Nº 36966-MTSS-H

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

LA MINISTRA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL,

Y EL MINISTRO DE HACIENDA

En uso de las facultades conferidas por el artículo 140, incisos 3) y 18), y el artículo 146, ambos de la Constitución Política.

Considerando:

1º-Que el Gobierno de la República, ha considerado importante establecer una política salarial que beneficie a las personas trabajadoras del sector público y que esté en concordancia con las políticas económicas y sociales desarrolladas en beneficio de toda la ciudadanía costarricense.

2º-Que es necesario incrementar el salario de las personas trabajadoras del sector público, tomando en cuenta la capacidad fiscal del Estado y las políticas gubernamentales destinadas a propiciar el desarrollo y bienestar del país, coadyuvando en particular con los esfuerzos para el control del incremento del costo de la vida, de forma que la integración de dichas acciones redunde en beneficio de los funcionarios y las funcionarías.

3º-Que en agosto de 2007, en el marco de una situación fiscal excepcionalmente positiva pero con una inflación cercana al 10%, el Gobierno y los Sindicatos alcanzaron un Acuerdo en el que se reconoció como metodología para la fijación salarial del sector público, la inflación acumulada y conocida en el semestre anterior al momento de la fijación.

4º-Que en enero de 2010, se promulgó el Decreto Ejecutivo Nº 35730-MTSS publicado en La Gaceta Nº 28 de 10 de febrero de 2010, que reforma la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, y establece que esta instancia de negociación que se regirá de acuerdo con el ordenamiento jurídico y las posibilidades financieras que imperen en el momento.

5º-Que en el periodo 2006-2010, en un intento por mejorar las condiciones relativas de los trabajadores del Servicio Civil, se incrementaron las remuneraciones del Gobierno Central en 112%, incremento que resultó ser mayor en los otros Poderes del Estado, lo que consecuentemente generó aumentos en las transferencias a instituciones adscritas y a las universidades.

6º-Que la Administración Chinchilla ha venido haciendo esfuerzos para financiar con recursos sanos estos aumentos.

7º-Que si bien las acciones de contención del gasto y lucha contra la evasión desarrolladas por el Gobierno lograron reducir el déficit fiscal de 5.2% de la producción nacional en 2010 a 4.4% en 2011, este logro aún es insuficiente para cubrir adecuadamente el financiamiento sano de los salarios para el 2012, pues se prevé que alrededor de un billón (millón de millones) de colones, se estará financiando con deuda pública.

8º-Que no es conveniente financiar los salarios con deuda pública, porque el aumento de esta causará, como ya está ocurriendo, que las tasas de interés aumenten, lo que dañaría a las personas que tienen deudas y haría más difícil la reactivación económica del país.

9º-Que la política salarial del Gobierno de la administración Chinchilla, ha procurado proteger a los grupos de menores ingresos en un esfuerzo sostenido por reducir las brechas sociales.

10º-Que en vista de las condiciones fiscales adversas, anteriormente señaladas, se hace necesario suspender temporalmente la aplicación del acuerdo del 2007, hasta tanto no se produzca una mejoría en las finanzas públicas.

11º-Que no obstante lo indicado, se ha buscado que el incremento salarial establecido, sumado a los demás componentes salariales del Sector Público, coadyuve a la recuperación del poder adquisitivo del salario total de las personas trabajadoras del sector público.

12º-Que la tasa de inflación acumulada de julio a diciembre del año 2011 fue de 1.90%, por lo que el ajuste que se establece para el salario base, en el presente decreto se traduce en un aumento progresivo ya que constituye un porcentaje más alto para los sectores de salarios más bajos.

Por tanto,

DECRETAN:

Artículo 1°-Se autoriza un aumento general al salario base de todas las categorías del sector público, consistente en ¢ 5.000,00 (cinco mil colones). Se excluye de este aumento a la Presidenta, Vicepresidentes, Ministros, Viceministros y Presidentes Ejecutivos y Gerentes del Sector Descentralizado.