ARTÍCULO II

DELITOS QUE DAN LUGAR A LA EXTRADICIÓN

1. Darán lugar a la extradición los delitos punibles con pena privativa de la libertad superior a un año, conforme a la legislación de ambos Estados Contratantes.

2. También darán lugar a la extradición la tentativa en la comisión de los delitos a que se hace referencia en el párrafo 1, la confabulación o agrupación destinada a cometerlos, así como la participación y asociación en los mismos.

(Nota de Sinalevi: Mediante el artículo 2° de la Ley N° 9236 del 23 de abril del 2014, "Aprueba Tratado de Extradición entre la República de Costa Rica y la República del Perú", se establece lo siguiente: "... Los términos confabulación y agrupación, de los artículos II.2 y III.2.d del presente tratado de extradición, no podrán interpretarse como dispositivos amplificadores de la tentativa o de la participación; para tales efectos rigen las reglas del Código Penal, Ley N.º 4573, de 4 de mayo de 1970...")

3. Para efectos del presente Artículo, un delito dará lugar a la extradición independientemente de:

a.  que las leyes de los Estados Contratantes clasifiquen el delito en diferente categoría, o lo tipifiquen con distinta terminología; siempre que la conducta subyacente se considere delictiva en ambos Estados;

b.  el lugar donde se cometió el delito, siempre y cuando el Estado requirente tenga jurisdicción para conocer el delito que sirve de base a la solicitud de extradición.

4. Concedida la extradición por un delito, en los términos del numeral 1) de este artículo, también se entenderá concedida por cualquier otro especificado en la solicitud que fuere punible con pena privativa de libertad igual o menor a un año.

ARTÍCULO III

MOTIVOS PARA DENEGAR LA EXTRADICIÓN

1.  La extradición no será concedida:

a.  si la persona reclamada hubiere sido condenada o absuelta en el Estado requerido por el delito objeto de la solicitud de extradición. Sin embargo, no impedirá la extradición el hecho que las autoridades del Estado requerido hubieran decidido no procesar a la persona reclamada por los mismo hechos por los cuales se solicita la extradición, o no continuar cualquier proceso penal incoado contra la persona reclamada por esos mismos hechos; o

b.  si el delito o la pena hubiera prescrito con arreglo a la legislación del Estado requirente.

2.  La extradición tampoco será concedida si el delito por el cual se solicita constituye un delito político o conexo con delitos de esa naturaleza.

Para los efectos del presente Tratado, no se considerarán delitos políticos:

a.  el asesinato u otro delito violento contra la persona del Jefe de Estado de uno de los Estados Contratantes, o de miembros de su familia;

b.  el genocidio, según se contempla en la Convención sobre la Prevención y Pena del Delito de Genocidio, hecha en París, el 9 de diciembre de 1948;

c.  los delitos con relación a los cuales ambos Estados Contratantes tienen la obligación, en virtud de algún acuerdo multilateral internacional, de extraditar a la persona reclamada o de remitir el caso a sus autoridades competentes para que decidan sobre su procesamiento, incluidos, entre otros:

(i.)     tráfico ilícito de drogas y delitos relacionados según se contempla en el Convenio de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Substancias Sicotrópicas, hecho en Viena, el 20 de diciembre de 1988; y

(ii.)    los delitos relacionados con el terrorismo, según se contempla en los acuerdos multilaterales internacionales vigentes para ambos Estados Contratantes; y

d.  la tentativa para cometer cualquiera de los antedichos delitos, la confabulación o agrupación destinada a cometerlos, así como la participación o asociación para su perpetración.

(Nota de Sinalevi: Mediante el artículo 2° de la Ley N° 9236 del 23 de abril del 2014, "Aprueba Tratado de Extradición entre la República de Costa Rica y la República del Perú", se establece lo siguiente: "... Los términos confabulación y agrupación, de los artículos II.2 y III.2.d del presente tratado de extradición, no podrán interpretarse como dispositivos amplificadores de la tentativa o de la participación; para tales efectos rigen las reglas del Código Penal, Ley N.º 4573, de 4 de mayo de 1970...")

3.  La Autoridad competente del Estado requerido denegará la extradición por delitos previstos en la legislación militar que no estén tipificados en la legislación penal ordinaria.

4.  Si el Estado requerido negase la extradición por motivo de nacionalidad, se someterá a solicitud del Estado requirente el caso a las autoridades competentes del Estado requerido para el procesamiento de la persona reclamada. En este caso se aplicará la legislación del Estado requerido. Si dicho Estado necesita documentos adicionales u otras pruebas, estas se entregarán sin recargo alguno a aquel Estado. Se informará al Estado requirente sobre el resultado de la solicitud.

5.  Se denegará la extradición, si la persona cuya extradición se solicita ha sido condenada o podría ser juzgada o condenada en el Estado requirente por un tribunal extraordinario, especial o ad Hoc. A efectos de este numeral, un tribunal creado constitucionalmente no será considerado un tribunal extraordinario o especial.

ARTÍCULO IV

PENA DE MUERTE O CADENA PERPETUA

1.  Si el delito por el que se solicita la extradición fuere punible con la pena de muerte o cadena perpetua conforme a la legislación del Estado requirente y no lo fuere de conformidad con la legislación del Estado requerido, ésta se conmutará por la pena inferior inmediata a la prevista en el Estado requirente.

2.  Salvo en los casos de pena de muerte o cadena perpetua, la extradición no será denegada, ni se impondrán condiciones, en virtud de que la pena por el delito en cuestión es más severa en el Estado requirente que en el Estado requerido.

ARTÍCULO V

SOLICITUD DE EXTRADICIÓN

Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

1.  La solicitud de extradición será formulada en todos los casos por escrito y remitida por conducto diplomático.

2.  La solicitud de extradición irá acompañada en todos los casos por:

a.  los documentos, declaraciones u otro tipo de información que describan la identidad y probable paradero de la persona reclamada;

b.  la exposición de los hechos delictivos y la historia procesal del caso;

c.  los textos de las disposiciones legales que tipifiquen el delito por el cual se solicita la extradición, y las penas correspondientes;

d.  los textos de las disposiciones legales que indiquen que ni la acción penal ni la pena han prescrito en la Parte requirente; y

e.  los documentos, declaraciones, u otro tipo de información especificada en el numeral 3 o 4 de este Artículo, según corresponda.

3.  La solicitud de extradición que se refiera a una persona imputada por la comisión de un delito deberá también ir acompañada de:

a.  una copia del mandamiento u orden de detención emanado de un juez u otra autoridad competente;

b.  una copia del documento de imputación; y

c.  una copia auténtica de las actuaciones del proceso, que suministren pruebas o al menos indicios razonables de la culpabilidad de la persona que se trate.

4.  Si la solicitud de extradición se refiriese a una persona declarada culpable o condenada por el delito por el cual se solicita la extradición, la solicitud deberá también ir acompañada de:

a.  copia del fallo condenatorio o, si tal no existiese, constancia dictada por autoridad judicial competente que la persona reclamada ha sido declarada culpable;

b.  información que demuestre que la persona reclamada es la misma a quien se refiere la declaración de culpabilidad; y

c.  si la persona reclamada ha sido condenada, copia de la sentencia dictada, y si fuere el caso, constancia de la parte de la condena que ha sido cumplida.

5.  Si el Estado requerido solicitase pruebas o informaciones adicionales para decidir acerca de la solicitud de extradición, dichas pruebas o informaciones deberán presentarse en el plazo fijado por ese Estado.

ARTICULO VI

ADMISIBILIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN

Los documentos que acompañen la solicitud de extradición se admitirán como prueba en el proceso de extradición cuando:

a.  se encuentren certificados o legalizados por el agente diplomático o consular correspondiente del Estado requerido acreditado en el Estado requirente; o

b.  se encuentren certificados o legalizados de cualquier otra forma aceptada por la legislación del Estado requerido.

ARTICULO VII

DETENCIÓN PREVENTIVA

1.  En casos de urgencia, el Estado requirente podrá solicitar la detención preventiva de la persona reclamada en tanto se presente la solicitud de extradición. La solicitud de detención preventiva deberá tramitarse por conducto diplomático, o directamente entre el Ministerio de Justicia de la República del Perú y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de la República de Costa Rica.

2.  La solicitud de detención preventiva contendrá:

a.  una descripción de la persona reclamada;

b.  el paradero de la misma, si se conociere;

c.  breve exposición de los hechos relevantes al caso, entre ellos, si fuera posible, fecha y lugar del delito;

d.  detalle de la ley o leyes infringidas;

e.  declaración de la existencia de un mandamiento de detención, de resolución de culpa, o de fallo condenatorio contra la persona reclamada; y

f.   declaración que la solicitud de extradición se presentará posteriormente.

3.  El Estado requirente será notificado inmediatamente de la resolución sobre la solicitud de detención preventiva y las razones de cualquier negativa acerca de esta solicitud.

4.  La persona detenida preventivamente podrá ser puesta en libertad si la Autoridad competente del Estado requerido, vencido el plazo de sesenta días a partir de la fecha de la detención preventiva de acuerdo a este Tratado, no hubiera recibido la solicitud de extradición y los documentos justificativos previstos en el artículo V.

5.  La disposición de libertad de la persona reclamada en virtud del párrafo 4 de este Artículo no impedirá que esa persona sea nuevamente detenida y su extradición sea concedida en caso de que posteriormente se reciba la correspondiente solicitud.

ARTICULO VIII

DECISIÓN RELATIVA A LA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN

Y ENTREGA DE LA PERSONA RECLAMADA

1.  El Estado requerido tramitará la solicitud de extradición de conformidad con el procedimiento establecido en su legislación así como en este Tratado, y comunicará sin demora al Estado requirente, por la vía diplomática, la decisión que adopte respecto a tal solicitud.

2.  Concedida la extradición, los Estados Contratantes convendrán la fecha y el lugar para la entrega de la persona reclamada. Si esta persona no hubiese sido trasladada del Estado requerido en el plazo establecido por su legislación, si lo hubiere, podrá ser puesta en libertad, pudiendo el Estado requerido posteriormente denegar la extradición por el mismo delito.

3.  En caso que circunstancias imprevistas impidan la entrega de la persona reclamada, el Estado Contratante afectado informará al otro Estado, y se acordará una nueva fecha para la entrega, en armonía con la legislación del Estado requerido.

4.  Denegada la extradición, total o parcialmente, el Estado requerido proporcionará una explicación fundamentada de su negativa y, a solicitud del Estado requirente, remitirá copia de la resolución pertinente.

ARTÍCULO IX

ENTREGA DIFERIDA O TEMPORAL

1.  El Estado requerido podrá aplazar el proceso de extradición o la entrega de una persona contra quien se haya incoado proceso judicial o que esté cumpliendo una condena en ese Estado. El aplazamiento se prolongará hasta que haya concluido el proceso judicial de la persona reclamada o hasta que ésta haya cumplido la condena, si la hubiera. El Estado requerido dará aviso al Estado requirente, a la brevedad posible, de cualquier aplazamiento de conformidad con este párrafo.

2.  Concedida la extradición de una persona contra quien se haya incoado proceso judicial o que esté cumpliendo una condena en el Estado requerido, dicho Estado podrá, en casos excepcionales, entregar temporalmente a la persona reclamada al Estado requirente, exclusivamente para fines del desarrollo del proceso penal. La persona así entregada permanecerá bajo custodia en el Estado requirente y será devuelta al Estado requerido a la conclusión del proceso incoado contra ella, de conformidad con las condiciones establecidas entre los Estados Contratantes.

ARTÍCULO X

CONCURRENCIA DE SOLICITUDES

Si el Estado requerido recibiera solicitudes del otro Estado Contratante y de Terceros Estados para la extradición de la misma persona, sea por el mismo delito o por delitos distintos, la Autoridad competente del Estado requerido decidirá a cual Estado entregará a la persona. Con el fin de realizar dicha determinación, el Estado requerido tomará en consideración todos los factores relevantes, incluyendo los siguientes:

a.  si las solicitudes fueron realizadas con arreglo a un tratado;

b.  el lugar donde se cometió cada delito;

c.  los intereses respectivos de los Estados requirentes;

d.  la gravedad de cada delito;

e.  la posibilidad de extradiciones posteriores entre los Estados requirentes; y

f.   el orden cronológico en el cual las solicitudes fueron recibidas por el Estado requerido.

ARTÍCULO XI

INCAUTACIÓN Y ENTREGA DE BIENES

1.  Dentro del límite permitido por la legislación del Estado requerido, éste podrá incautar y entregar al Estado requirente todos los bienes, documentos y pruebas concernientes al delito respecto del cual se concede la extradición. La entrega de bienes podrá ser efectuada inclusive si la extradición no pudiera llevarse a cabo por muerte, desaparición o fuga de la persona reclamada.

2.  El Estado requerido podrá aplazar la entrega de los bienes indicados en el párrafo anterior, por el tiempo que se considere necesario para una investigación o un proceso en dicho Estado. También, podrá entregarlos al Estado requirente a condición de que le sean devueltos a la brevedad posible.

3.  Quedan a salvo los derechos del Estado requerido o de terceros sobre los bienes entregados.

ARTÍCULO XII

PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD

1.  La persona extraditada conforme al presente Tratado no podrá ser detenida, procesada, ni sancionada, salvo que se trate de:

a.  un delito por el que se haya concedido la extradición, o un delito diferente siempre que este último:

(i).  esté constituido por los mismos hechos por los que se concedió la extradición y esté comprendido dentro de los delitos que dan lugar a la extradición; o

(ii).  Los mismos hechos que la originaron, constituyan un delito de menor gravedad.

b.  un delito cometido con posterioridad a la entrega de la persona;

c.  un delito con respecto al cual la Autoridad competente del Estado requerido consienta en la detención, procesamiento, o sanción de la persona.  A efectos del presente inciso:

(i).  el Estado requerido podrá exigir la remisión de los documentos referidos en el artículo V; y

(ii).  La persona extraditada podrá ser detenida por el Estado requirente durante 90 días, o un lapso mayor si el Estado requerido lo autorizara en tanto se tramite la solicitud.

2.  La persona extraditada bajo las disposiciones de este Tratado no podrá ser extraditada a un tercer Estado por un delito cometido con anterioridad a su entrega, salvo consentimiento del Estado que haya efectuado la entrega.

3.  Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 de este Artículo no impedirán la detención, el procesamiento o sanción de la persona extraditada, o su posterior extradición a un tercer Estado, si esta persona:

a.  abandonara el territorio del Estado requirente luego de la extradición y retornara voluntariamente a dicho territorio; o

b.  no abandonara el territorio del Estado requirente en el plazo de 10 días a partir de la fecha en que estuvo en libertad de hacerlo.

ARTÍCULO XIII

DERECHO DEL EXTRADITANDO

El extraditando tiene derecho a ser asistido a todo lo largo del proceso por un abogado, a ser oído en audiencia pública y a expresar libremente con relación a la procedencia de la extradición todas las alegaciones que sean pertinentes conforme a este Tratado.  Tiene igualmente derecho a la libertad provisional, siempre que la ley lo permita.

ARTÍCULO XIV

PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO DE ENTREGA

La Parte requerida podrá conceder la extradición sin proceder con las diligencias formales de extradición, siempre que la persona reclamada a la que se le ha ofrecido la asistencia de un abogado, acceda por escrito y de manera irrevocable a su extradición, después de haber sido informada por un juez u otra Autoridad competente acerca de sus derechos a un procedimiento formal y de la protección que éste le brinda.

ARTICULO XV

TRANSITO

1.  Cualquiera de los Estados Contratantes podrá autorizar, a solicitud del otro Estado, el tránsito a través de su territorio, de una persona entregada a ese otro Estado por un tercer Estado. La solicitud de tránsito deberá comunicarse por conducto diplomático o directamente entre el Ministerio de Justicia y Gracia de Costa Rica, Procuraduría General de la República y el Ministerio de Justicia de la República del Perú. Dicha solicitud expresará la descripción y filiación de la persona transportada y una breve relación de las circunstancias del caso. La persona en tránsito podrá estar detenida bajo custodia durante el período de tránsito.

2.  No se requerirá autorización si uno de los Estados Contratantes está transportando a una persona entregada a él por un tercer Estado utilizando transporte aéreo sin haberse previsto aterrizaje en el territorio del otro Estado Contratante. En caso de aterrizaje no programado en el territorio de uno de los Estados Contratantes, éste podrá exigir la presentación de una solicitud de tránsito, de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo 1 del presente Artículo. Si fuera exigida, dicha solicitud deberá ser remitida en el plazo de noventa y seis horas contadas a partir del aterrizaje no programado. El Estado en el cual se produzca el aterrizaje no programado  podrá detener a la persona a ser trasladada hasta tanto se efectúe el tránsito.

ARTICULO XVI

REPRESENTACIÓN Y GASTOS

1.  El Estado requerido deberá aconsejar y asistir al Estado requirente, así como presentarse al tribunal en nombre de éste y representar sus intereses, en relación con los trámites de extradición en el Estado requerido.

2.  El Estado requirente sufragará los gastos relativos a la traducción de documentos, si los hubiere, y al traslado de la persona reclamada a ese Estado. El Estado requerido sufragará todos los demás gastos en ese Estado relacionados con el procedimiento de extradición.

3.  Ninguno de los Estados Contratantes presentará reclamos pecuniarios contra el otro derivados del arresto, detención, custodia, interrogatorios o entrega de las personas reclamadas en virtud del presente Tratado.

ARTÍCULO XVII

CONSULTA

El Ministerio de Justicia y Gracia de la República de Costa Rica y el Ministerio de Justicia del Perú podrán consultarse mutuamente en forma directa, con relación a la tramitación de los casos, mantenimiento y mejora de los procedimientos para la implementación del presente Tratado.

ARTÍCULO XVIII

APLICACIÓN

Las disposiciones de este Tratado se aplicarán desde el día de su vigencia:

a.  a las solicitudes de extradición que se encuentren en trámite y sobre las cuales aún no hubiera recaído resolución definitiva; y

b.  a las solicitudes de extradición que se inicien con posterioridad a dicha vigencia aunque los delitos se hayan cometido con anterioridad, siempre que en la fecha de su comisión tuvieran carácter de delito en la legislación de ambos Estados Contratantes.

ARTÍCULO XIX

DISPOSICIONES FINALES

1.  El presente Tratado está sujeto a ratificación y entrará en vigencia al efectuarse el canje de los instrumentos de ratificación. Dichos instrumentos de ratificación se canjearán a la mayor brevedad posible.

2.  Cualquiera de los Estados Contratantes podrá denunciar el presente Tratado cuando lo juzgue conveniente, previa notificación escrita al otro Estado. La denuncia surtirá efectos seis meses después de la fecha de dicha notificación.

En testimonio de lo cual, los suscritos, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Tratado.

Hecho en San José, a los catorce días del mes de enero de 2002, en dos originales, en idioma castellano, siendo ambos textos igualmente válidos.

Por la República de Costa Rica           Por la República del Perú

            Roberto Rojas                   Diego García -Sayán Larrabure

MINISTRO DE RELACIONES      MINISTRO DE RELACIONES

   EXTERIORES Y CULTO                        EXTERIORES"