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 Normativa >> Ley 7593 >> Fecha 09/08/1996 >> Texto completo
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Texto Completo Norma 7593
Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP)
Texto Completo acta: 25585 1

LEY DE LA AUTORIDAD REGULADORA



DE LOS SERVICIOS PUBLICOS



CAPITULO I



CONSTITUCION



ARTICULO 1.- Transformación



Se transforma el Servicio Nacional de Electricidad en una



institución autónoma, denominada Autoridad Reguladora de los Servicios



Públicos, en adelante y para efectos de esta ley llamada Autoridad



Reguladora.



La Autoridad Reguladora tendrá personería jurídica y patrimonio



propios, así como autonomía técnica y administrativa. Se regirá por las



disposiciones establecidas en esta ley, sus reglamentos y las leyes que



la complementen.



La Autoridad Reguladora no se sujetará a los lineamientos del Poder



Ejecutivo en el cumplimiento de las atribuciones que se le otorgan en



esta ley.




Ficha articulo



ARTICULO 2.- Prohibición



La Autoridad Reguladora no podrá recibir de los prestatarios de los



servicios públicos, ningún tipo de ayuda ni contribución en efectivo o en



especie, aparte de los cánones que esta ley establece.




Ficha articulo



ARTICULO 3.- Definiciones



Para efectos de esta ley, se definen los siguientes conceptos:



a) Servicio Público. el que por su importancia para el desarrollo



sostenible del país sea calificado como tal por la Asamblea



Legislativa, con el fin de sujetarlo a las regulaciones de esta



ley.



b) Servicio al costo. principio que determina la forma de fijar las



tarifas y los precios de los servicios públicos, de manera que se



contemplen únicamente los costos necesarios para prestar el



servicio, que permitan una retribución competitiva y garanticen



el adecuado desarrollo de la actividad, de acuerdo con lo que



establece el artículo 31.



c) Prestatario de servicio público. Sujeto público o privado que



presta servicios públicos por concesión, permiso o ley. d)



Evaluación de impacto ambiental. Estudio científico-técnico,



realizado por profesionales en la materia, que permite



identificar y predecir los efectos que producirá un proyecto



específico sobre el ambiente, cuantificándolo y ponderándolo,



para plantear una recomendación.




Ficha articulo



CAPITULO II



OBJETIVOS FUNDAMENTALES



ARTICULO 4.- Objetivos



Son objetivos fundamentales de la Autoridad Reguladora:



a) Armonizar los intereses de los consumidores, usuarios y



prestatarios de los servicios públicos definidos en esta ley y



los que se definan en el futuro.



b) Procurar el equilibrio entre las necesidades de los usuarios y



los intereses de los prestatarios de los servicios públicos.



c) Asegurar que los servicios públicos se brinden de conformidad con



lo establecido en el inciso b) del artículo 3 de esta ley.



d) Formular y velar porque se cumplan los requisitos de calidad,



cantidad, oportunidad, continuidad y confiabilidad necesarios



para prestar en forma óptima, los servicios públicos sujetos a su



autoridad.



e) Coadyuvar con los entes del Estado, competentes en la protección



del ambiente, cuando se trate de la prestación de los servicios



regulados o del otorgamiento de concesiones.



f) Ejercer, conforme lo dispuesto en esta ley, la regulación de los



servicios públicos definidos en ella.




Ficha articulo



CAPITULO III



FUNCIONES Y ATRIBUCIONES



ARTICULO 5.- Funciones



En los servicios públicos definidos en este artículo, la Autoridad



Reguladora fijará precios y tarifas; además, velará por el cumplimiento



de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad,



oportunidad y prestación óptima, según el artículo 25 de esta ley. Los



servicios públicos antes mencionados son:



a) Suministro de energía eléctrica en las etapas de generación,



trasmisión, distribución y comercialización.



b) Los servicios de telecomunicaciones cuya regulación esté



autorizada por ley.



c) Suministro del servicio de acueducto y alcantarillado, incluyendo



agua potable, recolección, tratamiento y evacuación de aguas



negras, aguas residuales y pluviales.



d) Suministro de combustibles derivados de hidrocarburos, dentro de



los que se incluyen: 1) los derivados del petróleo, asfaltos, gas



y naftas destinados a abastecer la demanda nacional en planteles



de distribución y 2) los derivados del petróleo, asfaltos, gas y



naftas destinados al consumidor final. La Autoridad Reguladora



deberá fijar las tarifas del transporte que se emplea para el



abastecimiento nacional.



e) Riego y avenamiento, cuando el servicio se presta por medio de



una empresa pública o por concesión o permiso.



f) Cualquier medio de transporte público remunerado de personas,



salvo el aéreo.



g) Los servicios marítimos y aéreos en los puertos nacionales.



h) Transporte de carga por ferrocarril.



i) Recolección y tratamiento de desechos sólidos e industriales.



La autorización para prestar el servicio público será otorgada por



los entes citados a continuación:



Inciso a): Ministerio del Ambiente y Energía.



Inciso c): Ministerio del Ambiente y Energía.



Inciso d.2): Ministerio del Ambiente y Energía.



Inciso e): Ministerio del Ambiente y Energía.



Inciso f): Ministerio de Obras Públicas y Transportes



Inciso g): Ministerio de Obras Públicas y Transportes; Junta de



Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de



la Vertiente Atlántica e Instituto Costarricense de



Puertos del Pacífico, respectivamente.



Inciso h): Ministerio de Obras Públicas y Transportes.



Inciso i): Las municipalidades.



En el otorgamiento de la concesión para el aprovechamiento de aguas



para riego deberá incluirse la obligación del usuario de aplicar las



técnicas adecuadas de manejo de agua, a fin de evitar la degradación del



recurso suelo, ya sea por erosión, revenimiento, salinización,



hidromorfismo y otros efectos perjudiciales.



(Así adicionado este párrafo final por el artículo 63 de la Ley de



Uso y Conservación de Suelos No.7779 de 30 de abril de 1998)




Ficha articulo



ARTICULO 6.- Obligaciones de la Autoridad Reguladora



Corresponden a la Autoridad Reguladora las siguientes obligaciones:



a) Regular y fiscalizar contable, financiera y técnicamente, a los



prestatarios de servicios públicos, para comprobar el correcto



manejo de los factores que afectan el costo del servicio, ya sean



las inversiones realizadas, el endeudamiento en que han



incurrido, los niveles de ingresos percibidos, los costos y



gastos efectuados o los ingresos percibidos y la rentabilidad o



utilidad obtenida.



b) Realizar inspecciones técnicas de las propiedades, plantas y



equipos destinados a prestar el servicio público, cuando lo



estime conveniente para verificar la calidad, confiabilidad,



continuidad, los costos, precios y las tarifas del servicio



público.



c) Velar por el cumplimiento, por parte de las empresas reguladas,



de las obligaciones en materia tributaria, el pago de las cargas



sociales, y el cumplimiento de las leyes laborales.



d) Cualquiera otra obligación que las leyes le asignen.



Toda disposición que se emita en relación con las materias a que se



refiere este artículo, será de acatamiento obligatorio.




Ficha articulo



        Artículo 7.- Facultad



        La Autoridad Reguladora estará facultada para efectuar contratos de compra, venta y arrendamiento de bienes, muebles e inmuebles, y servicios necesarios para el desempeño de su cometido, todo de acuerdo con la legislación existente.




Ficha articulo



        Artículo 8.- Responsabilidad



        La Autoridad Reguladora será responsable como institución y sus funcionarios, en forma solidaria, de sus actuaciones de conformidad con la Ley General de la Administración Pública.




Ficha articulo



CAPITULO IV



RÉGIMEN DE LOS PRESTATARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS



ARTICULO 9.- Concesión o permiso



Para ser prestatario de los servicios públicos, a que se refiere



esta ley, deberá obtenerse la respectiva concesión o el permiso del ente



público competente en la materia, según lo dispuesto en el artículo 5 de



esta ley. Se exceptúan de esta obligación las instituciones y empresas



públicas que, por mandato legal, prestan cualquiera de estos servicios.



Sin embargo, todos los prestatarios estarán sometidos a esta ley y sus



reglamentos.



La Autoridad Reguladora continuará ejerciendo la competencia que la



Ley No. 7200 y sus reformas, del 28 de setiembre de 1990, le otorgan al



Servicio Nacional de Electricidad.




Ficha articulo



ARTICULO 10.- Competencia del prestatario



El ente encargado de otorgar el permiso o la concesión para prestar



un determinado servicio público, establecerá el ámbito de competencia del



prestatario. Por la naturaleza del servicio, se puede otorgar la



prestación exclusiva; sin embargo, esta disposición podrá variarse de



acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.



La autoridad reguladora resolverá los conflictos de competencia por



razón de territorio que se presenten entre los prestatarios, en las



materias sobre las que esta ley le atribuye funciones en los términos del



artículo 5. Para ello, concederá una audiencia a las entidades



involucradas, en el plazo de quince días a partir de la denuncia del



conflicto y resolverá dentro del lapso establecido en la Ley General de



la Administración Pública.




Ficha articulo



ARTICULO 11.- Establecimiento de derechos y obligaciones



En la concesión o el permiso se establecerán los derechos y las



obligaciones de los prestatarios, a fin de no perjudicar el uso de los



bienes nacionales ni los derechos de terceros legalmente adquiridos, sin



perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13 de esta ley. Cuando se trate



de parámetros ambientales se usarán los contemplados en las leyes



específicas.




Ficha articulo



ARTICULO 12.- Prohibición de discriminación



Los prestatarios no podrán establecer ningún tipo de discriminación



contra un determinado grupo, sector, clase o consumidor individual. No



constituirán discriminación las diferencias tarifarias que se establezcan



por razones de orden social.




Ficha articulo



ARTICULO 13.- Prohibición de monopolios



Los prestatarios no tendrán ningún derecho monopólico sobre el



servicio público que exploten y estarán sujetos a las limitaciones y los



cambios que les sean impuestos por ley. Podrán otorgarse nuevas



concesiones, permisos, autorizaciones siempre que la demanda de servicios



lo justifique, o que estos puedan ofrecerse en mejores condiciones para



el usuario. En todo caso, se dará prioridad a los concesionarios que se



encuentren prestando el servicio. Se exceptúan de esta norma los



monopolios estatales, creados por ley u otorgados en administración.




Ficha articulo



ARTICULO 14.- Obligaciones de los prestatarios



Son obligaciones de los prestatarios:



a) Cumplir con las disposiciones que dicte la Autoridad Reguladora



en materia de prestación del servicio, de acuerdo con lo



establecido en las leyes y los reglamentos respectivos.



b) Mantener instalaciones y equipos en buen estado, de manera que no



constituyan peligro para personas ni propiedades, y no causen



interrupción del servicio.



c) Suministrar oportunamente, a la Autoridad Reguladora, la



información que les solicite, relativa a la prestación del



servicio.



d) Presentar, cuando la Autoridad Reguladora lo requiera, los



registros contables de sus operaciones, conforme lo disponen esta



ley y sus reglamentos.



e) Proteger, conservar, recuperar y utilizar racionalmente los



recursos naturales relacionados con la explotación del servicio



público, según la legislación vigente.



f) Permitir a la Autoridad Reguladora el acceso a sus instalaciones



y equipos, así como la comunicación con el personal, para cumplir



con esta ley y su reglamento.



g) Realizar actividades o inversiones no rentables por sí mismas, en



los ámbitos territorial y material de su competencia. Sin



embargo, aun cuando la actividad o inversión no sea rentable por



sí misma, su costo debe estar cubierto por los ingresos globales



del servicio público que presta. La empresa puede ser obligada a



suministrarlo, respetando el límite de su capacidad.



h) Admitir, sin discriminación, el acceso al servicio a quienes lo



soliciten dentro de su campo.



i) Estar preparados para asegurar, en el corto plazo, la prestación



del servicio ante el incremento de la demanda.



j) Brindar el servicio en condiciones adecuadas y con la regularidad



y seguridad que su naturaleza, la concesión o el permiso



indiquen.



k) Prestar el servicio a sus clientes en condiciones de igualdad y



cobrarles un precio justo y razonable por el servicio prestado.




Ficha articulo



ARTICULO 15.- Caducidad



Sin perjuicio de las causales de caducidad establecidas en leyes



especiales de los entes que otorguen las autorizaciones para explotar los



servicios públicos, serán causales de caducidad, las siguientes:



a) La renuncia del prestatario, sin perjuicio de las



responsabilidades que le correspondan.



b) Fuerza mayor o caso fortuito que altere las condiciones básicas



de la concesión o el permiso, de acuerdo con el Código Civil.



c) La pérdida decidida por la Asamblea Legislativa, de la condición



de servicio público de la labor que se realiza.




Ficha articulo



        Artículo 16.- Estudio del impacto ambiental



        Para autorizar la explotación de un servicio público, a juicio del Ministerio del Ambiente y Energía o por ley expresa, es requisito indispensable presentar, ante el ente encargado de otorgarla, un estudio de impacto ambiental, aprobado por ese Ministerio. El costo del estudio correrá por cuenta del interesado.



        El estudio del impacto ambiental deberá incluir una declaración jurada, suscrita por los solicitantes y los autores, de que la información suministrada y la evaluación son ciertas.



        La resolución emitida por el Ministerio del Ambiente y Energía, sobre la evaluación ambiental, será vinculante para el ente encargado de otorgar la concesión o el permiso.




Ficha articulo



        Artículo 17.- Suspensión del proceso



        El ente que otorgue la concesión o el permiso podrá suspender el proceso de otorgamiento de explotación de un servicio público hasta por un plazo de tres meses, cuando se demuestre un posible perjuicio grave sobre los recursos naturales, previo criterio del Ministerio del Ambiente y Energía. Dentro de este plazo, el solicitante podrá proponer un proyecto alternativo; de lo contrario, la solicitud se tendrá por denegada.




Ficha articulo



ARTICULO 18.- Bienes de interés público



Dentro del término de vigencia de la concesión o el permiso, los



prestatarios no podrán levantar los equipos ni las instalaciones



indispensables para brindar el servicio público, sin autorización escrita



de la entidad competente. Todos estos bienes se considerarán de interés



público.




Ficha articulo



        Artículo 19.- Aseguramiento



        Los bienes destinados a la prestación de servicios públicos podrán asegurarse contra riesgos, con el Instituto Nacional de Seguros o en caso de inopia, con entidades aseguradoras del exterior, en la forma y plazo que estime conveniente la entidad que otorgó la concesión o el permiso.



        Tales seguros podrán ser adquiridos por las entidades respectivas siempre que su costo final no le encarezca los servicios públicos al usuario.




Ficha articulo



CAPITULO V



CONDICIONES PARA SUMINISTRAR SERVICIOS PUBLICOS



ARTICULO 20.- Bienes y servicios de los prestatarios



No serán objeto de las disposiciones de esta ley los bienes y



servicios de los prestatarios, que no estén dedicados a brindar un



servicio público. Los prestatarios de estos servicios llevarán



contabilidades separadas que diferencien la actividad de servicio público



de las que no lo son. En todo caso, los ingresos y costos comunes deberán



consignarse de acuerdo con las normas técnicas que permitan una



distribución justa y no perjudiquen la actividad del servicio público.




Ficha articulo



        Artículo 21.- Controles



        La Autoridad Reguladora podrá ejercer controles sobre las instalaciones y los equipos dedicados al servicio público, para el cumplimiento cabal de sus obligaciones. Para este fin, contará con personal entrenado y especializado en cada uno de los servicios públicos que regule.




Ficha articulo



        Artículo 22.- Entes encargados de prestar servicios



        Cuando una concesión o un permiso se declare caduco o se revoque, por las causales establecidas en los artículos 15 y 41 de esta ley, el ente que otorgó la concesión o el permiso o el que aquí se disponga, asumirá la prestación del servicio público, únicamente mientras se otorga de nuevo. Asumirán estos servicios:



a) El Instituto Costarricense de Electricidad, en los casos contemplados en el inciso a) del artículo 5.



b) El Instituto de Acueductos y Alcantarillados, en los casos contemplados en el inciso c) del artículo 5.



c) La Refinadora Costarricense de Petróleo, en los casos contemplados en el inciso d) del artículo 5.



d) El Servicio Nacional de Riego y Avenamiento, en los casos contemplados en el inciso e) del artículo 5.



e) El Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en los casos contemplados en el inciso f) del artículo 5.



f) El Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica y la Dirección General de Aviación Civil, según corresponda, en los casos contemplados en el inciso g) del artículo 5.



g) El Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en los casos contemplados en el inciso h) del artículo 5.



h) La municipalidad correspondiente, en los casos contemplados en el inciso i) del artículo 5.




Ficha articulo



        Artículo 23.- Pruebas de exactitud y confiabilidad



        Los instrumentos y sistemas de medición o conteo por medio de los cuales se brinde o suministre un servicio público sujeto a regulación, serán sometidos a las pruebas de exactitud y confiabilidad que la Autoridad Reguladora considere necesarias. Esta Autoridad establecerá los procedimientos mediante los cuales deberá realizar esta labor.



        De oficio o a solicitud de parte, la Autoridad Reguladora intervendrá para garantizar el buen estado y la confiabilidad de los instrumentos y sistemas de medición y conteo que las entidades reguladas utilicen al prestar el servicio.




Ficha articulo



ARTICULO 24.- Suministro de información



A solicitud de la Autoridad Reguladora, las entidades reguladas



suministrarán informes, reportes, datos, copias de archivos y cualquier



otro medio electrónico o escrito donde se almacene información



financiera, contable, económica, estadística y técnica relacionada con la



prestación del servicio público que brindan. Para el cumplimiento



exclusivo de sus funciones, la Autoridad Reguladora tendrá la potestad de



inspeccionar y registrar los libros legales y contables, comprobantes,



informes, equipos y las instalaciones de los prestatarios.




Ficha articulo



ARTICULO 25.- Reglamentación



La Autoridad Reguladora emitirá los reglamentos que especifiquen las



condiciones de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad



y prestación óptima con que deberán suministrarse los servicios públicos,



conforme a los estándares específicos existentes en el país o en el



extranjero para cada caso. El Poder Ejecutivo promulgará estos



reglamentos.




Ficha articulo



CAPITULO VI



ATENCION AL USUARIO



ARTICULO 26.- Peritaje



Los prestatarios de servicios públicos podrán exigir el peritaje



técnico o profesional, como requisito para atender las necesidades del



usuario que solicita el servicio.



Los peritos técnicos o profesionales deberán estar acreditados ante



la Autoridad Reguladora, según la reglamentación que al efecto emita.




Ficha articulo



ARTICULO 27.- Tramitación de quejas



La Autoridad Reguladora tramitará, investigará y resolverá, de



acuerdo con los procedimientos administrativos establecidos en la Ley



General de la Administración Pública, cualquier queja relativa a la



prestación de los servicios públicos regulados por esta ley.



Los prestatarios de los servicios públicos y las instituciones



públicas están obligados a brindarle, a la Autoridad Reguladora, la



colaboración necesaria para que cumpla con esta función.




Ficha articulo



        Artículo 28.- Corrección de anomalías



        Si la denuncia resulta fundada, la Autoridad Reguladora dictará las disposiciones pertinentes para que se corrijan las anomalías, y cuando en derecho corresponda, ordenará resarcir los daños en sede administrativa. Las resoluciones que se dicten serán vinculantes para las partes involucradas, sin perjuicio de los recursos ordenados en la ley. 



        Si de la denuncia se desprenden responsabilidades penales, para cualquier involucrado, la Autoridad Reguladora deberá informarlo al Ministerio Público.



        Esa Autoridad tramitará los procesos administrativos hasta concluirlos, de conformidad con los procedimientos establecidos en la Ley General de la Administración Pública. Deberá informar del inicio de este procedimiento al ente que otorgó la concesión o el permiso.




Ficha articulo



CAPITULO VII



PETICIONES TARIFARIAS



ARTICULO 29.- Trámites de tarifas, precios y tasas



La Autoridad Reguladora formulará las definiciones, los requisitos y



las condiciones a que se someterán los trámites de tarifas, precios y



tasas de los servicios públicos, los cuales serán promulgados por el



Poder Ejecutivo, mediante reglamento.




Ficha articulo



ARTICULO 30.- Cambios de tarifas



Los prestatarios de servicios públicos, las organizaciones de



consumidores legalmente constituidas y cualquier entidad pública con



facultades podrán presentar solicitudes de cambio de tarifas y precios.



La Autoridad Reguladora estará obligada a recibir y tramitar esas



peticiones, únicamente cuando, al presentarlas, cumplan con los



requisitos formales que el reglamento establezca. Esta Autoridad podrá



modificarlas, aprobarlas o rechazarlas.



De acuerdo con las circunstancias, las fijaciones tarifarias serán



de carácter ordinario o extraordinario. Serán de carácter ordinario



aquellas que contemplen factores de costo e inversión, de conformidad con



lo estipulado en el inciso b) del artículo 3, de esta ley. Los



prestatarios deberán presentar, por lo menos una vez al año, un estudio



ordinario. La Autoridad Reguladora podrá realizar de oficio,



modificaciones ordinarias y deberá otorgarles la respectiva audiencia



según lo manda la ley.



Serán fijaciones extraordinarias aquellas que consideren variaciones



importantes en el entorno económico, por caso fortuito o fuerza mayor y



cuando se cumplan las condiciones de los modelos automáticos de ajuste.



La Autoridad Reguladora realizará, de oficio, esas fijaciones.




Ficha articulo



ARTICULO 31.- Fijación de precios, tarifas o tasas



Para fijar precios, tarifas y tasas de los servicios públicos, la



Autoridad Reguladora tomará en cuenta las estructuras productivas modelo



para cada servicio público, según el desarrollo del conocimiento, la



tecnología, las posibilidades del servicio, la actividad de que se trate



y el tamaño de las empresas prestatarias. En este último caso, se



procurará fomentar la pequeña y la mediana empresa. Si existe



imposibilidad comprobada para aplicar este procedimiento, se considerará



la situación particular de cada empresa.



Los criterios de equidad social, sostenibilidad ambiental,



conservación de energía y eficiencia económica definidos en el Plan



Nacional de Desarrollo, deberán ser elementos centrales para fijar



precios, tarifas y tasas de los servicios públicos.



No se permitirán fijaciones que atenten contra el equilibrio



financiero de las entidades prestatarias del servicio público.




Ficha articulo



        Artículo 32.- Costos sin considerar



        No se aceptarán como costos de las empresas reguladas:



a) Las multas que les sean impuestas por incumplimiento de las obligaciones que establece esta ley.



b) Las erogaciones innecesarias o ajenas a la prestación del servicio público.



c) Las contribuciones, los gastos, las inversiones y deudas incurridas por actividades ajenas a la administración, la operación o el mantenimiento de la actividad regulada.



d) Los gastos de operación desproporcionados en relación con los gastos normales de actividades equivalentes.



e) Las inversiones rechazadas por la Autoridad Reguladora por considerarlas excesivas para la prestación del servicio público.



f) El valor de las facturaciones no cobradas por las empresas reguladas, con excepción de los porcentajes técnicamente fijados por la Autoridad Reguladora.



(Nota de Sinalevi: Mediante dictamen N°, C-242-2003 del 11 de agosto del 2003,se interpretó que el artículo 32 de la Ley 7593, Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, en el sentido que, dicho artículo "reconoce una cierta "discrecionalidad" a la Autoridad Reguladora e incluye conceptos jurídicos indeterminados en su redacción. Lo que da un margen de libertad de apreciación al Ente Regulador a efecto de determinar si una erogación es necesaria para la prestación del servicio, si es proporcional en relación con los "gastos normales de actividades equivalentes" o si es excesiva". )




Ficha articulo



ARTICULO 33.- Justificación de las peticiones



Toda petición de los prestatarios sobre tarifas y precios deberá



estar justificada. Además, los solicitantes tendrán que haber cumplido



con las condiciones establecidas, por la Autoridad Reguladora, en



anteriores fijaciones o en intervenciones realizadas en el ejercicio de



sus potestades antes de la petición.




Ficha articulo



ARTICULO 34.- Irretroactividad



Las variaciones de tarifas y precios regirán a partir de su



publicación en el diario oficial y, en ningún caso, podrán tener efecto



retroactivo.




Ficha articulo



        Artículo 35.- Acceso a estudios técnicos



        La Autoridad Reguladora deberá permitir el acceso de los consumidores y usuarios de los servicios públicos regulados por esta ley, de la Defensoría de los Habitantes y los ministros rectores de tales servicios, a los estudios técnicos en que fundamentó la fijación realizada.




Ficha articulo



CAPITULO VIII



AUDIENCIAS



ARTICULO 36.- Convocatoria



Para los asuntos indicados en este artículo, la Autoridad Reguladora



convocará a audiencia, en la que podrán participar las personas que



tengan interés legítimo para manifestarse. Con ese fin, la Autoridad



Reguladora ordenará publicar en el diario oficial La Gaceta y en dos



periódicos de circulación nacional, los asuntos que a continuación se



enumeran:



a) Las solicitudes para la fijación ordinaria de tarifas y precios



de los servicios públicos.



b) Las solicitudes de autorización de generación de fuerza eléctrica



de acuerdo con la Ley No. 7200, del 28 de setiembre de 1990,



reformada por la Ley No. 7508, del 9 de mayo de 1995.



c) La formulación y revisión de las normas técnicas aplicables a los



servicios públicos objeto de regulación.



d) La formulación o revisión de los modelos de fijación de precios y



tarifas, de conformidad con el artículo 31 anterior.



Después de la publicación se convocará a una audiencia, dentro de un



plazo de treinta días naturales para la presentación de oposiciones con



base en estudios técnicos.



Las oposiciones habrán de formularse por escrito y se sustentarán



oralmente con las razones de hecho y de derecho que sean pertinentes. En



esta audiencia, podrán hacer uso de la palabra quienes hayan formulado las



oposiciones, según lo estipule el reglamento.



La Autoridad Reguladora establecerá un registro de asociaciones para



la defensa de los consumidores o los usuarios, asociaciones de desarrollo



comunal u otras organizaciones sociales, que podrán oponerse, cuando



tengan interés legítimo, al contenido de las publicaciones.




Ficha articulo



ARTICULO 37.- Plazo para fijar precios y tarifas



La Autoridad Reguladora resolverá en definitiva toda solicitud



ordinaria para la fijación de precios y tarifas, en un plazo que no podrá



exceder de treinta días naturales después de la audiencia. Si pasado ese



término el Regulador General no ha tomado la decisión correspondiente,



será sancionado por la Junta Directiva del Organo Regulador, con



suspensión del cargo hasta por treinta días.



La suspensión de dos o más veces en un mismo año calendario, se



considerará falta grave y constituirá causal de despido sin



responsabilidad patronal.




Ficha articulo



CAPITULO IX



SANCIONES



ARTICULO 38.- Multas



La Autoridad Reguladora sancionará, cumpliendo con el procedimiento



administrativo previsto en la Ley General de la Administración Pública,



con multa de cinco a diez veces el valor del daño causado que ella



determine, a quien suministre un servicio público que incurra en



cualquiera de las circunstancias siguientes:



a) Cobro de precios, tarifas, tasas o contribuciones distintos de



los señalados por la Autoridad Reguladora.



b) Mantenimiento inadecuado de equipos de trabajo del servicio



público regulado, que ponga en peligro personas o propiedades.



c) Uso fraudulento de bienes y servicios públicos para evadir el



pago regulado.



d) Prestación no autorizada del servicio público.



e) Levantamiento, sin la autorización expresa del ente que otorgó la



concesión o el permiso de los equipos o las instalaciones



indispensables para brindar el servicio público, tal y como lo



establece el artículo 18 de la presente ley.



f) Incumplimiento de la obligación de asegurar a los trabajadores de



la entidad prestataria ante la Caja Costarricense de Seguro



Social, y en el régimen de riesgos de trabajo. Se concederá un



plazo de treinta días hábiles para corregir la omisión o el



atraso; en caso de persistir o reiterarse la mora se cancelará la



concesión o el permiso.



Cuando no sea posible estimar el daño, se multará con el monto de



cinco a veinte salarios base mínimos fijados en el presupuesto ordinario



de la República, de acuerdo con la Ley No. 7337, del 5 de mayo de 1993.




Ficha articulo



ARTICULO 39.- Multas por mora



En caso de falta de pago de los cánones establecidos en la presente



ley, se impondrá una multa de quince por ciento (15%) mensual sobre el



monto del canon adeudado. Si el retraso se prolonga por un período



superior a los dos meses, esta conducta se interpretará como causal de



revocatoria de la concesión o el permiso.



Los representantes legales de las instituciones o empresas reguladas



responderán, civil y administrativamente, según corresponda, por el



retraso en el pago de los cánones establecidos en esta ley.




Ficha articulo



ARTICULO 40.- Pago de multas



El valor de las multas se depositará en favor de la Tesorería



Nacional. Su monto no podrá considerarse, por ningún concepto, como costo



de operación.




Ficha articulo



        Artículo 41.- Revocatoria de concesión o permiso



        Sin perjuicio de las sanciones y responsabilidades que corresponda aplicar de acuerdo con la ley, serán causales de revocatoria de la concesión o el permiso, declarable mediante el proceso administrativo, por la Autoridad Reguladora, las siguientes:



a)     La reiteración de las conductas sancionadas en el artículo 38 de esta ley.



b) La falta grave o la prestación deficiente del servicio, según las normas establecidas en el artículo 25 de esta ley.



c) El incumplimiento por razones injustificadas de las condiciones generales del contrato, la concesión o el permiso.



d) El traspaso, la cesión o el arrendamiento de la concesión o el permiso, parcial o total, sin autorización previa del ente competente.



e) El desvío de recursos, activos, ingresos o la inclusión en la contabilidad, de gastos para actividades ajenas al servicio público.



f) La alteración de instrumentos, sistemas de medición, fiscalización y conteo.



g) El cobro de precios superiores a los señalados por la Autoridad Reguladora, sin perjuicio de cualquier otra sanción contenida en el ordenamiento jurídico.



h) El uso de información falsa o alterada en cualquiera de los procedimientos fijados en esta ley.



i) La discriminación contra un determinado grupo, sector, clase o consumidor individual en el otorgamiento del servicio público o en las condiciones de prestación, sin perjuicio de cualquier otra sanción contenida en el ordenamiento jurídico.



j) El incumplimiento de las medidas de mitigación contempladas en el estudio de impacto ambiental mencionado en el artículo 16 de esta ley.



k) Incumplimiento de la normativa vigente sobre protección ambiental.



l) Incumplimiento de las medidas de mitigación contempladas en la evaluación de impacto ambiental, a que hace referencia el artículo 16 de esta ley.



m) Otras causales establecidas en la ley, la concesión o el permiso.




Ficha articulo



        Artículo 42.- Garantía de cumplimiento



        La inexistencia de la póliza de seguro vigente sobre los bienes destinados a la prestación del servicio público, de conformidad con el artículo 19 de esta ley, facultará a la Autoridad Reguladora para ejecutar la garantía de cumplimiento establecida en el contrato de concesión o el permiso, cuando la mora sea por un período mayor a un mes.



        Se exceptúan de lo anterior las empresas reguladas, cuyos costos finales de servicios públicos al usuario, no soportan estas cargas financieras.




Ficha articulo



        Artículo 43.- Cobro judicial



        Los débitos constituidos en razón de las sanciones establecidas en este capítulo, que no sean cancelados en sede administrativa, se cobrarán judicialmente. Para ello, la certificación expedida por el Regulador General constituirá título ejecutivo.




Ficha articulo



ARTICULO 44.- Cierre de empresas y remoción de equipo



La Autoridad Reguladora procederá a ordenar, mediante resolución



administrativa, el cierre inmediato de las empresas que utilicen sin



autorización los servicios públicos o que sean proveedoras de un servicio



público sin contar con la respectiva concesión o permiso. Igualmente,



removerá cualquier equipo o instrumento que permita el uso abusivo e



ilegal de los servicios regulados. Para ello, podrá contar con la ayuda



de la fuerza pública.



Las sanciones se aplicarán sin perjuicio de cualquier otra



responsabilidad que pueda imputarse al prestatario del servicio público.




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CAPITULO X



JUNTA DIRECTIVA Y ADMINISTRACION SUPERIOR



ARTICULO 45.- Integración de la Autoridad Reguladora



Integrarán la organización superior de la Autoridad Reguladora:



a) La Junta Directiva



b) El Regulador General



c) La Auditoría Interna



Asimismo, la Autoridad Reguladora estará facultada para establecer



su organización interna, a fin de cumplir con sus funciones.




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ARTICULO 46.- Integración de la Junta Directiva



La Junta Directiva de la Autoridad Reguladora estará integrada por



cinco miembros, quienes durarán en sus cargos todo el período de la



administración que los nombró y podrán ser reelegidos. Uno de ellos será



el Regulador General y presidirá la Junta.




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ARTICULO 47.- Nombramientos



La Junta Directiva de la Autoridad Reguladora será nombrada después



de abrirle expediente personal y de antecedentes a cada persona que se



postule o sea postulada para integrarla.



El Consejo de Gobierno, una vez que haya nombrado al Regulador



General y a los restantes miembros, enviará todos los expedientes a la



Asamblea Legislativa, la cual dispondrá de un plazo de treinta días para



objetar los nombramientos. Si en ese lapso no se produjere objeción, se



tendrán por ratificados.



En caso de objeción, el Consejo de Gobierno sustituirá al director



objetado y el nuevo designado será objeto del mismo procedimiento.




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ARTICULO 48.- Requisitos de los miembros de la Junta Directiva



Para ser Regulador General, Auditor o miembro de la Junta Directiva



se requiere:



a) Ser costarricense en ejercicio de sus derechos civiles y



políticos.



b) Ser mayor de treinta años de edad.



c) Ser de reconocida honorabilidad.



d) Ser graduado universitario, con título de licenciatura, como



mínimo, y poseer experiencia comprobada en el área de los



servicios públicos, por un período no menor de cinco años.




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ARTICULO 49.- Prohibiciones para el Regulador General



El Regulador General tendrá dedicación exclusiva, salvo que la Junta



Directiva lo autorice para impartir algún curso universitario.



Se prohíbe al Regulador General:



a) Ejercer profesiones liberales fuera del cargo.



b) Participar en actividades político-electorales, con las



salvedades de ley.



c) Intervenir en el trámite o la resolución de asuntos sometidos a



su jurisdicción, en los que tenga interés personal, directa o



indirectamente, o cuando los interesados sean sus parientes por



línea directa o colateral hasta el cuarto grado, por



consanguinidad o afinidad. Esta prohibición alcanza también a los



otros miembros de la Junta Directiva.



La violación de las prohibiciones anteriores constituirá falta grave



del servidor y dará lugar a su destitución por justa causa, sin perjuicio



de las otras responsabilidades que le quepan.




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ARTICULO 50.- Prohibición de nombramiento



Ningún nombramiento para desempeñar cargos en la Autoridad



Reguladora, podrá recaer en parientes o cónyuges del Regulador General ni



de los miembros de la Junta Directiva, hasta el cuarto grado de



parentesco por consanguinidad o afinidad. Tampoco podrán ser nombrados



para ocupar puestos de jefatura en la Autoridad Reguladora, accionistas,



asesores, gerentes o similares, miembros de las Juntas Directivas de las



empresas privadas reguladas ni sus parientes hasta el cuarto grado de



consanguinidad o afinidad.



Esta prohibición estará vigente hasta un año después de que los



funcionarios a quienes se refiere el párrafo anterior, hayan dejado de



prestar sus servicios. La violación de este impedimento causará la



nulidad absoluta del nombramiento.




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ARTICULO 51.- Prohibición de prestar servicios



Ningún funcionario de la Autoridad Reguladora o miembro de la Junta



Directiva podrá prestar servicios a las entidades reguladas, ni a los



prestatarios de servicios públicos.



La violación de este artículo será considerada falta grave y,



simultáneamente, será causal de destitución sin responsabilidad para la



Institución y de multa en los términos del párrafo final del artículo 38



anterior, para la empresa infractora.




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ARTICULO 52.- Causas de cese



El Regulador General, el Auditor y los demás miembros de la Junta



Directiva cesarán en sus cargos por cualquiera de las siguientes causas:



a) Renuncia.



b) Ausencia del país por un período mayor de un mes, sin la



autorización de la Junta Directiva.



c) Incapacidad sobreviniente por más de seis meses.



d) Negligencia o falta grave, debidamente comprobada, contra el



ordenamiento jurídico en el cumplimiento de los deberes de su



cargo.



e) Cualquiera de las incompatibilidades previstas en esta ley.



f) Condena con sentencia firme, por un delito doloso, durante el



ejercicio del cargo.



g) Las causas contempladas en el artículo 13 de la Ley No.6872, del



17 de junio de 1983, sobre enriquecimiento ilícito, a las que



queden afectos.



Corresponde al Poder Ejecutivo, con el principio del debido proceso,



declarar la vacante por cualquiera de las causas establecidas en esta



ley, y proceder a nombrar al sustituto en un plazo improrrogable de



treinta días naturales, con sujeción al procedimiento establecido en este



capítulo.




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ARTICULO 53.- Deberes y atribuciones



Son deberes y atribuciones de la Junta Directiva:



a) Definir la política y los programas de la Autoridad Reguladora,



de conformidad con los principios y objetivos de esta ley.



b) Resolver, agotando la vía administrativa, los recursos



relacionados con asuntos de competencia de la Autoridad



Reguladora, con excepción de los asuntos relacionados con materia



laboral.



c) Conocer y resolver los asuntos que el Regulador General someta a



su consideración.



d) Elaborar los reglamentos necesarios para el funcionamiento de la



Autoridad Reguladora y las modificaciones de estos y presentarlos



al Poder Ejecutivo para su promulgación.



e) Aprobar el estudio de cánones y el presupuesto de la Autoridad



Reguladora y sus modificaciones.



f) Resolver los asuntos de su competencia en materia administrativa.



g) Aprobar los contratos de obras y servicios, de acuerdo con el



ordenamiento jurídico vigente.



h) Examinar y aprobar los estados financieros de la Autoridad



Reguladora y la liquidación de su presupuesto.



i) Aprobar los informes que anualmente publicará la Autoridad



Reguladora sobre su gestión.



j) Nombrar y remover al Auditor Interno, de acuerdo con la ley.



k) Conocer en alzada de las apelaciones que se presenten por



resoluciones del Regulador General o del Auditor Interno.



l) Presentar, a la Asamblea Legislativa, a más tardar el último día



del mes de abril de cada año, un informe de las labores y



actividades realizadas durante el año anterior.



m) Aprobar la organización interna de la Autoridad Reguladora y el



estatuto interno de trabajo.



n) Mantener estrecha comunicación y coordinación con el Ministerio



de Economía, Industria y Comercio, en cuanto a la política de



precios que debe seguir el Gobierno.



ñ) Los demás deberes y atribuciones que se le confieren de



conformidad con las leyes o los reglamentos de servicio de cada



actividad regulada.




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ARTICULO 54.- Quórum



Para sesionar válidamente, tres miembros constituirán quórum. Los



acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los presentes, salvo los



casos en que la ley exija una mayoría calificada. Cuando se produzca un



empate, el Presidente o quien lo sustituya, resolverá con doble voto.



Ningún miembro presente podrá abstenerse de votar.




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        Artículo 55 - Validez de acuerdos



        Se requerirán por lo menos cuatro votos afirmativos, para la validez de los siguientes acuerdos:



a) La resolución de las apelaciones en materia de fijación de tarifas y precios.



b) El otorgamiento, la revocatoria o la ampliación de las concesiones que por ley le corresponda.



c) El nombramiento y la remoción del Auditor Interno.



d) La aprobación del estudio de cánones.



e) La aprobación de las operaciones de endeudamiento.




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        Artíulo 56.- Impedimentos para resolver asuntos



        Los miembros de la Junta Directiva deberán excusarse de participar en la resolución de asuntos en los cuales ellos o sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado inclusive, estén interesados o interesen a sociedades anónimas o compañías cuyos dueños o empleados sean los parientes referidos.




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ARTICULO 57.- Deberes y atribuciones del Regulador General



Son deberes y atribuciones del Regulador General:



a) Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la



institución.



b) Ejecutar, como superior jerárquico en materia administrativa, la



política y los programas de la Autoridad Reguladora.



c) Resolver las solicitudes para fijar tarifas y precios, de



conformidad con los estudios técnicos.



d) Resolver los recursos que deba conocer en materia laboral,



agotando la vía administrativa.



e) Conocer los informes de las investigaciones sobre quejas y



resolver lo que corresponda dentro del ámbito de su competencia.



f) Preparar la agenda de las sesiones de la Junta Directiva.



g) Todo cuanto la ley indique.




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        Artículo 58.- Requisitos del Auditor Interno



        El Auditor Interno de la Autoridad Reguladora será un contador público autorizado, con experiencia profesional mínima de cinco años en auditoría.




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CAPITULO XI



FINANCIAMIENTO



ARTICULO 59.- Cálculos del canon



Por cada actividad regulada, la Autoridad Reguladora cobrará un



canon consistente en un cargo anual que se determinará así:



a) La Autoridad Reguladora calculará el canon de cada actividad de



acuerdo con el principio de servicio al costo y deberá establecer



un sistema de costeo apropiado para cada actividad regulada.



b) Cuando la regulación por actividad involucre a varias empresas,



la distribución del canon seguirá criterios de proporcionalidad y



equidad.



c) Cada mayo, la Autoridad Reguladora presentará el proyecto de



cánones para el año siguiente, con su respectiva justificación



técnica, ante la Contraloría General de la República para que lo



apruebe. Recibido el proyecto, la Contraloría dará audiencia, por



un plazo de diez días hábiles, a las empresas reguladas para que



expongan sus observaciones al proyecto de cánones. Transcurrido



el plazo, se aplicará el silencio positivo.



d) El proyecto de cánones deberá aprobarse a más tardar el último



día hábil del mes de julio del mismo año. Vencido ese término sin



pronunciamiento de la Contraloría General de la República, el



proyecto se tendrá por aprobado en la forma presentada por la



Autoridad Reguladora.



Según los procedimientos aquí indicados, esa Autoridad someterá, a



la Contraloría General de la República para su aprobación, los cánones



por nuevos servicios públicos establecidos por la Asamblea Legislativa.



La Autoridad Reguladora determinará los medios y procedimientos adecuados



para recaudar los cánones a que se refiere esta ley.




Ficha articulo



ARTICULO 60.- Descuento de cánones



Las empresas reguladas que colaboren con la Autoridad Reguladora en



la recaudación de cánones de terceros, podrán descontar, del canon que



les corresponde cancelar en virtud de lo dispuesto en el artículo



anterior, los gastos por este servicio. La empresa recaudadora deberá



presentar a la Autoridad Reguladora el estudio respectivo.




Ficha articulo



ARTICULO 61.- Patrimonio



El patrimonio general de la Autoridad Reguladora será inembargable



y, en ninguna forma, podrá ser traspasado al Gobierno Central o sus



instituciones ni usado por ellos.



Además de los cánones mencionados en el artículo 59, formarán parte



de los ingresos de la Autoridad Reguladora:



a) Los fondos que se le asignen en el Presupuesto Nacional.



b) Las donaciones y subvenciones.



c) Los ingresos que obtenga mediante convenios y contratos con



personas físicas, jurídicas, públicas o privadas, nacionales o



extranjeras.



La Autoridad Reguladora asumirá todos los activos, pasivos y



patrimonio del Servicio Nacional de Electricidad. Se exceptúan los



activos que se trasladarán al Ministerio del Ambiente y Energía, según el



transitorio V de esta ley.




Ficha articulo



ARTICULO 62.- Cobro por otros servicios



La Autoridad Reguladora cobrará, por otros servicios que ofrezca, un



monto calculado con base en el costo de estos servicios.




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CAPITULO XII



DISPOSICIONES FINALES



ARTICULO 63.- Modificación de la Ley No. 3077



Se reforma el artículo 1 de la Ley de Reglamentación del cobro del



factor térmico de ajuste a cargo del ICE, No. 3077, del 7 de diciembre de



1962, cuyo texto dirá:



... ... ...




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ARTICULO 64.- Modificaciones de la Ley No. 3503



Se modifica la Ley reguladora del transporte remunerado de personas



en vehículos automotores, No. 3503, del 10 de mayo de 1965 y sus



reformas, de la siguiente manera:



a) ... ... ...



b) Se deroga el artículo 38.




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ARTICULO 65.- Modificaciones de la Ley No. 6324



Se modifican los artículos 29 y 30 de la Ley de Administración Vial,



No. 6324, del 24 de mayo de 1979, cuyos textos dirán:



... ... ...




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ARTICULO 66.- Modificaciones de la Ley No. 5406



Se modifica la Ley reguladora del transporte remunerado de personas



en vehículos taxi, No.5406, del 31 de octubre de 1973, de la siguiente



manera:



a) ... ... ...



b) Se derogan los artículos 3, 20 y 21.




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ARTICULO 67.- Autonomía



La Autoridad Reguladora se regirá por su ley constitutiva y, en



materia de fiscalización presupuestaria, únicamente estará sujeta a las



disposiciones de la Contraloría General de la República. Además de las



regulaciones específicas que le corresponden, sólo se le aplicarán las



otras a que esté sometida la Contraloría.




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ARTICULO 68.- Derogaciones



Se derogan la Ley No. 258, del 18 de agosto de 1941, y sus reformas



y el artículo 8 de la Ley No. 1634, del 14 de setiembre de 1953.




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ARTICULO 69 - Reglamento



El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley en un plazo de noventa días



naturales contados a partir de su publicación.




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ARTICULO 70.- Referencia legal



Las referencias legales al Servicio Nacional de Electricidad o a sus



siglas SNE, en adelante se entenderán referidas a la Autoridad Reguladora



de los Servicios Públicos.




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ARTICULO 71.- Autorización



Se autoriza a las instituciones y empresas públicas que brindan



servicios para vender directamente a otras empresas o instituciones



públicas y privadas, nacionales o extranjeras, servicios de



asesoramiento, consultoría, capacitación o cualquier otra actividad afín



a sus competencias.




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ARTICULO 72.- Vigencia



Rige treinta días naturales después de su publicación en el diario



oficial.




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DISPOSICIONES TRANSITORIAS



        Transitorio I.- La creación de la Autoridad Reguladora no implicará variantes en las concesiones, los permisos o las autorizaciones administrativas otorgadas antes de la vigencia de esta ley.




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        Transitorio II.- Los empleados y funcionarios del Servicio Nacional de Electricidad formarán parte del personal de la Autoridad Reguladora y conservarán los derechos laborales adquiridos. Serán cesados con responsabilidad patronal quienes actualmente cumplan funciones que la nueva institución no incluya dentro de sus competencias.




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        Transitorio III.- Al entrar en vigencia la presente ley, los miembros de la Junta Directiva actual del Servicio Nacional de Electricidad cesarán en sus cargos.




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        Transitorio IV.- El Consejo de Gobierno nombrará a los miembros de la Junta Directiva, en un plazo máximo de sesenta días naturales contados a partir de la publicación de esta ley, conforme al procedimiento fijado en ella.




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        Transitorio V.- Se traslada el Departamento de Aguas del Servicio Nacional de Electricidad, incluyendo su personal, activos y funciones, al Ministerio del Ambiente y Energía. Este traslado se hará efectivo dentro del plazo máximo de un año después de entrar en vigencia esta ley, con el propósito de facilitar los ajustes presupuestarios y de otra naturaleza que sean pertinentes.



        En virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior, en cualquiera de los artículos de la Ley No. 276, del 27 de agosto de 1942 y sus reformas, donde se mencione el Servicio Nacional de Electricidad en relación con las aguas nacionales, deberá leerse Ministerio del Ambiente y Energía.



        Asimismo, en esa ley, deberá leerse siempre Ministerio del Ambiente y Energía cuando se menciona el Servicio Nacional de Electricidad.




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        Transitorio VI.- El actual Director General del Servicio Nacional de Electricidad permanecerá en el cargo como Regulador General, por un plazo de diez meses a partir de la aprobación de esta ley. Vencido este lapso el Consejo de Gobierno nombrará al Regulador General, conforme al procedimiento fijado en la presente ley.




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        Transitotio VII.- Se autoriza al Ministerio de Obras Públicas y Transportes para que, durante un plazo improrrogable de doce meses contados a partir de la entrada en vigencia de esta ley, pueda otorgar nuevos permisos de transporte público de personas, modalidad taxi. Para esto, deberá considerar los estudios técnicos y los dictados de la presente ley.



Conservarán su derecho por un plazo de treinta y seis meses más, los permisionarios que, al entrar en vigencia esta ley, gocen de un permiso de transporte público de personas en la modalidad taxi y cumplan con los requisitos solicitados cuando se les otorgó el permiso.



Cumplido el término señalado, deberá publicarse el cartel de licitación de concesiones para este tipo de servicio público lo cual obliga a que, una vez resuelto y firme el concurso, los permisos otorgados queden fuera de circulación.




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Fecha de generación: 25/2/2024 11:35:17
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