ARTÍCULO 2.- Reforma del título II

Refórmanse los artículos 55, 56 y 59, del título II "De la estructura

y organización de la Corte Suprema de Justicia", de la Ley Orgánica del

Poder Judicial, No. 8, de 29 de noviembre de 1937. Los textos dirán:

"Artículo 55.- La Sala Segunda conocerá:

1.- De los recursos de casación y revisión que procedan, con arreglo

a la ley, en juicios ordinarios o abreviados de familia o de derecho

sucesorio y en juicios universales, o en las ejecuciones de sentencia en

que el recurso no sea del conocimiento de la Sala Primera.

2.- De la tercera instancia rogada en asuntos de la jurisdicción de

trabajo, cuando el recurso tenga cabida de conformidad con la ley.

3.- De las demandas de responsabilidad civil contra los jueces

integrantes de los tribunales colegiados de cualquier materia, excepto los

de trabajo de menor cuantía.

4.- De las cuestiones de competencia que se susciten en asuntos de la

jurisdicción laboral, cuando no corresponda resolverlos a otros tribunales

de esa materia.

5.- De las competencias entre jueces civiles que pertenezcan a la

circunscripción de tribunales colegiados de diferente territorio, en

cualquier clase de asuntos, cuando no corresponda resolver la cuestión a

la Sala Primera.

Artículo 56.- La Sala Tercera conocerá:

1.- De los recursos de casación y revisión en materia penal, que no

sean de competencia del Tribunal de Casación Penal.

2.- De las causas penales contra los miembros de los supremos poderes

y otros funcionarios equiparados.

3.- De los demás asuntos de naturaleza penal que las leyes le

atribuyan."

"Artículo 59.- Corresponde a la Corte Suprema de Justicia:

1.- Informar a los otros Poderes del Estado en los asuntos en que la

Constitución o las leyes determinen que sea consultada, y emitir su

opinión, cuando sea requerida, acerca de los proyectos de reforma a la

legislación codificada o los que afecten la organización o el

funcionamiento del Poder Judicial.

2.- Proponer las reformas legislativas y reglamentarias que juzgue

convenientes para mejorar la administración de justicia.

3.- Aprobar el proyecto de presupuesto del Poder Judicial, el cual,

una vez promulgado por la Asamblea Legislativa, podrá ejecutar por medio

del Consejo.

4.- Nombrar a los miembros propietarios y suplentes del Tribunal

Supremo de Elecciones.

5.- Resolver las competencias que se susciten entre las Salas de la

Corte, excepto lo dispuesto por la ley respecto de la Sala Constitucional.

6.- Designar, en votación secreta, al Presidente y al Vicepresidente

de la Corte, por períodos de cuatro años y de dos años, respectivamente,

quienes podrán ser reelegidos por períodos iguales y, si hubiere que

reponerlos por cualquier causa, la persona nombrada lo será por un nuevo

período completo. En los casos de faltas temporales, se procederá en la

forma que indica el inciso 1) del artículo 32.

7.- Promulgar, por iniciativa propia o a propuesta del Consejo

Superior del Poder Judicial, los reglamentos internos de orden y servicio

que estime pertinentes.

8.- Conocer del recurso de casación y del procedimiento de revisión

de las sentencias dictadas por las Salas Segunda y Tercera, cuando estas

actúan como tribunales de juicio o de única instancia.

9.- Nombrar en propiedad a los miembros del Consejo Superior del

Poder Judicial, los inspectores generales del tribunal de la inspección

judicial, los jueces de casación y los de los tribunales colegiados, el

Fiscal General de la República, el Director y el Subdirector del Organismo

de Investigación Judicial; asimismo, al jefe y al subjefe de la Defensa

Pública.

Cuando se trate de funcionarios nombrados por un período determinado,

la Corte deberá realizar el nuevo nombramiento en la primera sesión

ordinaria de diciembre en que termine el período y los nombrados tomarán

posesión el primer día hábil de enero siguiente.

También le corresponde a la Corte, nombrar a los suplentes de los

funcionarios mencionados en este inciso.

10.- Conocer el informe anual del Consejo Superior del Poder

Judicial.

11.- Avocar el conocimiento y la decisión de los asuntos de

competencia del Consejo Superior del Poder Judicial, cuando así se

disponga en sesión convocada a solicitud de cinco de sus miembros o de su

Presidente, por simple mayoría de la Corte.

Desde que se presenta la solicitud de avocamiento, se suspende la

decisión del asunto por parte del Consejo Superior del Poder Judicial,

mientras la Corte no se pronuncie, sin perjuicio de las medidas cautelares

que disponga la Corte.

La Corte dispondrá de un mes para resolver el asunto que dispuso

avocar ante ella. En tal supuesto, el agotamiento de la vía administrativa

se producirá con la comunicación del acuerdo final de la Corte. Al

disponer el avocamiento, podrá ordenarse suspender los efectos del acuerdo

del Consejo.

12.- Ejercer el régimen disciplinario sobre sus propios miembros y

los del Consejo Superior del Poder Judicial, en la forma dispuesta en esta

Ley.

13.- Establecer los montos para determinar la competencia, en razón

de la cuantía, en todo asunto de carácter patrimonial.

14.- Establecer los montos para determinar la procedencia del recurso

de casación, por votación mínima de dos terceras partes de la totalidad de

los Magistrados. Este monto podrá disminuirse o aumentarse, una vez

transcurrido el plazo aquí fijado, para lo cual previamente se solicitará

al Banco Central de Costa Rica, un informe sobre el índice inflacionario.

Si transcurriere un mes sin haberse recibido el informe, la Corte

prescindirá de él y hará la fijación que corresponda. La fijación que se

realice, tanto en este caso como en el del inciso anterior, regirá un mes

después de su primera publicación en el Boletín Judicial, por un período

mínimo de dos años.

15.- Proponer, a la Asamblea Legislativa, la creación de Despachos

Judiciales en los lugares y las materias que estime necesario para el buen

servicio público.

16.- Refundir dos o más despachos judiciales en uno solo o

dividirlos, trasladarlos de sede, fijarles la respectiva competencia

territorial y por materia, tomando en consideración el mejor servicio

público.

También podrá asignarle competencia especializada a uno o varios

despachos, para que conozcan de determinados asuntos, dentro de una misma

materia, ocurridos en una o varias circunscripciones o en todo el

territorio nacional.

17.- Conocer de las demandas de responsabilidad que se interpongan

contra los Magistrados de las Salas de la Corte.

l8.- Disponer cuáles comisiones de trabajo serán permanentes y

designar a los Magistrados que las integrarán.

19.- Incorporar al presupuesto del Poder Judicial, mediante

modificación interna, todo el dinero que pueda percibir por liquidación o

inejecución de contratos, intereses, daños y perjuicios, y por el cobro de

los servicios de fotocopiado de documentos, microfilmación y similares.

Este dinero será depositado en las cuentas bancarias del Poder Judicial.

20.- Fijar los días y las horas de servicio de las oficinas

judiciales y publicar el aviso respectivo en el Boletín Judicial.

21.- Emitir las directrices sobre los alcances de las normas, cuando

se estime necesario para hacer efectivo el principio constitucional de

justicia pronta y cumplida.

22.- Las demás que señalan la Constitución Política y las leyes."

Texto no disponible

ARTÍCULO 3.- Reforma del título III

Refórmanse los artículos 68, 80 y 84, del título III "Del Consejo

Superior del Poder Judicial", de la Ley Orgánica del Poder Judicial, No.

8, de 29 de noviembre de 1937. Los textos dirán:

"Artículo 68.- Los miembros del Consejo, con excepción de los

magistrados que lo integren, tendrán el mismo salario base de los jueces

del Tribunal de Casación."

"Artículo 80.- El Consejo rendirá un informe anual a la Corte Suprema

de Justicia, sobre su funcionamiento y el de los tribunales de la

República y demás órganos, departamentos y oficinas del Poder Judicial. En

dicho informe, incluirá las necesidades que, a su juicio, existan en

materia de personal, de instalaciones y recursos, para el desempeño debido

y correcto de la función judicial. Antes de elaborarlo, pedirá a los

tribunales, los juzgados y los demás órganos, oficinas y departamentos, un

informe anual sobre la labor realizada y las necesidades concretas."

"Artículo 84.- Del Consejo Superior dependerán el Tribunal de la

Inspección Judicial, la Dirección Ejecutiva, la Auditoría, la Escuela

Judicial, el Departamento de Planificación, el Centro Electrónico de

Información Jurisprudencial, el Departamento de Personal y cualquiera otra

dependencia establecida por ley, reglamento o acuerdo de la Corte.

Asimismo, dependerán del Consejo, pero únicamente en lo

administrativo y no en lo técnico profesional, el Ministerio Público, el

Organismo de Investigación Judicial y la Defensa Pública."

Texto no disponible

ARTÍCULO 4.- Reformas del título IV

Refórmanse los artículos 92, 93, 94, 96, 101 y 102 del Capítulo I que

se llamará "De los tribunales colegiados"; los artículos 103, 104, 107,

108, 110, 111, 112 del Capítulo II, que se llamará "De los juzgados de

primera instancia y penales", los artículos 114, 115, 116, 117, 118, 119,

120, 121, 122 del Capítulo III, que se denominará "De los juzgados de

menor cuantía y contravencionales", y los artículos 125, 126, 127, 128 y

129 del Capítulo V, que se denominará "De los jueces tramitadores", todos

del Título IV, que en adelante se denominará "De los tribunales colegiados

y juzgados" de la Ley Orgánica del Poder Judicial, No. 8, de 29 de

noviembre de 1937. Los textos dirán:

"Capítulo I

De los tribunales colegiados

Artículo 92.- Existirán tribunales colegiados de casación, civiles,

penales de juicio, de lo contencioso-administrativo y civil de hacienda,

de familia, de trabajo, agrarios, penales juveniles, así como otros que

determine la ley.

Los tribunales podrán ser mixtos, cuando lo justifique el número de

asuntos que deban conocer.

Artículo 93.- El Tribunal de Casación Penal conocerá:

1.- Del recurso de casación y el procedimiento de revisión, en

asuntos de conocimiento del tribunal de juicio integrado por un juez.

2.- En apelación, de las resoluciones que dicten los jueces del

tribunal de juicio, cuando la ley acuerde la procedencia del recurso.

3.- De las apelaciones en asuntos de migración y extranjería que la

ley establezca.

4.- De los impedimentos, las excusas y las recusaciones, de sus

integrantes propietarios y suplentes.

5.- De los conflictos de competencia que no deban ser resueltos por

los tribunales de juicio.

6.- De los conflictos suscitados entre juzgados contravencionales y

tribunales de juicio.

7.- De los demás asuntos que se determinen por ley.

Artículo 94.- Los miembros del Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía

deberán reunir los mismos requisitos que el juez de menor cuantía. Para

ser miembro de los demás tribunales colegiados se requiere:

1.- Ser costarricense en ejercicio de los derechos ciudadanos.

2.- Tener al menos treinta años de edad.

3.- Poseer el título de abogado, legalmente reconocido en Costa Rica,

y haber ejercido esta profesión durante seis años, salvo en los casos en

que se trate de funcionarios judiciales, con práctica judicial de tres

años como mínimo."

"Artículo 96.- Los tribunales penales de juicio estarán conformados

al menos por cuatro jueces y se integrarán, en cada caso, con tres de

ellos, para conocer de los siguientes asuntos:

1.- De la fase de juicio, en los procesos seguidos contra personas

que a la fecha de los hechos pertenecieron a los Supremos Poderes del

Estado, o fueron por delitos sancionados con más de cinco años de prisión,

salvo que corresponda el procedimiento abreviado.

2.- De la fase de juicio, en procesos contra funcionarios

equiparados, pero que en el momento del juzgamiento no ostentan esos

cargos.

3.- Del proceso por delitos de injurias y calumnias realizados por

los medios de comunicación colectiva. En tal caso, el tribunal nombrará a

uno de sus miembros para que ejecute los actos preliminares al juicio.

4.- De los impedimentos, las excusas y las recusaciones, de los

jueces propietarios y suplentes.

5.- De los demás asuntos que se determinen por ley."

"Artículo 101.- Los tribunales estarán integrados por el número de

jueces necesario para el servicio público bueno y eficiente. En los

conformados por más de un juez, sus integrantes elegirán, internamente, a

quien se desempeñará como coordinador por un período de cuatro años, podrá

ser reelegido y tendrá las funciones que le señalen la ley y la Corte

Plena. A falta de acuerdo interno de elección, luego de realizadas cinco

votaciones, la Corte Plena designará al coordinador.

Los tribunales podrán tener competencia y jurisdicción en dos o más

cantones de diferentes provincias, en una o en varias provincias y aun en

todo el territorio nacional. El Consejo Superior del Poder Judicial

regulará la distribución de los asuntos, por razón de la materia o

territorio, entre los tribunales, para equiparar el trabajo, con el objeto

de mejorar el servicio y obtener el resultado más eficiente.

Las reglas relativas al funcionamiento propio de los tribunales

colegiados serán aplicables, en lo que corresponda, a todos los demás

tribunales.

Para ser juez de casación se requiere:

1.- Ser costarricense en ejercicio de sus derechos ciudadanos.

2.- Tener al menos treinta y cinco años de edad.

3.- Poseer el título de abogado, legalmente reconocido en el país, y

haber ejercido la profesión durante diez años, salvo que se trate de

funcionarios judiciales con práctica judicial mínima de cinco años. Estos

jueces devengarán un salario mayor que los demás jueces del tribunal

colegiado.

Artículo 102.- Los conflictos de competencia entre juzgados civiles,

agrarios, penales, penales juveniles, de trabajo, familia, contencioso-

administrativo, civiles de hacienda y otros, se resolverán según las

siguientes reglas:

Los conflictos según la materia y dentro de un mismo territorio serán

conocidos por el Tribunal Colegiado respectivo.

Si los juzgados pertenecieren a tribunales colegiados de diferentes

territorios, le corresponde resolver al Tribunal de Casación respectivo o,

de no existir este último, a la Sala de la Corte pertinente.

Si son juzgados de diferente materia, sean o no de un mismo

territorio, le corresponde al Tribunal de Casación respectivo o, de no

existir este último, a la Sala de la Corte de la materia a la que

pertenezca el órgano ante el cual se presentó el asunto o se previno en su

conocimiento, excepto que existan otras disposiciones en la ley.

Capítulo II

De los juzgados de primera instancia y penales

Artículo 103.- Habrá juzgados civiles, penales, penales juveniles, de

lo contencioso-administrativo y civiles de hacienda, de familia, de

trabajo, agrarios, de ejecución de la pena y los que determine la ley.

Artículo 104.- Los juzgados podrán ser mixtos, cuando lo justifique

el número de asuntos que deban conocer."

"Artículo 107.- Corresponde al juez penal conocer de los actos

jurisdiccionales de los procedimientos preparatorio e intermedio, así como

del recurso de apelación en materia contravencional.

Se procurará que un mismo funcionario no asuma ambas etapas en un

solo proceso, salvo que, por la cantidad de asuntos de los que conoce, el

despacho esté integrado por un solo juez.

Artículo 108.- La Corte podrá designar juzgados y tribunales penales

de turno extraordinario, para que presten servicio luego de la jornada

ordinaria, en días de asueto, feriados y de vacaciones generales."

"Artículo 110.- Los juzgados de lo contencioso-administrativo y civil

de hacienda conocerán:

1.- De los juicios contencioso-administrativos que se promuevan con

el objeto de proteger a toda persona en el ejercicio de sus derechos

administrativos, cuando estos sean lesionados por disposiciones

definitivas de cualquier naturaleza, dictadas por el Poder Ejecutivo o sus

funcionarios, las municipalidades y toda institución estatal, autónoma o

semiautónoma, actuando como personas de derecho público y en uso de

facultades regladas.

2.- De los juicios ordinarios no comprendidos en el inciso anterior,

en que sean parte o tengan interés directo, el Estado, sus bancos y demás

instituciones, así como las empresas de economía mixta, aun cuando tales

juicios se relacionen con juicios universales.

3.- De todos los otros asuntos en que sean parte o tengan interés

directo el Estado, sus bancos y demás instituciones, así como las empresas

de economía mixta, aun cuando tales juicios guarden relación con juicios

universales, salvo los casos en que, por norma expresa, correspondan ser

conocidos por un juzgado civil de hacienda de asuntos sumarios.

4.- De todos los litigios que se establezcan contra las

municipalidades y juntas de educación, siempre que al asunto, por su

cuantía, no le corresponda ser conocido en un juzgado civil de hacienda de

asuntos sumarios.

5.- De todos los asuntos referentes a denuncios de minas, tierras

baldías, ventas judiciales y otros de índole administrativa con

tramitación judicial, en que sean parte o tengan interés directo el

Estado, sus bancos, sus instituciones, o empresas de economía mixta, salvo

que leyes especiales dispongan lo contrario. Si sobreviniere contención,

el mismo juez tendrá competencia para conocer de ella y decidir lo que

proceda, sea sumariamente, o en la vía ordinaria.

6.- En grado, de las resoluciones que dicten los juzgados civiles de

hacienda de asuntos sumarios.

7.- De los conflictos de competencia entre juzgados civiles de

hacienda de asuntos sumarios.

8.- De los demás asuntos que determine la ley.

Artículo 111.- Los juzgados penales juveniles conocerán:

1.- En instancia, de las acusaciones atribuidas a menores de edad por

la comisión o la participación en delitos o contravenciones. También

conocerá de las causas penales seguidas contra mayores de edad, siempre

que el hecho haya ocurrido durante su minoridad.

2.- En instancia, de las acusaciones atribuidas a menores de edad,

aun cuando estos adquieran la mayoría de edad.

3.- Decidir sobre cualquier medida cautelar que restrinja un derecho

fundamental del acusado menor de edad.

4.- Aprobar la conciliación, la suspensión de procedimientos, la

aplicación del criterio de oportunidad y cualesquiera otras medidas

procesales definitorias del procedimiento.

5.- Decidir las sanciones aplicables a los menores, conforme los

principios generales que informan la materia.

6.- Cualquier otra función que le otorgue la ley.

Artículo 112.- Los juzgados de ejecución de la pena conocerán:

1.- De las fijaciones de pena y las medidas de seguridad posteriores

a la aplicada por el tribunal de sentencia.

2.- De las incidencias y los incidentes formulados en relación con

las medidas de control y vigilancia, durante la etapa de ejecución.

3.- De la extinción, la sustitución o la modificación de las penas

privativas de libertad y de las medidas de seguridad impuestas.

4.- De los incidentes de ejecución, las peticiones, las quejas y los

recursos interpuestos por las partes, en esta etapa del proceso.

5.- De los demás asuntos que la ley establezca."

"Capítulo III

De los juzgados de menor cuantía y contravencionales

Artículo 114.- Existirá el número de juzgados de menor cuantía, de

asuntos sumarios y contravencionales que se requieran para garantizar la

eficiencia y el buen servicio.

La Corte les fijará a estos juzgados su competencia territorial, por

materia y cuantía, así como la sede.

La determinación de la cuantía se revisará cada dos años, para lo

cual, previamente, se solicitará al Banco Central de Costa Rica un informe

sobre el índice inflacionario. Transcurrido un mes sin recibir este

informe, se prescindirá de él y se realizará la fijación correspondiente,

que regirá un mes después de su primera publicación en el Boletín

Judicial.

Artículo 115.- En materia civil, los juzgados de menor cuantía

conocerán:

1.- De los juicios ejecutivos de menor cuantía, excepto de los que

correspondan a los juzgados civiles de hacienda de asuntos sumarios.

2.- Con la misma excepción del inciso anterior, de todo lo relativo

a la aplicación de la Ley de Inquilinato, salvo en procesos ordinarios y

abreviados de mayor cuantía.

3.- De toda diligencia de pago por consignación. Si surgiere

contención sobre la validez o eficacia del pago, el negocio continuará

radicado en el despacho al que corresponda, conforme a la cuantía.

4.- De los demás asuntos cuya cuantía no exceda de la establecida por

la Corte como máxima, siempre que el asunto no corresponda a un despacho

de lo contencioso-administrativo y civil de hacienda.

Artículo 116.- En materia de trabajo, los juzgados de menor cuantía

conocerán de los procesos ordinarios de trabajo, cuyo monto no exceda de

la suma fijada por la Corte y de todas las infracciones a la legislación

laboral; ello sin perjuicio de lo dispuesto por ley respecto de los

tribunales colegiados de trabajo de menor cuantía.

Artículo 117.- En materia penal, los juzgados contravencionales

conocerán:

1.- De las contravenciones establecidas en el Código Penal.

2.- De las faltas de policía y de toda clase de contravenciones y

simples infracciones previstas en leyes especiales, excepto las de

carácter laboral.

3.- De los demás asuntos que indique la ley.

Artículo 118.- En las circunscripciones en las cuales no exista

juzgado penal, el juez contravencional podrá realizar -en casos urgentes-

los actos jurisdiccionales del procedimiento preparatorio y, de inmediato

y por cualquier medio, lo comunicará al juzgado penal. En esos eventuales

supuestos, el juez contravencional actúa por delegación y, el juez penal,

deberá tomar las disposiciones necesarias para esa delegación y respecto

del control de las actuaciones; también, de ser necesario, podrá

dirigirlas personalmente.

La Corte establecerá cuáles juzgados contravencionales tendrán el

recargo de competencia referido en el párrafo anterior.

Artículo 119.- Los juzgados civiles de hacienda de asuntos sumarios

conocerán:

1.- De los juicios ejecutivos de cualquier cuantía en los que se

ejerciten acciones a favor del Estado o sus instituciones o en contra de

ellos.

2.- De todo lo relativo a la aplicación de la Ley General de

Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, en acciones promovidas por las partes

indicadas en el inciso anterior o contra ellas. De esta disposición se

exceptúan los procesos ordinarios o abreviados.

3.- De las medidas cautelares o actividad judicial no contenciosa,

relacionadas con los procesos referidos en los incisos anteriores.

4.- De los demás asuntos distintos de procesos, ordinarios o

abreviados, promovidos por el Estado o sus instituciones o en contra de

ellos y cuya cuantía no exceda la establecida por la Corte.

En los procesos aludidos en los incisos 1), 2) y 3), la competencia

se limitará a las jurisdicciones de los Circuitos Judiciales Primero y

Segundo de San José; en consecuencia, los demás despachos civiles del país

podrán conocer de ellos, atendiendo a las reglas de competencia por el

territorio del Código Procesal Civil. Se exceptúan de esta limitación, los

casos en que el Estado o sus instituciones sean parte demandada, pues en

ellos, como en el supuesto del inciso 4), el juzgado de los referidos

circuitos tendrá competencia nacional.

Artículo 120.- Los juzgados de pensiones alimentarias, conocerán:

1.- De todos los asuntos regulados por la Ley de Pensiones

Alimentarias.

2.- De los demás asuntos que determine la ley.

Artículo 121.- En materia de tránsito, los juzgados

contravencionales, conocerán:

1.- De las infracciones de tránsito.

2.- De los demás asuntos que determine la ley.

Artículo 122.- En los cantones donde existan varios juzgados de menor

cuantía o contravencionales, la Corte Suprema de Justicia podrá establecer

los que puedan atender también asuntos civiles y otros asuntos de diversas

materias."

"Capítulo V

De los jueces tramitadores

Artículo 125.- Los tribunales tendrán jueces tramitadores, cuando lo

requieran el buen servicio y lo acuerde la Corte.

Artículo 126.- Corresponde a los jueces tramitadores:

1.- Tramitar y diligenciar todos los asuntos del despacho, con

independencia funcional y responsabilidad propia.

2.- Consignar en los autos todas las certificaciones y constancias

referentes a las actuaciones judiciales.

3.- Extender certificaciones.

4.- Expedir los suplicatorios, los exhortos y los mandamientos.

5.- Notificar a los interesados que concurran al despacho, las

respectivas resoluciones, cuando corresponda.

6.- Firmar la razón de recibido de los escritos, los documentos y las

copias que sean presentadas al despacho. Esta atribución podrá ser

delegada en otros servidores.

7.- Llevar la contabilidad de los depósitos judiciales, con todas las

obligaciones inherentes al cargo, en los despachos donde no exista

contador, o no se haya organizado una oficina centralizada de tesorería.

8.- Vigilar porque los servidores subalternos cumplan a cabalidad con

todos sus deberes y obligaciones, para obtener la mayor eficiencia.

9.- Cumplir las otras obligaciones inherentes al ejercicio del cargo

y las demás que señale la ley o le atribuya la Corte.

Artículo 127.- Los jueces tramitadores deben reunir los mismos

requisitos del juez, de acuerdo con la categoría que corresponda en el

despacho de que se trate.

Artículo 128.- La Corte Suprema de Justicia podrá establecer,

mediante acuerdo que se publicará en el Boletín Judicial, otras funciones

que deben realizar los jueces tramitadores, según la materia y la cuantía

de los asuntos.

Artículo 129.- En los tribunales que no cuenten con un juez

tramitador, algunas de las funciones a él atribuidas podrán ser cumplidas

por uno de los miembros del personal auxiliar, según lo determine la Corte

o el Consejo."

ARTÍCULO 5.- Reforma del título V

Se reorganiza el título V de la Ley Orgánica del Poder Judicial, No.

8, de 29 de noviembre de 1937, que en adelante se denominará "Organización

de los tribunales" y comprenderá un capítulo I, llamado "Del personal

auxiliar", que incluye los artículos del 135 al 142, y un capítulo II,

llamado "De la organización general de los tribunales", el cual abarcará

los artículos del 143 al 147. Asimismo, se reforman los artículos 135,

137, 141, 142, 143, 144, 145, 146 y 147. Los textos dirán:

"Título V

Organización de los tribunales

Capítulo Primero

Del personal auxiliar

Artículo 135.- Los tribunales tendrán la organización interna y el

personal que el buen servicio público requiera, según lo disponga la

Corte, mediante acuerdo que se publicará en el Boletín Judicial."

"Artículo 137.- El Consejo Superior podrá conceder a los servidores

judiciales permiso para estudiar, en horas laborales, profesiones que

interesen al Poder Judicial. Dichos servidores podrán dejar de asistir a

sus oficinas durante las horas que les sean autorizadas para estar

presentes en los cursos y exámenes, pero el resto del tiempo, así como

durante las vacaciones y los días de asueto en el centro de estudios,

deberán asistir puntualmente al despacho.

El Consejo podrá cancelar el beneficio referido en el párrafo

anterior, luego de comprobar, por los medios que tenga por convenientes

que el estudiante, sin justa causa, no asiste, con regularidad a los

cursos correspondientes ni se presenta a desempeñar sus labores o que, por

falta de interés en los estudios, se atrasa en la conclusión de la carrera

profesional."

"Artículo 141.- La Secretaría de la Corte Suprema de Justicia es el

órgano de comunicación entre el Poder Judicial y los otros Poderes del

Estado, así como entre estos y los funcionarios judiciales. Además, se

encargará de comunicar los acuerdos de la Corte Plena y el Consejo.

El Secretario de la Corte se encargará de autenticar firmas de los

notarios y funcionarios judiciales en los documentos que deban enviarse al

exterior, sin perjuicio de que también pueda hacerlo el Presidente del

Poder Judicial.

Además, el Secretario asistirá al Presidente de la Corte en las

funciones administrativas asignadas a él y será el secretario del Consejo.

Tanto los Secretarios de la Corte como los de las Salas deberán ser

abogados.

Artículo 142.- Cada circuito judicial contará con un administrador

general, quien tendrá a su cargo las funciones administrativas que, por

ley o reglamento, no se atribuyan a otros servidores. De él dependerán las

oficinas centralizadas de servicio del circuito respectivo.

El administrador general será nombrado por el Director Ejecutivo y

deberá tener el grado académico universitario de administrador público o

ser profesional en una actividad afín. Sus funciones específicas serán:

1.- Planificar, organizar, dirigir, coordinar y supervisar las

funciones de las dependencias y oficinas a su cargo.

2.- Dirigir, organizar, planificar y coordinar las actividades

administrativas de los despachos del circuito.

3.- Formular el respectivo anteproyecto de presupuesto.

4.- Tramitar el nombramiento del personal de apoyo de todos los

tribunales y oficinas del circuito.

5.- Tramitar los permisos, las suplencias, los interinazgos, así como

las transferencias interorgánicas entre los diferentes equipos o grupos de

trabajo.

6.- Ejecutar la política administrativa de los tribunales del

circuito.

7.- Autorizar los gastos de los órganos jurisdiccionales y las

oficinas judiciales del circuito para diligencias, copias y compras

menores, por caja chica y por otros servicios de similar naturaleza.

8.- Controlar el movimiento de la caja chica.

9.- Asignar, supervisar, controlar, fiscalizar y evaluar las labores

de todo el personal asistencial, encargado de ejecutar los diferentes

trabajos de la oficina que dirige.

10.- Velar por el buen funcionamiento y la limpieza de los edificios

que alojan las dependencias y oficinas del circuito.

11.- Coordinar actividades con otras instancias internas y externas,

según se requiera y de acuerdo con su criterio.

12.- Proponer, a los órganos competentes, cambios, ajustes y

recomendaciones en las áreas de su competencia.

13.- Rendir a la Corte o a quien esta indique, un informe anual sobre

las actividades desarrolladas, las metas propuestas y alcanzadas y las

necesidades por solventar para garantizar y mejorar el servicio.

14.- Rendir los informes que le sean solicitados por los superiores.

15.- Velar por el giro oportuno y adecuado de los depósitos

judiciales y su contabilización.

16.- Las demás que establezcan la ley o la Corte.

Capítulo Segundo

De la organización general de los tribunales

Artículo 143.- Para conformar un circuito judicial, la Corte podrá

disponer la forma de organización de varios despachos judiciales, según lo

requiera para la eficiencia y el buen servicio público de la justicia.

Este sistema de organización procurará la participación de los jueces

y demás servidores judiciales en la toma de decisiones administrativas.

Artículo 144.- En los circuitos judiciales y los tribunales donde el

mejor servicio público lo requiera, podrán establecerse unidades de

servicio administrativo centralizado, tales como: notificaciones,

recepción de documentos, correo interno, archivo, custodia de evidencias,

administración de salas de audiencias, tesorería y cualquier otra que

determine la Corte, de manera que una unidad de trabajo pueda atender las

necesidades y los requerimientos de dos o más tribunales.

Las labores de estas oficinas pueden extenderse más allá de los

horarios habituales, según se necesite para mejorar el servicio público.

Estos despachos dependerán de la administración general.

Artículo 145.- Cuando sea indispensable para hacer más eficiente el

servicio judicial, en los circuitos habrá una oficina central de

tesorería, que tramitará todo lo relacionado con la contabilidad de los

depósitos y el procedimiento del giro de dinero.

Esta oficina estará a cargo de un contador privado, incorporado al

Colegio respectivo, quien deberá rendir garantía por un millón de colones.

Lo anterior sin perjuicio de que el Consejo Superior autorice a los

despachos ubicados fuera de la sede central del circuito judicial

respectivo, para que utilicen a un auxiliar de contabilidad que colabore

en el proceso de emisión de cheques y la contabilidad de los depósitos

judiciales.

Artículo 146.- En las diferentes circunscripciones territoriales

funcionarán equipos de localización, citación y presentación de personas

requeridas por autoridades jurisdiccionales, el Ministerio Público y la

Defensa Pública. Los funcionarios encargados de esta labor tendrán la

potestad de ejecutar las órdenes de detención, traslado y presentación de

personas que las autoridades jurisdiccionales o del Ministerio Público

dispongan en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 147.- La Corte podrá disponer la utilización de sistemas

informáticos para notificaciones, citaciones, comunicación entre oficinas

judiciales y externas, públicas o privadas, archivo, manejo de

documentación e información, atención al usuario, y para cualquier otro

acto en que se demuestre que el uso de la informática agiliza el

procedimiento, caso en el que las constancias propias del sistema resultan

suficientes para acreditar la realización del acto procesal que las

generó, salvo prueba en contrario."

ARTÍCULO 6.- Reformas de los títulos VI y VII

Refórmanse los artículos 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 y

159, del título VI y el artículo 172 del título VII de la Ley Orgánica del

Poder Judicial No. 8, de 29 de noviembre de 1937. Los textos dirán:

"Artículo 149.- Además de otros órganos que establezcan la ley o el

reglamento, actuarán como auxiliares de la administración de justicia: el

Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial, la Defensa

Pública, la Escuela Judicial, el Centro Electrónico de Información

Jurisprudencial y el Archivo y Registros Judiciales.

Artículo 150.- La Defensa Pública es un órgano dependiente del

Consejo Superior, pero únicamente en lo administrativo; no así en lo

técnico profesional. Estará a cargo de un jefe y tendrá la organización

que la Corte disponga.

Artículo 151.- El Jefe de la Defensa Pública debe ser costarricense,

abogado, mayor de treinta años y con suficiente experiencia en la

tramitación de asuntos judiciales y administración de personal.

A propuesta del jefe, la Corte designará al subjefe de la Defensa

Pública, quien deberá reunir los mismos requisitos que aquel.

Artículo 152.- La Defensa Pública proveerá defensor público a todo

imputado o prevenido que solicite sus servicios. La autoridad que tramite

la causa le advertirá que, si se demuestra que tiene solvencia económica,

deberá designar un abogado particular o pagar al Poder Judicial los

servicios del defensor público, según la fijación que hará el juzgador.

Asimismo, los empleados del Organismo de Investigación Judicial y los

demás servidores judiciales tendrán derecho a que se les nombre un

defensor público, cuando sean llevados ante los tribunales o la sede

disciplinaria, por asuntos directamente relacionados con el ejercicio de

sus funciones.

También proveerá defensor, en los procesos agrarios no penales, a la

parte que lo solicite y reúna los requisitos que establezca la ley de la

materia.

Artículo 153.- El Jefe de la Defensa Pública o quien este designe,

gestionará ante la autoridad correspondiente, la fijación y el cobro de

los honorarios por los servicios prestados.

Constituirá título ejecutivo, la certificación que se expida sobre el

monto de los honorarios a cargo del imputado. De oficio, la autoridad que

conoce del proceso ordenará el embargo de bienes del deudor, en cantidad

suficiente para garantizar el pago de los honorarios. El defensor a quien

corresponda efectuar las diligencias de cobro ejercerá todas las acciones

judiciales o extrajudiciales necesarias para hacerlo efectivo.

Artículo 154.- La fijación de honorarios se hará en sentencia o en el

momento en que el imputado decida prescindir de los servicios del defensor

público.

Los fondos provenientes de honorarios se depositarán en una cuenta

bancaria especial y se emplearán para adquirir bienes y servicios

tendientes a mejorar la Defensa Pública.

Artículo 155.- Los defensores públicos son funcionarios dependientes

del Poder Judicial, de nombramiento del Jefe de la Defensa Pública, y de

ratificación del Consejo.

Los defensores públicos deben ser mayores de edad, abogados y

ciudadanos en ejercicio.

Cuando, en una misma circunscripción territorial, exista más de un

defensor público, el jefe de la Defensa Pública regulará, por medio de

acuerdo la distribución del trabajo entre ellos.

Artículo 156.- La Defensa Pública contará con el número necesario de

auxiliares en abogacía, para que colaboren estrechamente con el defensor

en el ejercicio de su cargo. Tendrán las funciones que les señalen la

jefatura, esta Ley, su Reglamento y el Manual descriptivo de puestos.

Los auxiliares de abogacía deberán tener aprobado al menos el tercer

año de la carrera profesional o estudios equivalentes en Derecho."

"Artículo 159.- En las circunscripciones territoriales donde no

exista defensor público nombrado, la asistencia podrá estar a cargo de

defensores de oficio, de nombramiento del funcionario que conozca del

asunto, salvo que el Jefe de la Defensa Pública recargue esas labores en

un defensor público de otro territorio.

Todo abogado que tenga oficina abierta está en la obligación de

aceptar, simultáneamente, hasta dos defensas de oficio.

El cargo de defensor de oficio es gratuito y la persona en la que

recaiga el nombramiento solo puede excusarse de servirlo por motivo justo,

a juicio del tribunal respectivo. El abogado o egresado de Derecho que sea

designado defensor de oficio, no podrá figurar luego como defensor

particular en el mismo proceso."

"Artículo 172.- Los árbitros recabarán datos o auxilios de cualquier

autoridad, por medio del juez al que haya correspondido conocer del

asunto.

Corresponderá también al juez ejecutar las resoluciones y

providencias legalmente dictadas por los árbitros."

ARTÍCULO 7.- Reformas del título VIII

Refórmanse los artículos 196, 199, 217 y 221 del título VIII,

"Régimen disciplinario", de la Ley Orgánica del Poder Judicial No. 8, de

29 de noviembre de 1937. Los textos dirán:

"Artículo 196.- Para los efectos del inciso 8) del artículo 192 se

establecen las siguientes reglas:

1.- Los jueces tramitadores o los miembros del personal auxiliar que

cumplan sus funciones deberán velar porque las providencias se dicten

dentro de los plazos legales y la tramitación o cualquier otra labor

asignada al despacho no se detenga ni se atrase sin motivo justificado.

2.- El coordinador, en los órganos colegiados, o el jefe del despacho

serán responsables, conjuntamente con el juez tramitador o quien cumpla

sus funciones, por cualquier atraso de tramitación, salvo que demuestren

que la falta no puede imputárseles. En caso de sentencias u otros

proveídos, lo será el servidor a quien se asignó la redacción.

3.- Se estimará como retardo injustificado el ordenar prueba para

mejor proveer, con el exclusivo propósito de extender los plazos."

"Artículo 199.- Será rechazada de plano toda queja que se refiera

exclusivamente a problemas de interpretación de normas jurídicas.

Sin embargo, en casos de retardo o errores graves e injustificados en

la administración de justicia, el Tribunal de la Inspección Judicial, sin

más trámite deberá poner el hecho en conocimiento de la Corte Plena, para

que esta, una vez hecha la investigación del caso, resuelva sobre la

permanencia, suspensión o separación del funcionario."

"Artículo 217.- Si los actos a los que se refiere el artículo

anterior significan ultraje u ofensa directa contra el funcionario o el

tribunal, podrán imponerle al culpable de cinco a quince días multa. Esta

resolución podrá ser apelada ante el superior, si se tratare de la dictada

por un juez o un representante del Ministerio Público. Si la multa fuere

impuesta por la Corte Plena, una de las Salas, un tribunal colegiado o uno

de sus integrantes, el Fiscal General, o bien por el Consejo Superior, no

cabrá más recurso que el de revocatoria o reconsideración.

Cuando los hechos contemplados en este artículo y en el numeral

precedente lleguen a constituir delito, contravención o falta, su autor

será puesto a la orden de la autoridad respectiva, para su juzgamiento."

"Artículo 221.- En los casos previstos en el artículo 218, se

procederá en la siguiente forma:

1.- Si la injuria o difamación se cometiere dentro de un proceso, por

medio de escritos presentados en él, el funcionario o tribunal impondrá de

plano la corrección disciplinaria, y podrá ordenar también al Consejo la

transcripción del escrito, para los efectos del párrafo segundo del

artículo 218.

2.- De ser cometida fuera de un proceso, o por un medio distinto a la

presentación de escritos, el funcionario o tribunal hará, en el proceso,

una reseña lacónica de lo ocurrido, para que el Consejo resuelva si

procede la suspensión del abogado. En este caso, no existirá motivo de

impedimento, recusación ni excusa para los miembros del Consejo que hayan

de imponer la corrección.

3.- Si fuere impuesta por un juez de menor cuantía o uno

contravencional, podrá apelarse para ante el juez respectivo. Si lo fuere

por un juez de primera instancia o penal, el recurso se admitirá para ante

el tribunal colegiado o el integrante de este que corresponda; si lo fuere

por las Salas o los tribunales colegiados, no cabrá más recurso que el de

revocatoria. Contra las que imponga la Corte o el Consejo no cabrá el

recurso de reconsideración ni de reposición.

4.- El tribunal de alzada, en los casos en que esta proceda, podrá

ordenar cualquier prueba para mejor proveer, si el corregido negare el

cargo.

5.- Si se impusiere suspensión, se ordenará una publicación en el

Boletín Judicial y se procederá, además, de la forma indicada en el

artículo 20 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados."

ARTÍCULO 8.- Reforma del artículo 243 del título X

Refórmase el artículo 243 del Título X, "Del ejercicio de la

Abogacía" de la Ley Orgánica del Poder Judicial, No. 8, de 29 de noviembre

de 1937 y sus reformas. El texto dirá:

"Artículo 243.- Con excepción de otros supuestos establecidos

expresamente por ley, sólo los abogados podrán representar a las partes

ante los Tribunales Judiciales de la República.

Los universitarios que se identifiquen como estudiantes de una

Facultad o Escuela de Derecho, los asistentes de los abogados, debidamente

autorizados, y los bachilleres en derecho, podrán concurrir a las oficinas

y los despachos judiciales, para solicitar datos y examinar expedientes,

documentos y otras piezas, así como para obtener fotocopias. Para esos

efectos, los estudiantes y egresados deberán contar con la autorización

del profesor o del abogado director del procedimiento. Los bachilleres en

derecho deberán demostrar su condición, con documento auténtico emanado de

la respectiva Universidad."

ARTÍCULO 9.- Adiciones

Adiciónase a la Ley Orgánica del Poder Judicial, No. 8, de 29 de

noviembre de 1937 los artículos 6 bis, 47 bis y 96 bis. Los textos dirán:

"Artículo 6 bis.- Tendrán la validez y eficacia de un documento

físico original, los archivos de documentos, mensajes, imágenes, bancos de

datos y toda aplicación almacenada o transmitida por medios electrónicos,

informáticos, magnéticos, ópticos, telemáticos o producidos por nuevas

tecnologías, destinados a la tramitación judicial, ya sea que contengan

actos o resoluciones judiciales. Lo anterior siempre que cumplan con los

procedimientos establecidos para garantizar su autenticidad, integridad y

seguridad.

Las alteraciones que afecten la autenticidad o integridad de dichos

soportes los harán perder el valor jurídico que se les otorga en el

párrafo anterior.

Cuando un juez utilice los medios indicados en el primer párrafo de

este artículo, para consignar sus actos o resoluciones, los medios de

protección del sistema resultan suficientes para acreditar la

autenticidad, aunque no se impriman en papel ni sean firmados.

Las autoridades judiciales podrán utilizar los medios referidos para

comunicarse oficialmente entre sí, remitiéndose informes, comisiones y

cualquier otra documentación. Las partes también podrán utilizar esos

medios para presentar sus solicitudes y recursos a los tribunales, siempre

que remitan el documento original dentro de los tres días siguientes, en

cuyo caso la presentación de la petición o recurso se tendrá como

realizada en el momento de recibida la primera comunicación.

La Corte Suprema de Justicia dictará los reglamentos necesarios para

normar el envío, recepción, trámite y almacenamiento de los citados

medios; para garantizar su seguridad y conservación; así como para

determinar el acceso del público a la información contenida en las bases

de datos, conforme a la ley."

"Artículo 47 bis.- La Corte Suprema de Justicia podrá ordenar la

destrucción o el reciclaje de los expedientes, siempre que no sean

necesarios para algún trámite judicial futuro, que no tengan interés

histórico, o cuando se encuentren respaldados por medios electrónicos,

informáticos, magnéticos, ópticos, telemáticos o cualquier otro medio con

garantía razonable de conservación. Al efecto se publicarán las listas de

expedientes por destruir en el Boletín Judicial.

Dentro del plazo de ocho días hábiles luego de la primera

publicación, el Archivo Nacional podrá solicitar los expedientes que

estime pertinentes. Las partes también podrán solicitar la devolución de

los documentos aportados, certificación integral o parcial del expediente,

o la entrega del expediente original, salvo en materia penal."

"Artículo 96 bis.- Los tribunales penales de juicio se constituirán

con uno solo de sus miembros, para conocer:

1.- Del recurso de apelación contra las resoluciones del juez penal.

2.- De los conflictos de competencia surgidos entre juzgados penales

de su circunscripción territorial.

3.- De las recusaciones rechazadas y de los conflictos surgidos por

inhibitorias de los jueces penales.

4.- De los juicios por delitos sancionados con penas no privativas de

libertad o hasta con un máximo de cinco años de prisión, salvo lo

dispuesto en los incisos 2) y 3) del artículo anterior.

5.- De los procesos de extradición.

6.- Del procedimiento abreviado.

7.- De los demás asuntos que la ley establezca.

En los lugares que no sean asiento de un tribunal de juicio, la Corte

podrá disponer el funcionamiento de otras oficinas adscritas a ese

tribunal; estas serán atendidas por el número de jueces necesario, con

base en la obligada eficiencia del servicio.

Los jueces de la sede principal y de las oficinas adscritas, podrán

sustituirse recíprocamente."

ARTÍCULO 10.- Reformas del título IV

Refórmanse enunciados de los artículos 95, 97, 98, 99 y 100 del

Título IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial, No. 8, de 29 de noviembre

de 1937 y sus reformas, para que donde dice "superiores", se lea

correctamente "colegiados". Refórmase además, la denominación del capítulo

IV, del mismo Título IV , para que en adelante se lea "De los tribunales

de trabajo de menor cuantía".

CAPÍTULO II

REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO

ARTÍCULO 11.- Modifícase la Ley Orgánica del Ministerio Público, No.

7442, de 25 de octubre de 1994 cuyo texto dirá:

"LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Principios y ubicación. El Ministerio Público es un

órgano del Poder Judicial y ejerce sus funciones en el ámbito de la

justicia penal, por medio de sus representantes, conforme a los principios

de unidad de actuaciones y dependencia jerárquica, con sujeción a lo

dispuesto por la Constitución Política y las leyes.

Artículo 2.- Funciones. El Ministerio Público tiene la función de

requerir ante los tribunales penales la aplicación de la ley, mediante el

ejercicio de la acción penal y la realización de la investigación

preparatoria en los delitos de acción pública.

No obstante, cuando la ley lo faculte, previa autorización del

superior, el representante del Ministerio Público podrá solicitar que se

prescinda, total o parcialmente, de la persecución penal, que se limite a

alguna o varias infracciones o a alguna de las personas que participaron

en el hecho.

Deberá intervenir en el procedimiento de ejecución penal, en la

defensa civil de la víctima cuando corresponda y asumir las demás

funciones que la ley le asigne.

Artículo 3.- Independencia funcional. El Ministerio Público tendrá

completa independencia funcional en el ejercicio de sus facultades y

atribuciones legales y reglamentarias y, en consecuencia, no podrá ser

impelido ni coartado por ninguna otra autoridad, con excepción de los

Tribunales de Justicia en el ámbito de su competencia.

Artículo 4.- Dirección de la Policía Judicial. El Fiscal General

podrá requerir informes de la Dirección General del Organismo de

Investigación Judicial cuando exista lentitud o deficiencias en algún

departamento o sección del Organismo de Investigación Judicial. En estos

casos, cuando lo estime conveniente, el Fiscal General podrá establecer

las directrices y prioridades que deben seguirse en la investigación de

los hechos delictivos.

Existirá una comisión permanente, integrada por el Fiscal General de

la República, el Director del Organismo de Investigación Judicial y dos

funcionarios más de cada uno de estos entes, designados por sus

respectivos jerarcas, con la finalidad de coordinar funciones y evaluar,

periódicamente, la labor. Dicha comisión la presidirá el Fiscal General.

Además de lo anterior, el Fiscal General de la República, el Director

del Organismo de Investigación Judicial, y los directores de las policías

administrativas, se reunirán periódicamente para coordinar estrategias y

políticas por seguir en la investigación de los delitos.

Artículo 5.- Publicidad. El Ministerio Público no podrá dar

información que atente contra el secreto de las investigaciones o que,

innecesariamente, pueda lesionar los derechos de la personalidad. Sin

embargo, sus funcionarios podrán, extrajudicialmente, dar opiniones de

carácter general y doctrinario acerca de los asuntos en que intervengan.

Artículo 6.- Visita a cárceles. Los funcionarios del Ministerio

Público, en defensa de la legalidad penal, entre otras actuaciones, podrán

visitar los centros o establecimientos de detención -penitenciarios o de

internamiento de cualquier clase- examinar los expedientes de los internos

y recabar cuanta información estimen conveniente.

Artículo 7.- Competencia Territorial. En el ejercicio de sus

funciones, los representantes del Ministerio Público actuarán en cualquier

lugar del territorio nacional.

Corresponderá al Fiscal General, o al superior designado al efecto,

establecer el territorio en que los fiscales ejercerán sus funciones, lo

que podrá ser variado mediante resolución motivada por razones de mejor

servicio público.

Si se produjeren conflictos sobre la distribución de trabajo serán

resueltos por el superior.

En el ejercicio de sus funciones los representantes del Ministerio

Público podrán actuar fuera de horas o días hábiles.

Artículo 8.- Formalidad de actuaciones. Los representantes del

Ministerio Público formularán, motivada o específicamente, sus

requerimientos, dictámenes y conclusiones; procederán oralmente en los

debates y vistas y, por escrito en los demás casos, todo de conformidad

con lo dispuesto en el Código de Procedimientos Penales.

Artículo 9.- Citación de personas. En asuntos sometidos a su

intervención, los representantes del Ministerio Público podrán citar u

ordenar la presentación de cualquier persona, siempre que sea procedente.

Artículo 10.- Responsabilidades. Los funcionarios del Ministerio

Público serán responsables penal y civilmente por sus actuaciones.

Artículo 11.- Cauciones. El Fiscal General deberá rendir caución por

el monto de catorce salarios base, según la regla establecida en la Ley

Orgánica del Poder Judicial. El resto de los fiscales rendirán caución por

el monto fijado para los jueces de Tribunal Colegiado.

CAPÍTULO II

DE LA UNIDAD Y DEPENDENCIA JERÁRQUICA

Artículo 12.- Sede. El Ministerio Público es único para toda la

República. La sede de la Fiscalía General se ubica en la capital.

Artículo 13.- Jerarquía e instrucciones. El Fiscal General de la

República es el Jefe Superior del Ministerio Público y su representante en

todo el territorio nacional. Este deberá dar a sus subordinados las

instrucciones generales o especiales sobre la interpretación y la

aplicación de las leyes, a efecto de crear y mantener la unidad de acción

e interpretación de las leyes en el Ministerio Público.

Las instrucciones deberán impartirse, regularmente, en forma escrita

y transmitirse por cualquier vía de comunicación, inclusive por teletipo.

En caso de peligro por demora, las instrucciones podrán ser impartidas

verbalmente y confirmadas por escrito inmediatamente después.

Artículo 14.- Principio de jerarquía. Los fiscales deberán acatar las

orientaciones generales e instrucciones que el superior jerárquico imparta

sobre sus funciones.

En los debates y las audiencias orales, el fiscal actuará y concluirá

conforme a su criterio. Sin embargo, observará las instrucciones generales

impartidas por el superior, sin perjuicio de que este último lo sustituya,

si lo considera necesario.

Artículo 15.- Representación y sustitución. Los funcionarios del

Ministerio Público actuarán siempre por delegación y bajo la dependencia

del Fiscal General.

Artículo 16.- Intervención válida. Para intervenir válidamente, a los

miembros del Ministerio Público les bastará comparecer ante los tribunales

de justicia, instituciones u organismos públicos o privados, en los cuales

deban ejercer actos propios de su cargo.

Artículo 17.- Desistimiento. El Ministerio Público, mediante dictamen

fundado, tendrá facultad para desistir de sus recursos, excepciones,

incidentes o articulaciones, aun si los hubiere interpuesto con

representantes de grado inferior.

Artículo 18.- Enmienda. El superior jerárquico podrá enmendar,

mediante dictamen fundado y con indicación del error o errores cometidos,

los pronunciamientos o solicitudes del inferior, mientras no se haya

dictado la resolución correspondiente.

Igualmente, una vez dictadas estas resoluciones o cualesquiera otras,

dicho superior podrá ordenar a otro representante del Ministerio Público

la interposición de los recursos que la ley autoriza, o que se haga cargo

de la continuación del procedimiento.

Artículo 19.- Reconsideración. Contra las órdenes e instrucciones del

superior jerárquico, solamente procederá su reconsideración, cuando quien

las reciba le haga saber a aquel, mediante escrito fundado, que las estima

contrarias a la ley o improcedentes, por el motivo o motivos que aducirá.

El superior podrá ratificarlas, modificarlas o revocarlas, según lo

estime procedente.

La ratificación se dictará, de manera razonada, con expresa

liberación para el subordinado de las responsabilidades que se originen de

su cumplimiento. En esta situación, el superior podrá delegar el caso en

otro funcionario.

CAPÍTULO III

DE LA ORGANIZACIÓN

Artículo 20.- Órganos. Son órganos del Ministerio Público:

a) El Fiscal General de la República

b) Los fiscales adjuntos

c) Los fiscales

d) Los fiscales auxiliares

Artículo 21.- Estructura básica. El Ministerio Público se organizará

en fiscalías adjuntas, que actuarán en un determinado territorio o por

especialización, según se requiera para un buen servicio público. Serán

creadas por la Corte Plena a propuesta del Fiscal General y podrán ser

permanentes o temporales.

A las fiscalías adjuntas se adscribirán las fiscalías y las fiscalías

auxiliares necesarias, según la actividad o el territorio en que deban

cumplir sus funciones.

Estas oficinas tendrán el personal de apoyo indispensable para

desempeñar, adecuadamente, su función.

Artículo 22.- Órgano asesor. El Consejo Fiscal del Ministerio Público

será el órgano asesor del Fiscal General de la República. Sesionará por lo

menos una vez cada seis meses o cuando lo convoque el Fiscal General.

Estará integrado por los siguientes fiscales:

a) El Fiscal General de la República, quien lo presidirá, por sí o

por delegación.

b) Los fiscales adjuntos.

A ese Consejo le corresponderá colaborar con el Fiscal General, en la

definición de la política que deba seguir el Ministerio Público y la

Policía Judicial, en cuanto a la investigación y persecución penales y en

los asuntos que el Fiscal General le someta.

Otorgará, además, distinciones honoríficas por desempeño

sobresaliente en el cumplimiento de labores.

CAPÍTULO IV

DEL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA

Artículo 23.- Requisitos para su nombramiento. El Fiscal General de

la República será nombrado por mayoría absoluta de la totalidad de

integrantes de la Corte Plena, por períodos de cuatro años. Podrá ser

reelegido por períodos iguales.

Este Fiscal deberá reunir los mismos requisitos que se exigen para

ser magistrado y rendirá juramento ante la Corte Plena. Su remuneración no

podrá ser inferior a la de juez de casación penal.

Quien haya sido nombrado y ocupe en propiedad algún cargo en la

Administración Pública, se suspenderá en el ejercicio de este último;

pero, conservará el derecho de reintegrarse a ese puesto, con el salario

que corresponda a tal cargo, una vez que termine en sus funciones como

Fiscal General. Todo ello, siempre que no haya vencido el período para el

que fue nombrado en ese otro puesto, no haya sido reelegido en él, o no

hubiere sido despedido.

Artículo 24.- Régimen disciplinario y detención. Para aplicar

sanciones al Fiscal General se seguirá el procedimiento establecido en la

Ley Orgánica del Poder Judicial, pero la revocatoria del nombramiento

requerirá el voto de las dos terceras partes del total de miembros de la

Corte Plena.

El Fiscal General de la República no gozará del privilegio

constitucional. Sin embargo, sólo podrá ser detenido por orden del juez,

en virtud de auto de apertura a juicio firme dictado en su contra o por

haber sido sorprendido en flagrante delito.

Artículo 25.- Deberes y atribuciones. Son deberes y atribuciones del

Fiscal General:

a) Determinar la política general del Ministerio Público y los

criterios para el ejercicio de la acción penal.

b) Establecer la política general y las prioridades que deben

orientar la investigación de los hechos delictivos.

c) Impartir instrucciones, de carácter general o particular, respecto

del servicio y ejercicio de las funciones del Ministerio Público y de los

funcionarios y servidores a su cargo.

d) Integrar equipos conjuntos de fiscales y policía judicial para la

investigación de casos específicos o, en general, para combatir formas de

delincuencia particulares; en tales casos las autoridades policiales no

podrán ser separadas sin la expresa aprobación del representante del

Ministerio Público.

e) Establecer la organización del Ministerio Público por medio de

fiscalías territoriales o especializadas, permanentes o temporales.

f) Ejercer la administración y disciplina del Ministerio Público.

g) Efectuar y revocar nombramientos, ascensos, permutas y traslados

de los fiscales y aceptar sus renuncias.

h) Conceder licencias sin goce de sueldo hasta por un año; los jefes

de oficina también podrán otorgar dichas licencias por lapsos máximos de

una semana.

i) Presentar ante la Corte Plena una memoria anual sobre el trabajo

realizado, que incluya las políticas de persecución penal e instrucciones

generales establecidas, la previsión de recursos, las propuestas jurídicas

y cualquier otro tema que el Fiscal General estime conveniente. Dicha

memoria deberá ser presentada por lo menos, un mes antes de la

inauguración del año judicial.

j) Practicar, personalmente, la investigación inicial y solicitar lo

que corresponda, intervenir en los juicios, así como asumir todas las

funciones que corresponden al Ministerio Público, en los procesos penales

seguidos contra los miembros de los Supremos Poderes y funcionarios

equiparados. En estos casos podrá hacerse acompañar de un fiscal.

k) Asumir, personalmente, cuando lo estime oportuno, las funciones

que la ley le otorga al Ministerio Público.

l) Representar al Ministerio Público en audiencias orales ante la

Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, sin perjuicio de

delegar, en forma parcial y por razones motivadas, esa función en sus

subalternos.

m) Las demás que las leyes y el reglamento de la presente ley le

atribuyan.

Artículo 26.- Sustitución. En las ausencias temporales y en las

definitivas, mientras no se produzca el nombramiento del propietario, así

como en los casos de excusa o recusación, el Fiscal General de la

República será sustituido por el Fiscal Adjunto que designe la Corte

Suprema de Justicia, de una terna de suplentes que cada año enviará el

Fiscal General.

CAPÍTULO V

DE LOS FISCALES ADJUNTOS, FISCALES Y FISCALES AUXILIARES

Artículo 27.- Del ingreso y del ascenso. Corresponde al Fiscal

General el nombramiento por nómina de los fiscales adjuntos, fiscales y

fiscales auxiliares, los cuales deberán ser mayores de edad,

costarricenses, de reconocida solvencia moral, poseer idoneidad para el

puesto y el título de abogado.

De existir línea de ascenso se podrá autorizar la promoción de un

servidor a un puesto de grado superior sin necesidad de concurso.

Para ingresar al Ministerio Público se procurará cumplir con el

programa de ingreso que reglamentará la Corte, a propuesta del Fiscal

General y de la Escuela Judicial. Este programa podrá desarrollarse con

instituciones públicas o privadas.

Para ser nombrado en propiedad como Fiscal Adjunto se requerirá un

mínimo de dos años de experiencia efectiva como fiscal; para ser nombrado

fiscal se requerirá una experiencia efectiva de un año como fiscal

auxiliar.

Artículo 28.- Del régimen disciplinario. Los funcionarios y empleados

del Ministerio Público estarán sometidos al régimen disciplinario y

laboral que establece la ley Orgánica del Poder Judicial.

Sin embargo, corresponde al Fiscal General conocer del recurso de

apelación de la resolución del Tribunal de la Inspección Judicial que

revoque el nombramiento a un fiscal adjunto, fiscal o fiscal auxiliar.

Artículo 29.- Funciones generales. Los fiscales adjuntos, fiscales y

fiscales auxiliares actuarán en representación del Ministerio Público en

todas las fases del procedimiento penal. En los casos de su conocimiento

podrán actuar en todo el territorio nacional, sin perjuicio del auxilio

mutuo que deben prestarse.

Estos funcionarios podrán actuar en forma conjunta y en coordinación

con los órganos fiscalizadores de las instituciones públicas cuando estas

realicen investigaciones de interés público y haya sospecha de la comisión

de delitos.

El fiscal a cargo de la investigación de un delito debe identificar

y reunir los elementos de convicción de forma que permita el control del

superior, la defensa, la víctima, el querellante, las partes civiles y del

juez.

Artículo 30.- Funciones específicas. Corresponde al fiscal adjunto

dirigir y coordinar la fiscalía adjunta que se establezca ya sea

territorial o especializada. De él dependerán los fiscales y fiscales

auxiliares adscritos a la fiscalía.

En especial el fiscal adjunto distribuirá las labores y los casos

entre los funcionarios a su cargo, siguiendo las directrices del Fiscal

General.

Corresponde al fiscal asumir, personalmente, las labores de

investigación y el ejercicio de las acciones que correspondan al

Ministerio Público. De ellos dependerán directamente los fiscales

auxiliares que se le adscriban, según la distribución de trabajo que

disponga el Fiscal General.

Los fiscales auxiliares actuarán en las etapas preparatoria e

intermedia, sin perjuicio de participar excepcionalmente en las fases

sucesivas del procedimiento.

Artículo 31.- Fiscalías especializadas. Las fiscalías especializadas

intervendrán, en todo o en parte, en las etapas del proceso penal, con las

mismas facultades y obligaciones de las fiscalías adjuntas territoriales,

en actuación separada o en colaboración con estas.

Artículo 32.- Unidades especializadas. El Fiscal General podrá crear

unidades especializadas que actuarán, temporalmente, en parte o en todo el

territorio nacional, en forma conjunta o separada con las fiscalías de la

circunscripción correspondiente.

Dichas unidades podrán ser designadas en relación con uno o varios

casos, o para funciones específicas.

A estas unidades podrán adscribirse los investigadores policiales que

designe el Fiscal General.

CAPÍTULO VI

DE LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL DE LAS VÍCTIMAS

Artículo 33.- Funciones. La oficina de defensa civil de las víctimas

estará adscrita al Ministerio Público y a cargo de un abogado con

categoría de fiscal adjunto. Además de ejercer la acción civil

resarcitoria, este abogado, velará en general por el respeto de los

derechos de las víctimas, derivados de delitos de acción pública, para lo

que podrá ejercer las actuaciones y gestiones que resulten necesarias,

inclusive fuera del proceso penal.

Artículo 34.- Asistencia legal. El Ministerio Público proveerá a la

víctima que le delegue el ejercicio de la acción civil resarcitoria, un

profesional en derecho. Esta función puede ser asumida, directamente, por

un abogado de la oficina de defensa civil a las víctimas, o por cualquiera

de los representantes del Ministerio Público en el territorio nacional,

según la distribución de trabajo que apruebe el Fiscal General.

La autoridad que tramite la causa le advertirá al asistido que, si se

demuestra que tiene solvencia económica, deberá designar un abogado

particular, o bien pagar al Poder Judicial los servicios del abogado,

según la fijación que hará el juzgador.

Artículo 35.- Cobro de honorarios y costas. Cuando corresponda el

jefe de la oficina de defensa civil de las víctimas o quien este designe,

gestionará ante la autoridad correspondiente la fijación y el cobro de los

honorarios por los servicios prestados.

Constituirá título ejecutivo, la certificación que se expida sobre el

monto de los honorarios a cargo de la víctima. De oficio, la autoridad que

conoce del proceso, ordenará el embargo bienes del deudor, en cantidad

suficiente para garantizar el pago de los honorarios. El abogado a quien

corresponda hacer las diligencias de cobro, ejercerá todas las acciones

judiciales o extrajudiciales para hacerlo efectivo.

La fijación de honorarios se hará en sentencia o en el momento en que

la víctima decida prescindir de los servicios de la oficina.

Iguales reglas se aplicarán, en lo que corresponda, para el cobro de

costas por honorarios de abogado de la parte actora civil, contra la parte

vencida.

Los ingresos provenientes de lo dispuesto en esta norma, serán

depositados en una cuenta especial destinada al mejoramiento de la oficina

y a la creación de un fondo para satisfacer las necesidades urgentes de

las víctimas de delitos. La Corte Plena establecerá los mecanismos

adecuados para reglamentar y controlar el uso de tales recursos.

CAPÍTULO VII

DEL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO

Artículo 36.- De la organización administrativa. El Ministerio

Público tendrá la organización administrativa necesaria para el buen

desempeño de sus funciones, según disponga la Corte Plena a requerimiento

del Fiscal General.

Artículo 37.- De la unidad administrativa. El Ministerio Público

tendrá una unidad administrativa dirigida por un profesional en Ciencias

Económicas u otra disciplina afín, nombrado por el Fiscal General de la

República, de quien dependerá en forma directa.

Artículo 38.- Funciones del administrador. Corresponde al

administrador realizar las tareas de administración y organización que le

encomiende su superior, así como asesorarlo en los aspectos

administrativos y presupuestarios.

Además de lo indicado, tendrá a su cargo el archivo general, la

organización y supervisión de las unidades o secciones administrativas y

expedirá certificaciones.

Será también el enlace entre la jefatura y los demás órganos,

oficinas y servidores del Ministerio Público.

A su cargo estará la recepción y distribución de documentos y

comunicaciones, así como la atención del público en la sede de la Fiscalía

General.

Artículo 39.- La Unidad de Capacitación y Supervisión. Le corresponde

a la Unidad de Capacitación y Supervisión organizar los programas de

selección, ingreso y capacitación del personal del Ministerio Público, en

coordinación con la Escuela Judicial y el Departamento de Personal en lo

que corresponda.

Los integrantes de esta unidad deberán desplazarse a las distintas

oficinas del Ministerio Público del país, con el fin de verificar el

cumplimiento de las directrices, así como el desempeño de las labores en

general, e impartir las instrucciones técnicas necesarias para un mejor

servicio público.

Esta oficina será dirigida por un funcionario de amplia experiencia,

que tendrá categoría de fiscal adjunto.

CAPÍTULO VIII

DE LAS RECUSACIONES Y EXCUSAS

Artículo 40.- Causales. Los funcionarios del Ministerio Público

deberán excusarse y podrán ser recusados por las mismas causales que

enumera la ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 55 del Código

Procesal Penal, con excepción de los motivos previstos en los incisos f)

y g).

Artículo 41.- Sustituciones. El Fiscal General de la República

dictará las disposiciones generales necesarias para suplir a los fiscales

por motivo de excusa o recusación.

Artículo 42.- Trámite de la excusa. El funcionario del Ministerio

Público que deba excusarse remitirá las actuaciones al funcionario

sustituto, indicando las razones en que funda su excusa. Si este acepta la

excusa continuará con el conocimiento del asunto e informará al superior;

en caso contrario, remitirá los antecedentes al superior inmediato quien

resolverá en definitiva sin trámite alguno.

Artículo 43.- Recusación. Cuando se estime que procede la recusación

de un fiscal, cualquiera de las partes podrá solicitarle, mediante

petición fundada, que se inhiba de conocer el asunto. Si el fiscal la

acoge procederá conforme a lo dispuesto para la excusa.

Si el fiscal no acogiere la recusación inmediatamente, procederá a

remitirla al tribunal en que esté actuando, junto con las razones por las

que no la aceptó. El tribunal, sin mayor trámite, procederá a resolver lo

pertinente. Si el asunto se encuentra en investigación fiscal, la

recusación será presentada ante el tribunal de la etapa preparatoria.

Si el tribunal admitiere la recusación lo comunicará al superior

inmediato del recusado, para que lo sustituya y, si es necesario, proceda

conforme establece el régimen disciplinario.

CAPÍTULO IX

DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 44.- De los recursos. El Poder Judicial proveerá las

necesidades materiales del Ministerio Público; para dicho efecto este le

presentará, a la Comisión de Presupuesto, un anteproyecto de presupuesto

para el ejercicio fiscal siguiente, en el que se garanticen los recursos

necesarios para un eficiente servicio.

Artículo 45.- Normas aplicables. Los funcionarios y empleados del

Ministerio Público gozarán del derecho de estabilidad y solo podrán ser

removidos conforme se establece en el Estatuto de Servicio Judicial, con

la intervención del Fiscal General, que se acuerda en la presente Ley.

Artículo 46.- Sanciones de los jefes de oficina. Los jefes de oficina

también podrán imponer sanciones disciplinarias a sus empleados

subalternos, siempre que no excedan de quince días de suspensión. En el

caso de suspensión cabrá recurso de apelación ante el Fiscal General.

Artículo 47.- Sello e insignias. El Ministerio Público tendrá, para

su uso oficial, sello, medios de identificación, insignias y emblema

propios.

Artículo 48.- Incompatibilidad y beneficios. Los funcionarios y

empleados del Ministerio Público estarán sometidos a las disposiciones

legales en cuanto a incompatibilidades, prohibiciones, beneficios, remune-

raciones y demás normas existentes o que se lleguen a promulgar en el

futuro, aplicables a los servidores judiciales, no previstas expresamente

en esta Ley."

CAPÍTULO III

DISPOSICIONES VARIAS

ARTÍCULO 12.- Reformas de la Ley No. 6593

Modifícase el artículo 5 de la Ley de Creación de la Escuela

Judicial, No. 6593, de 6 de agosto de 1981, cuyo texto dirá:

"Artículo 5.- El Consejo Directivo estará formado por siete miembros,

así: un magistrado, quien lo presidirá, el director de la escuela, dos

jueces, el jefe o en su caso el subjefe de la defensa pública, del

Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial. El

magistrado y los jueces, necesariamente, deberán serlo de diferentes

materias. Todos podrán ser reelegidos en sus cargos."

ARTÍCULO 13.- Reforma de la Ley de Tránsito, No. 7331

Modifícase el artículo 146 de la Ley de Tránsito por las vías

públicas terrestres, No. 7331, de 13 de abril de 1993. El texto dirá:

"Artículo 146.- El conocimiento de las infracciones a esta ley

corresponde a los Juzgados de Tránsito.

La Corte Suprema de Justicia fijará la competencia territorial de

estos juzgados y su ubicación.

En los lugares en que no exista juzgado de tránsito, el conocimiento

de las infracciones de esta materia corresponderá al juzgado

contravencional.

El conocimiento de las apelaciones de las sanciones en esta materia

corresponderá al juez penal del procedimiento preparatorio."

ARTÍCULO 14.- Reformas del Código de Procedimientos Penales

Refórmanse los artículos 409 y 410 del Código de Procedimientos

Penales, Ley No. 5377, de 19 de octubre de 1973, para que en lo sucesivo

y mientras no entre en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, digan:

"Artículo 409.- Prórroga

Si transcurrido el término prefijado no se presentare el

requerimiento, el Agente Fiscal informará enseguida al juez de Instrucción

con indicación de los medios probatorios concretos y la razón por la cual

no han sido recabados y solicitará una prórroga de hasta seis meses como

máximo. El juez podrá fijar un plazo razonable que no excederá de seis

meses y la resolución será irrecurrible. Si la demora fuere injustificada

lo comunicará al Fiscal General.

Artículo 410.- Control jurisdiccional

Cuando se conceda la prórroga prevista en el artículo anterior y el

imputado estuviere detenido, el juez examinará la procedencia de la

detención y dispondrá lo que corresponda.

Negada la prórroga o vencido el nuevo término acordado, el Agente

Fiscal deberá formular el requerimiento o la solicitud que correspondan

según el mérito de los autos."

ARTÍCULO 15.- Refórmanse los artículos 22, 36 y 152 del Código

Procesal Penal de 1996 este último reformado por el artículo 67, de la Ley

de Pensiones Alimentarias, No. 7654 de 19 de diciembre de 1996. Además,

adiciónase un párrafo final al artículo 25 y un segundo párrafo al inciso

j) del artículo 30. Los textos dirán:

"Artículo 22.- Principios de legalidad y oportunidad

El Ministerio Público deberá ejercer la acción penal pública en todos

los casos en que sea procedente, con arreglo a las disposiciones de la

ley.

No obstante, previa autorización del superior jerárquico, el

representante del Ministerio Público podrá solicitar que se prescinda,

total o parcialmente, de la persecución penal, que se limite a alguna o

varias infracciones o a alguna de las personas que participaron en el

hecho, cuando:

a) Se trate de un hecho insignificante, de mínima culpabilidad del

autor o del partícipe o exigua contribución de este, salvo que afecte el

interés público o lo haya cometido un funcionario público en el ejercicio

del cargo o con ocasión de él.

b) Se trate de asuntos de delincuencia organizada, criminalidad

violenta, delitos graves o de tramitación compleja y el imputado colabore

eficazmente con la investigación, brinde información esencial para evitar

que continúe el delito o se perpetren otros, ayude a esclarecer el hecho

investigado u otros conexos o proporcione información útil para probar la

participación de otros imputados, siempre que la conducta del colaborador

sea menos reprochable que los hechos punibles cuya persecución facilita o

cuya continuación evita.

No obstante lo dispuesto en el artículo 300, en los casos previstos

en este inciso, la víctima no será informada de la solicitud para aplicar

el criterio de oportunidad y, si no hubiere querellado no tendrá derecho

de hacerlo con posterioridad, salvo que el Tribunal ordene la reanudación

del procedimiento conforme al artículo siguiente.

c) El imputado haya sufrido, a consecuencia del hecho, daños físicos

o morales graves que tornen desproporcionada la aplicación de una pena, o

cuando concurran los presupuestos bajo los cuales el tribunal está

autorizado para prescindir de la pena.

d) La pena o medida de seguridad que pueda imponerse, por el hecho o

la infracción de cuya persecución se prescinde, carezca de importancia en

consideración a la pena o medida de seguridad impuesta, que se debe

esperar por los restantes hechos o infracciones que se le impuso o se le

impondría en un procedimiento tramitado en el extranjero. En estos últimos

casos, podrá prescindirse de la extradición activa y concederse la pasiva.

La solicitud deberá formularse por escrito ante el tribunal que

resolverá lo correspondiente, según el trámite establecido para la

conclusión del procedimiento preparatorio."

"Artículo 36.- Conciliación. En las faltas o contravenciones, en los

delitos de acción privada, de acción pública a instancia privada y los que

admitan la suspensión condicional de la pena, procederá la conciliación

entre víctima e imputado, en cualquier momento hasta antes de acordarse la

apertura a juicio. También procederá en los asuntos por delitos

sancionados, exclusivamente, con penas no privativas de libertad, siempre

que concurran los demás requisitos exigidos por esta ley.

En esos casos, si las partes no lo han propuesto con anterioridad, en

el momento procesal oportuno, el tribunal procurará que manifiesten cuáles

son las condiciones en que aceptarían conciliarse.

Para facilitar el acuerdo de las partes, el tribunal podrá solicitar

el asesoramiento y el auxilio de personas o entidades especializadas para

procurar acuerdos entre las partes en conflicto, o instar a los

interesados para que designen un amigable componedor. Los conciliadores

deberán guardar secreto sobre lo que conozcan en las deliberaciones y

discusiones de las partes.

Cuando se produzca la conciliación, el tribunal homologará los

acuerdos y declarará extinguida la acción penal. Sin embargo, la extinción

de la acción penal tendrá efectos a partir del momento en que el imputado

cumpla con todas las obligaciones contraídas. Para tal propósito podrá

fijarse un plazo máximo de un año, durante el cual se suspende la

prescripción de la acción penal.

Si el imputado no cumpliere, sin justa causa las obligaciones

pactadas en la conciliación, el procedimiento continuará como si no se

hubiere conciliado.

En caso de incumplimiento por causa justificada, las partes podrán

prorrogar el plazo hasta por seis meses más. Si la víctima no aceptare

prorrogar el plazo, o se extinguiere este sin que el imputado cumpla la

obligación aún por justa causa, el proceso continuará su marcha sin que

puedan aplicarse de nuevo las normas sobre la conciliación.

El tribunal no aprobará la conciliación cuando tenga fundados motivos

para estimar que alguno de los que intervengan no está en condiciones de

igualdad para negociar o ha actuado bajo coacción o amenaza.

No obstante lo dispuesto antes, en los delitos de carácter sexual, en

los cometidos en perjuicio de menores de edad y en las agresiones

domésticas, el tribunal no debe procurar la conciliación entre las partes

ni debe convocar a una audiencia con ese propósito, salvo cuando lo

soliciten en forma expresa la víctima o sus representantes legales."

"Artículo 152.- Nuevo delito. Si durante el procedimiento, el

tribunal conoce de otro delito perseguible, de oficio, remitirá los

antecedentes al Ministerio Público."

"Artículo 25.-

[...]

En los asuntos por delitos sancionados exclusivamente con penas no

privativas de libertad, también procederá la suspensión del procedimiento

a prueba, siempre que concurran los demás requisitos exigidos por esta

ley."

"Artículo 30.-

[...]

j)

[...]

Esta causal solamente se puede aplicar a una persona por una sola

vez. Para ello el Registro Judicial llevará un registro de los

beneficiados con esta norma. Una vez que pasen diez años sin cometer un

hecho delictivo, se cancela el asiento correspondiente."

ARTÍCULO 16.- Creación de Tribunales

Créase el Circuito Judicial de Pococí-Siquirres, compuesto por un

tribunal colegiado mixto y de juicio; un juzgado civil, de trabajo, de

familia y penal juvenil; un juzgado agrario; un juzgado penal en Pococí y

otro en Siquirres; los juzgados de menor cuantía y contravencionales de

Guápiles, Siquirres y Guácimo; así como los despachos necesarios para el

buen servicio público.

ARTÍCULO 17.- Adecuación de funciones

Se modifican todas las leyes anteriores que hagan referencia a la

nomenclatura y a las funciones de los tribunales y de los representantes

del Ministerio Público, para lo cual deberán adecuarse a lo dispuesto en

esta ley y el nuevo Código Procesal Penal.

ARTÍCULO 18.- Informes psicosociales

Cuando sea indispensable un estudio sobre las características

psicológicas, psiquiátricas y sociales, lo mismo que sobre la educación y

antecedentes del imputado, con el fin de resolver alguna cuestión durante

la tramitación del proceso, para la determinación de la pena o para

resolver algún incidente durante la ejecución de la pena, el tribunal

solicitará ese estudio a las autoridades penitenciarias.

ARTÍCULO 19.- Derechos adquiridos

Si una plaza se transformare en otra y el titular de aquella nombrado

en propiedad no reúne algún requisito, la persona adquirirá de pleno

derecho la titularidad de la nueva plaza.

Si una plaza se eliminare, sin que pueda ser transformada en otra, la

persona nombrada en propiedad será reubicada en otra función, procurando

la menor afectación posible, sin que pueda reducírsele el salario, aunque

ello implique mantener diferencias salariales con otros servidores de su

misma categoría.

ARTÍCULO 20.- Nombramientos interinos

La Corte podrá disponer que se suspenda el nombramiento en propiedad

de todos o algunos de los puestos de los servidores en la materia penal,

al menos durante los tres años siguientes a la vigencia del nuevo Código

Procesal Penal, con el fin de facilitar la reorganización de los despachos

judiciales durante ese período, siempre que ello sea indispensable para un

mejor servicio público.

En todo caso, para realizar los nombramientos interinos deberá

preferirse a quienes ya se encuentren calificados como elegibles por los

órganos competentes.

ARTÍCULO 21.- Cambios en la nomenclatura y la estructura

presupuestaria

A propuesta de la Corte, el Poder Ejecutivo mediante decreto podrá

realizar los cambios necesarios para la aplicación del nuevo Código

Procesal Penal, en la nomenclatura de la relación de puestos y la

estructura de las oficinas judiciales que aparecen en el presupuesto

nacional.

CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

ARTÍCULO 23.- Derogación de varios artículos de la Ley Orgánica del

Poder Judicial

Deróganse el inciso 8) del artículo 81, el inciso 2) del artículo

113, los artículos 124, 130, 148 y el Transitorio VI de la Ley Orgánica

del Poder Judicial, No. 8, de 29 de noviembre de 1937.

ARTÍCULO 24.- Derogación de la Ley No. 5711

Derógase la Ley Especial de Jurisdicción de los Tribunales, No. 5711,

de 27 de junio de 1975.

ARTÍCULO 25.- Derogación de dos párrafos del artículo 140 del Código

Procesal Civil

Deróganse los párrafos primero y segundo del artículo 140 del Código

Procesal Civil, Ley No. 7130, de 17 de agosto de 1989.

ARTÍCULO 26.- Derogación de varios artículos del Código Penal

Deróganse los artículos 80, 81, 81 bis, 82, 83 y 88 del Código Penal, Ley

No. 4573, de 4 de mayo de 1970, excepto para los asuntos que deban

continuar tramitándose conforme al Código de Procedimientos Penales de

1973.derecho.

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

TRANSITORIO I.- Cuando entre en vigencia el Código Procesal Penal,

las alcaldías penales se transformarán en juzgados contravencionales y los

juzgados de instrucción en juzgados penales.

Los tribunales superiores penales y los juzgados penales de su

circunscripción territorial que conocen unipersonalmente del juicio según

el Código de Procedimientos Penales, Ley No. 5377, de 19 de octubre de

1973, se transformarán en un solo despacho para cada circunscripción

denominado tribunal de juicio.

TRANSITORIO II.- Cuando en un mismo lugar o dentro de una
circunscripción territorial hubiere varios juzgados de instrucción, la
Corte podrá disponer la integración de uno o varios de ellos en un solo
juzgado penal.
Los despachos judiciales constituidos como alcaldías y juzgados de
instrucción a la vez, como ocurre en San Joaquín de Flores, Puriscal y
Osa, a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal se
dividirán y transformarán en dos tribunales en cada lugar, a saber un
juzgado penal y un juzgado de menor cuantía y contravencional. En
Sarapiquí, la Alcaldía se transformará en dos tribunales: un juzgado penal
y un juzgado de menor cuantía y contravencional.

TRANSITORIO III.- Los procesos que, a la entrada en vigencia del

nuevo Código Procesal Penal, se encuentren con auto o providencia de

elevación a juicio, o con prórroga extraordinaria, aunque no estuvieren

firmes, continuarán tramitándose conforme al Código de Procedimientos

Penales, Ley No. 5377, de 19 de octubre de 1973.

Para conocer de estos asuntos, serán competentes el juez penal del

lugar que actuará como juez de instrucción; así como el tribunal de

juicio, cuyos integrantes actuarán en forma colegiada o individualmente,

según corresponda, de acuerdo con el procedimiento anterior.

Es aplicable a estos asuntos el régimen de prescripción previsto en

el Código Penal, Ley No. 4573, de 4 de mayo de 1970 y las leyes que lo

complementan.

Las apelaciones serán conocidas por uno de los integrantes del

tribunal de juicio.

Del recurso de casación y del procedimiento de revisión contra

sentencias dictadas antes de la vigencia del nuevo Código Procesal Penal

conocerá el Tribunal de Casación, si el delito está sancionado con prisión

hasta de tres años o con pena no privativa de libertad, o la Sala Tercera

en los demás casos. Contra las sentencias dictadas con posterioridad

regirán las nuevas reglas de competencia, aún cuando deba tramitarse

conforme al Código de Procedimientos Penales, Ley No. 5377, de 19 de

octubre de 1973.

        TRANSITORIO IV.- (Durante el primer año de vigencia del nuevo Código Procesal, y) * no obstante encontrarse en la fase de juicio, serán aplicables a los asuntos que deban tramitarse conforme al Código de Procedimientos Penales, Ley No. 5377, de 19 de octubre de 1973, las reglas del nuevo Código Procesal relativas a la conciliación, el procedimiento abreviado, el principio de oportunidad, la suspensión del procedimiento a prueba y la extinción de la acción penal por reparación integral del daño particular o social causado, siempre que estas medidas sean adoptadas antes de que se reciba la declaración del imputado durante el juicio.
        * (La frase escrita entre paréntesis fue anulada por Resolución de la Sala Constitucional Nº 601-99 de las 14:48 horas del 29 de enero de 1999.)

TRANSITORIO V.- Las apelaciones pendientes en los tribunales
superiores penales, al entrar en vigencia el nuevo Código Procesal Penal,
seguirán tramitándose conforme al Código de Procedimientos Penales, Ley
No. 5377, de 19 de octubre de 1973 cuando se trate de asuntos en los que
haya recaído prórroga extraordinaria, auto de elevación de juicio o
sobreseimiento, aunque no estén firmes.
Igual regla se aplicará cuando se encuentre pendiente de resolución
en alzada el auto de prisión preventiva o la excarcelación; pero, en este
último caso una vez resuelta la situación, se adecuarán los procedimientos
al nuevo Código, salvo que se llegare a dictar sobreseimiento, prórroga
extraordinaria o auto de elevación a juicio.
Los demás asuntos que estén pendientes en apelación deberán
trasladarse al despacho de procedencia, para lo que corresponda en

TRANSITORIO VI.- Al entrar en vigencia el Código Procesal Penal, las
Agencias Fiscales y las Fiscalías de Juicio y de Apelaciones, se
transformarán en las nuevas estructuras previstas en esta ley.
Para tal efecto, quienes se desempeñen en propiedad como agentes
fiscales, fiscales auxiliares y el Secretario General, pasarán a ocupar
cargos de fiscales auxiliares; quienes estén nombrados en propiedad como
fiscales de juicio o fiscales de apelaciones serán designados para ocupar
los cargos de fiscales.
El Fiscal General nombrará a quienes se desempeñarán como fiscales
adjuntos y a los que deban ser ascendidos a fiscales, aunque no reúnan el
requisito de antigüedad que exige la nueva ley.

TRANSITORIO VII.- En relación con las causas que deban continuar su
tramitación de conformidad con el Código de Procedimientos Penales, Ley
No. 5377, de 19 de octubre de 1973, las funciones encomendadas al agente
fiscal, al fiscal de juicio y al de apelaciones las podrán realizar el
fiscal auxiliar, el fiscal o el fiscal adjunto a que se refiere esta ley.

TRANSITORIO VIII.- Al entrar en vigencia esta ley, tanto el Fiscal
General como el Fiscal General Adjunto nombrados en propiedad continuarán
desempeñándose en el cargo de manera indefinida.
La plaza del Fiscal General Adjunto se eliminará cuando quede
vacante. Mientras esté en funciones, al Adjunto le corresponde asumir las
labores que el Fiscal General le delegue o le encargue, y deberá sustituir
a este en sus ausencias temporales y en las definitivas, hasta tanto no se
nombre al propietario, así como en los casos de inhibición o recusación.
Cuando no pudiere asumir esta función, se recurrirá a la terna a que se
refiere la Ley Orgánica del Ministerio Público.
El Fiscal General Adjunto no será sustituido en sus ausencias
temporales.
Esta ley rige a partir de la vigencia del nuevo Código Procesal
Penal, excepto la reforma de los artículos 409 y 410 del Código de
Procedimientos Penales, Ley No. 5377, de 19 de octubre de 1973, que rigen
a partir de la publicación de la presente ley.