Nº 33568

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,

EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO,

EL MINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA,

GOBERNACIÓN Y POLICÍA

Y LA MINISTRA DE JUSTICIA Y GRACIA

Considerando:

1º-Que las disposiciones internacionales de protección de la persona prohíben la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, los cuales constituyen violaciones graves de los derechos humanos. 

2º-Que para combatir este flagelo se ratificó en Costa Rica la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, mediante Ley Nº 7351 del 21 de julio de 1993, publicada en La Gaceta Nº 154 del 13 de agosto de 1993.

3º-Que asimismo, mediante Ley Nº 8459 del 12 de octubre del 2005, se aprobó el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, publicado en La Gaceta Nº 228 del 25 de noviembre del 2005, con el propósito de establecer un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

4º-Que el artículo tercero de dicho Protocolo establece que cada Estado Parte debe comprometerse a designar a nivel nacional un órgano de visitas para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, denominado "el mecanismo nacional de prevención", el cual según dicho Protocolo debe gozar de independencia institucional.

5º-Que de conformidad con la Ley Nº 7319 del 17 de noviembre de 1992, publicada en La Gaceta Nº 237 del 10 de diciembre del mismo año, la Defensoría de los Habitantes es "... el órgano encargado de proteger los derechos y los intereses de los habitantes. Este órgano velará porque el funcionamiento del sector público se ajuste a la moral, la justicia, la Constitución Política, las leyes, los convenios, los tratados, los pactos suscritos por el Gobierno y los principios generales del Derecho. Además, deberá promocional y divulgar los derechos de los habitantes."

6º-Que con base en lo establecido en los artículos 1º, 12 y 24 de la Ley Nº 7319, del 17 de noviembre de 1992, la Defensoría de los Habitantes desde el inicio de sus funciones ha realizado visitas periódicas a los centros en los que se encuentran personas privadas de libertad. 

7º-Que en virtud de lo anterior se ha estimado que la Defensoría de los Habitantes es la institución nacional idónea para asumir la función de "mecanismo nacional de prevención", por lo cual mediante nota Nº DM-042-06 de fecha 22 de febrero del 2006 el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, partiendo de la independencia funcional, administrativa y de criterio de la Defensoría, sometió a su consideración la viabilidad de asumir esta designación mediante decreto ejecutivo. 

8º-Que la Defensoría de los Habitantes, mediante nota Nº PE-102-06 de fecha 28 de marzo del 2006, respondió indicando que estimaba oportuno y pertinente que sea la Defensoría de los Habitantes la que cumpla con el rol dispuesto para el mecanismo nacional. 

9º-Que para una efectiva y eficiente labor de la Defensoría de los Habitantes como mecanismo nacional de prevención, es necesario que se le dote de los recursos necesarios, para lo cual se deberá adoptar las medidas presupuestarias correspondientes. Por tanto,

DECRETAN:

Artículo 1º-Reconocer a la Defensoría de los Habitantes de la República como el mecanismo u órgano nacional encargado de realizar las visitas de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, previstas en el marco del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.