Artículo 2.- Definiciones.

Sin perjuicio de otras definiciones contenidas en el resto del articulado y demás normativa tributaria, para los efectos del presente Reglamento, se entiende por: Administración Tributaria. Es el órgano administrativo encargado de gestionar y fiscalizar los tributos, se trate del Fisco o de otros entes públicos que sean sujetos activos de la obligación tributaria.

Tratándose de la Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda, cuando se otorga una potestad o una facultad a la Dirección General de Tributación, se entenderá que también es aplicable a la Dirección General de Aduanas, a la Dirección General de Hacienda y a la Dirección General de Policía de Control Fiscal, en sus ámbitos de competencia.

En virtud de lo anterior, todo lo relacionado con las normas de procedimiento general son de aplicación a las administraciones tributarias. Algunos procedimientos específicos regulan la materia propia de la competencia de la Dirección General de Tributación, sin perjuicio de que si son atinentes a otras administraciones tributarias, estas puedan ser aplicadas supletoriamente.

Administración Tributaria Territorial. Cualquiera de las Administraciones con que cuenta la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda en las zonas geográficas establecidas por norma general.

Aplazamiento de pago. Autorización que otorga la Administración Tributaria al obligado tributario, para hacer el pago de una deuda tributaria y sus intereses, a más tardar dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo para el pago establecido por Ley.

Avalúo. Determinación de valor realizada conforme al procedimiento de valoración contenido en este Reglamento.

Buzón electrónico. Sitio virtual con acceso restringido, suministrado por la Administración Tributaria a determinados sujetos pasivos, destinado para la recepción de comunicados, notificaciones y/o archivos electrónicos. Se utilizará y será válido legalmente este medio cuando la Administración Tributaria le haya asignado al sujeto pasivo un buzón y este no fije un medio para atender futuras notificaciones.

Código. Salvo indicación en contrario, se trata del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

Comprobante de pago. Es todo aquel documento físico o de transmisión electrónica que demuestre que el pago de la deuda tributaria se ha llevado a cabo, sea de forma total o parcial.

Control tributario. Es aquel control que ejerce la Administración Tributaria mediante procesos masivos o selectivos, llevados a cabo con el fin de ejercer acciones preventivas y/o correctivas para gestionar y fiscalizar los tributos.

Cuenta integral tributaria o registro de transacciones. Base de datos que registra todos los documentos y transacciones que se generan en cada una de las funciones o procedimientos que ejecuta la Administración Tributaria frente al obligado tributario, así como los débitos y créditos generados por la presentación de las declaraciones en cada uno de los tributos.

Cuerpo policial. Los efectivos de la Fuerza Pública, de la Policía de Control Fiscal y de la Policía Municipal, según su competencia territorial.

Deuda tributaria. El principal de la deuda en concepto de tributos gestionados por la Administración Tributaria, autoliquidados o no por el sujeto pasivo, así como el monto de las sanciones administrativas establecidas por los órganos competentes.

Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales. Aquella Administración con competencia en todo el territorio nacional que agrupa a los sujetos pasivos clasificados como Grandes Contribuyentes.

Domicilio Fiscal. Es el lugar de localización de los obligados tributarios, en sus relaciones con la Administración Tributaria, sin perjuicio de la facultad de señalar un lugar de notificaciones diferente del domicilio, para efectos de un procedimiento administrativo determinado.

Facilidad de pago. Es el aplazamiento o fraccionamiento de pago de las deudas tributarias.

Factura o comprobante. Documento comercial generado en formato impreso, electrónico o telemático que cumple con los requisitos establecidos en la normativa tributaria, que respalda la realización de una operación económica y que se debe entregar al cliente en el acto de compra, venta o prestación del servicio, en el acto de pago de la prestación; en los casos de las imputaciones temporales de rentas, cuando se autorice llevar un sistema de percibido conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Fraccionamiento de pago. Autorización otorgada por la Administración Tributaria al obligado tributario, para hacer el pago de una deuda tributaria líquida y exigible, en varios tractos.

Información de trascendencia tributaria. Se entiende que la información de trascendencia tributaria es aquella que se considera como información previsiblemente pertinente.

Información por requerimiento individualizado. Información que obtiene la Administración Tributaria a través de un requerimiento de información individualizado a un obligado tributario, en relación con su situación tributaria, la de un sector económico o la de un grupo determinado de obligados tributarios, o de un sujeto pasivo específico.

Información por suministros generales. Información previsiblemente pertinente que obtiene la Administración Tributaria de los informantes en virtud de una obligación establecida en una norma general, la cual debe ser presentada en forma periódica, mediante declaración

informativa en los medios que defina la Administración Tributaria.

Información previsiblemente pertinente. Para efectos tributarios es toda aquella información que se requiera para la administración, determinación, cobro o verificación de cualquier impuesto, exención, remesa, tasa o gravamen, o cuando pueda ser útil para el procedimiento de fiscalización o para la determinación de un eventual incumplimiento en materia tributaria de naturaleza penal o administrativa.

También se considera información previsiblemente pertinente, toda aquella información que se requiera en virtud de la suscripción de un convenio internacional de intercambio de información tributaria.

Intermediario. Persona física o jurídica que realice la labor de intermediación en la venta de mercancías o servicios, a nombre o por cuenta de un tercero.

Lugar para atender notificaciones. Es el lugar designado en forma libre por el obligado tributario, con la finalidad de recibir las comunicaciones y notificaciones de aquellos actos administrativos diligenciados por este o tramitados por la Administración Tributaria. Este lugar puede coincidir o no con el domicilio fiscal.

Medio electrónico para atender notificaciones. Son aquellos medios autorizados en el Código y en la Ley de Notificaciones Judiciales; tales como el fax, correo electrónico, buzón electrónico o cualquier otro dispositivo tecnológico que permita la seguridad del acto de notificación y confirmar su recepción.

Notificación personal. Es la primera notificación realizada en el lugar designado por ley que se hace al obligado tributario de todo procedimiento o actuación iniciada por la Administración Tributaria. Se exceptúan los casos en que la diligencia haya sido iniciada por el interesado y este haya hecho señalamiento para atender notificaciones en el mismo expediente; en cuyo caso, se le notificará en este la primera notificación.

Obligación tributaria formal. Es aquella obligación que no tiene carácter pecuniario, impuesta por la normativa a los obligados tributarios, deudores o no del tributo y cuyo cumplimiento está relacionado con las actuaciones o procedimientos tributarios.

Obligación tributaria material. Es la obligación de pagar una suma de dinero en concepto de tributos, pagos a cuenta, sanciones administrativas pecuniarias, pago parcial o como obligación accesoria por intereses.

Obligado Tributario. Son aquellas personas físicas, jurídicas o entes colectivos sin personalidad jurídica a quienes una norma de carácter tributario impone el cumplimiento de una determinada prestación u obligación, que puede ser de carácter pecuniario o no; ya sea, en su condición de declarante, contribuyente, responsable, agente de retención o percepción, sucesor de la deuda tributaria u obligado a suministrar información o a prestar colaboración a la Administración Tributaria.

Omisos. Obligados tributarios que incumplen con la obligación de presentar las declaraciones correspondientes.

Órgano de la Administración Tributaria. Es el órgano a quien se le asigna por ley la competencia para dictar los actos administrativos.

Parámetros de valoración. Estudio de valoración de alcance general producto de una investigación de mercado para efectos de determinar un valor individual, conforme a la ley especial creadora del impuesto y que le permitan estimar en forma ágil y oportuna dicho valor, el cual debe ser publicado.

Se entiende también por parámetros de valor aquellos que establezca la ley específica creadora del tributo.

Precio corriente en plaza. Es el valor que tienen los bienes objeto de tráfico común, en los mercados en que usualmente se venden.

Procedimiento de valoración. Actos ordenados en etapas tendentes a establecer el valor de un bien.

Registro Único Tributario. Base de datos que contienen la información identificativa de contribuyentes, declarantes y responsables tributarios; así como de los deberes formales que les corresponden, de conformidad con las actividades económicas que realizan.

Requerimiento. Documento mediante el cual la Administración Tributaria formula una intimación al obligado tributario para que cumpla con lo establecido o solicitado en este.

Sellos para cierre de negocios. Material adhesivo, metálico o de cualquier otro tipo que disponga la Administración Tributaria para colocarlos en el establecimiento de comercio, industria, oficina o sitio donde se ejecuta el cierre material de estos, con el propósito de hacerlo constar públicamente.

Traspaso de Establecimiento Mercantil. Transferencia de la titularidad, por cualquier concepto, del negocio, establecimiento o de una o más ramas de la actividad, no necesariamente del negocio completo, bastando a estos efectos la transferencia de los bienes sustanciales o activos de la empresa, independientemente de la denominación que a este le hayan dado las partes. Se considera traspaso de establecimiento mercantil aquel en que se efectúe mediante compra-venta, donación, cesión, permuta, mutuo, comodato, fideicomiso, consignación, arrendamiento, dación en pago, aportación en especie, fusión, escisión, permuta de acciones, entre otros.

Valor Fiscal. Constituye un concepto económico, cuyo contenido y alcance se define en forma específica en la ley reguladora de cada impuesto.

Sección II

De las exenciones

Artículo 3.- Requisitos generales para conceder exenciones.

En todos los casos en que las personas físicas, jurídicas o entes sin personalidad jurídica soliciten exenciones, deben cumplir con los siguientes requisitos, sin perjuicio de otros que se establezcan vía resolución general.

a) Utilizar los formularios que al efecto designe la Administración Tributaria.

b) Cumplir con los requisitos sustanciales y formales exigidos por las leyes vigentes.

c) Estar al día en el pago de los impuestos que administre la Dirección General de

Tributación del Ministerio de Hacienda.

d) Estar al día en el pago de las obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro

Social.

CAPITULO II

Obligados por Deudas Tributarias y Responsabilidad Solidaria

Artículo 4.- Tipos de responsabilidad.

La responsabilidad en el pago de las deudas tributarias puede ser exigida por la Administración, con base en el Título II, Capítulo III, Secciones I, II y III del Código.

Los responsables por deudas tributarias se clasifican en los siguientes tipos:

1) Responsables por deuda propia.

Los responsables por deuda tributaria propia son aquellas personas respecto de las cuales se ha verificado el hecho generador de la obligación tributaria.

2) Responsables por deuda ajena.

Los responsables por deuda ajena son aquellas personas que sin tener el carácter de contribuyentes y por disposición expresa de la ley están obligados a cumplir con las obligaciones correspondientes a éstos.

Son obligados por deuda ajena y responden con el patrimonio que administren o de que dispongan:

a) Los padres, los tutores y los curadores de los incapaces;

b) Los representantes legales de las personas jurídicas y demás entes colectivos con personalidad reconocida;

c) Los fiduciarios de los fideicomisos y los que dirijan, administran o tengan la disponibilidad de los bienes de los entes colectivos que carecen de personalidad jurídica propia;

d) Los mandatarios, respecto de los bienes que administren y dispongan;

e) Los curadores de quiebras o concursos, respecto de los bienes que administren y dispongan;

f) Los representantes de las sociedades en liquidación, respecto de los bienes que administren y dispongan;

g) Los albaceas de las sucesiones, por los bienes que administren;

3) Responsables solidarios por deuda ajena.

La Administración Tributaria goza de legitimación activa como acreedor de las deudas tributarias y podrá reclamar la deuda contra todos los deudores solidarios en forma simultánea o solo contra uno de ellos. En todo caso, si la Administración descarga de responsabilidad a cualquiera de los deudores, esta conserva su acción solidaria y podrá ejercerla contra cualquiera de los deudores solidarios, en cualquier momento.

Son responsables solidarios por las deudas tributarias y responden con su patrimonio personal y no con el patrimonio del contribuyente, únicamente en los casos en que la ley expresamente así lo disponga, los siguientes:

a) Quienes, con ocasión del traspaso de un establecimiento mercantil, adquieran del sujeto pasivo, por cualquier concepto, la titularidad de bienes o el ejercicio de derechos por las deudas tributarias del anterior titular, hasta por el valor de tales bienes o derechos.

b) Los socios y accionistas de sociedades liquidadas, al momento de ser liquidadas, por las deudas líquidas y exigibles de la sociedad hasta por el valor de los bienes o derechos recibidos en la liquidación.

c) Los propietarios de las empresas individuales de responsabilidad limitada, según lo establecido en el artículo 25 del Código.

d) Los agentes de retención o percepción, como únicos responsables ante el Fisco cuando han efectuado la retención por el importe retenido o percibido; y si no realiza la retención o percepción responde solidariamente; salvo que prueben ante la Administración Tributaria que el contribuyente ha pagado el tributo.

e) Cualquier otro caso establecido expresamente por disposición legal.

En el caso de las personas enunciadas en los incisos a) y b), la responsabilidad solidaria abarca las deudas tributarias del anterior titular, una vez que devenguen liquidas y exigibles.

4) Otros casos de responsabilidad solidaria.

Son responsables solidarios los patronos, entidades u oficinas públicas o privadas que realicen los pagos cuando no ejecuten el embargo preventivo teniendo el deber de hacerlo o no depositen lo retenido, por motivo de un embargo decretado por la Oficina de Cobros del Ministerio de Hacienda para que se retenga a favor del Fisco los salarios, dietas, pensiones, jubilaciones, comisiones y cualquier otra remuneración o crédito en dinero efectivo que deba percibir o en el que fuere acreedor el deudor; sin perjuicio de la sanción establecida en el artículo 98 del Código.

La responsabilidad solidaria no alcanza a las deudas tributarias generadas por la imposición de sanciones por infracciones administrativas del anterior titular.

Artículo 5.- Efectos de la solidaridad y procedimiento.

1)     Los efectos de la solidaridad son:

a) La obligación puede ser exigida total o parcialmente a cualquiera de los deudores, a elección de la Administración Tributaria, de forma simultánea o sucesiva.

b) El pago efectuado por uno de los deudores libera a los demás.

c) El cumplimiento de un deber formal por parte de uno de los obligados no libera a los demás, cuando sea de utilidad para la Administración Tributaria que los otros obligados lo cumplan.

d) La exención o remisión de la obligación libera a todos los deudores, salvo que el beneficio haya sido concedido a determinada persona. En ese caso, la Administración Tributaria puede exigir el cumplimiento a los demás con deducción de la parte proporcional del beneficiado.

e) Cualquier interrupción de la prescripción en favor o en contra de uno de los deudores, favorece o perjudica a los demás.

f) En las relaciones privadas entre contribuyentes y responsables, la obligación se divide entre ellos y quien haya efectuado el pago puede reclamar de los demás el total o una parte proporcional, según corresponda.

g) Si alguno fuere insolvente, su porción se debe distribuir a prorrata entre los otros.

2) Para iniciar el procedimiento de cobro en contra de un responsable solidario por una deuda tributaria, es necesario poner en su conocimiento las actuaciones llevadas a cabo contra el deudor principal, tan pronto como la Administración Tributaria se entere de su existencia como responsable solidario, en cuyo caso le será aplicable el procedimiento previsto en el artículo 153 de este Reglamento para presentar los alegatos y pruebas que estime pertinentes, y en todo caso notificarle el acto administrativo que debe contener:

a) El nombre del deudor.

b) La resolución o documento de que se derive el crédito fiscal y el monto de este.

c) Los motivos y fundamento legal por los que se le considera responsable del crédito.

d) Para efectos del artículo 22 del Código, el monto correspondiente al valor del bien o derecho adquirido y la indicación expresa de que por esa misma cantidad deberá responder solidariamente ante la deuda líquida y exigible por la que responde solidariamente.

e) Se entenderá como bien o derecho aquel que haya sido adquirido mediante compraventa, donación, cesión, permuta, mutuo, comodato, fideicomiso, consignación, arrendamiento, dación en pago, aportación en especie, fusión, escisión, permuta de acciones, entre otros.

f) El plazo para el pago debe ser de quince días. Mediante resolución general se indicará el procedimiento específico para la determinación del valor del bien o derecho y los bienes y derechos adquiridos sobre los cuales se establecerá dicho valor.

CAPÍTULO III

Formas de extinción de la obligación tributaria

Artículo 6.- Formas de extinción de la obligación tributaria material.

La obligación tributaria material se extingue por cualquiera de los siguientes medios:

a) Pago.

b) Compensación.

c) Confusión.

d) Condonación.

e) Prescripción.

f) Novación de deuda.

Sección I

Del pago

Artículo 7.- Comprobantes de pago.

Los comprobantes de pago deben cumplir con los requisitos que determine la Administración Tributaria.

En caso de duda sobre qué documento debe utilizarse para el pago de impuestos administrados por la Dirección General de Tributación, se debe usar el formulario normalizado D. 110, ―Recibo oficial de pago‖ o aquel que la Administración Tributaria determine.

Según el caso, se pueden emitir los siguientes tipos de comprobantes de pago:

a) Recibo oficial de pago.

b) Declaraciones de autoliquidación y pago de impuestos, debidamente canceladas.

c) Certificación que acredite el pago recibido por los entes recaudadores, emitida directamente por estos, a satisfacción de la Administración Tributaria.

d) Cualquier otro documento al que se otorgue expresamente el carácter de comprobante de pago por parte de la Administración Tributaria, mediante resolución general.

Artículo 8.- Efectos del pago.

El pago realizado conforme a lo dispuesto en este Reglamento extingue la deuda y libera al deudor y demás responsables por el monto del pago realizado.

El pago de un débito de vencimiento posterior, no presupone el pago de los anteriores, ni extingue el derecho del Fisco de percibir aquellos que estén al descubierto, sin perjuicio de los efectos de la prescripción.

El pago de una deuda prescrita se presume bien hecho e implica reconocimiento de la misma y no genera en modo alguno derecho a crédito.

Artículo 9.- Imputación de pagos.

La deuda correspondiente a cada tributo es independiente de las demás obligaciones a cargo del deudor. Al efectuar el pago, el deudor de varias deudas podrá imputarlo a aquella o aquellas que libremente elija. En los casos en que el deudor no indique la imputación del pago, la Administración Tributaria debe establecer por orden de antigüedad, los débitos determinados según la fecha de vencimiento del plazo para el pago de cada uno.

En todos los casos, la imputación de pagos se hará primero a la totalidad de los intereses calculados a la fecha del pago y luego a la obligación principal. Esta regla es aplicable a todos los medios de extinción de la obligación tributaria.

Artículo 10.- Plazos para efectuar el pago e intereses.

El tributo debe pagarse dentro de los plazos que fijen las leyes respectivas, conforme a lo declarado por el sujeto pasivo o mediante cualquier otra forma de liquidación; incluidos los pagos parciales y retenciones.

Cuando la ley no fije plazo, el tributo debe pagarse dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que ocurra el hecho generador de la obligación tributaria.

Todos los demás pagos en concepto de tributos resultantes de resoluciones dictadas por la Administración Tributaria, conforme al artículo 144 del Código, deben efectuarse dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que el sujeto pasivo quede legalmente notificado de su obligación.

Vencido el plazo indicado en el párrafo anterior, se incurrirá en la sanción por morosidad.

En el caso de los intereses, estos se calculan a partir de la fecha en que los tributos debieron pagarse, teniendo en cuenta el plazo fijado por las leyes respectivas.

Cuando el acto administrativo de liquidación de oficio se dicte fuera del plazo establecido por ley, el órgano competente debe de oficio, determinar la suspensión en el cálculo de los intereses por el lapso que exceda de dicho plazo. Esta suspensión también es aplicable cuando el sujeto pasivo haya rendido la garantía establecida en el artículo 144 del Código y las resoluciones que resuelvan los recursos, no se dicten dentro de los plazos establecidos.

Sin perjuicio de la facultad de verificación establecida en el artículo 76 del Código, las sanciones autoliquidadas por los obligados tributarios quedarán firmes en la fecha de la presentación de la respectiva liquidación ante la Administración Tributaria y devengarán intereses a partir de los tres días hábiles siguientes a su firmeza.

Artículo 11.- Lugares de pago y pago a entes no autorizados.

El pago de las deudas se debe realizar ante cualquier entidad u ente público o privado al que la Administración Tributaria le atribuya la condición de agente recaudador o bien, por los medios electrónicos que para esos efectos disponga la Administración Tributaria.

Los pagos realizados a entidades públicas o privadas no autorizados para recibir el pago, no liberan al deudor de su obligación de pago ni del cómputo de los intereses respectivos; sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra quien reciba indebidamente esos pagos, quien será el único responsable ante el interesado por la devolución de lo recaudado indebidamente.

Artículo 12.- Medios y formas de pago.

El pago se hará por alguno de los siguientes medios y formas:

a) En la moneda establecida por ley.

b) Mediante cheque en las condiciones que indica el artículo siguiente.

c) Pago por medios electrónicos, tales como: transferencia vía Internet, tarjetas de crédito o débito en redes digitales, pagos vía telemática, tarjetas inteligentes, cheques electrónicos, tarjetas pre pagadas y otros que puedan surgir con la evolución tecnológica y que autorice la Administración Tributaria, vía resolución general.

d) Cualesquiera otros medios y formas autorizados por ley o por decreto ejecutivo.

Artículo 13.- Pago mediante cheque.

Cuando los pagos se efectúen mediante cheque, este debe ser nominativo a favor de la entidad recaudadora.

Es facultativo de la entidad recaudadora aceptar o no como medio de pago, cheques girados contra cuentas abiertas en terceras entidades financieras. En este caso, la entidad recaudadora asumirá ante la Administración Tributaria la responsabilidad por el monto respectivo, independientemente de que se haya podido hacer efectivo o no el cheque.

Artículo 14.- Pago por retención.

Las retenciones que contempla la ley y hasta el monto de lo efectivamente pagado constituye pago a cuenta del impuesto respectivo, a favor del sujeto pasivo al cual se le han aplicado.

Artículo 15.- Pago por terceros. Subrogación y emisión de certificación.

El pago efectuado voluntariamente por un tercero extingue la obligación tributaria y quien pague se subroga el crédito, conjuntamente con sus garantías y privilegios, mas no en aquellas potestades que se deriven de la naturaleza pública del acreedor inicial. El tercero subrogante debe utilizar el recibo oficial de pago.

La Administración Tributaria debe establecer por resolución general, los requisitos para la emisión de la certificación que permita al tercero demostrar al sujeto pasivo lo pagado a su nombre y para obtener la certificación debe comunicar previamente a la Administración su

intención de pagar a favor del sujeto pasivo y aportar, con posterioridad al pago, el recibo oficial de pago como prueba para solicitar la certificación.

Artículo 16.- Cobro de pagos parciales.

Los sujetos pasivos deben calcular los pagos parciales en los siguientes casos:

1) Cuando se trate del primer período fiscal a cargo del contribuyente.

2) Cuando el contribuyente prevea un monto mayor de impuesto al liquidado en años anteriores.

Corresponde a la Administración Tributaria calcular los pagos parciales en cualquier tributo que prevea este tipo de obligación y ponerlos al cobro, con base en la declaración del periodo fiscal anterior, sin necesidad de acudir al procedimiento de determinación de oficio establecido en el artículo 144 del Código.

Artículo 17.- Obligaciones de los agentes recaudadores.

Los agentes recaudadores deben suministrar a la Administración Tributaria, en los plazos que esta determine, la información de los ingresos que se hayan percibido, utilizando para este fin los formularios y los medios que establezca la Administración Tributaria.

El Banco Central de Costa Rica, como Cajero del Estado y cualquier entidad bancaria a la que este haya conferido tal carácter, debe suministrar diariamente a la Administración Tributaria la información de los ingresos que reporten los agentes recaudadores, por concepto de tributos y obligaciones accesorias.

Sección II

Otras formas de extinción distintas del pago

Artículo 18.- Prescripción.

La inactividad en el ejercicio de la acción cobratoria por parte de la Administración Tributaria tiene como efecto la extinción de la deuda tributaria.

Los plazos para que opere la prescripción, las causales de interrupción y demás aspectos sustanciales se rigen de conformidad con la ley.

Emitida la declaratoria de prescripción de la deuda, la Dirección General de Tributación procede a la cancelación en la cuenta integral tributaria.

Lo pagado para satisfacer una obligación prescrita no es objeto de repetición.

Artículo 19.- Confusión.

Habrá lugar a la extinción de la deuda tributaria por confusión, cuando el sujeto activo, como consecuencia de la transmisión de los bienes o derechos afectos al tributo, quede colocado en la situación del deudor.

Artículo 20.- Condonación.

Las deudas por tributos solo pueden ser condonadas por ley.

Mediante resolución administrativa, procede la condonación de intereses únicamente cuando se demuestre que tuvieron como causa un error imputable a la Administración Tributaria.

En los casos en que el sujeto pasivo solicite la condonación de intereses deberá indicar ante la Gerencia de la Administración Tributaria competente o ante la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales, en qué consiste el error de la Administración, a efectos de que estas realicen los estudios pertinentes.

La Gerencia de la Administración Tributaria competente o la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales, remitirá el expediente respectivo a la Dirección General de Hacienda, junto con un informe debidamente motivado en el cual se analice la existencia o no del error, a fin de que la Dirección General de Hacienda determine la procedencia o no de la condonación.

Cuando se trate de un grupo de obligados tributarios afectados por causas de fuerza mayor o caso fortuito que requieran la condonación, la Dirección General de Tributación podrá hacer la propuesta a la Dirección General de Hacienda para que se emita una resolución que abarque a todos los sujetos afectados.

Artículo 21.- Novación.

Solo se permite la novación de deudas tributarias cuando se respalden con garantía conforme se regula en la Sección IV del Capítulo VIII del Título Segundo del presente Reglamento y siempre que ello no implique demérito en la efectividad en la recaudación, según se dispone en el numeral 35 del Código.

La novación del deudor no extingue la deuda pero libera al deudor original. Dicha novación debe contar con la aprobación de la Administración Tributaria y debe respaldarse con garantía de cumplimiento.

Mediante resolución general se establecerá el procedimiento específico que regule los requisitos y plazos para la aceptación o rechazo de la novación como medio de extinción de la obligación tributaria.

CAPITULO IV

Deberes y derechos del obligado tributario

Sección I

De la inscripción, modificación y desinscripción

Artículo 22.- Obligación de inscripción.

Las personas físicas, jurídicas y entidades que carezcan de personalidad jurídica, que realicen cualquier actividad económica a la que estén obligados a inscribirse por ley o reglamento en su condición de contribuyente, responsable o declarante, deben hacerlo dentro de los plazos que fijen las normativas referidas.

A falta de plazo, la inscripción debe realizarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que inicie actividades u operaciones.

La inscripción debe realizarse por los medios y en la forma que determine la Administración Tributaria. En esta debe consignarse toda la información que solicite la Administración Tributaria y que permita identificar en forma clara al obligado tributario, su actividad económica -principal y secundaria-, el domicilio de la actividad económica, el nombre del representante legal cuando proceda, la dirección del domicilio fiscal, dirección de la casa de habitación del representante legal y la identificación personal o social del que se inscribe, datos de establecimientos auxiliares, así como cualquier otra información adicional que determine la Administración Tributaria, mediante resolución general.

Artículo 23.- Obligación de comunicar la modificación de datos.

Los obligados tributarios deben comunicar toda modificación de sus datos de trascendencia tributaria, únicamente en la forma y por los medios que determine la Administración Tributaria, vía resolución general, dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir de la modificación.

Artículo 24.- Obligación de desinscripción.

En los casos en que los obligados tributarios cesen en sus actividades lucrativas, dejen de realizar el hecho generador o las actividades establecidas por ley, están obligados a desinscribirse.

Si existe omisión en la regulación de este deber en alguna normativa tributaria, la obligación de desinscripción subsiste y los obligados tributarios deben solicitarla dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de cese de las actividades lucrativas o cuando dejen de realizar el hecho generador o las actividades establecidas por ley.

Las obligaciones pendientes con la Administración subsisten durante el plazo de prescripción, aunque exista desinscripción del obligado tributario. Se incluyen las entidades que carezcan de personalidad jurídica.

Artículo 25.- Acreditación de apoderados.

Utilizando los medios que determine la Administración Tributaria, las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica deben acreditar a su representante legal, con indicación expresa de su domicilio fiscal. Asimismo, pueden acreditar a cualquier apoderado que estimen conveniente para actuar ante la Administración Tributaria ennombre de los obligados tributarios, siempre y cuando tenga facultades suficientes conforme a la ley. Esta acreditación surte efectos legales solo durante la vigencia de la certificación respectiva. Lo anterior también se debe aplicar para las personas físicas.

La Administración Tributaria debe disponer de una base de datos para mantener actualizada la información de las personas acreditadas, indicando la calidad del poder que ostenten, de conformidad con lo que disponen los artículos 1251 siguientes y concordantes del Código Civil.

No son susceptibles de acreditarse los apoderados especiales y especialísimos, por lo que solo se deben acreditar en el expediente correspondiente al trámite específico en que actúen.

Artículo 26.- Actuación de apoderados acreditados.

En tanto la acreditación esté vigente, basta con que el apoderado muestre su cédula de identidad al funcionario competente de la Administración Tributaria, para realizar gestiones verbales o escritas.

En actuaciones escritas donde el apoderado no actúe personalmente ante la Administración Tributaria, la firma del documento donde conste la gestión de que se trate, debe estar debidamente autenticada por Abogado o Notario Público.

En el caso de actuaciones a través del portal digital, basta con el uso de la clave de acceso previamente asignada por la Administración Tributaria o con la firma digital, según sea la modalidad utilizada por la Administración.

Artículo 27.- Actuación de apoderados no acreditados.

Quienes demuestren poder legal suficiente, aun cuando no estén acreditados, podrán actuar ante la Administración Tributaria en el procedimiento o trámite específico en que se apersonen.

Sección II

De la inscripción, modificación de datos y desinscripción de oficio

Artículo 28.- Inscripción, modificación de datos y desinscripción de oficio.

Ante el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 22, 23 y 24 de este Reglamento, la Administración Tributaria procederá de oficio a realizar la inscripción,modificación de datos y desinscripción, de conformidad con el procedimiento establecidoen los artículos siguientes, así como en las resoluciones y directrices que se dispongan al efecto.

Artículo 29.- Omisión en la obligación de inscripción.

Cuando el obligado tributario incurra en la omisión de la inscripción, la Administración Tributaria inscribirá de oficio a aquellos que detecte en sus labores de verificación y control.

Artículo 30.- Omisión en la obligación de modificar datos.

Ante la omisión de los obligados tributarios de comunicar cualquier modificación de datos de trascendencia tributaria, la Administración Tributaria está facultada para modificar de oficio aquellos datos que no se conformen con la realidad del obligado tributario.

Artículo 31.- Omisión en la obligación de desinscripción.

Cuando la Administración Tributaria constate que un obligado tributario no se ha desinscrito, a pesar de haber dejado de realizar labores o actividades generadoras de obligaciones tributarias, desinscribirá de oficio a aquellos que no hayan cumplido con tal obligación, sin perjuicio de que se apliquen las sanciones administrativas pertinentes.

Artículo 32.- Actualización de oficio de los datos del Registro Único Tributario.

El funcionario que determine la existencia de datos inexactos, incompletos u omitidos, que consten en el Registro Único Tributario o una omisión en la presentación de la declaración de inscripción o desinscripción, debe levantar un acta de hechos y dar inicio al proceso de inscripción o desinscripción de oficio, según proceda.

No se requerirá acta de hechos cuando exista otro documento que sirva de prueba del motivo de la actualización de oficio que regula el presente artículo, ni cuando se trate de actuaciones masivas de desinscripción.

El funcionario a cargo de la diligencia debe elaborar el formulario establecido por la Administración Tributaria para la inscripción, modificación o desinscripción de oficio, consignando la información actualizada del obligado tributario y lo notificará en los casos que corresponda, conforme al artículo siguiente.

El formulario indicado en el párrafo anterior debe ser remitido al órgano competente, junto con la propuesta motivada, cuando se presuma la existencia de una infracción administrativa.

La actualización de oficio surtirá efectos a partir del día hábil siguiente a su notificación; sin perjuicio de las obligaciones tributarias incurridas con anterioridad a la inscripción y será aplicable a períodos fiscales anteriores dentro del plazo prescriptivo.

Artículo 33.- Notificación del acto administrativo que inscribe, modifica o desinscribe de oficio.

1) El formulario en que conste el acto administrativo de inscripción, modificación o desinscripción de oficio en el Registro Único Tributario, debe ser notificado al obligado tributario cuando se varíen o incluyan los siguientes datos:

a) Cuando se inscriba o se desinscriba al obligado tributario ante la Administración Tributaria, salvo que se trate de actuaciones masivas de desinscripción.

b) Cuando se indique un domicilio fiscal diferente al comunicado por el obligado tributario.

c) Cuando se indique una actividad económica principal diferente a la registrada por el interesado.

d) Cuando se incluyan o se varíen actividades económicas secundarias y/o establecimientos auxiliares diferentes a los registrados por el interesado.

2) No debe notificarse el formulario de modificación de datos de oficio, en las siguientes situaciones:

a) Cuando de oficio la Administración Tributaria actualice información del representante legal que conste en el Registro Nacional.

b) Cuando se actualice el teléfono fijo o celular, fax o correo electrónico.

c) Cuando se actualice el nombre comercial.

d) Cuando se amplíen las señas del domicilio fiscal, pero no se altere o modifique el existente.

Sección III

Del domicilio fiscal

Artículo 34.- Obligación de comunicar el domicilio fiscal.

Corresponde al obligado tributario dar las referencias necesarias para fijar e identificar el domicilio fiscal para efectos de sus relaciones con la Administración Tributaria, en los casos en que esté obligado a inscribirse como obligado tributario. Los datos del domicilio fiscal deben ser ciertos, claros y necesariamente indicar en forma detallada, la provincia, el cantón, el distrito, el barrio y las señas adicionales que permitan la fácil ubicación de la oficina, negocio, empresa o lugar donde se lleve a cabo la actividad económica.

Mediante resolución general la Administración Tributaria indicará aquellos casos en que se considere oportuno exigir el registro de un domicilio fiscal aunque no exista un deber legal de inscripción.

Para cumplir con el deber de comunicar el domicilio fiscal, el obligado tributario debe utilizar únicamente los medios y la forma que establezca la Administración Tributaria. En los casos en que no se consignen todos los datos y elementos necesarios para ubicar correctamente el domicilio fiscal, no se tendrán por señalados; sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda.

La Administración Tributaria puede en cualquier momento comprobar o rectificar el domicilio fiscal del obligado tributario, según el procedimiento de modificación de domicilio fiscal establecido en el artículo 39 de este Reglamento.

En el Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda, si el sujeto pasivo no ha indicado un domicilio fiscal, se tendrá para todos los efectos el lugar donde esté ubicado el bien inmueble.

Artículo 35.- De las personas físicas.

Las personas físicas están obligadas a comunicar su domicilio fiscal al momento de la inscripción ante la Administración Tributaria.

Para la fijación y comunicación del domicilio fiscal a que se refiere el Código, se deben acatar las siguientes disposiciones:

Las personas físicas que desarrollen actividades económicas deben señalar como su domicilio fiscal, el lugar donde estén centralizadas sus actividades económicas o se ubique la dirección de las actividades que desarrollan. Caso contrario, el lugar donde tengan su residencia habitual.

En el caso de que la persona física ejerza actividades económicas y se encuentre residiendo temporalmente en Costa Rica, se considera como el domicilio fiscal el lugar donde esté ejerciendo sus actividades económicas.

Artículo 36.- De las personas jurídicas y entes colectivos sin personalidad jurídica.

Las personas jurídicas están obligadas a comunicar su domicilio al momento de la inscripción ante la Administración Tributaria.

Se considera como el domicilio fiscal de las personas jurídicas y entes sin personalidad jurídica el lugar donde esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de sus negocios.

Artículo 37.- De las personas domiciliadas en el extranjero.

Las personas físicas o jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que residan en el extranjero, están obligadas a establecer su domicilio fiscal, según se indica a continuación:

a) Las personas físicas con establecimiento permanente en el país, se regirán por el artículo 35 de este Reglamento.

b) Las personas jurídicas y demás entes colectivos sin personalidad jurídica con establecimiento permanente en el país, se regirán por lo establecido en el artículo 36 de este Reglamento.

c) En los demás casos, cuando no exista establecimiento permanente en el país, el sujeto pasivo debe comunicar un domicilio fiscal, respetando el siguiente orden:

1) El domicilio del representante legal en el país y a falta de este;

2) El lugar donde ocurra el hecho generador de la obligación tributaria. En este caso, el sujeto pasivo está obligado a designar un apoderado en el país.

Artículo 38.- Obligación de comunicar el cambio de domicilio fiscal.

Los obligados tributarios deben comunicar a la Administración Tributaria el cambio del domicilio fiscal y surtirá efectos a partir del momento de efectuada la comunicación.

El cambio de domicilio fiscal no impide que los procedimientos que se hayan iniciado de oficio antes de la notificación de dicho cambio, puedan continuar tramitándose por el órgano competente que lo inició, siempre que las notificaciones derivadas de estos procedimientos se realicen de acuerdo con lo previsto en la ley.

El cambio de domicilio fiscal que se realice sin observar la forma y los medios que la Administración Tributaria ha dispuesto, no surtirá efectos jurídicos.

El cambio que implique el traslado a otra Administración Tributaria no surtirá efectos legales para los procedimientos que se encuentren en curso. La Administración que detecte el cambio de domicilio fiscal es quien debe actualizar el Registro Único Tributario con la información del domicilio fiscal y remitir de inmediato la información a la Administración competente.

Artículo 39.- Domicilio fiscal infructuoso o incumplimiento en la fijación del domicilio fiscal.

Si el obligado tributario ha incumplido la obligación de establecer un domicilio fiscal o el facilitado resultare infructuoso, la Administración Tributaria debe fijar de oficio el domicilio fiscal, conforme lo dispone el artículo 30 del Código. Determinado el domicilio fiscal se debe levantar el acta respectiva en la que se consigna y registra la nueva dirección, fijándose como el domicilio fiscal del obligado tributario y notificándole el cambio de domicilio fiscal en el formulario respectivo.

Este domicilio fiscal es válido para efectuar las notificaciones de todos los procesos que se inicien con posterioridad, a que la Administración Tributaria le haya notificado al obligado tributario el nuevo domicilio fiscal.

Sección IV

De la determinación del impuesto por los sujetos pasivos

Artículo 40.- Deber de determinación y declaración jurada.

En los casos en que la ley así lo disponga, los sujetos pasivos deben efectuar la autoliquidación y pago de los tributos mediante los formularios oficiales y en los medios que determine la Administración Tributaria.

La información contenida en tales medios tiene el carácter de declaración jurada y se presenta en el tiempo y condiciones que establezca la ley.

Sección V

Información por medio de suministros generales y por requerimiento individualizado

Artículo 41.- Deber de proporcionar información previsiblemente pertinente.

Las personas, físicas, jurídicas, públicas o privadas y entidades sin personalidad jurídica, en calidad de informantes, están obligadas a proporcionar a la Administración Tributaria la información previsiblemente pertinente sobre los obligados tributarios que se halle en su poder, con las limitaciones que establece la ley.

La Administración Tributaria está facultada para requerir dicha información mediante suministros generales o por requerimientos individualizados; ya sea en formato impreso o digital y por los medios que esta defina.

De no atenderse la solicitud de información, el obligado tributario se hace acreedor a la

sanción establecida en el Código.

Toda información que se encuentre en poder de entidades financieras y que no esté dentro de los supuestos establecidos en el artículo 106 bis y 106 ter del Código, puede ser requerida sin necesidad de solicitud judicial.

Artículo 42.- Suministros generales de información.

Por resolución general, la Dirección General de Tributación está facultada para imponer a determinadas personas físicas, jurídicas, públicas o privadas y entidades sin personalidad jurídica, la obligación de suministrar, en forma periódica, la información previsiblemente pertinente que se halle en su poder y que derive de sus relaciones económicas, financieras y profesionales con otras personas que sean obligados tributarios actuales o potenciales.

Esta resolución debe indicar en forma precisa los obligados tributarios, la clase de información exigida y la periodicidad con que debe ser suministrada en los medios que defina la Administración Tributaria, indicando la fecha o plazo máximo que se otorga para cumplir con este deber.

Corresponde a la Dirección de Inteligencia Tributaria identificar, definir y administrar la información cuyo origen provenga de los requerimientos por suministro a partir del análisis económico y tributario de sectores de interés fiscal, con el fin de procesar y analizar dicha información y originar los reportes necesarios para los procesos de control tributario.

Artículo 43.- Requerimientos individualizados de información.

Los órganos competentes de la Administración Tributaria a cargo del control tributario, están facultados para requerir información individualizada que resulte previsiblemente pertinente para efectos tributarios, al sujeto inspeccionado o a terceros relacionados con este, con el fin de procurar la correcta verificación de la situación tributaria objeto de comprobación.

La Dirección de Inteligencia Tributaria está facultada para requerir información a un tercero o informante respecto de un sector económico, grupo determinado de sujetos pasivos o de un sujeto pasivo específico; siempre que no se refiera a los requerimientos relacionados con actuaciones de liquidación previa o definitiva realizados por los órganos competentes de la Administración Tributaria. La administración de esta información es responsabilidad exclusiva de la citada Dirección, a fin de centralizar su captura, garantizar su integridad y originar los insumos necesarios para los procesos de control tributario.

Los requerimientos de referencia deben ser motivados y notificados al obligado tributario.

El obligado tributario dispondrá de un plazo de diez días hábiles para cumplir con esta obligación. No obstante, en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor o en los supuestos de especial complejidad, a criterio del superior del funcionario a cargo, podrá prorrogarse este plazo hasta por veinte días hábiles adicionales, previa solicitud del obligado tributario.

Contra el requerimiento de información no cabe recurso alguno. No obstante, la falta de los presupuestos legales necesarios para fundamentar el requerimiento, puede ser invocada como defensa o excepción en cualquier procedimiento que derive del incumplimiento de la obligación de aportar la información.

Artículo 44.- Corrección de las declaraciones informativas.

Las personas físicas, jurídicas, públicas o privadas y entidades sin personalidad jurídica, que estén obligadas a proporcionar a la Administración Tributaria información previsiblemente pertinente deducida de sus relaciones económicas, financieras y profesionales con otras personas, pueden modificar los registros o podrá corregir los errores de contenido u omisiones de la información proporcionada, en los medios y modelos que la Dirección General de Tributación disponga. Toda información que el sujeto pasivo presente con posterioridad a la inicial será considerada rectificación de la inicial o de la última modificada.

Sección VI

De la confidencialidad de la información tributaria

Artículo 45.- Carácter confidencial de la información.

La información de naturaleza privada de los obligados tributarios e incluso de cualquier persona o entidad que fuere obtenida por la Administración Tributaria tendrá como fin el cumplimiento de las facultades otorgadas por ley y su carácter es confidencial.

La confidencialidad implica la protección de los datos y documentos que reflejen el estado económico y financiero individualizado del contribuyente.

Artículo 46.- Información de acceso público.

Es de acceso público la información referida al nombre de los sujetos pasivos, impuestos, períodos y montos de las deudas respecto de las cuales haya vencido el plazo legal para el pago de la obligación tributaria sin que haya cumplido esta obligación; así como el nombre de aquellos que hayan omitido la presentación de las declaraciones, una vez vencidos los plazos establecidos por ley y el nombre de aquellos sujetos pasivos que habiendo realizado actividades económicas incumplan el deber de inscripción.

Se faculta a la Administración Tributaria para publicar la lista de morosos. No obstante lo anterior, los nombres y montos podrán ser suministrados siempre que se encuentren firmes en sede administrativa y no hayan acudido a la jurisdicción contencioso-administrativa, en el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva.

Excepto en los casos en que exista una ley que autorice al requirente a tener acceso a información confidencial, sea sujeto de Derecho Público o de Derecho Privado, únicamente se le podrá proporcionar al solicitante la que surja de la publicación de datos estadísticos generalizados y nunca individualizados que permita conocer la situación financiera del sujeto pasivo, así como la información relativa al registro de valores de bienes inmuebles de un contribuyente determinado.

Artículo 47.- Uso de la información confidencial.

La información confidencial recabada por la Administración Tributaria no puede ser utilizada para fines distintos a los tributarios, salvo norma legal que así lo autorice y siempre dentro de las facultades otorgadas a la Administración Tributaria. El carácter privado de la información capturada para fines tributarios prevalece y debe resguardarse según lo dispone la ley.

Los servidores de la Administración Tributaria únicamente están autorizados a acceder a la información propia de la gestión administrativa que estén tramitando y conforme a los casos específicos que le han sido asignados por parte de su superior.

La información tributaria confidencial puede utilizarse para fines no tributarios por parte de otras entidades ajenas a la Administración Tributaria, cuando el acceso a dicha información esté respaldado en una norma legal que así lo permita.

Todos los requerimientos de información confidencial solicitados a la Administración Tributaria deben justificar el uso que se le dará a esta información, estando totalmente prohibido un uso distinto a aquel que por norma legal se les haya asignado.

Artículo 48.- Confidencialidad de la información al amparo de convenios internacionales.

La información obtenida al amparo de las disposiciones de un convenio internacional que contemple el intercambio de información en materia tributaria, incluido el requerimiento de información que realiza el otro Estado Contratante, constituye información confidencial y debe ser protegida de la misma manera en que se trata la información tributaria que se recibe al amparo de las leyes nacionales.

Artículo 49.- Requerimientos de información confidencial por parte de la Administración Tributaria.

La información confidencial obtenida por otros entes públicos cuya potestad es otorgada por leyes no tributarias, debe ser trasladada a la Administración Tributaria cuando así se le requiera, en forma individual o generalizada, siempre que la información tenga el carácter de información previsiblemente pertinente para efectos tributarios.

Salvo las excepciones establecidas en el artículo 105 incisos a), b), c) y d) del Código o de norma legal que prohíba expresamente su traslado para fines tributarios, el incumplimiento de esta disposición hace incurrir al infractor en las sanciones administrativas establecidas por tal omisión en el Código.

Artículo 50.- Requerimientos de información a terceros.

En todos los casos en que se requiera información a terceros, la justificación del mismo debe limitarse a los fundamentos legales que permiten solicitar la información al sujeto requerido como parte del control tributario y que esta se considera previsiblemente pertinente.

En el caso de convenios internacionales de intercambio de información tributaria, la justificación se limita a la verificación de que la solicitud cumple con lo establecido en el convenio internacional.

Artículo 51.- Resguardo de la Información para el control tributario.

La información tributaria que se reciba de entidades financieras producto de orden judicial y cuyo origen de la solicitud no sea un convenio internacional que contemple el intercambio de información en materia tributaria, será resguardada por la Administración Tributaria.

Tratándose de convenios internacionales que contemplen el intercambio de información en materia tributaria, la información que se reciba junto con el escrito de solicitud de intercambio de información por parte de otra jurisdicción, será resguardada por la Dirección de Tributación Internacional y Técnica Tributaria, en archivos físicos o digitales, según lo permita el avance tecnológico.

Tratándose de información que se recibe en respuesta a un requerimiento por iniciativa costarricense, en virtud de un convenio internacional que contemple el intercambio de información tributaria, se recibirá en el Despacho del Director General de Tributación, debiendo ser trasladada por parte de la Dirección de Tributación Internacional y Técnica Tributaria a la oficina de la Administración Tributaria requirente u otros órganos autorizados en el convenio que se esté aplicando. En este caso, la información deberá formar parte del expediente del proceso que lo origina y del legajo que corresponda.

Artículo 52.- Sello de confidencialidad en el intercambio internacional de información.

Le corresponde a la Dirección de Tributación Internacional y Técnica Tributaria, verificar que la solicitud y toda la información que se remita a otra jurisdicción bajo el amparo de un convenio internacional que contemple el intercambio de información en materia tributaria, lleve un sello en el cual se indique que esa información es confidencial y proporcionada bajo el amparo de un convenio internacional con otra jurisdicción, a fin de que su uso y manejo se ajuste a lo regulado en el convenio.

Sección VII

Solicitudes de información, petición y consulta tributaria

Artículo 53.- Medios para dirigirse a la Administración Tributaria.

Los obligados tributarios podrán dirigirse a la Administración Tributaria, por cualquiera de los siguientes medios:

a) Solicitudes de información.

b) Peticiones al amparo del artículo 102 del Código.

c) Consultas tributarias al amparo del artículo 119 del Código.

Artículo 54.- Solicitudes de información sobre trámites o requisitos.

Las solicitudes de información pueden versar sobre trámites o requisitos. Se pueden realizar en forma verbal, por vía telefónica, por medio electrónico o impreso.

Las solicitudes de información realizadas vía telefónica se evacuarán por ese mismo medio de forma inmediata, siempre y cuando no se requiera de mayor investigación para proporcionar la información solicitada. En caso de requerir una mayor investigación, se debe indicar al obligado tributario que debe presentar la solicitud por escrito, por medio electrónico o impreso.

Las solicitudes presentadas por medios electrónicos o impresos deben contener los siguientes requisitos:

a) Identificación del solicitante (nombre completo y número de documento de identidad).

b) Señalamiento de lugar, correo electrónico o cualquier otro medio para recibir notificaciones.

c) Solicitud firmada por el interesado.

d) Exposición clara y precisa del motivo por el cual requiere la información.

Artículo 55.- Peticiones fundamentadas en el artículo 102 del Código.

Las peticiones son reclamaciones sobre un caso real que se fundamentan en razones de legalidad, las cuales deben cumplir los siguientes requisitos:

1) Petición firmada por el obligado tributario. Si no es presentada en forma personal, debe venir autenticada por un Abogado o Notario Público.

2) Debe ser presentada en el formulario o medio que la Administración Tributaria disponga.

3) Debe indicarse el fundamento legal de la petición.

4) Exposición clara y precisa de los hechos concretos.

5) Indicar el medio para recibir notificaciones.

6) Y los demás requisitos que se exijan, según el tipo de petición de que se trate, se definirán por resolución general.

También se consideran peticiones las solicitudes que interpongan los contribuyentes para que se les establezca un sistema especial de cálculo de su renta neta presuntiva, de conformidad con el artículo 11 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el que será autorizado por la Administración Tributaria.

Artículo 56.- Solicitudes de información y petición en formato electrónico.

Las solicitudes de información y las peticiones pueden ser presentadas por medio electrónico, siempre y cuando el obligado tributario disponga de la firma digital válidamente expedida.

La persona que utilice un medio electrónico para realizar una solicitud de información o petición, debe indicar un correo electrónico o un fax para atender la notificación que emane de la Administración Tributaria a la que se envió el documento.

Las solicitudes de información que se reciban por los medios electrónicos que válidamente determine la Administración Tributaria, deben ajustarse a las normas que sobre el tema definan las resoluciones respectivas.

Artículo 57.- Plazo para resolver las solicitudes de información.

Las solicitudes de información deben ser atendidas en cada Administración Tributaria en un plazo máximo de 10 días hábiles, contados desde la fecha de presentación de la solicitud de información en la Administración Tributaria.

En los casos en que por la naturaleza de la solicitud la Administración Tributaria requiera de un plazo mayor al señalado, se debe comunicar por escrito al interesado dentro de los 10 días hábiles siguientes la ampliación del plazo y las razones por las cuales este se prorroga.

Artículo 58.- Plazo para resolver las peticiones.

El Director General de la Administración Tributaria o los Gerentes de las Administraciones Tributarias competentes y la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales, en quienes él delegue, total o parcialmente, están obligados a resolver toda petición planteada por los interesados dentro de un plazo máximo de dos meses, contados desde la fecha de la presentación ante la Administración Tributaria.

Vencido el plazo de dos meses sin que la Administración Tributaria resuelva lo que en derecho corresponda, se presume que esta es denegatoria, para que los administrados puedan interponer los recursos y acciones correspondientes; lo anterior, sin perjuicio de que la Administración Tributaria esté obligada a dar respuesta a la petición.

Artículo 59.- Falta de requisitos.

En el caso de que la solicitud de información o petición no cumpla con los requisitos previstos en los artículos anteriores, se debe requerir por escrito al interesado el cumplimiento de estos.

El requerimiento a que se refiere este artículo suspende el cómputo del plazo para resolver por el tiempo concedido al interesado para cumplir lo requerido, el cual es de diez días hábiles. De no cumplirse con el requerimiento se debe proceder al archivo del expediente, sin perjuicio de que el interesado pueda gestionar el trámite en fecha posterior.

De haberse presentado documentos probatorios, estos pueden invocarse para que se agreguen al nuevo expediente, sin necesidad de que el interesado deba aportarlos de nuevo.

Sección VIII

Consulta tributaria

Artículo 60.- Consulta tributaria regulada por el artículo 119 del Código.

Quien tenga un interés personal y directo puede realizar una consulta a la Administración Tributaria sobre la aplicación del derecho a una situación de hecho concreta y actual.

Se entiende que una situación de hecho es concreta cuando se individualiza en todas sus características particulares y es actual cuando se desarrolla u ocurre en el presente o cuando su inicio es inminente. En particular:

a) No es admisible la consulta que versa sobre hechos o situaciones pasadas. Se entiende que un hecho o situación es pasada, cuando se refiera a hechos generadores de la obligación tributaria, cuyo plazo para declarar o para pagar haya expirado.

b) Tratándose de una actividad o negocio en marcha, la existencia de hechos o situaciones pasadas no impide la consulta sobre hechos actuales o situaciones futuras, aunque el punto a consultar se refiera a ambos tipos de situación. En tal caso, los efectos de la consulta solo cubren los hechos o situaciones actuales o futuros.

c) Tratándose de una actividad o negocio en proyecto, la consulta será admisible si se demuestra razonablemente haber dado pasos claros hacia la iniciación de la actividad o negocio.

Artículo 61.- Efectos de la consulta.

La respuesta a la consulta tiene carácter informativo y este criterio solo surte efecto vinculante para la Administración Tributaria en el caso concreto consultado.

La respuesta a la consulta evacuada sobre datos inexactos proporcionados por el consultante no surte efectos jurídicos para la Administración.

Artículo 62.- Órgano competente para contestar las consultas tributarias.

Corresponde al Director General competente contestar las consultas tributarias que formulen los interesados. En el caso de las consultas que sean de la competencia de la Dirección General de Tributación, estas serán analizadas y tramitadas por la Dirección de Tributación Internacional y Técnica Tributaria.

Artículo 63.- Requisitos de las consultas.

Sólo son admisibles las consultas que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Indicar el nombre del o los interesados en el caso.

b) Plantear la situación de hecho concreta y actual, sobre datos exactos.

c) Exponer con claridad y precisión todos los elementos constitutivos de la situación que motiva la consulta.

d) Exponer los argumentos que respalden su opinión fundada.

e) Indicar el o los tributos afectados y los respectivos períodos fiscales.

f) Señalar medio para recibir notificaciones.

Las consultas interpuestas por escrito deben ser presentadas en original y una copia, la cual será devuelta con el recibo conforme (fecha, sello, nombre de quien la recibe, hora) al obligado tributario.

Las consultas tributarias presentadas por correo electrónico, deben presentarse ante la Dirección General de Tributación y además deben cumplir con:

a) La consulta y el correo mediante el cual se envía la consulta deben ser firmados

digitalmente por quien presenta la consulta.

b) La consulta electrónica realizada a nombre de personas jurídicas, debe ser firmada digitalmente por el representante legal o apoderado de la consultante.

c) Se debe presentar una personería jurídica vigente en formato electrónico, ya sea firmada digitalmente por el notario público quien debe dar fe de la misma o emitida por el Registro Nacional. En el caso de las certificaciones emitidas por el Registro Nacional, bastará con indicar el número de identificación de la certificación digital.

Mediante resolución general se establecerá el correo electrónico en el que se reciban las consultas tributarias, así como las demás disposiciones sobre este procedimiento que se consideren necesarias y que el avance tecnológico permita.

En los casos en que la solicitud no cumpla con los requisitos correspondientes a la consulta

tributaria, se notificará al consultante tal situación, en el plazo de diez días hábiles contados

a partir de su recepción, especificando las razones por las cuales se rechaza. En virtud de la

naturaleza de la consulta, cuando corresponda, se remitirá para su evacuación a la oficina

competente.

Artículo 64.- Prevenciones.

Ante el incumplimiento de alguno de los requisitos señalados, se requerirá al consultante el cumplimiento de los mismos; además, se le debe requerir cuantos elementos de prueba se consideren necesarios para mejor resolver.

Al consultante se le otorgará un plazo de diez días hábiles para dar respuesta al requerimiento que se le notificó, el cual suspende el cómputo del plazo para resolver. De no atender el requerimiento, la consulta se tramitará con la información que conste en el expediente.

Artículo 65.- Inadmisibilidad de la consulta.

Se rechazan de plano las consultas que presenten cualquiera de las siguientes circunstancias:

a) Que el solicitante haya obtenido ya un criterio de la Administración Tributaria sobre la misma materia que está consultando.

b) Que la Administración Tributaria se haya pronunciado sobre el asunto, con ocasión de una situación de comprobación al consultante.

c) Que el solicitante esté siendo objeto de un procedimiento de comprobación de sus obligaciones tributarias o se le hubiere informado del inicio de tal procedimiento y que la materia objeto de consulta forma parte de las cuestiones que tienen que aclararse en el curso de ese procedimiento.

En estos supuestos procede el archivo del expediente sin más trámite.

Artículo 66.- Efectos del silencio positivo.

Para evacuar la consulta, la Administración Tributaria dispone de cuarenta y cinco días hábiles a partir del día siguiente de su presentación. Si al vencimiento de dicho plazo no se ha notificado la resolución opera el silencio positivo y se entiende como aprobada la interpretación del consultante.

El silencio positivo opera cuando la consulta reúna todos los requisitos exigidos en este Reglamento, siempre que se exponga la interpretación del consultante y se limitará al caso concreto consultado.

El transcurso del plazo no impide que la Administración se pronuncie con posterioridad. Si lo resuelto expresamente contradice la interpretación del consultante, se entiende revocado el acto.

Artículo 67.- Recursos en contra de lo resuelto.

Al tener la consulta carácter informativo, el consultante no podrá entablar recurso alguno contra lo resuelto, de conformidad con lo establecido en el artículo 156 del Código.

Artículo 68.- Efectos del cambio de criterio de la Administración Tributaria y recursos.

La Administración Tributaria puede cambiar su criterio en cualquier momento en relación con lo consultado, para lo cual debe notificar al consultante sobre dicho cambio.

Contra la resolución que cambie el criterio no cabe recurso alguno. El cambio de criterio surte efectos únicamente respecto de los hechos generadores de la obligación tributaria cuyos plazos para declarar o pagar no estén vencidos.

No obstante, tratándose de sujetos obligados a retener, percibir o cobrar los tributos, el cambio de criterio no afecta los hechos generadores ya ocurridos; salvo que a juicio de la Administración Tributaria se cause un perjuicio al consultante, en cuyo caso, solo aplicaría para períodos futuros.

Sección IX

De las denuncias

Artículo 69.- Denuncias.

Las denuncias que presenten las personas físicas o jurídicas ante la Administración Tributaria, relacionadas con hechos o situaciones que conozcan y puedan tener trascendencia o incidir en la gestión de los tributos, serán trasladadas a los órganos competentes. Estos órganos deben programar las actuaciones que procedan, si se considera que existen indicios suficientes que ameriten la instrucción del caso.

Se deben archivar sin más trámite, aquellas denuncias que no especifiquen ni concreten suficientemente los hechos denunciados.

No se considera al denunciante como parte interesada en la actuación administrativa que se inicie a raíz de la denuncia, ni legitimado para interponer recursos o reclamaciones en relación con los resultados de la misma. Sin embargo, si se le da trámite a la denuncia, tal situación se le comunicará.

CAPITULO V

Del servicio al contribuyente

Artículo 70.- Servicio al Contribuyente.

El servicio al contribuyente tiene por objeto facilitar, informar y promover por todos los medios -físicos o electrónicos- a disposición de la Administración Tributaria, el cumplimiento voluntario de las obligaciones formales y materiales establecidas por ley a cargo de los obligados tributarios; utilizando la estrategia institucional de servicio al contribuyente y canales de servicio electrónico, así como cualquier otro medio tecnológico que desarrollen las direcciones técnico normativas sobre los procedimientos de su competencia.

Artículo 71.- Educación y Cultura Fiscal.

La Dirección General de Tributación debe promover y desarrollar todo lo referente a la educación y cultura fiscal, así como implementar el Plan Nacional de Educación Fiscal, promoviendo la conciencia ciudadana para el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y el ejercicio de una ciudadanía participativa y responsable.

Para ello, debe establecer los procedimientos de coordinación necesarios con los diferentes entes encargados de la educación a nivel nacional y con otras instancias, donde pueda desarrollarse el tema para la implementación de una estrategia nacional de Educación Fiscal, así como el planteamiento de la revisión de los contenidos curriculares en Educación Fiscal.

Artículo 72.- Instructivos, software de ayuda e información en sitios Web.

La Administración Tributaria debe difundir y mantener actualizada toda la información que se refiera a instructivos, software de ayuda, trámites, solicitudes de información y obligaciones tributarias, entre otros, en sus sitios Web y en el Catálogo Nacional de Trámites, para garantizar un servicio de información y divulgación oportuno.

Artículo 73.- Jurisprudencia administrativa.

Con el objeto de que la ciudadanía conozca la jurisprudencia administrativa tributaria que emite el Tribunal Fiscal Administrativo, la Dirección General de Tributación y sus dependencias, el Ministerio de Hacienda la pondrá a disposición de los usuarios, por medio del sitio Web del Sistema Costarricense de Información Jurídica o mediante los enlaces al módulo del Digesto Tributario que aparecen en la página Web del Ministerio de Hacienda o de la Dirección General de Tributación. Esta jurisprudencia no debe revelar los nombres de los obligados tributarios.

Entre los documentos a publicar se encuentra la jurisprudencia administrativa, las consultas tributarias, directrices, resoluciones generales, criterios institucionales, entre otros; con las limitaciones establecidas en el artículo 117 del Código. Se pueden utilizar otros medios electrónicos y tecnológicos para divulgar la información de interés tributario, como son las redes sociales.

Artículo 74.- Publicidad de los proyectos de reglamentación.

Los proyectos de reglamentación y las resoluciones generales que desarrollen leyes tributarias deben hacerse del conocimiento general de la ciudadanía a través del sitio Web de la Administración Tributaria, por medio de redes sociales o por los medios tecnológicos disponibles, procurando siempre la mayor difusión posible.

Se debe publicar un aviso en un diario de mayor circulación nacional, mediante el cual se haga de conocimiento general la existencia de la información electrónica y la dirección por medio de la cual se puede consultar.

Cuando estos proyectos afecten intereses de entidades representativas de carácter general, corporativo o de intereses difusos se deben publicar en el diario oficial La Gaceta dos avisos mediante los cuales se ponga en conocimiento de estas entidades, la difusión de tales proyectos en la página Web de la Administración Tributaria.

El aviso debe contener la dirección electrónica en la cual se puede consultar e indicar que a partir del día siguiente a la publicación del primer aviso transcurre el plazo de diez días hábiles para exponer su parecer sobre los referidos proyectos. Se podrá omitir esta publicación en el diario oficial únicamente por razones de urgencia e interés público debidamente justificadas.

Tratándose de proyectos que corresponden a actualizaciones o modificaciones establecidas por ley especial, esta publicación en la página Web y al menos el primer aviso en el diario oficial La Gaceta debe hacerse con un mes de anticipación al plazo establecido por dicha ley.

TITULO II

Del procedimiento tributario

CAPITULO I

Disposiciones Generales

Sección I

Potestades de la Administración Tributaria

Artículo 75.- Potestad de la Administración Tributaria.

La potestad de la Administración Tributaria surge de forma expresa del ordenamiento jurídico, cuyo propósito es la implementación, ejecución de sistemas, procedimientos eficientes de planificación, coordinación y control, para lograr al máximo el cumplimiento voluntario de los deberes y obligaciones tributarias, por parte de los obligados tributarios y la detección oportuna de los incumplimientos de las obligaciones tributarias.

Artículo 76.- Facultades de la Administración Tributaria.

En el ejercicio de las facultades conferidas la Administración Tributaria es la encargada de aplicar las leyes tributarias y desarrollar un conjunto de acciones tendientes a lograr una correcta percepción, fiscalización, control y cobro de los tributos; puede utilizar todos los recursos necesarios para el cumplimiento de las potestades otorgadas, incluyendo los medios tecnológicos que se encuentren disponibles y que le permitan hacer más eficiente y eficaz su labor.

Artículo 77.- Competencias.

La competencia en las actuaciones administrativas será determinada por el domicilio fiscal que tengan registrado los obligados tributarios, en el momento de iniciarse la actuación de la Administración Tributaria, con aplicación de los siguientes supuestos:

a) En cuanto a la facultad de practicar una liquidación previa o definitiva, esta se extiende a hechos imponibles y períodos anteriores, siempre que no hayan prescrito, aun cuando el obligado tributario no hubiera tenido el mismo domicilio al momento del inicio de la actuación.

b) La Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales tiene competencia en todo el territorio nacional sobre todos los obligados tributarios que estén calificados como Grandes Contribuyentes Nacionales al iniciarse las actuaciones.

c) La facultad de fiscalizar o en general, de practicar una liquidación previa o definitiva, por parte de la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales se extiende a hechos imponibles y períodos anteriores, aun cuando para estos el sujeto no hubiera tenido la condición de Gran Contribuyente Nacional.

d) El cambio de domicilio fiscal durante la tramitación de alguna solicitud del obligado tributario o alguna actuación tributaria no modifica la competencia de la Administración Tributaria Territorial, el procedimiento debe ser concluido por la Administración Tributaria Territorial que le dio inicio.

e) En materia de valoración de bienes inmuebles la ubicación del inmueble será la que determine la competencia de la respectiva Administración Tributaria Territorial.

La Dirección de Inteligencia Tributaria tiene competencia en todo el territorio nacional para requerir todo tipo de información previsiblemente pertinente.

En casos excepcionales, cuando se trate de casos concretos relacionados por la materia que correspondan en principio a distintas administraciones tributarias, según los criterios indicados, la Dirección General de Tributación podrá asignar mediante resolución notificada a los interesados, la competencia del caso específico o de los casos específicos a la Administración a la que en principio correspondería lo que a juicio de la Dirección sea el caso principal o sean los casos principales, atendiendo incluso a razones de oportunidad.

Terminada la actuación que originó uno u otro acto, la competencia volverá a la administración tributaria territorial.

Sección II

De la prueba

Artículo 78.- Hechos probados como fundamento de las decisiones de la Administración Tributaria.

La determinación de los tributos, la imposición de las sanciones y en general, toda decisión de la Administración Tributaria debe fundarse en los hechos que aparezcan probados en el respectivo expediente.

La idoneidad de los medios de prueba contenidos en un expediente tributario depende de los requisitos que para la validez de determinados actos prescriban las leyes tributarias y comunes o de las presunciones que tales disposiciones establezcan en materia probatoria.

En todo caso debe valorarse la mayor o menor conexión que el medio de prueba tenga con el hecho a demostrar y el valor de convencimiento que pueda atribuírsele, conforme a las reglas de la sana crítica y al principio de realidad económica.

Artículo 79.- Carga de la prueba.

La carga de la prueba incumbe a la Administración Tributaria respecto de los hechos constitutivos de la obligación tributaria, mientras que incumbe al obligado tributario respecto de los hechos impeditivos, modificativos o extintivos de la obligación tributaria.

En el procedimiento sancionador, la carga de la prueba incumbe a la Administración en cuanto a demostrar la existencia del incumplimiento y de la actuación culposa o dolosa. Al contribuyente corresponde la prueba en descargo de tales hechos.

Artículo 80.- Prueba mediante documentos oficiales.

Los obligados tributarios pueden invocar como prueba documentos expedidos por la Administración Tributaria, bastando con indicar la oficina donde se encuentren o el expediente al que se aportaron. El contribuyente puede también aportar copia certificada del documento o certificación que demuestre su existencia.

No debe solicitarse documentación que ya se encuentre en poder de la Administración Tributaria, salvo razones justificadas.

La certificación expedida por funcionario público en ejercicio de su función tiene el mismo valor probatorio que la copia auténtica del documento.

Artículo 81.- Prueba sobre base presunta.

En la utilización del método de base presunta al que se refiere el Código, la Administración Tributaria debe demostrar y motivar la existencia de alguna de las circunstancias o causales establecidas en los artículos 124 y 125 inciso b) del Código.

Artículo 82.- La contabilidad como medio de prueba.

Los registros contables del obligado tributario constituyen elemento de prueba, siempre y cuando se lleven en debida forma, reflejando fielmente su situación financiera, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera aprobadas por elColegio de Contadores Públicos. No obstante, la Administración Tributaria puede desvirtuar el contenido de la contabilidad mediante otros elementos de prueba externos a esta.

De constatar la Administración Tributaria que los estados de cuenta o certificaciones de estados financieros de un obligado tributario no reflejan su realidad económica, puede desconocer la contabilidad así registrada y utilizar cualesquiera otros permitidos por el derecho común.

Sección III

Plazos para resolver

Artículo 83.- Plazos para resolver.

Todos los plazos para resolver a que se refiere el Código tienen carácter ordenatorio, mientras no se establezca expresamente lo contrario.

En los casos en que en las leyes especiales o en este Reglamento no se haya establecido un plazo para el cumplimiento de un acto administrativo, se aplicará un plazo no inferior a diez días hábiles, sin perjuicio del derecho del interesado de obtener una ampliación cuando existan motivos razonables que justifiquen, a juicio de la Administración Tributaria la prórroga respectiva.

Sección IV

Recursos

Artículo 84.- Disposiciones generales.

Los actos administrativos serán recurribles solo por los medios y en los casos especialmente establecidos en la ley.

Artículo 85.- Procedimiento de revisión del acto de liquidación de oficio.

Notificado el acto administrativo de liquidación de oficio a que se refiere el artículo 144 del Código, el sujeto pasivo podrá recurrirlo según lo estime adecuado, interponiendo potestativamente:

a) Recurso de revocatoria ante el órgano de la Administración Tributaria que lo dictó.

b) Recurso de apelación para ante el Tribunal Fiscal Administrativo.

c) Demanda en sede contencioso-administrativa, pudiendo interponerse aun cuando no se hubiere interpuesto alguno o ninguno de los recursos anteriormente señalados. Interpuesto el recurso de revocatoria y también el recurso de apelación, dentro del plazo establecido para recurrir, se tramitará el presentado en primer lugar y se declarará inadmisible el segundo, sin perjuicio del derecho que le asiste al interesado de interponer, si así lo decide, el recurso de apelación para ante el Tribunal Fiscal Administrativo, contra la resolución que resuelve el de revocatoria.

Artículo 86.- Recurso de revocatoria ante el órgano de la Administración Tributaria.

Notificado el acto de liquidación de oficio, dentro de los treinta días hábiles siguientes, el sujeto pasivo podrá interponer, ante el órgano competente de la administración tributaria territorial o Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales que emitió el acto, el recurso de revocatoria que se indica en el artículo 145 del Código. Procede la interposición de este recurso, aun cuando el sujeto pasivo no hubiere hecho el ingreso de la deuda contenida en el acto de liquidación de oficio o no hubiere rendido las garantías sobre ella, según lo dispuesto por el artículo 144 del Código.

En el recurso de revocatoria, el sujeto pasivo debe señalar detalladamente los argumentos y aportar los elementos probatorios que sustenten sus consideraciones; asimismo, deberá indicar las razones por las que solicita la revisión del acto de liquidación de oficio. En este documento debe indicar un lugar o medio para recibir notificaciones.

El órgano que emitió el acto será el competente para resolver el recurso planteado, el cual debe analizar cada uno de los argumentos expuestos por el recurrente y valorar los hechos y elementos probatorios ofrecidos. En caso de considerarlo necesario se podrá requerir prueba para mejor resolver. La emisión de la resolución que proceda debe dictarse dentro de los treinta días hábiles siguientes a la presentación del recurso, entendiéndose ese plazo con carácter ordenatorio, por lo que debe emitirse aun después de cumplido ese plazo.

La resolución que resuelve el recurso de revocatoria debe informar al sujeto pasivo sobre la posibilidad de presentar el recurso de apelación, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución.

Contra las resoluciones administrativas que imponen las sanciones establecidas en el artículo 150 del Código, el recurso de revocatoria debe presentarse dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a la notificación del acto administrativo que impone la sanción.

Tratándose de la infracción prevista en el artículo 81 del mismo cuerpo normativo, el plazo para interponer el recurso de revocatoria es de treinta días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que impone la sanción.

Artículo 87.- Recurso de apelación para ante el Tribunal Fiscal Administrativo.

Notificado el acto de liquidación de oficio o la resolución que resolvió el recurso de revocatoria, el sujeto pasivo podrá interponer, dentro de los treinta días hábiles siguientes, el recurso de apelación para ante el Tribunal Fiscal Administrativo a que se refieren los artículos 146 y 156 del Código.

Tratándose de la aplicación de sanciones, también procede el recurso de apelación, contra la resolución que resuelve el recurso de revocatoria, si se hubiere optado por interponerlo, o contra la resolución que impone la sanción, cuando no se hubiere interpuesto aquél. En estos casos y con la excepción que se anota más adelante, el recurso de apelación deberá interponerse dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que impone la sanción o de la que resuelve el recurso de revocatoria, según corresponda. Como excepción a lo anterior, en el caso de la resolución que impone la sanción del artículo 81 del mismo cuerpo normativo, el plazo para presentar el recurso de apelación es de treinta días hábiles establecido en el artículo 146 del Código.

El Tribunal Fiscal Administrativo debe resolver el recurso de apelación interpuesto dentro del plazo establecido en el artículo 163 del Código, entendiéndose ese plazo como ordenatorio, por lo que deberá emitirse la resolución que proceda, aun después de cumplido ese plazo. Tratándose de liquidaciones de oficio de la obligación tributaria, la resolución del recurso de apelación deberá indicar la fecha a partir de la cual se tendrá por suspendido el cómputo de los intereses, así como los actos y fechas que lo reactivarán, de conformidad con el último párrafo de la norma legal en referencia.

El recurso de apelación para ante el Tribunal Fiscal Administrativo, podrá presentarse ante el órgano de la administración territorial o de Grandes Contribuyentes Nacionales que emitió el acto recurrido, quien deberá remitirlo al Tribunal Fiscal Administrativo dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su recepción, junto con el expediente administrativo y los expedientes accesorios, si los hubiera. Si se presenta directamente en la sede del Tribunal Fiscal Administrativo, ese órgano colegiado deberá comunicarlo en aquel mismo plazo a la Administración Tributaria que lo dictó, requiriéndole la remisión del expediente.

Cuando el recurso de apelación para ante el Tribunal Fiscal Administrativo, sea interpuesto contra el acto de liquidación de oficio, habiéndose presentado previamente un recurso de revocatoria contra el mismo acto, se remitirá al Tribunal Fiscal Administrativo, en aquel mismo plazo, únicamente la apelación presentada, informándosele sobre la presentación previa de un recurso de revocatoria.

La Administración Tributaria que conozca del asunto, emplazará a las partes para que, dentro del plazo de treinta días hábiles, se apersonen ante el Tribunal Fiscal Administrativo con el propósito de que presenten, si lo tienen a bien, los alegatos y las pruebas pertinentes en defensa de su derecho, de conformidad con el artículo 156 del Código.

Artículo 88.- Liquidación de las resoluciones que revoquen parcialmente liquidaciones de oficio.

En los casos en que la Administración tributaria, mediante la resolución del recurso de revocatoria, o el Tribunal Fiscal Administrativo, mediante la resolución del recurso de apelación, revoquen parcialmente lo determinado en el acto de liquidación de oficio, la Administración Tributaria deberá recalcular la deuda, así como los intereses correspondientes.

Para estos efectos, la Administración Tributaria dictará y notificará una nueva resolución liquidadora, en la que se haga constar la nueva deuda tributaria y sus intereses, cuantificados a la fecha de emisión de la resolución en referencia. El cálculo de los intereses debe respetar los plazos de suspensión legalmente establecidos, los cuales deberán ser indicados por cada órgano interviniente en el proceso, sea la propia Administración Tributaria, o bien el Tribunal Fiscal Administrativo.

Si el cómputo de los intereses dispuestos por el artículo 40 del Código se encontrare suspendido, por haberse excedido el plazo dispuesto para el dictado de la resolución que proceda, la notificación de la resolución liquidadora reactivará el cálculo de aquellos intereses.

Procede la presentación del recurso de revocatoria contra esta resolución, únicamente bajo los siguientes supuestos:

a) Inclusión en la liquidación de algún concepto que se hubiere estimado como no gravado por el Tribunal Fiscal Administrativo.

b) Exclusión en la liquidación de algún concepto que se hubiere estimado como deducible por el Tribunal Fiscal Administrativo.

c) Que el plazo sobre el que se computa el interés no corresponda.

d) Que se hubiere aplicado una tasa de interés que no corresponda.

e) Que los períodos de reactivación del cómputo de intereses no fueran los correctos.

f) Que existan evidentes y manifiestos errores aritméticos en los cálculos efectuados.

g) Alguna otra circunstancia no indicada anteriormente, pero que hubiere generado una incorrecta cuantificación en la resolución liquidadora.

La presentación en tiempo y forma de este recurso, mantendrá la suspensión del cálculo de los intereses, por haberse excedido el plazo dispuesto para el dictado de la resolución que corresponda.

Procede rechazar de plano el recurso de revocatoria contra la resolución liquidadora cuando no verse sobre los supuestos enunciados anteriormente. Bajo esa hipótesis, la presentación del recurso no suspende el cómputo de los intereses dispuestos por el artículo 40 del Código.

Este recurso debe ser interpuesto en un plazo de cinco días hábiles posteriores a la notificación de la resolución liquidadora, ante el órgano que la dictó, quien será el competente para resolverlo. La resolución que lo resuelva debe dictarse dentro de los cinco días hábiles posteriores a su presentación, debiendo notificarse al interesado. Dentro del plazo de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que fuera notificada, cabe, contra esa resolución, la presentación del recurso de apelación para ante el Tribunal Fiscal Administrativo. La admisión de este último recurso estará condicionada a que verse exclusivamente sobre alguno de los supuestos indicados en este artículo.

Artículo 89.- Apelación de hecho.

Cuando la Administración Tributaria deniegue el recurso de apelación, el interesado podrá acudir ante el Tribunal Fiscal Administrativo y apelar de hecho, dentro del plazo de tres días hábiles, conforme a las disposiciones establecidas en el Código Procesal Civil.

CAPITULO II

De la notificación

Sección I

Disposiciones generales

Artículo 90.- Deber de notificar.

Todo acto administrativo que afecte derechos o intereses de las partes o de un tercero, debe ser debidamente notificado al afectado.

Artículo 91.- Lugar de la primera notificación.

En el inicio de cada procedimiento, se realizará por única vez, una notificación en el domicilio fiscal, si se encuentra registrado en la Administración Tributaria.

De lo contrario, la primera notificación se debe realizar personalmente en alguno de los siguientes lugares:

a) Las oficinas de la Administración. Cuando el interesado concurra directamente a las oficinas de la Administración Tributaria.

b) El Domicilio social. Para personas jurídicas, cuando se notifique en el domicilio social, dejando la notificación con cualquier persona que trabaje directamente para la empresa.

c) El lugar de trabajo. Cuando se notifique a las personas físicas, en su lugar de trabajo, en forma personal o a cualquier persona que trabaje directamente para la empresa, en el caso de las personas jurídicas.

d) El Domicilio primario. Cuando se notifique en el domicilio o casa de habitación, para las personas físicas, a cualquier persona mayor de quince años, que se hallare en el domicilio.

Cuando no se conozca el domicilio del obligado tributario o no se encuentre en éste a la persona, representante u otro, directamente vinculado con el obligado tributario o bien, tratándose de personas no domiciliadas en el país se desconozca la existencia de algún apoderado en el territorio nacional, se notificará mediante un solo edicto en los términos del artículo 92 de este Reglamento.

Toda resolución o acto administrativo que se notifique al obligado tributario debe advertir el señalamiento de medio o lugar para recibir notificaciones y en caso de que no lo haga, las resoluciones o actos que se dicten con posterioridad, quedarán notificados con el solo transcurso de veinticuatro horas, después de dictados. Si el obligado tributario se presenta durante el transcurso del procedimiento o diligencia, una vez iniciada esta, tomará el procedimiento o diligencia en la etapa procesal en que se encuentre.

Artículo 92.- Notificación por edicto.

En el expediente se dejará constancia de las notificaciones infructuosas que se hayan realizado, de previo a notificar por edicto.

La notificación por edicto se hará mediante un solo edicto que se publique en el Diario Oficial La Gaceta o en un diario privado de los de mayor difusión en el país.

La notificación por edicto debe contener los requisitos de toda notificación, tal como se establece en el artículo 94 de este Reglamento.

Es nula la notificación efectuada por edicto, cuando exista un lugar para notificar al obligado tributario que sea notorio y evidente. En ese caso, la Administración debe previamente fijar de oficio ese lugar como domicilio fiscal conforme a los artículos 34 y 39 de este Reglamento.

Las notificaciones por edicto válidamente realizadas surten los mismos efectos jurídicos que las demás formas de notificación establecidas en este Reglamento.

Artículo 93.- Entrega del acta de notificación.

La notificación debe ser entregada a cualquier persona que sea mayor de quince años.

Cuando se trate de zonas o edificaciones de acceso restringido, exclusivamente para efectos de practicar la notificación al destinatario, la resolución debe ordenar la autorización para el ingreso del funcionario notificador o funcionario designado; si el ingreso fuera impedido, se tendrá por válida la notificación practicada a la persona encargada de regular la entrada.

En el acta se debe hacer constar la entrega de la cédula de notificación y el nombre de la persona que la recibe, quien firmará con el notificador o funcionario designado. Si no sabe, no quiere o no puede firmar, se debe consignar esa circunstancia bajo la responsabilidad del notificador o funcionario designado. Al entregar la cédula debe consignar en ella la fecha y la hora.

Artículo 94.- Requisitos y contenido de la notificación.

Toda notificación debe contener el número único de expediente, el nombre de la oficina donde se realiza el trámite o procedimiento, la naturaleza del proceso, el nombre completo del obligado tributario y el número del documento de identificación. Además, debe contener la copia de la resolución que se comunica, con el texto íntegro del acto, indicación de los recursos procedentes, el órgano ante el cual deben interponerse y el plazo para interponerlos.

Artículo 95.- Obligación de identificarse de la persona que recibe la notificación.

El notificador o la persona autorizada para notificar están investidos de autoridad para exigir la obligada y plena identificación de quien reciba el acta de notificación; así como para solicitar el auxilio de otras autoridades, cuando lo necesite para cumplir sus labores. Si la persona se negare a identificarse, el notificador o el funcionario designado lo consignará así en el acta respectiva.

Artículo 96.- Notificación y cómputo de los plazos.

Las notificaciones se deben practicar en día hábil. Si los documentos fueren entregados en día inhábil, la notificación o transmisión se debe entender realizada el primer día hábil siguiente. Salvo disposición especial en contrario, los plazos empiezan a correr a partir del día hábil inmediato siguiente a aquel en que se haya notificado el acto administrativo a los interesados.

No obstante, si existiere pluralidad de partes o destinatarios, el acto se notificará a todos, salvo si actúan unidos bajo una misma representación o si han designado un solo domicilio para notificaciones; en cuyo caso, estas se harán en la dirección única correspondiente.

En los supuestos de obligaciones solidarias establecidos en el artículo 16 del Código, bastará con notificar a solo uno de los co-obligados.

Todo plazo empieza a correr a partir del día siguiente hábil de la notificación a todas las partes.

Se exceptúan de este plazo los casos de notificación por edicto, los cuales se consideran notificados el tercer día hábil siguiente a la fecha de publicación del edicto y aquellos en que la ley o los reglamentos dispongan algo distinto.

Sección II

Notificaciones por medio señalado

Artículo 97.- Medio para recibir notificaciones.

Los medios para recibir notificaciones son el correo electrónico o digital, el fax; así como otros medios electrónicos similares, siempre que permitan confirmar la recepción.

Los obligados tributarios deben indicar un medio electrónico para recibir notificaciones en el primer escrito que presenten o en respuesta a la primera audiencia concedida por la Administración Tributaria.

Asimismo, en todo acto o resolución que se le notifique a un obligado tributario, se le debe prevenir por única vez, que señale un medio electrónico para recibir notificaciones.

El medio fijado por el obligado tributario para recibir notificaciones en un procedimiento o diligencia, será válido y surtirá efectos jurídicos, para toda notificación que se le haga dentro del procedimiento o trámite que se le sigue ante la Administración Tributaria; salvo lo dispuesto en el artículo 98 de este Reglamento.

No obstante, si el obligado tributario manifiesta que carece de la posibilidad de ser notificado por un medio electrónico, las notificaciones se practicarán de conformidad con el artículo 91 de este Reglamento. Pero si constara a la Administración Tributaria que el obligado tributario utiliza medios electrónicos para sus actividades económicas, la Administración podrá notificar el resto de las actuaciones del procedimiento de que se trate, a través de dichos medios, aplicando supletoriamente la Ley de Notificaciones Judiciales.

Si el interesado fijare un medio para recibir notificaciones y el medio señalado generare fallas en su transmisión, las resoluciones que se dicten se tendrán por válidamente notificadas con el sólo transcurso de veinticuatro horas. Para futuras notificaciones, el obligado tributario debe señalar otro medio para recibirlas y, en caso de que no lo haga, las resoluciones que recaigan quedan notificadas veinticuatro horas después de dictadas.

Artículo 98.- Modificación del medio señalado para recibir notificaciones.

En cualquier etapa del procedimiento el obligado tributario puede señalar un medio distinto para recibir notificaciones, el cual será válido legalmente para el proceso o diligencia que se tramite ante la Administración Tributaria y surtirá efectos legales para todos los actos que se emitan con posterioridad a la fecha de comunicación del cambio.

Sección III

Notificaciones por medio electrónico o digital

Artículo 99.- Correo electrónico o digital.

Las partes pueden fijar como medio de notificación un correo electrónico o un medio digital, siempre que tal medio permita la confirmación de la recepción de las notificaciones.

En todo caso, la seguridad y confiabilidad de la cuenta seleccionada es responsabilidad del interesado.

Sección IV

Notificación utilizando fax

Artículo 100.- Especialidades de la notificación por fax.

La notificación por fax debe contener una portada diseñada al efecto con el número, hora y fecha de la resolución a notificar, el nombre de la oficina que tramita el caso, el número de expediente, el nombre de la parte notificada, la oficina o despacho al que se notifica; la indicación expresa de haberse practicado la notificación por medio de fax, el número de faxal que se transmite y en forma destacada, el número de páginas contenidas en el documento que se transmiten.

La notificación se acredita con el comprobante de transmisión emitido por el fax o con el respaldo informático.

El comprobante no requiere la firma de quien transmite, basta con indicar el nombre de la oficina que transmite. De la misma manera se procede cuando la transmisión se realice por medio de un servidor informático de fax.

Artículo 101.- Verificación de la transmisión.

Para notificar por este medio se harán hasta cinco intentos para enviar el fax al número señalado, con intervalos de al menos treinta minutos; esos intentos se harán tres el primer día y dos el siguiente, estos dos últimos intentos deben producirse en día hábil y después de las ocho horas del día.

De resultar negativos todos ellos así se hará constar en el comprobante que al efecto dispone el artículo 100 de este Reglamento. En dicho comprobante se consignará el número de fax, la fecha y la hora de cada intento.

Artículo 102.- Defectos en la transmisión.

Si el proceso de transmisión se interrumpe por cualquier motivo, cuando este se restablezca el funcionario encargado de efectuar la notificación debe proceder de inmediato a realizar la transmisión nuevamente, con todos los folios que contiene la resolución; incluso los que fueron transmitidos anteriormente, a efectos de que en el comprobante que provee el fax detalle la cantidad total de páginas transmitidas.

Artículo 103.- Remisión de documentos por fax del obligado tributario.

Los obligados tributarios pueden enviar vía fax, sus escritos o recursos; sin embargo, dentro del plazo de tres días hábiles deben presentar el original debidamente firmado y con los requisitos que en cada procedimiento se establezca.

El escrito se tendrá por presentado desde la fecha de recepción completa del fax.

CAPITULO III

Criterios institucionales

Artículo 104.- Elaboración de criterios institucionales.

Corresponde a la Administración Tributaria, exclusivamente de oficio, la emisión de criterios institucionales que se considera pueden resolver e interpretar temas de relevancia en materia tributaria.

Estos criterios institucionales tienen carácter obligatorio para todos los funcionarios de la Administración Tributaria que haya emitido el criterio institucional.

Artículo 105.- Publicación de los criterios institucionales.

El Digesto Tributario contendrá en el Sitio Web un apartado destinado a criterios institucionales, que se utilizará para publicar y mantener actualizados los criterios que emita la Administración Tributaria.

Estos criterios se publican en el sitio Web del Ministerio de Hacienda o en el sitio virtual que de acuerdo al avance tecnológico, se disponga al efecto.

CAPITULO IV

Del intercambio de información tributaria a nivel internacional previo requerimiento

Artículo 106.- Solicitud de información por iniciativa costarricense en aplicación de un convenio tributario internacional.

Toda Dirección adscrita a la Dirección General de Tributación o Administración Tributaria que en razón de sus competencias tramite un proceso tributario y considere que es necesario requerir información tributaria, que conste o pueda constar en otras jurisdicciones con las que el Estado Costarricense tenga en vigor un convenio internacional, que contemple el intercambio de información en materia tributaria, debe enviar la solicitud al Director de la Dirección General de Tributación. Esta solicitud se tramitará a través de la Dirección de Tributación Internacional y Técnica Tributaria.

Artículo 107.- Solicitud de información por requerimiento de jurisdicción extranjera en aplicación de un convenio tributario internacional.

La autoridad competente para recibir toda solicitud de intercambio de información por parte de una jurisdicción extranjera es el Director de la Dirección General de Tributación, quien la remitirá a la Dirección de Tributación Internacional y Técnica Tributaria, a fin de que esta proceda con los trámites respectivos para la debida respuesta.

Artículo 108.- Competencia, procedimiento y requisitos en el trámite de solicitud de información financiera por requerimiento de jurisdicción extranjera en aplicación de un convenio tributario internacional.

Cuando la jurisdicción extranjera requirente, en aplicación de un convenio internacional que contemple el intercambio de información en materia tributaria, haya solicitado información financiera, el procedimiento a seguir es el señalado en el artículo 106 ter del Código, siendo el Director General de Tributación el único competente de llevar a cabo este procedimiento, a través de la Dirección de Tributación Internacional y Técnica Tributaria.

La solicitud que realice el Director General de Tributación al juez contencioso administrativo, a fin de solicitar información financiera, debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 106 ter del Código. Para efectos de este artículo, debe entenderse por identidad cualquier tipo de información o dato que permita determinar al obligado tributario del que se requiere información, ya sea el nombre, número de identificación o cualquier otro aspecto que lo identifique, conforme al apartado 2 inciso a) del artículo 106 ter del Código.

Le corresponde únicamente al Director General de Tributación emitir la declaración señalada en el apartado 2, inciso f) del artículo 106 ter del Código, a efectos de solicitar la autorización al juez, en razón del requerimiento de información financiera hecho por jurisdicción extranjera.

No se proporcionará al juez copia del requerimiento de información de la jurisdicción extranjera requirente, en virtud del carácter confidencial que cubre a la información obtenida al amparo de las disposiciones de un convenio internacional que contemple el intercambio de información en materia tributaria, de conformidad con el artículo 48 de este Reglamento, sino que basta con la declaración de verificación de que la solicitud cumple con lo establecido en dicho convenio internacional

El carácter previsiblemente pertinente de la solicitud de autorización al juez para obtener información financiera está motivado y justificado por el hecho de tratarse de la aplicación de un convenio internacional que autoriza la obtención de esa información; para lo cual se deben cumplir a cabalidad con todas las disposiciones del mismo.

CAPITULO V

Control tributario

Sección I

Disposiciones generales

Artículo 109.- Del expediente administrativo.

El desarrollo de las actuaciones llevadas a cabo por los funcionarios de la Administración Tributaria, así como cualquier documento presentado por el obligado tributario debe consignarse en un expediente administrativo material o digital, según lo permitan los avances tecnológicos y se garantice la integridad y confidencialidad de la información que allí se haga constar. Debe ser foliado en orden secuencial, con el fin de garantizar adecuadamente su conservación, el cual estará a disposición del obligado tributario.

Artículo 110.- Identificación del personal de la Administración Tributaria.

Para el desempeño de su labor, el personal al servicio de la Administración Tributaria debe acreditar su condición mediante un carné de identificación oficial.

El carné debe ser exhibido de previo al inicio de las actuaciones, excepto cuando los funcionarios de la Administración Tributaria actúen dentro del marco de programas de control del cumplimiento de los deberes formales. En tales casos, debe darse cumplimiento al deber de identificación aquí señalado, una vez constatados los hechos a verificar.

Artículo 111.- Horario de las actuaciones de control tributario.

Cuando los funcionarios de la Administración Tributaria realicen actuaciones de comprobación e investigación frente al obligado tributario, en sus dependencias o en otras oficinas públicas, lo harán en horas y días hábiles.

Si fuera necesario extender las labores más allá de las horas y días hábiles, se debe efectuar la habilitación respectiva. Dicha habilitación podrá realizarse mediante resolución de carácter general.

La habilitación no implica en ningún caso reducción de plazos ni anticipación de términos en perjuicio del administrado.

Artículo 112.- Información sobre el alcance de las actuaciones.

Al inicio de las actuaciones, la Administración Tributaria debe informar a los obligados tributarios el alcance de la actuación a desarrollar cuando se estén efectuando actuaciones emanadas de programas del control de cumplimiento de las obligaciones tributarias materiales. El alcance de la actuación debe contener un detalle de los impuestos y períodos.

Las determinaciones o liquidaciones tributarias de oficio, serán previas o definitivas:

a) Tendrán consideración de liquidaciones previas aquellas que son producto de las actuaciones de los órganos encargados de las funciones de control extensivo e intensivo, por medio de comprobación formal o abreviada y que no impiden la modificación posterior por parte de la Administración mediante una liquidación definitiva.

b) Tendrán consideración de liquidaciones definitivas aquellas producto de las actuaciones de los órganos de control intensivo, realizadas a través de los correspondientes procedimientos de fiscalización como paso previo a la regularización de la situación del contribuyente o responsable o al acto administrativo de liquidación de oficio a que se refiere el artículo 144 del Código, con comprobación contable incluida y que impiden la modificación posterior por la Administración Tributaria de los impuestos y periodos objeto de la fiscalización.

La Administración podrá realizar requerimientos previos al inicio de las actuaciones de comprobación, en que se inste al sujeto pasivo a corregir su situación.

La Administración Tributaria puede iniciar actuaciones emanadas de labores de control del cumplimento formal o sancionador; sin que requiera para ello, informar de previo a los obligados tributarios de los alcances de dicha actuación.

Artículo 113.- Labores en el local, negocio o empresa.

Los funcionarios de la Administración Tributaria, cuando ejecuten sus labores en el local, negocio o empresa del obligado tributario, deben practicar sus actuaciones procurando no perturbar el desarrollo normal de las actividades que allí se cumplan, salvo cuando se trate de la ejecución de la sanción de cierre de negocio.

Artículo 114.- Colaboración con los funcionarios de la Administración Tributaria.

Los obligados tributarios deben atender a los funcionarios de la Administración Tributaria y prestarles la mayor colaboración en el desarrollo de su función. Cuando los funcionarios dela Administración Tributaria deban realizar comprobaciones o ejecutar sus labores en el local del obligado tributario, este debe poner a disposición de dichos funcionarios un lugar de trabajo adecuado, así como los medios auxiliares necesarios, de acuerdo con sus posibilidades.

Cuando se trate de la valoración de un bien inmueble se debe permitir el ingreso al inmueble y facilitar la valoración tanto de la construcción, como de las instalaciones fijas y permanentes y del terreno. Esta obligación será extensiva al obligado tributario que tenga el uso legítimo del inmueble o mueble. Cuando se trate de la valoración de un bien mueble, se debe facilitar el acceso al mismo y a sus especificaciones técnicas.

Artículo 115.- Deber de colaboración de las autoridades.

Los funcionarios de la Administración Tributaria pueden solicitar la colaboración de las autoridades judiciales, administrativas y de policía, para ejecutar los actos que requieran de tal asistencia.

Artículo 116.- Deber de comparecencia.

La Administración puede citar a los obligados tributarios para que comparezcan en sus oficinas con el fin de contestar las preguntas o atender los requerimientos de información necesarios para la verificación de la obligación tributaria objeto de comprobación.

La citación debe dirigirse concretamente a la persona que deba comparecer y notificarse con al menos tres días hábiles de anticipación a la fecha de convocatoria. En caso de que el obligado tributario requiera un plazo mayor producto de fuerza mayor o caso fortuito, así lo solicitará a la Administración Tributaria, quien podrá considerar extender el plazo.

La citación debe contener los requisitos que señala el artículo 249 de la Ley General de la Administración Pública, con el apercibimiento expreso de la sanción administrativa establecida en el Código.

De toda comparecencia se levantará un acta, con las formalidades que establece la Ley General de la Administración Pública.

CAPÍTULO VI

Control Tributario Extensivo

Sección I

Del control tributario extensivo

Artículo 117.- Del Control Tributario Extensivo.

La función de Control Tributario Extensivo tiene por objeto el control efectivo del cumplimiento tributario de los deberes formales y el cumplimiento tributario extensivo material, entendiendo este último como la comprobación abreviada o formal de la situación tributaria de los sujetos pasivos, utilizando los datos y elementos de prueba en poder de la Administración, sin que se pueda extender al examen de la documentación contable.

Artículo 118.- Plan Anual de Control Tributario Extensivo.

La Dirección de Control Tributario Extensivo elaborará el Plan Anual de Control Extensivo, previa consulta con las Direcciones Regionales y la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales, en concordancia con las estrategias institucionales de la Dirección General de Tributación.

Corresponderá a la Dirección de Control Tributario Extensivo ejercer el control del cumplimiento del Plan, actuando ante las Direcciones Regionales y la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales, para garantizar su cumplimiento. Para tal efecto, estas Direcciones deberán suministrar toda la información que resulte pertinente.

Artículo 119.- Clases de actuaciones de Control Tributario Extensivo.

Son actuaciones de Control Tributario Extensivo:

a) La comprobación abreviada.

b) La comprobación formal.

También tendrá la consideración de actuación de control extensivo la verificación del cumplimiento de los deberes formales.

Sección II

Procedimiento de liquidación previa

Artículo 120.- Liquidación previa por comprobación abreviada o comprobación formal.

Para practicar las liquidaciones previas, la Administración podrá efectuar las actuaciones de comprobación abreviada que sean necesarias, entendiéndose como tales aquellas que se realizan utilizando los datos y elementos de prueba que obren ya en poder de la Administración o que solicite al obligado tributario, sin que se puedan extender al examen de la documentación contable de actividades empresariales o profesionales. En la preparación de las liquidaciones previas, la Administración podrá requerir información a terceros y realizar comprobaciones contables a los informantes.

Cuando se efectúen liquidaciones previas, debe hacerse constar de forma precisa los hechos y elementos comprobados, los medios de prueba concretos utilizados y el alcance de las actuaciones.

Si el sujeto pasivo incumplió el deber de declarar y de autoliquidar el impuesto, se le concederá un plazo de diez días hábiles para que proceda a presentar la declaración, transcurrido este sin que se haya subsanado el incumplimiento o justificado debidamente la inexistencia de la obligación, se podrá proceder a una comprobación abreviada.

En las liquidaciones previas por comprobación formal se realizará únicamente una comprobación que consiste en la mera constatación de la existencia de los errores aritméticos o de derecho, en la declaración.

Artículo 121.- No aplicación de criterios de selección.

El procedimiento de liquidación previa no debe basarse en los criterios de selección que fundamentan el procedimiento de Fiscalización.

Artículo 122.- Inicio del procedimiento y contenido de la propuesta de regularización.

El procedimiento de liquidación previa se inicia con la notificación de un acto administrativo de inicio de actuaciones de comprobación abreviada o formal, cuyo contenido mínimo será el siguiente:

a) Indicación del carácter abreviado o formal de la comprobación.

b) Impuestos y períodos a que se refiere el alcance de la comprobación.

c) Aspectos concretos a que se refiere la comprobación.

d) Tratándose de una comprobación abreviada, se indicarán los elementos de prueba que obran en poder de la Administración y si fuera necesario, se solicitarán datos o justificantes al sujeto pasivo y se indicará otras actuaciones a practicar, con precisión de los plazos y fechas respectivas.

e) Tratándose de una comprobación formal, se indicará el error de derecho que se considere cometido o bien, el error de hecho o aritmético en que se incurrió.

f) Indicación del aumento del impuesto derivado de los elementos de prueba que obran en poder de la Administración o de la corrección de los errores de derecho, de hecho o aritméticos, en su caso.

g) Formular la propuesta de regularización e indicar el plazo para regularizar y/o para alegar las razones de su disconformidad. Asimismo, debe adjuntarse el formulario oficial para manifestar la conformidad con la propuesta de regularización.

Artículo 123.- Procedimiento cuando se solicite información o se practiquen actuaciones adicionales.

De haberse solicitado datos o justificantes al sujeto pasivo o, bien, de haberse programado actuaciones adicionales a practicar, una vez vencido el plazo para el aporte de dichos datos o justificantes, o una vez practicadas las actuaciones correspondientes, se notificará al sujeto pasivo los resultados de la comprobación y se le extenderá una propuesta de regularización para que en el plazo máximo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación, proceda a manifestar su conformidad o disconformidad con la propuesta de regularización. Se entenderá puesta de manifiesto la disconformidad, cuando no comparezca dentro del plazo fijado.

En caso de disconformidad con la propuesta de regularización, el sujeto pasivo podrá alegar por escrito las razones de su disconformidad y adjuntar la prueba que considere oportuna, dentro del plazo de los diez días hábiles siguientes a partir de la notificación del acto administrativo de inicio de la actuación, las cuales serán analizadas en el acto administrativo de liquidación de oficio.

La manifestación de conformidad con la propuesta de regularización, el sujeto pasivo la hará constar en el formulario oficial que se le adjuntó para tal efecto.

Cuando el sujeto pasivo no aporte los datos o justificantes solicitados, podrá aplicarse el método de base presunta a que se refiere el artículo 125 inciso b) del Código.

Artículo 124.- Procedimiento cuando no se ha solicitado información ni programado actuaciones adicionales.

De no haberse solicitado información al obligado tributario ni programado actuaciones adicionales a practicar, este cuenta con un plazo de cinco días hábiles, a partir del día siguiente a la notificación del acto de inicio de actuaciones de comprobación abreviada o formal, para que proceda a manifestar su conformidad o disconformidad con la propuesta de regularización. Se entenderá puesta de manifiesto la disconformidad, cuando no comparezca dentro del plazo fijado en este Reglamento.

En caso de disconformidad con la propuesta de regularización, el obligado tributario podrá alegar por escrito las razones de su disconformidad y adjuntar la prueba que considere oportuna, dentro del plazo de los diez días hábiles siguientes a partir de la notificación del acto administrativo de inicio de la actuación, las cuales serán analizadas en el acto administrativo de liquidación de oficio.

La manifestación de conformidad del obligado tributario la hará constar en el formulario oficial que se le adjuntó para tal fin.

Artículo 125.- Rectificación de las declaraciones.

Cuando los sujetos pasivos rectifiquen sus declaraciones tributarias después de notificado el inicio de un procedimiento de liquidación previa, el funcionario tributario deberá proceder a verificar que los montos de la nueva declaración presentada guarden relación con la información en poder de la Administración Tributaria, y con los márgenes de utilidad establecidos para el período en estudio, en cuyo caso procederá a dar el caso por concluido.

Si la nueva declaración presentada no cumple con lo indicado, el funcionario deberá informarlo al contribuyente y requerirle que rectifique su declaración.

Los sujetos pasivos que persistan en no rectificar las declaraciones, cuyos montos sean diferentes a los informados por terceros o los márgenes de utilidad presenten valores inferiores a los establecidos por la Administración Tributaria, ni aporten prueba para justificar las diferencias, podrán ser seleccionados para practicarles una liquidación definitiva.

Artículo 126.- Suspensión de las actuaciones.

Si en el proceso de liquidación previa se determinan elementos que ameriten el inicio de una actuación fiscalizadora, tendiente a la liquidación definitiva de la obligación tributaria del sujeto pasivo, el órgano actuante podrá suspender la comprobación abreviada para recomendar ante los órganos de fiscalización el inicio de actuaciones orientadas a la liquidación definitiva. Si en el transcurso de treinta días hábiles no se notifica el inicio de la actuación de liquidación definitiva, se continuará con el procedimiento de liquidación previa hasta su finalización, sin perjuicio de que posteriormente el órgano fiscalizador realice la liquidación definitiva. La suspensión del proceso de liquidación previa debe comunicarse al contribuyente.

Artículo 127.- Conclusión de las actuaciones de comprobación previa.

Las actuaciones de comprobación se darán por concluidas con la regularización efectuada dentro del plazo conferido o en su defecto, con la emisión del acto administrativo de liquidación de oficio.

a) Regularización. La conformidad del sujeto pasivo con la propuesta de regularización constituye una manifestación voluntaria de aceptación de los resultados de la actuación y de las diferencias establecidas. El formulario oficial mediante el cual el sujeto pasivo manifiesta su conformidad con la propuesta de regularización constituye el acto administrativo que liquida de oficio la obligación tributaria, para todos los efectos.

Contra este acto no cabe ningún recurso, pero ello no impide que ante manifiesto error de hecho pueda plantearse la solicitud respectiva, conforme al artículo 102 del Código, en el plazo máximo de diez días hábiles a partir del día siguiente a la aceptación de la regularización.

Se entenderá por error de hecho, aquel que versa sobre un suceso, dato aritmético o circunstancia de la realidad, independiente de toda opinión, apreciación o interpretación jurídica.

Una vez aceptada la propuesta de regularización se procederá al registro de la deuda en la cuenta tributaria del contribuyente.

b) Acto administrativo de liquidación de oficio. En el supuesto de disconformidad con la propuesta de regularización se continuará con la emisión del acto administrativo de liquidación de oficio, debidamente motivado. Cuando se hayan alegado por escrito las razones de la disconformidad con la propuesta de regularización, estas deberán serán analizadas para determinar la procedencia o no de las mismas. El acto administrativo de liquidación de oficio debe notificarse dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo otorgado para la regularización o del vencimiento del plazo para alegar las razones de disconformidad y aportar prueba.

Contra este acto, el sujeto pasivo puede interponer los recursos establecidos en los artículos 145 y 146 del Código.

El sujeto pasivo debe hacer el ingreso respectivo, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la aceptación de la regularización o de la notificación del acto administrativo de liquidación de oficio, según corresponda; excepto si dentro del mismo plazo ha rendido garantía o bien ha presentado ante la Administración Tributaria una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento de pago.

El incumplimiento del pago en el plazo respectivo, faculta a la Administración Tributaria para ejercer la acción de cobro por los medios que correspondan.

Artículo 128.- Efectos de la liquidación previa.

Una vez notificado el acto administrativo de liquidación previa, se podrá realizar un procedimiento de liquidación definitiva de la obligación tributaria respecto de los mismos impuestos y períodos fiscales investigados, únicamente sobre extremos específicos no considerados en la determinación de oficio por liquidación previa.

CAPITULO VII

Control Tributario Intensivo

SECCIÓN I

Potestades y órganos de la función de control tributario intensivo

Artículo 129.- Función de control tributario intensivo

La función de control tributario intensivo tiene por objeto comprobar la situación tributaria de los sujetos pasivos, con el fin de verificar el exacto cumplimiento de sus obligaciones y deberes materiales y propiciar la regularización correspondiente.

Para los efectos del presente Reglamento dicha función se entiende referida a los tributos administrados por la Dirección General de Tributación.

Artículo 130.- Órganos encargados del control tributario intensivo y su competencia.

Las funciones y atribuciones propias de la función de control tributario intensivo, en el ámbito de la competencia de la Dirección General de Tributación, serán ejercidas por los siguientes órganos:

a) Por la Dirección de Fiscalización que en el cumplimiento de sus tareas normativa, operativa, de planeación y control de gestión, tendrá competencia en todo el territorio nacional.

b) Por los órganos de fiscalización de las administraciones tributarias territoriales y de la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales, que son las unidades encargadas de ejecutar, en el ámbito de su competencia, los planes y programas que para el cumplimiento de sus funciones trace la Dirección de Fiscalización.

c) Por las Direcciones en que, mediante resolución general, se determine la necesidad de que desarrollen funciones de control tributario intensivo, en razón de su especialidad técnica.

Artículo 131.- Plan Anual de Fiscalización.

Las actuaciones de control tributario intensivo, en el ámbito de competencia de la Dirección de Fiscalización, de los órganos de fiscalización de las administraciones tributarias territoriales y de la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales, se desarrollarán de conformidad con lo dispuesto en un plan anual que elaborará la Dirección de Fiscalización, en concordancia con las políticas institucionales de la Dirección General de Tributación e incorporando, cuando así lo hubiere aprobado, los programas especiales sugeridos por las Direcciones Regionales y de Grandes Contribuyentes.

El Plan Anual de Fiscalización contemplará el universo de contribuyentes a fiscalizar, determinando el número de actuaciones a cumplir, el alcance de estas y la carga de trabajo que ellas representen frente a los recursos disponibles.

En este plan se utilizarán los criterios de selección vigentes para el período en que este ha de ser ejecutado. Dichos criterios serán emitidos por decreto ejecutivo y podrán ser ampliados, reducidos o modificados anualmente. En tanto no se publiquen las variaciones, seguirán rigiendo los criterios en vigencia.

Corresponderá a la Dirección de Fiscalización el control del cumplimiento que del Plan hagan los órganos fiscalizadores de las administraciones tributarias territoriales y la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales, así como la evaluación de sus resultados. Para tal efecto, aquellos órganos deberán suministrar toda la información que resulte pertinente.

Artículo 132.- Facultades y competencias.

Para el control del cumplimiento material de la obligación tributaria, los órganos fiscalizadores podrán llevar a cabo cuantas actuaciones sean necesarias con el fin de determinar la ocurrencia de los hechos generadores de los impuestos que administra la Dirección General de Tributación, cuantificar las bases imponibles de estos, sus respectivas cuotas tributarias y en general, verificar los elementos que configuran la obligación tributaria objeto de fiscalización; formular la regularización que proceda, preparar los actos de liquidación de oficio y aplicar las sanciones dispuestas normativamente, cuando corresponda, así como resolver el recurso de revocatoria dispuesto en los artículos 145 y 150 del Código.

Por este medio podrán, entre otros:

a) Realizar el examen de los comprobantes, libros, registros, sistemas, programas y archivos de contabilidad manual, mecánica o computarizada del sujeto pasivo a fiscalizar. Igualmente podrán examinar la información previsiblemente pertinente para efectos tributarios que se halle en poder del sujeto pasivo o terceros.

b) Verificar las cantidades, calidades y valores de bienes y mercaderías, confeccionar inventarios de estos, controlar su confección o confrontar en cualquier momento los inventarios contra las existencias reales.

c) Verificar en todas sus etapas el proceso de producción y comercialización de bienes y servicios.

d) Entrar o acceder a fincas, locales de negocios y en general, a inmuebles o muebles donde se encuentren documentos o información previsiblemente pertinente para la determinación de los tributos.

e) Requerir a los sujetos pasivos y terceros para que, en los casos y bajo las condiciones que establece la ley, aporten cualquier tipo de documentos o información que pueda ser previsiblemente pertinente.

f) Requerir de toda persona física o jurídica, pública o privada, la información previsiblemente pertinente para efectos tributarios, que se deduzca de sus relaciones económicas, financieras y profesionales con otras personas.

g) Obtener de otras entidades públicas, en los casos y bajo las condiciones que establece la ley, copia de los informes que en el ejercicio de sus tareas de control hayan efectuado en relación con los contribuyentes, responsables o declarantes investigados, y recabar de aquellas el apoyo técnico necesario para el cumplimiento de sus tareas.

h) Realizar el control de ingresos por ventas o prestación de servicios gravados.

i) En general, efectuar todas las actuaciones necesarias para la correcta y oportuna determinación de los impuestos que permita la ley.

j) Generar el acto administrativo de liquidación de oficio, determinando la correcta cuantía de la obligación tributaria a cargo del sujeto fiscalizado con carácter de liquidación previa o definitiva de conformidad con lo establecido el artículo 126 del Código, así como los intereses que correspondan y proponer la regularización que proceda, todo con arreglo a lo establecido en el artículo 144 del Código y en los artículos 152 y 157 del presente Reglamento.

k) Aplicar las sanciones por las infracciones administrativas que hubieren cometido los sujetos pasivos objeto de las actuaciones fiscalizadoras.

l) Resolver el recurso de revocatoria regulado en los ordinales 145 y 150 del Código; para tales efectos, podrá requerir prueba para mejor resolver.

Artículo 133.- Otras facultades.

Sin perjuicio de las demás atribuciones establecidas en el Código y en el presente Reglamento, los funcionarios de la fiscalización podrán:

a) Verificar los sistemas de control interno de las empresas en cuanto puedan facilitar la comprobación de la situación tributaria del investigado.

b) Realizar mediciones, valoraciones o tomas de muestras, así como fotografiar, realizar croquis o planos. Estas operaciones podrán ser ejecutadas por los propios funcionarios de la fiscalización o por personas designadas conforme a la ley.

c) Recabar información de los trabajadores o empleados del sujeto pasivo investigado sobre cuestiones relativas a las actividades en que participen conforme a su labor, en las condiciones establecidas en el presente Reglamento.

d) Solicitar el dictamen de peritos y traductores oficiales.

e) Requerir del sujeto pasivo la traducción oficial o notarial de cualquier documento con trascendencia probatoria para efectos tributarios, que se encuentre redactado en un idioma distinto al español.

Artículo 134.- Instrumentos para la revisión.

Los funcionarios de la fiscalización podrán utilizar para su análisis, los instrumentos que consideren convenientes, entre los cuales podrán figurar:

a) Declaraciones del sujeto pasivo.

b) Contabilidad del sujeto pasivo, comprendiendo tanto los estados financieros, los registros y soportes contables, como los justificantes de las anotaciones realizadas y las hojas previas o accesorias de dichas anotaciones, así como los contratos y documentos con trascendencia tributaria.

c) Datos o antecedentes obtenidos directa o indirectamente de otras personas o entidades y que afecten al sujeto pasivo.

d) Datos o informes obtenidos como consecuencia de denuncias que, a juicio de la Administración, tengan un sustento razonable.

e) Cuantos datos, informes y antecedentes puedan procurarse legalmente.

f) Copias de los soportes magnéticos que contengan información tributaria.

Artículo 135.- Clases de actuaciones.

Las actuaciones que lleven a cabo los órganos de fiscalización se clasificarán en:

a) Actuaciones de comprobación e investigación. Con ocasión de estas actuaciones, se comprobará la exactitud y veracidad de los hechos y circunstancias de cualquier naturaleza consignados por los sujetos pasivos u obligados tributarios, en cuantas declaraciones y comunicaciones se exijan. Asimismo, se investigará la posible existencia de elementos de hecho u otros antecedentes con trascendencia tributaria que sean desconocidos totalmente por la Administración. Cuando los órganos de la fiscalización desarrollen esta clase de actuaciones, deberán obtener cuantos datos o antecedentes obren en poder del obligado tributario o terceros y puedan ser, a juicio de aquellos, de especial relevancia tributaria para la comprobación de la obligación tributaria del sujeto pasivo fiscalizado, así como los que sean trascendentes para comprobar a cualquier otro sujeto pasivo.

b) De valoración. Las actuaciones de valoración de bienes, rentas, productos, derechos y patrimonios en general, de personas y entidades públicas y privadas, tendrán por objeto la tasación o comprobación del valor declarado, así como también la valoración de los bienes no declarados, por cualquiera de los medios admitidos por el ordenamiento jurídico vigente. No se considerarán actuaciones de valoración aquellas en las cuales el valor de los bienes, rentas, productos, derechos y patrimonios resulte directamente de la aplicación de normas legales o reglamentarias. Estas actuaciones podrán desarrollarse por la propia iniciativa de los funcionarios de la fiscalización o en casos en que la naturaleza especialmente compleja de la valoración lo recomiende, por otros órganos de la Administración Tributaria o bien de otras instituciones públicas.

Entre los criterios utilizables para la valoración de bienes objeto de tráfico común, podrá válidamente utilizarse el precio corriente en plaza, entendiendo por éste el valor que tienen tales bienes en los mercados en que usualmente se venden.

Artículo 136.- Medidas cautelares.

En cualquier momento en el desarrollo de las actuaciones, los funcionarios de la fiscalización podrán solicitar a la autoridad judicial la adopción de las medidas cautelares para la inspección de locales o el secuestro de bienes o información previsiblemente pertinente para efectos tributarios, a los fines de determinar la cuantía de la obligación tributaria, de conformidad con lo establecido en los artículos 113 y 114 del Código.

También podrán solicitar a la oficina de cobros competente, la imposición al sujeto fiscalizado de las medidas cautelares de embargo de bienes y retención de sumas que deba percibir, dispuestas en el artículo 196 del Código, cuando existiere peligro que se ausente, enajene u oculte sus bienes, o pudiera realizar maniobras tendientes a evadir su obligación tributaria. En la solicitud, que deberá suscribir el titular del órgano de fiscalización de las Administraciones Territoriales y de Grandes Contribuyentes Nacionales, deberán fundamentarse debidamente las causas que motivan dicha solicitud.

Artículo 137.- Información en poder de entidades financieras.

En los casos en que en el desarrollo de las actuaciones de comprobación e investigación se requiera información previsiblemente pertinente para efectos tributarios, que esté en poder de entidades financieras, los funcionarios de fiscalización podrán requerirla atendiendo a lo regulado en los numerales 106 bis y 106 ter del Código.

Sección II

Inicio de los procedimientos

Artículo 138.- Iniciación de actuaciones de fiscalización.

Para el inicio de las actuaciones de comprobación e investigación se aplicará lo expresamente regulado en el artículo 139 de este Reglamento. Para iniciar las actuaciones de valoración del inciso b) del artículo 135 de este Reglamento, bastará con una comunicación escrita por parte del órgano competente.

Artículo 139.- Iniciación de las actuaciones de comprobación e investigación.

La actuación de comprobación e investigación deberá iniciarse mediante comunicación escrita notificada al sujeto pasivo, al menos cinco días antes de realizar materialmente cualquier tipo de actuación frente al sujeto fiscalizado. En dicha comunicación se le informará al interesado:

a) El nombre de los funcionarios encargados de las actuaciones.

b) Criterio o criterios por los cuales fue seleccionado.

c) El alcance de la actuación, detallando los tributos y períodos fiscales que comprenderá.

d) Registros, documentos y bienes que debe tener a disposición de los funcionarios.

e) Fecha en que se iniciarán materialmente las actuaciones frente al sujeto fiscalizado.

f) Los derechos que le asisten durante el procedimiento, así como las obligaciones que debe cumplir.

El alcance de la actuación podrá ampliarse con respecto a los períodos e impuestos comunicados originalmente. En este supuesto, deberá notificársele al sujeto fiscalizado tal ampliación, indicándole los alcances concretos de esta, entendiéndose interrumpida la prescripción sobre los impuestos y períodos ampliados, a partir de tal notificación.

Contra la comunicación de inicio o ampliación no cabe recurso alguno, debiendo indicarse así en dichos documentos.

Artículo 140.- Efectos del inicio de una actuación de comprobación e investigación.

Una vez notificado el inicio de una actuación de comprobación e investigación, se producirán los siguientes efectos:

1) De conformidad con lo establecido en el inciso a) del artículo 53 del Código, el plazo de prescripción para determinar la obligación tributaria se interrumpe y el término comienza a computarse de nuevo a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en el que se produjo la interrupción.

2) Según lo regulado en el inciso e) del numeral 130 del Código, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 143 de este Reglamento, no procede la presentación de declaraciones autoliquidaciones tendientes a rectificar el impuesto y período objeto de comprobación.

3) A tenor de lo establecido en el artículo 143 del presente Reglamento, cualquier importe ingresado se tendrá como ingreso a cuenta de lo que en definitiva determine la Administración.

4) No procederá la respuesta a las consultas planteadas cuando la materia objeto de consulta forme parte de las cuestiones que se resolverán en el curso de dicho procedimiento, a tenor de lo establecido en el inciso c) del artículo 119 del Código.

No obstante, si por causas imputables a la Administración, la actuación material frente al sujeto fiscalizado no se iniciara efectivamente dentro del mes siguiente a la fecha de notificación de la comunicación de inicio, se entenderá nulo el inicio de tal actuación y producidos en lo que corresponda, los siguientes efectos:

a) Se entenderá no producida la interrupción del cómputo de la prescripción como consecuencia del inicio de tales actuaciones.

b) Las declaraciones sobre los tributos y períodos objeto de las actuaciones, presentadas entre la fecha de interrupción y la de su reinicio, así como el ingreso de las cuotas correspondientes, se entenderán realizadas espontáneamente a los efectos de las reducciones de la sanción dispuestas en el artículo 88 y de la excusa legal absolutoria contenida en el artículo 92, ambos del Código, así como cualquier otro efecto que corresponda.

c) Procederá la respuesta de cualquier consulta que se hubieren planteado sobre la materia objeto del procedimiento y cuya respuesta se hubiere negado, a tenor de lo establecido en el inciso c) del artículo 119 del Código.

En el evento de que posteriormente la Administración decidiera realizar la actuación, deberá notificar nuevamente su inicio, entendiéndose interrumpida la prescripción y producidos todos los demás efectos que conlleva el inicio de las actuaciones, a partir de la fecha de esta última notificación.

Artículo 141.- Alcance de las actuaciones de comprobación e investigación.

Las actuaciones del procedimiento de comprobación e investigación podrán tener carácter general o parcial. Tendrán carácter parcial cuando no afecten a la totalidad de los elementos de la obligación tributaria, en el período objeto de comprobación. En otro caso, las actuaciones tendrán carácter general en relación con la obligación tributaria y periodo comprobado.

En todo caso, sean generales o parciales, la conclusión del procedimiento tendrá como efecto la imposibilidad de que la Administración Tributaria pueda entrar a comprobar de nuevo la situación tributaria del sujeto pasivo, en relación con los aspectos de los tributos y períodos revisados y no objetados por la fiscalización y en caso de los objetados, si hay conformidad del sujeto pasivo con la propuesta de regularización.

Artículo 142.- Sustitución de los funcionarios designados.

La comprobación se llevará a cabo hasta su conclusión, por los funcionarios que las hubiesen iniciado, salvo cese, traslado, enfermedad o bien otra causa justa de sustitución de estos, lo cual deberá ser comunicado al sujeto pasivo.

Artículo 143.- Improcedencia de presentar declaraciones rectificativas.

Una vez notificado el inicio de la actuación de comprobación e investigación, no procede la presentación de declaraciones autoliquidaciones tendientes a rectificar el impuesto y período objeto de las actuaciones. Cualquier importe ingresado relacionado con tales impuestos y períodos se tendrá como ingreso a cuenta de lo que en definitiva se determine mediante el acto de liquidación de oficio.

No obstante, el sujeto inspeccionado podrá hacer una solicitud de rectificación ante los funcionarios a cargo de la comprobación, para que se consideren cualesquiera otros elementos que pudieran incidir en la liquidación tributaria y que fueren desconocidos por esos funcionarios, debiendo aportar en ese mismo acto los comprobantes que los respalden. La aceptación o no de tales elementos deberá informarse en la audiencia final a que se refiere el artículo 155 de este Reglamento y hacerse constar en el acta respectiva.

Sección III

Desarrollo de los procedimientos

Artículo 144.- Interrupción de la actuación de comprobación e investigación. Iniciada la actuación deberá seguir hasta su terminación, de acuerdo con su naturaleza y carácter, evitándose interrupciones que retarden injustificadamente la conclusión del procedimiento. No obstante, cuando la interrupción de las actuaciones por causas imputables a la Administración supere los dos meses contados a partir de la última actuación practicada, se producirán los siguientes efectos:

a) Se entenderá no producida la interrupción del cómputo de la prescripción como consecuencia del inicio de tales actuaciones.

b) Según lo regulado en el inciso e) del numeral 130 del Código, aquellas declaraciones autoliquidaciones presentadas tendentes a rectificar el impuesto y período objeto de verificación, se considerarán válidas a cuantos efectos legales correspondan. Cualquier ingreso producto de dichas declaraciones se entenderá realizado espontáneamente a los efectos de las reducciones de las sanciones establecidas en el artículo 88 y de la excusa legal absolutoria contenida en el artículo 92, ambos del Código.

c) Procederá la respuesta de cualquier consulta que se hubiere planteado sobre la materia objeto del procedimiento y cuya respuesta se hubiere negado, a tenor de lo establecido en el inciso c) del artículo 119 del Código.

La continuación de las actuaciones deberá hacerse mediante notificación al sujeto fiscalizado, entendiéndose interrumpido a partir de la fecha de esta última notificación, el cómputo de la prescripción y válidas todas las actuaciones realizadas antes de la fecha de interrupción.

No se considerarán interrumpidas las actuaciones ante el sujeto pasivo cuando se le hubiere notificado que se están llevando a cabo actuaciones ante terceros, a los efectos de obtener informes, estudios técnicos y en general, cualquier información previsiblemente pertinente para efectos tributarios necesaria para la correcta determinación de su obligación, lo cual deberá hacerse constar en el expediente administrativo.

Artículo 145.- Lugar y horarios en los que debe efectuarse la actuación de comprobación e investigación.

La actuación deberá desarrollarse en el lugar donde esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de los negocios del sujeto pasivo objeto de la inspección o bien, donde se realicen las actividades económicas o donde existan pruebas delos hechos a comprobar. Además deberá gestionarse en horas hábiles, atendiendo a la jornada de trabajo del sujeto pasivo inspeccionado y de la Administración, sin perjuicio de que de común acuerdo se permita la actuación fuera de la jornada común.

Cuando por alguna circunstancia justificada no pudieran desarrollarse en uno de esos lugares o sea conveniente para el mejor desarrollo de las actuaciones, se podrán desarrollar en las oficinas de la Administración Tributaria.

Artículo 146.- Revisión de la documentación del sujeto pasivo.

Durante la comprobación, los sujetos pasivos deberán poner a disposición de los funcionarios de fiscalización, su contabilidad, libros, facturas, contratos, correspondencia, documentación y demás justificantes concernientes a su actividad económica incluidos los programas y archivos en soportes magnéticos.

De estimarse necesario, por las especiales características o complejidad de la documentación que se requiera al sujeto fiscalizado, se le podrá conceder un plazo de tres días hábiles para cumplir con esa obligación, el cual podrá ser prorrogado ante debida justificación, por un plazo igual.

Artículo 147.- Requerimientos de información.

Los funcionarios a cargo de la fiscalización podrán requerir información que resulte previsiblemente pertinente para efectos tributarios, al sujeto inspeccionado o terceros relacionados, con el fin de procurar la correcta verificación de la situación tributaria objeto de comprobación.

El requerimiento de referencia deberá ser notificado por los medios que autorice el Código.

El requerimiento se dirigirá al sujeto inspeccionado o al tercero relacionado o a quien ostente su representación legal, concediéndosele un plazo de tres días hábiles para que cumpla con lo requerido. En supuestos de especial complejidad, el funcionario a cargo podrá ampliar este plazo según lo estime razonable.

Artículo 148.- Requerimientos de comparecencia ante la Administración Tributaria.

Los funcionarios a cargo de la fiscalización podrán citar al sujeto pasivo inspeccionado o terceros relacionados con la obligación tributaria correspondiente para que comparezcan dentro de un plazo no menor de tres días hábiles ante la Administración Tributaria y contesten, oralmente o por escrito, las preguntas o cuestionamientos necesarios para la verificación de la situación tributaria objeto de comprobación. El requerimiento deberá ser notificado concretamente a la persona que deba comparecer, por los medios legales establecidos.

Artículo 149.- Inspección de locales.

Cuando sea necesario para determinar o fiscalizar la situación tributaria, los funcionarios de las áreas de fiscalización de las administraciones tributarias territoriales y de la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales, conforme a su competencia material y territorial, podrán inspeccionar los locales, se trate de bienes muebles e inmuebles, ocupados por cualquier título por el sujeto pasivo.

En caso de negativa o resistencia del sujeto pasivo a permitir el acceso a sus locales, se levantará un acta en la cual se indicará el lugar, fecha, nombre y demás elementos de identificación del renuente, y cualquiera otra circunstancia que resulte conveniente precisar.

El acta será firmada por los funcionarios que participen en la actuación y por la persona física que impidió el acceso. Si este no sabe, no quiere o no puede firmar, así deberá hacerse constar.

Ante esta negativa o resistencia, los órganos de fiscalización competentes podrán solicitar a la autoridad judicial, mediante resolución fundada, autorización para el allanamiento previsto en el artículo 113 del Código; en tal caso el acta levantada servirá de base para la solicitud, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondan.

No será necesario obtener autorización previa ni será exigible la aplicación de la medida cautelar de allanamiento para ingresar a aquellos establecimientos, que por su propia naturaleza estén abiertos al público, siempre que se trate de las áreas de acceso público.

Artículo 150.- Secuestro de documentos y bienes.

En caso de negativa de las personas obligadas a cumplir con los suministros generales o con los requerimientos individualizados de información, los órganos de fiscalización competentes solicitarán autorización a la autoridad judicial, mediante resolución fundada, para el secuestro de documentos y bienes previstos en la ley.

La potestad de realizar un secuestro de documentos dentro o con ocasión de una actuación de comprobación e investigación cabrá tanto respecto de los contribuyentes, responsables o declarantes como respecto de los informantes.

No obstante lo anterior, cuando la Administración Tributaria requiera preservar documentos o bienes necesarios para la determinación de la obligación tributaria o bien para asegurar las pruebas de la comisión de un ilícito tributario, podrá prescindir del requerimiento previo a la persona en cuyo poder se halle la información o el bien y solicitar ésta directamente a la autoridad judicial, por el procedimiento de secuestro establecido en el ordinal 114 del Código.

La autorización para el secuestro de documentos conllevará la de ingreso al lugar donde éstos se encuentran, únicamente para los efectos de obtener la información requerida.

Artículo 151.- Información en poder de entidades financieras.

En los casos en que durante la actuación de comprobación e investigación se estime necesario solicitar información previsiblemente pertinente para efectos tributarios, que se encuentre en poder de entidades financieras, los órganos de fiscalización competentes la solicitarán mediante el procedimiento estatuido en los artículos 106 bis y 106 ter del Código.

Sección IV

Conclusión de los procedimientos

Artículo 152.- Propuesta provisional de regularización.

En los casos en que a juicio de los funcionarios actuantes se hayan obtenido los datos y pruebas necesarios para fundamentar los actos que procede dictar, se dará por concluida la actuación, debiendo emitirse una propuesta provisional de regularización en la cual se hará constar:

a) El impuesto y período fiscal objeto de verificación.

b) Los hechos, las pruebas y los fundamentos jurídicos que motivan las diferencias con lo inicialmente declarado o lo determinado ante la omisión en la presentación de las declaraciones autoliquidativas a que estuviera obligado.

c) La cuota tributaria determinada por impuesto y período impositivo o tratándose de impuestos con devengo instantáneo, la cuota tributaria por cada hecho imponible, así como los intereses generados desde la fecha en que debió pagarse el impuesto y hasta la fecha de la propuesta.

La propuesta será suscrita por los funcionarios actuantes del órgano de fiscalización que realizó la actuación de comprobación e investigación.

Artículo 153.- Notificación de propuesta de regularización, de resolución sancionadora y plazo para presentación de alegatos.

La propuesta provisional de regularización a que se refiere el artículo anterior deberá notificarse al sujeto fiscalizado, notificándosele también la propuesta de resolución sancionadora, si se estimara su procedencia.

El sujeto fiscalizado podrá presentar, dentro del plazo improrrogable de diez días hábiles siguientes a la notificación de las propuestas, los alegatos y las pruebas que considere pertinentes. Si los alegatos y las pruebas se presentan fuera del plazo establecido, han de entenderse como no presentados a los efectos de la continuación del procedimiento de determinación de oficio de la obligación; sin perjuicio de que pueda reiterarlos con ocasión del ejercicio de los recursos previstos contra el acto administrativo de liquidación de oficio.

De igual forma, se pondrá a disposición del sujeto fiscalizado, tanto el expediente determinativo como el expediente sancionador en que se respaldan las actuaciones administrativas realizadas y los resultados comunicados.

Artículo 154.- Valoración de alegatos y pruebas presentadas.

En los casos en que se hubieren presentado en el plazo establecido en el artículo anterior, alegatos y pruebas contra la propuesta provisional de regularización y contra la propuesta de resolución sancionadora, los funcionarios actuantes los valorarán y elaborarán informes escritos en los que consten las razones por las cuales resultan procedentes o no.

El informe se emitirá en dos tantos, con las firmas de los funcionarios actuantes y el titular del órgano de fiscalización, incorporándose un tanto al expediente que corresponda y entregándose el otro al sujeto fiscalizado, con ocasión de la celebración de la audiencia final a que se refiere el artículo 155 siguiente.

Artículo 155.- Convocatoria a la audiencia final.

Transcurrido el plazo para la presentación de alegatos y pruebas y realizada su valoración, se convocará al sujeto fiscalizado a una audiencia final, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 144 del Código. La convocatoria deberá efectuarse con tres días hábiles de anticipación a la fecha programada para su realización.

A la audiencia podrá acudir personalmente o hacerse representar por medio de un representante legal, con la debida personería con no más de quince días de expedida o bien a través de un apoderado que ostente poder suficiente que expresamente le permita: a) comparecer en la audiencia y b) en caso de regularizar en el mismo acto, habilitarlo para disponer sobre la totalidad de la cuota tributaria determinada y sus accesorios, debiéndose aportar, antes del inicio de la audiencia, el poder de referencia.

Sin perjuicio de la sanción que pudiera proceder y salvo que demuestre la existencia de justa causa, en caso de no concurrir a la hora y fecha indicadas, se tendrá como puesta de manifiesto su disconformidad con los resultados de la actuación de comprobación e investigación, por lo que se continuará el procedimiento conforme a lo establecido en el artículo 144 del Código y artículo 163 de este Reglamento.

Si el compareciente concurriera con un poder insuficiente que no le permita expresamente participar en la audiencia final, se le apercibirá para que subsane ese defecto, entendiéndose automáticamente trasladada la audiencia final para el tercer día hábil siguiente, a la misma hora y lugar, dejándose constancia expresa de ese hecho, en acta que se levantará al efecto. Si antes de iniciar la audiencia programada se constatara la persistencia de los errores en el poder conferido, se hará constar así en un acta, continuándose el procedimiento bajo los supuestos de no concurrencia del sujeto pasivo.

Artículo 156.- Celebración de la audiencia final.

En el día, hora y lugar indicados en la convocatoria, se llevará a cabo la audiencia final del procedimiento fiscalizador, que se desarrollará en el orden siguiente:

1) Comunicación de las determinaciones tributarias efectuadas, una vez valorados los alegatos, cuando se hubieren presentado, explicándosele al sujeto pasivo los hechos y fundamentos de derecho que motivan las diferencias en las bases imponibles y en las cuotas tributarias, con respecto a las autoliquidadas o que debieron haberse autoliquidado en supuestos de omisión en la presentación de las declaraciones a que se estuviera obligado. Asimismo, cuando proceda, se comunicarán las disminuciones en las bases imponibles y en las cuotas tributarias o los aumentos en los saldos a favor originalmente declarados, estándose bajo este supuesto a lo regulado en el artículo 165 del presente Reglamento.

2) Explicación motivada en torno a la aceptación o no de los alegatos presentados por el sujeto fiscalizado, cuando los hubiera planteado, sobre la propuesta provisional de regularización, entregándosele el documento que contenga las valoraciones sobre los alegatos que se hubieren presentado, debidamente firmado por los funcionarios actuantes y el titular del órgano de fiscalización. Un tanto de ese informe se incorporará en los respectivos expedientes administrativos.

3) Advertencia al sujeto pasivo, sobre las consecuencias jurídicas y económicas de la eventual aceptación de la propuesta de regularización practicada y de las infracciones que se le pudieran imputar, en cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 171 inciso 15) del Código.

4) Proposición al sujeto compareciente de aceptación de la propuesta de regularización de las diferencias comunicadas en el apartado 1 anterior, informándosele de su derecho a manifestar su conformidad o no con dicha propuesta, pudiendo ser esta total o parcial, así como del plazo con el que dispone para manifestar sus alegatos, todo al tenor de lo dispuesto en el artículo 144 del Código.

5) Explicación motivada en torno a la aceptación o no de los alegatos presentados por el sujeto fiscalizado, cuando los hubiera planteado, sobre la propuesta de resolución sancionadora, entregándosele el documento que contenga las valoraciones sobre los alegatos que se hubieren presentado, debidamente firmado por los funcionarios actuantes y el titular del órgano de fiscalización. Un tanto de ese informe se incorporará en los respectivos expedientes administrativos.

6) Comunicación de las reducciones ante la eventual conformidad con la propuesta de regularización, que se producirían en las multas por las sanciones que se impusieran, así como por la autoliquidación y pago de dichas multas.

7) Las manifestaciones que el compareciente estime necesario, sobre todos los temas desarrollados en esta audiencia.

Concluida la audiencia final, los funcionarios actuantes extenderán un acta dejando constancia expresa de todos los aspectos desarrollados. Esta acta se extenderá en dos tantos, que deberán ser firmados por los funcionarios actuantes y por el compareciente, entregándosele un tanto, quien se tendrá por notificado de su contenido. En caso de que no sepa o no quiera firmarla, se dejará constando ese hecho en el acta.

Artículo 157.- Propuesta de regularización.

Siempre que los resultados obtenidos en la actuación de comprobación e investigación supongan diferencias de las bases imponibles o de las cuotas tributarias declaradas, el funcionario a cargo debe proponerle al sujeto pasivo la conformidad con la propuesta de regularización que establece el artículo 144 del Código, la cual se formulará para cada concepto que afecte la base imponible y la cuota tributaria determinada, respecto al impuesto y período fiscal objeto de comprobación. Todo lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 165 de este Reglamento.

Artículo 158.- Posición del sujeto pasivo frente a la propuesta de regularización.

El sujeto fiscalizado deberá manifestar su conformidad o disconformidad con cada uno de los elementos que configuran la base imponible y la cuota tributaria, presentados en la propuesta de regularización que se le formuló. Su decisión será única y definitiva y debe externarse en un solo acto, haciéndose constar en el modelo establecido al efecto.

Esta manifestación podrá darse en la audiencia final o si así lo decidiera, compareciendo personalmente ante los funcionarios actuantes, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de celebración de aquella audiencia. En este último supuesto, la conformidad se hará constar en el modelo establecido al efecto.

La conformidad podrá tener carácter total o parcial. Se entenderá como total, cuando comprenda todos los elementos que conforman la base y la cuota tributaria determinada, respecto a un impuesto y su período fiscal. Se entenderá como parcial, cuando se manifiesta conformidad sobre algunos de los conceptos que conforman la base imponible determinada, para un impuesto y su período fiscal, manifestando disconformidad con otros de aquellos elementos.

Artículo 159.- Conformidad con la propuesta de regularización.

La conformidad del sujeto pasivo con la propuesta de regularización dispuesta en el artículo 157 de este Reglamento, constituye una manifestación voluntaria de aceptación total o parcial de la propuesta de regularización notificada en la audiencia final a que se refiere el artículo 156 de este mismo cuerpo legal. Cuando esta conformidad se manifieste con ocasión de la celebración de la audiencia, deberá dejarse constancia expresa en el acta que se expida para documentarla; si se manifiesta dentro de los cinco días siguientes, se hará constar en el modelo establecido al efecto.

La conformidad total o parcial, con la propuesta de regularización tendrá los siguientes efectos:

a) Deuda tributaria: La conformidad manifestada por el sujeto fiscalizado constituye el reconocimiento de la deuda determinada por los órganos de la fiscalización, considerándose dictado y notificado el acto administrativo de liquidación de oficio en el mismo momento de la aceptación en los mismos términos contenidos en la propuesta de regularización aceptada, procediéndose a elaborar el documento de ingreso y a su registro.

b) El interesado debe hacer el ingreso del importe regularizado mediante el modelo oficial establecido para ese fin, en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente en que manifestó su conformidad con la propuesta de regularización, momento en que se entiende dictado el acto administrativo de liquidación o bien obtener, dentro de ese mismo plazo, un aplazamiento o fraccionamiento de pago. El incumplimiento en el pago dentro del plazo respectivo faculta a la Administración Tributaria a ejercer la acción de cobro por los medios que correspondan.

c) Extinción de la facultad de comprobación: La Administración Tributaria no podrá revisar nuevamente, los conceptos y períodos de los tributos sobre los que se hubiere manifestado conformidad con la propuesta administrativa de regularización y la liquidación emanada se tendrá como definitiva.

d) Reducción de sanciones: Si se hubiere estimado la procedencia de alguna de las sanciones contempladas en el artículo 81 del Código y se hubiere reparado el incumplimiento, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 161 de este Reglamento, procederán las reducciones establecidas en los incisos b) y c) del artículo 88 del Código.

e) Revisión excepcional de la regularización: No proceden recursos contra el acto administrativo que se entiende dictado de conformidad con la propuesta de regularización, salvo manifiesto error en los hechos, en cuyo caso el interesado deberá plantear la solicitud respectiva ante el órgano que dictó el acto, de conformidad con el artículo 102 del Código, en un plazo máximo de diez días hábiles contados a partir de que manifestó su conformidad con la propuesta, momento en que se entiende dictado y notificado el acto administrativo de liquidación. La eventual revisión de ese acto por error en los hechos, no suspende los efectos de éste, por lo que el sujeto fiscalizado igualmente debe ingresar el monto regularizado dentro del plazo indicado, sin perjuicio de la devolución si se comprueba el error, en cuyo caso deberá modificarse la liquidación, notificándose así al interesado.

Artículo 160.- Cálculo de cuotas tributarias por regularizaciones parciales.

Ante la manifestación de conformidad parcial del sujeto pasivo con la propuesta de regularización que se le hubiere formulado y a los fines de asociarle a cada aumento en la base imponible, la cuota o impuesto que le corresponda, deberá aplicarse el siguiente procedimiento de cálculo:

a) Cuando el tipo del tributo fuere proporcional, se aplicará ese tipo a cada uno de los aumentos a la base imponible.

b) Cuando la base imponible del tributo estuviera gravada por una escala de tipos o tarifas, deberá multiplicarse cada aumento en la base imponible por el tipo medio que resulte de la aplicación de esa escala.

c) El resultado que se obtenga mediante los cálculos de los incisos a) ó b), será el impuesto o cuota asociado con cada aumento a la base. Al resultado que se obtenga por la suma de esas cuotas se adicionará, cuando corresponda, los aumentos determinados directamente en la cuota del tributo, para obtener los aumentos totales.

Las cuotas tributarias así obtenidas, en relación con cada aumento de base no aceptada por el sujeto pasivo serán las mismas que se harán constar en el acto de liquidación de oficio que se le notifique al sujeto pasivo, ante su manifestación de disconformidad parcial con la propuesta de regularización.

Artículo 161.- Reducción de la sanción del artículo 81 del Código, por reparación del incumplimiento material.

A los efectos de las reducciones dispuestas en los incisos b) y c) del artículo 88 del Código, para la aplicación de la sanción por la infracción del artículo 81 del Código, se entenderá reparado el incumplimiento:

1) Tratándose del inciso b), si se hubiere manifestado conformidad, total o parcial, con la propuesta de regularización y se hubiere ingresado el importe correspondiente dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de tal manifestación, en que se entiende dictada la liquidación o en su defecto, se hubiere obtenido dentro de ese mismo plazo un aplazamiento o fraccionamiento de pago.

2) Tratándose del inciso c) del artículo 88 del Código, habiéndose notificado el acto de liquidación de oficio, cuando el sujeto pasivo presente el modelo oficial debidamente completado, en el que consten los hechos que acepta e ingrese el importe correspondiente dentro de los treinta días hábiles siguientes o en su defecto, hubiere obtenido dentro de ese mismo plazo, un aplazamiento o fraccionamiento de pago.

Sin perjuicio de lo anterior, para que proceda la reducción del cincuenta y cinco por ciento dispuesta en el inciso b) o del treinta por ciento dispuesta en el inciso c), ambos del expresado numeral del Código, el sujeto fiscalizado debe autoliquidar y pagar la sanción dentro del mismo plazo. El sujeto fiscalizado debe informar los pagos realizados a los funcionarios actuantes, presentándoles los modelos oficiales en el que conste la cancelación del monto regularizado o la obtención del aplazamiento o fraccionamiento, así como la autoliquidación y pago de la sanción.

Artículo 162.- Disconformidad con la propuesta de regularización.

La disconformidad es una manifestación voluntaria del sujeto fiscalizado de desacuerdo con la propuesta de regularización que le han formulado los órganos actuantes. Tendrá carácter total cuando la disconformidad abarque todos los conceptos incluidos en aquella propuesta y carácter parcial, cuando manifieste desacuerdo sólo sobre algunos de los conceptos de la propuesta.

Se entenderá puesta de manifiesto la disconformidad cuando el sujeto fiscalizado:

a) Lo indique expresamente, en la misma audiencia final o dentro de los cinco días posteriores a su celebración.

b) No comparezca, sin justa causa, a la audiencia final en la fecha fijada.

c) No comparezca dentro de los cinco días referidos en el artículo 158 del presente Reglamento.

En los dos últimos supuestos, los funcionarios actuantes deberán levantar un acta donde se haga constar esta circunstancia.

Artículo 163.- Dictado y notificación del acto de liquidación de oficio ante la disconformidad con la propuesta de regularización.

Puesta de manifiesto la disconformidad total o parcial del sujeto pasivo con la propuesta de regularización, se dictará el acto de liquidación de oficio que contendrá la expresión concreta de los hechos, las pruebas y los fundamentos jurídicos que motivan las diferencias determinadas en la base imponible con lo previamente declarado y que provocan un aumento en la cuantía de la obligación tributaria a su cargo, así como las bases imponibles y cuotas determinadas en supuestos de omisión del deber de presentar las declaraciones a que se estuviera obligado.

El acto de liquidación de oficio deberá suscribirse por el órgano de la Administración Tributaria y notificarse al sujeto pasivo dentro de los diez días hábiles siguientes contados a partir de la manifestación de disconformidad, entendiéndose ese plazo como ordenatorio, por lo que procederá su notificación aun vencido este plazo.

Cuando se hubiere manifestado disconformidad parcial con la propuesta de regularización, en el acto de liquidación de oficio que se notifique se harán constar además los elementos regularizados, estándose sobre estos últimos elementos a lo dispuesto en el artículo 159 de este Reglamento.

Artículo 164.- Regularización posterior a la disconformidad con la propuesta de regularización.

Procede la reducción de la sanción regulada en el artículo 88 inciso b) del Código, en aquellos casos en que el sujeto pasivo, luego de haber manifestado su disconformidad con toda o parte de la propuesta administrativa de regularización, pero antes de lanotificación del acto que liquida los elementos no regularizados, repare su incumplimiento en los términos indicados en el artículo 156 de este Reglamento.

La reducción establecida en el inciso c) del artículo 88 del Código, procede cuando habiéndose notificado el acto de liquidación de oficio dispuesto por el artículo 144 del Código y dentro del plazo de treinta días establecido para recurrirlo, el obligado tributario repare su incumplimiento en los términos indicados en el artículo 161 de este Reglamento.

En uno u otro caso, el sujeto fiscalizado debe informar los pagos realizados a los funcionarios actuantes, presentándoles los modelos oficiales en los que conste la cancelación de la deuda reparada o la obtención del aplazamiento o fraccionamiento, así como la autoliquidación y pago de la sanción.

Artículo 165.- Conclusión de la actuación con aumento de saldo a favor o con reducción de las cuotas tributarias originalmente declaradas.

Bajo el supuesto de que las actuaciones fiscalizadoras hubieren concluido con un aumento del saldo a favor o con una reducción de las cuotas tributarias originalmente declaradas por el sujeto fiscalizado, se hará constar ese hecho en el acta de la audiencia final y se procederá a emitir la liquidación de oficio del crédito para su registro y puesta a disposición del interesado.

Si el sujeto pasivo no estuviere de acuerdo con el aumento del saldo a favor o con la reducción de las cuotas tributarias originalmente declaradas, los funcionarios actuantes deben emitir un informe dentro de los diez días hábiles siguientes contados a partir de la notificación del acta emitida con ocasión de la celebración de la audiencia final regulada en el artículo 156 de este Reglamento. En ese informe se detallará:

1) El impuesto y período fiscal objeto de inspección.

2) Los hechos, las pruebas y los fundamentos jurídicos que motivan la reducción en la cuantía de la obligación tributaria o el saldo a favor.

El informe será suscrito por los funcionarios que realizaron las actuaciones de comprobación e investigación y el titular del órgano fiscalizador.

Artículo 166.- Expediente administrativo de la actuación de comprobación e investigación.

La actuación debe documentarse en actas de fiscalización, requerimientos de información, hojas de trabajo elaboradas por el funcionario a cargo, documentación aportada por el sujeto inspeccionado o por terceros y cualquier otro documento que se requiera para respaldar dichas actuaciones.

Tales documentos deben consignarse en un expediente administrativo y en expedientes accesorios, cuando proceda, numerados en forma consecutiva y se pondrán a disposición del sujeto fiscalizado una vez concluida la inspección y notificadas las propuestas de regularización y de resolución sancionadora.

El expediente administrativo y los expedientes accesorios contendrán todos aquellos elementos probatorios que sustentan la fiscalización realizada por la Administración.

El sujeto pasivo tendrá derecho a acceder al expediente y a obtener copias a su costo, personalmente o a través de un tercero debidamente autorizado.

Artículo 167.- Efecto de la determinación sobre otros impuestos o períodos.

Si la actuación realizada comprende varios impuestos o períodos impositivos y los

aumentos determinados implican disminuciones en otros impuestos o períodos respecto al mismo sujeto inspeccionado, las determinaciones respectivas se efectuarán cuando los aumentos determinados adquirieran firmeza en la vía administrativa. Todo lo anterior, sin perjuicio del derecho que le asiste de rectificar si así lo estimara, las declaraciones tributarias de otros impuestos y períodos que se vieran afectados y no estuvieren comprendidos dentro de los inspeccionados.

Sección V

Revisión del acto de liquidación de oficio

Artículo 168.- Procedimiento de revisión del acto de liquidación de oficio.

Contra el acto administrativo de liquidación de oficio a que se refiere el artículo 144 del Código, el sujeto pasivo podrá interponer los recursos a que se refieren los artículos 84 y siguientes del presente Reglamento.

Sección VI

Actuaciones ante ilícitos tributarios

Artículo 169.- Actuaciones en materia de delitos contra la Hacienda Pública. Si en el procedimiento de comprobación e investigación de la obligación tributaria se estima que las irregularidades detectadas pudieran ser constitutivas del delito de Fraude a la Hacienda Pública, se procederá de conformidad con el artículo 90 del Código, presentando la correspondiente denuncia penal. Una vez presentada la denuncia la Administración Tributaria tendrá un mes para comunicarlo al sujeto pasivo, mediante el modelo que se establezca para esos efectos.

Si la denuncia penal fuere desestimada o sobreseída, la Administración Tributaria continuará con el procedimiento de comprobación e investigación de la obligación tributaria. Asimismo, iniciará o continuará el procedimiento sancionador administrativo, de acuerdo con los hechos que los tribunales hubieren considerado probados.

Las regulaciones de esta sección, deberán ser aplicadas por todos los órganos de la Administración Tributaria, que en el ejercicio de sus competencias encuentren irregularidades que pudieran constituir el delito establecido en el artículo 90 del Código.

Artículo 170.- Actuaciones en materia de infracciones administrativas.

Si en el ejercicio de las facultades de comprobación e investigación atribuidas a los órganos fiscalizadores, se apreciara la existencia de acciones u omisiones que pudieran ser constitutivas de las infracciones reguladas en el Código, los funcionarios actuantes deberán iniciar el correspondiente procedimiento sancionador, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 de dicho cuerpo legal.

Sección VII

Infracciones materiales del artículo 81 del Código

Artículo 171.- Disposiciones generales.

1) Tratándose de la infracción dispuesta en el artículo 81 del Código y de conformidad con lo reseñado en sus artículos 153 y 186, los órganos actuantes deberán generar la resolución que impone la sanción, una vez que se haya emitido el acto administrativo de liquidación de oficio o el sujeto pasivo haya manifestado la conformidad con la propuesta de regularización. Sin perjuicio de lo anterior, la resolución sancionadora, cuando proceda, será emitida después de haberse dictado la resolución determinativa de la obligación tributaria. La resolución sancionadora así emitida, tendrá el carácter de acto administrativo condicionado, regulado en la Ley General de la Administración Pública, cuya ejecución, también por disponerlo así el artículo 153 antes citado, queda condicionada a la firmeza, tanto del acto determinativo de la obligación tributaria con la que estuviere asociada, como de la propia resolución que pretende imponer la sanción.

2) Si en un mismo procedimiento fiscalizador se comprueban varios períodos impositivos, se considerará que existe una infracción en relación con cada uno de los distintos supuestos de infracción tipificados por la norma de referencia, por cada tributo y período objeto del procedimiento.

3) Cuando se trate de infracciones relativas a tributos sin período impositivo o a hechos u operaciones cuya declaración no sea periódica, se considerará que existe una infracción por cada obligación tributaria que derive de cada uno de los hechos u operaciones sujetos al tributo.

4) Cuando en relación con un tributo y período impositivo se hubieren tramitado procedimientos de liquidación previa y posteriormente uno de liquidación definitiva, se considerará a efectos de su calificación y cuantificación, que se ha cometido una única infracción. En estos supuestos, de la sanción que proceda, vinculada con el procedimiento de liquidación definitiva, se deducirá el importe de las sanciones impuestas en los procedimientos anteriores.

Artículo 172.- Términos utilizados en los coeficientes.

Los términos contenidos en el artículo 81 del Código y en especial los de los incisos a), b) y c) del apartado 2 de ese artículo, así como a los contenidos en el apartado 2 del artículo 175 de este Reglamento, relacionados con el cálculo de los coeficientes ahí establecidos, deberán entenderse de la siguiente manera:

a) "Cuota tributaria". Se trata del importe que se obtiene al aplicar el tipo o tarifa o la escala de tarifas, a la base imponible de un determinado tributo. También se le denomina "impuesto a pagar".

b) "Importe autoliquidado". Se refiere a la cuota tributaria o impuesto a pagar autoliquidado por el contribuyente en su declaración tributaria.

c) "Importe determinado de oficio", "importe liquidado en la determinación de oficio", "deuda o importe a ingresar". Estos términos se refieren a la diferencia resultante entre el importe o cuota tributaria determinada de oficio en la actuación administrativa y el importe o cuota autoliquidada por el sujeto pasivo en su declaración tributaria o la cuota determinada en supuestos de omisión de presentación de tal declaración. Corresponde a la cuota tributaria adicional liquidada en la actuación fiscalizadora, también denotada como "aumento de impuesto".

d) "Importes no sancionables", "incrementos no sancionables": Aumentos de impuesto o cuota tributaria determinados en la actuación administrativa sobre los que no se estima la aplicación de la sanción, conforme al artículo 81 apartado 2 del Código.

Se obtienen al multiplicar los aumentos o ajustes en la base imponible por el tipo o tarifa o escala de tarifas o por aumentos directos en la cuota tributaria.

e) "Incrementos sancionables". Se trata de aumentos en la base imponible declarada que se estiman susceptibles de algunas de las sanciones dispuestas en el artículo 81 del Código. También se le denomina "elementos de la base imponible omitidos o deducidos en exceso", al menos de forma negligente y que producen incrementos en la cuota tributaria.

f) "Incrementos sancionables realizados directamente en la cuota del tributo". Son los aumentos que se originan en la cuota del tributo, al declararse improcedentes deducciones realizadas directamente en esa cuota, tales como: créditos familiares deducidos por profesionales independientes, mayores a los que corresponden; tratándose del impuesto sobre las ventas, créditos del artículo 14 de la Ley del Impuesto General sobre las Ventas que se estimen como improcedentes. Se calificarían como "sancionables", cuando se estimaran susceptibles de alguna de las infracciones dispuestas en el artículo 81 del Código.

g) "Tipo medio". Se trata de la expresión como porcentaje, de la relación entre la cuota tributaria corregida (cuota total determinada en la actuación administrativa) y la base imponible corregida, esto es, la base imponible declarada más los elementos adicionales (ajustes) descubiertos o corregidos en el procedimiento fiscalizador.

Artículo 173.- Calificación unitaria de la infracción.

1) Según lo dispuesto en el artículo 81 apartado 3 del Código, se calificarán como graves las infracciones cometidas mediante la ocultación de datos a la Administración Tributaria y como muy graves aquellas en las que se hubieren utilizado medios fraudulentos. Todas las demás se tendrán como leves.

2) Cada infracción tributaria establecida en el artículo 81, apartado 1, incisos a), b), c), y d) del Código, se califica de forma unitaria como grave, muy grave o leve, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del mismo artículo y el apartado 1 de este artículo reglamentario.

3) Conforme a lo anterior, cuando en una determinación o liquidación de oficio se aprecie simultáneamente la concurrencia de ocultación de datos, medios fraudulentos o cualquier otra circunstancia determinante de la calificación de la infracción, se analizará la incidencia que cada una de estas circunstancias tiene sobre la base de la sanción, a efectos de determinar la calificación que proceda. Una vez calificada como grave, muy grave o leve, la infracción se considerará única y el porcentaje de sanción que corresponda se aplicará sobre toda la base de la sanción.

Artículo 174.- Circunstancias determinantes de la calificación de una infracción.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 81 del Código, las siguientes causales se entenderán de la siguiente manera:

1) Existe ocultación de datos a la Administración Tributaria, cuando se produzcan las circunstancias previstas en el artículo 81 apartado 3 inciso a) del Código, aun cuando la Administración Tributaria pudiera conocer la realidad de las operaciones o los datos omitidos por declaraciones de terceros, por requerimientos de información o por el examen de la contabilidad, libros o registros y demás documentación del propio sujeto infractor.

2) Existen asientos, registros o importes falsos en los libros de contabilidad o en los libros o registros establecidos por la normativa tributaria, cuando se reflejen hechos u operaciones inexistentes o con importes distintos a los reales.

3) Existe omisión de operaciones cuando no se contabilicen o registren operaciones realizadas o se contabilicen o registren parcialmente, por importes distintos a los reales.

4) Existe contabilización en cuentas incorrectas cuando, tratándose de libros de contabilidad o de libros o registros establecidos por la normativa tributaria, se anoten operaciones incumpliendo la normativa que los regula, de forma que se altere su consideración fiscal y de ello se haya derivado la comisión de la infracción tributaria.

5) Son facturas, justificantes u otros documentos o soportes falsos o falseados aquellos que reflejen operaciones inexistentes o importes distintos de los reales y hayan sido el instrumento para la comisión de la infracción.

Artículo 175.- Cálculo de la incidencia de las circunstancias determinantes.

1) Por disposición del artículo 81 apartado 3 del Código, algunas circunstancias determinantes de la calificación de una infracción requieren que, además, los aumentos de impuesto que se les asocien superen los siguientes porcentajes de la base inicial de la sanción dispuesta en el apartado 2 del artículo 176 de este Reglamento:

a) Cuando se trate de ocultación de datos, el diez por ciento de la base de la sanción.

b) Tratándose de la llevanza incorrecta de los libros o registros, el cincuenta por ciento de la base de la sanción.

c) Si se tratara de documentos o soportes falsos o falseados, el diez por ciento de la base de la sanción.

A estos efectos, el cálculo de la incidencia concreta se hará mediante la determinación del coeficiente regulado en el apartado 2 siguiente.

2) El coeficiente a que se refiere el apartado anterior se determina multiplicando por cien, el resultado de una fracción en la que figuren:

a) En el numerador, la suma del resultado de multiplicar los incrementos realizados en la base imponible, asociados con una u otra de las circunstancias descritas en el apartado anterior, por el tipo de gravamen del tributo, si se trata de un tipo proporcional o, si trata de una escala de tarifas o tipos, por el tipo medio de gravamen resultante de su aplicación, más los incrementos realizados directamente en la cuota del tributo en los que se haya apreciado una u otra de esas circunstancias.

b) En el denominador, la suma del resultado de multiplicar todos los incrementos sancionables o no que se hayan determinado en la base imponible por el tipo de gravamen del tributo, si se trata de un tipo proporcional o si trata de una escala de tarifas o tipos, por el tipo medio de gravamen resultante de su aplicación, más los incrementos sancionables o no realizados directamente en la cuota del tributo.

Este coeficiente se expresará con dos decimales.

3) Cuando en la determinación de oficio se hayan realizado reducciones en la base o en la cuota que disminuyan la deuda tributaria, su cuantía no se tendrá en cuenta a efectos de los cálculos previstos en el apartado anterior.

4) En el supuesto de falta de presentación de la declaración de autoliquidación, se entenderá que la incidencia de la deuda derivada de la ocultación de datos sobre la base de la sanción es del cien por ciento.

5) Cuando concurran más de una de las circunstancias determinantes de la calificación de la infracción, se tomará en consideración la que determine una mayor gravedad de la conducta.

Artículo 176.- Exclusión de aumentos no sancionables y cálculo de la base de la sanción.

1) Conforme a lo establecido en el artículo 81 apartado 2 del Código, cuando en la determinación de oficio practicada resulten aumentos en la base imponible o en la cuota tributaria, no sancionables, tales aumentos tendrán que excluirse de la base de la sanción dispuesta para cada infracción en los incisos a), b), c) y d) del artículo 81 apartado 1 del Código.

2) Para esos efectos, la base inicial se multiplicará por el coeficiente que resulte de multiplicar por cien el resultado de una fracción en la que figuren:

a) En el numerador, la suma del resultado de multiplicar los incrementos sancionables por el tipo de gravamen del tributo, si se trata de un tipo proporcional o, si trata de una escala de tarifas o tipos, por el tipo medio de gravamen resultante de su aplicación, más los incrementos sancionables realizados directamente en la cuota del tributo o en la cantidad a ingresar.

b) En el denominador, la suma del resultado de multiplicar todos los incrementos, sancionables o no, por el tipo de gravamen del tributo, si se trata de un tipo proporcional o, si trata de una escala de tarifas o tipos, por el tipo medio de gravamen resultante de su aplicación, más los incrementos sancionables o no sancionables, realizados directamente en la cuota del tributo o en la cantidad a ingresar.

Mediante la aplicación de ese coeficiente a la base inicial, se obtendrá la base final de la sanción que excluye los aumentos no sancionables. Los términos empleados para establecer aquel coeficiente, han de entenderse según las definiciones establecidas en el artículo 172 de este Reglamento.

3) Sobre la totalidad del importe de la base final, así obtenida, se aplicará el porcentaje de la sanción que proceda.

CAPITULO VIII

Recaudación de los tributos

Sección I

De la recaudación

Artículo 177.- De la Recaudación.

La función de recaudación consiste en recaudar el pago de todas las deudas tributarias de los obligados tributarios, en cualquiera de sus etapas. Corresponde a la Administración Tributaria definir la forma y los medios por los cuales los obligados tributarios deben cumplir con sus obligaciones materiales.

La función recaudatoria se realiza en tres etapas sucesivas: voluntaria, administrativa y ejecutiva.