Artículo 2°-La Procuraduría General de la República estará inte­grada por:

a) La Procuraduría General de la República;

b) La Subprocuraduría General de la República;

c) La Procuraduría Civil y  Contencioso Administrativa;

d) La Procuraduría Penal;

e) La Procuraduría de Trabajo;

f) La Procuraduría de Hacienda;

g) La Procuraduría Agraria;

h) La Procuraduría Administrativa;

i) La Procuraduría Específica;

j ) La Notaría del Estado;

k) La Secretaría de la Procuraduría General de la República;

L) Las Procuradurías Auxiliares; y

II) Los demás funcionarios y empleados que requiera el buen servicio.

            Cada Procuraduría tendrá la representación del Estado en las materias propias de su competencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11.

            Las atribuciones y funciones correspondientes serán reguladas mediante el respectivo Reglamento de esta ley;

            Para la atención de asuntos que por razones especiales lo meriten,  El Poder Ejecutivo podrá, en casos muy calificados, designar Fiscales Específicos.

    Artículo 3°-El Procurador. General de la República será nombrado por el Presidente de la República. Podrá asistir, con carácter consultivo, a las reuniones del Consejo de Gobierno, cuando sea convocado por el Presidente de la República. El Subprocurador General de la República sustituirá al Procu­rador General en casos de ausencia, falta temporal o legítimo impedimento. Ambos deberán reunir los mismos requisitos que exige el artículo 159 de la Constitución Política para ser Presidente de la Corte Suprema de Justicia sin estar obligados a rendir garantía. El Presidente de la República podrá, en los casos de ausencia, falta temporal o legítimo impedimento del Procurador General, cuando así lo creyere necesario, designar a otra persona distinta del Subprocurador para que sustituya a aquél.

Artículo 4°-Los Procuradores, excepto los auxiliares, deberán reunir los siguientes requisitos:

            a) Ser abogados de los tribunales de la República;

            b) Ser mayores de treinta años; y

c) Haber ejercido la profesión durante un período de cinco años. Entre quienes reunieren estos requisitos, se dará preferencia al que acreditare haber realizado estudios de especialización en materias afines con la vacante a llenar.

Los Procuradores Auxiliares deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser abogados de los tribunales de la República;

b) Ser mayores de veinticinco años de edad;

c) Haber ejercido la profesión durante dos años por lo menos o durante el mismo lapso, como Asistentes de Procurador. Todos los funcionarios y empleados de la Procuraduría General de la República deberán ser ciudadanos en ejercicio, del estado seglar y costarricenses por nacimiento, o por naturalización con residencia no menor de cinco años en el país, después de haber obtenido la carta respectiva. Queda a salvo lo que para el Procurador y Subprocurador Generales dispone el artículo 3°.

Al hacer los nombramientos para Procuradores, se dará preferencia, en igualdad de condiciones personales y de competencia para el desempeño de los cargos, a las personas que figuran como Procuradores Auxiliares, como funcionarios que administran justicia o como abogados de instituciones del Estado.

No podrán ser nombrados los que estuvieren enjuiciados o cumpliendo condena, ni los que hubieren sido condenados por la comisión de cualquier delito y los que no observaren una conducta ejemplar.

Artículo 6°-Se consideraran abogados auxiliares de la Procuraduría General de la República, todos aquellos que trabajen en los Ministerios y dependencias del Poder Ejecutivo y presten servicios de asesoría jurídica. Dichos abogados auxiliares podrán ser trasladados a la Procuraduría General de la República, mediante acuerdo del Poder Ejecutivo.

En el Reglamento de la presente ley se establecerán las normas de relación y dependencia que regirán entre la Procuraduría General y las oficinas jurídicas que sea necesario mantener en los Ministerios y demás dependencias del Poder Ejecutivo.

Artículo 8°-La representación de la Procuraduría General de la República, en los lugares que determine el Poder Ejecutivo, estará a cargo de un fiscal. En los cantones y distritos donde no exista representación de la Procuraduría, servirán como tales, ante los Tribunales de Justicia, los empleados o funcionarios que determine el Poder Ejecutivo, quienes lo desempeñarán como recargo a sus funciones y sin goce de sueldo

(Así reformado po el artículo 1° de la ley N° 5028 del 21 de julio de 1972)

Artículo 9°-Servirán como notarios del Estado los que al efecto nombre el Poder Ejecutivo, quienes trabajarán a tiempo completo y a sueldo fijo. Para el desempeño de sus cargos deberán proveerse de sus protocolos, de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de Notariado, los cuales habrán de usar exclusivamente para el otorgamiento de escrituras referentes a actos y contratos en que sea parte o tenga interés el Estado. La infracción será sancionada en los términos que indica el párrafo segundo del artículo 23 de esta ley.

Los honorarios que pudieren corresponder a los notarios, según el Arancel establecido en la Ley Orgánica de Notariado, ingresarán al fondo común del Estado.

Facultades y Deberes

Artículo 10°-S0n atribuciones de la Procuraduría General de la República:

a) Ejercer la representación del Estado en los negocios de cualquier naturaleza, que se ventilen o deban ventilarse en los tribunales de justicia;

b) Representar al Estado en todos los actos o contratos que deban formalizarse en escritura pública;

c) Dar los informes, dictámenes y asesoramiento que acerca de cuestiones legales le soliciten los organismos públicos, y elaborar los estudios jurídicos que le encomiende el Poder Ejecutivo.

Los dictámenes y pronunciamientos que emita serán de acatamiento general para la Administración Central, salvo acuerdo o disposición en contrario del Poder Ejecutivo, o decisión diferente de la Contraloría General de la República en materias de su competencia;

d) Ejercitar y activar las acciones por delitos en que figuren como ofendidos el Estado, las municipalidades, juntas de educación y beneficencia y las instituciones autónomas o semiautónomas, sin perjuicio de las que deben presentar las entidades afectadas o las personas que resultaren perjudicadas;

e) Recibir denuncias acerca de los delitos indicados en el inciso anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 153 del Código de Procedimientos Penales, en cuyo caso podrán servir como testigos los Procuradores y empleados de la oficina;

f) Calificar las garantías para excarcelación de los indiciados o procesados por los delitos enumerados en los incisos anteriores y velar porque se cumplan las penas impuestas;

g) Intervenir en los procesos por otros delitos de acción pública y promover y vigilar el juzgamiento de los mismos;

h) Interponer el recurso de revisión contra las sentencias de los tribunales del país, conforme a las disposiciones de la ley;

i) Ejercer la acción penal por delitos reservados exclusivamente a la querella privada, cuando los ofendidos sean personas incapacitadas, que carezcan de representante legal, o cuando éstos fueren los delincuentes;

j) Velar porque se observen fielmente las disposiciones legales relacionadas con la detención o prisión de los indiciados o procesados y presentar las quejas o denuncias que correspondan por inobservancia de las leyes y. reglamentos vigentes en la materia;

k) Representar judicialmente a las corporaciones municipales, juntas de educación y beneficencia, cuando carezcan de representante propio y exista requerimiento al efecto;

l) Cumplir con las actuaciones, facultades y deberes que las leyes vigentes atribuyan al Ministerio Público y a las Agencias Fiscales;

ll) Representar los intereses del Estado en todos los demás asuntos que señalen las leyes del país;       

m) Tendrá también la facultad de representar a los funcionarios y empleados del Estado cuando se siga acción contra ellos, por actos o hechos en que participaren en el ejercicio de sus funciones.

Toda persona que sea citada por la Procuraduría General deberá comparecer personalmente, pero puede hacerse acompañar de su abogado. Si fuere citado por segunda vez y no compareciere el día y hora señalados, podrá ser obligado a comparecer por la fuerza pública, salvo en los casos de fuerza mayor o de legitimo impedimento. .

Artículo 12°.-Las oficinas de la Procuraduría General de la República, serán tenidas por las autoridades judiciales y administrativas como casas señaladas para oír las notificaciones que correspondan, en el circuito respectivo. sin necesidad de señalamiento especial.

Artículo 13°-La Procuraduría General de la República usará papel simple en toda clase de juicios y actuaciones y no está obligada a suplir especies fiscales ni a presentar pliegos de papel para ningún trámite o incidente. Gozará de franquicia postal, radiográfica y telegráfica en el cumplimiento de sus deberes.

Podrá pedir a cualquier oficina del Gobierno, institución u organismo del Estado, los informes y certificaciones con sus respectivas copias que estime convenientes para tramitar asuntos de su competencia, los que deberán extenderse en papel simple, exentos de todo impuesto o tasa.

Articulo 22°. -Quien desempeñe en propiedad cualquiera de los cargos citados en esta ley, no deberá ejercer la abogada, aunque esté con licencia o separado temporalmente de su puesto por cualquier causa, excepto respecto a sus negocios propios, de su cónyuge o de los parientes de él, por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el segundo grado inclusive.

Como compensación por la prohibición que contiene el párrafo anterior, los funcionarios que desempeñen cargos de Procurador recibirán una suma adicional a sus salarios, no menor del 30% del sueldo base que para las correspondientes clases de puestos fije la Dirección General de Servicio Civil.

(Así adicionado el párrafo anterior por el artículo 6° de la ley de Compensación por pago de Prohibición, N° 5867 del 15 de diciembre de 1975)

Artículo 29°.-Quedan modificadas en lo que se opongan a la presente ley, las leyes de lo Contencioso Administrativa y Orgánica de Notariado, derogada la ley N° 33 de 1° de diciembre de 1928 y los Decretos Leyes números 40 de 2 de junio de 1948, 103 de 17 de julio de 1948, así como las demás disposiciones legales que se opongan a la presente ley.