Artículo 2º.-

Dentro de sus límites y normas, la presente ley garantiza:

1.-

Artículo 3º.-

De acuerdo con lo expuesto en el artículo 1º, la tierra ha de constituir, para el hombre que la trabaja, la garantía de su bienestar económico, de su libertad y de su dignidad y, por lo tanto, base del bienestar, de la libertad y de la dignidad de la Nación.
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Artículo 4º.-

El Estado está obligado a dar todo su apoyo al desarrollo de la pequeña y mediana propiedad rural y, de manera especial, al fomento de las cooperativas agrícolas, a efecto de que lleguen a ser estables, eficaces y determinantes en la política agraria del mismo. (NOTA: El artículo 9º de la ley Nº 3478 de 23 de diciembre de 1964 dispone que mientras el Instituto de Tierras y Colonización sea dueño de más del 50% del capital aportado en la cooperativa de producción agropecuaria que habrá de organizarse en la colonia de Bataán, el nombramiento y remoción del gerente de esa cooperativa corresponderá a la Junta Directiva del Instituto, la cual podrá disponer también que en la Junta Directiva de la cooperativa haya mayoría de directores nombrados por el Instituto. Añade que lo dispuesto en este artículo regirá también para cualquier otra cooperativa que auspicie el Instituto en el futuro).
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Artículo 5º.-

El Instituto de Tierras y Colonización procurará evitar el minifundio y la fragmentación agrícolamente irracional de la propiedad rural. Para ese efecto, propondrá a la Asamblea Legislativa las medidas legales pertinentes. Asimismo, el Instituto estudiará la posibilidad de sustituir, conforme a los principios y normas de esta ley, por la vía legislativa, las formas indirectas de explotación de la tierra.
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Artículo 6º.-

Toda persona tiene derecho de denunciar o informar ante el organismo correspondiente la existencia de tierra en cuya explotación no se cumple con la función social de la propiedad.
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CAPITULO II

Propiedad Agrícola del Estado

Artículo 7º.-

Mientras el Estado, por voluntad propia o por indicación del Ministerio de Agricultura o del Instituto de Tierras y Colonización, atendiendo razones de conveniencia nacional, no determine los terrenos que deben mantenerse bajo su dominio, se considerarán inalienables y no susceptibles de adquirirse por denuncio o posesión, salvo los que estuvieren bajo el domino privado, con título legítimo, los siguientes:

a) DEROGADO. (Derogado por el artículo 1º de la ley Nº 5385 del 30 de octubre de 1973). b) Los comprendidos en una zona marítimo-terrestre de doscientos metros de ancho a lo largo de las costas de ambos mares, desde la pleamar ordinaria, así como los comprendidos en una zona de cincuenta metros de ancho a lo largo de ambas márgenes de los ríos navegables;

( NOTA: Este inciso, en su primera parte, fue tácitamente reformado por ley Nº 6043 de 2 de marzo de 1977 - Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre - en sus artículos 9 a 25, lo mismo que los terrenos de las islas a que se refiere el inciso c) siguiente ). c) Los terrenos de las islas, los situados en las márgenes de los ríos, arroyos y, en general, de todas las fuentes que estén en cuencas u hoyas hidrográficas en que broten manantiales, o en que tengan sus orígenes o cabeceras cualesquiera cursos de agua de los cuales se surta alguna población, o que convenga reservar con igual fin. En terrenos planos o de pequeño declive se considerará inalienable una faja de doscientos metros a uno y otro lados de dichos ríos, manantiales o arroyos; y en las cuencas u hoyas hidrográficas, una faja de terreno de trescientos metros a uno y otro lados de la depresión máxima, en toda la línea, a contar de la mayor altura inmediata;

d) Los terrenos comprendidos en las dos orillas del Río Banano, diez kilómetros arriba, en una extensión de quinientos metros de cada lado, protegiendo así las fuentes que surtan o puedan surtir en lo futuro la cañería de Limón;

e) Una zona de dos kilómetros de radio, con centro en el cráter, o cima principal alrededor de los volcanes Barba, Poás, Arenal, Cerro Chato, Tenorio, Santa María y Rincón de la Vieja; de dos kilómetros de ancho a uno y otro lados de la fila constituida por los varios picos del Miravalles; la zona en los volcanes Irazú y Turrialba a partir de los 3.000 metros de altitud y hacia la cima; los páramos de la Cordillera de Talamanca a partir de los 3.000 metros de altitud y hacia la cima; una zona de tres kilómetros de radio con centro en la cima del Cerro Dúrika;

las sabanas alrededor del Cerro Chirripó Grande arriba de los 3.000 metros de altitud; una zona de dos kilómetros de ancho a uno y otro lados de la Cordillera entre los Cerros Zurquí y Hondura. Oportunamente creará el Instituto otras reservas forestales que servirán, además, de santuario o refugio de la vida animal silvestre y en los cuales será prohibida la cacería en cualquiera de sus formas;

f) Los comprendidos en una zona de 2.000 metros de ancho a lo largo de las fronteras con Nicaragua y con Panamá;

g) Los terrenos indispensables para el aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas;

h) Los terrenos que se anegan durante la estación lluviosa o como consecuencia del desbordamiento de los ríos y que conservan agua durante el verano, aprovechable como abrevadero, cuando tales terrenos constituyan el único recurso hídrigo del lugar, utilizable como abrevadero para el ganado de los vecinos del lugar. Si para ese uso fuere necesario establecer servidumbres sobre predios de particulares, el Instituto compensará a éstos equitativamente; e i) Todos aquellos terrenos que hubieren sido declarados indenunciables o inalienables por disposiciones legales anteriores.
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Artículo 8º.-

Exceptuados los casos previstos en esta ley, es prohibido a los particulares encerrar con cercas, carriles o cualquier otra forma, los terrenos declarados reservas nacionales; derribar montes, establecer construcciones y cultivos, o extraer de ellos leña, madera, bejuco, palma u otros productos con fines de explotación. Todo acto de ese género, si de previo no se han llenado los trámites legales y obtenido la autorización correspondiente, será considerado, según el caso, como usurpación de domino público o como merodeo, debiendo las autoridades ordenar la destrucción y remoción de las cercas e impedir el uso de esas tierras, sin lugar a indemnización ni a reclamos por el valor de las mejoras y sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran caber a quienes incurrieren en tales faltas.
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Artículo 9º.-

Se considerarán ríos navegables aquellos que pueden ser surcados, en cualquier época del año, con o sin el concurso de la marea, por las embarcaciones regulares de cabotaje entre los puertos de mar y los de río. Entre los ríos que desembocan al Lago de Nicaragua se considerarán navegables los que pueden ser surcados por las embarcaciones regulares de cabotaje entre los puertos de lago y los de río. Para los efectos de esta ley, la navegabilidad de un río puede extenderse por mejoras introducidas por el hombre, como dragados, exclusas, embalses y obras similares. El Instituto Geográfico Nacional, después de investigaciones para determinar la longitud de la navegación y su límite aguas arriba, presentará un informe al Poder Ejecutivo para que se emita el correspondiente decreto.
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Artículo 10.-

Artículo 11.-

a) Todos los terrenos comprendidos dentro de los límites de la República que no estén inscritos como propiedad particular, de las Municipalidades o de las Instituciones Autónomas;

b) Los que no estén amparados por la posesión decenal;

c) Los que, por leyes especiales, no hayan sido destinados a la formación de colonias agrícolas; y d) En general todos los que, no siendo de propiedad particular, no estén ocupados en servicios públicos.
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Artículo 12.-

a) Las tierras consideradas como reservas nacionales;

b) Los fundos rústicos del dominio privado del Estado;

c) Los fundos rústicos pertenecientes a las Municipalidades e Instituciones Autónomas; y d) Los inmuebles rurales que pasen a poder del Estado en razón y como consecuencia de enriquecimientos ilícitos contra la cosa pública.
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Artículo 13.-

Artículo 14.-

CAPITULO III (*)

Instituto de Tierras y Colonización

Patrimonio, Administración, Deberes y Atribuciones

(*) NOTA: Este capítulo fue reformado tácitamente por la Ley de Transformación del ITCO en Instituto de Desarrollo Rural (INDER)(**), Nº 6735 de 29 de marzo de 1982, con excepción de los incisos d) y f) del artículo 41 que continúan vigentes, de conformidad con las leyes Nº 7018 de 20 de diciembre de 1985 (artículo 14, inciso 22) y Nº 7174 de 28 de junio de 1990 (artículo 87, inciso b).

(**) (Modificada su denominación por el artículo 14° de la Ley N° 9036 del 11 de mayo de 2012, "Transforma el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y Crea Secretaría Técnica de Desarrollo Rural")

Anteriormente, este Capítulo había sido reformado tácitamente en todo lo relativo a integración de la Junta Directiva así como a nombramientos de gerente y auditor, por las leyes Nos. 4646 de 20 de octubre de 1970 (artículos 5, 6 y 7) y 5507 de 19 de abril de 1974 (artículos 3 y 6).

Artículo 15.-

Su funcionamiento se ceñirá exclusivamente a las normas del artículo 188 de la Constitución Política, las de esta ley, sus reformas, leyes conexas y reglamentos internos.

Su domicilio legal será la ciudad de San José, sin perjuicio de que pueda establecer dependencias en otros lugares del país.
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Artículo 16.-

Artículo 17.-

a) Exoneración de toda clase de impuestos, directos o indirectos, nacionales o municipales, presentes o futuros;

b) Exoneración del uso del papel sellado, timbres y derechos de Registro. Este beneficio comprenderá también a los particulares respecto a aquellos contratos que celebren con el Instituto;

c) Inembargabilidad de sus bienes, depósitos, fondos y rentas;

d) Franquicia postal y telegráfica; y e) Exención de rendir fianzas de costas y de hacer depósitos para garantizar embargos preventivos.
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Artículo 18.-

Artículo 19.-

Artículo 20.-

Artículo 21.-

a) El que infringiere alguna de las disposiciones contenidas en las leyes decretos o reglamentos aplicables al Instituto;

b) El que incurriere en responsabilidad por actos u operaciones fraudulentas o ilegales. En caso de un auto de prisión y enjuiciamiento dictado contra un miembro de la Junta Directiva, dicho miembro quedará, a juicio del Colegio de Gobierno, suspendido de sus funciones hasta tanto no haya sentencia firme, para resolver en definitiva;

c) El que perdiere la ciudadanía costarricense, la capacidad para el cargo o llegare a encontrarse en alguna de las prohibiciones o incompatibilidades a que se refiere esta ley;

(NOTA: de acuerdo con la ley No. 7514 de 6 de junio de 1995, que reformó el artículo 16 de la Constitución Política, la ciudadanía costarricense no se pierde y es irrenunciable) d) El que se ausentare del país sin autorización de la Junta Directiva, que en ningún caso podrá darla por más de seis meses;

e) El que, sin causa justificada, a juicio de la Junta Directiva, hubiere dejado de concurrir a tres sesiones ordinarias consecutivas;

f) El que por incapacidad física no haya podido desempeñar sus funciones durante seis meses;

g) El que renunciare a su cargo;

h) El que fuere destituido por el Consejo de Gobierno por comprobársele, mediante expediente creado al efecto, procederes incorrectos; e i) A quien se comprobare que se dueño de terrenos que no cumplen la función social de la propiedad, en virtud de las disposiciones de esta ley.

En todos los casos señalados, la Junta Directiva dará cuenta al Consejo de Gobierno, para que éste determine si procede declarar la separación. Cuando ocurriere una vacante, el nombramiento del sustituto se hará dentro del término de un mes y la persona nombrada lo será por el resto del período legal.
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Artículo 22.-

Artículo 23.-

Artículo 24.-

Artículo 25.-

Artículo 26.-

Artículo 27.-

Artículo 28.-

Artículo 29.-

Artículo 30.-

1) Velar por el cumplimiento de esta ley y sus reglamentos;

2) Dirigir, dentro de las disposiciones de esta ley, la política agraria, económica y social del Instituto y determinar la organización del mismo;

3) Acordar y aprobar el presupuesto anual del Instituto, así como los extraordinarios, con sujeción a los controles que determina la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. 4) Aprobar la memoria anual, los estados y balances;

5) Resolver las licitaciones conforme a la ley;

6) Solicitar al Poder Ejecutivo el traspaso de las tierras aptas para la realización de los fines de esta ley;

7) Establecer las demandas que estime convenientes para que el Estado recupere las tierras de que haya sido despojado indebidamente y que hayan de serle transferidas al Instituto conforme a esta ley;

8) Aprobar y ordenar la ejecución de planes de colonización, "cooperativización" o de simple parcelación de tierras que adquiera el Instituto para los fines de esta ley, atendiendo a las necesidades económicas y sociales de cada región en particular y del país en general y dando preferencia a las zonas cercanas a los centros de consumo y a las vías de comunicación;

9) Ejercer, conforme a las disposiciones de esta ley, el control, por parte del Instituto, de las colonias creadas por el Estado;

10) Cooperar en los planes de colonización privada para orientarlos hacia los fines de esta ley, y ejercer jurisdicción sobre ellos conforme a las normas jurídicas aplicables;

11) Disponer la adquisición de tierras de propiedad particular, cuando estime que con ello se cumplen los fines económico-sociales que persigue esta ley;

12) Gestionar la expropiación mediante indemnización, de las tierras propiedad de personas físicas o jurídicas, cuando fueren necesarias esas tierras para la realización de los fines de esta ley, tratando, fundamentalmente, de constituir en propietarios a todos los campesinos a quienes se les adjudica una parcela;

13) Determinar los regímenes de tenencia de las tierras que debe establecer el Instituto en sus proyectos de parcelación y colonización;

14) Ayudar al desarrollo del cooperativismo en el campo;

15) Promover, con los organismos que integran el Sistema Bancario Nacional, la realización de planes especiales para la mejor organización, extensión y uso del crédito agrícola;

16) Aprobar la adjudicación de tierras para otorgar los respectivos títulos;

17) Elaborar los proyectos de ley que estime necesarios para el mejor y más rápido logro de los objetivos de esta ley;

18) Dictar, reformar, derogar e interpretar, para su aplicación, los reglamentos de servicio del Instituto, los que tendrán plena validez al ser publicados por éste en el diario oficial;

19) Ordenar la realización de los estudios y el levantamientos de los inventarios que estimare convenientes, de las tierras del Estado: 20) Ordenar un estudio de las fincas inscritas en el país con una cabida superior a mil hectáreas, con el fin de constatar si las cabidas inscritas corresponden a las cantidades de tierra poseídas en la realidad. Comprobado cualquier exceso se procederá de la siguiente manera:

a) Si la totalidad del inmueble estuviere cultivada o dedicada a funciones ganaderas, el propietario tendrá derecho, con intervención del Gerente del Instituto, de rectificar en un cuarenta por ciento (40%) su medida, mediante acta notarial inscribible en el asiento respectivo del Registro de Propiedad;

b) Si la tierra correspondiente al exceso estuviere inculta, el Instituto dictará resolución ordenando se inscriba a nombre del Instituto de Tierras y Colonización y lo comunicará a la Procuraduría General de la República para que ésta, en un término de quince días, proceda a cumplir con lo resuelto mediante protocolización e inscripción;

La posesión e inscripción de los terrenos inscritos o que se inscribieren a favor del Instituto de Tierras y Colonización, según el presente artículo, se mantendrán hasta tanto no se decida en sentencia definitiva pasada en autoridad de cosa juzgada, en caso de contención sobre dicha inscripción o posesión. ( Así adicionado por el artículo 1º de la ley Nº 5110 del 10 de noviembre 1972 ). 21) Someter a juicio o fuera de él, los derechos del Instituto;

transigir a someter arbitraje los litigios que tuviere y dar los poderes que estimare conveniente para ellos;

22) Autorizar la adquisición, gravamen y enajenación de bienes, hasta por la suma de un millón de colones (¢1.000,000.00), así como contratar empréstito nacionales y extranjeros. Cuando la operación excediere de un millón de colones (¢1.000,000.00), deberá pedir autorización a la Asamblea Legislativa;

23) Ejercer las demás funciones y atribuciones que le correspondan de acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes; y 24) Cooperar en la conservación y uso adecuados de los recursos naturales renovables de la nación, regidos por leyes especiales.
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Artículo 31.-

Artículo 32.-

Artículo 33.-

Artículo 34.-

a) Ejercer las funciones inherentes a su condición de administrador general; vigilar la organización y funcionamiento de todas las dependencias del Instituto, la observancia de las leyes y reglamentos y el cumplimiento de las resoluciones de la Junta Directiva. Si estimare que éstas son contrarias a las disposiciones legales o a los intereses de la Institución, deberá dejar constancia expresa de su opinión negativa, antes de la aprobación del acta respectiva, con lo cual quedará exento de responsabilidad por esa causa;

b) Suministrar a la Junta Directiva la información necesaria para asegurar el bien gobierno y dirección del Instituto;

c) Atender las relaciones del Instituto con el público y dar a la prensa las informaciones que estime convenientes;

d) Proponer a la Junta Directiva los planes necesarios para promover la política agraria del Instituto y alcanzar sus metas;

e) Proponer a la Junta Directiva las normas de administración necesarias para el mejor funcionamiento del Instituto;

f) Elaborar y someter a la aprobación de la Junta Directiva, el proyecto de presupuesto anual del Instituto y los presupuestos extraordinarios que fueren necesarios;

g) Proponer a la Junta Directiva la creación de los departamentos, secciones y servicios que considere necesarios para el mejor cumplimiento de las funciones del Instituto;

h) Nombrar, promover y remover a los funcionarios y empleados del Instituto, excepto a los de la Auditoría, concederles licencias e imponerles sanciones, de conformidad con los reglamentos respectivos. No podrá nombrar a quienes estuvieren ligados por parentesco de consanguinidad hasta tercer grado o de afinidad hasta segundo, ambos inclusive, con él mismo, con el Subgerente o con el Auditor. No será causal de remoción de un empleado el que con posterioridad a su designación se nombre en los cargos mencionados a personas que tengan con él el parentesco indicado, o que llegaren a ser parientes por afinidad de alguno de ellos;

i) Autorizar con su firma, los valores y documentos que determinen las leyes, los reglamentos del Instituto y los acuerdos de la Junta Directiva. Los cheques deberán ser, además, refrendados por el Auditor;

j) Resolver todos los asuntos que no estuvieren reservados a la decisión de la Junta Directiva;

k) Asistir a todas las sesiones de la Junta Directiva, en las cuales no tendrá voto. El Subgerente y el Auditor podrán asistir a las sesiones con la misma limitación en cuanto al voto. No obstante, estos funcionarios y el Gerente no podrán asistir a sesiones cuando se trate del nombramiento de Gerente, Subgerente o Auditor. Cuando lo consideren necesario, los funcionarios antes indicados tendrán derecho de hacer constar en las actas respectivas sus opiniones sobre los asuntos que se discutan;

l) Vigilar el correcto desarrollo de la política señalada por la Junta Directiva, la realización de los planes de trabajo y la ejecución de los presupuestos ordinarios y extraordinarios;

m) Decidir, en caso de urgencia, cualquier asunto de competencia de la Junta Directiva, o suspender la ejecución de las resoluciones tomadas por aquélla; en ambos casos convocará a sesión extraordinaria, a efecto de dar cuenta de lo actuado por la Gerencia;

n) Delegar sus atribuciones en otros funcionarios del Instituto, salvo cuando su intervención personal fuere legalmente obligatoria;

o) Elaborar y presentar, a más tardar el último día de febrero, un informe de las labores y operaciones realizadas durante el año anterior;

y p) Ejercer las demás funciones y atribuciones que le corresponda, de conformidad con la ley, los reglamentos y las disposiciones de la Junta Directiva.
Ficha articulo

Artículo 35.-

Artículo 36.-

Artículo 37.-

Artículo 38.-

a) Vigilar y fiscalizar los bienes, las operaciones, las obligaciones y el capital del Instituto;

b) Fiscalizar, en cuanto tengan relación con su cargo, todos los actos, operaciones y actividades del Instituto, verificando la contabilidad y los inventarios; realizando arqueos y otras comprobaciones y estados de cuenta; comprobarlos con los libros o documentos correspondientes y certificarlos o refrendarlos cuando los encontrare correctos. Realizar los arqueos y demás verificaciones que considere convenientes, por sí mismo o por medio de los funcionarios del departamento, por lo menos dos veces al año, a intervalos irregulares y sin previo aviso. Estas inspecciones, a juicio del Auditor, podrán ser parciales o generales, referirse sólo una dependencia o a determinada clase de negocios u operaciones o abarcar todas las dependencias, negocios y operaciones;

c) Presentar informes resumidos de sus actividades de inspección y fiscalización a la Junta, que podrá solicitarlo, si lo creyere conveniente, el informe completo y cualquier otra información que juzgue necesaria;

d) Comunicar al Gerente las irregularidades o infracciones que observare en las operaciones y funcionamiento del Instituto y, en caso de que dicho funcionario no dictare en un plazo prudencial las medidas que fueren indicadas, exponer la situación ante la Junta Directiva, proponiendo tales medidas;

e) Hacer las sugestiones, observaciones o recomendaciones que estimare conducentes para corregir los errores y subsanar deficiencias o irregularidades que encontrare;

f) Levantar las informaciones que le solicite la Junta, examinar libremente todos los libros y archivos del Instituto y exigir en la forma, condiciones y plazos que él mismo determine, la presentación de balances, estos de situación y de cuentas y demás informaciones y pormenores que considere oportunos;

g) Delegar sus atribuciones en otros funcionarios del departamento, salvo cuando su intervención personal fuere legalmente obligatoria; y h) Ejercer las demás funciones y atribuciones que le correspondan por ley o por reglamentos.
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Artículo 39.-

Artículo 40.-

b) Los aportes adicionales que se asignen a dicho Instituto en los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República;

c) Las sumas que se recauden por concepto de venta y arrendamiento de tierras y bosques;

d) DEROGADO  por el inciso r) del artículo 31 de la ley N° 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias de 4 de julio del 2001. e) El producto de sus utilidades netas ; y f) Lo que corresponda por el impuesto de los cigarrillos al Instituto, según la ley Nº 3021 de 21 de agosto de 1962 (Aumento de los impuestos sobre importación de gasolina y sobre el consumo de cerveza, refrescos y cigarrillos). Toda persona física o jurídica poseedora de terrenos incultos en exceso de cien hectáreas, sujeta al pago del impuesto creado por este artículo, deberá declarar anualmente la cantidad de tierras de su propiedad que esté en esas condiciones. La Tributación Directa, a partir de la declaración número treinta y dos (32), correspondiente al período de pago del impuesto sobre la renta, del 1º de octubre de 1961 al 30 de setiembre de 1962, incluirá en las fórmulas de declaración, un nuevo cuadro destinado específicamente a los fines de recaudación de este impuesto. Basada en tales declaraciones, la Tributación Directa deberá emitir los recibos correspondientes, que pondrá al cobro por medio del Banco Cajero del Estado, con todas las formalidades y requisitos que son de uso en los demás tributos a favor del Estado. El Banco Cajero del Estado apartará en cuenta especial el producto de este impuesto y lo girará directamente cada mes a favor del Instituto de Tierras y Colonización. El Instituto y la Tributación Directa tendrán facultades para verificar por medio de sus funcionarios la exactitud de las declaraciones hechas por las personas sujetas al pago, y formularios en el cuadro a que se refiere el párrafo anterior. El propietario estará obligado a suministrar la información necesaria a juicio del Instituto, para efectos de la verificación mencionada. En caso de comprobarse declaraciones falsas o que no se ajusten a la realidad, el declarante deberá pagar el doble del impuesto a que legalmente está obligado.
Ficha articulo

Artículo 42.-

Artículo 43.-

Artículo 44.-

Artículo 45.-

Artículo 47.-

Artículo 48.-

CAPITULO IV

Parcelación de Tierras

Artículo 49.-

a) Una mejor distribución de la tierra;

b) Resolución de situaciones de hecho inconvenientes, adecuándolas a los fines de esta ley; y c) Propósitos de colonización.
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Artículo 50.-

Artículo 51.-

a) Clase de tierra de acuerdo con su aptitud agrícola;

b) Su productividad en función de las condiciones de explotación prevalecientes en la zona;

c) El valor declarado por el propietario o la estimación oficial hecha con propósitos fiscales, de acuerdo con la ley;

d) El precio de adquisición de las tierras en la última trasmisión de dominio que se hubiere realizado en un período comprendido entre los tres y los diez años que preceden al momento de la estimación;

e) Los precios de compra de tierras similares en la propia zona; y f) Medios de comunicación y facilidades para sacar los productos.
Ficha articulo

Artículo 52.-

Artículo 53.-

Artículo 54.-

Artículo 55.-

Artículo 56.-

Artículo 58.-

Artículo 59.-

Artículo 60.-

Artículo 61.-

b) Nombre, apellidos y calidades de los hijos que convivan con él;

c) Capacidad técnica y experiencia en trabajos agrarios del solicitante y de los hijos que convivan con él; actividades a que se han dedicado y resultados obtenidos en ellas.

El solicitante debe comprometerse a trabajar la parcela personalmente y con sus descendientes, hasta el segundo grado de consanguinidad, y que vivan con él, siempre que estén en condiciones físicas de hacerlo. Debe declarar, bajo la fe del juramento, que carece de tierras o que son insuficientes las que posea.
Ficha articulo

Artículo 63.-

1) Los arrendatarios, aparceros, colonos y ocupantes que estén cultivando las tierras objeto de la adjudicación, así como los obreros agrícolas (jornaleros) de las mismas;

2) Los campesinos residentes en la región en donde estén ubicadas las tierras objeto de distribución y que carezcan de ellas o que cultiven un área que no constituya una unidad económica de explotación familiar;

3) Los campesinos de otras regiones, prefiriéndose los de las vecinas, que se encuentren en las mismas condiciones estipuladas en el inciso trasanterior;

4) Cualquiera otra persona que formulare la correspondiente solicitud, prefiriéndose a aquélla que demostrare tener experiencia o conocimiento en materia agrícola.

En igualdad de condiciones, se preferirá a los padres de familia que tengan más hijos o más personas a su cargo. Los mayores de dieciocho años se considerarán personas capaces a los efectos de la dotación y administración de parcelas y de concesiones de créditos. Tendrán prelación especial los arrendatarios, aparceros, colonos, ocupantes y trabajadores agrícolas en general que hubieren sido desalojados de las tierras que van a ser objeto de dotación, o que estuvieren pendientes de desalojo. También tendrán prelación especial, dentro de la clasificación anterior, todos los grupos de agricultores que se organicen en cooperativas.
Ficha articulo

Artículo 64.-

Artículo 65.-

Artículo 66.-

Artículo 67.-

Artículo 69.-

a) Al heredero designado por el causante, que reuna las condiciones exigidas por esta ley y sus reglamentos;

b) A los herederos que reuniendo las mismas condiciones, se comprometan a continuar en conjunto la explotación de la parcela, como unidad económica familiar; y

c) Al heredero que designen los demás coherederos por convenio privado, y en caso de no haberlo, al que el Instituto estime idóneo para la adjudicación.

Si no hubiere heredero capaz en los términos de esta ley y sus reglamentos, o si el presunto adjudicatario no pudiere garantizar el pago del haber sucesorio que por razón de la parcela pudiere corresponder a los otros herederos, el Instituto podrá adjudicarse judicialmente la parcela, depositando a la orden de la sucesión el valor del inmueble dado por el perito de la mortual, con deducción de las deudas que el causante tuviera con el Instituto.

El Instituto de Desarrollo Rural(*) deberá considerar las directrices definidas por la Ley de Manejo, Conservación y Recuperación de Suelos, para valorar la adquisición y adjudicación de terrenos. Es obligación suya disponer de estudios de capacidad de uso de la tierra, antes de adquirirla, para fines de titulación.

(*) (Modificada su denominación por el artículo 14° de la Ley N° 9036 del 11 de mayo de 2012, "Transforma el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y Crea Secretaría Técnica de Desarrollo Rural")

(Así adicionados estos dos párrafos finales por el artículo 64 de la Ley de Uso y Conservación de Suelos No.7779 de 30 de abril de 1998)
Ficha articulo

Artículo 70.-

Artículo 71.-

Artículo 72.-

Artículo 73.-

Artículo 74.-

Artículo 75.-

Artículo 76.-

Artículo 77.-

Artículo 78.-

Artículo 79.-

Artículo 80.-

Artículo 81.-

CAPITULO V

Colonización

Artículo 82.-

Artículo 83.-

a) En propiedad;

b) En arrendamiento a precio fijo, con opción de compra o sin ella;

c) En aparcería a precio proporcional al producto de la explotación, con opción de compra o sin ella; y d) En usufructo a largo plazo o vitalicio, y a precio fijo proporcional al producto de la explotación.

Las diferentes modalidades de colonización señaladas, podrán ser objeto de traslación o combinación y constituirán fases de un proceso encaminado a asegurar la mayor independencia económica del trabajador rural, dentro de un espíritu de cooperación del Estado con éste, y de dichos trabajadores entre sí y todo de acuerdo con las necesidades y posibilidades económicas y sociales del país y de cada zona. Los detalles en las distintas modalidades de colonización serán previstos en la reglamentación de esta ley, donde se podrá completar la integración de comisiones consultivas que estudien los aspectos del plan de colonización de desarrollar, o de las tierras seleccionadas para tal finalidad.
Ficha articulo

Artículo 84.-

Artículo 85.-

Artículo 86.-

Artículo 87.-

Artículo 88.-

Artículo 89.-

Artículo 90.-

Artículo 91.-

CAPITULO VI

Regulación de Conflictos entre Propietarios y Poseedores en Precario

Artículo 92.-

los que no tuvieren la posesión decenal, reclamarán sus derechos conforme a las disposiciones de este Capítulo. ( Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 3336 del 31 de julio de 1964 ).
Ficha articulo

Artículo 93.-

"Artículo 14.-

Artículo 96.-

Artículo 97.-

Artículo 98.-

Artículo 99.-

Artículo 100.-

Artículo 101.-

Artículo 102.-

Artículo 103.-

Artículo 104.-

Artículo 105.-

Artículo 106.-

a) El ocupante dispondrá de un plazo no menor de diez años, ni mayor de veinte, para amortizar la deuda contraída con el propietario, por la compra de la respectiva parcela o parcelas;

b) El ocupante otorgará al propietario hipoteca sobre su o sus parcelas. Sin embargo, si el ocupante obtuviere con alguna institución del Estado un crédito a largo plazo para pagar parcialmente el valor de la o las parcelas, el propietario, en tal caso, tendrá que ceder su derecho de primera hipoteca a la Institución que otorgue el crédito, pasando el propietario a segundo lugar, por el resto de la deuda. El propietario podrá oponerse a tal concesión, únicamente si estuviere dispuesto a ofrecer al ocupante, las mismas facilidades de pago de la institución prestataria; y c) El tipo de interés será el legal, y el pago de las amortizaciones a la deuda, conjuntamente con los intereses, lo hará el ocupante en cuotas fijas iguales, anuales, semestrales o trimestrales.
Ficha articulo

Artículo 107.-

Artículo 108.-

Artículo 109.-

Artículo 111.-

Artículo 112.-

a) Que actualmente estén cultivando, en forma directa o por su cuenta, los terrenos que en el expediente de aplicación habían solicitado;

b) Que esos terrenos no comprenden baldíos declarados inalienables o destinados a un fin especial; y c) Que su aplicación se hubiere iniciado antes de la promulgación de la ley Nº 1294 de 1º de junio de 1951.
Ficha articulo

Artículo 113.-

a) Certificación del Juzgado de que es propietario de derechos para aplicar en baldíos nacionales de conformidad con la ley Nº 88 de 14 de julio de 1942, y de que están libres de todo gravamen, con indicación de monto a su favor;

b) Certificación o constancia del Juzgado de la fecha en que inició las diligencias de aplicación y de que las respectivas gestiones no alcanzaron sentencia firme, indicándose la razón de esta última circunstancia;

c) Clase y extensión de los cultivos existentes en el terreno y fecha de su iniciación, e indicación de las construcciones y demás mejoras realizadas;

d) Naturaleza, situación y superficie del terreno; medida lineal de los frentes a las calles públicas y linderos, con indicación de los nombres, apellidos y domicilio de los colindantes;

e) Plano, con demarcación de las áreas cultivadas; y f) Cualesquiera otras indicaciones que el Instituto estime convenientes.
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Artículo 115.-

Artículo 116.-

Artículo 117.-

Artículo 118.-

Artículo 119.-

Artículo 120.-

Artículo 121.-

Artículo 122.-

Artículo 123.-

Artículo 124.-

Artículo 125.-

Artículo 126.-

Artículo 127.-

Artículo 128.-

Artículo 129.-

Artículo 130.- Las fincas que mediante esta ley adquieran los

poseedores en precario, sea por compra directa al propietario o a través

del Instituto, serán adjudicadas en lo procedente, siguiendo los

principios señalados para la parcelación y colonización. Sin embargo,

cuando por cualquier motivo se adjudicare una parcela que ya esté en

explotación, se faculta al Instituto para modificar la forma de pago

establecida en el artículo 59 de esta ley, tomando en consideración la

productividad de la tierra y la capacidad de pago del agricultor.

(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 3336 de 31 de julio de 1964).

Artículo 131.-

CAPITULO VII

Crédito Agrario

Artículo 132.-

a) A los arrendatarios, subarrendatarios, obreros agrícolas y aparceros que deseen adquirir una propiedad rural. Se le dará preferencia a la que estén trabajando personalmente, de acuerdo con lo estipulado en esta ley;

b) A los poseedores y pequeños y medianos propietarios rurales, para la explotación racional de su empresa o para ampliar sus parcelas; y c) A los parceleros y colonos.
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Artículo 133.-

a) Se comprometan a destinar el producto de los créditos a la explotación eficiente de la tierra en forma tal que los factores de producción se apliquen eficazmente en ella, de acuerdo con la zona donde se encuentren y con sus propias características;

b) Soliciten esa asistencia para cultivar predios que no constituyen un latifundio o un minifundio;

c) Se comprometan a cumplir con las disposiciones vigentes sobre conservación de recursos naturales;

d) Han acatado las normas jurídicas que regulan el trabajo asalariado, las demás relaciones de trabajo en el campo y los contratos agrícolas en las condiciones que señala la ley; y e) Han inscrito el predio en el Catastro y en el Registro de la Propiedad.
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Artículo 134.-

Artículo 135.-

a) Se consideran sujetos con derecho a estos créditos, fundamentalmente, las cooperativas agrícolas o pecuarias debidamente constituidas, los pequeños y medianos agricultores, sean o no beneficiarios de dotaciones realizadas de acuerdo con esta ley, y las colonias formadas con base en leyes especiales. Tendrán igualmente carácter de sujetos con derecho al crédito y a la asistencia técnica del Estado, las empresas comunitarias de autogestión campesina agrícolas y pecuarias por pequeños productores que, por reunir los requisitos mínimos de organización conforme a los respectivos reglamentos, hayan sido reconocidos por el Instituto y se encuentren debidamente inscritos en el Registro que al efecto llevará esa Institución. Dichas empresas contarán con personalidad jurídica y podrán celebrar toda clase de contratos y actos necesarios para el cumplimiento de sus fines, con las condiciones y limitaciones legales y reglamentarias que les fueren aplicables. (Así adicionado por el artículo 1º de la ley Nº 5496 de 30 de marzo de 1974). b) La concesión de estos créditos será oportuna y con un plazo adecuado a la capacidad productiva de la explotación; y c) Los créditos no podrán devengar un interés mayor anual, para las cooperativas, del 6%; para los pequeños propietarios, colonos y empresas comunitarias de autogestión campesina agrícola y pecuarias del 8% anual. (Así reformado por el artículo 3º de la ley Nº 5496 de 30 de marzo de 1974).
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Artículo 136.-

a) Atención del cultivo de producto o a la cría de ganado, adecuados a la zona, según clasificación hecha por el Instituto;

b) Para cubrir los gastos de vida de las familias campesinas, adquisición de ganado menor y aves de corral, semillas, fertilizantes, insecticidas, fungicidas, preparación de la tierra, siembras, cultivo, cosechas, seguros y pequeñas reparaciones;

c) Crédito complementario para atender gastos urgentes e inaplazables en la vida familiar del campesino, que se estimará en relación a la necesidad y posibilidad de pago del solicitante;

d) Créditos para mejorar mobiliarios destinados a la adquisición de maquinaria, útiles, aperos de labranza y animales de labor, para ceba, producción o recría;

e) Créditos para el beneficio, conservación y transformación de los frutos y las operaciones destinadas a mejorar la calidad de los mismos;

f) Créditos de rehabilitación que se otorgarán a quien, por causa ajena a su voluntad o fuerza mayor, no hubiere cancelado su deuda;

g) Créditos para mejoras permanentes, como la construcción de viviendas, silos, caminos, drenajes, riego, conservación de recursos, reforestación, plantación de frutales y otros permanentes, construcción de cercas, aguadas y pozos, y siembras de pastos artificiales; y h) Cualesquiera otros tipos de crédito necesarios para la producción agropecuaria.
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Artículo 137.-

Artículo 138.-

Artículo 139.-

Artículo 140.-

CAPITULO VIII

Adquisición y Expropiación de Tierras(*)

(*) Sobre expropiaciones, ver nota del artículo 152.

Artículo 141.-

Artículo 142.-

Artículo 143.-

Artículo 144.-

1) Las incultas, y, entre ellas, las de mayor extensión; las explotadas indirectamente por medio de arrendatarios, medianeros, colonos y ocupantes, y las no explotadas durante los últimos cinco años anteriores al proceso de expropiación. 2) Las que, destinadas a parcelamientos rurales privados, colonias o asociaciones formadas con base en leyes específicas, no hayan desarrollado dichos parcelamientos o no estén cumpliendo fielmente con los fines prescritos en tales leyes. En estos casos, el Instituto debe salvar los derechos de los parceleros ya establecidos; y 3) Las tierras de agricultura dedicadas a la ganadería.

También procederá la expropiación, sin tener en cuenta la prelación anterior, cuando no quedare otro recurso para resolver un problema agrario de evidente gravedad. Esta situación debe probarla previamente el Instituto.
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Artículo 145.-

Artículo 146.-

Artículo 147.-

Artículo 148.-

Artículo 149.-

Artículo 150.-

Artículo 151.-

Artículo 152.-

Artículo 153.-

1) Las tierras en que estén establecidos colonos, arrendatarios, aparceros o poseedores en precario;

2) Las tierras aptas para los fines de esta ley, que a juicio del Instituto sean indispensables para la realización de los fines de la misma;

3) Las tierras localizadas en zonas en las cuales se puedan realizar obras de riego o mejores aprovechamientos hidráulicos; y 4) Las tierras que por razón de su tamaño, latifundio o minufundio, perjudiquen el adecuado desarrollo económico-social de una zona.
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Artículo 154.-

Artículo 155.-

CAPITULO IX

Vivienda Rural

Artículo 156.-

Artículo 157.-

Artículo 158.-

Artículo 159.-

CAPITULO X

Contratos de Arrendamiento de Tierras y Explotaciones Forestales de las Reservas Nacionales y Fincas del Estado

Artículo 160.-

Artículo 161.-

Artículo 162.-

Artículo 163.-

Artículo 164.-

Artículo 165.-

Artículo 166.-

Artículo 167.-

Artículo 168.-

CAPITULO XI

Disposiciones Finales

Artículo 169.-

Artículo 170.-

Artículo 171.-

Artículo 172.-

Artículo 173.-

Artículo 174.-

Artículo 175.-

Artículo 176.-

1) Que se hace sin perjuicio de terceros;

2) Que no queda obligado a la evicción ni al saneamiento;

3) Que el adquirente o el concesionario no podrá reclamar contra la medida o la localización que hubiere servido de base para la enajenación, concesión o arrendamiento; y 4) Que el Estado tendrá derecho en cualquier momento a tomar hasta un 20% del área adjudicada, para ejercitar en ella la servidumbre de tránsito necesaria para la construcción y vigilancia de toda clase de vías de comunicación y aprovechamiento de fuerzas hidroeléctricas, así como para la construcción y vigilancia de líneas telegráficas y telefónicas; al uso de los terrenos indispensables para la construcción de puentes y muelles; a la extracción de materiales para esas mismas obras; al aprovechamiento de los cursos de agua que fueren precisos para el abastecimiento de poblaciones, abrevaderos de ganado, regadío y cualesquiera otros usos de interés general. Dichas restricciones y cargas van aparejadas a la adjudicación, arrendamiento o concesión que se haga y el Registro no inscribirá el título respectivo si en él no constan en forma expresa. Por el área que tome para los fines indicados, el Estado pagará el precio original de compra y el valor de las mejoras necesarias y útiles. ( NOTA: El inciso b) del artículo 7º de la ley Nº 5060 de 22 de agosto de 1972 dispone, en relación con el presente numeral, que para la construcción de caminos públicos el Estado tendrá derecho a utilizar, sin indemnización alguna hasta un doce por ciento (12%) del área de los terrenos que en adelante se otorguen por el Estado o las Municipalidades a título de concesión, canje de terrenos baldíos, aplicaciones de gracia, colonias agrícolas, adjudicación de lotes en terrenos baldíos y todos aquellos otros derechos o concesiones que otorgue el Estado por cualquier otra causa en los baldíos nacionales. Continúa diciendo el inciso que esta reserva se aplicará en cualquier momento a caminos de cualquier naturaleza con un ancho no mayor de veinte metros, o al aprovechamiento de fuerzas hidroeléctricas o para el paso de líneas telegráficas o telefónicas, para construcción de puentes o utilización de cursos de agua que fueren necesarios para el abastecimiento de poblaciones, abrevaderos de ganado o irrigación, o para cualquier otra finalidad de utilidad pública. Por último, añade que tales restricciones y cargas irán aparejadas a la inscripción de la finca afectada, quedando obligado el funcionario a quien corresponde otorgar la escritura o suscribir el mandamiento inscribible a dejar constancia de las mismas. Advierte asímismo que el Registro Público no inscribirá el título si en éste no constan dichas restricciones y cargas ).
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Artículo 178.-

Artículo 180.-

Artículo 181.-

Artículo 182.-

Artículo 183.-

Artículo 184.-

Artículo 185.-

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Transitorio.-A petición del Instituto, los Tribunales, en resolución considerada, podrán suspender los procedimientos establecidos ya contra cualquier persona que hubiere sido declarada por el citado organismo poseedora en precario de tierras. Dicha suspensión podrá decretarse en cualquier fase o estado del juicio de que se trate, y por el tiempo que sea prudencialmente necesario para que el Instituto logre una solución satisfactoria del conflicto, y podrá prorrogarse, siguiendo el mismo procedimiento que se ha indicado.

Caso contrario, los propietarios podrán dirigirse de nuevo a los tribunales comunes, para lo cual no les correrá término alguno en su contra durante la suspensión de los procedimientos ).

( Así adicionado por ley Nº 3336 del 31 de julio de 1964 ).

Artículo 1º.-

Las solicitudes de denuncios que no hubieren alcanzado cédula de posesión, se tendrán por no presentadas y el Juez archivará el expediente respectivo.

Igualmente, el Juez declarará de oficio la caducidad de aquellas solicitudes de denuncio que estuvieren en el caso del artículo 35 de la Ley General de Terrenos Baldíos, Nº 13 de 10 de enero de 1939.

Artículo 2º.- (Transitorio)

Artículo 3º.- (Transitorio)

Artículo 4º.- (Transitorio)

Dichas dependencias le traspasarán al Instituto, cuando éste se lo solicite, los archivos, equipo y materiales de trabajo.

Artículo 5º.-

( Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 3218 del 19 de octubre de 1963 ).
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Artículo 6º.- (Transitorio)

(Derogado por el artículo 2º de la ley Nº 5257 del 31 de julio de 1973).
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Artículo 7º.- (Transitorio)

Las disposiciones de este transitorio serán aplicables únicamente a aquellas parcelas poseídas por el actual ocupante, o por quienes le hayan antecedido en la ocupación, durante un período no menor de 10 años, con el consentimiento tácito o expreso del Estado, y hayan sido además sometidas a explotación agrícola o pecuaria en una proporción no menor de las dos terceras partes de su área total.
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Artículo 8º.-(Transitorio)

Artículo 9º.- (Transitorio)

Artículo 10.- (Transitorio)

Se exceptúan de la prohibición anterior las operaciones que se celebren con el Sistema Bancario Nacional, con el Consejo Nacional de Producción, con las cooperativas de que forme parte el ocupante y con cualesquiera otras instituciones de crédito del Estado. En caso de remate por razón de operaciones, las restricciones a que se refiere el párrafo anterior quedarán de hecho eliminadas.
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Artículo 11.- (Transitorio)

Los terrenos que el Estado haya adjudicado en propiedad a particulares en virtud de leyes o contratos anteriores a la promulgación de esta ley, podrán ser enajenados, gravados y arrendados cuando hayan transcurrido diez años desde la fecha de la adjudicación, o antes si esas leyes o contratos lo permiten, o si el Instituto autoriza tales transacciones. 

Las disposiciones de este artículo no deben entenderse en menoscabo de otras limitaciones a la propiedad, impuestas por esta ley.
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Artículo 12.- (Transitorio)

Artículo 13.- (Transitorio)

Artículo 14.- (Transitorio)

Artículo 16.- (Transitorio)