Artículo 2º.- Conocerá también la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa:

a) De lo relativo al cumplimiento, interpretación, resolución y

efectos de los contratos, cualquiera que sea su naturaleza

jurídica, celebrados por el Estado y demás entidades de Derecho

Público, cuando tuvieren por finalidad obras y servicios públicos

de toda especie;

b) De las cuestiones que se susciten sobre la responsabilidad

patrimonial del Estado y demás entidades de la Administración

Pública;

c) De las cuestiones que la Ley Orgánica del Poder Judicial y demás

leyes atribuyen exclusivamente a la vía civil de hacienda; y

d) De toda otra cuestión que la ley le atribuya especialmente.

Artículo 3º.- 1. Para los fines del inciso c) del artículo anterior,

de los juicios atribuidos a la vía civil de hacienda, de acuerdo con la

tramitación de conformidad con la presente ley, y los demás, de acuerdo con

la tramitación señalada en el Código de Procedimientos Civiles o en leyes

especiales.

2. En el procedimiento ordinario será indiferente que la parte estime

el caso como de Derecho Público o Privado, y el Tribunal, de ser necesario,

procederá en la forma prevista en el artículo 24, párrafo 2º.

Artículo 4º.- No corresponderán a la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa:

a) Las cuestiones de índole penal y aquellas otras que, aunque

relacionadas con actos de la Administración Pública, correspondan

a la jurisdicción de trabajo; y

b) Las cuestiones que se susciten sobre los actos de relación entre

los Poderes del Estado o con motivo de las relaciones

internacionales de la República, sin perjuicio de las

indemnizaciones que fueren procedentes, cuya determinación sí

corresponde a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Artículo 5º.-

1. La competencia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se

extenderá al conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales o

incidentales no pertenecientes a la materia, directamente relacionadas con

un juicio contencioso-administrativo, salvo las de carácter penal.

2. L a decisión que pronuncie, no producirá efecto fuera del proceso

en que se dicte, y podrá ser revisada por la jurisdicción correspondiente.

Artículo 6º.-

1. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa es improrrogable.

2. Cuando el Tribunal apreciare de oficio la falta de jurisdicción,

deberá oir previamente a las partes.

3. En todo caso, tal declaración será fundada y se dictará, indicando

siempre la jurisdicción concreta que se estime competente; si la parte

demandante se apersonare ante ella en el plazo de un mes, se entenderá

haberlo efectuado en la fecha en que se inició el plazo para interponer el

juicio contencioso-administrativo, siempre que hubiere planteado éste

siguiendo las indicaciones de la notificación administrativa o ésta fuere

defectuosa.

4. DEROGADO.-

(Derogado por el artículo 11 de la ley No. 3830 del 3 de diciembre 1966 ).

CAPITULO SEGUNDO

Los órganos

SECCION UNICA

Disposiciones Generales

Artículo 7º.- La jurisdicción-Contencioso Administrativa se ejercerá

por los siguientes órganos:

a) Juzgados de lo Contencioso Administrativo y Civil de

Hacienda;

b) Salas Civiles de la Corte Suprema de Justicia y Tribunales

Superiores; y

c) Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia.

( Así reformado por el artículo 9º de la ley No. 4957 del 16 de

febrero de 1972 ).

( Tácitamente reformado por Ley Nº 7269 de 10 de diciembre de 1991 y

artículo 54 de la Ley Nº 7333 de 5 de mayo de 1993).

Artículo 8º.- Además de lo previsto al respecto en la Ley Orgánica del

Poder Judicial, los Jueces de lo contencioso-administrativo estarán sujetos

a lo siguiente:

a) Será motivo de impedimento el haber dictado el acto o disposición

impugnados o haber contribuido a dictarlos; y

b) Podrán ser recusados cuando tengan parentesco, dentro del cuarto

grado de consanguinidad o segundo de afinidad, con las autoridades

superiores de la jerarquía administrativa autora del acto sometido

a su conocimiento y decisión; o cuando se encuentren en relación

con la Autoridad o con los funcionarios que hubieren dictado el

acto o informado respecto del mismo, en alguna de las

circunstancias mencionadas en la Ley Orgánica del Poder Judicial,

respecto de los litigantes.

TITULO SEGUNDO

Las Partes

CAPITULO PRIMERO

Capacidad Procesal

Artículo 9º.- Tendrán capacidad procesal, ante la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa:

a) Las personas que la ostenten con arreglo a la legislación civil; y

b) La Contraloría General de la República, para los fines de lo

dispuesto en el artículo 11, párrafo 2º, inciso b).

Artículo 11.- 1. Se considerará parte demandada:

a) A la entidad autora del acto o la disposición a que se refiere el

juicio, salvo que se trate de actuación del Poder Ejecutivo, de sus

órganos o la de los otros Poderes en función administrativa, caso en el

cual se demandará al Estado;

b) A las personas en cuyo favor se deriven derechos del propio acto

o disposición impugnados.

2. Para los efectos de los dispuesto en el inciso a) del párrafo

anterior, cuando una Entidad dictare algún acto o disposición, que no quede

firme sin previo control, autorización, aprobación o conocimiento -de

oficio o a instancia de parte-, de la Administración estatal o de otra

Entidad administrativa, se entenderá por parte demandada:

a) El Estado o la Entidad que dictó el acto o disposición

fiscalizados, si el resultado de la fiscalización ha sido

aprobatorio;

b) La Entidad fiscalizada y la que ha ejercido la fiscalización, si

ésta no ha aprobado el acto o la disposición impugnados, salvo que

ambos órganos fueren parte del Poder Ejecutivo, en cuyo caso se

demandará al Estado; o que la fiscalización desaprobatoria la haya

ejercido la Contraloría General de la República, caso en que

regirá el inciso a) de este párrafo, sin perjuicio de que la

Contraloría pueda intervenir como coadyuvante.

Artículo 12.- 1. Podrá intervenir en el proceso, como parte

coadyuvante del demandado, cualquier persona que tuviere interés directo en

el mantenimiento del acto o de la disposición que motiva la acción

contencioso-administrativa.

2. También podrá intervenir como coadyuvante de la Administración que

demandare la anulación de sus propios actos, quien tuviere interés directo

en dicha pretensión.

3. La oposición a la intervención del coadyuvante, se tramitará por

la vía incidental, dentro de los tres días posteriores a la notificación

del apersonamiento respectivo.

Artículo 13.- 1. Cuando la legitimación de las partes derivare de

alguna relación jurídica trasmisible, el causahabiente podrá suceder, en

cualquier estado del proceso, a la persona que inicialmente hubiese actuado

como parte.

2. Si en curso una reclamación, en vía administrativa o

jurisdiccional, se transfiere, por disposición legal, la competencia o

atribución respectiva a otra Entidad con personería jurídica propia, la

pretensión se continuará con el órgano sustituto, al que se le remitará el

expediente administrativo o contra el que se tendrá por enderezada la

demanda, de oficio o a gestión de parte.

Artículo 14.- Los Colegios Profesionales, Sindicatos, Cámaras,

Cooperativas, Asociaciones y demás entidades constituidas legalmente para

velar por intereses profesionales o económicos determinados, estarán

legitimados como parte, en defensa de estos intereses o derechos.

CAPITULO TERCERO

Representación y Defensa de las Partes

Artículo 15.- 1. La representación y defensa de la Administración del

Estado, ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, corresponderá a la

Procuraduría General de la República.

2. Los funcionarios de la Procuraduría General de la República no

podrán allanarse a las demandas dirigidas contra la Administración estatal,

sin estar autorizados para ello por el Consejo de Gobierno, o, en su caso,

por el respectivo Poder o Entidad.

3. Sin embargo, si estimaren que el acto impugnado no se ajusta a

Derecho, lo harán saber, en comunicación razonada, al Ministro o al

Superior de que depende el órgano autor del acto, para que acuerde lo que

estime procedente, en cuyo caso podrán solicitar la suspensión del proceso

por el plazo de un mes.

Artículo 16.- La representación y defensa de las Entidades

descentralizadas, o de los particulares, se regirá por las respectivas

leyes orgánicas o por la legislación común, en su caso.

Artículo 17.- 1. Las personas que actúen como demandados en virtud de

lo dispuesto en el párrafo 1, inciso b), del artículo 11, o como

coadyuvantes, con excepción de la Contraloría General de la República,

deberán litigar unidos y bajo una misma representación y dirección, siempre

que sus posiciones no sean contradictorias.

2. Si en el plazo que se les concediere no se pusieran de acuerdo

para ello, el Tribunal resolverá lo que estime procedente.

TITULO TERCERO

Objeto del Juicio

CAPITULO PRIMERO

Actos Impugnables

Artículo 18.- 1. La acción será admisible en relación con las disposiciones y actos de la Administración, * ya sean definitivos o de trámite; y en cuanto a estos últimos, si deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, de tal modo que pongan término a aquella vía o hagan imposible o suspendan su continuación.
(La Sala Constitucional mediante resolución N° 03669-2006, dispuso anular del párrafo anterior la frase cuyo texto disponía: "que no sean susceptibles de ulterior recurso en vía administrativa", por considerarla inconstitucional.)

2. La impugnación de las disposiciones de carácter general se regirá por lo previsto en el artículo 20.

Artículo 19.- 1. Cuando se formulare alguna petición ante la

Administración Pública y ésta no notificare su decisión en el plazo de dos

meses, el interesado podrá considerar desestimada su instancia, al efecto

de formular, frente a esta denegación presunta, el correspondiente reclamo

administrativo o jurisdiccional, según proceda, o esperar la resolución

expresa de su petición.

2. En todo caso, la denegación presunta no excluirá el deber de la

Administración de dictar una resolución expresa debidamete fundada, dentro

del plazo de un año señalado en el párrafo 2 del artículo 37.

Artículo 20.- 1. Las disposiciones de carácter general de la

Administración del Estado, Municipalidades, Instituciones Autónomas y demás

Entidades Públicas, podrán ser impugnadas directamente, por ilegalidad,

ante la jurisdicción contencioso-administrativa, una vez aprobadas

definitivamente en vía administrativa.

2. Podrán serlo, igualmente, por razones de constitucionalidad, las

leyes y demás disposiciones normativas y los actos de la Administración

Pública, para los efectos de la correspondiente acción de

inconstitucionalidad.

( Así reformado por el artículo 112.b de la ley No. 7135 del 11 de octubre

de 1989 ). 

(NOTA: Ver observaciones a la ley.)

3. También será admisible la impugnación de los actos de aplicación

específica de las disposiciones generales, fundada en que éstas no son

conformes a Derecho.

4. La falta de impugnación directa de una disposición o la

desestimación de la acción que frente a ella se hubiere interpuesto, no

impedirán la impugnación de los actos de aplicación individual, fundada en

el supuesto previsto en el párrafo anterior.

Artículo 21.- 1. No se admitirá la acción contencioso-administrativas respecto de:

a) Los actos consentidos expresamente *, los que sean reproducción de otros anteriores ya definitivos o firmes, y los confirmatorios de los consentidos; y
*(La Sala Constitucional mediante resolución N° 03669-2006, dispuso anular de este inciso la frase cuyo texto decía "o por no haber sido recurridos en tiempo y forma", por considerarla inconstitucional.)

b) Las resoluciones que pongan término a la vía administrativa como previa a la judicial.

2. En todo caso, se admitirá la impugnación contra los actos a que se refiere el inciso a) del párrafo anterior, cuando fueren nulos de pleno derecho y estén surtiendo efectos; pero ello únicamente para fines de su anulación e inaplicabilidad futura.

CAPITULO SEGUNDO

Pretensiones de las Partes

Artículo 22.- El demandante podrá pretender la declaración de no ser

conformes a Derecho y, en su caso, la anulación de los actos y de las

disposiciones susceptibles de impugnación, según el Capítulo anterior.

Artículo 23.- La parte demandante, a que se refiere el artículo 10,

párrafo 3, podrá pretender, además de lo previsto en el artículo que

antecede, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la

adopción de las medidas necesarias para el pleno restablecimiento de la

misma, entre ellas la indemnización de los daños y prejuicios, cuando

proceda.

Artículo 24.- 1. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa juzgará

dentro de los límites de las pretensiones formuladas por las partes y de

las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y la oposición.

2. No obstante, si el Tribunal al dictar sentencia estimare que la

cuestión sometida a su conocimiento pudiera no haber sido apreciada

debidamente por las partes, por existir en apariencia otros motivos

susceptibles de fundar la acción o la defensa, los someterá a aquéllas

mediante providencia en la que, advirtiendo que no prejuzga el fallo

definitvo, los expondrá y concederá a los interesados un plazo de ocho días

para que formulen las alegaciones que estimen oportunas, con suspensión del

plazo para pronunciar el fallo.

CAPITULO TERCERO

Acumulación

Artículo 25.- 1. Serán acumulables en un proceso las pretensiones que

no sean incompatibles entre sí y que se deduzcan en relación con un mismo

acto o disposición.

2. Lo serán igualmente las que se refieran a varios actos o

disposiciones, cuando unos sean reproducción, confirmación o ejecución de

otros o exista entre ellos cualquier conexión directa.

Artículo 26.- 1. El actor podrá acumular en su demanda cuantas

pretensiones reúnan los requisitos señalados en el artículo anterior.

2. Si el Tribunal no estimare pertinente la acumulación, ordenará a

la parte cuáles acciones debe interponer por separado, concediéndole un

plazo de un mes para que lo haga; y si la parte no lo efectuare, se tendrá

por caduca aquella acción respecto de la cual no se hubiere dado

cumplimiento a lo ordenado.

Artículo 27.- 1. Si antes de formalizarse la demanda, se dictare algún

acto o disposición que guardare la relación a que se refiere el artículo

25, con el que está siendo objeto de ella, el demandante podrá solicitar el

ampliación de la acción al nuevo acto administrativo o disposición dentro

del plazo que señala el artículo 37.

2. Solicitada la ampliación, se suspenderá el trámite del proceso en

tanto no se publiquen, respecto de ella, los anuncios que preceptúa el

artículo 39 y se remita al Tribunal el expediente administrativo a que se

refiere el nuevo acto o disposición.

3. Interpuestos varios procesos contencioso-administrativos con

ocasión de actos o disposiciones en los que concurra alguna de las

circunstancias señaladas en el artículo 25, el Tribunal podrá, en cualquier

momento y previa audiencia de las partes, decretar la acumulación, de

oficio o a instancia de alguna de ellas.

CAPITULO CUARTO

Cuantía de la acción

Artículo 28.- 1. La cuantía de la acción contencioso-administrativa

se fijará en el escrito de interposición.

2. Cuando así no se hiciere, el Tribunal, de oficio o a instancia de

parte, requerirá al demandante para que la fije, concediéndole al efecto un

plazo no mayor de cinco días, transcurrido el cual, sin haberlo realizado,

se estará a la que fije el Tribunal, previa audiencia del demandado.

3. Si el demandado no estuviere de acuerdo con la cuantía fijada por

el demandante, lo expondrá por escrito al Tribunal, dentro del término y

en la forma que prevé el Código de Procedimientos Civiles.

Artículo 29.- 1. La cuantía de la acción contencioso-administrativa

será determinada por el valor de la pretensión objeto de la misma.

2. Cuando existan varios demandantes, se atenderá al valor de la

pretensión deducida por cada uno de ellos y no a la suma de todos.

3. En los supuestos de acumulación, la cuantía será determinada por

la suma del valor de las pretensiones objeto de aquélla; pero no conferirá

a las de cuantía inferior a diez mil colones el recurso de casación.

Artículo 30.- 1. Para fijar el valor de la pretensión, se tendrán en

cuenta las normas de la legislación procesal civil, con las especialidades

siguientes:

a) Cuando se solicite solamente la anulación del acto, se atenderá al

contenido económico del mismo, para lo cual se tendrán en cuenta

el débito principal y los intereses al día de interposición, pero

no los recargos, las costas ni otra clase de responsabilidad; y

b) Cuando el demandante solicite, además de la anulación, el

reconocimiento de una situación jurídica individualizada, la

cuantía se determinará:

I.-Por el valor íntegro del objeto del reclamo, si la

Administración hubiere denegado totalmente, en vía administrativa,

las pretensiones del demandante; y

II.-Por la diferencia de valor entre el reclamo y la suma

aceptada en el acto que motivó la acción, si la Administración

hubiere reconocido parcialmente, en vía administrativa, la

pretensiones del demandante.

2. En todo caso, se reputarán de cuantía inestimable las acciones

dirigidas a impugnar directamente las disposiciones generales.

TITULO CUARTO

Procedimientos

CAPITULO PRIMERO

Procedimiento Ordinario o General

SECCION PRIMERA

Diligencias Preliminares

Artículo 31.- 

1. Anulado.

2. Anulado.

(La Sala Constitucional mediante resolución N° 03669-2006, dispuso anular los párrafos 1° y 2° de este artículo, cuyos textos disponían: 1. Será requisito para admitir la acción contencioso-administrativa el agotamiento de la vía administrativa. 2. Este trámite se entenderá cumplido:a) Cuando se haya hecho uso en tiempo y forma de todos los recursos administrativos que tuviere el negocio; y b) Cuando la ley lo disponga expresamente.)

3. En todo caso, cuando lo impugnado emanare directamente de la jerarquía superior de la respectiva entidad administrativa y careciere de ulterior recurso administrativo, deberá formularse recurso de reposición o reconsideración ante el mismo órgano que ha dictado el acto o la disposición, en el plazo de dos meses, a contar de la fecha en que se notifique o publique el acto, con los requisitos a que se refiere el artículo 38.

Artículo 32.- Se exceptuaráan del recurso de reposición:

a) Los actos presuntos, en virtud del silencio administrativo regulado

en el artículo 19;

b) Los actos no manifestados por escrito; y

c) Las disposiciones de carácter general, en los supuestos previstos

en los dos primeros párrafo del artículo 20.

Artículo 33.- 1. Transcurridos dos meses desde la interposición del recurso de reposición, sin que se haya producido y notificado la correspondiente resolución, se entenderá desestimado y quedará expedita la vía contencioso-administrativa.

2. Si recayere resolución expresa, el plazo para formular la acción se contará desde la notificación de la misma.

3. Anulado.
(La Sala Constitucional mediante resolución N° 03669-2006, dispuso anular este párrafo 3° cuyo texto disponía: "La falta de agotamiento de la vía administrativa dará lugar a su alegación, por vía de defensa previa, si el Tribunal no apreciare el defecto en la oportunidad prevista en el artículo 41.")

4. Si así no se hiciere, para todos los efectos se tendrá por cumplido el trámite, sin perjuicio de lo que resultare acerca de la firmeza o consentimiento del acto o de la disposición.*
*(La Sala Constitucional mediante resolución N° 03669-2006, dispuso anular la frase final de este párrafo, cuyo texto disponía textualmente: "por no haber sido recurridos administrativamente en tiempo y forma.")

Artículo 34.- 1. La acción se deducirá indistintamente contra el acto

que sea objeto de la reposición, contra el que resolviere ésta expresamente

o por silencio administrativo, o contra ambos a la vez.

2. No obstante, si el acto que decida el recurso de reposición

reformare el impugnado, la acción se deducirá contra aquél, sin necesidad

de nueva reposición.

SECCION SEGUNDA

Interposición y Admisión de la Demanda

Artículo 36.- 1. La acción, cuando no se trate del proceso de

lesividad, se iniciará por un escrito reducido a indicar el acto o

disposición por razón del cual se reclama y a solicitar que se tenga por

interpuesto el proceso.

2. A dicho escrito se acompañará:

a) El documento que acredite la representación del

compareciente, cuando nosea el mismo interesado;

b) El documento que acredite la representación del personero de la

Administración demandada, o, al menos, indicación del acuerdo de

su nombramientoy publicación en el Diario Oficial;

c) El documento que acredite la personería con que el demandante se

presente en juicio, cuando la ostente por habérsela trasmitido otro

por herencia opor cualquier otro título; y

d) Copia del acto o traslado del acto o de la disposición impugnados,

o, cuandomenos, indicación del expediente en que haya recaído o

del periódico oficialen que se haya publicado.

3. Si no se acompañaren tales documentos o los presentados fueren

incompletos y, en general, siempre que el Tribunal estime que no concurren

los requisitos necesarios para la validez de la comparecencia, señalará un

plazo de diez días para que el demandante ssubsane el defecto, y si no lo

hiciere, ordenará archivar las actuaciones.

4. El juicio formulado por la Administración autora de algún acto

declarado lesivo, se iniciará con la presentación de la demanda a que se

refiere el artículo 46, a la que se acompañará el expediente administrativo

y también una copia certificada de la declaración de lesividad, cuando ésta

no constare en aquél.

Artículo 37.- 1. El plazo para interponer el juicio será de dos meses,

que se contará:

a) Cuando el acto impugnado deba notificarse personalmente, desde el

díasiguiente al de la notificación; y

b) En el caso de que no proceda la notificación personal, desde el día

siguiente al de la publicación oficial del acto o de la

disposición.

NOTA: el artículo 1º de la ley No. 4191 del 17 de setiembre de 1968

interpretó auténticamente los incisos a) y b) de este artículo, en el

sentido de que:

"a) La publicación procederá cuando se trate de comunicar reglamentos;

b) Es notificación personal, la que deberá hacerse cuando se trate de

comunicar un acto, y se hará directamente, cuando el interesado ha señalado

domicilio para notificaciones, o cuando haya indicado dirección postal,

caso éste en que podrá hacerse por telegrama o carta certificada.

Cuando el Interesado no haya hecho el señalamiento o se ignore el

domicilio por haberse cambiado sin indicar el actual, el acto podrá ser

comunicado por publicación en el Diario Oficial".

2. En los supuestos de actos presuntos por silencio administrativo,

el plazo será de un año desde el día siguiente a aquél en que se entienda

desestimada la petición, salvo si con posterioridad -dentro de dicho plazo

de un año- recayere acuerdo expreso, en cuyo caso será el indicado en el

párrafo anterior.

3. El plazo para que la Administración utilice el proceso de

lesividad, será también de dos meses a partir del día siguiente a aquél en

que lo impugnado se declare lesivo a los intereses públicos.

4. Cuando un acto pueda ser comunicado por notificación o

publicación,según esta ley, se comunicará por notificación, a no ser que

ellofuere imposible por desconocerse el domicilio del interesado, o no

haberéste señalado uno en el expediente, o no haber indicado el cambio de

domicilio,en cuyo caso el acto se comunicará por publicación.

( Así adicionado por el artículo 2º de la ley No. 4191 del 17 de

setiembre de 1968 ).

Artículo 38.- 1. Las notificaciones y publicaciones deberán reunir los

requisitos ordenados por las leyes sobre procedimiento administrativo o, en

su defecto, por las del procedimiento civil, y los exigidos por las que

regulen la publicación de las disposiciones de carácter general.

2. Sin el cumplimiento de tales requisitos, no se tendrán por válidas

ni producirán efectos legales ante la Jurisdicción

contencioso-administrativa, salvo que los interesados, dándose por

enterados, utilicen en tiempo y forma la acción.

Artículo 39.- El Tribunal, como primera providencia, acordará que se

anuncie, por una vez, sucintamente, en el "Boletín Judicial" y en un diario

de circulación nacional, la interposición de la acción, todo a costa de la

parte actora. El aviso advertirá a los interesados el derecho que tiene de

apersonarse en los autos.

Artículo 40.- 1. Al ordenar lo previsto en el artículo anterior, el

Tribunal solicitará el expediente administrativo a la Entidad que hubiere

dictado el acto o la disposición impugnados.

2. El expediente deberá ser remitido en el plazo máximo de ocho días,

contado desde que se reciba el oficio, bajo la personal y directa

responsabilidad del Jefe de la dependencia en que obrare el expediente.

3. Si en el plazo señalado no se hubiera recibido el expediente, el

Tribunal, de oficio, concederá un nuevo plazo de tres días, con

apercibimiento de decretar el apremio corporal contra el funcionario

remiso, si no se remitiere el expediente en el plazo indicado.

4. Si transcurrido este último plazo no se hubiere remitido el

expediente, el Tribunal impondrá a los responsables de la desobediencia,

una multa de cincuenta a quinientos colones, que hará efectiva por medio de

la respectiva Autoridad Judicial de Policía, a la cual se comunicará la

imposición de la multa; y si ésta no fuere satisfecha dentro del plazo no

mayor de treinta días que al efecto les concederá esa autoridad, se

convertirá en arresto a razón de dos colones por cada día. El importe de la

multa se girará a favor del Colegio de Abogados.

Artículo 41.- 1. Si el Tribunal lo considerare procedente, declarará no haber lugar a la admisión del reclamo aun sin pedir el expediente administrativo, cuando constare de modo inequívoco y manifiesto:

 a) La falta de jurisdicción con arreglo al Capítulo Primero del Título Primero;

b) Que la acción se deduce contra alguno de los actos no susceptibles de impugnaciónconforme a las reglas del Capítulo Primero del Título Tercero,excepto en el supuesto previsto en el párrafo final del artículo 21.

c) Que ha caducado el plazo de interposición de la acción; y 

d) Anulado.
(La Sala Constitucional mediante resolución N° 03669-2006, dispuso anular este inciso d) del párrafo 1° , cuyo texto disponía: "Que no está agotada la vía administrativa.")

 2. El Tribunal, antes de declarar la inadmisión, hará saber a las partes el motivo en que se funde, para que, en el término de diez días, aleguen lo que estimen procedente y acompañen los documentos a que hubiere lugar.

3. Contra el auto que acordare la inadmisión por los motivos previstos en los incisos a), b) y c) del párrafo 1, se darán los recursos ordinarios; y también el de casación, según la cuantía.

4. Si se tratare del motivo a que se refiere el inciso d), el Tribunal procederá en la forma prevista en el párrafo final del artículo 96.

SECCION TERCERA

Emplazamiento

Artículo 42.- La Administración demandada se entenderá emplazada y

apersonada por la notificación, a su representante legal, de la resolución

en que se solicite la remisión del expediente administrativo.

Artículo 43.- 1. La publicación ordenada en el artículo 39 servirá de

emplazamiento a las personas que, con arreglo al artículo 11, párrafo 1,

inciso b), estén legitimadas como parte demandada.

2. El aviso servirá también de emplazamiento a los coadyuvantes, aa

menos que se tratare de la Contraloría General de la República en el

supuesto previsto por el mismo artículo 11, párrafo 2, inciso b), caso en

el cual se le notificará, en su sede, la respectiva resolución.

Artículo 44.- 1. El emplazamiento de los demandados, en el proceso de

lesividad, se efectuará individualmente por el Tribunal, en la misma forma

dispuesta para el proceso civil.

2. Cuando el demandante supiere el domicilio de las personas a que se

refiere el párrafo 1, del artículo precedente, deberá indicarlo al

Tribunal, en el escrito de interposición, so pena de nulidad a fin de que

sean emplazados también en la forma prevista para el proceso civil.

Artículo 45.- 1. Los demandados y coadyuvantes emplazados en virtud

del aviso a que se refiere el artículo 39, podrán apersonarse en autos

hasta el momento en que, con arreglo del artículo 47, párrafo 1, hayan de

ser emplazados para contestar la demanda, sin que el plazo de

apersonamiento pueda ser inferior a ocho días, contados a partir de la

última publicación del aviso.

2. Los directamente emplazados deberán comparecer en el plazo de ocho

días, a contar del siguiente a la notificación respectiva.

3. En todo caso, si no se apersonaren dentro del referido plazo,

continuará el procedimiento, sin que haya lugar a practicarles, en estrados

o en cualquiera otra forma, notificaciones de clase alguna.

4. Si se apersonaren posteriormente, se les tendrá por parte, sin que

por ello pueda retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento,

excepto cuando el demandante, conociéndolo, no hubiere indicado el

domicilio donde debían haber sido emplazados.

SECCION CUARTA

Demanda y Contestación

Artículo 46.- 1. Recibido el expediente administrativo o vencido el

plazo previsto por el artículo 40, párrafo 3, el Tribunal acordará que el

demandante deduzca la demanda en el plazo de treinta días.

2. Si la demanda no fuere presentada en dicho plazo, de oficio se

declarará caduca la acción y se devolverá, en su caso, el expediente

administrativo.

Artículo 47.- 1. Presentada la demanda, se dará traslado de ella a las

partes legitimadas como demandadas y coadyuvantes que estuvieren

apersonadas, para que la contesten en el plazo que señale el Tribunal, que

no podrá ser inferior a quince ni mayor de treinta días.

2. Si la parte no contestare la demanda en el plazo concedido al

efecto, a petición de la contraria se tendrá por contestada afirmativamente

en cuanto a los hechos, y a la parte en estado de rebeldía, sin perjuicio

de que pueda comparecer en cualquier estado del proceso, entendiéndose con

ella la sustanciación, pero sin que ésta pueda retroceder por motivo

alguno.

3. Será aplicable a la parte rebelde lo dispuesto por el artículo

45, párrafo 3, salvo que tuviere oficina señalada, ante el Tribunal,

para atender notificaciones.

Artículo 48.- 1. En los escritos de demanda y contestación se

consignarán, con la debida separación, los hechos, los fundamentos de

derecho y las pretensiones y excepciones que se deduzcan, en apoyo de las

cuales podrán alegarse cuantas razones procedan, aunque no hubieren sido

expuestas en la vía adminstrativa.

2. Lo relativo a presentación de documentos se regirá por la

legislación procesal civil.

Artículo 49.- 1. Si las partes estimaren que el expediente

administrativo no está completo, podrán solicitar, dentro del primer tercio

del plazo concedido para formular la demanda o contestación, que se

reclamen los antecedentes necesarios para completarlo.

2. El Tribunal acordará lo pertinente, sin recurso alguno, en el

plazo de tres días.

3. De acogerse la solicitud, el plazo correspondiente quedará

suspendido, mientras la Administración no complete el expediente, en el

plazo y forma previstos en el artículo 40.

SECCION QUINTA

Defensas Previas

Artículo 50.- 1. Los demandados y coadyuvantes podrán alegar, dentro de los dos primeros tercios del emplazamiento para contestar, las siguientes defensas previas:

a) Las que funden en los motivos que, con arreglo al artículo 60, podrían determinar la inadmisibilidad de la acción;

b) La litis-pendencia; y

c) Anulado.
(La Sala Constitucional mediante resolución N° 03669-2006, dispuso anular este inciso c), cuyo texto disponía: "La falta de agotamiento de la vía administrativa".)

2. Del escrito correspondiente se dará audiencia por tres días al demandante, quien podrá ejercitar la facultad prevista en el artículo 96.

Artículo 51.- 1. Transcurrido el plazo para invocar defensas previas,

no se les dará curso ni se atenderán, sin perjuicio de la facultad

conferida al Tribunal por el artículo 60.

2. Las defensas previas no suspenderán el plazo para contestar la

demanda.

Artículo 52.- 1. No se dará recurso alguno contra el auto que

desestime las defensas previas, sin menoscabo también de lo previsto en el

artículo 60; y el que las acoja, tendrá los ordinarios y el de casación,

según la cuantía.

2. En el auto que declare con lugar las defensas previas se

declarará, a la vez, sin curso la demanda.

3. Firme dicho auto, se devolverá el expediente administrativo a la

oficina de procedencia.

SECCION SEXTA

Prueba

Artículo 53.- 1. No procederá el recibimiento del proceso a prueba

cuando hubiere conformidad acerca de los hechos entre las partes, aunque

una de éstas fuese la Administración Pública.

2. Se recibirá, por consiguiente, el proceso a prueba, cuando exista

disconformidad en cuanto a los hechos y éstos fuesen de indudable

trascendencia, a juicio del Tribunal, para la resolución del caso.

Artículo 54.- 1. La Administración Pública no podrá ser obligada a

absolver posiciones por medio de sus agentes, pero todos ellos, cualquiera

sea su jerarquía, estarán obligados a suministrar los informes que el

Tribunal les solicitare

2. Admitido por el Tribunal el interrogatorio correspondiente, la

parte contraria podrá, dentro del plazo de tres días, formular un

contra-interrogatorio al funcionario, que admitirá el Tribunal si fuese

pertinente.

3. El Tribunal podrá formular también las preguntas o repreguntas que

estime del caso.

4. Si el funcionario no contestare o lo hiciere con evasivas, podrán

ser tenidas por exactas las manifestaciones que la parte hubiere hecho

acerca de los hechos respectivos.

5. Los despachos con los interrogatorios correspondientes, serán

entregados, bajo conocimiento, a quien represente en el juicio a la

autoridad de quien dependa el funcionario cuyo testimonio se requiere por

informe.

6. El mismo representante estará obligado a presentar al Tribunal la

contestación dentro del plazo señalado, o, en su defecto, la prueba de que

entregó el despacho a su destinatario.

Artículo 55.- 1. Recibida la contestación, se hará saber a las partes,

las que, al igual que el Tribunal, dentro de un plazo de tres días, podrán

solicitar cualquier adición o aclaración pertinentes.

2. Admitida la adición o aclaración, se expedirá nuevo despacho, en

la forma y términos previstos en el artículo precedente; pero reducido a la

mitad el plazo de contestación.

Artículo 56.- 1. Los informes se considerarán dados bajo juramento.

2. Por consiguiente, cualquier inexactitud o falsedad, hará incurrir

al funcionario en las penas del perjurio o del falso testimonio, según la

naturaleza de los hechos contenidos en el informe.

Artículo 57.- 1. El resultado de las pruebas que el Tribunal ordenare

para mejor proveer, se pondrá en conocimiento de las partes, las cuales

podrán, en el plazo de tres días, alegar cuanto estimen conveniente acerca

de su alcance e importancia.

2. Cuando la Administración Pública viniere obligada a realizar algún

depósito de dinero para atender gastos del proceso, como honorarios de

peritos, dietas de testigos, etcétera, el Tribunal le concederá un plazo

prudencial para que lo haga, teniendo en cuenta la tramitación legal que,

según la Entidad de que se tratare, sea necesaria para la emisión del

acuerdo de pago correspondiente, sin que pueda exceder de dos meses.

SECCION SETIMA

Conclusiones

Artículo 58.- 1. Concluida la fase de alegaciones o la probatoria, en

su caso, el Tribunal concederá a las partes un plazo no menor de ocho días

ni mayor de quince días para que formulen unas conclusiones sucintas acerca

de los hechos alegados, la prueba practicada y los fundamentos jurídicos en

que, respectivamente, apoyen sus pretensiones.

2. En el escrito de conclusiones, el demandante podrá solicitar que

la sentencia formule pronunciamiento concreto sobre la existencia y cuantía

de los daños y perjuicios de cuyo resarcimiento se trate, si constaren ya

probados en autos.

SECCION OCTAVA

Sentencia

Artículo 59.- 1. La sentencia pronunciará alguno de los fallos

siguientes:

a) Inadmisibilidad de la acción; y

b) Procedencia o improcedencia de la ación.

2. Contendrá, además, el pronunciamiento que corresponda respecto

de las costas.

Artículo 61.- 1. La sentencia desestimará la acción cuando el acto o

disposición impugnados se ajustaren a Derecho.

2. La acción será declarada procedente cuando el acto o la

disposición incurriere en cualquier forma de infracción del Ordenamiento

Jurídico.

Artículo 62.- Si la sentencia acogiere la acción:

a) Declarará no ser conforme a Derecho y, en su caso, anulará total o

parcialmente el acto o la disposición impugnados;

b) Si se hubieren deducido las pretensiones a que se refiere el

artículo 23, reconocerá la situación jurídica individualizada y

adoptará cuantas medidas sean necesarias para su pleno

restablecimiento y reconocimiento; y

c) Si se hubiere pretendido el resarcimiento de daños o la

indemnización de perjuicios, la sentencia podrá formular

pronunciamiento concreto sobre la existencia y cuantía de los mismos,

siempre que constare probada en los autos; en otro caso, se limitará

a declarar el derecho y quedará al período de ejecución de sentencia

la determinación de la correspondiente cuantía.

Artículo 63.- 1. La sentencia que acordare la inadmisibilidad o

desestimación de la acción, sólo producirá efectos entre las partes.

2. La que anulare el acto o la disposición, producirá efectos entre

las partes y respecto de las personas afectadas por los mismos.

Artículo 64.- Las partes podrán solicitar la aclaración o adición de

las sentencias en los términos previstos en la ley procesal civil.

SECCION NOVENA

Otros Modos de Terminación del Proceso

Artículo 65.- 1. El demandante podrá desistir del proceso comenzado,

antes de recaer sentencia.

2. El desistimiento dará fin al proceso iniciado, pero la pretensión

podrá ejercitarse en nuevo proceso, si no hubiere caducado.

3. Para desistir no será necesario el consentimiento de la parte

demandada ni de los coadyuvantes.

4. El Tribunal dictará resolución en la que declarará terminado el

procedimiento y ordenará archivar las actuaciones y la devolución del

expediente administrativo.

5. Si fueren varios los demandantes, el proceso continuará respecto

de aquéllos que no hubieren desistido.

Artículo 66.- 1. Los demandados podrán allanarse a la pretensión.

2. En tal supuesto, el Tribunal, sin más trámites, citará para

sentencia, que será dictada de conformidad con las pretensiones del

demandante, salvo si ello supusiere una infracción manifiesta del

Ordenamiento Jurídico o fuere demandada la Administración estatal, en cuyo

caso dictará la sentencia que estime justa y conforme a Derecho.

3. Si fueren varios los demandados, el procedimiento seguirá respecto

de aquéllos que no se hubieren allanado.

Artículo 67.- 1. Si hallándose en tramitación el proceso, la

Administración demandada reconociere totalmente, en vía administrativa, las

pretensiones del demandante, cualquiera de las partes podrá ponerlo en

conocimiento del Tribunal, si la Administración no lo hiciere.

2. El Tribunal, previa comprobación de lo alegado, declarará

terminado el proceso y ordenará archivarlo y la devolución del expediente

administrativo.

3. Si se tuviere por concluido el proceso o se desistiere de él por

haber dictado la Administración el acto a que se refiere el párrafo 1, y,

después la misma Administración dictare un nuevo acto revocatorio de aquél,

el demandante podrá interponer otra vez la acción, sin previo recurso

administrativo o de reposición, contándose el plazo desde el día siguiente

a la notificación o publicación del acto revocatorio.

Artículo 68.- 1. Presentada la demanda, si antes de recaer sentencia

se detuviere el procedimiento durante seis meses, por culpa del actor, se

declarará caducado el proceso, de oficio o a gestión de parte.

2. En este caso, el Tribunal dictará resolución en los términos del

párrafo 4, del artículo 65.

3. La resolución que denegare la caducidad del proceso tendrá los

recursos ordinarios.

4. Y la que la declarare, los mismos y el de casación, según la

cuantía.

Artículo 69.- 1. En los supuestos de desistimiento, satisfacción

extraprocesal de la pretensión y caducidad del proceso, no habra

condenatoria en costas.

2. Sin embargo, se impondrá el pago de las procesales y personales

causadas, si la parte interesada lo reclamare, por adición, dentro de los

tres días posteriores a la notificación del auto que tenga por concluido el

procedimiento, y siempre que el Tribunal hallare mérito para la

condenatoria.

3. En tal supuesto, el término para recurrir del auto que tuviere por

concluido el procedimiento, se contará a partir del siguiente a la

notificación de resolución que estimare o denegare la adición.

CAPITULO SEGUNDO

Recursos

Artículo 70.- Salvo lo dispuesto por esta ley, los recursos se regirán

por la legislación procesal civil.

Artículo 71.- 1. Los coadyuvantes podrán apelar con independencia de

las partes principales.

2. No obstante, si les fuere exigida, deberán rendir la garantía que

la ley de procedimiento civil determina para los terceros interesados

apelantes, excepto si se tratare de la Contraloría General de la República.

Artículo 72.- La admisión de la apelación en ambos efectos no impedirá

que el interesado, en cualquier momento, solicite la adopción de las

medidas cautelares que sean pertinentes para asegurar, en su oportunidad,

la ejecución de la sentencia.

Artículo 73.- Cuando el Superior dejare sin efecto la sentencia que

haya declarado la inadmisibilidad de la acción, resolverá, al mismo tiempo,

sobre el fondo del negocio.

Artículo 74.- Además del recurso por los motivos de fondo y forma,

señalados en el Código de Procedimientos Civiles, se dará el de casación

por la forma contra la sentencia que declare la inadmisibilidad de la

acción, según la cuantía o si ésta fuere inestimable.

( Así reformado por el artículo 2º de la ley No. 6160 del 25 de noviembre

de 1977 ).

Artículo 75.- En ningún caso podrá interponerse recurso de revisión

después de transcurridos cinco años de la sentencia firme que hubiere

podido motivarlo.

CAPITULO TERCERO

De la Ejecución de Sentencia

Artículo 76.- Firme la sentencia, el Tribunal dictará o dispondrá, a

solicitud de parte, las medidas necesarias y apropiadas para su pronta y

debida ejecución.

Artículo 77.- 1. Cuando la Administración Pública fuere condenada al

pago de una cantidad líquida, deberá acordarlo y verificarlo de inmediato,

si hubiere presupuesto.

2. Si para ello fuere preciso alguna reforma de presupuesto o la

promulgación de uno extraordinario, se iniciará la tramitación respectiva

dentro de los tres meses siguientes.

Artículo 79.- Aunque la sentencia no lo dispusiere, la Administración

vendrá obligada al pago de intereses por todo el tiempo de atraso en la

ejecución.

Artículo 80.- 1. Si la sentencia recayere sobre bienes que la

autoridad administrativa estuviere autorizada a expropiar, podrá solicitar

que se suspenda la ejecución, declarando que, dentro de los quince días

siguientes, iniciará el correspondiente juicio de expropiación.

2. Vencido ese término sin que se haya iniciado este juicio, a

petición de parte se seguirá adelante la ejecución.

Artículo 81.- 1. Será caso de responsabilidad civil y penal la

infracción de lo preceptuado en los artículos anteriores acerca de la

ejecución de las sentencias.

2. Los funcionarios o empleados a quienes se ordenare el cumplimiento

de la sentencia, no podrán excusarse en la obediencia jerárquica; pero para

deslindar su responsabilidad, podrán hacer constar por escrito, ante el

Tribunal, las alegaciones pertinentes.

3. La renuncia del funcionario requerido por el Tribunal, o el

vencimiento del período de su nombramiento, no le eximirá de las

responsabilidades, si ello se produce después de haber recibido la

comunicación que le mandaba cumplir la sentencia.

4. Si los supuestos del párrafo anterior ocurrieren antes de la

notificación de la sentencia, quien reemplace al funcionario deberá darle

cumplimiento inmediato, bajo pena de las sanciones correspondientes.

5. A falta de normas más severas, la inejecución de las sentencias

será castigada con prisión de uno a cinco años.

6. Los funcionarios culpables no podrán gozar de los beneficios de

libertad provisional, suspensión de la pena, libertad condicional o

indulto, ni podrán desempeñar cargos públicos durante cinco años después

del cumplimiento de la condena.

CAPITULO CUARTO

Procedimientos Especiales

SECCION PRIMERA

Materia Tributaria o Impositiva

Artículo 82.- El procedimiento se ajustará a lo dispuesto en esta

Sección, cuando la impugnación tuviere por objeto cualquier acto o

disposición sobre fijación o liquidación de impuestos, contribuciones,

tasas, multas y demás rentas o créditos públicos defintivamente

establecidos en vía administrativa, y no fuere la Administración la que

demanda contra su propio acto.

Artículo 83 bis.- Cuando la impugnación tenga por objeto cualquier

acto emanado de la Comisión para promover la competencia o de la Comisión

nacional del consumidor, en las materias atribuidas a ellas en la Ley de

promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, el

procedimiento se ajustará a lo siguiente:

a) El Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección

Segunda, conocerá de esa impugnación.

b) El plazo para interponer la acción será de un mes, contado a

partir de la notificación del acto final.

c) El escrito de interposición deberá acompañarse con una copia

certificada de la resolución final que se impugna.

d) El expediente administrativo deberá remitirse en el plazo único

de cinco días, so pena de apercibimiento de apremio corporal.

e) Los plazos de formalización de la demanda y la contestación serán

de diez días.

f) Las defensas previas deberán invocarse en el escrito de la

contestación de la demanda.

g) El plazo para evacuar la prueba, que habrá de ofrecerse en los

escritos de demanda y contestación, será de diez días.

h) Contra las resoluciones del Tribunal Contencioso Administrativo,

Sección Segunda, cabrá recurso de segunda instancia ante la Sección

Tercera del Tribunal Superior Contencioso Administrativo.

(Así adicionado por el artículo 62 de la Ley de Promoción de la

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor No.7472 de 20 de diciembre

de 1994)

SECCION SEGUNDA

Materia Municipal

Artículo 84.- La impugnación jurisdiccional establecida en el artículo

173 de la Constitución Política, será de conocimiento del Tribunal Superior

respectivo, salvo lo que por ley se atribuya a la jurisdicción laboral.

( Así reformado por el artículo 9º de la ley No. 4957 del 16 de febrero de

1972).

Artículo 85.- Por consiguiente, denegado el veto del

Gobernador o la revocatoria interpuesta por el particular, la

Municipalidad elevará los autos al Tribunal, previo emplazamiento, según la

distancia, de las partes y demás interesados.

Artículo 86.- 1. Recibidas las actuaciones el Tribunal dará ocho días

a las partes e interesados apersonados, para que formulen conclusiones.

2. Luego, dictará la resolución final.

3. Lo así resuelto, si recayere sobre el fondo, no impedirá que

las partes discutan la situación en la vía plenaria judicial

correspondiente, según la naturaleza del derecho y del título de que se

tratare.

4. En todo caso, si dicho pronunciamiento fuere adverso a la

Municipalidad, para que ésta pueda accionar en la vía correspondiente, será

necesario que previamente lo declare lesivo a los intereses públicos, sin

que pueda negarse a ejecutarlo mientras no sea dejado sin efecto por los

Tribunales de Justicia.

5. Cuando la Municipalidad denegare un reclamo expresa o

presuntamente y diere por agotada la vía administrativa, será innecesario

apelar ante el Tribunal, para los efectos de acudir a la acción respectiva.

( Así reformado por el artículo 9º de la ley No. 4957 del 16 de febrero

de 1972 ).

SECCION TERCERA

Separación de Directores de Entidades Descentralizadas

Artículo 87.- La impugnación contra los actos que de cualquier modo

dispusieren la separación, antes del vencimiento del período respectivo, de

algún Director de las Entidades descentralizadas, deberá interponerse, sin

recurso previo de reposición, dentro del décimoquinto día, a partir de la

notificación o de la publicación.

Artículo 88.- 1. Conocerá de la impugnación el Tribunal Superior

respectivo.

2. Recibido el escrito de interposición, el Tribunal solicitará la

remisión del expediente administrativo dentro del plazo único de cinco

días, con aplicación, en su caso, de lo previsto en el artículo 40.

3. Los plazos de formalización de la demanda y contestación, serán de

quince días.

4. Las pruebas deberán ser ofrecidas en los escritos de demanda y

contestación, y se evacuaráan a la brevedad del caso, sin que el plazo

pueda exceder de quince días.

5. El plazo para formular conclusiones será de seis días.

6. La anulación de lo impugnado equivaldrá a la restitución del

demandante en su cargo, salvo que ya estuviere vencido el período, caso en

el cual se impondrá el pago de daños y perjuicios.

7. En todo caso, el reclamante tendrá siempre derecho al pago de las

dietas o salarios caídos, si lo pidiere en la demanda.

8. La sentencia estimatoria implicará, además, la anulación del acto

que haya designado sustituto del reclamante.

9. Al sustituto se le tendrá por emplazado en virtud de la

reclamación del expediente administrativo, sin que proceda la excusa de que

la autoridad reclamada no le comunicó lo pertinente.

10. Contra lo resuelto por la Sala, se dará recurso de casación con

independencia de la cuantía.

SECCION CUARTA

De los Contratos de la Administración y de las Licitaciones

Artículo 89.- Será de conocimiento del Tribunal Superior respectivo,

la impugnación de los contratos de la Administración Pública y de la

decisión final que recayere en toda licitación del Estado.

Artículo 90.- 1. En recurso se interpondrá dentro del plazo de tres

días a partir del siguiente al de la notificación o de la publicación

respectiva.

2. Recibido el escrito de interposición, el Tribunal pedirá el

expediente administrativo, que deberá ser remitido dentro del plazo único

de cinco días, con aplicación, en su caso, de lo previsto en el artículo

40.

3. Por la petición del expediente, quedarán emplazados el órgano

administrativo y los demás, interesados, a fin de que dentro de tres días

ocurran ante el Tribunal.

4. Recibido el expediente o vencido el plazo de su remisión, se dará

al impugnante un plazo de ocho días para que formalice la demanda.

5. Recibida la demanda, el Tribunal oirá por ocho días a los

interesados que hayan concurrido al emplazamiento.

6. Contestada la audiencia, si fuere procedente la recepción de las

pruebas ofrecidas en los escritos de demanda y contestación, se evacuarán a

la mayor brevedad, sin que el plazo pueda exceder de ocho días.

7. En supuestos de urgencia, el Tribunal podrá reducir los plazos

prudencialmente.

8. La resolución del Tribunal no tendrá recurso.

CAPITULO QUINTO

Disposiciones Comunes

SECCION PRIMERA

Suspensión del Acto o de la Disposición Impugnados

Artículo 91.- 1. La interposición de la demanda no impedirá a la

Administración ejecutar el acto o la disposición impugnada, salvo que el

Tribunal acordare, a instancia del demandante, la suspensión.

2. Procederá ésta cuando la ejecución hubiere de ocasionar daños o

perjuicios de reparación imposible o difícil.

Artículo 92.- 1. La suspensión podrá pedirse en cualquier estado del

proceso y se sustanciará en legajo separado.

2. De la solicitud, el Tribunal dará audiencia por tres días a la

Administración demandada.

3. Transcurrido el plazo, con contestación o sin ella, el Tribunal

resolverá lo procedente.

4. En casos especialísimos, podrá el Tribunal, desde el escrito de

interposición y prima facie, ordenar la suspensión, siempre a petición del

demandante.

Artículo 93.- 1. Cuando el Tribunal ordenare la suspensión de plano o

cuando se lo solicitare la parte demandada en el otro supuesto, exigirá, si

pudiere resultar algún daño o perjuicio a los intereses públicos o de

tercero, la caución suficiente para responder de ellos.

2. La caución habrá de constituirse en depósito de dinero efectivo,

valores públicos o aval bancario.

3. La orden de suspensión no se llevará a efecto mientras la caución

no esté constituida y acreditada en autos.

4. Levantada la suspensión, al término del proceso o por cualquier

otra causa que no sea el acuerdo de las partes, la Administración o persona

que pretendiere tener derecho a indemnización de los daños y perjuicios

causados por la suspensión, deberá solicitarlo ante el Tribunal por los

trámites de los incidentes, dentro de los dos meses siguientes a la fecha

del levantamiento; y si no se formulare la solicitud dentro de dicho plazo,

o no se acreditare el derecho, se cancelará seguidamente la garantía

constituida y se devolverá, en su caso, el depósito a quien corresponda.

5. Cuando la parte demandante no gestionare los autos principales con

la diligencia del caso, el Tribunal podrá levantar la suspensión, a

gestión de parte.

6. El Tribunal comunicará la suspensión a la Administración

respectiva, siendo aplicable a la efectividad de la misma lo dispuesto en

el Capítulo Tercero de este Título.

SECCION SEGUNDA

Incidentes e Invalidez de los Actos Procesales

Artículo 94.- Todas las cuestiones incidentales que se suscitaren en

el proceso, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, se

sustanciarán en legajo separado y sin suspender el curso de los autos.

Artículo 95.- 1. La nulidad de un acto no implicará la de los

anteriores ni la de los sucesivos que fueren independientes de él.

2. El Tribunal que pronunciare la nulidad de actuaciones deberá

disponer, siempre que fuere posible, la conservación de aquellos actos cuyo

contenido pudiere mantenerse a pesar de la infracción origen de la nulidad.

Artículo 96.- 1. Cuando se alegare que alguno de los actos de las

partes no reúne los requisitos legales, la que se hallare en tal supuesto

podrá subsanar el defecto dentro de los diez días siguientes a aquel en que

se notificare la alegación, siempre que con anterioridad no se le hubiere

concedido plazo expreso para el cumplimiento del requisito.

2. Cuando el Tribunal apreciare de oficio la existencia de alguno de

los defectos a que se refiere al párrafo anterior, dictará resolución en la

que los reseñe y otorgue el mencionado plazo para la subsanación, con

suspensión, en su caso, del fijado para dictar sentencia.

3. Si el defecto consistiere en que la acción es prematura por no

haberse agotado la vía administrativa, y fuere denunciado en la forma

prevista en el párrafo 3 del artículo 33, el Tribunal requerirá al

demandante para que formule el recurso administrativo del caso en el plazo

de diez días, y si se acreditare dentro de los cinco siguientes haberlo

deducido, quedará en suspenso el procedimiento hasta que sea resuelto en

forma expresa o presunta.

SECCION TERCERA

Costas

Artículo 97.- Todos los escritos y actuaciones deberán extenderse en

el papel sellado correspondiente a la cuantía del asunto, con las

excepciones que el Código Fiscal u otras leyes establezcan.

Artículo 98.- La parte vencida podrá ser exonerada del pago de las

costas:

a) Cuando mediare oportuno allanamiento de la Administración a las

pretensiones del demandante; pero no se la eximirá si la demanda

reprodujere sustancialmente lo pedido en la reclamación

administrativa denegada, y esa denegación fundare la acción;

b) Cuando la sentencia se dictare en virtud de pruebas cuya existencia

verosímilmente no haya conocido la contraria y por causa de ello se

hubiere justificado la oposición de la parte; y

c) Cuando por la naturaleza de las cuestiones debatidas haya habido,

a juicio del Tribunal, motivo bastante para litigar.

Artículo 99.- 1. No habrá lugar a la condenatoria en costas cuando

la parte vencedora hubiese incurrido en plus petitio.

2. Habrá plus petitio cuando la diferencia entre lo reclamado y

lo obtenido en definitiva fuere de un 15% o más, a no ser que las bases

de la demanda fuesen expresamente consideradas provisionales o su

determinación dependiere del arbitrio judicial o dictamen de peritos.

3. Cuando no pudiere fijarse la suma en sentencia, la condenatoria

en costas, si procediere, tendrá el carácter de provisional, para los

fines de lo dispuesto en el párrafo anterior.

Artículo 100.- 1. Con la totalidad de las costas personales que deban

abonarse a la Administración del Estado y de las demás entidades públicas,

se constituirá un fondo especial, a la orden del Tribunal, para atender el

pago de costas, tanto personales como procesales, que se impongan a la

misma Administración.

2. La circunstancia de que los fondos mencionados en el párrafo I no

alcancen para cubrir determinadas costas personales impuestas a la

Administración del Estado, no impedirá que el interesado formule

directamente el cobro ante ésta.

3. Los tribunales podrán reducir, prudencialmente, el monto de la

garantía de costas a cargo del administrado, cuando así lo justifiquen,

tanto las condiciones económicas o personales de éste, como la cuantía o

naturaleza del asunto u otras circunstancias igualmente calificadas.

4. Para el pago de las costas, en todo caso, regirán los artículos 78,

79 y 81.

(Así reformado por el artículo 30 de la Ley Nº 6872 de 17 de junio de

1983).

Artículo 101.- La parte coadyuvante no devengará ni pagará costas más

que por razón de las alegaciones o incidentes que ella promueva con

independencia de la parte principal.

CAPITULO SEXTO

Disposiciones Finales

Artículo 102.- Al devolverse cualquier expediente administrativo, la

Secretaría del Tribunal pondrá constancia de la resolución final recaída en

el proceso, con indicación de su fecha y del órgano que la dictó, así como

del número y año del expediente.

Artículo 103.- En lo no previsto en esta ley regirán, como

supletorios, el Código de Procedimiento Civiles y las disposiciones

orgánicas generales del Poder Judicial.

Artículo 104.- La presente ley regirá a partir del primero de marzo de

mil novecientos sesenta y seis.

Artículo 105.- 1. Se deroga la ley Nº 1226 de 15 de noviembre de 1950

(Sobre el juicio Contencioso-Administrativo).

2. El inciso 1) del artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Judicial

se leerá así: "De los juicios contencioso-administrativos".

3. Quedan modificadas todas las leyes que se opongan a la presente,

en la parte en que deban aplicarse a la materia contencioso-administrativa,

entre ellas los artículos 96, 227 párrafo 2º y 228 del Código de

Procedimientos Civiles, los artículos 17, 18 y 19 de la Ley Orgánica de la

Procuraduría General de la República (Nº 33 de 1º de diciembre de 1928 y

Decreto Ley Nº 40 de 2 de junio de 1948); y los artículos 10, 11, 13 y 15

de la ley Nº 11 de 10 de setiembre de 1925, reformados por la Nº 1401 de 6

de diciembre de 1951 (impugnación de acuerdos municipales).

Disposiciones Transitorias

I.- Las acciones contencioso-administrativas interpuestas con

anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, cualquiera que sea su

estado procesal, continuarán sustanciándose en todos sus trámites y

recursos por las normas que regían a la fecha de su iniciación.

II.- Las que se interpusieren después de la vigencia de esta Ley, se

ajustarán a lo en ella dispuesto, pero el plazo para interposición de las

que se refieran a actos dictados con anterioridad, será el establecido en

la legislación que se deroga.

III.-1. El Poder Ejecutivo deberá someter a conocimiento de la

Asamblea Legislativa, dentro del plazo de seis meses, un proyecto de

presupuesto extraordinario para atender y pagar todas las condenatorias

judiciales que existieren contra la Administración del Estado.

2. Si para ello fuere necesario emitir Bonos, los interesados podrán

recibirlos a la par en pago de sus acreencias, o esperar posibilidades

presupuestarias para que el pago se les haga en dinero efectivo.

3. Dentro del mismo plazo de seis meses deberán las demás Entidades

Públicas pagar cuanta suma deban con motivo de sentencias judiciales.

IV.- Mientras no se establezcan los Tribunales Superiores previstos en

el artículo 7º, inciso b), conocerán las Salas Civiles, según distribución

que acordará la Corte Plena, de las impugnaciones a que se refieren los

artículo 83, párrafo 1º, 88, párrafo 1º y 89.