sus funciones y, por tal razón, no puedan ser reubicadas en otra función dentro de la Administración Pública y, por ese motivo, no puedan obtener una remuneración suficiente para su subsistencia y la de su familia.



 



La Caja Costarricense de Seguro Social determinará y calificará el estado de invalidez, según el proceso de declaratoria de ese estado que utiliza esta institución. La Caja dará este servicio al Estado, al costo.



 



Además de la declaratoria de invalidez, el solicitante de este tipo de prestación deberá haber cumplido, como mínimo, con el pago de sesenta cotizaciones mensuales.



 



            Artículo 48.- Exámenes médicos



 



El solicitante de las prestaciones por invalidez deberá someterse a los exámenes, los tratamientos y los controles médicos que determine el procedimiento de declaratoria del estado de invalidez aludido en el párrafo segundo del artículo anterior.



 



Igual deber tendrán los derechohabientes (viudas, viudos, compañeras, compañeros y huérfanos) que, por su condición de inválidos, soliciten pensión por supervivencia.



 



SECCION II



 



Permanencia del estado de invalidez



 



            Artículo 49.- Tratamientos de rehabilitación



 



Los pensionados por invalidez deberán someterse a los tratamientos de rehabilitación o de readaptación profesional, realizados por la Caja Costarricense de Seguro Social, que se determinen según el procedimiento de declaratoria del estado de invalidez.



 



La renuncia o la contumacia a someterse a tales tratamientos, suspende de pleno derecho el pago de las prestaciones, las cuales se restablecerán en el momento en que el pensionado se someta a esos tratamientos, sin que por tal razón, adquiera el derecho al pago de los montos dejados de percibir por razón de su contumacia.



 



            Artículo 50.- Exámenes de revisión



 



Los pensionados por invalidez deberán someterse, cada dos años, a exámenes periódicos de revisión que indiquen la evolución de su invalidez.



Cuando el pensionado rehúse someterse a esos exámenes, se aplicará lo dispuesto en el artículo anterior.



 



            Artículo 51.- Rehabilitación y restitución



 



En caso de que los exámenes de revisión indiquen que el funcionario ha recuperado su capacidad, será restablecido en su puesto original, si así lo solicita expresamente y si es posible.



De no hacer efectiva esta opción, la relación de servicio se tendrá por resuelta, sin responsabilidad laboral por parte del Estado.



Si es imposible restituir al funcionario en su puesto original, se reintegrará en una plaza de características similares. La restitución no originará, para el restituido, derecho a reclamar, por razón de antigüedad, los aumentos salariales correspondientes al período en que estuvo pensionado.



 



           Artículo 52.- Extinción



 



La pensión por invalidez se pierde:



 



a) Por desaparición debidamente declarada del estado invalidante.



b) Por solicitud de la conversión en pensión por vejez.



c) Por muerte del beneficiario o declaración de su ausencia.



d) Por prescripción.



 



SECCION III



 



Incompatibilidades



 



            Artículo 53.- Relación con las prestaciones por incapacidad laboral transitoria



 



Las prestaciones por invalidez mencionadas en este Capítulo no se otorgarán a no ser que, primero, se hayan agotado las prestaciones por incapacidad laboral transitoria. Para estos efectos, se entenderá por incapacidad laboral transitoria lo indicado en el artículo 38 anterior.



 



Se exceptúan los casos de pronóstico fatal, enfermedades incurables invalidantes o los que se justifiquen, por razones de humanidad, de conformidad con el pronunciamiento especial, debidamente fundamentado, según el proceso de declaratoria del estado de invalidez que realice la Caja Costarricense de Seguro Social.



 



            Artículo 54.- Incompatibilidad con las prestaciones del seguro obligatorio de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales



 



Si la invalidez ha sido consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional y esté bajo la cobertura del régimen correspondiente administrado por el Instituto Nacional de Seguros, las prestaciones serán atendidas por este y no por el régimen estipulado en este Título.



 



No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, si por el transcurso del tiempo se agotan las prestaciones del Régimen de riesgos de trabajo, la pensión por invalidez continuará a cargo del Régimen establecido en este Título, de conformidad con el artículo anterior.



 



Para ejecutar lo dispuesto en el párrafo anterior, el interesado deberá gestionar la sustitución ante la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional por lo menos con tres meses de anticipación. La Junta tramitará lo pertinente para declarar la pensión sin solución de continuidad. 



SECCION IV



 



Cuantía de las prestaciones



 



            Artículo 55.- Monto de la prestación por invalidez



 



La pensión por invalidez será equivalente al setenta por ciento (70%) del salario de referencia, a lo cual se le sumará el cero coma cero quinientos cincuenta y cinco por ciento (0.0555%) de ese salario, por cada mes cotizado, después de los primeros ciento ochenta meses, sin que el total por devengar supere el monto que hubiera correspondido por vejez.



 



En el caso de que, por razón de su historial laboral, el funcionario inválido no haya completado el mínimo de cuotas requeridas para pensionarse por invalidez, se le otorgará una indemnización, en un solo pago, equivalente a un dozavo del salario de referencia por cada mes cotizado.



 



            Artículo 56.- Vigencia de la pensión por invalidez



 



La pensión por invalidez comenzará a regir desde el primer día del mes siguiente a la fecha en que se agoten las prestaciones por incapacidad laboral transitoria o desde el primer día del mes siguiente a la baja laboral, en el caso de la excepción contemplada en el párrafo segundo del artículo 53.



 



            Artículo 57.- Conversión



 



Al cumplir sesenta años de edad, el pensionado por invalidez, podrá solicitar la conversión de su pensión en una concedida por vejez. Esta conversión se realizará sólo a instancia de parte y entrará en vigencia el primer día del mes siguiente a aquel en que se presentó debidamente la solicitud de conversión.



La conversión afectará solo la tasa de reemplazo y conservará intactos los elementos referentes al salario de referencia que sirvieron de fundamento para otorgar la pensión por invalidez. No podrán reconocerse aumentos anuales por razón de antigüedad con base en el tiempo en que percibió la pensión por invalidez.



 



CAPITULO V



 



Prestaciones de sobrevivientes



 



Sección I



 



Prestaciones por viudez



 



Artículo 58.- Requisitos de elegibilidad



 



El cónyuge supérstite del funcionario protegido, que haya cumplido por lo menos con veinticuatro meses de cotizaciones, tendrá derecho a la prestación por viudez.



 



            Artículo 59.- Unión de hecho



 



La compañera o el compañero de la funcionaria o el funcionario causante, que se halle en las condiciones indicadas en el artículo anterior, tendrán el mismo derecho que el cónyuge supérstite siempre y cuando haya convivido por lo menos durante los dos años previos al fallecimiento.



Si en el momento del deceso, además de la compañera sobrevive una viuda con derecho a pensión alimenticia declarada por sentencia judicial firme, ambas tendrán derecho a pensión por viudez, cada una, por la mitad de los porcentajes indicados en el artículo 61 de esta ley. Se aplicará la misma solución para el compañero que se encuentre en las condiciones estipuladas en el párrafo primero de este artículo, y que concurra con un viudo.



 



            Artículo 60.- Impedimentos



 



No tendrá derecho a la pensión por viudez, el cónyuge supérstite que se encuentre en los siguientes casos:



 



a) Estar divorciado o separado, judicialmente o de hecho, y no estar disfrutando, a la fecha del fallecimiento del funcionario o pensionado, de una pensión alimenticia declarada por sentencia firme, salvo que demuestre que recibía, de hecho, una ayuda económica por parte del cónyuge o excónyuge.



b) Haber contraído matrimonio con un pensionado o funcionario mayor de sesenta años. Esta regla no rige si el fallecimiento ocurre después de un año de celebrado el matrimonio ni cuando existan hijos comunes.



c) Cuando el cónyuge supérstite haya sido declarado, por sentencia judicial firme, autor, instigador o cómplice de la muerte del funcionario o pensionado causante.



 



Los mismos impedimentos se aplicarán en lo pertinente al compañero o la compañera.



 



            Artículo 61.- Cuantía de la prestación



 



La cuantía de la prestación por viudez se determinará, teniendo como base de referencia, la pensión que devengaba o hubiera podido devengar el causante, y será equivalente al ochenta por ciento (80%) de ese monto.



 



El total de las pensiones por viudez y orfandad que deban otorgarse con respecto al fallecimiento de un mismo funcionario, no podrá exceder el ciento por ciento (100%) de la pensión que le hubiera correspondido al difunto.



 



Si el total de derechos excede el total del derecho de pensión que disfrutaba o hubiera podido disfrutar el causante, se prorrateará entre los beneficiarios.



 



En el caso de que en las pensiones por supervivencia, correspondientes a un mismo funcionario causante, concurran pensiones por viudez y por orfandad, corresponderá a las pensiones por viudez un mínimo equivalente a la mitad del monto por prorratear; la mitad restante se distribuirá entre las pensiones por orfandad.



 



            Artículo 62.- Vigencia de la pensión por viudez



 



La pensión por viudez regirá a partir del primer día del mes siguiente a la fecha del deceso del funcionario o pensionado.



 



            Artículo 63.- Extinción de la pensión por viudez



 



El derecho a la prestación por viudez se pierde:



 



a) Por nuevas nupcias.



b) Por unión de hecho debidamente demostrada.



c) Por muerte del beneficiario.



d) Por rehabilitación.



e) Por prescripción.



 



SECCION II



 



Prestaciones por orfandad



 



            Artículo 64.- Requisitos de elegibilidad



 



Los hijos del funcionario o pensionado fallecido, tendrán derecho a pensión por orfandad en los siguientes casos:



 



a) Que sean solteros y menores de dieciocho años.



b) Que, aunque sean mayores de dieciocho años, pero menores de veinticinco, estén realizando estudios superiores, universitarios, técnicos o religiosos.



c) Que se encuentren en estado de invalidez declarada.



d) Que sean hijas solteras, mayores de cincuenta y cinco años, no gocen de pensión alimenticia, no sean asalariadas ni dispongan de otros medios de subsistencia.



 



Para optar por este derecho, en el caso del inciso b) anterior, los hijos deberán demostrar la matrícula del centro de estudios, un rendimiento académico aceptable y la naturaleza de la carrera profesional correspondiente.



 



En el caso de los incisos b), c) y d), deberá demostrarse, además, que dependían económicamente del fallecido.



 



            Artículo 65.- Filiación



 



La filiación se probará de conformidad con el derecho común. Cuando se trate de hijos extramatrimoniales no reconocidos ante el Registro Civil, se estará a la sentencia judicial firme que declare la paternidad.



 



            Artículo 66.- Cuantía de las prestaciones



 



La máxima pensión por orfandad, para cada hijo, será equivalente al treinta por ciento (30%) de la que devengaba o hubiera devengado el causante, a la fecha de su fallecimiento.



 



De existir más de un hijo con derecho a pensión por orfandad, se aplicarán las normas siguientes:



 



a) Cada uno recibirá una pensión en las condiciones del párrafo anterior, salvo que sumadas todas, excedan el ciento por ciento (100%) de la pensión que devengaba o hubiera devengado el causante pues, en tal caso, ese total se prorrateará entre los beneficiarios.



b) Cuando alguna de las prestaciones prorrateadas a que se refiere el inciso anterior se extinga, las de los subsistentes acrecerán, sin superar el porcentaje correspondiente a la pensión máxima por orfandad.



c) Cuando en relación con un mismo funcionario o una funcionaria causante, junto con las pensiones por orfandad concurran pensiones por viudez, se aplicará lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 61 de esta ley.



 



            Artículo 67.- Extinción de las pensiones por orfandad



 



La pensión por orfandad cesa:



 



a) Cuando el beneficiario alcanza la mayoría de edad.



b) En el caso de estudiantes mayores con el cumplimiento de los veinticinco años de edad, por el incumplimiento de los deberes académicos o por la consecución de un trabajo asalariado.



c) En el caso de hijas mayores de cincuenta y cinco años y solteras, por las nupcias de la beneficiaria, por su unión de hecho debidamente demostrada, por la consecución de un trabajo asalariado estable o por venir a mejor fortuna.



d) En el caso de los inválidos, por rehabilitación o por venir a mejor fortuna.



e) Por prescripción.



 



            Artículo 68.- Compatibilidad



 



Si el huérfano tiene derecho a pensión por orfandad por ambos padres, recibirá el treinta por ciento (30%) de cada una o el sesenta por ciento (60%) de la mejor, según lo que más le convenga.



De concurrir varios hijos, se aplicará esta norma, en armonía con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 66 anterior.



 



SECCION III



 



Otras pensiones por supervivencia



 



            Artículo 69.- Prestaciones en favor de padres o hermanos



 



Si no hubiere cónyuge supérstite, compañero o compañera legitimados, ni hijos con derecho a las prestaciones por viudez u orfandad, respectivamente, los padres o los hermanos del funcionario o pensionado fallecidos tendrán derecho a una prestación por supervivencia.



 



El monto de esta prestación especial será equivalente al treinta por ciento (30%) de la pensión que disfrutaba o hubiera disfrutado el causante.



 



Para acceder al beneficio contemplado en este artículo, los padres o hermanos deberán demostrar que dependían económicamente del causante.



 



De concurrir varios derechos, se aplicará lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 66 anterior.



 



CAPITULO VI



 



Cotizaciones



 



            Artículo 70.- Cotización básica de los funcionarios activos y de los pensionados



 



Todos los funcionarios activos cubiertos por este Régimen, así como los pensionados, sea que hayan adquirido su derecho al amparo de esta ley o de cualquiera de las anteriores, sean estas la No. 2248, del 5 de setiembre de 1958 y sus reformas o la No. 7268, del 14 de noviembre de 1991 y su reforma, cotizarán en favor del Estado, según la siguiente tabla:



 



a) Hasta dos veces la base cotizable, con el diez por ciento (10%) de su salario o pensión.



b) Sobre el exceso de lo establecido en el inciso anterior y hasta cuatro veces la base cotizable, con el doce por ciento (12%) de su salario o pensión.



c) Sobre el exceso de lo establecido en el inciso anterior y hasta seis veces la base cotizable, con el catorce por ciento (14%) de su salario o pensión.



d) Sobre el exceso de lo establecido en el inciso anterior y hasta el monto establecido en el artículo 41 de esta ley, con el dieciséis por ciento (16%) de su salario o pensión.



 



Debe entenderse por base cotizable, el salario base más bajo pagado por la Administración Pública.



 



            Artículo 71.- Contribución especial, solidaria y redis-tributiva de los pensionados y jubilados



 



Además de la cotización común establecida en el artículo anterior, los pensionados y los jubilados cuyas prestaciones superen los montos que se fijarán, contribuirán en forma especial, solidaria y redistributiva, de acuerdo con la siguiente tabla:



 



a) Sobre el exceso del tope establecido en el artículo 44, y hasta por el veinticinco por ciento (25%) de dicho tope, contribuirán con el veinticinco por ciento (25%) de tal exceso.



b) Sobre el exceso del margen anterior y hasta por un veinticinco por ciento (25%) más, contribuirán con el treinta y cinco por ciento (35%) de tal exceso.



c) Sobre el exceso del margen anterior y hasta por un veinticinco por ciento (25%) más, contribuirán con el cuarenta y cinco por ciento (45%) de tal exceso.



d) Sobre el exceso del margen anterior y hasta por un veinticinco por ciento (25%) más, contribuirán con un cincuenta y cinco por ciento (55%) de tal exceso.



e) Sobre el exceso del margen anterior y hasta por un veinticinco por



ciento (25%) más, contribuirán con un sesenta y cinco por ciento (65%).



f) Sobre el exceso del margen anterior contribuirán con un setenta y cinco por ciento (75%).



 



            Artículo 72.- La determinación de las cotizaciones futuras



 



Las tasas de cotización establecidas en los artículos anteriores, entrarán en vigencia en la fecha de publicación de la presente ley y serán las mínimas necesarias aquí establecidas.



 



El Poder Ejecutivo, por vía de decreto, podrá aumentar las cotizaciones hasta la tasa que corresponda, cuando los estudios actuariales así lo recomienden; todo de conformidad con lo indicado en tales estudios. 



 



CAPITULO VII



 



Transferencia de cotizaciones



 



            Artículo 73.- Transferencia de cuotas



 



Cuando, por la totalización de los períodos de cotización, deban transferirse cuotas del Régimen transitorio de reparto, al Régimen de invalidez, vejez y muerte, administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social, se transferirán solo los montos correspondientes a las tasas de contribución exigidas por la Caja. Los montos serán determinados por la liquidación actuarial correspondiente.



 



Cuando la transferencia sea desde el Régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social hacia el Estado, se seguirá el mismo procedimiento, con la salvedad de que la Caja solo estará obligada a la transferencia de lo efectivamente recaudado.



 



Si la transferencia de cuotas que deba realizar el Estado a la Caja Costarricense de Seguro Social se realiza en títulos, estos deberán reconocer las mejores condiciones de rendimiento y, en todo caso, nunca con tasas inferiores a las de mercado.



 



            Artículo 74.- Diferencias de cotización en favor del Estado



 



De transferirse cuotas del Régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social al Régimen transitorio de reparto del Magisterio Nacional, se calculará la diferencia de cotización obrera omitida, se actualizará a valores reales y se determinará la deuda del interesado con el Estado, originada en esa diferencia.



 



Esta deuda será cancelada por el interesado, de conformidad con el arreglo de pago, el cual incluirá plazo e intereses y será formalizado ante el Ministerio de Hacienda. No obstante, en ningún caso, el plazo podrá exceder de cinco años, ni la tasa de interés podrá ser inferior a lo establecido en el artículo 1163 del Código Civil ni superior a la tasa básica.



 



            Artículo 75.- Diferencias de cotización en favor del pensionado



 



Cuando, por razón de la transferencia de cotizaciones, quede un saldo en favor del funcionario cotizante, el Estado lo determinará, emitirá, en favor del interesado, un certificado por tal suma y le reconocerá los intereses de mercado.



 



El certificado de reconocimiento se destinará al Plan de pensiones complementarias del Banco Nacional de Costa Rica, del Instituto Nacional de Seguros o del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, a elección del interesado. También, podrá destinarse a otra operadora de fondos de pensiones complementarias distinta de las antes mencionadas, si consta la aceptación expresa de dicha operadora.



 



Para instrumentar lo dispuesto en el párrafo anterior, el Poder Ejecutivo reglamentará lo correspondiente.



 



CAPITULO VIII



 



Revisiones y revaloraciones



 



SECCION I



 



Revisión de las prestaciones por vejez



 



            Artículo 76.- Revisión por reingreso



 



El jubilado que reingrese en la vida activa, con percepción de salario a cargo del Estado o sus instituciones, suspenderá la percepción de su jubilación durante el tiempo en que se encuentre activo a excepción, estrictamente, del personal académico al servicio de las instituciones de enseñanza superior estatales recontratados hasta por un máximo de medio tiempo, para programas de posgrado o investigación, de conformidad con los requisitos que cada entidad establecerá al efecto.



 



Para lo dispuesto en el párrafo anterior, el jubilado que vuelva a la vida activa deberá comunicar su alta, con copia del acto de nombramiento, dirigida a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, que ordenará suspender las prestaciones durante el tiempo que indique el acto de nombramiento.



 



            Artículo 77.- Sanciones



 



Si por dolo o culpa suya el jubilado o pensionado por vejez, invalidez o supervivencia, percibe simultáneamente sueldo y jubilación, deberá reintegrar al Estado las prestaciones de jubilación o pensión recibidas ilícitamente, más un veinticinco por ciento (25%) por concepto de cláusula penal.



 



Si la devolución no se realiza dentro del mes inmediato posterior a la percepción, el jubilado deberá reconocer los intereses moratorios vencidos, para lo cual se aplicará lo dispuesto en el artículo 1163 del Código Civil.



 



            Artículo 78.- Consecuencias de la revisión



 



El ex jubilado que vuelva a cesar en las funciones y se acoja de nuevo a la pasividad, volverá a percibir su pensión a partir del primer día del mes siguiente a aquel en que se produjo la baja.



 



El monto de la prestación será el mismo que estaría devengando de no haber suspendido su pensión. Para estos efectos, la prestación será incrementada sólo en los porcentajes de aumento decretados para las pensiones del Régimen transitorio de reparto, sin que los salarios devengados durante la suspensión resulten hábiles para revisar el monto. 



 



SECCION II



 



Revalorización de las prestaciones



 



            Artículo 79.- Revalorización



 



Las prestaciones que se otorguen de conformidad con lo dispuesto en este Título, se revalorizarán solo por razón del aumento en el costo de la vida y de acuerdo con la recomendación actuarial. Esa revalorización surtirá efecto en las condiciones y desde el momento en que el Poder Ejecutivo lo determine, mediante decreto que al efecto emitirá. Este decreto será independiente del decreto de aumentos de salarios para el sector público.



 



La revalorización se producirá sobre el monto total nominal de la pensión, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 37 anterior.



 



El reglamento ejecutivo de la presente ley contendrá las fórmulas matemáticas para calcularlas.



 



CAPITULO IX



 



Procedimiento administrativo



 



SECCION I



 



Disposiciones generales



 



           Artículo 80.- Inicio del procedimiento



 



Toda solicitud de pensión o jubilación deberá ser presentada ante la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 285 a 295 de la Ley General de la Administración Pública.



 



            Artículo 81.- Elementos probatorios



 



Las pruebas de los hechos alegados en la solicitud serán, necesariamente, documentales, salvo el caso de las circunstancias de la unión de hecho, sobre las cuales podrá recibirse prueba testimonial.



 



El órgano director del procedimiento valorará la prueba de conformidad con las reglas de la sana crítica, salvo en lo referido a la capacidad y al estado civil de las personas, que se deberán demostrar con las certificaciones del Registro Civil.



 



            Artículo 82.- Sustanciación del expediente



 



Los elementos probatorios del derecho reclamado deberán ser propuestos por el solicitante en el acto inicial del procedimiento, pero su consecusión será realizada de oficio por el órgano director, salvo el caso de la prueba testimonial.



 



            Artículo 83.- Deber de certificar



 



Todas las oficinas y dependencias públicas y privadas estarán obligadas a certificar, con la mayor brevedad, lo que el órgano director les solicite, y bajo pena del delito de desobediencia, contemplado en el artículo 305 del Código Penal, en caso de negación injustificada.



 



            Artículo 84.- Recepción de prueba testimonial



 



De ser necesario recibir prueba testimonial, el solicitante deberá indicarlo así en la fórmula de solicitud, e indicará las calidades de los testigos y los hechos sobre los que depondrán.



 



Para la recepción de la prueba, el órgano director señalará el término correspondiente y ordenará los citatorios de estilo, los cuales quedarán a la orden del gestionante para su diligenciamiento.



 



De la prueba testimonial, se levantará el acta respectiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 270 y 271 de la Ley General de la Administración Pública.



 



            Artículo 85.- Curso del procedimiento



 



El procedimiento administrativo para la declaratoria del derecho a la jubilación o pensión, se ajustará a lo dispuesto en este Capítulo y a las disposiciones del Libro Segundo de la Ley General de la Administración Pública y, particularmente, a las referidas al proceso sumario.



 



SECCION II



 



Formalidades de la decisión



 



            Artículo 86.- Recomendación



 



Finalizada la instrucción del expediente, la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional conocerá de la petición y votará, recomendando o denegando su otorgamiento.



 



La Junta emitirá una resolución de lo acordado, la cual será firmada por el Presidente y el Secretario.



 



            Artículo 87.- Quórum



 



El quórum para el funcionamiento legítimo de la Junta será de la mitad más uno de sus miembros.



 



            Artículo 88.- Formalidades de las resoluciones



 



La Junta acordará, por mayoría simple de sus miembros, otorgar los derechos y las peticiones de los asegurados. En caso de empate, la petición se entenderá denegada.



 



Las resoluciones que se dicten serán individualizadas por cada peticionario y se ajustarán, bajo pena de nulidad, a lo establecido en el artículo 155 del Código Procesal Civil.



 



            Artículo 89.- Decisión final



 



El acuerdo de la Junta de Pensiones y Jubilaciones al que se refiere el artículo anterior, junto con el expediente, serán elevados ante la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para su aprobación final.



 



El Ministerio de Hacienda no incluirá a ningún nuevo pensionado, ni modificación alguna de una pensión ya otorgada que implique mayor erogación presupuestaria, sin la aprobación expresa de la Dirección Nacional de Pensiones. El Ministerio de Hacienda, en ejercicio de su potestad de fiscalización presupuestal, queda facultado para requerir la información que considere necesaria para aclarar lo que se ordenó ejecutar y podrá negarse a tal ejecución mientras no se satisfaga debidamente la información requerida.



 



El acuerdo de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, junto con la aprobación de la Dirección Nacional de Pensiones, agotará la vía administrativa.



 



            Artículo 90.- Desacuerdo



 



Cuando la Dirección Nacional de Pensiones niegue la aprobación final de una pretensión, sea de pensión por vejez, invalidez o supervivencia, que le haya sido presentada por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, devolverá los autos con las razones de su denegatoria, las cuales serán vinculantes para la Junta, y remitirá copia de la denegatoria al Ministerio de Hacienda.



 



SECCION III



 



Medios de impugnación



 



            Artículo 91.- Revocatoria



 



Contra el acto final, cabrá recurso de revocatoria dentro de los tres días siguientes a la debida notificación del acto impugnado.



 



El recurso de revocatoria deberá interponerse ante la misma Junta y deberá resolverse dentro de los quince días siguientes a su interposición.



 



El acuerdo de la Junta que resuelva la revocatoria deberá ser elevado, junto con el expediente y el recurso, ante la Dirección Nacional de Pensiones para su aprobación final. Esta Dirección deberá resolver dentro de los quince días siguientes a su recibo.



 



            Artículo 92.- Apelación



 



Contra el acto final cabrá recurso de apelación, el cual deberá ser interpuesto ante la misma Junta, dentro de los cinco días siguientes a la debida notificación del acto impugnado.



Recibido el recurso de apelación, la Junta perderá toda competencia sobre la gestión del recurrente, salvado el caso exclusivo de la tramitación del recurso y, dentro de los tres días siguientes a la interposición, deberá elevar el expediente y el recurso, ante el Tribunal Superior de Trabajo, que resolverá en alzada administrativa.



 



En la tramitación de la alzada, la Junta deberá atenerse a lo dispuesto en el artículo 349.2 de la Ley General de la Administración Pública.



 



CAPITULO X



 



Administración del Régimen



 



           Artículo 93.- Organo competente



 



La administración del Régimen estará a cargo de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, bajo la supervisión y el control de la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.



 



            Artículo 94.- Estudios actuariales



 



La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional ordenará, obligatoriamente, realizar un estudio actuarial del Régimen transitorio de reparto a su cargo, por lo menos cada dos años. De los resultados de ese estudio, informará a los Ministros de Trabajo y Seguridad Social, y de Hacienda, junto con las recomendaciones del caso, dentro de los quince días siguientes a su finalización.



 



Si, de acuerdo con las recomendaciones técnicas, se toma la decisión de introducir modificaciones en la estructura del Régimen, tales modificaciones entrarán en vigencia mediante el decreto ejecutivo que, al efecto, se dicte.



 



Lo anterior no incluye la modificación de la cotización patronal, para lo cual regirá lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 16 de esta ley.



 



La omisión de realizar los estudios actuariales aquí ordenados, se considerará incumplimiento de deberes y acarreará, para los miembros de la Junta Directiva, la responsabilidad administrativa y penal correspondientes.



 



            Artículo 95.- Las partidas presupuestarias de egresos



 



El Ministerio de Hacienda creará, separadamente, las partidas presupuestarias de transferencias del Estado al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, correspondiente a las pensiones en curso de pago.



Para estos efectos, el reglamento determinará las modalidades de cuentas que correspondan.



 



            Artículo 96.- Partidas presupuestarias de ingresos



 



El Ministerio de Hacienda creará, separadamente, las partidas presupuestarias de ingresos por cotizaciones.



El reglamento determinará, también, las modalidades de cuentas que correspondan. 



 



TITULO IV



 



Junta de Pensiones y Jubilaciones del



Magisterio Nacional



 



CAPITULO I



 



Composición



 



            Artículo 97.- Naturaleza de la Junta



 



La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional es un ente público no estatal, con personería jurídica y patrimonio propio.



 



Como tal, está sujeta a las normas de la presente ley, así como al ordenamiento jurídico administrativo público y, particularmente, a las ordenanzas, directrices y demás actos vinculantes emanados de la Superintendencia General de Pensiones.



 



            Artículo 98.- Composición del órgano colegiado



 



La administración y el gobierno de la institución, corresponden a una Junta Directiva, compuesta de la siguiente manera:



 



a) Un representante de la Asociación de Educadores Pensionados (ADEP).



b) Un representante de la Asociación de Funcionarios Universitarios Pensionados (AFUP).



c) Un representante de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE).



d) Un representante de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE).



e) Un representante de las organizaciones laborales de las instituciones de educación superior, nombrado de común acuerdo entre ellas.



f) Un representante del Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC).



g) Un representante del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes.



 



            Artículo 99.- Duración de los cargos



 



Los miembros de la Junta Directiva durarán en sus cargos un período de dos años y podrán ser reelegidos por una sola vez.



 



Podrán ser removidos de sus cargos por las razones indicadas en el artículo 27 de la presente ley, cuando la entidad que representen así lo determine y sólo por causa justa.



 



            Artículo 100.- Abstenciones y recusaciones



 



Los miembros de la Junta Directiva deberán abstenerse y, en su caso, podrán ser recusados, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 230 a 238 de la Ley General de la Administración Pública.



 



            Artículo 101.- Requisitos de caución



 



Los miembros de la Junta Directiva, así como su Director Ejecutivo, y su responsable financiero, antes de asumir sus cargos, deberán rendir caución suficiente, mediante una póliza de fidelidad contratada con el Instituto Nacional de Seguros.



 



Esta póliza estará a cargo de cada miembro y la institución no podrá asumir su pago.



 



            Artículo 102.- Responsabilidad genérica



 



Los miembros de la Junta Directiva, el Director Ejecutivo y los Jefes de los Departamentos Contable-Financiero y de Auditoría Interna, estarán sujetos a las disposiciones y deberes contemplados en la Ley de Enriquecimiento Ilícito, No. 6872, del 8 de julio de 1983.



 



            Artículo 103.- Representación



 



Anualmente, la Junta elegirá de su seno un Presidente y un Secretario.



 



La representación judicial y extrajudicial de la institución corresponderá a su Presidente, quien, en ejecución de los acuerdos tomados por el órgano colegiado, tendrá las facultades de un apoderado, con las limitaciones que el acuerdo de nombramiento establezca.



 



CAPITULO II



 



Atribuciones de la Junta Directiva



 



            Artículo 104.- Atribuciones de la Junta Directiva en relación con el Régimen de Capitalización



 



Son atribuciones de la Junta Directiva en relación con el Régimen de Capitalización del Título II de la presente ley:



 



a) Administrar correctamente el Fondo de Capitalización en condiciones de absoluta honestidad, responsabilidad, rendimiento y seguridad, con estricto apego al ordenamiento jurídico y a los principios generales de la seguridad social, que son aplicables a los regímenes especiales, sustitutivos y de capitalización parcial.



b) Estudiar, conocer y resolver las solicitudes de jubilación y pensión que se le presenten, de conformidad con lo dispuesto en el Título II de esta ley.



c) Determinar las tasas de contribución de los funcionarios activos, de conformidad con lo que recomienden los estudios actuariales.



d) Determinar el perfil de beneficios de los asegurados del Régimen, según lo recomendado por los estudios actuariales.



e) Recaudar las cotizaciones a las que están obligados los asegurados y sus patronos y ejercer las acciones de cobro necesarias.



f) Rendir, puntual y cabalmente, los informes requeridos por la Superintendencia General de Pensiones.



g) Dictar las normas para el nombramiento del personal de la institución y aprobar los reglamentos que se consideren necesarios.



h) Aprobar el presupuesto de operación de la institución.



i) Todas las demás que indiquen las leyes respectivas y sus reglamentos.



 



            Artículo 105.- Atribuciones de la Junta Directiva en relación con el Régimen Transitorio de Reparto



 



Son atribuciones de la Junta Directiva, en relación con el Régimen transitorio de reparto a que se refiere el Título III de la presente ley:



 



a) Estudiar, conocer y resolver las solicitudes de jubilación y pensión que se le presenten de conformidad con lo dispuesto en el Título III de esta ley.



b) Recaudar las cotizaciones a que están obligados los asegurados y sus patronos y ejercer las acciones de cobro necesarias.



c) Rendir, puntual y cabalmente, los informes que le soliciten la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o el Ministerio de Hacienda.



d) Todas las demás que indiquen las leyes respectivas y sus reglamentos.



 



Las cotizaciones recaudadas en relación con el Régimen transitorio de reparto, deberán ser enteradas al Estado dentro del mes correspondiente a su recaudación. De realizarse en fecha posterior, la Junta deberá reconocer intereses del cinco por ciento mensual a título de multa por atraso.



 



CAPITULO III



 



Financiamiento y gastos administrativos



 



            Artículo 106.- Financiamiento



 



Para atender el ejercicio de sus funciones, la Junta recibirá una comisión por gastos administrativos, que surgirá de deducir, a cada uno de sus asegurados, un cinco por mil (5 x 1000) de los salarios y pensiones del Régimen a su cargo.



 



Con esta deducción, se constituirá un Fondo Especial de Administración, que deberá llevarse, contable y físicamente, separado del Fondo de Capitalización.



 



Este fondo especial será administrado con la máxima prudencia y frugalidad.



 



            Artículo 107.- Fondo Especial de Administración



 



El Fondo Especial de Administración se destinará exclusivamente a:



 



a) Pagar las dietas de los miembros de la Junta Directiva, los salarios de su personal y, en general, sus gastos administrativos. A estos efectos, no podrá destinar más de la cuarta parte de lo recaudado según el párrafo primero del artículo 106 anterior.



b) Cubrir las obligaciones de carácter financiero que se deriven de los convenios que la Junta celebre con las entidades financieras y sociales del Magisterio Nacional.



c) Realizar préstamos directos a los pensionados, a fin de que satisfagan necesidades personales, de acuerdo con lo que al respecto establezcan los reglamentos que al efecto se dicten.



d) Realizar préstamos directos a los pensionados a fin de que financien actividades de pequeña empresa, de acuerdo con los reglamentos que al efecto se emitan.



 



Los recursos ociosos del Fondo Especial de Administración podrán ser invertidos en valores financieros, con las limitaciones establecidas en los artículos 20 a 25 de la presente ley.



 



            Artículo 108.- Reglamento de préstamos



 



La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional reglamentará las condiciones que considere básicas para otorgar los préstamos citados en los incisos c) y d) del artículo anterior.



 



A tales efectos, el reglamento deberá contener disposiciones sobre los plazos, los montos máximos de crédito por actividad, las tasas de interés -las que no podrán ser menores del doce por ciento (12%), con excepción de los de la Caja de la ANDE-, las actividades por financiar, aportes a la Caja de Ahorro y Préstamo de la ANDE y todas aquellas que, a su parecer, sean necesarias para cumplir con sus objetivos.



 



            Artículo 109.- Deducciones por préstamos



 



Cuando se trate de préstamos para los jubilados o pensionados, la Junta podrá deducir mensualmente de los giros de la pensión las amortizaciones y los intereses respectivos.



 



            Artículo 110.- Uso para cubrir cotizaciones



 



Cuando de los estudios actuariales del Régimen transitorio de reparto, se determine la necesidad de aumentar las cuotas de los servidores activos y pensionados, deberán utilizarse los recursos del Fondo Especial de Administración, para financiar parcialmente hasta el veinticinco por ciento (25%) de sus aportes. La Junta determinará el porcentaje que se acuerde financiar. 



 



CAPITULO IV



 



Estatuto orgánico



 



SECCION I



 



Dirección Ejecutiva



 



            Artículo 111.- Dirección Ejecutiva



 



Mediante concurso público de antecedentes, la Junta nombrará a un Director Ejecutivo, quien tendrá un período de nombramiento de dos años y podrá ser reelegido.



 



            Artículo 112.- Funciones



 



Son funciones del Director Ejecutivo:



 



a) Organizar, coordinar y supervisar, con la colaboración del personal necesario, todas las acciones administrativas que realice la Junta Directiva.



b) Velar por el estricto cumplimiento de las leyes y los reglamentos, así como de las disposiciones de la Junta Directiva.



c) Velar por el correcto cumplimiento de las actuaciones y las disposiciones de carácter administrativo de la Junta Administrativa.



d) Ejercer la autoridad disciplinaria sobre sus subalternos y velar porque los funcionarios cumplan conforme a derecho y en forma eficiente.



e) Elaborar el proyecto de presupuesto de la institución, el cual deberá ser sometido a la Junta Administrativa para que lo apruebe.



f) Todas las demás que le competan, de conformidad con la ley y los reglamentos.



 



SECCION II



 



Departamentos



 



            Artículo 113.- Estructura



 



La institución contará con las dependencias que su Junta Directiva considere necesarias para el buen funcionamiento.



 



No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, deberá contar, necesariamente, con un Departamento Contable-Financiero, un Departamento Actuarial, un Departamento de Auditoría Interna y un Departamento Legal.



 



Los Departamentos Contable-Financiero y Actuarial dependerán de la Dirección Ejecutiva, mientras que la Auditoría Interna dependerá directamente de la Junta Directiva.



 



La función del Departamento Legal será, únicamente, asesorar a la Junta Directiva y a la Dirección Ejecutiva."  



 




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ARTICULO 2.- Disposiciones derogatorias.  



Se derogan las siguientes disposiciones:  



a) Los artículos 167, 168 y 169 del Estatuto de Servicio Civil,



adicionados a la Ley No. 1581, del 30 de mayo de 1953, por la Ley No. 4565, del 4 de mayo de 1970.



b) El artículo 39 de la Ley No. 7302, del 8 de julio de 1992.



c) Toda otra normativa de rango igual e inferior que se le oponga.  



 



(*)TRANSITORIO.- Transformación de las incapacidades otorgadas de  acuerdo con los artículos 167 a 169 del Estatuto de Servicio Civil.



 



Los funcionarios que se encuentren incapacitados de conformidad con los artículos 167, 168 y 169 del Estatuto de Servicio Civil que se  derogan, gozarán de un plazo de seis meses, contados a partir de la  promulgación de la presente ley, para solicitar la pensión de invalidez o, en su caso, la restitución.



Vencido ese plazo, caducarán todas las prestaciones por incapacidad  laboral transitoria, otorgadas al amparo de tales normas y el Estado cesará totalmente el pago.



(*) ANULADO por Resolución de la Sala Constitucional Nº 2765-97 de las 15:03 horas del 20 de mayo de 1997, en cuanto afecta los derechos adquiridos de buena fe.    
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ARTICULO 3.- Reformas.  



Se reforman la siguientes disposiciones:    



a) El encabezado del Título II, el párrafo primero del artículo 27,  los párrafos primero y tercero del artículo 28 y los párrafos primero y  cuarto del artículo 29 de la Ley de Impuesto sobre la renta, No. 7092 del 21 de abril de 1988 y sus reformas, cuyos textos dirán:  



 



"TITULO II



 



Del impuesto único sobre las rentas percibidas por el trabajo personal dependiente o por concepto de jubilación o pensión."  



"Artículo 27.- Ingresos afectos.  



A las personas físicas con domicilio en el país se les aplicará,  calculará y cobrará un impuesto mensual, de conformidad con la escala que se señalará sobre las rentas que se detallan a continuación y cuya fuente  sea el trabajo personal dependiente, la jubilación o la pensión."  



"Artículo 28.-  Escala de tarifas.



 



El empleador o patrono, aplicará y retendrá el impuesto establecido  en el artículo anterior, sobre la renta total percibida mensualmente por    el trabajador, en los casos de los incisos a), b) y c) del artículo  anterior y el Ministerio de Hacienda, en el caso del inciso ch) del mismo artículo, de acuerdo con la siguiente escala progresiva de tarifas: (...)



(...) El impuesto establecido en este artículo, que afecte a las personas que solamente obtengan ingresos por su trabajo personal  dependiente o por concepto de jubilación o pensión, tendrá carácter de  único, respecto de las cantidades a las cuales se aplique. (...)"  



 



"Artículo 29.- Una vez calculado el impuesto, los contribuyentes tendrán  derecho a deducir de él, a título de crédito, los siguientes rubros: (...)



 



(...) Para tener derecho a los créditos del impuesto establecido en  este artículo, los contribuyentes tendrán que demostrar a su patrono o  empleador o al Estado, la existencia de cualesquiera de las circunstancias  señaladas como requisito para incluir a sus hijos o lo relativo al estado civil, según se disponga en el Reglamento de esta ley (...)"   B) Se adiciona el inciso d) al artículo 27 de la Ley de Impuesto  sobre la renta, No. 7092, del 21 de abril de 1988 y sus reformas, cuyo texto dirá:  



 



"Artículo 27.-  



(...)  



d) Jubilaciones y pensiones."




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ARTICULO 4.-  Orden público.  



Esta ley es de orden público.




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ARTICULO 5.-



Vigencia. Rige a partir de su publicación.    



Dado en la Presidencia de la República. San José, a los diez días del mes de julio de mil novecientos noventa y cinco.




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Fecha de generación: 25/09/2022 11:18:17 p.m.
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