Artículo 2º.- Como consecuencia de los dispuesto en el artículo

anterior, no serán materia del juicio contencioso-administrativo:

a) Las disposiciones de carácter general que dicte la Administración

Pública en ejercicio de sus facultades discrecionales, sin sujeción a

leyes, reglamentos u otro precepto administrativo, a los cuales deba

acomodar sus actos.

Sin embargo, cabrá el recurso contra las resoluciones que se tomaren

como consecuencia de una disposición de carácter general emanada de la

potestad discrecional, si con ella se lesionaran derechos particulares

establecidos por una ley o reglamento u otro precepto administrativo; y

b) Las cuestiones de índole puramente civil o criminal, las cuales

pertenecen a la jurisdicción ordinaria. Se considerarán de orden civil,

para los efectos de este artículo, las cuestiones en que el derecho

vulnerado sea de carácter civil y también aquellas que emanen de actos en

que los organismos que indica el artículo primero hubieren obrado como

persona jurídica, o sea como sujetos de derechos y obligaciones.

Artículo 3º.- La demanda contencioso-administrativa podrá

interponerla toda persona cuyos derechos administrativos hubieren sido

lesionados en los términos que indica el artículo primero, inclusive el

Estado, las municipalidades e instituciones públicas autónomas o

semi-autónomas.

Artículo 4º.- El Juzgado no dará curso a la demanda sino cuando se

hubiere agotado la vía administrativa.

Se entenderá agotado esa vía cuando se haya hecho uso de todos los

recursos que en ella tenga el negocio o cuando se haya desechado el

reclamo por resolución firme debidamente notificada a la parte por medio

de publicación en "La Gaceta", cuando ésta proceda o por medio de

telegrama o nota certificada dirigida al reclamante, o cuando hayan

transcurrido más de dos meses desde la fecha de la presentación del

reclamo sin que éste haya sido resuelto.

Artículo 5º.- La acción para establecer el juicio

contencioso-administrativo se extinguirá por el transcurso de un año

contado desde la fecha de publicación en "La Gaceta", de la resolución que

tiene por agotada la vía administrativa, o desde que el interesado haya

recibido el telegrama o nota certificada a que alude el artículo que

antecede, o desde la fecha en que hubiere vencido el término de dos meses

que señala ese mismo artículo, según el caso. Si el perjudicado fuere el

Estado, las municipalidades o las instituciones autónomas o

semi-autónomas, el término necesario para que se extinga la acción será de

cinco años, contados desde la fecha en que se tuviere conocimiento de la

disposición que cause el agravio.

Artículo 6º.- El consentimiento expreso o tácito de la resolución

administrativa, manifestado por actos posteriores impide al particular

perjudicado, reclamar en la vía contencioso-administrativa.

Artículo 7º.- La demanda deberá contener los requisitos que señala el

artículo 208 del Código de Procedimientos Civiles, y deberá acompañarse a

ella, necesariamente:

a) Certificación literal de la disposición que según el actor causa

el agravio que motiva el juicio; y

b) Certificación de la resolución que da por agotada la vía

administrativa, o constancia de no haberse dictado esa resolución, dentro

del término legal.

Si el interesado no acompañare los documentos mencionados, deberá

indicar la oficina o archivo en donde se encuentren a fin de que se ordene

aportarlos al juicio.

El actor deberá, asimismo, presentar con su demanda los demás

documentos en que la funde.

Si el actor pidiere que, como acto previo al trámite de su acción, se

aporten certificaciones de documentos, se procederá conforme se indica en

el artículo 197 del Código de Procedimientos Civiles.

Artículo 8º.- Si la demanda no reuniere los requisitos del artículo

anterior, el Juez, de oficio ordenará al actor que subsane los defectos de

forma y para ello los puntualizará. Caso de que el Juez no hiciere

observación respecto de la forma de la demanda y de que la parte al oponer

excepciones señale algún defecto legal, el Juez, si hallare procedente lo

dicho por la parte demandada, ordenará, sin más trámite, que el actor

corrija su demanda; y en ese evento, una vez corregida ésta, continuará el

proceso su curso.

La resolución del Juez ordenando la corrección de la demanda no

tendrá recurso alguno.

Artículo 9º.- Presentada la demanda el Tribunal examinará:

1) Si la resolución contra la cual se reclama es definitiva.

Se tendrá por definitiva no sólo resolución que no fuere susceptible

de recurso por la vía administrativa, sino también la de mero trámite si

esta última decide, directa o indirectamente, el fondo del asunto, de tal

modo que le ponga término o haga imposible su continuación.

2) Si la resolución versa sobre asuntos en que se haya procedido en

ejercicio de facultades regladas, o si está en el caso de excepción del

inciso a) del artículo segundo.

Se entenderá que el Poder Ejecutivo o sus funcionarios, las

municipalidades o instituciones autónomas o semi-autónomas del Estado,

actúan en ejercicio de facultades regladas, cuando sus actos deban estar

sometidos a disposiciones de una ley, de un reglamento o de un precepto

administrativo.

3) Si la resolución vulnera un derecho de carácter administrativo

establecido anteriormente en favor del demandante.

4) Si está dentro del término establecido para ejercitar la acción.

Si no reuniere los requisitos anteriores, la demanda será rechazada

de plano.

El rechazo de plano tendrá los recursos ordinarios y el de casación.

Artículo 10.- Si la demanda estuviere en forma o subsanados los

defectos que se hubiere ordenado corregir, el Juez conferirá traslado a la

parte demandada y le concederá para que la conteste, un término que no

podrá ser menor de quince días ni mayor de treinta. Igual traslado y

término se concederá a la parte actora, si hubiere reconvención. La

réplica deberá ajustarse a las reglas de los artículos 222 y 226 del

Código de Procedimientos Civiles.

Artículo 11.- Para la sustanciación y fenecimiento del juicio

contencioso- administrativo, se aplicarán las disposiciones del Código de

Procedimientos Civiles, en cuanto no resulten modificados por la presente

ley, según la cuantía que corresponda al juicio, pero el Juez podrá

reducir hasta en una mitad los demás términos, y en la sustanciación del

recurso de casación si procediere, no habrá más trámites que los de

admisión y citación de partes para sentencia.

Transitorio.- Esta ley entrará en vigencia una vez promulgadas las

reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, actualmente en trámite.