Texto Completo acta: 9BD56
Nº 33146
Nº 33146
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
Considerando:
1º-Que el artículo 11 de la Constitución Política consagra el principio de la transparencia en el ejercicio de la función pública.
2º-Que la presente Administración observará los más altos valores éticos en sus acciones políticas y en el ejercicio de la función pública, y combatirá decidida y permanentemente la corrupción política y administrativa. El Gobierno tiene como uno de sus objetivos fundamentales asegurar el afán de servicio, la integridad, la rendición de cuentas, la transparencia, la honestidad y la racionalidad.
3º-Que es necesario dictar una directriz que contenga los principios éticos que deberán seguir los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos y que complementen las regulaciones de orden ético emitidas por la Contraloría General de la República en la directriz D-2-2004-CO de 12 de noviembre del 2004, publicada en La Gaceta Nº 228 de 22 de noviembre del mismo año. Por tanto,
DECRETAN:
Artículo 1º-Principios. Los que ejerzan cargos de la función pública deberán comportarse de acuerdo con los siguientes principios:
a) Afán de servicio: Deberán tomar sus decisiones basados únicamente en el interés público. No deberán hacerlo con la intención de obtener un beneficio financiero o material de cualquier tipo para sí mismos, su familia y sus amigos, derivado de las acciones, decisiones o nombramientos realizados en virtud del cargo, o del use de información obtenida en razón de este;
b) Integridad: No deberán situarse en situación de obligación financiera o de cualquier otro tipo frente a cualquier persona u organización que pueda influenciarles en el desempeño de sus deberes oficiales;
c) Objetividad: Al ejecutar sus funciones públicas, incluyendo la realización de nombramientos, el otorgamiento de contratos o la concesión de recomendaciones a personas para la obtención de recompensas y beneficios, deberán tomar sus decisiones de acuerdo con criterios de merito;
d) Rendición de cuentas: Deberán rendir cuentas ante los órganos públicos correspondientes, la prensa, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general por los actos y decisiones realizadas en el ejercicio del cargo, y someterse a cualquier forma de escrutinio que resulte apropiada para su cargo;
e) Transparencia: Deberán ser tan abiertos como sea posible sobre las acciones y decisiones que realicen en ejercicio del cargo. Deberán motivar adecuadamente sus decisiones y restringir la información sobre ellas únicamente cuando el interés público claramente lo demande;
f) Honradez: Deberán declarar públicamente cualquier interés privado relacionado con sus deberes públicos y tomar las medidas necesarias para resolver cualquier conflicto de interés en una forma adecuada para proteger el interés público;
g) Racionalidad: Deberán proteger y conservar los bienes del Estado; debiendo utilizar los que les fueron asignados para el desempeño de sus funciones de manera racional, evitando abusos, derroche o desaprovechamiento;
h) Liderazgo: Deberán promover y apoyar estos principios con su liderazgo y ejemplo personal.
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Artículo 2º-Procedimientos. Con el fin de asegurar la vigencia de los principios enunciados en el artículo anterior, quienes sean designados en funciones ejecutivas y ejerzan cargos dentro del gobierno de la República deberán:
a) Declarar previamente, y por escrito, ante la autoridad competente, cualquier conflicto de interés por razones familiares, afectivas, laborales, profesionales, comerciales o empresariales, que pueda afectarles al tomar o participar en decisiones propias de su cargo;
b) Abstenerse de promulgar, autorizar, suscribir o participar con su voto favorable, en decretos, acuerdos, actos y contratos administrativos que otorguen, en forma directa, beneficios para sí mismo, para su cónyuge, compañero, compañera o conviviente, sus parientes incluso hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad o para las empresas en las que el funcionario público, su cónyuge, compañero, compañera o conviviente, sus parientes incluso hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad posean participación accionaria, ya sea directamente o por intermedio de otras personas jurídicas en cuyo capital social participen o sean apoderados o miembros de algún órgano social.
c) Separarse de su cargo en el evento de que un tribunal penal dicte auto de enjuiciamiento o elevación a juicio en su contra, por la supuesta comisión de cualquiera de los delitos contra los deberes de la función pública, contemplados tanto en el Libro Segundo, Título XV, Secciones I, II, III, IV y V del Código Penal -Ley Nº 4573-, como en el Capítulo V de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública -Ley Nº 8422-. Lo anterior no excluye la aplicación de otras medidas cautelares acordadas por las autoridades administrativas o judiciales competentes.
Ficha articulo
Artículo 3º-Órgano. Con el fin de asegurar la vigencia de los principios y deberes enunciados en este decreto, el Gobierno establecerá órganos competentes, de acuerdo con las siguientes reglas:
a) El Presidente de la República designará una Comisión de Ética, integrada por 3 miembros del más alto nivel, encargada de asesorarle en la tramitación de aquellas denuncias que se presenten contra funcionarios públicos por violación de las prohibiciones contenidas en el artículo 2º de este decreto, y que fueran de su competencia.
b) Cualquier incumplimiento a los deberes y obligaciones establecidos en el presente decreto podrá ser denunciado por cualquier persona ante la Comisión de Ética.
c) La Comisión de Ética trasladará las denuncias a la Procuraduría de la Ética Pública para lo pertinente.
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Artículo 4º-Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación.
Dado en San José, a los veinticuatro días del mes de mayo del dos mil seis.
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Fecha de generación: 26/4/2024 10:30:55
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