N° 27464-H-MEIC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y LOS MINISTROS DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO Y DE HACIENDA

    De conformidad con las atribuciones que le conceden los incisos 3) y 18) del artículo 140 de la Constitución Política; el artículo 12, de la Ley N° 4961 del 10 de marzo de 1972 y sus reformas; la ley N° 6826 del 8 de noviembre de 1982 y sus reformas; la Ley N° 6946 del 13 de enero de 1984; el artículo 31 y 36 de la Ley de Tránsito; los artículos 4°, 5, 22, 24, 87, 88 y 111 de la Ley General de Aduanas; y los artículos 6°, 10, 11 y 121 de la Ley General de la Administración Pública; el artículo 41 de la ley 6955 del 24 de febrero de 1984; la ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978; el artículo 26 del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano, ley N° 6986 del 3 de mayo de 1985, la Ley General de Salud, la Ley de Uso Racional de la Energía y la Ley Orgánica del Ambiente.

Considerando:

    1°—Que de conformidad con las resoluciones de la Sala Constitucional N° 508-1-95, del 10 de octubre de 1995 y N° 586-1-95 del 5 de diciembre de 1995, relativas a la importación de vehículos usados, y en relación con los impuestos Selectivo de Consumo y Ventas, y Ley N° 6946, corresponde al Ministerio de Hacienda, emitir las medidas o directrices en relación con las bases de cálculo aplicables para la determinación de los citados tributos.

    2°—Que en los últimos años se han utilizado una serie de mecanismos distorsionantes para introducir vehículos en el país, aspectos que evidentemente inciden en los ingresos fiscales, razones suficientes que obligan al Estado a ordenar el mercado de importación de vehículos.

    3°—Que para efectos de determinar el valor aduanero de los vehículos usados, estos han sido fijados en los últimos años, en un porcentaje mayoritario por el Black Book Used Car Market Guide Monthly, publicación reconocida internacionalmente. De esa guía se ha tomado el precio sugerido por el fabricante, base para aplicar la depreciación de los derechos arancelarios a la importación (DAI), así como el precio de mercado para aplicar los impuestos internos. Por lo anterior, conviene oficializar el uso del "Black Book" para garantizar equidad, igualdad y seguridad jurídica a los importadores, respetando claro está el nivel comercial correspondiente.

    4°—Que en su mayoría los vehículos usados provienen del mercado norteamericano, el cual es sumamente competitivo y no presenta distorsiones, por consiguiente, al haberse estado utilizando el "black book", tradicionalmente, para determinar el valor aduanero, los precios corrientes de los vehículos usados en el mercado costarricense, se rigen por los precios determinados en la citada revista especializada.

    5°—Que, conforme los artículos 46 y 33 de la Constitución Política, los consumidores tienen derecho a recibir información adecuada y veraz, a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos, y a la libertad de elección bajo régimen de igualdad y equidad.

    6°—Que, conforme lo determina el artículo 36 de la Ley de Tránsito, según texto introducido por la ley N° 7721 del 9 de diciembre de 1997, para autorizar la importación de vehículos usados, sus importadores deben presentar los certificados de emisión de gases que esa norma indica, que comprueben el cumplimiento de los requisitos ambientales y energéticos exigidos por ambas leyes.

    7°—Que, según el artículo 111 de la Ley General de Aduanas, la importación definitiva es el ingreso de mercaderías "que cumplan con las formalidades y los requisitos legales, reglamentarios y administrativos para el uso y consumo definitivo", a cuyo efecto los artículos 87 y 88 ídem determinan que los importadores deberán demostrar, mediante los documentos idóneos, el cumplimiento de tales requisitos.

    8°—Que, conforme lo anterior, los vehículos que se importen deben cumplir con todos los requisitos que indica la Ley de Tránsito, y en especial los relativos a dispositivos y medidas de seguridad señalados en el artículo 31 de dicha Ley; así como los correspondientes a la Ley N° 7447, Ley del Uso Racional de la Energía, de tal manera que den mayor protección al consumidor y al medio ambiente.

    9°—Que por lo general la importación de vehículos con varios años de uso y desgaste, con tecnologías más antiguas e ineficientes, incrementan en mayor medida la contaminación ambiental, lo que significa una carga adicional para la economía, porque entre otros aspectos incrementa el gasto en la importación de repuestos y consumo de combustibles y su impacto negativo en el ambiente constituye un problema importante de salud pública.

    10.—Que el Estado Costarricense ha firmado convenios bilaterales o multilaterales de libre comercio con otros países, contemplando en algunas mercancías tarifas para los Derechos de Importación por debajo de las establecidas al amparo del Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano.

    11.—Que de conformidad con el artículo 26 del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano los Gobiernos de los Estados Contratantes tienen la facultad de aplicar unilateralmente modificaciones a los Derechos Arancelarios a la Importación.

    12.—Que el Poder Ejecutivo, en apego a lo dispuesto en el numeral 1. del artículo 226 de la Ley General de Administración Pública, ha tenido que recurrir a un procedimiento especial para citar a las partes afectadas por lo dispuesto en el Capítulo I del presente decreto, a la comparecencia prevista en el inciso 2) del artículo 361 de dicha ley, a efecto de que expongan las razones que estimen conveniente; lo anterior en virtud de la actual paralización del mercado de vehículos, ocasionada por la expectativa de los consumidores respecto de las nuevas regulaciones y, ante la urgencia de publicar esta normativa, a los efectos de evitar detrimento a los intereses del Fisco.

    13.—Que en la comparencia realizada el día 25 de noviembre de 1998, las partes citadas expresaron los criterios sobre el Capítulo I del presente decreto y aportaron las pruebas que estimaron oportunas, las cuales fueron debidamente valoradas y analizadas por el Poder Ejecutivo, llegando a determinar la conveniencia de promulgar el decreto sometido a conocimiento de las partes interesadas.

    14.—Que además se estimó conveniente emitir un solo decreto, que reúna las nuevas disposiciones para desalmacenar vehículos con las modificaciones en las tarifas de los Derechos Arancelarios a la Importación y en el Impuesto Selectivo de Consumo, e incorporarlos en un esquema integral de racionalización de la carga tributaria a los vehículos y sus accesorios. Por tanto,