Artículo 2º.- En virtud de lo establecido en el artículo anterior,

el Consejo tendrá responsabilidad propia en la ejecución de sus

funciones, lo cual impone a los miembros de la Junta Directiva la

obligación de actuar en la dirección y administración de la Institución,

dentro de las disposiciones de las leyes y reglamentos respectivos y de

los principios de la técnica y responder por su gestión en forma total e

ineludible.

Artículo 3º.- El Consejo Nacional de Producción tendrá su domicilio

legal en la ciudad de San José, pudiendo establecer oficinas y agencias

en cualquier lugar de la República o en el extranjero a juicio de su

Junta Directiva.

Artículo 4º.- El Consejo tendrá como finalidad específica el fomento

de la producción agrícola e industrial y la estabilización de los precios

de los artículos requeridos para la alimentación de los habitantes del

país, así como los de las materias primas que requiera la industria

nacional, procurando un equilibrio justo en las relaciones entre

productores y consumidores, con miras al mejoramiento de las condiciones

de vida de los costarricenses. Intervendrá en la regulación del mercado

interno de tales productos cuando ello sea necesario para estabilizar

precios en beneficio de los productores y de los consumidores.

En la consecución de su finalidad específica, el Consejo coordinará

actividades y colaborará con todos los organismos de crédito, de

extensión agrícola, de asistencia técnica, y de cualquier otra índole,

cuyo esfuerzo aunado tienda a lograr el fomento de la producción

nacional.

Artículo 6º.- El Consejo, de acuerdo con el artículo 88 de la ley Nº

1644 de 26 de setiembre de 1953 y sin demérito de la autonomía funcional

y administrativa del Sistema Bancario Nacional, presentará planes de

crédito agrícola para ser ejecutados de común acuerdo con los bancos.

Artículo 7º.- El Consejo trazará sus planes de trabajo tomando en

cuenta las necesidades y posibilidades de la economía nacional, así como

las condiciones del mercado internacional.

Artículo 8º.- El Consejo fijará los precios mínimos de compra para

cada cosecha con la debida antelación a la época de la siembra. Una vez

fijados los precios no podrán ser rebajados antes de terminar el período

para el cual se establecieron, y éste último debe ser suficientemente

amplio para que los agricultores tengan tiempo de cosechar sin perjuicio

de sus intereses.

En el caso de los artículos de producción continua como leche y sus

derivados, dulce, panela, y similares, cuando queden dentro del radio de

acción del Consejo, los precios serán fijados por períodos no menores de

seis meses y cuando sea posible cubriendo un ciclo anual completo,

siempre dentro de la política de estabilización de precios en beneficio

tanto de los productores como de los consumidores.

CAPITULO II

Capital, Reservas y Excedentes

Artículo 9º.- El capital inicial será el que tenga, al entrar en

vigencia esta ley, el Consejo Nacional de Producción, de conformidad con

los artículos 10 y 59 de la presente ley.

Artículo 10.- El patrimonio del Consejo estará constituído, además

del capital inicial a que se refiere el artículo anterior, por los

siguientes conceptos que se contabilizarán en cuentas separadas: nuevas

aportaciones de capital, reservas patrimoniales que acordare la Junta y

utilidades netas provenientes de las liquidaciones anuales.

Artículo 11.- El Consejo estará exento de la obligación de pagar

toda clase de impuestos, ya sean nacionales o municipales, ordinarios o

extraordinarios, presentes o futuros. Esta exención no comprende las

tasas municipales ni el impuesto de venta de licores.

Artículo 12.- El ejercicio financiero del Consejo se extenderá del

primero de agosto al último de julio de cada año; al final de cada

ejercicio financiero se hará una liquidación completa de sus operaciones

que deberá someterse a conocimiento de la Contraloría General de la

República. Las pérdidas netas que durante un ejercicio financiero

pudiere tener el Consejo, deberán cargarse a las utilidades netas

provenientes de las liquidaciones anuales acumuladas, según lo dispone el

artículo 10 de esta ley. Si dichas utilidades no fueren suficientes para

compensar las citadas pérdidas, el déficit se mantendrá debidamente

contabilizado hasta que pueda liquidarse de la manera prevista en este

artículo.

Artículo 13.- Los excedentes netos anuales del Consejo se

distribuirán de la siguiente manera:

a) El 30 % para constituir una reserva destinada a cubrir las

pérdidas que pudiere sufrir en su función de estabilización de precios.

Cuando la reserva señalada en este inciso alcanzare a una suma igual a la

mitad del capital de la Institución, el correspondiente porcentaje de los

excedentes netos de cada período podrá aplicarlo la Directiva del

Instituto a aumentar las reservas señaladas en los incisos b) y c) de

este artículo;

b) Hasta un 60 % destinado a una reserva para invertir en

instalaciones, terrenos, edificios, maquinaria o cualesquiera otros

bienes o derechos similares de condición fija; así como también para las

inversiones a que se refiere el inciso r) del artículo 5º; y

c) El 10 % como aporte al mantenimiento de un fondo de garantía y

jubilaciones de los empleados del Consejo, no pudiendo esta suma exceder

del 13 % del total de los sueldos pagados durante el período respectivo.

Estas sumas pertenecen a los empleados en la proporción correspondiente a

sus sueldos y deben serle entregadas bajo las condiciones que el

Reglamento de Jubilaciones determine, si dejaren el servicio antes de

haber alcanzado el derecho a una pensión de vejez.

CAPITULO III

La Junta Directiva

Artículo 14.- El Consejo funcionará bajo la dirección general de una

Junta Directiva, integrada por cinco miembros, de la siguiente manera:

a) Por un Ministro de Estado, y

b) Por cuatro personas de reconocida experiencia en actividades

agrícolas o económicas y con amplios conocimientos de los problemas

relativos a la producción nacional, que serán de elección del Consejo de

Gobierno.

Artículo 15.- La Junta Directiva elegirá de su seno, por mayoría de

votos, un Presidente y un Vicepresidente, que durarán un año en sus

funciones, pudiendo ser reelectos.

En ningún caso podrá ser electo para estos cargos el Ministro de

Estado que forme parte de la Junta.

Artículo 16.- En caso de ausencia o impedimento temporal del

Presidente, será reemplazado por el Vicepresidente, quien en tal caso

tendrá todas sus atribuciones, facultades y deberes. En caso de ausencia

de ambos, la Junta nombrará a uno de sus miembros como Presidente ad-hoc.

Artículo 17.- Es indispensable que los miembros de la Junta

Directiva sean caracterizados por su corrección, integridad de carácter y

responsabilidad y que reúnan además de las condiciones previstas en el

inciso b del artículo 14, los siguientes requisitos:

a) Ser mayores de 25 años de edad; y

b) Ser costarricenses por nacimiento o por naturalización con diez

años de residencia en el país después de haber obtenido la nacionalidad.

Artículo 18.- No podrán designarse como miembros de la Junta

Directiva:

a) Los deudores morosos de la Institución;

b) Los que hubieren sido declarados en estado de quiebra o

insolvencia; y

c) Los que estén ligados entre sí o con los Gerentes o Auditores por

parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive,

o que pertenezcan a una misma sociedad de nombre colectivo o de

responsabilidad limitada, a excepción de las cooperativas; o que formen

parte del mismo directorio de una sociedad anónima.

Artículo 19.- El cargo de miembro de la Junta Directiva es

incompatible con:

a) El de miembro o empleado de los Supremos Poderes o de otras

Instituciones autónomas, con excepción de la Universidad de Costa Rica; y

b) El de Gerente, personeros o empleados del propio Consejo.

Artículo 20.- Los miembros electivos de la Junta serán designados

por un período de cuatro años. Los nombramientos de los Directivos

electos por el Consejo de Gobierno se harán de manera que se renueven uno

cada año. Los nombramientos de los miembros de la Junta que deban

sustituir a los que hayan terminado su período, deberán hacerse dentro de

los treinta días anteriores al vencimiento de tal período.

Artículo 21.- Los miembros de la Junta serán inamovibles durante el

período para que fueron designados. Sin embargo, cesará de ser miembro

de la Junta Directiva:

a) El que dejare de llenar los requisitos o incurriere en algunas de

las prohibiciones establecidas en los artículos 17, 18 y 19 de esta ley.

b) El que por cualquier causa no justificada hubiere dejado de

concurrir a tres sesiones ordinarias consecutivas o el que se ausentare

del país por más de tres meses sin autorización de la Junta, o con ella

por más de un año.

c) El que fuere responsable por sentencia firme, de la infracción de

alguna de las disposiciones contenidas en las leyes, decretos o

reglamentos aplicados al Consejo;

d) El que fuere responsable por sentencia firme, de actos u

operaciones fraudulentas o ilegales;

e) El que por incapacidad física no hubiere podido desempeñar su

cargo durante seis meses; y

f) El que se incapacitare legalmente.

En cualquiera de estos casos, la Junta Directiva levantará la

información correspondiente y dará aviso al Consejo de Gobierno, para que

éste determine si procede declarar la separación o la vacante, designando

sustituto. En tal caso el nombramiento se hará dentro del término de

quince días y para el resto del período legal. En igual forma se

procederá en caso de muerte o de renuncia de alguno de los miembros de la

Junta. La separación de cualquiera de los miembros de la Junta Directiva

no le libra de las responsabilidades legales en que pudiere haber

incurrido por incumplimiento de alguna de las disposiciones de esta ley.

Artículo 22.- Los miembros de la Junta desempeñarán su cometido con

absoluta independencia del Poder Ejecutivo. Serán los únicos

responsables de su gestión sin perjuicio de las sanciones que les

correspondan y responderán personalmente con sus bienes de las pérdidas

que irroguen al Consejo por la autorización de operaciones prohibidas por

la ley, quedando exentos de esta responsabilidad únicamente quienes

hubieren hecho constar su voto negativo.

Los miembros de la Junta Directiva, con excepción del Ministro,

deberán rendir caución por veinte mil colones (¢ 20,000.00), antes de

entrar en el ejercicio del cargo. Esta caución puede ser hipotecaria,

fiduciaria, mediante póliza de fidelidad del Instituto Nacional de

Seguros o depósito en efectivo. Para la calificación de la garantía y

otorgamiento de la escritura, en su caso, se seguirán las prescripciones

del Código Fiscal.

Artículo 23.- Los miembros de la Junta no podrán participar en

actividades político-electorales, salvo con la emisión de su voto o en

las que sean obligatorias por ley. Esta prohibición será aplicable a los

Gerentes, Auditores y aquellos otros funcionarios y empleados que

determine la Junta Directiva.

Artículo 24.- La Junta se reunirá en sesión ordinaria una vez por

semana y en sesión extraordinaria cada vez que sea convocada al efecto,

de acuerdo con los reglamentos internos. Los miembros devengarán las

dietas fijadas por reglamento, cuyo monto se determinará en los

presupuestos ordinarios del Consejo. Los acuerdos se tomarán, salvo

disposición en contrario, por mayoría de votos. En caso de empate, el

Presidente tendrá doble voto.

Artículo 25.- El quórum de las sesiones se formará con tres

miembros. El Gerente o el Subgerente y el Auditor deben asistir a las

sesiones de la Junta, así como los Jefes de Departamento cuando fueren

llamados, y todos ellos tendrán voz pero no voto.

Artículo 26.- Estarán viciados de nulidad absoluta y se tendrán por

inexistentes cualesquiera contratos u operaciones que directa o

indirectamente celebre el Consejo con integrantes de la Junta Directiva o

con alguno de sus parientes hasta el segundo grado por consanguinidad o

afinidad, todo de conformidad con lo establecido por la Ley de

Administración Financiera.

Artículo 27.- Ningún miembro de la Junta Directiva podrá estar

presente, cuando se vayan a resolver operaciones en que esté interesado

algún pariente suyo hasta el tercer grado por consanguinidad o primero

por afinidad, ambos inclusive, o que interesen a sociedades en que él o

sus parientes dichos, sean socios colectivos, comanditarios, directores o

gerentes.

Igual prohibición existirá cuando la Junta Directiva tenga que

conocer de reclamación o conflicto en que figure como parte, alguna de

las personas mencionadas en este artículo.

Artículo 28.- La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones:

a) Determinar los artículos comprendidos dentro del programa de

estabilización de precios;

b) Fijar los precios y autorizar la forma de venta de los artículos

que adquiere el Consejo;

c) Las ventas se harán preferentemente al por mayor pero, como medio

de controlar la especulación, el Consejo venderá directamente al

consumidor por medio de establecimientos que operarán en los lugares que

determine la Junta Directiva;

d) Acordar la exportación de aquellas cantidades de productos que

considere como excedentes del consumo nacional. La venta de estos

excedentes deberá hacerse preferentemente por licitación, pero cuando las

circunstancias no fueren favorables para una licitación, dichas ventas

podrán hacerse directamente y en este caso se requerirá el voto unánime

de los miembros de la Junta Directiva y deberá dársele publicidad al

acuerdo;

e) Autorizar y revocar el establecimiento de Agencias de compra o

venta de productos comprendidos en los planes de trabajo del Consejo;

f) Autorizar la adquisición, hipoteca, gravamen o enajenación de

bienes, así como contratar empréstitos nacionales o extranjeros. Los

empréstitos que el Consejo contrate en el extranjero requerirán la

ratificación de la Asamblea Legislativa;

g) Acordar, reformar o interpretar los Reglamentos Internos del

Consejo y regular los servicios de organización y administración del

mismo;

h) Aprobar los planes de trabajo;

i) Acordar el presupuesto anual de la Institución y los

extraordinarios, con sujeción a los controles que determina la Ley

Orgánica de la Contraloría General de la República;

j) Nombrar y remover al Gerente, Subgerente, Auditor y Subauditor, y

asignarles sus funciones y deberes, dentro de las prescripciones de esta

ley;

k) Conocer en alzada de las apelaciones que se presenten contra las

resoluciones dictadas por la Gerencia o la Auditoría;

l) Conocer los proyectos que para la creación de Departamentos,

Secciones o Servicios le presente la Gerencia;

m) Aprobar la Memoria Anual, los estados, los balances y el destino

de los excedentes, cuando los hubiere, de acuerdo con los preceptos de

esta ley;

n) Proponer a la Asamblea Legislativa, por medio del Poder Ejecutivo,

los proyectos de ley a su juicio necesarios para la realización de las

funciones del Consejo; y

ñ) Resolver las licitaciones.

CAPITULO IV

La Gerencia

Artículo 29.- La Junta Directiva designará, con el voto favorable de

no menos de cuatro de sus miembros, un Gerente y un Subgerente, en

quienes delegará la administración del Consejo, de acuerdo con la ley y

con las instrucciones que les sean impartidas, siendo responsables ante

la Junta Directiva, del eficiente y correcto funcionamiento de la

Institución.

Estos funcionarios deberán reunir los mismos requisitos exigidos a

los miembros de la Junta Directiva, debiendo ser personas de reconocida

capacidad administrativa, y con conocimientos aplicables a las funciones

propias de la Institución.

Artículo 30.- El Gerente y el Subgerente quedarán sujetos a las

mismas disposiciones que para los miembros de la Junta establecen los

artículos 17 a 27 inclusive, de la presente ley, en cuanto les fuere

racionalmente aplicable. La remoción del Gerente y el Subgerente sólo

podrá acordarse con el mismo número de votos requeridos para su

nombramiento.

Artículo 31.- El Gerente y en su defecto el Subgerente, tendrán las

siguientes atribuciones:

a) Ejercer las funciones inherentes a su condición de Administrador

General, vigilando la organización y funcionamiento de todas sus

dependencias, la observancia de las leyes y reglamentos y el cumplimiento

de las resoluciones de la Junta;

b) Suministrar a la Junta la información regular, exacta y completa

que sea necesaria para asegurar el buen gobierno y dirección superior del

Consejo; así como someter a la misma los asuntos de orden administrativo

relativos a la Institución;

c) Proponer a la Junta la normas generales de la política de la

Institución que considere oportunas;

d) Presentar a la Junta, para su aprobación, el Presupuesto anual

del Consejo y los extraordinarios que fueren necesarios;

e) Proponer a la Junta Directiva la creación de los Departamentos,

Secciones y Servicios que considere necesarios para el mejor cumplimiento

de las funciones del Consejo;

f) Nombrar y remover a los empleados, con excepción de los de la

Auditoría, de acuerdo con los reglamentos del personal de la Institución,

que en ningún caso podrá quedar en inferioridad de condiciones a las

prescritas en las leyes de trabajo; no podrá nombrar a quienes estuvieren

ligados por parentesco de consanguinidad hasta tercer grado o de afinidad

hasta el segundo, ambos inclusive, con el Auditor, Subauditor o con él

mismo.

No será, sin embargo, causal de remoción de un empleado, el que con

posterioridad a su designación se nombre en dichos cargos a personas que

tengan con él el parentesco mencionado o que lleguen a ser parientes por

afinidad de alguno de ellos;

g) Atender las relaciones con personeros del Estado o de las

Instituciones Autónomas, procurando coordinar la política económica y

social del Consejo, de acuerdo con las instrucciones que le imparta la

Junta Directiva;

h) Vigilar el correcto desarrollo de la política señalada por la

Junta Directiva, la realización de los planes de trabajo y la ejecución

de los presupuestos ordinarios y extraordinarios;

i) Ejecutar, o hacer ejecutar los acuerdos o resoluciones que dicte

la Junta Directiva. Si estimare que son contrarios a las disposiciones

legales o a los intereses del Consejo, deberá dejar constancia expresa de

su opinión negativa, con lo cual quedará exento de responsabilidad por

esa causa;

j) Atender las relaciones del Consejo con el público y dar a la

prensa las informaciones que estime convenientes;

k) Autorizar con su firma, conjuntamente con el Presidente de la

Junta Directiva, los valores mobiliarios que emita el Consejo. Asimismo,

autorizará los reglamentos y los acuerdos de la Junta Directiva;

l) Resolver en último término los asuntos que no estuvieren

reservados a la decisión de la Junta, y conjuntamente con el Auditor,

decidir en casos de suma urgencia, cualquier asunto de competencia de la

Junta, o suspender las resoluciones acordadas por ésta, convocándola

inmediatamente para sesión extraordinaria, a fin de darle cuenta de sus

acciones y exponerle las razones habidas para apartarse del procedimiento

normal;

m) Delegar sus funciones en otros funcionarios del Consejo, salvo

cuando su intervención personal fuere legalmente obligatoria;

n) Procurar la correcta coordinación con las instituciones y

organismos oficiales a través del Comité Técnico Coordinador, para el

mejor desempeño de las funciones del Consejo; y

o) Ejercer las demás funciones y facultades que le correspondan, de

conformidad con la ley, los reglamentos del Consejo y otras disposiciones

pertinentes.

Artículo 32.- El Gerente y el Subgerente tendrán indistintamente la

representación judicial y extrajudicial del Consejo con las facultades

que para los apoderados generalísimos determina el Código Civil.

CAPITULO V

De la Auditoría

Artículo 33.- El Consejo tendrá un Departamento de Auditoría, que

ejercerá en todos los departamentos, secciones y demás dependencias del

mismo, las funciones que se le encomiendan en el artículo 36 de esta ley.

Artículo 34.- El Departamento funcionará bajo la responsabilidad y

dirección inmediata del Auditor, o en su defecto del Subauditor, cargos

para los que se preferirá a Contadores Públicos Autorizados. Dichos

funcionarios deben reunir los mismos requisitos exigidos al Gerente y

serán nombrados por la Junta Directiva con el voto favorable de no menos

de cuatro de sus miembros. Serán inamovibles, salvo el caso de que, a

juicio de la Junta y previa información, se demuestre que no cumplen

debidamente con su cometido o de que llegare a declararse contra ellos

alguna responsabilidad legal; la remoción de ellos sólo podrá acordarse

con el mismo número de votos requeridos para su nombramiento.

Artículo 35.- El Auditor dependerá directamente de la Junta y le

podrá presentar, directa y libremente, los asuntos que considere deben

ser de su conocimiento. Contra las resoluciones del Auditor cabrá el

recurso de apelación ante la Junta. La resolución de ésta será

definitiva.

Artículo 36.- Con el fin de verificar el cumplimiento debido de las

leyes y disposiciones vigentes y de los procedimientos prescritos, el

Auditor, y en su defecto el Subauditor, tendrá las siguientes funciones:

1) Verificar que se les dé debido cumplimiento a las leyes,

reglamentos y demás preceptos legales que afecten al Consejo;

2) Verificar, cuando lo considere necesario, el cumplimiento de los

procedimientos establecidos para ejecutar, fiel y oportunamente, las

resoluciones y acuerdos de la Junta;

3) Verificar los informes de contabilidad, cuando menos una vez al

año y los de estadística, que prepare el Consejo, y certificarlos o

refrendarlos cuando los encontrare correctos;

4) Formular las recomendaciones que estime adecuadas en cuanto a

todos los sistemas y procedimientos contables que han de usarse en el

Consejo y conocer y aprobar los que sobre contabilidad y su terminología

proponga la Gerencia, requisito sin el cual no podrán implantarse estos

últimos;

5) Conocer de todas las reclamaciones, ya sean activas o pasivas, en

que intervenga el Consejo;

6) Además de las otras actividades que realice la Auditoría, tendrá

específicamente las siguientes:

a) Fiscalizar la ejecución y liquidación de los presupuestos del

Consejo;

b) Refrendar todas las órdenes de compra y cheques, excepto los que

emitan los agentes de compra, en adquisición de bienes de tráfico

ordinario y los que emitan, con autorización especial de la Junta, otras

dependencias del Consejo. Además, refrendará toda operación contractual

que, en general, afecte el patrimonio del Consejo;

c) Refrendar las certificaciones y constancias expedidas por el

Consejo;

7) Practicar las diligencias que le encomiende la Junta; y

8) Presentar anualmente a la Junta un informe de sus actividades del

período.

Artículo 37.- Para cumplir debidamente las funciones asignadas en el

artículo anterior, el Auditor, y en su defecto el Subauditor, tendrá las

siguientes atribuciones:

1) Practicar, en el momento que lo juzgue conveniente, las

auditorías que estime necesarias. Estas intervenciones, a juicio del

Auditor, podrán ser parciales o generales, referirse sólo a una

dependencia o a determinada clase de negocios u operaciones del Consejo.

En consecuencia, practicará arqueos, verificará inventarios y cuentas y,

en general, aplicará los procedimientos de auditoría que considere

necesarios en cada caso;

2) Examinar libremente todos los libros, documentos, informes,

declaraciones, copias de correspondencia, archivos y demás datos de las

dependencias sujetas a su vigilancia; exigir de éstas, en la forma,

condiciones y plazos que él determine, la presentación de balances de

situación, análisis de cuentas y demás informaciones que considere

necesarias;

3) Comunicar al Gerente las irregularidades o infracciones que

observare en las operaciones o funcionamiento de la Institución, y en

caso de que el Gerente no dictare las medidas que a juicio del Auditor

fueren eficaces para subsanar las faltas, corregir las irregularidades o

sancionar las infracciones que informare, y exponer la situación a la

Junta proponiendo las medidas para el arreglo de la situación planteada;

4) Elaborar los anteproyectos de presupuesto de su Departamento y

presentarlos a la Gerencia para su inclusión en el proyecto de

presupuesto general;

5) Nombrar, remover y sancionar los empleados de la Auditoría de

conformidad con las normas que rigen el personal del Consejo y aquellas

que la Auditoría implante en su Departamento; y

6) Cualesquiera otras atribuciones que sean necesarias o

concordantes con las funciones que desempeña y que no estuvieren

prohibidas por la Constitución, las leyes o los reglamentos del Consejo.

Artículo 38.- El Auditor y el Subauditor no podrán ser empleados de

ningún otro departamento del Consejo, ni miembros de la Junta Directiva.

Las informaciones obtenidas por ellos y por sus subalternos en el

ejercicio de sus funciones, serán estrictamente confidenciales. No

podrán revelar o comentar los datos obtenidos ni los hechos observados,

salvo en el cumplimiento de sus deberes legales o reglamentarios. La

contravención de las prohibiciones establecidas en este artículo podrá

dar lugar a la destitución del infractor.

CAPITULO VI

Organización, Vigilancia, Balances y Publicaciones

Artículo 39.- El Consejo organizará los departamentos y servicios

que sean necesarios para cumplir con las funciones encomendadas a la

Institución.

Artículo 40.- El Consejo estará sujeto a la fiscalización de la

Contraloría General de la República, de acuerdo con las disposiciones

legales de la misma.

Artículo 41.- El Consejo publicará en el Diario Oficial, dentro de

los primeros sesenta días hábiles de su ejercicio financiero, un balance

de su situación económica que comprenderá el estado de su activo, pasivo

y patrimonio, con un detallado informe sobre la formación y aplicación de

sus reservas.

Artículo 42.- Los balances y estados del Consejo deberán ser

firmados por el Jefe de la Contabilidad, el Gerente, y refrendados por el

Auditor del Consejo, siendo todos ellos solidariamente responsables por

la exactitud y corrección de esos documentos.

Artículo 43.- El Consejo deberá publicar en el Diario Oficial todos

aquellos acuerdos de la Junta Directiva que sean de interés general, y

preferentemente los siguientes:

a) Los que establezcan o modifiquen los precios de compra y venta de

los artículos comprendidos en el plan de estabilización de precios; y

b) Los que determinen la ubicación de las agencias de compra. En

dichos acuerdos se deberá indicar los períodos de compra haciendo mención

a los días y horas en que éstas se llevarán a cabo.

Artículo 44.- Dentro de los primeros seis meses de cada año

financiero, el Consejo publicará una memoria anual en la que dará a

conocer su situación económica y las operaciones que hubiere efectuado en

el curso del año anterior.

CAPITULO VII

Inversiones, Garantías y Operaciones de Crédito Pasivas

Artículo 45.- El Consejo podrá hacer las inversiones necesarias para

cumplir lo establecido en el artículo 5º de esta ley.

Artículo 46.- El Consejo podrá adquirir hasta el 30% de las acciones

de sociedades cooperativas, siempre que se determine previamente que la

operación de tales sociedades pudiere contribuir al buen éxito de un plan

aprobado por el Consejo.

Artículo 47.- La inversión a que se refiere el artículo anterior no

podrá ser superior al cinco por ciento del capital y reservas del Consejo

y en ningún caso el total de inversiones de esta clase podrá ser superior

al 15% del capital y reservas del Consejo. Para estas inversiones se

requerirá el voto favorable de no menos de cuatro de los miembros de la

Junta Directiva.

Artículo 48.- El Consejo Nacional de Producción podrá otorgar

fianzas a personas físicas o jurídicas en operaciones con las

Instituciones Bancarias del Estado, siempre que la inversión corresponda

a un plan de trabajo aprobado por no menos de cuatro de los miembros de

la Junta Directiva del Consejo.

Estas fianzas no podrán ser mayores de cien mil colones (¢

100,000.00) para una misma persona física o jurídica, obtenida directa o

indirectamente ni en total podrán pasar del 20% del capital y reservas de

la Institución. De la capacidad total de fianzas que determina este

artículo el Consejo estará obligado a reservar un 70% para operaciones

agrícolas no mayores de veinte mil colones (¢ 20,000.00) cada una. Para

los efectos de estas operaciones los cónyuges serán considerados como una

sola persona.

Artículo 49.- El Consejo podrá contraer directamente obligaciones

crediticias a largo, mediano o corto plazo, para ampliación, mejora o

acondicionamiento de sus instalaciones; o para el desempeño de sus

diferentes actividades. Estas operaciones podrán garantizarse con

hipoteca, con prenda o con rentas de la Institución. El monto de los

créditos que obtenga con garantía hipotecaria no podrá ser por una suma

mayor del 80% del valor del inmueble y cuando la garantía fuera alguna de

las rentas del Consejo, el monto de la operación no podrá ser por suma

mayor del 25% de su producto estimado en un período de doce meses.

Artículo 50.- Con la garantía del Estado, el Consejo podrá solicitar

y obtener los empréstitos que su buen funcionamiento demande, en fuentes

financieras nacionales o extranjeras, y en este último caso, con

aprobación de la Asamblea Legislativa.

Artículo 51.- El total de créditos a cargo del Consejo no podrá, en

ningún caso, ser superior al doble de su capital y reservas.

CAPITULO VIII

Comité Técnico Coordinador

Artículo 52.- La Junta Directiva del Consejo solicitará a las

instituciones afines el nombramiento de un representante para integrar un

Comité Técnico Coordinador que estará presidido por el Gerente o el

Subgerente del Consejo, y el cual tendrá como funciones coordinar las

actividades del Consejo con aquellas instituciones u organismos estatales

que tengan atingencia con las finalidades de la presente ley.

CAPITULO IX

Del Monopolio de Licores y de la Fábrica Nacional de Licores

Artículo 53.- En tanto no se dé una nueva ley sobre el monopolio de

licores nacionales, y la Fábrica Nacional pertenezca al Consejo Nacional

de Producción, éste la administrará como una unidad adscrita al Consejo,

a fin de que cuente con medios propios y organización suficiente para

bastarse por sí mismo en lo administrativo.

Artículo 54.- La Fábrica dirigirá su producción procurando darle una

mayor importancia a la elaboración de productos de mayor contenido

alcohólico y de mínima toxicidad y conducirá su propaganda dando

preferencia a los productos a que se refiere este artículo.

Artículo 55.- Los precios de venta de los productos de la Fábrica serán fijados por Decreto Ejecutivo a proposición de la Junta Directiva del Consejo.

Artículo 56.- El producto total de las ventas de la Fábrica será

recaudado por la Administración General de Rentas, la cual apartará un

58% de ese total para el Supremo Gobierno. El 42% restante lo depositará

a cuenta del Consejo quien lo distribuirá de la siguiente manera: un 16%

del total para constituir un fondo especial para la operación de la

Fábrica, un 3 % del total para constituir un fondo especial para atender

los gastos del traslado de la Fábrica; un 2 % del total que se destinará

a un fondo especial que se denominará "Aporte a Camino de Acceso". Estos

fondos deberán ser invertidos en las zonas comprendidas en los planes de

fomento agrícola que formule el Consejo en Coordinación con el Ministerio

de Obras Públicas y las Municipalidades, de acuerdo con lo establecido en

el artículo 4º de esta ley, y el remanente lo depositará en cuenta

bancaria del Consejo. Cuando se haya terminado el traslado de la Fábrica

y, en consecuencia, no haya más gastos por este concepto, los fondos que

en este artículo se destinan a ese propósito pasarán a formar parte del

fondo especial denominado "Aporte a Caminos de Acceso".

Artículo 57.- Del 58% que percibe el Supremo Gobierno de lo dinero

recaudado por concepto de las ventas de la Fábrica Nacional de Licores,

el Ministerio de Economía y Hacienda apartará cien mil colones (¢

100,000.00) anualmente como auxilio a la "Comisión sobre Alcoholismo" y

será incluída como subvención fija en el Presupuesto Ordinario en favor

de esta última entidad, sin perjuicio de cualesquiera otras

contribuciones que ella reciba.

Artículo 58.- El 80% del precio de venta de los productos de la

Fábrica, constituye un impuesto de consumo, el cual se hará extensivo a

partir de la fecha de vigencia de esta ley a todos los demás productos

similares importados que se expendan en el país, excepto vinos legítimos

de uva. El Administrador General de la Fábrica Nacional de Licores,

previo dictamen del Químico Oficial, establecerá cuáles son los productos

que pueden considerarse como similares a los elaborados por la Fábrica

Nacional de Licores.

CAPITULO X

Disposiciones Generales y Transitorias

Artículo 59.- Para integrar el capital del Consejo a que se refiere

el artículo 10 de esta ley, se tomará la suma de veinte millones de

colones (¢ 20,000.000,00), del capital líquido del Consejo Nacional de

Producción; el saldo que quedare se abonará a las reservas a que se

refiere el artículo 13 de la misma.

Artículo 60.- La Institución que por la presente ley se crea

reemplazará en sus funciones, servicios y obligaciones al Consejo

Nacional de Producción que venía operando hasta la fecha, y asumirá los

créditos pendientes y bienes muebles e inmuebles, mediante inventario, de

los cuales podrá disponer como sustituto para todos los efectos legales

correspondientes.

Artículo 61.- Al entrar en vigencia la presente ley, el Consejo de

Gobierno designará los cinco miembros que indica el artículo 14, dentro

de los ocho días siguientes a la promulgación de la misma.

Para los efectos de renovación de miembros electivos a que se

refiere el artículo 20, la Junta Directiva, en el penúltimo mes de cada

uno de los tres primeros años de vigencia de esta ley, procederá a

determinar por sorteo entre sus miembros a cuáles les vencerá su período

en el primero, el segundo, el tercero o el cuarto año.

En la sesión de instalación se procederá a nombrar su Presidente,

Vicepresidente, lo mismo que al Gerente, Subgerente, Auditor y Subauditor

del Consejo, todo de acuerdo con las disposiciones de esta ley.

Artículo 62.- A partir de la vigencia de esta ley, los importes que

perciba el Banco Central de Costa Rica en concepto de amortización e

intereses de los títulos de deuda pública retirados de la circulación, de

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 de su Ley Orgánica Nº 1552 de

23 de abril de 1953, serán destinados por el Banco al pago de los

créditos congelados que el Consejo Nacional de Producción tiene con los

Bancos del Estado, por total de ¢ 7.772,495.78, según detalle siguiente:

Banco Anglo Costarricense .. .. .. .. .. .. .. .. .¢ 819,489.70

Banco de Costa Rica .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1.008,858.92

Banco Nacional de Costa Rica .. .. .. .. .. .. .. .. 5.944,147.16

El Banco Central y el Consejo Nacional de Producción decidirán de

común acuerdo la forma en que se distribuirán entre los Bancos acreedores

las sumas que paulatinamente se vayan recaudando, y una vez cancelada la

suma total de ¢ 7.772,495.78 los fondos mencionados tendrán nuevamente el

mismo destino que les señala el artículo 121 de la ley Nº 1552 de 23 de

abril de 1953.

Artículo 63.- Inmediatamente que esta ley sea aprobada se planeará

la construcción de silos, bodegas y secadoras en los cantones donde no

existan y su necesidad fuere evidente, todo a juicio de la Junta

Directiva.

Artículo 64.- La promulgación de esta ley no perjudicará los

contratos laborales existentes con funcionarios y empleados del actual

Consejo Nacional de Producción.

Artículo 65.- Quedan derogados el Decreto-Ley Nº 160 de 10 de

setiembre de 1948 (Creación del Consejo Nacional de Crédito y Producción)

con el adicional de 7 de diciembre de 1948 (Consejo Nacional de

Producción), el Decreto-Ley Nº 755 de 11 de octubre de 1949 (Normas que

regulan la administración superior de la Institución Autónoma) y el

Decreto-Ley Nº 567 de 10 de junio de 1949 (Se adscribe la Fabrica

Nacional de Licores al Consejo Nacional de Producción). Quedan además

derogadas o reformadas en lo conducente todas las disposiciones

contrarias a la presente ley.

Artículo 66.- Esta ley rige a partir del 1º de agosto de 1956.